Fifco corrigió al Instituto de Investigaciones Sociales, pero su refutación requiere precisiones

En resumen: La empresa Florida Ice and Farm Company (Fifco) tiene la razón cuando afirma que sus ingresos anuales no pueden atribuirse a su representante legal. Sus argumentos también son convincentes cuando explica por qué aparece –al igual que varias subsidiarias– en una lista publicada en el 2018 que agrupaba grandes contribuyentes que reportaron cero ganancias a Hacienda. También es correcta su afirmación de que sus empresas operativas pagan impuestos.

La respuesta de la empresa surgió ante un reportaje televisivo de Desde la U, transmitido por Canal UCR. La nota periodística usó como fuente una investigación en proceso del Instituto de Investigaciones Sociales (IIS) de la UCR.

Puede consultar el chequeo a esos errores aquí.

La refutación de Fifco es correcta en sus puntos principales, pero la compañía también incurre en algunas imprecisiones.

  • El monto de pago de impuestos divulgado por Fifco es impreciso. Tres cuartos de la cifra publicitada son impuestos pagados por sus consumidores.
  • La empresa dice que el sector empresarial del país es responsable de prácticamente nueve de cada diez empleos en Costa Rica. El dato tiene una base cierta, pero la generalización oculta que cuatro de esos empleos pertenecen al sector informal de la economía.
  • Es falso que cualquier ciudadano pueda llamar a la central telefónica de Hacienda para pedir la información tributaria de Fifco. Tampoco puede hacerlo con cualquier otra empresa, pues es información confidencial.

En resumen: La empresa Florida Ice and Farm Company (Fifco) tiene la razón cuando afirma que sus ingresos anuales no pueden atribuirse a su representante legal. Sus argumentos también son convincentes cuando explica por qué aparece –al igual que varias subsidiarias– en una lista publicada en el 2018 que agrupaba grandes contribuyentes que reportaron cero ganancias a Hacienda. También es correcta su afirmación de que sus empresas operativas pagan impuestos.

La respuesta de la empresa surgió ante un reportaje televisivo de Desde la U, transmitido por Canal UCR. La nota periodística usó como fuente una investigación en proceso del Instituto de Investigaciones Sociales (IIS) de la UCR.

Puede consultar ese chequeo aquí.

La refutación de Fifco es correcta en sus puntos principales, pero la compañía también incurre en algunas imprecisiones.

  • El monto de pago de impuestos divulgado por Fifco es impreciso. Tres cuartos de la cifra publicitada son impuestos pagados por sus consumidores.
  • La empresa dice que el sector empresarial del país es responsable de prácticamente nueve de cada diez empleos en Costa Rica. El dato tiene una base cierta, pero la generalización oculta que cuatro de esos empleos pertenecen al sector informal de la economía.
  • Es falso que cualquier ciudadano pueda llamar a la central telefónica de Hacienda para pedir la información tributaria de Fifco. Tampoco puede hacerlo con cualquier otra empresa, pues es información confidencial.

La empresa pone en controversia algunos de estos hallazgos. Aduce que el monto de impuestos que divulgó es exacto y preciso. También destaca que igualmente su información tributaria puede accederse en sus estados financieros publicados.

¿Cuánto paga Fifco de su propio bolsillo por impuestos?

La directora de relaciones corporativas de Fifco, Gisela Sánchez, informó:

“Si ustedes consultan las declaraciones de renta de las empresas operativas de Fifco entre el 2008 y el 2018, que es el período que señala el estudio no publicado, pueden comprobar que las empresas del grupo pagaron ₡245.000 millones en impuestos, es decir, más de $450 millones pagados en impuestos solo en impuesto sobre la renta, y en total, $2.076 millones”.

Doble Check no encuentra controversia con el dato sobre el impuesto sobre la renta. De hecho, el monto sería mayor si se trajera a valor real a colones actuales según la suma de los montos reportados para cada año. El monto llegaría a ₡278.000 millones.

El problema viene cuando Fifco afirma que pagó, en total, $2.076 millones en impuestos. Esa cifra incluye, en su mayor parte, impuestos que los consumidores de Fifco pagaron a Hacienda, no la propia empresa. La compañía solo fue intermediaria.

Los tributos que la empresa únicamente recaudó son el selectivo de consumo, los específicos a bebidas alcohólicas y no alcohólicas, el impuesto de ventas (ahora al valor agregado), el impuesto al Inder y al Imas. En total, los impuestos que pagaron los consumidores de los productos de Fifco llegaron a los $1.554 millones. Esto representa tres cuartas partes del monto que la empresa publicitó como pagado por ella.

Esta fue una controversia que Doble Check había tratado a finales del 2018. En ese momento, la vocera Gisela Sánchez manifestó que la empresa consideró importante destacar no solo su papel como contribuyente directa, sino como recaudadora, dado el gran volumen de impuestos que canaliza hacia Hacienda.

Tras consultarla para esta verificación, la empresa defiende la precisión de sus cifras. «El desglose de los pagos de impuestos que hacemos, está disponible en nuestros Estados Financieros públicos y auditados en www.fifco.com. En otras ocasiones, hemos aclarado que parte de este monto incluye impuestos retenidos. Es muy valioso reseñar que en el monto total pagado se incluyan y paguen todos los impuestos que corresponden conforme a la ley, lo cual hacemos al 100%, independientemente de si se actúa o no como agente retenedor».

 

¿Cuántos empleados aporta el sector empresarial?

Fifco dice que prácticamente nueve de cada diez empleados trabajan para la empresa privada. El dato es cierto, pero su falta de contexto puede inducir a error.

Es correcto que la mayoría de los empleos se generan en el sector privado. Para el primer trimestre del 2020, un 86% de los trabajadores en Costa Rica pertenecía al sector privado.  Ante una consulta de Doble Check, la empresa refirió a la Encuesta Continua de Empleo del segundo semestre del 2019. El porcentaje es de 83% para el II Trimestre del 2020.

Los tipos de empleo que produce el sector privado son muy disímiles. La mayoría no son generados por empresas como FIFCO.

En primer lugar, no todos los empleos del país son formales. Un 40% son informales. Todos ellos están en el sector privado. Se trata de personas sin seguridad social financiada por su empleador, personas a las que solo se les paga en especie, ayudantes o auxiliares no remunerados, trabajadores independientes, etc.

En segundo lugar, una minoría de los empleos del país proviene de medianas y grandes empresas del sector privado. Las compañías de más de 30 personas que brindan empleos formales representan un 26,7% de los empleos generados en el país.  Eso sí, el porcentaje es significativo: más alto que el 16,7% que genera el sector público.

En resumen, la afirmación de FIFCO es cierta pero debe contextualizarse. El sector privado genera la mayoría de los empleos de Costa Rica, pero casi la mitad de esos trabajos son informales. Dentro de los empleos formales, una buena parte (un 38% de los empleos formales del sector privado) son generados por empresas de menos de 30 personas.

Uno de los grandes grupos de empleo es el sector informal. Cuatro de cada diez empleos en el país son informales. La mayoría de ellos está relacionada con agricultura o ganadería (18% de los empleos informales), comercio (18%), trabajos domésticos (11%) o transporte y almacenamiento (9,5%).

La mayoría de empleos informales en el país existe en organizaciones pequeñas de una a tres personas. Eso sí, hay casi un 4% del empleo informal que se genera en organizaciones o empresas de 30 o más personas. La mayoría de estas empresas se dedica a la agricultura, la ganadería, la silvicultura o la pesca.

Ante la comunicación de estos hallazgos, Fifco omitió referirse específicamente al tema de la informalidad dentro de la cifra publicitada. La empresa repitió su intención de proteger la imagen del sector privado ante lo que describió como «ataques sin fundamento».

 

¿Es posible obtener información tributaria de las empresas?

No, o al menos es muy difícil, a pesar de lo afirmado por Fifco.

La vocera de la empresa dijo:

“¿Cuál es la primera falsedad? Decir que Fifco no paga impuestos. ¡Por supuesto que pagamos impuestos! Con solo llamar al Ministerio de Hacienda es posible que usted pueda comprobar lo que estamos diciendo”.

El IIS nunca afirma categóricamente que Fifco no paga impuestos. Eso sí, la nota de Desde la U parace insinuarlo al traer a colación la aparición de empresas del grupo en una lista de grandes contribuyentes que reportaron cero ganancias y que se publicó en el 2018. También mencionó que la empresa aprovechó la amnistía tributaria del 2018-2019. La insinuación no tiene fundamento.

Sí es posible acceder a los montos reportados por pago y recaudación de impuestos de Fifco a través de sus estados financieros que están publicados en su sitio web. La compañía debe hacer públicos estos informes contables por ser una empresa de capital abierto que cotiza en la bolsa de valores. Es falso que la ciudadanía pueda acceder a sus declaraciones de impuestos si las pidiera al Estado. Tampoco puede acceder a esta información en la gran mayoría de los casos de las empresas del país, pues sus estados financieros no son públicos.

Fifco publica en pantalla el número de la central del Ministerio de Hacienda para hacer consultas, pero la misma institución confirmó a Doble Check que tiene prohibido compartir esos datos por el Código de Normas y Procedimientos Tributarios. Su artículo 117 reza:

“Las informaciones que la Administración Tributaria obtenga de los contribuyentes, responsables y terceros, por cualquier medio, tienen carácter confidencial; y sus funcionarios y empleados no pueden divulgar en forma alguna la cuantía u origen de las rentas, ni ningún otro dato que figure en las declaraciones, ni deben permitir que estas o sus copias, libros o documentos, que contengan extractos o referencia de ellas sean vistos por otras personas que las encargadas en la Administración de velar por el cumplimiento de las disposiciones legales reguladoras de los tributos a su cargo”.

Ese es el motivo por el que la divulgación de este tipo de datos confidenciales ha debido pasar por la Sala Constitucional. La lista de los grandes contribuyentes salió a la luz por un recurso de amparo impulsado por la organización Territorios Seguros. El diputado José María Villalta también ganó un recurso para conocer el detalle de las empresas que se acogieron a la amnistía tributaria del 2018-2019.

La ciudadanía puede acceder a información sobre cuánto recaudó el Estado por impuesto sobre la renta o por el selectivo de consumo, por ejemplos. No puede conocer cuánto pagó una empresa por esos rubros sin intentarlo por vías judiciales.

En su respuesta ante este chequeo, Fifco también refirió a estas resoluciones desde la Sala Constitucional. También volvió a recordar que sus estados financieros son públicos en su sitio web. Su respuesta omitió referirse explícitamente a su aseveración incorrecta de que «con solo llamar al Ministerio de Hacienda es posible que usted pueda comprobar lo que estamos diciendo».

Nota del editor: Doble Check es un proyecto financiado por la Universidad de Costa Rica. El Instituto de Investigaciones Sociales también pertenece a esta casa de enseñanza. La información en esta nota se trabajó con independencia de esta relación, pero se considera necesario transparentar un conflicto de interés de cara a nuestra audiencia.

Algunos medios y políticos reportan erróneamente sobre orden de la Contraloría a la CCSS

Varios medios y figuras políticas divulgaron información errónea sobre una orden que extendió hoy la Contraloría General de la República a la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS).

Uno de los errores fue afirmar que la orden se refería a la obligatoriedad de cumplir con la regla fiscal. En esta confusión cayeron la cuenta oficial de la bancada del Partido Unidad Social Cristiana en Twitter, así como informaciones publicadas por Noticias Repretel y Noticias Monumental.

En realidad, la orden de la Contraloría se refiere a un asunto completamente separado: la ilegitimidad de los acuerdos entre la Caja y los sindicatos de salud en temas de incentivos salariales. La regla fiscal es otra cosa. Tiene que ver con un límite a la inversión de las instituciones según el endeudamiento del país. La Sala Constitucional ya había definido que los regímenes que sostienen la CCSS están por encima de esta restricción de la reforma fiscal.

La segunda es una mala interpretación. Varias figuras del Partido Unidad Social Cristiana afirmaron en Twitter que la Contraloría declaró la nulidad de los acuerdos que habían sido tomados por la CCSS y los sindicatos en febrero y agosto.

Es cierto que la CGR emitió su orden a raíz de una solicitud de nulidad presentada por la bancada socialcristiana. Sin embargo, la Contraloría expresamente evita conceder tal nulidad. La institución justifica esta posición en que ni siquiera reconoce los acuerdos entre la Caja y los sindicatos como un “acto administrativo”. Es decir, ni siquiera existía un acto por anular en primer lugar.

Eso sí, para fines prácticos, el resultado parece ser idéntico. La Contraloría le ordena a la Caja obviar los acuerdos hechos con los sindicatos y acatar las disposiciones de empleo público contenidas en la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas. Estas están en un apartado distinto que el de la regla fiscal.

En resumen: Varios medios y figuras políticas divulgaron información errónea sobre una orden que extendió hoy la Contraloría General de la República a la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS).

Uno de los errores fue afirmar que la orden se refería a la obligatoriedad de cumplir con la regla fiscal. En esta confusión cayeron la cuenta oficial de la bancada del Partido Unidad Social Cristiana en Twitter, así como informaciones publicadas por Noticias Repretel y Noticias Monumental.

En realidad, la orden de la Contraloría se refiere a un asunto completamente separado: la ilegitimidad de los acuerdos entre la Caja y los sindicatos de salud en temas de incentivos salariales. La regla fiscal es otra cosa. Tiene que ver con un límite a la inversión de las instituciones según el endeudamiento del país. La Sala Constitucional ya había definido que los regímenes que sostienen la CCSS están por encima de esta restricción de la reforma fiscal.

La segunda es una mala interpretación. Varias figuras del Partido Unidad Social Cristiana afirmaron en Twitter que la Contraloría declaró la nulidad de los acuerdos que habían sido tomados por la CCSS y los sindicatos en febrero y agosto.

Es cierto que la CGR emitió su orden a raíz de una solicitud de nulidad presentada por la bancada socialcristiana. Sin embargo, la Contraloría expresamente evita conceder tal nulidad. La institución justifica esta posición en que ni siquiera reconoce los acuerdos entre la Caja y los sindicatos como un “acto administrativo”. Es decir, ni siquiera existía un acto por anular en primer lugar.

Eso sí, para fines prácticos, el resultado parece ser idéntico. La Contraloría le ordena a la Caja obviar los acuerdos hechos con los sindicatos y acatar las disposiciones de empleo público contenidas en la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas. Estas están en un apartado distinto que el de la regla fiscal.

El conflicto

La Contraloría estudió una denuncia presentada por siete diputados del PUSC el 13 de agosto. Los legisladores buscaban anular dos acuerdos entre el gobierno y los sindicatos de salud.

Un acuerdo había sido tomado en febrero. Su principal punto era que el cálculo de las anualidades se seguiría haciendo con base en un porcentaje y no como un monto nominal para los empleados contratados en la Caja al momento de la entrada en vigencia del plan fiscal. El uso de un monto nominal había sido justamente uno de los cambios dispuestos en la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas.

El otro acuerdo, del 12 de agosto, le había puesto fin a la huelga en este sector. El acuerdo indicaba que los empleados continuarían recibiendo sus incentivos con base en un cálculo porcentual a menos que un tribunal contencioso determinara la invalidez del acuerdo de febrero.

Ese proceso podría tardar años. Por ello, los diputados socialcristianos pidieron la intervención de la Contraloría. Tras la orden emitida hoy por la institución, varias figuras políticas de la Unidad se manifestaron satisfechas. Sin embargo, aunque el resultado fue el deseado, sus manifestaciones son erróneas. La Contraloría no emitió una nulidad.

Quienes erróneamente divulgaron esta interpretación fueron la diputada María Inés Solís, su colega Rodolfo Peña y el analista político Juan Carlos Hidalgo.

Al final, la Contraloría defiende las intenciones originales del plan fiscal en materia de empleo público. En corto, le ordena a la Caja que obvie los acuerdos y que aplique la ley, en cuenta el cálculo de los incentivos como un monto nominal y no como porcentaje para todos sus empleados, nuevos y antiguos.

Lo que dijo la CGR

La Contraloría indicó que los acuerdos no pueden ser considerados como actos administrativos. Las razones expuestas se resumen así:

  1. Los actos administrativos deben ser unilaterales. Los acuerdos fueron multilaterales y no exclusivos de la Administración en ejercicio de sus competencias.
  2. El contenido de los acuerdos es diverso y no indica la normativa que lo sustenta.
  3. La metodología de cálculo para el pago de ciertos incentivos salariales no es en sí misma un derecho adquirido.

La CGR razona que los acuerdos no tienen las características de un “acto administrativo”. Por ello no puede ordenar la nulidad de los acuerdos, ni tampoco la CCSS puede hacer una declaratoria de lesividad (es decir, someter los acuerdos a un proceso contencioso) porque no hay tal acto.

Es decir, la Contraloría dice que todos están hablando en el aire. Lea aquí el oficio completo de la Contraloría.

La regla fiscal no tiene nada que ver

En todo este asunto no entra la regla fiscal. Este es un límite presupuestario que se incluyó en la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas. La regla restringe el gasto corriente en las entidades estatales no financieras en relación con el porcentaje de endeudamiento reflejado en el Presupuesto Nacional.

Una de las polémicas más encendidas durante la discusión del plan fiscal era si la CCSS entraba en esta limitación. El asunto fue resuelto parcialmente por la Sala Constitucional, cuando resolvió que los tres principales regímenes que sustentan a la institución están libres de acatar esa disposición del plan fiscal.

Hacienda, por su parte, anunció que examinará cada año el presupuesto de la Caja. Ello le permitirá diferenciar aquellas partidas que no estén financiadas por esos regímenes. Doble Check está investigando cuál es el porcentaje del presupuesto de la institución que no está financiado por las fuentes exentas de la regla.

La cuenta oficial de la bancada del PUSC confundió los conceptos tratados hoy por la Contraloría, y afirmó en Twitter que se refería a la regla fiscal. Lo mismo sucedió con los medios Noticias Monumental y Noticias Repretel.

Doble Check contactó a Randall Rivera, director de Monumental, y con el periodista de Repretel, Fernando Brenes. Ambos periodistas reconocieron la falla. Rivera atribuyó la información a un error humano y afirmó que habían hecho las correcciones correspondientes, tanto al aire como en su sitio web.

Nota del editor: Una versión anterior de esta nota incluía a la diputada liberacionista Silvia Hernández como una de las personas que habían asumido que la orden de la Contraloría implicaba un mandato de acatar la regla fiscal. La diputada sí se refirió a la regla fiscal pero en un contexto más amplio, que Doble Check no leyó adecuadamente. Por ello se eliminó la referencia a la diputada.

CRHoy divulgó información engañosa sobre pago doble del IVA en compras por Internet

El diario digital CRHoy publicó información inexacta y confusa al titular una nota como “¡Atención! Compras por Internet pagarían doble IVA”. La información es engañosa porque presenta como regla una situación que sería excepcional.

En realidad, las compras desde proveedores de mercancías seguirán aportando un único pago del 13% de impuestos al entrar por aduanas, ya no por Ventas sino por Valor Agregado. Las compras a proveedores de servicios (como mensualidades de Netflix y Spotify) empezarán a pagar el nuevo impuesto cargado a la tarjeta de crédito una sola vez al momento de hacer la transacción.

El medio informa sobre una posibilidad real: que a un usuario se le cobre el mismo impuesto tanto en su tarjeta de crédito como en aduanas. Esto se daría si un tarjetahabiente comprara una mercancía a proveedores que ofrezcan tanto mercancías como servicios.

¿Por qué sucedería esto? Porque el fisco no tiene manera de determinar si el pago que se está haciendo es para la compra de un bien o de un servicio. En estos casos, los compradores de mercancías sí deberían solicitar la devolución si se le cobrara el importe duplicado.

A pesar de que una plataforma como Amazon cumple esta condición, Tributación descartó de entrada que esta situación se pudiera presentar con compras hechas allí. Solo se cobrará el IVA en aduanas y, por el momento, no se cobrará IVA por los servicios en Amazon, informó la Dirección General de Tributación Directa.

Por último, contrario a lo dicho por CRHoy, el inicio del cobro de impuestos por servicios en Internet todavía no tiene fecha definida.

En resumen: El diario digital CRHoy publicó el 10 de junio información inexacta y confusa al titular una nota como “¡Atención! Compras por Internet pagarían doble IVA”. La información es engañosa porque presenta como regla una situación que sería excepcional.

En realidad, las compras desde proveedores de mercancías seguirán aportando un único pago del 13% de impuestos al entrar por aduanas, ya no por Ventas sino por Valor Agregado. Las compras a proveedores de servicios (como mensualidades de Netflix y Spotify) empezarán a pagar el nuevo impuesto cargado a la tarjeta de crédito una sola vez al momento de hacer la transacción.

El medio informa sobre una posibilidad real: que a un usuario se le cobre el mismo impuesto tanto en su tarjeta de crédito como en aduanas. Esto se daría si un tarjetahabiente comprara una mercancía a proveedores que ofrezcan tanto mercancías como servicios.

¿Por qué sucedería esto? Porque el fisco no tiene manera de determinar si el pago que se está haciendo es para la compra de un bien o de un servicio. En estos casos, los compradores de mercancías sí deberían solicitar la devolución si se le cobrara el importe duplicado.

A pesar de que una plataforma como Amazon cumple esta condición, Tributación descartó de entrada que esta situación se pudiera presentar con compras hechas allí. Solo se cobrará el IVA en aduanas y, por el momento, no se cobrará IVA por los servicios en Amazon, informó la Dirección General de Tributación Directa.

Contrario a lo dicho por CRHoy, el inicio del cobro de impuestos por servicios en Internet todavía no tiene fecha definida.

El medio publicó hoy una segunda nota con nueva información pero que agrega nuevas confusiones. Con motivo de la publicación del reglamento del IVA, el medio publica el titular: «Reglamento del IVA: Solo bienes y servicios intangibles comprados por Internet pagarán tributo». En realidad, todos los bienes pagarán IVA, al igual que todos pagan actualmente impuesto de ventas. La diferencia radica en que, en el caso de las mercancías, se cobrará en aduanas y no mediante tarjeta de crédito.

¿Qué publicó CRHoy?

El medio abrió su nota original con una advertencia falsa: “Si usted frecuenta comprar por medio de Amazon EBay u otra plataforma digital, a partir del 1º de julio tendría que pagar doble Impuesto al Valor Agregado, según la última resolución de Tributación”.

CRHoy afirmó falsamente que la doble imposición afectaría las compras en plataformas como Amazon o eBay, y que regiría a partir del 1.º de julio.

La nota es escueta y nunca hace la distinción entre la compra de mecancías y las de servicios. Usa como fuente un documento que es un borrador de la normativa. Además, no explica en cuáles casos se podría dar un pago doble del impuesto y parece asumir que se da en todos los casos.

Doble Check le informó al periodista Brandon Flores sobre los hallazgos de esta verificación por medio de un correo electrónico. Él nos remitió, a modo de enmienda, una segunda publicación que se se hizo hoy, ya con la información del reglamento del IVA.

Esta segunda nota hace la distinción entre servicios y bienes. Sin embargo contiene nuevas imprecisiones y no explica exactamente cómo y qué se está tasando. Por ejemplo, advierte que «se elimina la posibilidad de cobrarle impuesto en bienes adquiridos en plataformas como Amazon, eBay o Wish».

Esto es falso.

Esta segunda nota, publicada el 11 de junio, también tiene información falsa sobre los bienes exentos de cobro del IVA.

¿Por qué surge la confusión?

Como parte del plan fiscal, se incorporaron tributos a los servicios comprados en el extranjero y que son disfrutados en el país, como Netflix y Spotify. Para ello, el artículo 30 de la Ley para el Fortalecimiento de las Finanzas públicas permite percibir el impuesto al valor agregado en compras de servicios internacionales. ¿Cómo lo hace? Por medio de un cargo a la tarjeta de crédito con la que se hace la compra. En este caso, la empresa proveedora de la tarjeta es responsable de recaudar y entregar el impuesto a Hacienda.

“Ese artículo 30 no tiene nada que ver con las compras de bienes, tiene que ver con las compras de servicios digitales internacionales en donde entran las plataformas de música, películas, juegos”, explicó Giovanni Tencio, subdirector de Tributación Directa.

Es decir, la ley no afecta las compras de mercancías en el extranjero. Estas siempre pagarán el IVA en aduanas, como antes pagaban el impuesto de ventas. En estos casos, el impuesto habitualmente ya ha sido cobrado al usuario final por la empresa de mensajería.

Por ejemplo, Hacienda tiene registrado que Spotify solo da servicios, por lo que solo cobra el impuesto por tarjeta. También tiene identificado que eBay solo vende cosas tangibles, por lo que cobra en aduana.

¿Cuándo se presenta un problema?

Hay problema cuando un proveedor ofrece tanto servicios como bienes. Amazon es el mejor ejemplo. En esa megatienda se pueden comprar calzoncillos, digamos, pero también se puede ver la película de Baywatch.

Tributación sabe que la mayoría de compras en esta plataforma en específico son artículos tangibles, no servicios. Por ello ha decidido tratar a la megatienda solo como vendedora de bienes, como calzoncillos. Tributación ya tiene definido que no cobrará impuestos a Baywatch.

Según Tencio, el Estado costarricense está actualmente en acercamientos con la empresa para que se registre en Hacienda. Así, podrá discriminar entre aquellas compras de bienes y aquellas de servicios, y así poder tasar Baywatch.

Eso sí, Amazon es una excepción dado el gran volumen de ventas en el país. El volumen de solicitudes de devoluciones de impuestos sería muy alto si no se hiciera la excepción, explicó Tencio.

Para otras plataformas mixtas (de bienes y servicios) de menor calado es que existe el procedimiento de devolución.

“Esperamos que otros proveedores en el extranjero se acerquen y que diga: ‘Yo me voy a registrar para poder cobrarle lo que corresponde a servicios y lo de los bienes usted lo sigue cobrando en aduanas’. Y así evitamos entrar en cobros dobles y en posibles devoluciones”, dijo Tencio.

Cambio no llegará el 1.º de julio

Una última cosa importante: no hay fecha definida para que Hacienda empiece a cobrar impuestos por servicios cobrados en el extranjero. CRHoy dijo que empezaría el 1.º de julio, pero esto es falso.

«No se va a empezar el cobro a partir de esa fecha, se va a empezar después (en una fecha imprecisa) pues hay que acondicionar toda la plataforma informática», dijo Tencio.

 

Puede consultar aquí el Reglamento de la Ley del Impuesto sobre el Valor Agregado. El tema de este artículo está en el Capítulo IX, Sección II, a partir del artículo 46. De los servicios digitales transfronterizos.

Diputado Gustavo Viales critica postergación de meta fiscal aunque él tiene parte de la responsabilidad

El diputado Gustavo Viales, de Liberación Nacional, cuestionó que el presidente Carlos Alvarado presentara proyecciones de déficit fiscal menos alentadoras a las comunicadas meses antes por el Ministerio de Hacienda. Sin embargo, el diputado omite un dato clave. Cambios apoyados por él mismo son responsables, en parte, de que surgiera esa incongruencia.

El diputado publicó un meme en Twitter el 6 de mayo. La publicación afirmaba que la ministra había pronosticado en junio del 2018 que, de aprobarse el plan fiscal, el déficit primario para el 2020 sería de 0,4%. Viales comparó que Alvarado dijo en su informe del 2 de mayo que ese déficit sería de 1,1% para ese mismo año. (El déficit primario es el porcentaje de exceso de gastos sobre los ingresos del Estado).

Viales no menciona que, entre junio y mayo, el plan fiscal que se discutía en la Asamblea se recortó y, por tanto, redujo su potencial de recaudación. El plan original del gobierno pretendía percibir 1,72% del Producto Interno Bruto (PIB) en impuestos, mientras que la versión aprobada quedó en 1,29%. Buena parte de las reformas que debilitaron la recaudación fueron apoyadas por el diputado en la comisión que discutió la reforma.

Además, hubo aspectos internos y externos que incidieron en el cambio del pronóstico de déficit, según el Ministerio de Hacienda. Primero, el crecimiento económico del país fue menor al esperado debido a factores internacionales; y segundo, hubo una recaudación de impuestos más baja debido a ese bajo crecimiento.

Consultado al respecto, el diputado afirmó que su mensaje pretende ser una llamada de atención contra el gobierno, no por el tema de la reducción en los ingresos, sino por lo que considera una falta de señales en cuanto al recorte del gasto. Este reclamo no fue explícito en su mensaje en redes.

El meme publicado por Viales tiene además una imprecisión y una inferencia vacía. Por un lado, dice que la ministra había anunciado que para el año 2021 ya no habría déficit. En realidad, la ministra lo había pronosticado para el 2022. Asimismo, el presidente Alvarado nunca hizo mención al año 2021 en su informe. Por ello, traer a colación el 2021 no venía al caso.

En resumen: El diputado Gustavo Viales, de Liberación Nacional, cuestionó que el presidente Carlos Alvarado presentara proyecciones de déficit fiscal menos alentadoras a las comunicadas meses antes por el Ministerio de Hacienda. El cambio que señala es cierto, pero el diputado omite un dato clave. Cambios apoyados por él mismo son responsables, en parte, de que surgiera esa incongruencia.

El diputado publicó un meme en Twitter el 6 de mayo. La publicación afirmaba que la ministra había pronosticado en junio del 2018 que, de aprobarse el plan fiscal, el déficit primario para el 2020 sería de 0,4%. Viales comparó que Alvarado dijo en su informe del 2 de mayo que ese déficit sería de 1,1% para ese mismo año. (El déficit primario es el porcentaje de exceso de gastos sobre los ingresos del Estado).

Viales no menciona que, entre junio y mayo, el plan fiscal que se discutía en la Asamblea se recortó y, por tanto, redujo su potencial de recaudación. El plan original del gobierno pretendía percibir 1,72% del Producto Interno Bruto (PIB) en impuestos, mientras que la versión aprobada quedó en 1,29%. Buena parte de las reformas que debilitaron la recaudación fueron apoyadas por el diputado en la comisión que discutió la reforma.

Además, hubo aspectos internos y externos que incidieron en el cambio del pronóstico de déficit, según el Ministerio de Hacienda. Primero, el crecimiento económico del país fue menor al esperado debido a factores internacionales; y segundo, hubo una recaudación de impuestos más baja debido a ese bajo crecimiento.

Consultado al respecto, el diputado afirmó que su mensaje pretende ser una llamada de atención contra el gobierno, no por el tema de la reducción en los ingresos, sino por lo que considera una falta de señales en cuanto al recorte del gasto. Este reclamo no fue explícito en su mensaje en redes.

El meme publicado por Viales tiene además una imprecisión y una inferencia vacía. Por un lado, dice que la ministra había anunciado que para el año 2021 ya no habría déficit. En realidad, la ministra lo había pronosticado para el 2022. Asimismo, el presidente Alvarado nunca hizo mención al año 2021 en su informe. Por ello, traer a colación el 2021 no venía al caso.

¿Cómo surgió la polémica?

El presidente Carlos Alvarado presentó su informe a la Asamblea Legislativa el pasado 2 de mayo. En él, expuso los pronósticos de déficit según los datos del Programa Macroeconómico 2019-2020, del Banco Central. Para el 2020, Alvarado dijo que el gobierno espera un déficit de 1,1% del Producto Interno Bruto (PIB).

Días después, el diputado liberacionista Gustavo Viales publicó una imagen en Twitter en donde denunciaba una incongruencia entre lo expresado por Alvarado y datos que habían sido expuestos por la ministra Rocío Aguilar en un oficio de junio del 2018 para la Asamblea Legislativa.En aquel documento de junio, la ministra pronosticaba que el déficit bajaría a 0,4% para el 2020 si se aprobaba la legislación. Según dijo Viales a Doble Check, la información de Hacienda serviría de insumo para que los diputados tomaran decisiones sobre posibles modificaciones al plan fiscal que se discutía entonces.

 

Imagen publicada por el diputado Gustavo Viales el 6 de mayo como respuesta al informe presidencial ante la Asamblea Legislativa.

El plan fiscal fue la principal medida económica impulsada en el primer año de gobierno de Carlos Alvarado, y fue aprobada con modificaciones sustantivas el 3 de diciembre.

Viales reclama que la promesa era eliminar el déficit para el 2021. En realidad, Aguilar proyectaba una eliminación del déficit para el 2022, y no como afirmó el diputado. Por ello hay una imprecisión en su mensaje.

Proyección del déficit por Hacienda con y sin plan fiscal, según el oficio enviado a la Asamblea Legislativa en junio pasado.

Además, en su informe del 2 de mayo, el presidente Alvarado no se refirió a la meta para el 2021 o el 2022, sino que se limitó al 2020. El diputado lo interpreta como una omisión intencional para no reconocer que no se cumplirá la meta planteada originalmente, según dijo a Doble Check.

Aparte de estas incongruencias, el reclamo principal de Viales es que la proyección de Hacienda en junio del 2018 es de siete décimas inferior a la anunciada ahora por Alvarado. ¿Por qué el diputado es en parte responsable por el pronóstico modificado?

¿Cómo cambió el plan fiscal?

Las proyecciones de cuánto percibirá el Estado de más o de menos por impuestos dependen de la producción del país o, mejor dicho, de cuánto se pronostica que producirá el país. Este número se expresa en las proyecciones del Producto Interno Bruto (PIB). En el contexto del plan fiscal, el monto esperado de ingresos por impuestos también varió con respecto a los cambios que los diputados hicieran.

Hacienda siguió el rastreo de cambios que provocaron los impactos más importantes en la recaudación proyectada según el plan fiscal. Por ejemplo, la reducción del impuesto a canasta básica tributaria; se eliminó el impuesto a las utilidades de las cooperativas; se ajustó el tributo a las tasas para asociaciones solidaristas, cooperativas, mutuales y remesas al exterior; la educación privada quedó exenta y se modificaron las imposiciones a los medicamentos.

Modificaciones al plan fiscal hechas por la Asamblea Legislativa, según el recuento del Ministerio de Hacienda.

Los cambios representaron una reducción de 0,43 puntos porcentuales del PIB en la recaudación esperada. Como parte de la comisión del plan fiscal, Viales fue uno de los diputados con cuyo aval se hizo esa reducción en casi todas las mociones. La única excepción fue el impuesto a la educación privada, que fue promovido desde la representación de la Unidad Social Cristiana.

Los cambios en la legislación fueron uno de los factores por los que las proyecciones dadas por la ministra en junio del 2018 son distintos a los expuestos por Carlos Alvarado en mayo pasado, según explicó el ministerio. Doble Check compartió la explicación de Hacienda con el investigador en temas económicos, Rudolf Lucke, y con el viceministro de Ingresos, Fernando Rodríguez. Ambos la encuentran satisfactoria.

¿Qué dice el diputado?

En entrevista con Doble Check, Viales dijo percibir que los diputados han entregado herramientas adecuadas para que el Estado perciba más ingresos. Sin embargo, él estima que no han existido señales claras de recorte en el gasto del Estado por parte del gobierno. Dice que de ahí se deriva el interés de su publicación, aunque no fue explícito en aquel momento.

«Yo creo que el porqué de que no se vaya a cumplir la expectativa tiene más que ver con las medidas de recorte de gasto», dice el diputado.

Se le consultó al diputado si su despacho ha hecho los cálculos de cuánto ha sido el impacto de estas medidas que afirma que no se han implementado. Viales reconoció que no, pero al mismo tiempo afirmó que «es evidente (el impacto)». «El (proyecto para la reforma al) empleo público no lo enviaron (a la Asamblea) en enero, y obviamente se va a retrasar», ejemplificó.

El viceministro de Ingresos, Fernando Rodríguez, difiere del impacto que los recortes en gastos puedan tener en el corto plazo. Consultado por Doble Check, el economista afirmó que los controles de gastos como los propuestos en empleo público no tendrían un impacto significativo a dos o tres años, sino a unos 20, cuando se vea un cambio generacional en las planillas estatales. Es decir, no afectarían las proyecciones en el déficit al 2021.

En cuanto a los ingresos, Viales reconoce que el plan fiscal fue disminuido en su capacidad de recaudación. Sin embargo, también afirma que la Asamblea aprobó fondos que no estaban contemplados en el plan inicial de Hacienda, como la norma de subcapitalización y la amnistía tributaria. A criterio de Viales, ahí existió una compensación con lo recortado.

Rodríguez coincide en que la amnistía sí provee recursos frescos. No obstante, advierte que el fisco solo recibe el dinero una vez, por lo que no compensa un recorte en los impuestos propuestos. Si se baja el porcentaje de impuestos en un plan, ese representará un dinero que el Estado deja de percibir periódicamente. Con respecto a la norma de subcapitalización, el economista calcula que los fondos percibidos no serán tan significativos.

Crecimiento y recaudación

¿Fueron los cambios en el plan fiscal los únicos que incidieron en el cambio de las proyecciones fiscales? Para nada.

Lo primero que hay que saber sobre las proyecciones del Producto Interno Bruto (sobre las cuales se hacen las proyecciones de déficit) es que estas se actualizan periódicamente con base en los cambios de las realidades económicas. Estos reajustes son habituales en la evaluación macroeconómica, explicó Rudolf Lucke, del Instituto de Investigaciones en Ciencias Económicas de la Universidad de Costa Rica. Es decir, ya de cajón existen cambios en las proyecciones aunque no hubieran factores internos o externos inesperados.

Ahora, además de los reajustes, sí hubo factores inesperados que operaron en la economía costarricense del último año.

Además de los cambios al plan fiscal, hubo una reducción en el optimismo macroeconómico entre el momento en que la ministra de Hacienda presentó su plan a los diputados y el informe presidencial ante la Asamble Legislativa. De hecho, Fernando Rodríguez opina que los pronósticos de Hacienda fueron demasiado optimistas.

Información enviada por Hacienda, sostiene que hubo eventos internos y externos que afectaron los pronósticos. Por un lado, la huelga del sector público del 2018 habría disminuido en 0,4 puntos porcentuales el crecimiento económico del país, que para ese año alcanzó 2,7%, según datos del Programa Macroeconómico 2019-2020, del Banco Central.

¿Cuáles fueron los motivos externos de esta falta de crecimiento? El Banco menciona una cinco: a) aumento de las tasas de interés internacionales; b) aversión al riesgo de inversionistas que provocó la salida de capitales desde mercados emergentes; c) las tensiones comerciales entre Estados Unidos y otras grandes economías; d) la crisis sociopolítica en Nicaragua; e) y el aumento en precios de materias primas, lo que presionaría la inflación en Costa Rica.

El resultado directo de esa falta de crecimiento se expresó en el país en una baja en la recaudación de impuestos, según Hacienda. Esta recaudación menor es de aproximadamente 1% del PIB (₡300.000 millones), lo que finalmente terminó cambiando las proyecciones iniciales publicadas por el ministerio.

APSE divulga conclusión falsa sobre opiniones de familias tras huelga

En resumen: La percepción que tenía 21% de los hogares en Costa Rica sobre la educación pública se vio afectada por la participación de los docentes en la huelga de 89 días contra la reforma fiscal el año pasado.

Eso lo indica una encuesta realizada por el Programa del Estado de la Nación (PEN) en febrero del 2019, cuyos resultados fueron publicados esta semana.

Aún así, la Asociación de Profesores de Segunda Enseñanza (APSE) ignoró este hecho y emitió un comunicado de prensa sobre el estudio el jueves pasado, donde celebra que la percepción de los hogares “no se vio afectada”.

Para hacer tal afirmación, el sindicato solo empleó los datos favorecedores de la encuesta: 85% de las familias dijeron que están satisfechas o muy satisfechas con el centro de enseñanza al que envían a sus hijos, y 62% de los hogares dijo que “no cambió” su percepción sobre los docentes o los centros educativos después del paro de labores.

La afirmación es incorrecta: el hecho de que la percepción de un porcentaje mayoritario no haya cambiado es distinto a declarar que esa valoración no cambió del todo.

Además, el PEN advierte que la ausencia de cambio en la valoración del servicio no quiere decir que los hogares estuvieran libres de afectaciones.

Precisamente, la mayoría de familias aseguró que la huelga afectó al menos a uno de sus hijos, y que el grado de afectación fue calificado como “mucho” en mayor parte. Esos datos también fueron ignorados por el APSE en su nota de prensa.

La encuesta también revela que la mayoría de familias está en contra de permitir huelgas en el sector educativo o que las podría tolerar con límites de tiempo.

En resumen: La percepción que tenía 21% de los hogares en Costa Rica sobre la educación pública se vio afectada por la participación de los docentes en la huelga de 89 días contra la reforma fiscal el año pasado.

Eso lo indica una encuesta realizada por el Programa del Estado de la Nación (PEN) en febrero del 2019, cuyos resultados fueron publicados esta semana.

Aún así, la Asociación de Profesores de Segunda Enseñanza (APSE) ignoró este hecho y emitió un comunicado de prensa sobre el estudio el jueves pasado, en el que celebra que la percepción de los hogares “no se vio afectada”.

Para hacer tal afirmación, el sindicato solo empleó los datos favorecedores de la encuesta: 85% de las familias dijeron que están satisfechas o muy satisfechas con el centro de enseñanza al que envían a sus hijos, y 62% de los hogares dijo que “no cambió” su percepción sobre los docentes o los centros educativos después del paro de labores.

La afirmación es incorrecta: el hecho de que la percepción de un porcentaje mayoritario no haya cambiado es distinto a declarar que esa valoración no cambió del todo.

Además, el PEN advierte que la ausencia de cambio en la valoración del servicio no quiere decir que los hogares estuvieran libres de afectaciones.

La mayoría de familias aseguró que la huelga afectó al menos a uno de sus hijos, y que el grado de afectación fue calificado como “mucho” en mayor parte. Esos datos también fueron ignorados por el APSE en su nota de prensa.

La encuesta también revela que la mayoría de familias está en contra de permitir huelgas en el sector educativo o que las podría tolerar con límites de tiempo.

Afectaciones a los hogares

El PEN realizó una encuesta telefónica a una muestra representativa de 719 hogares de todo el país en febrero de este año. Los resultados tienen un nivel de confianza de 95%.

La encuesta investigó tres temas principales: “La valoración de los padres y madres de familia sobre el sistema educativo público;  sus actitudes y percepciones sobre la huelga y los impactos que ésta tuvo en las dinámicas cotidianas de los hogares”, describe el artículo que el PEN publicó esta semana con los resultados.

El PEN concluyó que las personas jefas de hogar tienen una alta apreciación del sistema educativo público. En la mayoría de los casos, esa valoración no cambió a raíz de la huelga.

Sin embargo, eso no significa que la huelga de casi tres meses hubiera pasado desapercibida en esas familias.

En primer lugar, 21% de las familias cambió negativamente la imagen que tenían de la educación pública. Además, 74% de lo hogares reportó que al menos uno de sus hijos resultó afectado por el paro de labores, y esa afectación fue mucha en 58% de los casos.

Además, la mayoría de los encuestados aseguró que sus hijos no pudieron asistir a clases durante la totalidad de la huelga, del 10 de septiembre al 7 de diciembre del año anterior. Eso implicó la interrupción parcial o total de los servicios de alimentación, becas y comedores.

Una cuarta parte de las familias tuvo que incurrir en un gasto adicional de unos ₡49.000 para alimentación debido al cierre de los centros educativos.

Comunicado de prensa del APSE, publicado en Facebook el 28 de marzo.

“Para la gente, el sistema educativo público es importantísimo, y está en alta valoración. Eso no significa que la gente no sintiera un impacto. Claro que lo hubo, y lo señalan”, dijo a Doble Check Isabel Román, coordinadora de la investigación.

Aún así, la APSE se enfocó en los resultados que ubicaban positivamente la imagen de la educación pública, y publicó que la percepción positiva de los hogares «no se vio afectada por la huelga».

¿Por qué prevalece la buena imagen?

El análisis del PEN mantiene la hipótesis de que la alta valoración del servicio educativo registrada en la encuesta puede deberse al acceso que tienen los hogares a esta, independientemente de su nivel socioeconómico.

El nivel educativo de la mayor parte de los entrevistados no supera la secundaria y casi la totalidad (89%) respondió que carece de recursos económicos para enviar a sus hijos a centros de educación privados, y que no invirtió en tutorías durante el paro de labores.

“La suspensión del servicio educativo por la huelga afectó directamente a hogares vulnerables, que no tienen más opción educativa para sus hijos que no sea el sistema educativo público”, concluyó el estudio.

De ese modo, la buena imagen del servicio educativo se mantiene positiva por ser la única opción posible para los hogares, comentó Román.

“Pese a que la huelga tuvo impactos importantes en las familias, la gente sigue valorando el servicio educativo público; es que es lo que tienen”, explicó la investigadora.

Román añadió que el estudio del PEN pretende abrir un debate sobre la imagen de la educación pública, pero advirtió que “tiene que verse la información completa”.

Doble Check solicitó entrevista con la presidenta de la APSE, Mélida Cedeño, quien mostró “satisfacción por los resultados obtenidos” en la encuesta del PEN, según la nota de prensa del sindicato.

Por medio de su encargado de comunicación, Cedeño dijo que se limitará a las declaraciones del comunicado de prensa sobre la encuesta, y que “aún falta que se publique el informe completo” del PEN.

Familias en contra de huelgas

El sindicato de educadores ignoró otro resultado de la encuesta en su comunicado oficial: la mayoría de hogares (61,5%) considera que no deben permitirse huelgas en el sector educativo. Otro 23% de las familias está a favor de las huelgas, pero con un límite de tiempo de una semana a un mes.

Solo 8,2% de las familias en el país apoya que los educadores públicos hagan huelgas sin límite de tiempo, según la medición del PEN.