Líderes de Nueva República auspician divulgación de farsas sobre elección en EE. UU.

Líderes del partido Nueva República ofrecieron su espacio en radio para divulgar conspiraciones sin fundamento sobre fraude en las elecciones de los Estados Unidos.

La desinformación vino de boca de un autor y polemista argentino que fue invitado al programa de radio Vecinos el 9 de noviembre. Los políticos costarricenses Francisco Prendas, presidente de Nueva República, y Fabricio Alvarado, secretario general del partido, condujeron el espacio sin contradecir las afirmaciones sin fundamento.

Vecinos divulgó conspiraciones sobre “muertos que votaron”, un salto supuestamente inexplicable de 140.000 votos a favor de Biden en el Estado de Michigan y grandes aumentos de votos para el candidato demócrata que ocurrieron durante la madrugada posterior a las elecciones. También alertó sobre la supuesta denuncia de observadores electorales a los que no se les permitió fiscalizar.

  • Los alegatos de “muertos que votan” han sido casos individuales de malos registros en fechas de nacimiento en padrones electorales o confusión de personas homónimas. También provienen de alegatos viejos sobre supuestos padrones desactualizados que no han podido sostenerse en una corte de justicia. En ningún caso se han detectado más votos de la cuenta para ningún candidato por estos hechos.
  • Un salto de casi 140.000 votos a favor de Joe Biden en Michigan se dio por un error de digitación que fue rápidamente corregido y explicado.
  • Grandes aumentos de votos se dieron durante la madrugada debido al conteo de papeletas provenientes de distritos mayoritariamente demócratas o republicanos. Este tipo de cambio se dio en ambas tendencias. En el caso de los demócratas, hubo mayor participación a través del voto por correo. Por ello, el conteo de este tipo de papeletas vio un aumento para Biden. Trump también superó a Biden en la noche de elecciones en un Estado que mostraban primeramente una tendencia favorable para el candidato demócrata.
  • Los alegatos sobre observadores a quienes se les prohibió fiscalizar procesos incluso han sido desestimados en tribunales de justicia.

Doble Check trató de comunicarse con Alvarado y Prendas. No hubo respuesta oportuna.

Líderes del partido Nueva República ofrecieron su espacio en radio para divulgar conspiraciones sin fundamento sobre fraude en las elecciones de los Estados Unidos.

La desinformación vino de boca de un autor y polemista argentino que fue invitado al programa de radio Vecinos el 9 de noviembre. Los políticos costarricenses Francisco Prendas, presidente de Nueva República, y Fabricio Alvarado, secretario general del partido, condujeron el espacio sin contradecir las afirmaciones sin fundamento.

Vecinos divulgó conspiraciones sobre “muertos que votaron”, un salto supuestamente inexplicable de 140.000 votos a favor de Biden en el Estado de Michigan y grandes aumentos de votos para el candidato demócrata que ocurrieron durante la madrugada posterior a las elecciones. También alertó sobre la supuesta denuncia de observadores electorales a los que no se les permitió fiscalizar.

  • Los alegatos de “muertos que votan” han sido casos individuales de malos registros en fechas de nacimiento en padrones electorales o confusión de personas homónimas. También provienen de alegatos viejos sobre supuestos padrones desactualizados que no han podido sostenerse en una corte de justicia. En ningún caso se han detectado más votos de la cuenta para ningún candidato por estos hechos.
  • Un salto de casi 140.000 votos a favor de Joe Biden en Michigan se dio por un error de digitación que fue rápidamente corregido y explicado.
  • Grandes aumentos de votos se dieron durante la madrugada debido al conteo de papeletas provenientes de distritos mayoritariamente demócratas o republicanos. Este tipo de cambio se dio en ambas tendencias. En el caso de los demócratas, hubo mayor participación a través del voto por correo. Por ello, el conteo de este tipo de papeletas vio un aumento para Biden. Trump también superó a Biden en la noche de elecciones en un Estado que mostraba primeramente una tendencia favorable para el candidato demócrata.
  • Los alegatos sobre observadores a quienes se les prohibió fiscalizar procesos incluso han sido desestimados en tribunales de justicia.

Doble Check trató de comunicarse con Alvarado y Prendas. No hubo respuesta oportuna.

¿Cómo se dio la desinformación?

Fabricio Alvarado y Francisco Prendas invitaron a su programa, el 9 de noviembre, a un autor y polemista argentino llamado Agustín Laje. El invitado denunció supuestas irregularidades electorales en Estados Unidos durante la hora de programa.

Todas ellas son conocidas desinformaciones repetidas por burbujas de extrema derecha en Internet y por medios estadounidenses que no suelen basarse en evidencia. No ha ayudado que propios miembros de campaña y el mismo presidente de los Estados Unidos han replicado esta desinformación.

“Todo indica que las elecciones en los Estados Unidos han sido, por lo menos, sustancialmente irregulares”, dijo el invitado.

El autor argentino enmarcó sus denuncias en un supuesto gran esquema de conspiración. En él habrían participado los conglomerados mediáticos, las compañías de redes sociales y las empresas encuestadoras para fabricar un resultado antes de que se dieran las elecciones. El invitado no dio evidencia de ello más allá de su “libertad de dudar”.

Prendas y Alvarado anticiparon en su programa que probablemente su contenido sería verificado por otros medios.

“Esperamos que los medios tradicionales salgan con alguna nota tratando de deslegitimar lo que aquí se dijo, pero la gente tiene que escuchar todos las argumentos y todas las aristas para ver la historia”, dijo Alvarado. El político no contestó oportunamente una consulta de Doble Check.

Prendas se había visto envuelto en una sonada polémica a mediados del 2019 por mantener un medio de divulgación de noticias falsas.

140.000 votos para Biden

El invitado de Vecinos dijo: “Empezamos a ver que en ciertos conteos de votos en algunos de estos Estados, de un instante a otro se le había adicionado 140.000 votos a Joe Biden, cero a Donald Trump”.

Es incorrecto pluralizar cuando se refiere a “ciertos conteos de votos”. En realidad, el suceso que reporta el autor se dio solo en un condado de Michigan.

Un error de digitación provocó el rumor de fraude a favor de Biden, aunque fue reconocido y corregido fácilmente. La falla fue cometida por Caroline Wilson, secretaria del condado de Shiawassee. El espacio donde deben ingresar los números de votos tiene por defecto el número cero en su pantalla. El número se debe borrar antes de ingresar la cifra de votos.

“Debí haber tenido el cursor a la izquierda del cero. Ni siquiera lo vi, así que digité 15.371”, declaró Wilson al programa This American Life. También reveló al programa que ella es republicana y que votó por el presidente Trump.

Con el cero mal puesto, la cifra terminó siendo 153.710. La diferencia entre esa cifra inflada por error y la cifra original son los misteriosos 140.000 que el invitado a Vecinos recogió del ecosistema de desinformación electoral estadounidense (en realidad son 138.339 votos).

Varios medios y servicios de verificación han reportado sobre este tema: Politifact, Reuters, Factcheck.org, The Washington Post, y The New York Times.

Muertos que votaron

El invitado a Vecinos dijo: “Después empezamos a darnos con que en Estados clave como Michigan o como Pennsylvania hasta los muertos habían votado. Y esto no obedecía a denuncias en el aire sino que estaba registrado estas personas en las propias bases de datos de los Estados en cuestión. Los Estados tienen bases de datos públicas de los votantes registrados y había personas registradas que habían emitido incluso su voto que hoy tendrían 120 años”.

El supuesto caso de “los muertos que votaron” es un poco más complejo porque viene de distintas fuentes.

¿Hubo personas que votaron y que supuestamente habrían tenido 120 años de edad? No. El New York Times y CNN reportan sobre el origen de este rumor. Algunos sistemas estatales de registro de votantes ponen una fecha tentativa en los casos en donde no se cuenta inmediatamente con la fecha de nacimiento de una persona que vota. En algunos casos, el sistema pone por defecto el 1.º de enero de 1900.

Otra denuncia fue el caso de un votante muerto que aparecía registrado ejerciendo su derecho en Michigan. El error surgió porque los funcionarios electorales registraron la recepción de una papeleta enviada por correo a nombre de William Bradley, quien había muerto en 1984. La papeleta en realidad pertenecía a su hijo, quien tiene el mismo nombre y cuya dirección es igual a la del difunto. Solo se contó como un voto, a pesar de la confusión. Las autoridades electorales reconocieron públicamente el error. Así lo reportaron la DW y Snopes.

Este último servicio de verificación también refutó otra afirmación repetida por el invitado a Vecinos: que el difunto boxeador Joe Frazier había votado en estas elecciones. Ninguno de los registros de los distintos Joseph Frazier que votaron en el Estado de Pennsylvania correspondió al pugilista, que murió en el 2011. Su regristro como votante aparece cancelado desde el 2012.

Esos fueron sonados casos individuales. También hubo un rumor muy divulgado sobre 21.000 personas muertas que habrían votado en Pennsylvania. La cifra surgió de un pleito legal fallido.

Este rumor salió de una demanda de octubre. El reclamo era contra el secretario de Estado de Pennsylvania. Una fundación conservadora había acusado al funcionario de haber incluido 21.206 nombres de supuestas personas muertas en el padrón electoral.

Un miembro del grupo demandante le dijo al New York Times que tenía evidencia de aquella inclusión para las elecciones del 2016 y del 2018, aunque no la mostró al medio. La fiscalía aseguró al Times que la corte no había encontrado deficiencias en los padrones del Estado. “Actualmente no se ha provisto de ninguna prueba de que una persona muerta hubiera votado en la elección del 2020”, le informaron al diario.

El rumor falso se extendió luego de que los demandantes hicieran una modificación a su reclamo, días después de las elecciones. La acción propició una publicación sin fundamento del sitio de extrema derecha Breitbart. El abogado de Donald Trump, Rudi Giuliani, repitió la falsedad.

Una cuenta detallada de esta verificación fue hecha por el sitio FactCheck.org, y un artículo explicativo de AP enumera cuáles son los errores comunes de por qué a veces pueden aparecer votantes que parecen demasiado viejos para poder votar.

Agustín Laje había divulgado información falsa sobre muertos que votaron en Estados Unidos
Las falsedades divulgadas en Vecinos ya habían sido repetidas por el invitado en un video que había colgado en YouTube unos días antes.

De rojo a azul (y viceversa)

El invitado a Vecinos dijo: “Siempre los cambios en las tendencias, que fueron cambios pornográficos, fueron cambios poco creíbles, se dieron en la madrugada, se dieron cuando todo el mundo se fue a dormir. Este es el abecé de la corrupción”.

No hay motivo para vincular los picos de aumento en el conteo de votos con el fraude electoral. Estos cambios se explican habitualmente cuando los Estados liberan grandes lotes de información de una sola vez. No es cierto que todos estos cambios abruptos en la tendencia hubieran sido siempre favorables para Biden.

¿Cómo se explica el repunte demócrata en algunos Estados clave? Una buena parte de votos que provenían de áreas demócratas fuertes en Pennsylvania todavía estaban pendientes de conteo en horas de la madrugada después de las elecciones. Lo mismo ocurrió en Wisconsin, Michigan y Georgia. Así explica Politifact las ganancias de Biden en estos estados durante esa madrugada.

Carolina del Norte fue el caso contrario. Biden llevaba la delantera cuando se había contado el 80% de los votos, pero después Trump asumió la delantera, informa el sitio de verificación.

Este y otros medios han explicado también cómo hubo una tendencia partidaria en la forma en que se ejerció el voto. Los republicanos se apoyaron en menor medida en el voto por correo debido a denuncias sin fundamento elevadas por el presidente Trump. El candidato dijo que los demócratas pretendían “robarse la elección” por medio de esta práctica.

En octubre se reportó que la cantidad de votantes republicanos que planeaban enviar su voto por correo era tan solo de la mitad de los demócratas que pretendía hacer lo mismo. Esta tendencia reafirma la suposición de que, cuando una jurisdicción empezaba a contar sus votos por correo, estos fueran mayoritariamente para Biden.

Esta tendencia se había pronosticado desde meses antes de las elecciones. El invitado a Vecinos afirmó que estos pronósticos formaban parte de una conspiración. No proveyó sustento a sus suspicacias.

¿Observadores que no pudieron observar? Falso

El autor invitado a Vecinos también dijo que “ha habido confesión de observadores de los demócratas que admitieron que no les permitían observar, y de los republicanos también”. El mismo Trump divulgó que a observadores en Pennsylvania y Michigan no se les permitió fiscalizar el conteo.

Esto es falso. Varios servicios de chequeo de información han hallado sin fundamento estas acusaciones.

Veamos un ejemplo. La presidenta del Partido Republicano en Michigan, Laura Cox, publicó un tuit la tarde del día después de las elecciones. La política denunció que a observadores republicanos se les estaba bloqueando la entrada al sitio en donde se contaban los votos por correo.

El sitio Politico reportó que una gran cantidad de representantes republicanos monitoreaba el conteo de votos en el mismo momento en que Cox divulgaba la desinformación. Para ese momento, la cantidad de observadores incluso ya había sobrepasado el límite legal de 134 para los republicanos, por lo que los encargados cerraron el recinto para evitar el desbordamiento de gente.

El equipo legal de la campaña de Donald Trump ha tratado de levantar casos en los tribunales de justicia con este y otro tipo de denuncias para poner en duda la limpieza del proceso electoral. Ninguna de sus denuncias ha prosperado. Ello no ha persuadido al presidente estadounidense de seguir repitiendo sin fundamento que hubo fraude.

Es falso que jirafas ticas aporten a preservación de especie en peligro

En resumen: No existe base científica para sugerir que la crianza de jirafas en Costa Rica ayude a su conservación biológica. Esta idea equivocada la había promovido el empresario David Patey y fue replicada por el medio AM Prensa en septiembre pasado. Patey es administrador del zoológico Ponderosa Adventure Park, en Guanacaste. El empresario hizo […]

En resumen: No existe base científica para sugerir que la crianza de jirafas en Costa Rica ayude a su conservación biológica. Esta idea equivocada la había promovido el empresario David Patey y fue replicada por el medio AM Prensa en septiembre pasado.

Patey es administrador del zoológico Ponderosa Adventure Park, en Guanacaste. El empresario hizo una denuncia pública en redes sociales a finales de septiembre. En el video acusó a las autoridades ambientales de ordenar la castración o separación de sus jirafas y otros animales.

En el video aseguró que el zoológico “estaba en línea con la ley de vida silvestre”, lo cual ha sido puesto en controversia. Patey sugirió que reproducir a sus jirafas beneficiaba a la especie, pues está en peligro de extinción. También dijo que incluso le “han dicho” que pueden mandar jirafas de vuelta a la vida silvestre. No hay sustento para estas afirmaciones.

Tras la denuncia, el medio de comunicación AM Prensa afirmó que (1) el zoológico Ponderosa Adventure Park ayudaba a preservar una especie de jirafa en peligro de extinción, (2) que contaba con un banco genético y (3) que esta población cohabitaba con el resto de animales “como lo harían en África”.

Ninguna de las afirmaciones tienen sustento:

(1) Personas expertas en conservación consultadas por Doble Check aseguran que las jirafas en exhibición no aportan a la conservación de la especie. El reducido tamaño de su población y el contacto de los animales con humanos imposibilita el regreso a su hábitat natural.

(2) El Colegio de Biólogos no tiene registro de que Ponderosa cuente con un laboratorio de tejidos y óvulos. Tampoco tiene trazabilidad genética de sus especímenes ni supervisores genetistas. Por ello, no se puede decir que este establecimiento turístico tenga un banco genético.

(3) La principal fundación para la conservación de las jirafas en el mundo descartó la utilidad de cualquier programa de recuperación de especies fuera del continente africano. “Las jirafas necesitan ser salvadas en África”, dijo su directora.

Doble Check trató de conversar con David Patey, pero su encargado de prensa informó que se encuentra fuera del país. El empresario no respondió oportunamente las consultas que se le enviaron por correo electrónico. Doble Check también trató de comunicarse sin éxito con AM Prensa.

¿Cuál es la polémica?

A finales de septiembre el administrador del zoológico Ponderosa Adventure Park, David Patey, denunció en redes sociales que la autoridades ambientales solicitaron la castración o separación de sus animales para evitar su reproducción. Dijo que, de lo contrario, serían “liquidadas”.

Ponderosa es un parque con atracciones turísticas acuáticas, aéreas y terrestres ubicado en Liberia, Guanacaste. Entre sus atracciones está un zoológico con alrededor de 300 animales de 11 especies exóticas distintas. Hay avestruces, cebras y jirafas que cohabitan en 70 hectáreas con una libertad limitada.

Patey hace énfasis en las jirafas del zoológico en su denuncia. El empresario dijo que la muerte o castración de estas jirafas sería una gran pérdida. Aseguró que le “han dicho que podemos mandar animales de vuelta a la vida silvestre”.

«Me van a destruir el negocio. Si yo castro, los animales tienen 15 años (…). Si los pongo en jaulas, eso sería triste», dijo el empresario.

Según una nota de AM Prensa, Ponderosa tiene 15 jirafas reticuladas de las cuales 4 nacieron en Costa Rica. La Coordinadora de Vida Silvestre del Sinac, Angie Sánchez, dijo que a Costa Rica ingresaron solo cinco jirafas y una murió. El resto nacieron en Costa Rica reproduciéndose entre sí. Se trató de confirmar con David Patey la precisión de estos datos, pero no contestó oportunamente.

AM Prensa también aseguró, sin atribuir fuentes, que el zoológico Ponderosa Adventure Park ayudaba a preservar una especie de jirafa en peligro de extinción por medio de un banco genético. El medio agregó que las jirafas cohabitan con el resto de animales “como lo harían en África”.

Las afirmaciones fueron hechas sin atribuirse a una fuente en una nota de setiembre del 2020 y otra de junio del 2019, enlazada a la primera como lectura recomendada.

Ninguna de las afirmaciones tiene respaldo.

¿De dónde nace la denuncia?

La orden a la que hace referencia Patey está estipulada en el Reglamento a la Ley de Conservación de la Vida Silvestre, aprobado en el 2017.

El administrador de Ponderosa aseguró que la norma es viciosa. Añade que las autoridades no  tomaron en cuenta las observaciones realizadas por los expertos, como las “24 páginas” de observaciones del Colegio de Biólogos.

El Colegio en efecto reportó que, a su criterio, el reglamento tiene 60 errores.

Eso sí, el señalamiento de Patey al reglamento es engañoso. Las observaciones del colegio no están relacionadas con los requerimientos pedidos a Ponderosa. Así lo confirmó la presidenta de ese ente, Anny Chaves. Ella aclaró que los señalamientos se refieren al papel de los regentes y el Colegio de Biólogos.

Ponderosa y la ley

Patey también aseguró en su denuncia que el zoológico estaba en regla con la Ley de Conservación de la Vida Silvestre. Doble Check  encontró controversia con esta afirmación. La coordinadora de Vida Silvestre del Sistema Nacional de Áreas de Conservación (Sinac), Angie Sánchez, considera lo contrario: el zoológico no está al día con la ley.

Ponderosa Adventure Park es un zoológico. Esta condición obliga a la empresa a cumplir lineamientos legales para este tipo de centros, como la prohibición de reproducir sus especímenes contenida en el reglamento que Patey objeta. De ahí nace la orden del Estado.

Sánchez sostiene que es incorrecto decir que el problema es del reglamento. El ordenamiento solicitado a Ponderosa está respaldado por la ley en su propia definición de zoológico.

“Por principio de legalidad, el reglamento ordena solo lo que está expresamente autorizado en la norma”, apuntó Sánchez.

La reproducción sin planificación ni estudios no aporta

Los esfuerzos en conservación y preservación de una especie requieren de investigación y planificación. Ponderosa Adventure Park no forma parte de ningún programa de este tipo. Tampoco cuenta con biólogos  que le den trazabilidad al aporte genético de sus animales.

El término “preservación” tiene como objetivo la protección de los animales en su condición natural. Así lo apuntó Anny Chaves, presidenta del Colegio de Biólogos. Por ello es incorrecto utilizarlo en un contexto de cautiverio como el de Ponderosa.

El contacto de jirafas con humanos es un obstáculo para su reinserción en la naturaleza. Imagen de Ponderosa Adventure Park capturada en setiembre del 2016, cortesía de La Voz de Guanacaste.

Los animales que nacen y crecen en un zoológico están “biológicamente muertos”. Así lo afirmó Eduardo Carillo, del Instituto de Conservación y Manejo de Vida Silvestre (Icomvis).  El biólogo aseguró que el aporte de estos animales a la conservación y preservación de especies es prácticamente nulo.

Carrillo aseguró que es necesario formar parte de un programa de conservación para participar en la conservación de una especie. Ese programa le da trazabilidad y estudio al acervo genético de los animales.

Patey confirmó al medio de comunicación Ameliarueda.com que no formaba parte de ninguno.

Tener jirafas no es sinónimo de tener un banco genético

AM Prensa aseguró que Ponderosa tenía un valioso banco genético. Esta afirmación se ha hecho en el pasado por otros medios de comunicación como Repretel y Teletica.

Anny Chaves, presidenta del Colegio de Biólogos, dijo que hay dos formas de respaldar esa afirmación. Una es la apertura de un laboratorio de genética dentro de las instalaciones en el que se almacene tejido y óvulos de los animales. Otra es por medio de estudios de trazabilidad y análisis de laboratorios.

“En ese caso se necesita saber el número de jirafas y de dónde vinieron. También se necesita a genetistas, va más allá de un biólogo regente y no me ha tocado ver un biólogo genetista; solo [ha habido] regentes ahí”, agregó Chaves.

La trazabilidad genética de las jirafas es particularmente complicada porque es difícil delimitar dónde empieza y termina una subespecie para identificar su aporte genético. Así lo  explicó Laura Porras, bióloga y experta en conservación del Icomvis.

Chaves y Porras coincidieron en que la población de jirafas de Ponderosa es pequeña para ser considerada un banco genético.

“Cuando son pocos individuos que se reproducen entre ellos mismos se pierde la calidad.  Así no funcionan para un programa de conservación porque son más propensos a enfermedades y las mutaciones se dejan ver más fácil”, explicó Porras.

El Laboratorio de Genética de la Conservación UCR (Labgecon) también advirtió sobre las “graves consecuencias” que puede tener la reproducción de animales emparentados, como los de Ponderosa.

Ponderosa es un zoológico

En Costa Rica está prohibido que los zoológicos reproduzcan a sus animales en exhibición. La Fiscalía ordenó que ya no podrán haber más nacimientos en Ponderosa o en cualquier otro sitio de manejo no autorizado para este fin a partir de abril del 2021.

Ponderosa tiene varias opciones: castrar sus jirafas, separarlas, someterlas a tratamientos hormonales para evitar embarazos o inscribirse como un zoocriadero.

Si otros sitios de manejo sí tienen posibilidad, ¿por qué los zoológicos no?

“Porque tienen una función educativa, esa es la única justificación y por eso una correcta alimentación, la prohibición de selfies e incluso la reproducción debería usarse para educar a las personas”, explicó la presidenta del Colegio de Biólogos, Anny Chaves.

Los zoológicos están típicamente conformados por animales que no pueden volver a su hábitat natural y que son comprados para exhibición.

¿Qué es un zoocriadero?

Los zoocriaderos pueden ser comerciales o no comerciales. Eso sí, ninguno puede recibir visitación.

Por ejemplo, algunos mariposarios son zoocriaderos que reproducen animales de forma comercial para exportación. Otros zoocriaderos, como el de lapas rojas, reproducen a las aves sin fines comerciales con el propósito de liberación.

Una de las razones por las que los animales se mantienen aislados es para evitar la transmisión de enfermedades del animal a los humanos y viceversa. Por la misma razón el reglamento le solicita a los zoológicos crear rutas que eviten el contacto de los visitantes con animales.

“La Ponderosa no tiene un permiso para reproducir; tampoco es rentable”, dijo Angie Sánchez, del Sinac.

Chaves apuntó la posibilidad de que Ponderosa reprodujera jirafas para intercambiar con otros zoológicos. “Sin embargo hay una línea muy delgada entre el tráfico de especies y esos intercambios, entonces tienen que estar muy controlados”.

…y en África no están esperando las jirafas de Ponderosa

En África no están en búsqueda de genes de jirafa o animales que nacieron en cautiverio. Así lo aseguraron Laura Porras, bióloga del Icomvis, y Anny Chaves, presidenta del Colegio de Biólogos.

Doble Check se puso en contacto con Stephanie Fennessy. Ella es la directora y fundadora de la Fundación de Conservación de Jirafas (GCF por sus siglas en inglés).

GCF es la única organización que se concentra exclusivamente en la conservación y manejo de jirafas salvajes en África. Opera en 16 países del continente.

Fennessy confirmó que su fundación no tiene interés en traer jirafas criadas en cautiverio en Costa Rica.

“Con respecto a traer jirafas de un zoológico a África, en este momento no consideramos esa como una opción posible. Las jirafas necesitan ser salvadas en África y no estamos en una situación en la que sea necesario ese tipo de operación”, explicó Fennessy.

Las condiciones en las que crecen las jirafas en un zoológico no son las mismas que en África y esto influye en su comportamiento sexual y habilidades de sobrevivencia. Esa es la principal razón por la que la GCF no tiene interés en estos animales, contrario a lo afirmado en la nota de AMPrensa.

Las jirafas que crecieron en cautiverio no pueden sobrevivir en las sabanas africanas porque no saben conseguir su propia comida. Crecieron dependiendo de la intervención humana.

“Estas jirafas, cuando estén en la naturaleza, se van a acercar a las personas porque los consideran amigas y en África esas personas podrían ser un cazador”, apuntó Chaves.

También afirmó que cabe la posibilidad de que los especímenes mueran de camino por el estrés que les ocasiona el viaje.

Fennessy sugiere, en su lugar, dos formas en las que cualquier persona puede apoyar la conservación de las jirafas. Una es apoyar económicamente a las organizaciones que trabajan directamente en los países africanos. Otra es ayudarles a crear conciencia sobre la problemática de conservación.

La Lista Roja de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN) incluye estrategias que benefician la conservación de las poblaciones vulnerables de jirafas.

La estrategia puede variar entre especie y subespecie, pero todas se llevan a cabo en su hábitat natural en África.

Las jirafas sí pertenecen a una especie vulnerable

Las jirafas tienen una alta probabilidad de convertirse en una especie en peligro de extinción. La Lista Roja de la UICN considera a esta especie nativa de África (Giraffa camelopardalis) como una especie vulnerable.

“Algunas poblaciones de jirafas se mantienen estables o aumentan, mientras que otras están disminuyendo, y cada población está sujeta a la presión de amenazas específicas de su país o región local, pero la tendencia a nivel de especie revela una gran disminución general en el número en toda su área de distribución en África”, apunta la UICN en su Lista Roja.

La UICN calcula un declive de la Giraffa camelopardalis de un 36-40% en el número de jirafas adultas entre 1985 y el 2015. La población pasó de alrededor de 110 mil jirafas a 68 mil.

David Patey está en lo correcto cuando afirma que la jirafa reticulada (Giraffa reticulata) es una de sus subespecies en peligro de extinción. Se estima que su población pasó de alrededor de 36.000 o 47.000 mil individuos en 1990 a 8.600 en el 2016. Es decir, hubo una reducción de alrededor de un 80%.

En el 2016 Julian Fennessy, un especialista en jirafas de la UICN, dijo que las jirafas sufrían una “extinción silenciosa”. ¿Por qué? Pertenecen a una especie que comúnmente se ve en los zoológicos y por esta razón las personas consideran que es una población saludable.

La invisibilización de esta problemática se refleja en la poca investigación y esfuerzos de conservación de la especie. Aunque esta situación ha mejorado los últimos cinco años la tendencia en la población de la jirafa reticulada se mantiene decreciente.

Nota del editor: Las fotos de esta nota fueron tomadas por David Bolaños, y son usadas por cortesía de La Voz de Guanacaste.

 

Podcasts
Ver todos

¿Cómo mentir con precios?

Escuchar podcast

¿Qué técnicas usan los periodistas y políticos cuando mienten con precios? Aquí un minipodcast sobre el tema

¿Qué técnicas usan los periodistas y políticos cuando mienten con precios? Aquí un minipodcast sobre el tema

Sala IV refuta (otra vez) a Seguridad Pública con voto a favor de comunicadora

En resumen: La Sala Constitucional advierte que «no observó ni pudo tener por probado» que una comunicadora hubiera agredido e insultado a miembros de la Fuerza Pública en octubre pasado. La sentencia publicada hoy contradice nuevamente al Ministerio de Seguridad. El ente gubernamental había afirmado falsamente que la Sala señaló como ciertas las alegadas agresiones […]

En resumen: La Sala Constitucional advierte que «no observó ni pudo tener por probado» que una comunicadora hubiera agredido e insultado a miembros de la Fuerza Pública en octubre pasado. La sentencia publicada hoy contradice nuevamente al Ministerio de Seguridad. El ente gubernamental había afirmado falsamente que la Sala señaló como ciertas las alegadas agresiones de la comunicadora a la Policía.

Doble Check publicó ayer una verificación en donde un vocero de Sala aclaró que esa corte no se había manifestado aún sobre la denuncia policial.  La Sala manifesta hoy en un recurso que la Fuerza Pública no aportó evidencia suficiente para sustentar las acusaciones que llevaron a la detención de la comunicadora.

Los videos revisados por la corte no consiguieron probar que la comunicadora hubiera obstruido la labor policial. Así lo expresó el magistrado Paul Rueda en un comunicado de prensa. «Por el contrario, con el video aportado se evidenció que fueron los oficiales de Policía quienes obstruyeron a la amparada en el ejercicio de su labor periodística”, dijo Rueda.

La desinformación de Seguridad surgió el 11 de noviembre. El ministerio publicó ese día un comunicado en donde hacía una interpretación falsa de otro fallo que la Sala había emitido el día anterior, 10 de noviembre. “Además de la obstrucción a la labor policial, se demostró y se reafirmó como probado que la detenida lanzó golpes y amenazas en contra de los oficiales, hecho señalado como cierto por la Sala Constitucional”, publicó el ministerio.

La sentencia aludida por Seguridad ni siquiera se refería a las labores de la Fuerza Pública en la detenció de Estela Chinchilla. El fallo divulgado hoy, por el contrario, condena al ministerio por violar los derechos de libertad de tránsito y libertad de prensa de dicha comunicadora.

Doble Check contactó al Ministerio de Seguridad para el chequeo de ayer. El ministerio insistió en sostener sus afirmaciones a pesar de que la propia Sala Constitucional las había desmentido.

Los hechos

La comunicadora Estela Chinchilla Mora fue detenida por la Fuerza Pública el pasado 29 de octubre durante una protesta en Ochomogo de Cartago. La manifestación se organizó en oposición a las negociaciones del gobierno con el Fondo Monetario Internacional (FMI). Chinchilla fue aprehendida por el presunto delito de resistencia agravada.

La Fuerza Pública indicó en sus informes que Chinchilla “obstruyó la labor policial, amenaza a los oficiales e incumple la medida sanitaria de la siguiente forma; interpone su cuerpo entre la humanidad de la oficial y un sujeto que se estaba abordando en el momento”.

Chinchilla negó tal acusación, según un reporte del Semanario Universidad. “Yo les dije que soy prensa y ando totalmente identificada, pero me dijeron que me van a pasar a flagrancia por resistirme al arresto y por obstrucción, eso es totalmente falso, la manifestación ni había empezado”, dijo la comunicadora.

La Sala declaró sin lugar un recurso de habeas corpus presentado a favor de Chinchilla en contra del Ministerio de Justicia. Seguridad se valió de ese revés para afirmar falsamente que la corte había señalado como ciertas las acusaciones policiales. La condena de hoy reafirma la falsedad de las manifestaciones gubernamentales.

Según los registros de video disponibles, la Sala Constitucional negó en el voto de este viernes que la actuación de la comunicadora hubiera obstaculizado la labor policial durante la detención de manifestantes.

«Por el contrario, con el video aportado se evidenció que fueron los oficiales de Policía quienes obstruyeron a la amparada en el ejercicio de su labor periodística. La Sala también tuvo por probado que la amparada se identificó como periodista y portaba un gafete con tal indicación», explicó el magistrado Rueda en un comunicado oficial de la Sala.

«Esa obstrucción, según detalla la sentencia, se produjo no solo por la aprehensión injustificada de la afectada, sino también cuando los oficiales de Fuerza Pública dirigieron una luz hacia la cámara de la periodista, afectando, con tal reflejo, la grabación de imagen que intentaba realizar», añade la Sala en dicho comunicado.

El tribunal constitucional también destacó que la autoridad policial «no adjuntó elementos probatorios suficientes como para justificar la aprehensión de la amparada».

 

Seguridad tergiversa voto de Sala IV sobre detención de comunicadora

En resumen: Es falso que la Sala Constitucional «demostró» y «reafirmó» acusaciones que la Fuerza Público había hecho contra una comunicadora detenida el 29 de octubre en Cartago. El Ministerio de Seguridad Pública divulgó esta interpretación falsa el 11 de noviembre en un comunicado.

“Además de la obstrucción a la labor policial, se demostró y se reafirmó como probado que la detenida lanzó golpes y amenazas en contra de los oficiales, hecho señalado como cierto por la Sala Constitucional”, publicó Seguridad Pública. Eso es falso, según confirmó la misma vocería de esa corte.

La Sala únicamente declaró sin lugar un recurso de habeas corpus de la comunicadora Estela Chinchilla Mora contra el Poder Judicial (no contra Seguridad Pública). El esctito presentado alegaba que a la comunicadora no se le permitió comunicarse con su abogada durante su detención.

Ante una consulta de Doble Check, el Ministerio de Seguridad Pública insiste en sostener las afirmaciones hechas a pesar de que la propia Sala Constitucional las desmiente.

En resumen: Es falso que la Sala Constitucional «demostró» y «reafirmó» acusaciones que la Fuerza Público había hecho contra una comunicadora detenida el 29 de octubre en Cartago. El Ministerio de Seguridad Pública divulgó esta interpretación falsa el 11 de noviembre en un comunicado.

“Además de la obstrucción a la labor policial, se demostró y se reafirmó como probado que la detenida lanzó golpes y amenazas en contra de los oficiales, hecho señalado como cierto por la Sala Constitucional”, publicó Seguridad Pública. Eso es falso, según confirmó la misma vocería de esa corte.

La Sala únicamente declaró sin lugar un recurso de habeas corpus de la comunicadora Estela Chinchilla Mora contra el Poder Judicial (no contra Seguridad Pública). El esctito presentado alegaba que a la comunicadora no se le permitió comunicarse con su abogada durante su detención.

Ante una consulta de Doble Check, el Ministerio de Seguridad Pública insiste en sostener las afirmaciones hechas a pesar de que la propia Sala Constitucional las desmiente.

Detención de comunicadora

La comunicadora Estela Chinchilla Mora fue detenida por la Fuerza Pública el pasado 29 de octubre durante una protesta en Ochomogo de Cartago. La manifestación se organizó en oposición a las negociaciones del gobierno con el Fondo Monetario Internacional (FMI). Chinchilla fue aprehendida por el presunto delito de resistencia agravada.

La Fuerza Pública indicó en sus informes que Chinchilla “obstruyó la labor policial, amenaza a los oficiales e incumple la medida sanitaria de la siguiente forma; interpone su cuerpo entre la humanidad de la oficial y un sujeto que se estaba abordando en el momento”.

Chinchilla negó tal acusación, según un reporte del Semanario Universidad. “Yo les dije que soy prensa y ando totalmente identificada, pero me dijeron que me van a pasar a flagrancia por resistirme al arresto y por obstrucción, eso es totalmente falso, la manifestación ni había empezado”, dijo la comunicadora.

Recurso contra Poder Judicial

Una mujer de apellidos Zamora Ruiz interpuso un recurso de habeas corpus a favor de Chinchilla y en contra del Poder Judicial tras su detención. La denunciante afirmó que Chinchilla fue trasladada de la Delegación Policial de Cartago a los Tribunales de Justicia. Agregó que la fiscala de flagrancia no le permitió a su abogada comunicarse con la detenida.

La Sala Constitucional declaró sin lugar ese recurso. La resolución se dio el martes 10 de noviembre para el expediente 20-019900-0007-CO.

“Contrario a lo afirmado por la recurrente, se informa bajo juramento que a partir del inicio de la tramitación en la Fiscalía, se apersonó la Licda. Olga Magdalena Carrillo Bianchi como abogada particular de la persona detenida. La Fiscal encargada, de forma personal, atendió a la defensora, a quien se le garantizó acceso total a su representada. Luego de llevar a cabo la diligencia de toma de datos provisional, la cual se practicó en presencia de la Licda. Carrillo Bianchi en el ejercicio de su defensa técnica, se le dejó en libertad al no recibirse denuncia alguna contra la persona detenida”, detalló la Sala para declarar sin lugar el recurso.

Ministerio de Seguridad tergiversa pronunciamiento

El Ministerio de Seguridad Pública divulgó un comunicado al respecto el miércoles 10 de noviembre. La gacetilla se tituló “Magistrados respaldan detención de mujer que golpeó y amenazó a policías durante bloqueo alegando ser comunicadora”. El mensaje también fue replicado en un video transmitido en el perfil de Facebook del ministerio.

Seguridad afirmó que los magistrados constitucionales “señalaron como hechos probados” los informes realizados por la Fuerza Pública sobre la detención de la comunicadora.

“Además de la obstrucción a la labor policial, se demostró y se reafirmó como probado que la detenida lanzó golpes y amenazas en contra de los oficiales, hecho señalado como cierto por la Sala Constitucional”, agregó.

Ambas afirmaciones del Ministerio de Seguridad son falsas. Así lo señaló la Sala Constitucional a Doble Check por medio de su vocero, Alonso Mata.

 

“La Sala Constitucional no avala el accionar de la Fuerza Pública en la detención de Estela Chinchilla en esa resolución; ni siquiera lo entra a conocer. No da por cierto los hechos que la Policía le atribuye en el informe; solo reconoce que existe ese informe”, advirtió Mata.

El objeto del recurso nunca fue avalar la veracidad de los informes. Las referencias a ellos están diferenciadas como citas textuales con el uso de comillas y letra itálica.

El vocero de la Sala también recalcó que el Poder Judicial era la parte recurrida en el recurso de habeas corpus presentado a favor de Chinchilla. La Fuerza Pública solo fue una entidad consultada.

Mata indicó que hay otros dos recursos presentados por Chinchilla que aún están en trámite.

Seguridad insiste en interpretación falsa

Doble Check informó de la aclaración de la Sala IV al Ministerio de Seguridad Pública para obtener una reacción. La institución mantuvo la interpretación errónea de su comunicado oficial, según se desprende de declaraciones de una vocera.

 

 

 

(Des)empleo en pesca de arrastre: ¿cuán confiables son los datos disponibles?

En resumen: Solo existe un estudio formal que calcula el impacto directo de la pesca de arrastre en el empleo de Puntarenas. Esa investigación de la Universidad Nacional (UNA) estimaba 590 empleos en el 2015. Tiene la limitación de que se calculó dos años después de la prohibición de la actividad, cuando solo quedaban 27 licencias activas.

Durante las discusiones para la aprobación de la ley también se enunciaron cifras contradictorias de beneficiados que rondaban entre las 3.000 y 5.000 empleos. Esas cifras proceden de cálculos informales hechos por el sector camaronero. Las estimaciones se hicieron sin un método replicable por lo que no pudieron ser corroboradas por Doble Check.

La diputada Carmen Chan también indicó erróneamente que la prohibición de la pesca de arrastre en el 2013 había dejado más de «3.000 desempleados». La legisladora hizo una lectura incorrecta de un acta de Incopesca. El documento se basa en el estudio de la UNA, y proyectaba que 3.110 personas era la suma de trabajadores afectados por esa prohibición más sus familiares.

Los cálculos informales «a la alta» fueron usados por políticos y empresarios a favor de la reanudación de la actividad. El cálculo formal del 2015 fue usado por agrupaciones y políticos en contra de la práctica pesquera de arrastre.

La Asamblea Legislativa aprobó con 28 votos a favor el proyecto de ley para revivir esa práctica de pesca en el país. Aquello ocurrió el pasado 22 de octubre. El presidente de la República, Carlos Alvarado, vetó la iniciativa ocho días después.

En resumen: Solo existe un estudio formal que calcula el impacto directo de la pesca de arrastre en el empleo de Puntarenas. Esa investigación de la Universidad Nacional (UNA) estimaba 590 empleos en el 2015. Tiene la limitación de que se calculó dos años después de la prohibición de la actividad, cuando solo quedaban 27 licencias activas.

Durante las discusiones para la aprobación de la ley también se enunciaron cifras contradictorias de beneficiados que rondaban entre las 3.000 y 5.000 empleos. Esas cifras proceden de cálculos informales hechos por el sector camaronero. Las estimaciones se hicieron sin un método replicable por lo que no pudieron ser corroboradas por Doble Check.

La diputada Carmen Chan también indicó erróneamente que la prohibición de la pesca de arrastre en el 2013 había dejado más de «3.000 desempleados». La legisladora hizo una lectura incorrecta de un acta de Incopesca. El documento se basa en el estudio de la UNA, y proyectaba que 3.110 personas era la suma de trabajadores afectados por esa prohibición más sus familiares.

Los cálculos informales «a la alta» fueron usados por políticos y empresarios a favor de la reanudación de la actividad. El cálculo formal del 2015 fue usado por agrupaciones y políticos en contra de la práctica pesquera de arrastre.

La Asamblea Legislativa aprobó con 28 votos a favor el proyecto de ley para revivir esa práctica de pesca en el país. Aquello ocurrió el pasado 22 de octubre. El presidente de la República, Carlos Alvarado, vetó la iniciativa ocho días después.

Único estudio disponible

Un conjunto de 117 asociaciones de pesca artesanal, municipalidades, cámaras de turismo y grupos ambientalistas y comunales publicó en La Nación un campo pagado el pasado 23 de octubre. El mensaje le pedía al Presidente de la República el veto de la ley que pretendía revivir la pesca de arrastre semiindustrial de camarón en Costa Rica.

“Esta actividad beneficiará a un pequeño sector que, según datos de la Universidad Nacional de 2015, generó solamente 590 empleos directos que no son de calidad, perpetuando y feminizando la pobreza”, afirmaba ese grupo de organizaciones en el campo pagado.

Solicitud de veto presidencial publicada en un campo pagado en La Nación el 23 de octubre del 2020.

El estudio mencionado en esa petición es la única investigación disponible que ha medido la fuerza laboral de la pesca de arrastre semiindustrial de camarón en Costa Rica. El análisis fue realizado en el 2015 por la Escuela de Economía de la Universidad Nacional (UNA). Dicho estudio fue editado y publicado por la Fundación MarViva en el 2016. Esa fue una de las organizaciones que solicitó el veto presidencial.

Esa investigación caracterizó las condiciones socioeconómicas de ese sector en la costa del Pacífico de Costa Rica. El estudio concluyó que las 27 licencias activas que operaban en aquel momento generaban 590 empleos directos. El documento puntualiza que “más del 80% [de esos empleos] son de mala calidad, pues no alcanzan el salario mínimo de ley”.

Métodos de cálculo

¿Cómo se calculó esa población? Según el estudio, “se utilizaron datos de la Caja Costarricense del Seguro Social, entrevistas a representantes de Cámaras y Asociaciones de esta pesquería, expertos y expropietarios de embarcaciones, así como datos del Incopesca, Ministerio de Hacienda y del Banco Central”.

Doble Check conversó con el director del estudio, Martín Parada. El economista explicó a Doble Check que el equipo de investigación hizo un mapeo de las zonas donde operaba la flota camaronera y dos talleres con especialistas que integraban la cadena productiva.

“Ahí participaron los mismos camaroneros, porque ellos nos dieron un aproximado de la población, dadas las 27 licencias y las embarcaciones”, afirmó Parada. El economísta era entonces el coordinador del programa de sectores productivos, competitividad y desarrollo de la Escuela de Economía de la UNA.

Parada indicó a Doble Check que la investigación definió como empleo directo de ese tipo de pesca el trabajo de las peladoras de camarones, la tripulación de los barcos (capitán, cocinero y pescadores) y los dueños de las licencias.

“Se hizo un estimado de los trabajadores que participaban en la tripulación y eran 195 en aquel momento. Sobre las peladoras, [los empresarios camaroneros] llegaron a un consenso entre ellos que podían ser unas 400”, detalló Parada.

A partir de ese total, el equipo de la UNA estructuró una encuesta con una muestra de 130 personas del sector. El instrumento examinó características de la cadena productiva como ingresos, nivel educativo y estructura familiar de los participantes.

Limitación del estudio

Dicho estudio tiene una limitación. La Sala Constitucional prohibió la pesca de arrastre de camarón en el 2013. La corte ordenó mantener la restricción mientras no existieran estudios técnicos para validar el reinicio de la actividad y la disminución de capturas incidentales de fauna marina. La prohibición impidió la emisión de licencias de pesca nuevas o la renovación de permisos existentes. El estudio de la UNA del 2015 se hizo cuando solo quedaban 27 licencias vigentes en el país.

Otro informe de MarViva del 2010 indica que en aquel año había 46 licencias activas. Ese informe carece de información sobre la cantidad de empleos generados para entonces. Por ello no hay cálculo de los beneficios en empleo cuando la actividad tenía mayor vigor en el país.

Estimación desde sector camaronero

Uno de los principales promotores del proyecto que busca la reactivación de la pesca de arrastre fue Carlos Ricardo Benavides, diputado del Partido Liberación Nacional (PLN) y expresidente del directorio legislativo. El legislador defendió la aprobación de la iniciativa al afirmar que “las estimaciones más cortas de generación de empleo de esto se ubican entre las 4.000 y 5.000 personas”. Así lo dijo el pasado 27 de octubre en el programa radial Hablando Claro, días después de que la Asamblea Legislativa aprobara la iniciativa con 28 votos a favor.

Esa estimación proviene de un cálculo que carece de un análisis que pueda ser verificado.

Doble Check le solicitó a Benavides la fuente de esa estimación. El diputado remitió atribuciones hechas a la Cámara Puntarenense de Pescadores (CAMAPUN). Una de esas afirmaciones se registró en el informe de una investigación de junio del 2019 titulada “Mujeres vinculadas al sector pesquero en Puntarenas: un caso sobre la feminización de la pobreza”. Fundación Arias para la Paz y Australian Aid publicaron ese informe.

El estudio atribuye la siguiente afirmación a “un representante” de CAMAPUN sin mencionar su nombre:

“El tema del camarón es complicado, se ha dicho que entre 3 mil y 5 mil personas están perdiendo su ingreso para la familia entre empleo directo e indirecto, desde que sale el camaronero, los que trabajan en la ferretería, los que trabajan en verdulería, los que trabajan en mantenimiento, los transportistas, entre otros. Eso es desempleo, es una cadena, en Puntarenas la economía está paralizada”.

Cálculo «a mano alzada»

Doble Check se comunicó con Roy Carranza, presidente de CAMAPUN. El empresario dijo a Doble Check que las estimaciones realizadas por esa cámara sobre el empleo derivado de la pesca de arrastre de camarón han sido “empíricas”, por lo que no pueden ser verificadas. “Ha sido empíricamente porque nosotros no somos estadísticos”, dijo Carranza. Él fue propietario de dos licencias de pesca de arrastre.

Carranza afirmó que esa cámara estimó que el voto de la Sala Constitucional del 2013 afectó a 3.050 personas o empresas que tenían empleos directos e indirectos con la actividad. “Sabemos que, a la fecha, ese cálculo es muchísimo mayor”, opinó.

El director del estudio de la UNA sobre empleos de la flota camaronera, Martín Parada, advirtió que esas estimaciones “son los datos que recibíamos nosotros previamente al estudio”, pero que no hay evidencia para sustentarlos.

“Creo que en esa cifra se está hablando de los servicios de apoyo a la cadena productiva, pero los servicios de apoyo no solo sirven para la flota pesquera. Por ejemplo, una ferretería que le da servicio a la flota pesquera en los materiales que ocupa pero le vende materiales a otra gente. No se le puede atribuir a la flota pesquera esos empleos como directos en Puntarenas”, dijo Parada.

El investigador de la UNA considera que las estimaciones hechas por el sector camaronero sobreestiman el subempleo y los empleos indirectos. “El efecto socioeconómico no ha sido bien valorado [en ese cálculo] y se utilizan datos a mano alzada”, agregó Parada.

Diputada citó dato de Incopesca incorrectamente

La diputada independiente, Carmen Chan, afirmó que el impedimento establecido por la Sala Constitucional a la pesca de arrastre de camarón dejó a “3.000 personas desempleadas en Puntarenas”. Eso lo afirmó el pasado 21 de octubre en el plenario legislativo durante la votación del proyecto de ley que pretendía revivir esa actividad.

La cifra de 3.000 “personas desempleadas” proviene de una lectura incorrecta.

El despacho de Carmen Chan respondió a Doble Check que “el dato de las más de 3.000 personas desempleadas pues dependen de la pesca de camarón” está referido en el acta 46-2017 del Instituto Costarricense de Pesca y Acuicultura (Incopesca). En esa acta, la junta directiva de esa entidad evaluó posibles consideraciones para una reforma legal “para la pesca sostenible del camarón”.

“Se ha logrado establecer la existencia de una situación crítica que enfrentan la pesca de arrastre de camarón, las personas dedicadas a esta actividad y sus familias, lo cual se convierte en una amenaza para su principal medio de vida, ya sea porque trabajan directamente en la pesca de arrastre o son dependientes para la mayoría de sus necesidades de alguien que trabaja en la actividad, llegándose a estimar una población de 3.110 personas que dependen de la pesca del camarón”, indica el acta de Incopesca.

El acta de esa institución no se refiere específicamente a más de 3.000 personas desempleadas. Por el contrario, parece hacer una suma de las personas dedicadas a la actividad y de sus familias. El acta de Incopesca remite ese cálculo a la fuerza laboral identificada por el estudio de la Escuela de Economía de la UNA en el 2015. Esa investigación estimó un promedio de cinco personas por familia entre los trabajadores asociados directamente a la actividad.

Atribución en artículo de AmeliaRueda.com

El diputado Carlos Ricardo Benavides también justificó sus estimaciones de empleos por pesca de arrastre con base en un artículo del medio digital AmeliaRueda.com de finales del 2017.

Ese texto afirma que, según Incopesca, “hay 3.756 personas vinculadas a la actividad a lo largo del Pacífico y Caribe costarricense que quedarían en condición de vulnerabilidad ante una prohibición total de la pesca de arrastre”.

La cifra es similar a la estimación citada en el acta de Incopesca que refirió la diputada Carmen Chan. El cálculo difiere por 646 personas más y no se especifica el tipo de vinculación con la pesca de arrastre.

Doble Check contactó al redactor de ese artículo, Luis Ramírez. El periodista indicó: “En ese tiempo estuve haciendo varias notas sobre la pesca de arrastre y revisé varios informes y estudios de Incopesca”. Agregó que no recordaba la fuente específica.

Doble Check intentó precisar con Incopesca los cálculos indicados en esa nota de prensa que refirió Benavides. También intentó verificar el cálculo en el acta de junta directiva que empleó Carmen Chan. La institución declinó brindar declaraciones por “respeto” al veto presidencial de la ley que pretendía revivir la pesca de arrastre de camarón en el país.