¿Cómo interpretar un gráfico? Alberto Cairo es experto en visualización de datos, y nos da algunos consejos para enfrentarnos a este tipo de «argumentos visuales» en los medios (y de cómo estar conscientes de nuestros propios sesgos)
¿Cómo interpretar un gráfico? Alberto Cairo es experto en visualización de datos, y nos da algunos consejos para enfrentarnos a este tipo de «argumentos visuales» en los medios (y de cómo estar conscientes de nuestros propios sesgos)
En resumen:Es falso que un 46% de los niños costarricenses se encuentre en condiciones de pobreza, como afirmó la diputada socialcristiana, Shirley Díaz, durante su intervención de control político de este martes.
El despacho de la diputada Díaz tomó como referencia los datos del último informe anual de Unicef en Costa Rica. Sin embargo realizó una suma equivocada —aunque bastante común— de los porcentajes de pobreza y de pobreza extrema.
El informe citado por Díaz señala que un 34% de niños vive en condición de pobreza y un 12% en pobreza extrema; sin embargo, el primer porcentaje abarca al segundo (no son cifras excluyentes).
En resumen:Es falso que un 46% de los niños costarricenses se encuentre en condiciones de pobreza, como afirmó la diputada socialcristiana, Shirley Díaz, durante su intervención de control político de este martes.
El despacho de la diputada Díaz tomó como referencia los datos del último informe anual de Unicef en Costa Rica. Sin embargo realizó una suma equivocada —aunque bastante común— de los porcentajes de pobreza y de pobreza extrema.
El informe citado por Díaz señala que un 34% de niños vive en condición de pobreza y un 12% en pobreza extrema; sin embargo, el primer porcentaje abarca al segundo (no son cifras excluyentes).
Las palabras de Díaz
La diputada Shirley Díaz realizó su afirmación en la sesión de este martes del Plenario legislativo.
Allí dijo que, “según el último Estado de Unicef, en el informe que rinde anualmente, de 1,4 millones de niños en nuestro país, 34% vive en condición de pobreza y 12% en condición de pobreza extrema, por lo que si sumamos ambos porcentajes, tenemos que el 46% de nuestros niños viven en condiciones inaceptables”.
El discurso también la difundió a través de su perfil de Facebook, donde compartió el vídeo oficial del Congreso que recogió su intervención de cinco minutos.
Esta nota efectivamente hace alusión a los porcentajes de pobreza y pobreza extrema del 34% y del 12%, respectivamente. Sin embargo, Bonilla admitió que la suma de los porcentajes respondió a un error de interpretación.
En el informe, la relación entre porcentajes es todavía más clara: «El 34 % del total de las NNA (niños, niñas y adolescentes) viven en la pobreza monetaria, de los cuales el 12 % viven en la pobreza extrema», señala.
Un error común
El error cometido por el despacho de Díaz es una distorsión bastante común en la lectura de porcentajes.
Sumar todas las variables de un mismo indicador nos permite alcanzar el total del mismo; por ejemplo, sumando el desempleo entre hombres y el desempleo entre mujeres.
No obstante, en este caso se realizó una suma del indicador total con una de sus variables (pobreza y pobreza extrema). El error derivó en que la cifra finalmente reportada fuera mayor que la realmente indicada por el informe.
Ante la consulta sobre el error, la diputada Díaz indicó a Doble Check que corregiría este miércoles su intervención durante la sesión del Plenario legislativo. También afirmó que pediría una anotación en el acta.
La legisladora además retiró su publicación de redes sociales.
Es falso que un proyecto de ley aprobado en una comisión de la Asamblea Legislativa aumentará los impuestos a los tiquetes de cine y de teatro en un 6%, como lo indicó la exdiputada Natalia Díaz. En realidad, el proyecto bajará esos impuestos.
Hoy, los tiquetes hoy son gravados con un impuesto del 6% en cabeceras de provincia (y de un 3% en distritos fuera de ellas). El proyecto pretende disminuirlo a un 1,5%.
La afirmación de Díaz es incorrecta. Eso sí, la nueva ley agregaría un nuevo impuesto de un 1,5% a los servicios de televisión por cable y de streaming, como Netflix. El aumento en la carga impositiva, afirman los impulsores del proyecto, permitiría mejorar el financiamiento del Fondo de Fomento para el Centro de Cine (El Fauno), el Teatro Nacional y la Compañía Nacional de Teatro, entre otras instituciones dedicadas a la cultura.
Es falso que un proyecto de ley aprobado en una comisión de la Asamblea Legislativa aumentará los impuestos a los tiquetes de cine y de teatro a un 6%, como lo indicó la exdiputada Natalia Díaz. En realidad, el proyecto bajará esos impuestos.
Hoy, los tiquetes hoy son gravados con un impuesto del 6% en cabeceras de provincia (y de un 3% en distritos fuera de ellas). El proyecto pretende disminuirlo a un 1,5%.
La afirmación de Díaz es incorrecta. Eso sí, la nueva ley agregaría un nuevo impuesto de un 1,5% a los servicios de televisión por cable y de streaming, como Netflix. El aumento en la carga impositiva, afirman los impulsores del proyecto, permitiría mejorar el financiamiento del Fondo de Fomento para el Centro de Cine (El Fauno), el Teatro Nacional y la Compañía Nacional de Teatro, entre otras instituciones dedicadas a la cultura.
La publicación de Díaz
Una publicación en redes sociales de la exlegisladora libertaria Natalia Díaz asegura que la Comisión de Ciencia y Tecnología de la Asamblea Legislativa aprobó un proyecto “que propone implementar un impuesto del 6% a los tiquetes de cine”.
“Esta ley suma otro impuesto a la lista de más de 100 impuestos que existen actualmente en Costa Rica. Cada día el costo de vida sube, crece el desempleo, y nos obligan a pagar mas (sic) impuestos”
Captura de pantalla de la cuenta de Facebook de la exdiputada Natalia Díaz.
La exdiputada se refiere al expediente 20661, Ley de Cinematografía y Audiovisual, que ingresó por primera vez al Congreso en el año 2017, pero cuyo trámite apenas se reactivó apenas esta semana, con la aprobación y el dictamen de un nuevo texto sustitutivo.
¿Cómo cambiarán los tiquetes al cine?
Actualmente, los impuestos para los tiquetes de cine y de teatro se encuentran normados por el Reglamento N° 5961-H. La normativa establece los lineamientos para la aplicación del impuesto sobre los espectáculos públicos.
Dicho reglamento establece que todos los espectáculos públicos deberán pagar un impuesto del 6% sobre el valor total de los ingresos brutos obtenidos en cada presentación. También ordena una imposición reducida del 3% para aquellas funciones de cine y de teatro que se realicen en distritos que no sean cabeceras de provincia.
Con el texto aprobado este jueves, el impuesto sería modificado y pasaría a ser de un 1,5%. Ese porcentaje se aplicaría de forma generalizada, tanto para funciones que se realicen en cabeceras de provincia como fuera de ellas.
Nuevas cargas
A pesar de la disminución en el tributo para salas de cine y teatro, el proyecto también establece un nuevo impuesto. Se trata de un porcentaje igual (1,5%) sobre el consumo de “películas, series, documentales y demás contenidos de vídeo de entretenimiento, en formato digital”. Este impuesto se cobraría sobre los servicios de pago por suscripción, incluidos los servicios de cable y las plataformas digitales.
Estas indicaciones sí son nuevas en el proyecto. La versión inicial —que se presentó cuando Díaz todavía era diputada— sí proponía generalizar el impuesto hasta un 6%, tanto para los espectáculos de cine y de teatro como para los servicios de suscripción y alquiler.
Doble Check contactó a Díaz. La exdiputada reconoció que su publicación incluyó “un error en el monto” y añadió que corregiría la publicación hecha en sus redes sociales. “Efectivamente hay un error en el monto. Si bien hay una disminución del impuesto, se amplía la base a servicios de alto consumo. Le agradezco porque nos permite corregir”, respondió, a través de un mensaje de texto.
La nueva ley de Cine
El proyecto de Ley de de Cinematografía y Audiovisual es una iniciativa que se presentó bajo el expediente 20-661 en 2017. Contó con la firma de 21 congresistas de seis fracciones de las nueve que componían el Congreso en aquel entonces (PLN, PAC, PUSC, PRN, FA y PRC).
No obstante, el proyecto no logró conjuntar las voluntades suficientes para ser aprobado antes de mayo de 2018. Quedó pausado ante el cambio de cuatrienio (y de legisladores).
Su discusión entonces no se retomó hasta el 28 de octubre pasado, cuando el Plenario legislativo acordó reenviarlo a la Comisión de Ciencia y Tecnología. Su objetivo era encontrar una nueva redacción que fuera más satisfactoria para todas las partes, incluidos los sectores involucrados.
Esa nueva versión es la que recientemente dictaminó la comisión y que ahora pasará al estudio del Plenario legislativo.
Sobre este proyecto, el diputado oficialista Enrique Sánchez indicó que contiene varias reformas relacionadas con el fomento al cine. Entre los cambios destacó el financiamiento de ley para el Fondo para el Fomento Audiovisual y Cinematográfica (El Fauno).
Este fondo recibiría un 20% de los ingresos por la nueva carga impositiva. Sánchez destacó este hecho porque “actualmente ese financiamiento no existe por ley y tiene un presupuesto bastante bajo (¢250 millones, según la página oficial del Centro de Cine)”.
Según el diputado, ahora el impuesto permitiría financiar este proyecto, gravando a todo el sector que negocia con la producción audiovisual y no únicamente al cine y las obras de teatro, como estableció la ley en 1948.
“Lo que estamos haciendo es reduciendo ese impuesto y aumentando la base de contribuyentes”, indicó.
Pasar de una carga del 6% a una del 1,5% fue definido como el mayor cambio hecho al proyecto, en palabras de los diputados Pablo Heriberto Abarca, del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), y Wagner Jiménez, del Partido Liberación Nacional (PLN). Ambos votaron afirmativamente el texto, en la Comisión de Ciencia y Tecnología.
Además del 20% para El Fauno, el texto establece que un 40% del impuesto sería direccionado al Teatro Nacional, un 22% a la Compañía Nacional de Teatro, un 9% al Museo de Arte Costarricense y un 9% al Instituto Nacional de la Música. Estas entidades ya recibían porcentajes del gravamen y ahora aumentarían su recaudación, por el aumento de la base imponible a plataformas de streamingy cableras.
Datos de la Superintendencia de Telecomunicaciones documentaron la existencia de 31 proveedores de servicios de televisión por suscripción. Hay 25 de televisión por cable, cinco de televisión por medios inalámbricos y dos por Internet (IPTV). Ellos reúnen 883.883 suscripciones.
Según indicó el diputado Sánchez, la nueva redacción se consultó con todos estos sectores involucrados y tiene “bastante contexto” en el Congreso.
El texto ahora deberá pasar al Plenario legislativo, donde se abrirá el espacio para que los 57 diputados propongan sus últimos cambios al texto y luego puedan votarlo afirmativa o negativamente.
En resumen:La diputada independiente del bloque Nueva República, Ivonne Acuña, propone eliminar la posibilidad del aborto en casos de riesgo para la salud de la madre, pues alega que la salud es un «concepto jurídico indeterminado». Eso es falso.
Acuña impulsa un proyecto de ley para que la interrupción del embarazo se permita únicamente para evitar un peligro a la vida de la madre. El Código Penal permite actualmente el aborto cuando peligren tanto la vida como la salud de la mujer y cuando ese método no hubiera podido ser evitado por otros medios.
La legisladora también argumenta que «la protección de la salud forma parte intrínseca del derecho de la vida». Agrega que esa protección ha sido reconocida por la Sala Constitucional. Esa afirmación está incompleta.
La Sala Constitucional sí ha reconocido que el derecho a la salud se deriva del derecho a la vida. Sin embargo, la legisladora omite que el tribunal también considera la salud como un derecho autónomo y con su propio contenido esencial.
Además, el derecho a la salud en Costa Rica es un concepto plenamente definido. Así se desprende tanto de votos vinculantes de la Sala como del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, al que Costa Rica está suscrito.
En resumen: La diputada independiente del bloque Nueva República, Ivonne Acuña, propone eliminar la posibilidad del aborto en casos de riesgo para la salud de la madre, pues alega que la salud es un «concepto jurídico indeterminado». Eso es falso.
Acuña impulsa un proyecto de ley para que la interrupción del embarazo se permita únicamente para evitar un peligro a la vida de la madre. El Código Penal permite actualmente el aborto cuando peligren tanto la vida como la salud de la mujer y cuando ese método no hubiera podido ser evitado por otros medios.
La legisladora también argumenta que «la protección de la salud forma parte intrínseca del derecho de la vida». Agrega que esa protección ha sido reconocida por la Sala Constitucional. Esa afirmación está incompleta.
La Sala Constitucional sí ha reconocido que el derecho a la salud se ha derivado del derecho a la vida. Sin embargo, la legisladora omite que el tribunal también considera la salud como un derecho autónomo y con su propio contenido esencial.
Además, el derecho a la salud en Costa Rica es un concepto plenamente definido. Así se desprende tanto de votos vinculantes de la Sala como del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, al que Costa Rica está suscrito y que la Sala emplea como base para su jurisprudencia.
¿Cuándo se permite el aborto en la ley?
En Costa Rica, el Código Penal de 1970 estableció la figura del aborto impune en su artículo 121:
«No es punible el aborto practicado con consentimiento de la mujer por un médico o por una obstétrica autorizada, cuando no hubiere sido posible la intervención del primero, si se ha hecho con el fin de evitar un peligro para la vida o la salud de la madre y éste no ha podido ser evitado por otros medios».
Lo que dice Ivonne Acuña y su proyecto de ley
El pasado 21 de octubre, la diputada independiente Ivonne Acuña presentó, junto a otros legisladores, el proyecto de ley N.º 21.661 para eliminar de la excepción de impunidad del aborto el peligro para la salud de la mujer.
Según la propuesta, el artículo se limitaría así: «No es punible el aborto practicado por un médico con el consentimiento de la mujer, si se ha hecho con el fin de evitar un peligro grave e inminente para la vida de la madre y este peligro no ha podido ser evitado por otros medios.»
La legisladora afirmó en su perfil de Facebook que «el proyecto tiene la intención de suprimir los conceptos jurídicos indeterminados, por ejemplo de la definición del concepto de la salud». El texto de la iniciativa señala que «el legislador tiene ante la ciudadanía el deber de suprimir los conceptos jurídicos imprecisos».
En un artículo de Noticias Monumental, Acuña justificó que «sacamos el término ‘salud’ bajo el entendido de que la Sala Constitucional ha sido reiterada en decir que la protección de la salud forma parte intrínseca del derecho de la vida. Es decir, al decir que cuando la vida de la mujer peligre, se entiende que es su salud».
De manera similar, el texto del proyecto de ley indica que «nuestra jurisprudencia constitucional ha reconocido la relevancia del derecho a la salud, como parte esencial del derecho a la vida».
Argumento falso e incompleto
Es cierto que la Sala Constitucional ha reconocido que el derecho a la salud se origina del derecho a la vida. Sin embargo, la diputada Acuña omite que ese tribunal advierte que la salud es un derecho autónomo y esencial en sí mismo. Acuña también omite que la Sala Constitucional ha definido el derecho a la salud en su jurisprudencia con base en tratados internacionales suscritos por Costa Rica.
Una de las referencias más recientes es la resolución Nº 05560 – 2019, de marzo pasado, donde se ordenó a la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS) la creación de un sistema de gestión integrado para solventar problemas en las listas de espera.
En los argumentos de esa resolución, el tribunal subraya que «esta Sala Constitucional en múltiples sentencias ha desarrollado el derecho a la salud», y da referencia a distintas sentencias del año 2011 al 2019. La resolución cita textualmente la definición que ha desarrollado en esa jurisprudencia:
«Si bien es cierto que el derecho a la salud ha sido derivado del derecho a la vida y a un ambiente saludable y ecológicamente equilibrado por su interrelación con esos derechos, no podemos dejar de lado que este derecho fundamental es un derecho autónomo y con su propio contenido esencial«, reiteró la Sala en marzo pasado.
El tribunal constitucional basa principalmente su definición sobre el derecho a la salud en el artículo 12 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, firmado en la Asamblea General de la Organización de Naciones Unidas (ONU) en 1976, y donde Costa Rica es firmante.
«En efecto, en dicho instrumento internacional de derechos humanos se establece claramente el derecho de toda persona al disfrutar del más alto nivel posible de salud física y mental, por lo que el Estado y sus instituciones tienen el deber de asegurar la plena efectividad de ese derecho a través de una serie de acciones positivas y del ejercicio de las potestades de regulación, fiscalización y de policía sanitaria», afirma la resolución de la Sala.
De esa manera, la Sala Constitucional advierte que dicho deber significa «la prevención y el tratamiento efectivo de enfermedades, así como la creación de condiciones que aseguren a todos la asistencia médica y servicios médicos de calidad en caso de enfermedad». Dicho tribunal añade que el derecho a la salud comprende «la disponibilidad de servicios y programas de salud en cantidad suficiente para los usuarios de estos servicios y destinatarios de estos programas».
La Sala Constitucional también recalca que la garantía de accesibilidad a los servicios y programas de salud es parte de ese derecho. Según ese tribunal, la accesibilidad tiene cuatro dimensiones: la no discriminación en el acceso a los servicios de salud, la accesibilidad física, la accesibilidad económica y la accesibilidad a la información.
Como parte del concepto del derecho a la salud, la Sala reconoce que los servicios de salud pública deben ser «respetuosos con la ética médica, culturalmente apropiados, dirigidos a la mejora de la salud de los pacientes, confidenciales» y la calidad de la base científica y médica de los servicios.
La coordinadora de la Maestría de Ciencias Penales de la Universidad de Costa Rica (UCR), Rosaura Chinchilla, aclaró a Doble Check que «en términos generales, si existe una normativa en un tratado, [la salud] deja de ser un concepto jurídico indeterminado porque el contenido lo llena el tratado». Además, Chinchilla recalcó que una definición dada por la Sala Constitucional en su jurisprudencia es vinculante, según el artículo 13 de la Ley de Jurisdicción Constitucional.
Este viernes, Doble Check informó de estos hallazgos a la diputada Ivonne Acuña y solicitó su reacción. Sin embargo, no se obtuvo respuesta oportunamente.
Un artículo y un editorial de La Nación toman como base un informe del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) para afirmar que el 20,5% de los portadores de tobilleras electrónicas volvieron a delinquir. La aseveración no es correcta.
El informe del OIJ se refiere a la cantidad de personas que fueron reportadas como presuntas responsables de hechos delictivos en “pasadas policiales”. La cifra no se refiere a personas de culpabilidad demostrada por cometer nuevos delitos. El mismo Organismo confirmó a Doble Check que el dato no puede usarse como parámetro de reincidencia.
El dato de reincidencia disponible por el Ministerio de Justicia es diez veces menor (2,1%). A diferencia del OIJ, el Ministerio calcula la reincidencia como la cantidad de revocatorias de la tobillera electrónica ordenadas por un juez. Esta revocatoria se da después de que se hubiera comprobado que las personas con tobillera hubieran cometido un nuevo delito.
Los datos del OIJ y del Ministerio son muy distintos en naturaleza y en alcance. Por ello no son comparables. El Ministerio tiene disponibles los datos de revocatorias por la comisión de nuevos delitos solo para los primeros ocho meses del 2019. El informe del OIJ contempla las «pasadas policiales» entre el 27 de febrero del 2017 y el 18 de julio del 2019.
¿Cuál dato es el más preciso? A la fecha, Doble Check espera los datos concretos del Poder Judicial que permitan asegurar cuántas personas figuran como presuntos responsables tras una pasada, cuántos de ellos tienen una causa abierta, por cuáles delitos y si ya han sido declaradas culpables o no. Doble Check también consultó si el supuesto delito fue cometido mientras las personas se encontraban bajo la modalidad de una tobillera electrónica. La institución, de momento, no aporta esos datos.
En resumen:Un artículo y un editorial de La Nación toman como base un informe del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) para afirmar que el 20,5% de los portadores de tobilleras electrónicas volvieron a delinquir. La aseveración no es correcta.
El informe del OIJ se refiere a la cantidad de personas que fueron reportadas como presuntas responsables de hechos delictivos en “pasadas policiales”. La cifra no se refiere a personas de culpabilidad demostrada por cometer nuevos delitos. El mismo Organismo confirmó a Doble Check que el dato no puede usarse como parámetro de reincidencia.
El dato de reincidencia disponible por el Ministerio de Justicia es diez veces menor (2,1%). A diferencia del OIJ, el Ministerio calcula la reincidencia como la cantidad de revocatorias de la tobillera electrónica ordenadas por un juez. Esta revocatoria se da después de que se hubiera comprobado que las personas con tobillera hubieran cometido un nuevo delito.
Los datos del OIJ y del Ministerio son muy distintos en naturaleza y en alcance. Por ello no son comparables. El Ministerio tiene disponibles los datos de revocatorias por la comisión de nuevos delitos solo para los primeros ocho meses del 2019. El informe del OIJ contempla las «pasadas policiales» entre el 27 de febrero del 2017 y el 18 de julio del 2019.
¿Cuál dato es el más preciso? A la fecha, Doble Check espera los datos concretos del Poder Judicial que permitan asegurar cuántas personas figuran como presuntos responsables tras una pasada, cuántos de ellos tienen una causa abierta, por cuáles delitos y si ya han sido declaradas culpables o no. Doble Check también consultó si el supuesto delito fue cometido mientras las personas se encontraban bajo la modalidad de una tobillera electrónica. La institución, de momento, no aporta esos datos.
El informe del OIJ
La Nación basa sus informaciones en un informe de la Unidad de Análisis Criminal dirigido a Fiscalía General. El informe no había sido dado a conocer a los periodistas y, según el OIJ, no se trataba de “un reporte cuyo público meta fuera la ciudadanía”.
Doble Check solicitó este informe pero el Organismo rehusó compartirlo. «Como es un documento que puede desencadenar una investigación, no nos podemos referir sobre el mismo», afirmó su oficina de prensa. La institución accedió posteriormente a responder nuestras consultas, pero sin remitir el informe.
La información del OIJ cruza las listas del Ministerio de Justicia de personas con tobilleras electrónicas con las listas del Organismo de “pasadas policiales”. Una “pasada policial” se refiere a casos en los que una persona es detenida. Sin embargo, este evento no implica la culpabilidad del sujeto detenido.
«El reporte de OIJ no se refiere o utiliza el término ‘reincidencia’ que tiene una connotación particular y diferente al reporte de causas abiertas durante periodo de portación de sistemas de control electrónico», indicó el OIJ.
El Ministerio de Justicia también considera inadecuado emplear el dato del OIJ como parámetro de reincidencia. Según el Ministerio, el contar con una tobillera electrónica visible podría ser un motivo de sospecha y detención por parte de la Policía, incluso si no hay delito de por medio.
“Consideramos como «reincidencia» las revocatorias del mecanismo en razón de una nueva causa penal; esto es muy distinto a las «pasadas» que reporta el OIJ, puesto que una pasada no significa la apertura de una nueva causa judicial ni mucho menos una condena. En vista del principio de inocencia, únicamente podemos considerar como «reincidentes» a quienes cometan un nuevo delito y se les revoque la medida en razón de ello”, expresó a través de su oficina de prensa.
¿Qué publicó La Nación?
El diario La Nación dedicó una nota informativa al tema, así como un editorial. En la pieza de opinión declara la importancia de esa medida sustitutiva, pero denuncia su mala implementación. La cifra de personas que habrían vuelto a delinquir «es demasiado alta», dice el diario.
El artículo informativo reporta que, según el informe filtrado, 479 de 2.334 personas registraron pasadas entre el 2017 y el 18 de julio de 2019. El medio indica que 114 de esas personas registran entre dos y ocho pasadas policiales, y 238 de los casos se refieren a robo agravado.
La Nación usó en sus informaciones términos como «volvieron a delinquir» y «reincidió». Doble Check se puso en contacto con la autora de la nota, Eillyn Jiménez, para consultarle sobre el uso de estos términos.
«Según el diccionario de la Real Academia Española (RAE), la reincidencia es la «reiteración de una misma culpa o defecto» o «circunstancia agravante de la responsabilidad criminal, que consiste en haber sido el reo condenado antes por un delito análogo al que se le imputa», respondió.
En su nota, La Nación sí reconoce la diferencia entre los números aportados por el OIJ y por el Ministerio de Justicia. El medio expresó que quiso comparar ambas cifras para períodos idénticos y que para ello solicitó la información al Ministerio. Sin embargo, el medio explicó que no la obtuvo oportunamente.
«El dato contemplado en el informe del OIJ dista del brindado por la ministra de Justicia, Marcia González, ante los diputados de la Comisión de Seguridad y Narcotráfico; sin embargo, esto obedece a que ella utilizó solo los datos de este 2019», afirma La Nación.
La explicación del medio sobre la disparidad en las cifras solamente atiende a uno de los motivos de la diferencia: las fechas. El otro, más determinante aún, es el que ya se ha dicho: que los datos tienen naturalezas muy distintas. El del OIJ se refiere a pasadas policiales por la presunta comisión de delitos y el del Ministerio se refiere a la revocación del beneficio por delitos comprobados.
Los datos del Ministerio de Justicia
El Ministerio de Justicia realiza un cálculo distinto y sus datos solo agrupan los registros desde enero hasta agosto del 2019. El reporte concluye que “la reincidencia en esta modalidad llega apenas a un 2,1%”.
“Las revocatorias por nueva causa durante el 2019 corresponden a 37 personas de 1746 personas que en algún momento estuvieron bajo la modalidad de monitoreo electrónico”.
Justicia aporta también este cuadro:
Mes Nueva causa penal
Enero 2
Febrero 6
Marzo 6
Abril 2
Mayo 4
Junio 3
Julio 5
Agosto 9
Según la cartera, la información se calcula a partir de la cantidad de revocatorias de la tobillera electrónica ordenadas por un juez, después de que las personas cometieran un nuevo delito.
¿Cuáles datos son más precisos?
La información disponible no nos permite acercarnos a los datos más precisos. No existe el detalle de información suficiente (o, al menos, no contamos con él) para poder realizar aseveraciones sobre la reincidencia en casos de personas con monitoreo electrónico con base en el informe del OIJ.
Consultamos al OIJ cuáles de las personas que habían sido detenidas en una «pasada» habían sido declaradas culpables. El Organismo dijo no contar con esa información, y alegó que ese no era el motivo del reporte.
Doble Check solicitó al Organismo el desglose de los casos de pasadas, las fechas en que se realizó la pasada, la fecha en que iniciaba y finalizaba el monitoreo electrónico. También se le consultó si a la persona se le abrió un nuevo expediente en sede penal, el tipo de delito y el estado del expediente a la fecha.
Doble Check además consultó si el Organismo entregó sus números usando el número de nuevas causas o el número de personas (una misma persona puede estar involucrada en varias causas). La solicitud deja explícito que no se solicitan identificaciones ni nombres de las personas en cuestión.
Toda la información se refiere al periodo entre el 27 de febrero de 2017 y el 18 de julio pasado. Haremos una actualización en cuanto recibamos la información.
Doble Check
