Diputados gastaron casi ₡415 millones en gasolina durante este período legislativo

En resumen: La enorme mayoría de los legisladores han aprovechado más de la mitad de la gasolina que la Asamblea Legislativa pone a su disposición cada mes.  Este gasto ha representado unos ₡415 millones para la Asamblea Legislativa desde mayo de 2018 hasta octubre del 2020.

Solo dos diputados se han abstenido de usar la gasolina que sus compañeros han usado a discresión. Se trata de los diputados Wagner Jiménez (del Partido Liberación Nacional) y Carolina Hidalgo (del Partido Acción Ciudadana), que reportan un gasto de cero colones por ese concepto.

En el extremo opuesto están Dragos Dolanescu (independiente) y Xiomara Rodríguez (Restauración Nacional), quienes han gastado unos ₡9,5 millones desde mayo del 2018. Ambos encabezan la lista, pero la tendencia generalizada en la Asamblea apunta hacia el aprovechamiento del recurso. Otros trece legisladores superan los 9 millones.

Las personas que ocupan una diputación tienen derecho a un promedio mensual de unos ₡250.000 para gasolina de uso discresional. El monto representa el pago de 500 litros de combustible.

Este artículo es un complemento a la verificación «Beneficio de gasolina para diputados tiene los menores controles entre supremos jerarcas«. Esa publicación compila los lineamientos para el uso de gasolina y vehículos en el Estado costarricense.

En resumen: La enorme mayoría de los legisladores han aprovechado más de la mitad de la gasolina que la Asamblea Legislativa pone a su disposición cada mes.  Este gasto ha representado unos ₡415 millones para desde mayo del 2018 hasta octubre del 2020.

Solo dos diputados se han abstenido de usar la gasolina que sus compañeros han usado a discresión. Se trata de los diputados Wagner Jiménez (del Partido Liberación Nacional) y Carolina Hidalgo (del Partido Acción Ciudadana). Ambos reportan un gasto de cero colones por ese concepto.

En el extremo opuesto están Dragos Dolanescu (independiente) y Xiomara Rodríguez (Restauración Nacional). Ellos han gastado unos ₡9,5 millones desde mayo del 2018. El diputado y la diputada encabezan la lista, pero la tendencia generalizada apunta hacia el aprovechamiento del recurso. Otros trece legisladores superan los 9 millones.

Las personas que ocupan una diputación tienen derecho a un promedio mensual de unos ₡250.000 para gasolina de uso discresional. El monto representa el pago de 500 litros de combustible.

Este artículo es un complemento a la verificación «Beneficio de gasolina para diputados tiene los menores controles entre supremos jerarcas«. Esa publicación compila los lineamientos para el uso de gasolina y vehículos en el Estado costarricense.

Así gastaron los diputados: los que más gastaron

29 diputados y diputadas han gastado más de un 90% de la gasolina que han tenido disponible.

La tendencia no tiene bandera política ni edad: destacan especialmente los casos del independiente Dragos Donalescu (quien «desaprovechó» únicamente ₡423 colones, tras haber gastado ₡9.517.027 desde el 2018) y del legislador del Partido Restauración Nacional Melvin Núñez (que tiene un saldo libre de ₡3.600 colones, tras gastar  ₡9.470.468 por ese concepto).

Donalescu (quien más ha hecho uso del recurso discrecional) afirmó a Doble Check «no ser un diputado de escritorio». El diputado dijo emplear ese dinero para realizar giras por todo el país, especialmente en la provincia de Alajuela.

«Hay meses donde consumo más de los 500 litros que me dan en la Asamblea y para cumplir con el calendario de visitas, y este lo cubro con recursos de mi propio bolsillo. Desde que inicié como diputado, ni una sola vez he utilizado los vehículos ni los choferes de la Asamblea para mis giras. Utilizo mi automóvil», dijo a este medio.

El derecho está contemplado en el artículo 5 de la ley de Remuneración de los Diputados de la Asamblea Legislativa. La normativa establece que los legisladores disponen de una cuota mensual de 500 litros de combustible para uso discrecional en vehículos automotores.

El director ejecutivo del Congreso, Antonio Ayales, afirma que este dinero corresponde a una «ayuda técnica, como las computadoras en una oficina, para que puedan desempeñar su labor». 

«Actualmente hay un sistema de una tarjeta de débito del BCR. Nosotros le depositamos el valor promedio de los 500 litros de gasolina y el diputado paga con la tarjeta, que es exclusivamente para combustible. Hay varios diputados que tienen un montón de millones acumulados. El treinta de abril del 2022, cuando el diputado deja de ser diputado la plata restante pasa a la Caja Única del Estado», dijo Ayales a Doble Check. 

El gasto de ese dinero en gasolina es totalmente discrecional. Cada diputado puede ceder parte de ese dinero a sus asesores y asesoras, u a otras organizaciones que puedan hacer uso de ese combustible.

La Dirección Ejecutiva de la Asamblea remitió a Doble Check el desglose de gastos.

Los que menos gastaron

Solo dos diputados gastaron cero de los casi nueve millones depositados individualmente para gastos en gasolina. Se trata de la oficialista Carolina Hidalgo y el liberacionista Wagner Jiménez.

Hidalgo dice que su decisión de no gastar ese dinero está relacionada con un ahorro de los recursos de la Asamblea Legislativa. También afirma que se debe a que ella acostumbra usar bicicleta o el transporte público para trasladarse. Indicó que el dinero para giras sale de su propio bolsillo.

Doble Check contactó al diputado Jiménez, pero al cierre de edición no se recibió respuesta.

Iniciativas para recortar el gasto

Existen dos iniciativas relacionadas con el recorte o reajuste del gasto de gasolina de parte de los diputados. Así lo informó el Departamento de Servicios Parlamentarios

El expediente 21.891 (Ley para el traslado solidario del combustible de diputados y diputadas para la atención del Covid-19) es una iniciativa de la diputada oficialista Paola Vega. El expediente se encuentra en discusión en  Comisión Permanente Ordinaria de Asuntos Económicos.

La iniciativa de la diputada Vega pretende direccionar el dinero al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. El cambio se mantendría al menos hasta seis meses después de que termine la declaratoria de emergencia nacional por la COVID-19.
«Yo creo que el problema está en que el uso del combustible es discrecional. Si fuera que el uso es para financiar giras y labores de trabajo, sería una tónica distinta. Si no se elimina la gasolina, por lo menos que se establezca algún tipo de control sobre su uso», dijo la diputada.

Vega ha gastado un 84% (ocho millones de colones) de lo que ha recibido por concepto de gasolina desde el 2018. Ella asegura que dona ese dinero.

«En el caso mío lo que hago es donarla, especialmente a la Cruz Roja y a otras organizaciones comunales. Creo que varios compañeros también hacen donaciones, porque además –como es acumulativo– son muchos los litros de gasolina que quedan en la cuenta y que, incluso, pueden perderse al finalizar el período».

La Asamblea también discute el proyecto 22.236 (Ley de contribución solidaria de los diputados y diputadas para la atención de la emergencia sanitaria provocada por la enfermedad COVID-19), de la liberacionista Franggi Nicolás.

El proyecto no se refiere específicamente al gasto del combustible, pero sí establece una reforma a la Ley de Remuneración de los Diputados de la Asamblea para reducir en un 58% la suma devengada por conceptos de gastos de representación, para contribuir con los gastos ocasionados por la pandemia de la COVID-19 en el país.

7 formas de desinformación: Sátira y parodia

La sátira y la parodia habitualmente no tienen la intención de causar daño, pero tienen el potencial de engañar a su audiencia. Es la forma más benigna de desinformación entre las enumeradas por la organización First Draft News.

La sátira y la parodia habitualmente no tienen la intención de causar daño, pero tienen el potencial de engañar a su audiencia. Es la forma más benigna de desinformación entre las enumeradas por la organización First Draft News.
Las otras formas son conexión falsa, contenido engañoso, falso contexto, contenido impostor, contenido manipulado y contenido fabricado o noticias falsas.
Esta es una serie de Doble Check en donde nos detenemos en cada uno de estas formas de engaño.

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Beneficio de gasolina para diputados tiene los menores controles entre supremos jerarcas

En resumen: La diputada del Partido Acción Ciudadana (PAC), Paola Vega, propuso una reforma de ley para pausar el subsidio de gasolina de uso discrecional a los legisladores. “Los otros Poderes no reciben 500 litros de gasolina gratis por mes”, afirmó Vega a finales de noviembre en Twitter ante la reacción de otros colegas. Eso es cierto, pero obvia gastos por rubros similares en otros poderes.

Revisamos el uso de vehículos y combustibles en el Poder Ejecutivo, Judicial y el Tribunal Supremo de Elecciones. Es correcto que magistrados, ministros y el Presidente de la República no reciben un saldo de unos ₡300.000 por mes para gastarlo libremente en gasolina.

La afirmación de Vega, aunque cierta, omite que esos puestos sí tienen vehículos de uso discrecional con chofer, cuyos gastos por gasolina son cubiertos por sus instituciones.  El subsidio no es tan obsequioso como en el caso de diputados.

El subsidio de gasolina para los diputados es el que tiene menos controles. Los legislaroes pueden usar la gasolina discrecional para distintos vehículos, en diligencias personales o hasta donarla a terceros. Un diputado también podría pagar por otros servicios en la gasolinera sin que el Congreso pueda percatarse.

En resumen: La diputada del Partido Acción Ciudadana (PAC), Paola Vega, propuso una reforma de ley para pausar el beneficio de gasolina de uso discrecional a los legisladores. “Los otros Poderes no reciben 500 litros de gasolina gratis por mes”, afirmó Vega a finales de noviembre en Twitter ante la reacción de otros colegas. Eso es cierto, pero obvia gastos por rubros similares en esos otros poderes.

Revisamos el uso de vehículos y combustibles en el Poder Ejecutivo, Judicial y el Tribunal Supremo de Elecciones. Es correcto que magistrados, ministros y el Presidente de la República no reciben un saldo de unos ₡300.000 por mes para gastarlo libremente en gasolina.

La afirmación de Vega, aunque cierta, omite que esos puestos sí tienen vehículos de uso discrecional con chofer, cuyos gastos por gasolina son cubiertos por sus instituciones.  El beneficio no es tan obsequioso como en el caso de diputados.

La gasolina comprada por diputados con dinero del Estado es la que tiene menos controles. Los legisladores pueden usar la gasolina discrecional para distintos vehículos, en diligencias personales o hasta donarla a terceros. Un diputado también podría pagar por otros servicios en la gasolinera sin que el Congreso pueda percatarse.

Conflicto por proyecto de ley

A finales de marzo pasado, la diputada Paola Vega presentó un proyecto de ley para eliminar temporalmente el beneficio de gasolina de uso discrecional que reciben los 57 congresistas cada mes.

Vega propone que ese beneficio se elimine mientras esté vigente la declaratoria de estado emergencia nacional por la COVID-19, y hasta seis meses después de su derogatoria. La legisladora plantea que el dinero empleado para esa gasolina se destine al programa temporal de personas desempleadas por la pandemia.

Entre el 2018 y el 2020, el Estado ha dedicado poco más de ₡417 millones para ese combustible. Así se desprende de datos de la Asamblea Legislativa.

Vega ha criticado que no existe voluntad política en el Congreso para pausar el beneficio.

La legisladora justificó su propuesta de ley como un gesto simbólico ante la crisis que enfrenta el país por la pandemia. La diputada justificó que el combustible discrecional de los legisladores no es comparable al de otros jerarcas, ya que parte de la función de estos es realizar giras con motivos político-partidarios, mientras que otros jerarcas emplean su transporte para su función pública.

Vega afirmó que “sabe” de jerarcas de otros poderes que “abusan del recurso” de transporte discrecional, pero no señaló casos puntuales.

¿Qué dijo la diputada Vega?

Noticias Monumental difundió el 18 de noviembre que legisladores “condicionan renunciar a combustible gratis a que medida se aplique en otros poderes de la República”. Ante esa noticia, Paola Vega publicó en Twitter que “los otros Poderes no reciben 500 litros de gasolina gratis por mes…”.

Eso es cierto, pero sería incorrecto asumir que el Estado no incurre en ningún gasto.

 

¿Cómo funciona el beneficio de gasolina del Congreso?

Cada una de las personas que ocupan una diputación dispone de 500 litros de gasolina por mes para usarlo a su gusto. La administración del Congreso le deposita a cada diputado el equivalente de ese monto en colones (unos ₡300.000) en una tarjeta de débito del Banco de Costa Rica. Esta tarjeta solo puede usarse en gasolineras.

El director ejecutivo del Congreso, Antonio Ayales, recalcó un criterio de la Procuraduría General de la República del 2012 que describe ese beneficio como una “ayuda técnica” que está “estrechamente vinculada al ejercicio efectivo del cargo de diputado”.

La Asamblea Legislativa carece de un control sobre el uso de todos esos recursos. Los legisladores pueden emplear la gasolina para distintos vehículos, en diligencias personales o hasta donarla a terceros. Un legislador podría pagar por otros servicios en la gasolinera sin que la Asamblea se percate. Así lo reconoció Ayales a Doble Check.

El Congreso también tiene 17 vehículos y diez choferes en su unidad de Transportes. Este recurso es empleado por todos los funcionarios legislativos para distintas labores. Los diputados pueden solicitar ese transporte oficial para giras comunales, pero la gasolina empleada en esos recorridos se descuenta de los 500 litros que reciben cada mes.

Solamente quien ocupa la presidencia del directorio legislativo tiene reservado un vehículo de la Asamblea Legislativa para uso discrecional, con gasolina y chofer incluidos.

¿Otros jerarcas también reciben gasolina discrecional?

Sí, pero las condiciones son diferentes que en la Asamblea Legislativa.

Los otros poderes de la República disponen de vehículos de uso discrecional para sus princiales jerarcas, con choferes y gasolina cubiertos por esas instituciones.

Transporte discrecional en el Poder Judicial

El Poder Judicial asigna vehículos de uso discrecional a los 22 magistrados y magistradas de la Corte Suprema de Justicia y a quien lidere la Fiscalía General. Los carros tienen asignado un chofer con una jornada de trabajo de 12 horas, aunque el automotor en sí carece de horario de uso. Estos tienen placas particulares y carecen de distintivos oficiales.

Los vehículos discrecionales del Poder Judicial incluyen 300 litros de combustible que paga la institución, los cuales solo pueden ser empleados en esos vehículos. Si el jerarca supera ese límite, debe pagar el resto de bolsillo propio. Así lo detalló el Poder Judicial a Doble Check por medio de su área de Comunicación.

El Poder Judicial detalló que ese suministro de combustible se da con una tarjeta prepago vinculada a cada jerarca. El personal de una gasolinera debe verificar el número de placa y la persona debe registrar en el datáfono su clave personal vinculada a la tarjeta.

“Por otra parte, el sistema de control de consumo de combustible lleva un registro de cada compra, tanto en términos monetarios como de cantidad de litros dispensados y kilometraje registrado al momento de la compra”, detalló la institución.

Vehículos discrecionales del Poder Ejecutivo

El Poder Ejecutivo tiene carros de uso discrecional para el presidente y los dos vicepresidentes de la República y para los ministros de gobierno. Casa Presidencial indicó a Doble Check que esos vehículos no tienen restricciones de combustible, horario de uso o recorrido, conforme a la Ley de Tránsito. Esos automotores tampoco tienen distintivos oficiales.

Casa Presidencial recalcó por medio de una respuesta oficial que sus vehículos de uso discrecional tienen el objetivo de “facilitar y mejorar el desempeño de sus funciones”, tal como indica el Reglamento interno sobre el uso de vehículos de la Presidencia de la República y del Ministerio de la Presidencia.

La Unidad de Protección Presidencial coordina los choferes y horarios de esos vehículos. El combustible está asignado a esa unidad por la Dirección de Transportes de Casa Presidencial.

“Dado que no se dispone del mecanismo de cuotas de combustible por jerarca, el gasto se da directamente según las necesidades de traslado que se presenten para el cumplimiento de las funciones de los jerarcas, de acuerdo con la normativa y a la disponibilidad de recursos de la institución”, indicó Casa Presidencial.

El reglamento interno de esa entidad estipula que cada funcionario es responsable de la “custodia, mentenimiento, uso racional y conservación” de su vehículo discrecional. El área de Transportes debe “ejercer controles en cuanto reparación y mantenimiento” de los automotores, así como su debido registro.

La única restricción que determina ese reglamento expresamente para los vehículos discrecionales de los jerarcas del Poder Ejecutivo es que está prohibida su asignación para el uso de familiares de los mandatarios.

¿Y en el Tribunal Supremo de Elecciones?

Los nueve magistrados y magistradas del Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) también cuentan con vehículos con combustible incluido por la institución. Solo los automotores de los tres magistrados propietarios del TSE cuentan con chofer, con un horario de 12 horas.

La unidad de comunicación del TSE respondió a Doble Check que esos vehículos “no están sujetos a las mismas restricciones de los demás vehículos oficiales, en cuanto a combustible, horario de operación ni recorrido, sino que están sujetos al criterio de la persona funcionaria a la que le es asignada la unidad”, justificados en la Ley de Tránsito.

 

Siete formas de desinformación: Noticias falsas

Hoy, toda falsedad se califica como noticia falsa. Nademos contra la corriente para separar los distintos tipos de desinformación que abundan en los ecosistemas mediáticos. Sí existen las noticias falsas, o fake news, pero este solo es uno de siete tipos distintos de desinformación.

Hoy, toda falsedad se califica como noticia falsa. Nademos contra la corriente para separar los distintos tipos de desinformación que abundan en los ecosistemas mediáticos. Sí existen las noticias falsas, o fake news, pero este solo es uno de siete tipos distintos de desinformación.
También hay sátira y parodia, falsa conexión, contenido engañoso, falso contexto, contenido impostor y contenido manipulado.
Este es el inicio de una serie en donde explicamos cada uno de estos tipos de desinformación, segun la categorización de First Draft News.

Verificación a crítica de Pilar Cisneros

En resumen: Pilar Cisneros publicó un video ampliamente divulgado en redes sociales en octubre pasado. Sus comentarios tuvieron un tono de denuncia dirigida a la clase política en el contexto de los apuros financieros del país agravados por la pandemia por la COVID-19.

La periodista se enfocó en temas relacionados con gasto público y recaudación fiscal. El comentario de Cisneros contenía opiniones apoyadas en varios datos. Este chequeo no se ocupa de las primeras, sino de los segundos.

La periodista afirmó que si Costa Rica eliminara las exoneraciones a grupos poderosos podría pagar todo el déficit fiscal. Su afirmación es incorrecta. También destaca dos afirmaciones engañosas: que la inversión de Costa Rica para atender la pobreza no ha permitido reducirla y que los ingresos promedio del sector público son tres veces más altos que en el sector privado.

Doble Check también verificó otras afirmaciones verdaderas de la periodista: es cierto que los sistemas informáticos de Hacienda son antiguos y obsoletos (algo que ha concedido la propia cartera), es cierto que la administración Arias Sánchez desencadenó un gasto público que creció inercialmente hasta la fecha, o que casi la mitad del presupuesto nacional se dedica al pago de deuda.

En resumen: Pilar Cisneros publicó un video ampliamente divulgado en redes sociales en octubre pasado. Sus comentarios tuvieron un tono de denuncia dirigida a la clase política en el contexto de los apuros financieros del país agravados por la pandemia por la COVID-19.

La periodista se enfocó en temas relacionados con gasto público y recaudación fiscal. El comentario de Cisneros contenía opiniones apoyadas en varios datos. Este chequeo no se ocupa de las primeras, sino de los segundos.

La periodista afirmó que si Costa Rica eliminara las exoneraciones a grupos poderosos podría pagar todo el déficit fiscal. Su afirmación es incorrecta. También destaca dos afirmaciones engañosas: que la inversión de Costa Rica para atender la pobreza no ha permitido reducirla y que los ingresos promedio del sector público son tres veces más altos que en el sector privado.

Doble Check también verificó otras afirmaciones verdaderas de la periodista: es cierto que los sistemas informáticos de Hacienda son antiguos y obsoletos (algo que ha concedido la propia cartera), es cierto que la administración Arias Sánchez desencadenó un gasto público que creció inercialmente hasta la fecha, o que casi la mitad del presupuesto nacional se dedica al pago de deuda.

 

Revisemos las exoneraciones

Afirmación: 192 leyes exoneran del pago de tributos a una serie de grupos poderosos. Solo quitar esas exoneraciones, que equivalen a un 5,57% del PIB permitiría pagar el déficit fiscal sin nuevos impuestos.

Falso.  La afirmación es imprecisa y exagerada. Cisneros enreda dos datos sin relación entre sí: las 192 leyes y la magnitud total de las exoneraciones.


Las 192 leyes (en realidad son 193) exoneran impuestos para bienes importados. Esta exoneración no representa ni cerca del 5,57% del PIB. Representaba solo 0,20% del PIB para el 2017. Y decimos “solo” a pesar de que sí, es un montón de dinero.

De esas exoneraciones se benefician el Gobierno, las misiones internacionales y las empresas. Setenta de cada 100 colones exonerados en bienes importados son aprovechados por las empresas. Es decir, la mayoría. Eso representó más de 66.000 millones de colones en exoneraciones a la importación en el 2017. ¿Cuáles fueron las importaciones más beneficiadas con las exenciones? Los insumos que se usan en la agroindustria y la importación de equipo médico.

Entonces sí hay exoneraciones importantes dadas por esas 193 leyes de importación a ciertos sectores, pero tendrían que ser 25 veces más grandes para cubrir nuestro déficit fiscal.

Ahora hablemos de que las exoneraciones representan un 5,57% del PIB. Casi la mitad de esa cifra (2,56%) corresponde a exoneraciones que disfrutamos los hogares en el país. Estos son impuestos que no pagamos por los productos de la canasta básica y que no pagaban los servicios públicos.

Vamos al detalle. Hacienda se refiere a “gasto tributario” cuando habla de la plata que deja de recibir por exoneraciones de impuestos. Así que hablemos con ese término: gasto tributario.

Cisneros se basa en datos del 2018. De ahí sale el dato de que el gasto tributario corresponde al 5,57% del PIB. Ya tenemos por descontado que casi la mitad del gasto tributario proviene de exoneraciones del antiguo impuesto de ventas a productos y servicios consumidos por los hogares. El Ministerio de Hacienda hace la estimación con base en encuestas del INEC. Ojo que la industria hotelera y los restaurantes, por ejemplo, también se benefician por comprar productos de la canasta básica, pero el cálculo de Hacienda no incluye empresas.

Eso nos deja con poco más de la mitad del monto de exoneraciones. La mayoría proviene del Impuesto sobre la Renta. Este gasto tributario representa el 2,44% del PIB. Más de la mitad de esta porción la disfrutan personas jurídicas (1,38% del PIB). La otra gran porción de exoneración en Renta viene de lo que Hacienda llama “Otras rentas cedulares”, con 1,06% del PIB.

Veamos primero las exoneraciones del pago de renta a personas jurídicas. ¿Cuáles están incluidas? El mayor gasto tributario se da en las exoneraciones a las zonas francas, que llega a 1,01% del PIB. Las asociaciones están en un lejano segundo lugar (0,11%), seguidas por las cooperativas (0,06%). Esas tres son las proporciones más importantes de gasto tributario  para personas jurídicas.

¿Cuáles son las rentas cedulares? Buena parte de este rubro se le exime al impuesto sobre la renta a salarios, como el aguinaldo, el salario escolar y pensiones (0,37%). Otra porción se le exime los intereses a ciertos títulos valores del mercado financiero (0,36%).

Es posible que se pueda reducir el déficit fiscal si se redujeran algunas exoneraciones, pero es falso que todas las exoneraciones se otorgan a “grupos poderosos”.

El Programa Estado de la Nación (PEN) ha llamado la atención sobre el desorden que existe en el país en el otorgamiento y vigencia de exoneraciones en el país. Por ejemplo, el Ministerio de Hacienda no tiene un registro oficial de cada una de las exoneraciones fiscales vigentes.

Doble Check preguntó a Pilar Cisneros acerca de esta afirmación. Ella indicó que el dato procede de un artículo publicado por un economista y político en un medio nacional. Doble Check no encontró la referencia.

“Cuando usted debe comprimir el mensaje para que dure solo unos pocos minutos, es difícil o casi imposible incluir detalles que mejorarían mucho la precisión del mensaje general”, contestó, por correo electrónico.

Salarios públicos y privados

Afirmación: «Hoy los ingresos promedio del sector público son tres veces más altos que en el sector privado, una situación que –según la OCDE– hace de Costa Rica uno de los países con mayor desigualdad en el mundo».

El cálculo es engañoso. Es cierto que existe una diferencia, pero el dato que usa Cisneros para explicarla exagera las desigualdades. En realidad, la diferencia está exagerada en cinco veces.

Es correcto que existe una disparidad de tres veces entre el ingreso promedio de los trabajadores públicos y privados. Según los datos del segundo trimestre de la Encuesta Continua de Empleo del INEC, el ingreso mensual promedio para un trabajador público es de ₡1.067.085, mientras que para un trabajador del sector privado es de ₡348.260. Los dos datos deben tomarse con pinzas.

Como ya lo explicó Doble Check el año pasado, hay muchas diferencias entre el perfil de la mayoría de empleados públicos y privados que provocan que un promedio a rajatabla pueda ser sesgado. Esas diferencias ocurren en la jornada laboral, en el nivel educativo, en la informalidad, entre otras variables. Ellas terminan distorsionando los cálculos.

Por ejemplo, la mayoría de trabajadores en el sector público (63%) tiene un título universitario. En el sector privado eso solo ocurre para un 17% de los trabajadores. Eso tiene un efecto en sus salarios y genera que el salario promedio de un trabajador privado sea menor.

La distribución de jornadas también influye. Nueve de cada 10 trabajadores en el sector público reportan jornadas normales de 40 horas o más. En el sector privado esa cifra es más reducida: 74%. Esta diferencia provoca que el promedio salarial del sector privado sea menor, pues considera una buena proporción de los salarios de personas que trabajaron menos de 40 horas.

La informalidad es otro elemento que explica por qué la comparación a rajatabla con promedios no es precisa. Un primer cálculo que nos permitiría comparar las dos poblaciones con mayor precisión sería tomar el salario por hora de un trabajador con título universitario y empleo formal. En el sector público, ese salario por hora sería de ₡8.080, mientras que en el privado sería de ₡4.232. La diferencia se acortó.

Aún así, ese cálculo no resulta suficiente. Hay muchas otras diferencias que deben considerarse.  El año pasado, mediante un método estadístico llamado regresión lineal, mostramos cómo la diferencia salarial entre los empleados públicos y privados no es de tres veces, como repite Pilar Cisneros. La diferencia es de un 32%, y se ha mantenido durante prácticamente la última década. Puede leer más detalles aquí.

Sí es cierto que la OCDE ha señalado que esta desigualdad, en contraste con otros países, el sector público contribuye a la desigualdad de ingresos. Según la OCDE “supone la mayor contribución a la desigualdad de ingresos”.

En una respuesta a Doble Check, Cisneros señaló que no encontró ninguna fuente que le permitiera hacer comparaciones equivalentes. Destacó que, de cualquier manera, la diferencia sigue existiendo.

«Lo que me queda clarísimo es que los salarios del sector público tienden a ser mucho mayores que los del sector privado, no necesariamente por los sueldos base en sí, sino por la enorme distorsión que causan los pluses y recontrapluses aplicados en la administración pública».

Cisneros aportó un dato de la Contraloría General de la República (CGR) que Doble Check ha publicado con anterioridad. Las memorias anuales de la Contraloría suelen incorporar un cálculo sobre cuántas veces se paga más en pluses que en salarios base.

Según el análisis de Presupuestos Públicos de la CGR del 2020, por cada 1.000 colones que se pagan en salarios base en el sector público, se pagan otros 1.080 en incentivos. Pero en instituciones descentralizadas como la Junta de Protección Social se pagan 2.160 en incentivos.

Esas afirmaciones son correctas: la principal fuente de desigualdad en salarios dentro del sector público son los distintos esquemas de pluses salariales.

¿Costa Rica no logra reducir su pobreza?

Afirmación: ¿Por qué, aunque invertimos un 2,8% del PIB para reducir la pobreza, no logramos reducirla? 

Pilar Cisneros reitera una afirmación popular entre políticos, medios de comunicación y círculos académicos. Esta es engañosa si no la ubicamos en el tiempo. Contrario a lo dicho por Cisneros, Costa Rica sí ha visto reducciones en la pobreza y la pobreza extrema.

Nos basamos en el estudio La tendencia de largo plazo de la pobreza en Costa Rica: 1987-2017, de los economistas Andrés Fernández y Ronulfo Jimenez. Entre el 2006 y 2017 sí hubo una tendencia de reducción de la pobreza. La afirmación de Cisneros acerca de un estancamiento en la pobreza es cierta únicamente para algunos períodos: 1987-1992 y 1994-2006. También lo es para el 2010-2017.

Cisneros omitió señalar algún periodo en particular. ¿Por qué es necesario hacerlo?

Las mediciones históricas del INEC sobre pobreza no pueden cotejarse entre sí. El propio instituto ha advertido acerca de la no comparabilidad de esta medición para períodos largos.

El estudio de Academia de Centroamérica enlista una serie de inconvenientes al comparar todos los datos históricos oficiales del INEC. Durante las últimas décadas, las metodologías han cambiado profundamente: la canasta básica que se usa para definir la línea de pobreza y las estimaciones para saber cuántos ingresos subdeclaraban los hogares en las entrevistas cambiaron a través de varias metodologías. Además, en algunos años, el INEC descartó en sus mediciones a los hogares que no declaraban sus ingresos, algo que ya no ocurre.

Para poder tener una serie comparable, los economistas trabajaron con ocho tipos de metodologías que permitieran mostrar cómo han variado los niveles de pobreza en Costa Rica. En todos se observó una caída en la pobreza entre el 2006 y 2017, aunque sí hubo un estancamiento desde el 2010.

Pilar Cisneros nos dijo que sí estaba consciente sobre los cambios en la metodología. Dijo que para ella es suficiente usar como parámetro los últimos diez años en donde la variación ha sido nula –según sus palabras–. También mostró preocupación por el crecimiento de la pobreza por efecto del COVID-19.

El estudio de Fernández y Jiménez explora a mayor profundidad una de esas series por ser la que más se asemeja a las prácticas estadísticas del INEC de la actualidad. Con ella, concluye que en el 2017 Costa Rica tenía un nivel de pobreza 48% menor al que se tenía en 1987.

Hoy el país es un 30% menos pobre que hace veintitrés años (1994). Pero sin lugar a dudas, este logro es de mayor importancia cuando se toma en cuenta que son los hogares en la peor condición de pobreza, la extrema, los que más se han reducido, ya que en el año 2017 representaban menos de la mitad de lo que fueron en el año 1987”, concluye el estudio.

Sistemas en Hacienda

Afirmación: El Ministerio de Hacienda tiene más de 50 sistemas de cómputo obsoletos y pocos auditores para controlar a los grandes evasores. 

Cierto.

El 2 de junio de 2020 el Ministro de Hacienda Elián Villegas presentó a la Asamblea Legislativa un proyecto de ley para financiar un préstamo que permitiría el desarrollo de la “Hacienda Digital para el Bicentenario” (expediente 22016).

En el texto el Ejecutivo reconoce que sus 59 sistemas “no están integrados, obsoletos y requieren un importante trabajo adicional para la consolidación de datos, complicando y entorpeciendo el intercambio de información entre las aplicaciones y dificultando la formación de una vista integrada de los datos de los contribuyentes e identificación de los riesgos”.

Según el proyecto de ley, los principales sistemas de información tienen una edad promedio de 19 años. Uno de los más importantes, el Sistema de la Administración Tributaria, tiene 26 años. Otros, como el Sistema Integrado de Gestión de la Administración Financiera,  implementado en el año 2003, con una edad de 17 años.

La Contraloría General de la República afirmó en septiembre del 2020 que el Ministerio de Hacienda dispone de 10 herramientas dispersas y de escaso uso. “Por ejemplo, las herramientas Matriz de Riesgo Tributario y TIMON no reportan consultas para el período que se tiene disponibilidad de datos, así como el Cubo de control extensivo el cual solo ha sido utilizado por un usuario”.

La alternativa, sugiere el gobierno, es el reemplazo de los sistemas actuales, para lo que sugiere la aprobación del proyecto de ley en el Congreso.  Según la CGR, su tiempo estimado de implementación será de 5 o 6 años.

La deuda y el presupuesto

Afirmación: Casi la mitad del presupuesto es solo para pagar las deudas. 

Cierto. El Servicio de la Deuda Pública corresponde a un 42,3% del presupuesto del Gobierno de la República en discusión para el 2021. En el 2020 representó un 38,2%.

 

Desempleo durante pandemia

Afirmación: El virus dejó a 1 de cada 4 costarricenses sin empleo. 

Cierto.  La tasa de desempleo en Costa Rica es de un 24% según la Encuesta Continua de Empleo del INEC para el II Trimestre de 2020. El dato es de un 23,2% para el último trimestre móvil disponible (de Julio a Agosto de 2020).

Arias Sánchez y el déficit del 2010

Afirmación:  Óscar Arias logró un superávit fiscal en sus dos últimos años, pero como -según él- había que poner a Costa Rica a caminar de nuevo tras la crisis mundial del 2008, Arias disparó el gasto público y cerró el 2010 con el superávit más alto de América latina (5,5% del PIB) . La cantidad de empleos públicos subió un 20%.

Es cierto que el Gobierno Central de Costa Rica tuvo el déficit fiscal más alto de América Latina en el 2010, motivado por un incremento en el gasto público. Las estadísticas compiladas por la CEPAL de déficit fiscal pueden consultarse aquí.

El Informe del Estado de la Nación del 2011 indica que en el 2010 los gastos del Gobierno Central crecieron en un 26,8%. ¿Cuáles? Principalmente remuneraciones y pensiones. Al mismo tiempo, los ingresos solo crecieron en un 15,5%.

Según el informe, el rubro de remuneraciones y pensiones explica más de la mitad (53%) del aumento en los gastos corrientes del Gobierno Central en el 2009 y 2010. El informe llamó la atención sobre la gravedad de esos aumentos. Ellos constituían un crecimiento en el gasto inercial del sector público.

“En el caso de las remuneraciones el impulso provino de un aumento en la planilla y los salarios,  cuyo principal factor explicativo es el reciente ciclo político-electoral. (…)  Casi el 40% de los empleos que se crearon en esta categoría en el 2009 correspondió al sector público. El aumento que experimentó el empleo público en 2009 y 2010 se dio sobre todo en la educación. Le sigue el sector salud, donde la CCSS da cuenta del 81,5% de la expansión registrada”.

En sus informes, el PEN también señala la responsabilidad del Poder Legislativo en el otorgamiento de estos beneficios. Su Informe Estado de la Nación 2018 indica:

“Hasta abril de 2018 existían 1.339 exoneraciones vigentes, de las cuales un 46% se consideran indefinidas, porque en la norma respectiva no se especifica el impuesto afectado. Además, el 59% no tiene mecanismos de control y el 78% no tiene plazo de vigencia, lo cual infringe el Código de Procedimientos Parlamentarios”.