Vacuna contra el papiloma es segura, contrario a lo dicho por grupo conservador

La página Despierta Costa Rica ha compartido información falaz, basada en temores sin fundamento médico, para exponer su oposición a las vacunas contra el virus del papiloma humano (VPH).

La oposición de esa página, con más de 24.000 seguidores en Facebook, se basa en testimonios anecdóticos (sin pruebas científicas) de personas que acusan a la vacuna de ocasionar enfermedades o la muerte.

Sin embargo, con información de ese tipo no es posible determinar una relación de causa y efecto entre la vacuna y tales afecciones.

Lo cierto es que distintas investigaciones independientes de gran escala y rigor metodológico han demostrado lo contrario al reclamo de Despierta Costa Rica: no hay efectos adversos encontrados por la aplicación de la vacuna contra el VPH.

Esa garantía ha sido revisada y ratificada por el Comité Consultivo Mundial sobre Seguridad de las Vacunas, de la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Otro de los esfuerzos de Despierta Costa Rica incluyó la promoción y transmisión de una charla a cargo de la activista argentina, Chinda Brandolino, sobre “vacunación responsable”, el 18 de marzo.

Allí, Brandolino afirmó falsamente que la inoculación contra el papiloma es “causa de lupus, trombosis, vasculitis, parálisis, infertilidad”. Brandolino dijo que Japón ha decretado la veracidad de tales efectos, lo cual también es falso.

Doble Check solicitó conversar con las personas detrás de Despierta Costa Rica. Sin embargo, no hubo respuesta oportuna.

La página Despierta Costa Rica ha compartido información falaz, basada en temores sin fundamento médico, para exponer su oposición a las vacunas contra el virus del papiloma humano (VPH).

La oposición de esa página, con más de 24.000 seguidores en Facebook, se basa en testimonios anecdóticos (sin pruebas científicas) de personas que acusan a la vacuna de ocasionar enfermedades o la muerte.

Sin embargo, con información de ese tipo no es posible determinar una relación de causa y efecto entre la vacuna y tales afecciones.

Lo cierto es que distintas investigaciones independientes de gran escala y rigor metodológico han demostrado lo contrario al reclamo de Despierta Costa Rica: no hay efectos adversos encontrados por la aplicación de la vacuna contra el VPH.

Esa garantía ha sido revisada y ratificada por el Comité Consultivo Mundial sobre Seguridad de las Vacunas, de la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Otro de los esfuerzos de Despierta Costa Rica incluyó la promoción y transmisión de una charla a cargo de la activista argentina Chinda Brandolino sobre “vacunación responsable”, el 18 de marzo.

Allí, Brandolino dijo falsamente que la inoculación contra el papiloma es “causa de lupus, trombosis, vasculitis, parálisis, infertilidad”. Brandolino dijo que Japón ha decretado la veracidad de tales efectos, lo cual también es falso.

Doble Check solicitó conversar con las personas detrás de Despierta Costa Rica. Sin embargo, no hubo respuesta oportuna. Además de este tema sobre la vacunación, la página mantiene posiciones conservadoras contra los derechos de personas sexualmente diversas y contra el aborto.

Primero: qué es el Virus del papiloma humano (VPH)

El VPH es la infección vírica más frecuente del aparato reproductor. El virus es causa de distintas enfermedades, como verrugas genitales y lesiones precancerosas que pueden evolucionar a cáncer, tanto en mujeres y hombres.

Ese virus se propaga por contacto directo con piel y mucosas genitales o líquidos corporales durante las relaciones sexuales, entre ellas las orales. Así lo indica la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Aunque el virus puede ser asintomático y desaparecer en la mayoría de casos, también puede ocasionar lesiones que desembocan en cáncer.  Precisamente, el VPH puede causar cáncer de cérvix, el cuarto más común que afecta a mujeres en el mundo, según la OMS.

Desde el 2006, se han implementado vacunas para prevenir los tipos de VPH de mayor riesgo. A la fecha, en el mundo se han aplicado más de 270 millones de esas inoculaciones.

La vacuna ha sido aplicada en cuatro, dos y una dosis. Al 2017, la inyección había sido introducida en los programas nacionales de inmunización para las niñas en 71 países. De esas naciones, 11 habían implementado la vacuna para los niños también, según el registro de la OMS.

La Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS) anunció la inclusión de esa vacuna en el esquema básico de inmunizaciones de Costa Rica, la cual estará prevista para niñas de 10 años a partir de la segunda mitad del 2019. La aplicación de la vacuna es recomendable antes de que las personas sean sexualmente activas para garantizar su eficacia.

¿La vacuna contra el VPH ha generado “cientos de complicaciones a nivel mundial”?

Distintas investigaciones independientes de gran escala y rigor metodológico no han encontrado efectos adversos graves o permanentes por la aplicación de la vacuna contra el VPH.

Esas investigaciones han sido revisadas y ratificadas adicionalmente por el Comité Consultivo Mundial sobre Seguridad de las Vacunas, de la Organización Mundial de la Salud (OMS).

El grupo Despierta Costa Rica ha compartido publicaciones en redes sociales de personas que alegan que sus familiares padecen parálisis o han muerto a causa de la vacuna contra el VPH, y se oponen a la vacuna por “cientos de complicaciones a nivel mundial” que se achacan a la inyección.

Publicación compartida por Despierta Costa Rica en Facebook para promover la oposición a la vacuna contra el VPH.

No podemos negar que algunos de esos testimonios son trágicos y emotivos. Sin embargo, a partir de casos anecdóticos sin comprobación médica no se pueden establecer relaciones de causa y efecto. Además, tienen el problema de carecer de representatividad estadística y pueden llevar a sesgos.

“En Medicina, cuando hablamos de vacunas, hay que diferenciar causalidad y casualidad”, afirmó Alejandro Calderón, investigador principal del proyecto Estampa (Estudios de Tamizaje del Papiloma) de la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS), y miembro del proyecto de fortalecimiento de la atención integral del cáncer de esa institución.

Para ilustrar esa diferencia, veamos el siguiente ejemplo:

En el 2009, en Estados Unidos se difundió falsamente que 32 mujeres habían muerto debido a la vacuna contra el VPH.

La fuente de esa información es un sistema gubernamental donde las personas pueden reportar presuntos efectos después de vacunarse, llamado VAERS por sus siglas en inglés. En ese entonces, en el VAERS había 32 reportes de mujeres que murieron luego de haberse vacunado contra el VPH.

Aún así, en esos reportes solo hay casualidad: solo se reporta que un evento ocurrió después de otro. No hay manera de atribuirle una enfermedad a una vacuna solo por el hecho de que la afección se presentó después de su aplicación. El VAERS recopila las denuncias en bruto, pero estas deben ser analizadas y comparadas para determinar una relación directa.

El año pasado, una investigación independiente —publicada en la revista Vaccine—  de los datos del VAERS del 2009 al 2015 reafirmó que no hay riesgos de seguridad por la vacunación contra el papiloma, lo cual es congruente con otros estudios clínicos de gran escala producidos desde el 2006, cuando comenzó su distribución.

En cuanto a las muertes reportadas en el VAERS, el estudio concluyó que no hubo un patrón que las asocie por el tipo de diagnóstico, comorbilidad, edad o por el intervalo desde la vacunación hasta la muerte.

Por medio de la revisión de literatura científica, el Comité Consultivo Mundial sobre Seguridad de las Vacunas ha descartado asociaciones de la inoculación contra VPH con enfermedades nerviosas e inmunológicas, síndromes como Guillain-Barré, fallas cardiovasculares o la muerte, entre otras.

La información analizada por ese Comité de la OMS ha provenido de países como Reino Unido, Suecia y Estados Unidos. Por medio de datos recopilados en miles de personas —vacunadas y no vacunadas contra el papiloma— se ha comprobado que la propensión a ese tipo de enfermedades no es mayor entre la población inoculada.

Estudios en miles de mujeres también han descartado que la vacunación ocasione problemas obstétricos, anormalidades en el embarazo, en el parto o en el feto. Una de esas investigaciones, precisamente, analizó datos de miles de mujeres en Costa Rica, con el mismo resultado. Dichos análisis también pasaron por la revisión y aprobación posterior de la OMS.

Efectos secundarios leves y temporales

La OMS ha identificado que las vacunas contra el VPH pueden ocasionar mareos, dolor de cabeza, inflamación o dolor en la zona inyectada, náuseas, dolor abdominal o aumento de la temperatura corporal.

Además, la vacunación también puede ocasionar desvanecimientos, por lo que se recomienda que las personas permanezcan sentadas 15 minutos después de aplicarse la inoculación. La OMS ha establecido que esa reacción puede deberse a ansiedad o estrés de ser inyectado.

Alejandro Calderón, especialista de la CCSS, aclaró que los efectos secundarios de la inyección contra el papiloma son similares al resto de vacunas, y que desaparecen horas después.

¿Un estudio mexicano logró eliminar el VPH con un tratamiento?

En una publicación de febrero, Despierta Costa Rica afirmó que, mientras en México se logró eliminar el VPH con un tratamiento, en Costa Rica se intenta aplicar una vacuna “polémica” a la cual se oponen.

Publicación de Despierta Costa Rica en Facebook.

La referencia es cierta, pero el argumento de Despierta Costa Rica es engañoso.

Es cierto que el Instituto Politécnico Nacional de México (IPN) anunció un estudio piloto donde se eliminó el VPH en 29 mujeres por medio de un tratamiento no invasivo, llamado terapia fotodinámica.

La noticia se divulgó el 3 de febrero de este año en un comunicado de prensa del IPN, aunque no se adjuntó el estudio completo. La nota fue replicada por distintos medios de comunicación de Latinoamérica, como El Universal de México.

Según el comunicado, el equipo —liderado por la científica Eva Ramón Gallegos— logró erradicar el virus en la mayoría de los casos, así como la eliminación de “lesiones premalignas de cáncer de cérvix en una etapa muy inicial”.

La terapia fotodinámica consiste en aplicar un fármaco en el cuello del útero, llamado ácido delta aminolevulínico. Horas después, ese fármaco se transforma en una sustancia química fluorescente “que se acumula en las células dañadas, lo cual permite eliminar con un rayo láser especial únicamente las estructuras impregnadas con ésta”, explica la nota de prensa. El tratamiento se repite 48 horas después.

Con ese método, el IPN anunció la eliminación del VPH en el 100% de las mujeres infectadas que no tenían lesiones cervicales, mientras que el tratamiento fue exitoso en 64% de los casos con lesiones.

En una investigación previa del 2017, el equipo de Gallegos aplicó la terapia fotodinámica en tres ocasiones a 30 mujeres mexicanas. Al revisar un año después, los resultados fueron similares: 80% de eliminación del virus en casos sin lesiones y 83% en mujeres infectadas y con lesiones cervicales.

Ese estudio también registró la regresión de lesiones en 57% de las pacientes, pero se concluyó que tal resultado no era representativo estadísticamente, ya que pudo atribuirse a otras razones.

Argumento engañoso de Despierta Costa Rica

Una vacuna para prevenir el contagio del VPH y un tratamiento para eliminar la infección no son métodos excluyentes, ya que sus propósitos son distintos.

El estudio piloto de México que difundió Despierta Costa Rica propone un tratamiento para eliminar el VPH en mujeres que ya están infectadas con el virus.

En contraste, el propósito de la vacuna del VPH (y las vacunas en general) es evitar que las personas contraigan el virus, para evitar una infección del todo.

“El fin de la vacuna es evitar que más mujeres presenten lesiones precancerosas; el solo hecho de tener que hacer un tratamiento ya es un gasto y un estrés para una mujer, que podemos evitar vacunándolas”, afirmó Alejandro Calderón, investigador del proyecto Estampa.

“Aunque hubiera algo que eliminara el VPH, no tiene sentido que la gente se exponga a una infección que se puede evitar; es mejor la prevención primaria que la atención secundaria”, agregó el especialista

Así, el argumento de Despierta Costa Rica sería similar a decir que los cascos de motociclista son innecesarios porque hay maneras de tratar golpes y fracturas en el cráneo.

Hay que destacar que 90% de las infecciones de VPH desaparecen por sí solas después de 2 años. Así fue comprobado desde el 2007 por medio de una investigación a más de 4.500 mujeres en Estados Unidos y ese es el consenso médico actual.

Sin embargo, las infecciones que persisten tienen un riesgo alto de convertirse en lesiones precancerosas o cancerosas.

Rumor falso sobre Japón

Durante marzo, Despierta Costa Rica promocionó una charla sobre “vacunación responsable”, a cargo de la méica y activista argentina Chinda Brandolino.

Transmisión de charla de Chinda Brandolino sobre “vacunación responsable”, de Despierta Costa Rica

En esa actividad, Brandolino afirmó que las vacunas contra el VPH son “causa de Lupus, trombosis, vasculitis, parálisis, infertilidad”, y agregó que ese diagnóstico “lo decretó Japón”.

Esa afirmación es falsa.

A inicios del 2013, el sistema de salud pública de Japón comenzó un programa de inoculación contra el papiloma, debido al aumento en la incidencia de cáncer de cérvix en ese país.

Sin embargo, meses después, la prensa japonesa comenzó a difundir acusaciones de problemas de movilidad y otras enfermedades en niñas y mujeres debido a dicha vacuna. El gobierno japonés cedió ante la presión mediática y suspendió su campaña de rutinas de vacunación.

El Estado japonés no decretó o reconoció la veracidad de esas acusaciones, sino que optó por abstenerse de recomendar activamente la vacunación “hasta que información apropiada sobre la vacuna del VPH sea facilitada al público”.

Ese cambio en la política japonesa careció de una revisión sistemática de causalidad en las denuncias, y se dio sin la presentación de evidencia científica adecuada. Así lo han señalado estudios sobre los efectos posteriores de esa decisión en la salud pública.

Aunque Japón detuvo su campaña de recomendación desde el 2013, la vacuna es facilitada a quienes la soliciten. Aún así, la cobertura de la vacuna pasó de 70% en ese año a menos de 1% en el 2017.

Desde entonces, la percepción a favor de la inyección contra el papiloma ha aumentado entre los profesionales médicos japoneses, y se ha demostrado que el sistema de vacunación disminuyó la tasa de cáncer cervical en esa nación.

Sobre Japón, la OMS advirtió que “las decisiones políticas basadas en evidencia débil, que llevan al desuso de vacunas seguras y efectivas, pueden resultar en un daño real”.

El PANI sí es accionista de La Nación… desde 1951

En resumen: Es correcta una información compartida por el exdiputado libertario Otto Guevara en la que indica que el Patronato Nacional de la Infancia (PANI) es accionista del diario La Nación. Sin embargo, esa no es la historia completa. En realidad, el PANI es accionista de La Nación debido a una donación hecha en 1951 […]

En resumen: Es correcta una información compartida por el exdiputado libertario Otto Guevara en la que indica que el Patronato Nacional de la Infancia (PANI) es accionista del diario La Nación.

Sin embargo, esa no es la historia completa. En realidad, el PANI es accionista de La Nación debido a una donación hecha en 1951 por  Amparo López-Calleja (es decir, una donación realizada apenas cinco años después de la fundación del matutino).

El Patronato mantiene sus acciones en La Nación pues, según la institución, esos títulos le permiten tener dividendos cercanos a los ₡252.000 al año. En total, el valor de la inversión del PANI en el periódico por estas acciones es de ¢ 50.402.000.

La donación

Según confirmó Óscar Cascante, del departamento Financiero Contable del PANI, las acciones que tiene la institución son un legado de la filántropa Amparo López-Calleja (quien se identificaba a sí misma coo Amparo de Zeledón), que se hizo vigente en 1951 (un par de décadas después de que el PANI empezara a funcionar).

La donación de López-Calleja proviene de su testamento y fue efectiva en el año 1951. Según el documento, la filántropa dejó “3 centésimas de las acciones para una campaña vigorosa contra el teatro inmoral que tanto daño le ha hecho al país (especialmente al cine nacional)”.

No encontramos información que explique por qué Zeledón habría querido que el PANI usara los fondos de los dividendos en La Nación para “luchar vigorosamente contra el teatro inmoral”. Sin embargo, la tesis El Patronato Nacional de la Infancia: creación y evolución, 1930-1980 de Marta Brenes y Efraín Mejía arroja algunas luces y señala que en 1949 el PANI firmó un convenio con la Asociación Conservatorio Castella para adquirir un cinematógrafo educativo que se dio en arrendamiento al centro educativo.

De hecho, Amparo López-Calleja (cubana de nacimiento) fue miembro de la Junta Directiva del PANI, y sus aportes a la infancia en la época fueron clave. Por ejemplo, López-Calleja presidió La Gota de Leche, una organización que asistía económicamente a niñas y niños pobres y dar asilo a huérfanos.

Según Cascante, del departamento Financiero del PANI, el monto que la institución recibe por el legado de la filántropa es poco significativo.

“Recibimos dividendos de casi ₡252.000 al año, y van en caída”, agregó Cascante. “Para un presupuesto de ₡101 mil millones, que es lo que tiene el PANI eso casi no es nada”, dijo.

Los accionistas

La información de Otto Guevara estaba basada en publicación divulgada en la edición impresa del miércoles 20 de marzo de La Nación. La publicación responde a la ley 6220 que obliga a los medios de difusión (incluidos periódicos, agencias de publicidad y medios de radio y televisión) a publicar sus listas de accionistas. Puede ver el listado de accionistas de La Nación del 2019 en este enlace.

A pesar de la participación accionaria del PANI en La Nación, la entidad asegura que “no participa en las reuniones de accionistas” y su única actividad en el medio es ser “receptora de los dividendos ganados”. Además, la entidad asegura que plazo tomar medidas a corto plazo para vender las acciones donadas a la institución.

Aunque la lista de accionistas de La Nación registra 786 personas físicas y jurídicas como accionistas, la empresa está controlada en un 49% por un mismo grupo familiar, según aparece en su sitio web.

Jaime Manuel Jiménez Solera participa en varias sociedades que reúnen una participación total accionaria del 24,15% del grupo. Su primo, Manuel Francisco Jiménez Echeverría participa directa e indirectamente (a través de sociedades) con un 10.41%.

En 1981 Marisia Jiménez Echeverría (hermana de Manuel Francisco) contrajo matrimonio con Pedro Antonio Abreu Mc Donough (hoy divorciados). Él y su hijo controlan también un 14,26% de la participación accionaria. Las relaciones familiares se comprobaron a partir de consultas en el Registro Civil.

Entre otros grupos de accionistas integrados a la lista, se incluye Marín Raventós S. A., en la que Nuria Marín Raventós -esposa del excandidato presidencial Antonio Álvarez- participa en la Junta Directiva como secretaria.

Podcasts
Ver todos

¿Cómo mentir con precios?

Escuchar podcast

¿Qué técnicas usan los periodistas y políticos cuando mienten con precios? Aquí un minipodcast sobre el tema

¿Qué técnicas usan los periodistas y políticos cuando mienten con precios? Aquí un minipodcast sobre el tema

¿Solo Costa Rica quitó el sexo de las cédulas? Casos en tres países lo ponen en duda

En resumen: Puede ser que Costa Rica haya sido el único país que haya eliminado la referencia al género en un documento oficial de identificación, pero está muy lejos de ser el primero en ajustar un documento oficial para que no contradiga la identidad autopercibida de un ciudadano o una ciudadana.

Un video compartido en redes sociales y en mensajes privados de Whatsapp, con el logo de la página de Facebook “Despierta Costa Rica” alega que “prácticamente Costa Rica es el único país que ha eliminado el sexo de su cédula de identidad”. “¿Somos potencia mundial o un ridículo global?” (el video usa música de Réquiem for a Dream. Es toda una joya).

La premisa del video es engañosa. Según un trabajo de periodismo investigativo de National Geographic del 2016, casi un tercio de los países del mundo había adoptado distintas medidas para el cambio de género en documentos oficiales.

En Costa Rica se optó por la eliminación de la referencia al sexo. En otros países se ha optado por medidas que amplían las posibilidades de identificación: permiten el cambio de género entre hombre y mujer, o permiten usar una referencia no binaria.

No encontramos evidencia que refute la afirmación de que Costa Rica sea el único país que ha eliminado el sexo de su cédula de identidad del todo. Eso sí, encontramos casos especiales en Latinoamérica que, al menos, la ponen en entredicho.

Por ejemplo, los documentos de identidad en Uruguay no incluyen el género ni el sexo, pero sí incorporan un dígito en la identificación que determina el género y la condición legal de la persona. El Instituto Nacional Electoral de México decidió en diciembre de 2018 eliminar las referencias al sexo y al domicilio de las personas, para convertirlas en opcionales. En Argentina solo en dos casos particulares se ha omitido el género de las identificaciones, a petición de las personas interesadas.

En resumen: Puede ser que Costa Rica haya sido el único país que haya eliminado la referencia al género en un documento oficial de identificación, pero está muy lejos de ser el primero en ajustar un documento oficial para que no contradiga la identidad autopercibida de un ciudadano o una ciudadana.

Un video compartido en redes sociales y en mensajes privados de Whatsapp, con el logo de la página de Facebook “Despierta Costa Rica” alega que “prácticamente Costa Rica es el único país que ha eliminado el sexo de su cédula de identidad”. “¿Somos potencia mundial o un ridículo global?” (el video usa música de Réquiem for a Dream. Es toda una joya).

La premisa del video es engañosa. Según un trabajo de periodismo investigativo de National Geographic del 2016, casi un tercio de los países del mundo había adoptado distintas medidas para el cambio de género en documentos oficiales.

En Costa Rica se optó por la eliminación de la referencia al sexo. En otros países se ha optado por medidas que amplían las posibilidades de identificación: permiten el cambio de género entre hombre y mujer, o permiten usar una referencia no binaria.

No encontramos evidencia que refute la afirmación de que Costa Rica sea el único país que ha eliminado el sexo de su cédula de identidad del todo. Eso sí, encontramos casos especiales en Latinoamérica que, al menos, la ponen en entredicho.

Por ejemplo, los documentos de identidad en Uruguay no incluyen el género ni el sexo, pero sí incorporan un dígito en la identificación que determina el género y la condición legal de la persona. El Instituto Nacional Electoral de México decidió en diciembre de 2018 eliminar las referencias al sexo y al domicilio de las personas, para convertirlas en opcionales. En Argentina solo en dos casos particulares se ha omitido el género de las identificaciones, a petición de las personas interesadas.

El sexo y el género en el papel

Para este chequeo contactamos al Tribunal Supremo de Elecciones de Costa Rica y a colegas de equipos de verificación de noticias falsas de otros países, como Chequeado, Animal Político, UYCheck, entre otros. También revisamos la legislación de los países citados, e hicimos varias consultas oficiales a países mencionados y otros que no integramos en el artículo.

Identificamos que los documentos de identidad emitidos por la Dirección Nacional de Identificación Civil de Uruguay no incluyen el sexo ni el género de la persona. El dato no aparece explícitamente en las cédulas de los uruguayos, ni de los ciudadanos legales ni de los extranjeros.

Eso sí, aunque no se incluye una designación explícita del género, el séptimo dígito de la identificación se refiere al género de la persona y a su condición legal (hombre o mujer uruguaya, hombre o mujer extranjera etcétera). Así como en Costa Rica tener el numeral 1 supone haber nacido en San José y el numeral 2 supone haber nacido en Alajuela, en Uruguay tener un 4 implica ser una mujer extranjera, y tener un 5 implica ser un hombre ciudadano legal. Para más detalles se puede consultar la ley 14.193.

El 19 de octubre del año pasado Uruguay aprobó también una ley que implica cambios en el sistema estadístico para reconocer la identidad de género e incorporar las categorías de hombre o mujer trans. La discusión se ha extendido, incluso, a menores de edad.

La situación de México también pone en entredicho al video. El 19 de diciembre de 2018 el Instituto Nacional Electoral de México (INE) publicó un comunicado de prensa en el que detalla una actualización de las credenciales para votar. “Como medidas optativas visibles quedarán el sexo de la persona, el domicilio y la leyenda “desde el extranjero”“, señala el comunicado. Eso sí, el dato se integra al código bidimensional QR al reverso de la credencial.

En Argentina el género sí aparece en los documentos de identificación, pero existen excepciones a la regla. La provincia de Mendoza aceptó en noviembre de 2018 que se omitiera el género de dos personas, pues no se identificaban como hombres o mujeres. Argentina también es uno de los pocos países en el globo (cinco, según National Geographic) en donde el cambio legal de género es legal sin restricciones. Así ocurre desde el 2012, tras la aprobación de la Ley de Identidad de Género de Argentina, bajo el número 26.743.

Según una extensa recopilación mundial de aparatos normativos hecha por National Geographic, casi un tercio de los países permite hacer cambios a los documentos de identidad, según el género percibido. La recopilación, hecha en 2016, destaca que en 46 es posible el cambio legal del género. En otra treintena de países eso es solo posible en determinadas regiones, o con algunas restricciones.

En Costa Rica

La decisión del Tribunal Supremo de Elecciones de eliminar el sexo de las cédulas de identidad se basa en la respuesta de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que indicaba que Costa Rica debía garantizar la rectificación del nombre de las personas interesadas en hacerlo.

Aunque el dato del sexo en las cédulas se omita y aunque se puede cambiar el nombre, el dato del sexo continúa apareciendo en los sistemas del Registro Civil. Así lo indicó Andrei Cambronero, letrado del Tribunal Supremo de Elecciones a Doble Check. Según Cambronero, la posibilidad de que el Estado cambie sus registros para que incorporen el género autopercibido, en lugar del sexo, requerirá de un cambio en las leyes.

Coda

Esta publicación del Club Venue es obviamente falsa. El TSE también confirmó oficialmente a Doble Check que no es una comunicación emitida por la institución.

Fallas, grises y aciertos sobre el aborto en el Eco Católico

Esta es una lista de chequeos a un reportaje que el Eco Católico dedicó el 10 de febrero de este año en contra del derecho al aborto.

El artículo principal se titula “Aborto ‘terapéutico’ es la puerta al aborto libre”. Fue escrito por Karla Chaves Herrera, quien se presenta como “médico y especialista en Pediatría y Hematología Pediátrica”. Chequeamos, y efectivamente Chaves es colegiada del gremio.

El artículo argumenta que la implementación de una norma técnica para el aborto impune en Costa Rica es innecesario. En el texto, la autora expresa que “no quisiera que más mujeres consideren siquiera la posibilidad de un aborto voluntario”.

Otras publicaciones de Chaves han sido compartidas por la “Asociación Médicos por la Vida Costa Rica” y por la Diócesis de Alajuela, donde también ha mostrado su oposición al aborto.

En el texto del Eco Católico, Doble Check revisó una serie de afirmaciones que Chaves hizo sobre el aborto en Costa Rica y en otras zonas del mundo. También analiza las pruebas que ella presenta para sostener que ese procedimiento tiene efectos adversos en la salud mental de las mujeres.

Hallamos aciertos, imágenes incompletas y falsedades. Sobre la tesis principal del artículo, que el aborto terapéutico abre la vía al aborto libre, Doble Check lo considera una opinión, por lo que no entramos a verificarla. Eso sí, no encontramos sustento documental suficiente de la autora para probarlo.

Doble Check le solicitó una entrevista a Karla Chaves, del Eco Católico, por correo electrónico y teléfono celular, para clarificar su artículo. No hubo respuesta.

Esta es una lista de chequeos a un reportaje que el Eco Católico dedicó el 10 de febrero de este año en contra del derecho al aborto.

El artículo principal se titula “Aborto ‘terapéutico’ es la puerta al aborto libre”. Fue escrito por Karla Chaves Herrera, quien se presenta como “médico y especialista en Pediatría y Hematología Pediátrica”. Chequeamos, y efectivamente Chaves es colegiada del gremio.

El artículo argumenta que la implementación de una norma técnica para el aborto impune en Costa Rica es innecesario. En el texto, la autora expresa que “no quisiera que más mujeres consideren siquiera la posibilidad de un aborto voluntario”.

Otras publicaciones de Chaves han sido compartidas por la “Asociación Médicos por la Vida Costa Rica” y por la Diócesis de Alajuela, donde también ha mostrado su oposición al aborto.

En el texto del Eco Católico, Doble Check revisó una serie de afirmaciones que Chaves hizo sobre el aborto en Costa Rica y en otras zonas del mundo. También analiza las pruebas que ella presenta para sostener que ese procedimiento tiene efectos adversos en la salud mental de las mujeres.

Hallamos aciertos, imágenes incompletas y falsedades. Sobre la tesis principal del artículo, que el aborto terapéutico abre la vía al aborto libre, Doble Check lo considera una opinión, por lo que no entramos a verificarla. Eso sí, no encontramos sustento documental suficiente de la autora para probarlo.

Doble Check le solicitó una entrevista a Karla Chaves, del Eco Católico, por correo electrónico y teléfono celular, para clarificar su artículo. No hubo respuesta.

“No es la primera vez que en el mundo, el primer paso para legalizar el aborto libre es el llamado ‘aborto terapéutico’”

Hay varias inconsistencias en esa afirmación que la hacen engañosa. La autora es confusa en su argumentación, cuya base es el caso de Uruguay. Al presentar el aborto terapéutico como un antecedente del aborto libre, Chaves menciona cifras del Ministerio de Salud Pública de ese país. Los números revelan que la gran mayoría de abortos en el 2017 fueron registrados como “propia voluntad” de la mujer. No queda claro si la autora considera que el caso de Uruguay es un ejemplo de aborto terapéutico. Si fuera así, es falso, pues en ese país lo que rige es el aborto libre hasta las 12 semanas de embarazo.

Otra posible lectura del artículo es que la autora considerara que en Uruguay se hubiera instaurado primero una norma de aborto terapéutico antes que el aborto libre (aunque no hace mención de ello). Esto también sería impreciso. Antes de la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) del 2012, el tema era normado únicamente por el Código Penal de 1938. Ese cuerpo de leyes solo incluía “atenuantes y eximientes” para poder realizar un aborto, pero no establecía protocolos.

¿Cómo se norma el aborto libre en Uruguay?

La ley le permite a las mujeres realizar solicitudes de aborto, las cuales son recibidas por un equipo de al menos tres especialistas. Estas personas deben abstenerse de aprobar o rechazar la petición, pero tienen que dar consejería a la mujer sobre otras alternativas antes que el aborto provocado.

Dicho equipo debe estar conformado, como mínimo, por una persona especializada en ginecología, otra en salud psíquica y un especialista “en el área social”, en una institución del Sistema Nacional Integrado de Salud, según el artículo 3 de esa ley.

El aborto es libre hasta las 12 semanas. No hay límite temporal en casos donde haya “grave riesgo” a la salud de la mujer y “cuando se verifique un proceso patológico que provoque malformaciones incompatibles con la vida extrauterina”.

Estadísticas del Ministerio de Salud Pública uruguayo muestran que se ha realizado un promedio de 8.900 abortos anuales desde que se aprobó la ley de IVE en ese país. Casi la totalidad de los procedimientos tienen causales de “voluntad propia”.

“Las mujeres que tuvieron un aborto experimentaron un 81% de aumento en el riesgo de problemas de salud mental. Ningún estudio ha demostrado que el aborto beneficie la salud mental de las mujeres”

La referencia de la autora es una investigación que ha sido refutada porque está basada en estudios que no separan enfermedades mentales diagnosticadas antes o después del aborto.

El Eco Católico cita un estudio publicado en el 2011 en la Revista Británica de Psiquiatría, de la Universidad de Cambridge, escrito por la investigadora social Priscilla K. Coleman. En él se afirma que las mujeres que tienen abortos corren riesgos moderados y altos de padecer enfermedades mentales.

Dicho artículo está basado en una compilación de investigaciones de 1995 al 2009 sobre los efectos emocionales del aborto. Incluye un análisis del 2009 de la misma autora que se publicó en la Revista de Investigación Psiquiátrica, cuya casa de publicación está en Países Bajos.

Ese artículo del 2009 empleaba datos de la Encuesta Nacional de Comorbilidad, de la Universidad de Harvard, recopilados en Estados Unidos. En sus conclusiones, Coleman ligaba el aborto inducido con el aumento en el riesgo de padecer enfermedades mentales como ansiedad, depresión, trastornos de ánimo, ataques de pánico y abuso de drogas, en comparación con mujeres sin historial de aborto.

Sin embargo, estudios posteriores rebatieron los hallazgos de Coleman. La refutación se basó en que ella consideró los problemas mentales diagnosticados en mujeres durante toda su vida, en lugar de analizar las enfermedades mentales detectadas después del aborto.

Coleman admitió en 2012 que incluyó todas las afecciones en la vida de las mujeres analizadas para “captar la mayor cantidad posible de enfermedades mentales”, y defendió esa metodología porque también fue usada en las fuentes de su investigación posterior del 2011, la cual es citada por el Eco Católico.

Por esas razones, el editor en jefe de la Revista de Investigación Psiquiátrica y el coordinador de la Encuesta Nacional de Comorbilidad reconocieron que el análisis de Coleman del 2009 no sustenta su conclusión de que los abortos ocasionan patologías psicológicas.

El estudio posterior de Coleman que usa el Eco Católico también ha sido cuestionado académicamente por deficiencias similares en la metodología.

Otro grupo de investigación empleó en 2011 la misma base de datos de Coleman, pero solo consideraron mujeres con enfermedades mentales diagnosticadas después de abortos. Los datos se compararon con aquellos de mujeres que tuvieron partos vivos.

Ese estudio halló que la relación entre aborto y enfermedades mentales, en realidad, está ligada a una pobre salud mental previa al tratamiento o a situaciones de violencia que han sufrido las mujeres.

Los investigadores advirtieron que, después de aislar distintos factores psicológicos y sociales, solo las mujeres que tienen múltiples abortos se mantienen en un riesgo mayor de abuso de sustancias. Los investigadores reconocieron que no pudieron aislar otros factores asociados que podrían explicar dicha relación.

Para reforzar su tesis, el Eco Católico empleó otra investigación divulgada en el 2017 por la Revista de Psiquiatría de Australia y Nueva Zelanda. Los autores de ese estudio se basaron en la mismas fuentes de información que Coleman en el 2011 y no hallaron evidencia para sugerir que “la cantidad de problemas de salud mental sean bajos en mujeres teniendo abortos, comparados con mujeres que tuvieron embarazos no deseados”.

La misma investigación concluye que no hay pruebas “totalmente consistentes” de que hubiera un mayor rango de problemas de salud mental en mujeres que abortan en comparación con aquellas que tuvieron embarazos no deseados, y que las señales halladas solo son “sugestivas”.

Entonces, ¿hay relación entre aborto y problemas mentales o no?

En 2008, un equipo de la Asociación Americana de Psicología (APA, por sus siglas en inglés), publicó una revisión de todas las investigaciones en revistas colegiadas que, desde 1989, hicieran comparaciones entre la salud mental de mujeres que tuvieran abortos provocados y otros grupos de mujeres que tomaron otras alternativas. Así, el estudio abarcó 50 investigaciones que se publicaron entre 1990 y 2007.

Tal investigación halló que la mayoría de artículos sobre este tema han tenido problemas en la metodología, los cuales hacen que sus resultados no sean completamente confiables. Algunos de estos errores se han dado a la hora de aislar la población de análisis o al seleccionar los grupos de comparación.

Aún así, basados en los datos más fiables que identificaron, el equipo de APA concluyó que “la mejor evidencia científica indica que el riesgo relativo de problemas mentales entre mujeres adultas que tienen embarazos no deseados no es más grande al optar por un aborto en el tercer trimestre, comparado a si llevan el embarazo a parto”.

Tanto el APA como la refutación a Coleman de la Revista de Investigación Psiquiátrica y otra revisión exhaustiva de literatura científica del 2008 coinciden al concluir que la evidencia de efectos adversos del aborto en la salud mental es “mucho menos pronunciada en estudios de alta calidad”, siendo poca o nula, mientras que las indicaciones de mayores efectos negativos del aborto se encuentran en estudios con “la metodología más defectuosa”.

Imagen incompleta sobre el aborto

La doctora Karla Chaves brinda una imagen incompleta sobre la manera en que puede hacerse un aborto.

Chaves adjuntó en su artículo del Eco Católico varias ilustraciones “de los diferentes tipos de aborto según el trimestre del embarazo”. Las imágenes describen los abortos por medio de procedimientos quirúrgicos: el aborto por dilatación y evacuación (en un feto de 23 semanas) y el aborto por succión y curetaje (de un feto de 9 semanas).

“Debemos informarnos de lo que exactamente se está discutiendo o considerando”, añadió Chaves en la presentación de las imágenes.

Sin embargo, Chaves omitió que estos no son los únicos métodos para el aborto. También existe una alternativa no quirúrgica por medio de medicamentos hormonales.

(Doble Check decidió publicar las imágenes por su valor documental para esta verficación, pero lo hizo de manera velada para que sea la persona lectora quien decida si desea mirar el material).

Registros oficiales del Reino Unido muestran que 66% de los abortos realizados en el 2017 (año más reciente) en Inglaterra y Gales se hicieron con medicación. El Sistema Nacional de Salud de ese país ha detectado un aumento del aborto con medicamentos en etapas tempranas del embarazo, ya que es “menos invasivo y no requiere anestésicos”.

En Inglaterra y Gales (zonas que Chaves menciona en el artículo) 9 de cada 10 abortos fueron realizados antes de las 13 semanas de embarazo, y, sobre todo, antes de llegar a la semana 10 (2,3 meses). Así lo indican datos oficiales del Reino Unido.

En contraste, la cirugía por succión fue empleada en 28% de los casos, y una minoría de 6% de los abortos se dio por dilatación y evacuación en esas regiones del Reino Unido.

En Estados Unidos, casi un cuarto de los abortos fue realizado con medicamentos en el 2015, según datos de la CDC. La mayoría de abortos en ese país se realizó con métodos quirúrgicos antes de las 13 semanas de embarazo.

“Ya en países como Colombia y Estados Unidos está aprobado el aborto durante el tercer trimestre del embarazo”

Luego de esa afirmación, la autora describe que, dentro del concepto del aborto provocado, hay subclasificaciones “como el aborto eugenésico, el aborto por razones médicas […] y el llamado aborto libre, en este último solo debe mediar el deseo de la madre”.

La autora omite especificar que no existe el aborto libre en Colombia y Estados Unidos después de los 6 meses de embarazo, por lo que los lectores pueden ser inducidos al error. Al mismo tiempo, los derechos al aborto en ambos países tienen alcances distintos.

Entonces, la afirmación es cierta solo en circunstancias limitadas.

Veamos el caso de Colombia. Una sentencia de la Corte Constitucional del 2006 despenalizó el aborto en tres circunstancias particulares: cuando la continuación del embarazo sea un peligro para la vida o la salud de la mujer; cuando exista grave malformación del feto que haga inviable su vida; y cuando el embarazo sea el resultado de una violación debidamente denunciada o de incesto. Con excepción de esas circunstancias, cualquier otro tipo de aborto es ilegal en Colombia.

La Corte ratificó que solo los médicos tienen poder de decisión sobre esas causales.

A finales del 2018, una magistrada de la Corte planteó que esas causales fueran limitadas hasta las 24 semanas de embarazo (5,5 meses), pero la propuesta fue rechazada.

👉 Los alcances del fallo constitucional colombiano han sido explicados con detalle por medios como Semana y El Espectador.

Veamos ahora el caso de Estados Unidos. En este país, el aborto es un derecho constitucional desde 1973, por una sentencia de la Corte Suprema de Justicia en el caso Roe vs. Wade. En esa sentencia, se estableció el derecho al aborto libre hasta la etapa de viabilidad del feto. Es decir, se prohibe cuando podría haber supervivencia fuera del útero, que es a partir de las 24 semanas de embarazo.

Después de ese periodo, el fallo de la Corte permite que los estados limiten el acceso al aborto. La excepción aumentar el límite de 24 semanas se contempla en casos en los que el criterio médico determine una necesidad para proteger la vida o la salud de la paciente.

“La mujer podrá abortar si aduce problemas de su bienestar” (Una mujer con embarazo de 6 meses o más en Nueva York)

Esto es falso.

La frase aparece en un artículo adjunto (no firmado por Chaves) a la nota principal del Eco Católico, sobre el cambio de legislación que hizo esa región de Estados Unidos.

Nota adjunta en el reportaje del Eco Católico del 10 de febrero. El periódico le dedicó 4 páginas al tema.

La determinación de que un aborto debe realizarse más allá de las 24 semanas de embarazo en Nueva York no depende de la paciente. En realidad, la decisión debe estar a cargo de una persona profesional de salud autorizada y certificada por el estado y dentro del alcance legal de su práctica, indica la ley.

La decisión del personal médico debe estar basada en su criterio profesional y en consideración de los hechos de cada caso.

Previamente, la ley neoyorquina establecía que el aborto después de las 24 semanas podía efectuarse en casos donde solo la vida de la mujer estaba en peligro, según determinación médica.

La nueva legislación de ese estado también permite el procedimiento luego de las 24 semanas en caso de que corra peligro la vida y salud de la madre, así como en casos de “ausencia de viabilidad” del feto.

En Estados Unidos, solo 1% de los abortos son realizados después de las 21 semanas después de la fertilización, indica un informe del 2018 del Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC por sus siglas en inglés) de ese país, que está basado en datos del 2015.

Ese informe añade que, entre el 2006 y el 2015, menos del 9% de los abortos en Estados Unidos se realizaron después de las 13 semanas de embarazo.

Actualmente, 43 de los 51 estados de ese país mantienen restricciones a algunos tipos de aborto en distintas etapas del embarazo, según el Instituto Guttmacher, una organización a favor de los derechos reproductivos (entre ellos, el aborto).

👉 Los alcances de la nueva legislación en Nueva York han sido abarcados por medios de verificación como Snopes, Politifact y Fact Check.

“En Islandia e Inglaterra se hace ‘aborto terapéutico’ a los niños con Síndrome de Down”

Es cierto que el aborto en Islandia y Reino Unido es permitido, como factor médico, si exámenes prenatales identifican Síndrome de Down en el feto. Eso sí, en ninguna ley se identifica textualmente esta posibilidad como “aborto terapéutico”, como lo afirma Chaves.

En Islandia, el aborto puede realizarse antes de la semana 12 del embarazo por razones sociales, médicas, o cuando el embarazo es producto de una violación u otro acto criminal. Cada solicitud de aborto depende de la aprobación en un informe escrito de dos profesionales médicos, o por un profesional médico y un trabajador social.

La ley islandesa toma en cuenta razones sociales cuando la mujer y su familia cercana sean incapaces de lidiar con el embarazo por razones fuera de su control. Se cuentan, por ejemplo: que la mujer hubiera tenido muchos partos en poco tiempo, o que haya pasado poco tiempo desde un parto anterior; que la mujer viviera en un hogar de condiciones precarias por tener una familia con muchos hijos o por la enfermedad grave de otra persona en el núcleo familiar; que la poca edad o la inmadurez de la mujer la hagan incapaz de criar a un hijo adecuadamente; u otra razón equivalente a las anteriores.

En cuanto a las circunstancias médicas, Islandia permite el aborto cuando la salud de la mujer (física y mental) esté en riesgo por el embarazo; cuando el feto corre riesgo de malformación al nacer o de “una enfermedad seria debido a factores genéticos o daño al feto”; y cuando una “enfermedad (física o mental) disminuye seriamente la capacidad de una mujer o un hombre para criar” al niño o niña.

El aborto por circunstancias médicas puede realizarse en Islandia incluso después de la semana 16 del embarazo.

En cuanto a Reino Unido, cuya ley sobre el aborto es de 1967, tal procedimiento es permitido hasta la semana 24 en casos cuando el embarazo pone en riesgo la salud de la mujer o la de sus hijos. Los abortos deben ser aprobados por dos profesionales médicos. De nuevo, la aprobación del aborto no depende de la voluntad de la solicitante.

La ley inglesa permite abortos después de las 24 semanas de embarazo si el feto tiene “anormalidades físicas o mentales que podrían resultar en discapacidad seria”, si hay riesgo de daño permanente en la salud de la mujer, o si la continuación del embarazo amenaza la vida de la paciente.

En ambos países, el Síndrome de Down ha sido considerado entre los factores médicos que justifican la interrupción del embarazo.

En 2017, 98% de los abortos realizados en Inglaterra y Gales fueron por riesgos a la salud de la mujer, sobre todo a la salud mental. El 2% restante (3.314 abortos) debió hacerse por malformaciones congénitas, donde 655 casos fueron identificados con Síndrome de Down, según estadísticas gubernamentales.

Las mujeres en ambas regiones pueden hacerse pruebas prenatales voluntariamente para detectar esa alteración genética en el feto. En caso de presentarse, las pacientes pueden solicitar la evaluación de su caso para abortar, o pueden continuar con el embarazo. En Islandia, por ejemplo, la mayoría de mujeres con detección de Síndrome de Down en dichas pruebas solicita un aborto.

Tal posibilidad no es exclusiva de Islandia e Inglaterra: países como Dinamarca y Estados Unidos también tienen porcentajes mayoritarios de mujeres que solicitan la interrupción de su embarazo con base en los resultados de pruebas prenatales de alteraciones genéticas, según el chequeo de Snopes.

“En Costa Rica, la legislación actual y vigente no permite incluir en el aborto no punible las malformaciones fetales con pronóstico reservado en la vida extrauterina”

Hay distintas interpretaciones actualmente. La posición expresada en el Eco Católico es solo una.

El aborto en Costa Rica es un delito a menos que sea realizado por médicos autorizados “con el fin de evitar un peligro para la vida o la salud de la madre”.

Así lo indica el artículo 121 del Código Penal:

No es punible el aborto practicado con consentimiento de la mujer por un médico o por una obstétrica autorizada, cuando no hubiere sido posible la intervención del primero, si se ha hecho con el fin de evitar un peligro para la vida o la salud de la madre y éste no ha podido ser evitado por otros medios”.

En 2007 y 2012, la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS) negó el procedimiento para Ana y Aurora (nombres ficticios para proteger su identidad), cuyos embarazos tenían malformaciones incompatibles con la vida extrauterina del feto. Ambas presentaron recursos de amparo ante la Sala Constitucional, pero fueron rechazados.

Estas dos mujeres denunciaron al Estado costarricense ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), al alegar daños a su salud por la continuación de embarazos inviables.

La abogada que representa ese caso frente a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Larissa Arroyo, reconoció que la afirmación del Eco Católico “en parte tiene razón”, pero dijo que omite la consideración sobre la salud de las mujeres con ese tipo de embarazos.

Efectivamente, no son causal las malformaciones del feto en el artículo 121. Lo que están omitiendo es que el embarazo de un feto con malformaciones incompatibles con la vida extrauterina afectó la salud física y emocional de ellas [Ana y Aurora], y la salud sí es una causal en ese artículo”, dijo la abogada.

Arroyo también lidera la Asociación Acceder, que realiza activismo “contra la violencia basada en género, orientación e identidad”.

La defensa de Ana y Aurora afirmó que en ambos casos se documentó que las mujeres padecieron depresión aguda, ataques de ansiedad y riesgo de suicidio durante la continuación de sus embarazos, y que posterior al parto han padecido ansiedad e inhibición social. En el caso también se relató que Ana decidió esterilizarse en el 2013 “pues no concibe la idea de quedar embarazada y tener que atravesar circunstancias similares”, afirmó la defensa.

El jefe de ginecología y obstetricia del Hospital Rafael Ángel Calderón Guardia, Danilo Medina, consideró que en el país “puede haber impunidad” en la realización del aborto en casos donde el feto presenta condiciones “totalmente incompatibles con la vida”, al considerar la salud de la mujer embarazada.

Hay una serie de enfermedades del desarrollo de órganos, como el hígado o los pulmones, que al no estar presentes o al tener una deformación muy grande, no permiten la vida del bebé. En esos casos, ¿para qué continuar con un embarazo? Hay una cuestión de salud integral; dentro de esa salud está la salud mental, y eso es parte del artículo. Puede haber impunidad cuando la enfermedad no solo ataca al bebé en cuanto a su formación, pero también a la salud de la madre de forma integral”, explicó el jerarca del Calderón Guardia.

En el 2015, el Estado costarricense llegó a un acuerdo con las denunciantes y la CIDH, donde se comprometió a implementar un reglamento para el aborto impune, para evitar que se repitan casos como los de Ana y Aurora, indicó la abogada Arroyo.

“‘Ana y Aurora’ presentaron ante la Comisión de Derechos Humanos (aclaro comisión, no Corte de Derechos Humanos),  una demanda porque consideraban que se les había negado la realización de un aborto no punible, en el contexto de embarazos donde ambos bebés tenían malformaciones”

Esta afirmación es cierta.

Cualquier persona puede presentar una peticiónante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para denunciar una violación a los derechos humanos en contra de uno o más miembros de la Organización de Estados Americanos (OEA).

La CIDH evalúa la admisibilidad de cada denuncia, recopila información y solicita audiencia a las partes involucradas. Luego puede emitir un informe con recomendaciones para la parte denunciada. Si el Estado acusado desacata esas observaciones, la Comisión puede publicar un informe y enviar el caso a litigio a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), cuyas sentencias son de acatamiento obligatorio.

Ese es el proceso: las personas no pueden acudir directamente a la Corte IDH; primero, deben presentar su denuncia ante la Comisión y completar los requisitos previstos. Eso fue lo que hizo la representación legal de Ana y Aurora.

“De esa denuncia sale una negociación amistosa (no hay un fallo de la Corte aún)”

Cierto.

Cabe destacar que los Estados y los denunciantes pueden llegar a una mediación amistosa durante el proceso de análisis en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Este acuerdo evita que la Comisión haga un pronunciamiento o eleve el caso a la Corte.

Así sucedió en el caso de Ana y Aurora: en el 2015, el Estado costarricense llegó a un entendimiento y se comprometió a implementar un reglamento para el aborto impune. Dicho acuerdo no es un fallo de la Corte, pero era una medida para “pausar” el proceso en la Comisión para que no llegara eventualmente a juicio.

Sin embargo, la abogada Arroyo aclaró que las denunciantes reanudaron la demanda en la CIDH en julio pasado. Ello ocurrió debido a que el presidente Luis Guillermo Solís frenó la implementación de una norma técnica para el aborto impune por “decisión política”.

 

👉El enlace de la versión de Internet del reportaje de Eco Católico dejó de funcionar este 6 de marzo. Puede revisar una copia de la versión impresa aquí.

¿Por qué Hacienda le perdonó “₡14 mil millones” a la Standard Fruit Company?

En resumen. Varios memes en redes sociales basados en artículos de Diario Extra sostienen que “Hacienda regaló 14 mil millones por amnistía tributaria en un juicio que tenía ganado”.

Extra también compartió en redes sociales la pregunta “¿Qué opina de que Hacienda perdone 14 mil millones de colones a la multinacional Standart Fruit Company y no siente responsabilidades?”

La información es engañosa. Una parte de la información es cierta: efectivamente, Hacienda perdonó los intereses y un 60% de las sanciones de las deudas del 2006 y 2007 de la Standard Fruit Company.

No podemos saber si se trata de 14 mil millones. El monto que señaló Extra fue un cálculo realizado por el propio periódico y el dato se obtuvo “por fuentes que solicitaron el anonimato”. No podemos confirmarlo (ni saber si es mayor o menor) porque Hacienda alega que la legislación le impide compartir el dato.

Pero esa no es la historia completa. Primero: la condonación de ese dinero se dio durante la aplicación de la amnistía tributaria que la Asamblea Legislativa había aprobado (que se mantiene vigente hasta hoy lunes). Hacienda asegura que el otorgamiento del beneficio de la amnistía se le otorgó a la bananera con fundamento en uno de los incisos que está en la ley.

Segundo: la amnistía no perdona el pago de los impuestos: solo parte de las sanciones e intereses. Según Hacienda, Standart Fruit Company sí pagó los impuestos que debía, además de un 40% de las sanciones y un 100% de los honorarios legales.

¿El aprovechamiento del beneficio de la amnistía fue legítimo por parte de la bananera? La información disponible indica que sí. La compañía se salvó por un pelo, pero sí.

En resumen. Varios memes en redes sociales basados en artículos de Diario Extra sostienen que “Hacienda regaló 14 mil millones por amnistía tributaria en un juicio que tenía ganado”.

Extra también compartió en redes sociales la pregunta “¿Qué opina de que Hacienda perdone 14 mil millones de colones a la multinacional Standart Fruit Company y no siente responsabilidades?” (una publicación compartida casi 1.400 veces).

La información es engañosa. Una parte de la información es cierta: efectivamente, Hacienda perdonó los intereses y un 60% de las sanciones de las deudas del 2006 y 2007 de la Standard Fruit Company.

No podemos saber si se trata de 14 mil millones. El monto que señaló Extra fue un cálculo realizado por el propio periódico y el dato se obtuvo “por fuentes que solicitaron el anonimato”. No podemos confirmarlo (ni saber si es mayor o menor) porque Hacienda alega que la legislación le impide compartir el dato.

Pero esa no es la historia completa. Primero: la condonación de ese dinero se dio durante la aplicación de la amnistía tributaria que la Asamblea Legislativa había aprobado (que se mantiene vigente hasta hoy lunes). Hacienda asegura que el otorgamiento del beneficio de la amnistía se le otorgó a la bananera con fundamento en uno de los incisos que está en la ley.

Segundo: la amnistía no perdona el pago de los impuestos: solo parte de las sanciones e intereses. Según Hacienda, Standart Fruit Company sí pagó los impuestos que debía, además de un 40% de las sanciones y un 100% de los honorarios legales.

¿Hacienda “ya tenía ganado el juicio”? ¿El aprovechamiento del beneficio de la amnistía fue legítimo por parte de la bananera? La información disponible indica que sí. La compañía se salvó por un pelo, pero sí.

¿Por qué Hacienda le perdonó “₡14 mil millones” a la Standard Fruit Company?
¿Por qué Hacienda le perdonó “₡14 mil millones” a la Standard Fruit Company?

La amnistía

Este lunes 4 marzo finaliza el plazo de la amnistía fiscal: un proceso puesto en marcha desde diciembre que está contenido en la ley del plan de reforma tributaria que los diputados aprobaron el año pasado.

Como habíamos explicado antes, son las personas físicas y jurídicas las que deciden acogerse a la amnistía voluntariamente. Esa condonación solo incluye intereses y algunas de las multas. No perdona las deudas.

¿Quiénes se pueden acoger? El transitorio VI de la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas establecía varios posibles casos: los que declaran pero no pagan, los que no declararon ni pagaron, los que rectifican declaraciones, entre otras. Incluso se podían acoger las empresas que estuvieran en un proceso contencioso administrativo, apelando el cobro de Hacienda. Este último caso es especialmente importante para el caso de la compañía bananera.

Las únicas empresas que no se podían acoger son las que están en etapa de cobro judicial con la demanda presentada (el inciso h del transitorio VI de la ley).

¿Hacienda ya tenía “el juicio ganado”?

Responder a esa pregunta torna el tema un poco más complejo. El problema con la Standard Fruit Company es que cumplía al mismo tiempo con dos incisos contradictorios.

Por un lado, la empresa ya estaba en etapa de cobro judicial (lo que le impedía acogerse a la amnistía), pero -al mismo tiempo- había iniciado un proceso contencioso administrativo (lo que le permitía acogerse a la amnistía).

¿Cómo se resolvió esa contradicción? Para eso tenemos que devolvernos poco más de un año atrás.

Según Hacienda, el 21 de setiembre del 2017, el juez otorgó una medida cautelar ordenando “la suspensión de la ejecución del cobro de la deuda tributaria determinada en fiscalización” para el caso de la Standard Fruit Company. Es decir, el juez suspendió la posibilidad de entrar a cobro judicial y autorizó a la empresa para que iniciara un proceso contencioso administrativo acompañado de una medida cautelar.

Sin embargo, dos días después (el 23 de setiembre), Hacienda presentó una demanda para iniciar el cobro judicial. ¿Por qué el Estado empezó este proceso si había una orden del juez que lo impedía? La entidad asegura que, para ese momento, no habían recibido la notificación, y que no podían hacer efectiva la demanda si esa medida cautelar estaba activa.

De hecho, el 6 de noviembre de ese año, el Juez Especializado de Cobro ordenó la suspensión del proceso monitorio (es decir, del cobro judicial) conocido bajo el expediente 17-009060-1764-CJ-7.

Es decir, la Standart Fruit Company estaba dentro del inciso f que acuerda que los contribuyentes sí se pueden acoger a la amnistía tributaria si el cobro se encuentra en discusión en sede contencioso administrativa.

Consultamos al decano de la Facultad de Derecho de la Universidad de Costa Rica, Alfredo Chirino, para validar la explicación dada por Hacienda sobre este tipo de procesos. Para el experto, es altamente probable que Hacienda no hubiera recibido la notificación de la medida cautelar.

“Es muy probable que no se le hubiera notificado al Estado. Lo usual es que en un proceso contencioso administrativo tarden hasta dos meses en notificar”, dijo Chirino a Doble Check.

Según Chirino, una medida cautelar puede proteger a la persona para que no se hagan cobros mientras se dirime la cuestión.

¿Cuánto ha recaudado Hacienda por la amnistía?

Según Hacienda, en los primeros tres meses de la amnistía se han recaudado alrededor de 194.000 millones de colones (un dato cercano al 0,5% del Producto Interno Bruto).

Según dijo hoy la jerarca de Hacienda, Rocío Aguilar, al programa radial Hablando Claro, el monto es insuficiente para solucionar los problemas de la deuda del país.

“En realidad nosotros tenemos un equivalente (de déficit) a casi el 12% o el 13% del Producto Interno Bruto (aparte de todos los vencimientos de la deuda). Digamos que si la amnistía es de un medio (0,5% del PIB), solo alcanza para un veintiseisavo. Tenemos un déficit del orden de los mil millones de colones. Esto seguro alcanza como para una semana”, cerró.

Información sobre beneficiarios

Hacienda negó a Doble Check la información sobre el monto perdonado a la Standard Fruit Company. El ministerio adujo una prohibición legal para compartir esta información.

El diputado del Frente Amplio, José María Villalta, ya ha presentado dos recursos de amparo para que Hacienda para revele información completa sobre quiénes serían los beneficiarios de la amnistía, así como el dinero que el Estado dejaría de percibir por los montos perdonados en multas y sanciones.

El 25 de febrero Hacienda le entregó al diputado la lista de beneficiarios potenciales. Posteriormente, el diputado presentó el segundo recurso para que el ministerio revelara aquellas empresas que efectivamente se hubieran acogido. Este está pendiente de resolución.