Esposo de Edna Camacho no tendrá inmunidad por el caso Aldesa

Es falso que Javier Chaves, presidente de Aldesa y esposo de la ministra de Coordinación Económica, Edna Camacho, gozará de inmunidad por procesos judiciales en Costa Rica.

La información falsa circula en memes, audios de Whatsapp y en mensajes en redes sociales. Los mensajes se basan en una entrevista que Diario Extra hizo al abogado constitucionalista Pablo Barahona Kruger. Diario Extra tituló «Ministra y esposo gozarían inmunidad», lo cual induce a error. La propia entrevista con Barahona indica textualmente que «la inmunidad diplomática no protegería a Javier Chaves ante los cuestionamientos por el caso de Aldesa».

La Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas de 1961, vigente desde 1964, señala que los agentes diplomáticos tienen inmunidad en el país receptor. Esta inmunidad solo protege contra eventuales procesos judiciales que enfrenten en el país que los recibe una vez asumido el cargo, y no sobre acusaciones surgidas en el país acreditante (Costa Rica).

Además, el Convenio Constitutivo del Banco Interamericano de Desarrollo, Ley de la República, también señala que las inmunidades respecto a procesos judiciales y administrativos aplican para «actos realizados por ellos en su carácter oficial». Es decir, las inmunidades solo se dan por acciones que tengan que ver con actuaciones  en el cargo.

En resumen: Es falso que Javier Chaves, presidente de Aldesa y esposo de la ministra de Coordinación Económica, Edna Camacho, gozará de inmunidad por procesos judiciales en Costa Rica.

La información falsa circula en memes, audios de Whatsapp y en mensajes en redes sociales. Los mensajes se basan en una entrevista que Diario Extra hizo al abogado constitucionalista Pablo Barahona Kruger. Diario Extra tituló «Ministra y esposo gozarían inmunidad», lo cual induce a error. La propia entrevista con Barahona indica textualmente que «la inmunidad diplomática no protegería a Javier Chaves ante los cuestionamientos por el caso de Aldesa«.

La Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas de 1961, vigente desde 1964, señala que los agentes diplomáticos tienen inmunidad en el país receptor. Esta inmunidad solo protege contra eventuales procesos judiciales que enfrenten en el país que los recibe una vez asumido el cargo, y no sobre acusaciones surgidas en el país acreditante (Costa Rica).

Además, el Convenio Constitutivo del Banco Interamericano de Desarrollo, Ley de la República, también señala que las inmunidades respecto a procesos judiciales y administrativos aplican para «actos realizados por ellos en su carácter oficial». Es decir, las inmunidades solo se dan por acciones que tengan que ver con actuaciones  en el cargo.

¿De dónde surge la polémica?

Durante este lunes y el fin de semana se divulgaron memes y audios en redes sociales relacionados con el nombramiento de la ministra Edna Camacho en el Banco Interamericano de Desarrollo. Las imágenes y los textos afirman que el esposo de la ministra, el empresario financiero Javier Chaves, también podría gozar de la inmunidad que viene con el cargo Camacho.

Las publicaciones insinuaban que este privilegio eventualmente lo protegería en algún caso que enfrente Aldesa. Chaves es presidente de este grupo empresarial, y actualmente enfrenta procesos de cobro judicial y administrativo cercanos a la cifra de ₡1.885 millones.

Este es uno de los memes que circuló, en el que se infería falsamente que Javier Chaves tendría inmunidad contra un caso de su empresa en Costa Rica.

La información sobre la supuesta inmunidad se basa en una entrevista de Diario Extra al abogado constitucionalista Pablo Barahona. La nota se titula «Ministra y esposo gozarían inmunidad«. El titular induce a error, puesto que invita a pesar al lector que Chaves tendría inmunidad en los procesos que podría enfrentar en Costa Rica.

La nota de Diario Extra no contrasta las afirmaciones de Barahona con ninguna fuente oficial, con Camacho ni con Chaves.

Dudas se aclaran… si leemos más que el titular

A pesar de que el título de Diario Extra es engañoso, el propio texto de la entrevista a Barahona aclara las dudas:

«Aquí hay algo muy importante y que hay que aclarar. Claro que la inmunidad diplomática no protegería a Javier Chaves ante los cuestionamientos por el caso de Aldesa, ya que dicha inmunidad no le alcanza para los hechos del país de origen, acreditante (Costa Rica), sino ante el país receptor (Estados Unidos); sin embargo, lo que temo es que se le da un argumento a la defensa de este señor para ganar más tiempo».

Barahona también agrega otros datos en la entrevista:

«A los representantes diplomáticos se les da una protección que alcanza a las familias porque mal haríamos con que los estados protejan nada más al titular y las familias queden desprovistas. Lo que establece el artículo 37 de la Convención de Viena es que los miembros de la familia que formen parte de su casa (en el país receptor) tengan también este privilegio.»

Y agrega:

«Si la defensa de Javier Chaves decide usar ese argumento, lo cual es su derecho ante el libre ejercicio de la defensa, entonces claro que eso va a significar que los jueces van a tener que estudiar la Convención de Viena muy a detalle. Al final van a concluir, como ha dicho la jurisprudencia antes, que no lo protege«.

Hay que aclarar que la evaluación de Barahona es su opinión jurídica. Casa Presidencial difiere del abogado y afirma que la normativa aplicable en este caso es el Convenio Constitutivo del BID, el cual no contempla inmunidad para familiares.

Por el contrario, Barahona se refiere a la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas de 1961, vigente desde 1964 y ratificada por CR por ley 3394.  Esa convención cobija a la persona y a sus familiares por eventuales procesos judiciales en su contra abiertos en el país receptor. En este caso hablamos de Estados Unidos. Por otra parte, no protege por procesos en el país acreditante, o sea, Costa Rica.

El Convenio Constitutivo del BID

El departamento legal de Casa Presidencial afirma que en este caso aplicaría el Convenio Constitutivo del Banco Interamericano de Desarrollo, Ley de la República.

El convenio indica en su artículo 11, sección 8 que las inmunidades son funcionales. ¿Qué quiere decir esto? Pues que solo protegen contra acusaciones nacidas por el ejercicio del cargo.

«Los gobernadores y directores ejecutivos, sus suplentes y los funcionarios y empleados del Banco gozarán de los siguientes privilegios e inmunidades:
(a) Inmunidad respecto de procesos judiciales y administrativos relativos a actos realizados por ellos en su carácter oficial, salvo que el Banco renuncie a tal inmunidad».

Casa Presidencial también aclaró mediante un comunicado que «en ningún caso, permitirá el uso del fuero de inmunidad para evadir responsabilidades a quien goce del mismo».

Ante las informaciones divulgadas en redes, la ministra Edna Camacho aclaró a Doble Check  que Aldesa es una empresa de la cual su esposo es accionista, pero que ella no lo es y que nunca ha trabajado allí.

«Mi esposo no se va a vivir conmigo a Washington precisamente porque va a atender responsablemente la situación financiera de la empresa. No es un fugitivo como insinúan quienes hablan de la supuesta inmunidad».

Camacho citó también el artículo 31 de la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas que establece que: “La inmunidad de jurisdicción de un agente diplomático en el Estado receptor (Estados Unidos, por ejemplo) no le exime de la jurisdicción del Estado acreditante”.

Coincidencias y diferencias legales

Ni la Convención de Viena ni el Convenio del BID establecen ninguna inmunidad para eventuales delitos cometidos en el país acreditante (Costa Rica, en este caso). Sin embargo, existe una diferencia entre ambos textos. La Convención de Viena sí garantiza una inmunidad a familiares, mientras que el Convenio del BID no lo hace.

La tesis de Casa Presidencial es que, para Camacho, aplica el convenio.

«En este caso lo que se aplica en el tema de inmunidades es lo que dispone el Convenio Constitutivo del Banco Interamericano de Desarrollo y los instrumentos restantes que se deriven de ese convenio. Por lo tanto, reiteramos, la inmunidad solo aplica en ejercicio del cargo y por ende cubre solamente a doña Edna y no a sus familiares.»

De cualquier forma, la discusión sobre a quién protege y a quién no es un distractor. Ninguna de las dos normativas protegería a las personas de procesos judiciales en Costa Rica.

Diputado Gustavo Viales critica postergación de meta fiscal aunque él tiene parte de la responsabilidad

El diputado Gustavo Viales, de Liberación Nacional, cuestionó que el presidente Carlos Alvarado presentara proyecciones de déficit fiscal menos alentadoras a las comunicadas meses antes por el Ministerio de Hacienda. Sin embargo, el diputado omite un dato clave. Cambios apoyados por él mismo son responsables, en parte, de que surgiera esa incongruencia.

El diputado publicó un meme en Twitter el 6 de mayo. La publicación afirmaba que la ministra había pronosticado en junio del 2018 que, de aprobarse el plan fiscal, el déficit primario para el 2020 sería de 0,4%. Viales comparó que Alvarado dijo en su informe del 2 de mayo que ese déficit sería de 1,1% para ese mismo año. (El déficit primario es el porcentaje de exceso de gastos sobre los ingresos del Estado).

Viales no menciona que, entre junio y mayo, el plan fiscal que se discutía en la Asamblea se recortó y, por tanto, redujo su potencial de recaudación. El plan original del gobierno pretendía percibir 1,72% del Producto Interno Bruto (PIB) en impuestos, mientras que la versión aprobada quedó en 1,29%. Buena parte de las reformas que debilitaron la recaudación fueron apoyadas por el diputado en la comisión que discutió la reforma.

Además, hubo aspectos internos y externos que incidieron en el cambio del pronóstico de déficit, según el Ministerio de Hacienda. Primero, el crecimiento económico del país fue menor al esperado debido a factores internacionales; y segundo, hubo una recaudación de impuestos más baja debido a ese bajo crecimiento.

Consultado al respecto, el diputado afirmó que su mensaje pretende ser una llamada de atención contra el gobierno, no por el tema de la reducción en los ingresos, sino por lo que considera una falta de señales en cuanto al recorte del gasto. Este reclamo no fue explícito en su mensaje en redes.

El meme publicado por Viales tiene además una imprecisión y una inferencia vacía. Por un lado, dice que la ministra había anunciado que para el año 2021 ya no habría déficit. En realidad, la ministra lo había pronosticado para el 2022. Asimismo, el presidente Alvarado nunca hizo mención al año 2021 en su informe. Por ello, traer a colación el 2021 no venía al caso.

En resumen: El diputado Gustavo Viales, de Liberación Nacional, cuestionó que el presidente Carlos Alvarado presentara proyecciones de déficit fiscal menos alentadoras a las comunicadas meses antes por el Ministerio de Hacienda. El cambio que señala es cierto, pero el diputado omite un dato clave. Cambios apoyados por él mismo son responsables, en parte, de que surgiera esa incongruencia.

El diputado publicó un meme en Twitter el 6 de mayo. La publicación afirmaba que la ministra había pronosticado en junio del 2018 que, de aprobarse el plan fiscal, el déficit primario para el 2020 sería de 0,4%. Viales comparó que Alvarado dijo en su informe del 2 de mayo que ese déficit sería de 1,1% para ese mismo año. (El déficit primario es el porcentaje de exceso de gastos sobre los ingresos del Estado).

Viales no menciona que, entre junio y mayo, el plan fiscal que se discutía en la Asamblea se recortó y, por tanto, redujo su potencial de recaudación. El plan original del gobierno pretendía percibir 1,72% del Producto Interno Bruto (PIB) en impuestos, mientras que la versión aprobada quedó en 1,29%. Buena parte de las reformas que debilitaron la recaudación fueron apoyadas por el diputado en la comisión que discutió la reforma.

Además, hubo aspectos internos y externos que incidieron en el cambio del pronóstico de déficit, según el Ministerio de Hacienda. Primero, el crecimiento económico del país fue menor al esperado debido a factores internacionales; y segundo, hubo una recaudación de impuestos más baja debido a ese bajo crecimiento.

Consultado al respecto, el diputado afirmó que su mensaje pretende ser una llamada de atención contra el gobierno, no por el tema de la reducción en los ingresos, sino por lo que considera una falta de señales en cuanto al recorte del gasto. Este reclamo no fue explícito en su mensaje en redes.

El meme publicado por Viales tiene además una imprecisión y una inferencia vacía. Por un lado, dice que la ministra había anunciado que para el año 2021 ya no habría déficit. En realidad, la ministra lo había pronosticado para el 2022. Asimismo, el presidente Alvarado nunca hizo mención al año 2021 en su informe. Por ello, traer a colación el 2021 no venía al caso.

¿Cómo surgió la polémica?

El presidente Carlos Alvarado presentó su informe a la Asamblea Legislativa el pasado 2 de mayo. En él, expuso los pronósticos de déficit según los datos del Programa Macroeconómico 2019-2020, del Banco Central. Para el 2020, Alvarado dijo que el gobierno espera un déficit de 1,1% del Producto Interno Bruto (PIB).

Días después, el diputado liberacionista Gustavo Viales publicó una imagen en Twitter en donde denunciaba una incongruencia entre lo expresado por Alvarado y datos que habían sido expuestos por la ministra Rocío Aguilar en un oficio de junio del 2018 para la Asamblea Legislativa.En aquel documento de junio, la ministra pronosticaba que el déficit bajaría a 0,4% para el 2020 si se aprobaba la legislación. Según dijo Viales a Doble Check, la información de Hacienda serviría de insumo para que los diputados tomaran decisiones sobre posibles modificaciones al plan fiscal que se discutía entonces.

 

Imagen publicada por el diputado Gustavo Viales el 6 de mayo como respuesta al informe presidencial ante la Asamblea Legislativa.

El plan fiscal fue la principal medida económica impulsada en el primer año de gobierno de Carlos Alvarado, y fue aprobada con modificaciones sustantivas el 3 de diciembre.

Viales reclama que la promesa era eliminar el déficit para el 2021. En realidad, Aguilar proyectaba una eliminación del déficit para el 2022, y no como afirmó el diputado. Por ello hay una imprecisión en su mensaje.

Proyección del déficit por Hacienda con y sin plan fiscal, según el oficio enviado a la Asamblea Legislativa en junio pasado.

Además, en su informe del 2 de mayo, el presidente Alvarado no se refirió a la meta para el 2021 o el 2022, sino que se limitó al 2020. El diputado lo interpreta como una omisión intencional para no reconocer que no se cumplirá la meta planteada originalmente, según dijo a Doble Check.

Aparte de estas incongruencias, el reclamo principal de Viales es que la proyección de Hacienda en junio del 2018 es de siete décimas inferior a la anunciada ahora por Alvarado. ¿Por qué el diputado es en parte responsable por el pronóstico modificado?

¿Cómo cambió el plan fiscal?

Las proyecciones de cuánto percibirá el Estado de más o de menos por impuestos dependen de la producción del país o, mejor dicho, de cuánto se pronostica que producirá el país. Este número se expresa en las proyecciones del Producto Interno Bruto (PIB). En el contexto del plan fiscal, el monto esperado de ingresos por impuestos también varió con respecto a los cambios que los diputados hicieran.

Hacienda siguió el rastreo de cambios que provocaron los impactos más importantes en la recaudación proyectada según el plan fiscal. Por ejemplo, la reducción del impuesto a canasta básica tributaria; se eliminó el impuesto a las utilidades de las cooperativas; se ajustó el tributo a las tasas para asociaciones solidaristas, cooperativas, mutuales y remesas al exterior; la educación privada quedó exenta y se modificaron las imposiciones a los medicamentos.

Modificaciones al plan fiscal hechas por la Asamblea Legislativa, según el recuento del Ministerio de Hacienda.

Los cambios representaron una reducción de 0,43 puntos porcentuales del PIB en la recaudación esperada. Como parte de la comisión del plan fiscal, Viales fue uno de los diputados con cuyo aval se hizo esa reducción en casi todas las mociones. La única excepción fue el impuesto a la educación privada, que fue promovido desde la representación de la Unidad Social Cristiana.

Los cambios en la legislación fueron uno de los factores por los que las proyecciones dadas por la ministra en junio del 2018 son distintos a los expuestos por Carlos Alvarado en mayo pasado, según explicó el ministerio. Doble Check compartió la explicación de Hacienda con el investigador en temas económicos, Rudolf Lucke, y con el viceministro de Ingresos, Fernando Rodríguez. Ambos la encuentran satisfactoria.

¿Qué dice el diputado?

En entrevista con Doble Check, Viales dijo percibir que los diputados han entregado herramientas adecuadas para que el Estado perciba más ingresos. Sin embargo, él estima que no han existido señales claras de recorte en el gasto del Estado por parte del gobierno. Dice que de ahí se deriva el interés de su publicación, aunque no fue explícito en aquel momento.

«Yo creo que el porqué de que no se vaya a cumplir la expectativa tiene más que ver con las medidas de recorte de gasto», dice el diputado.

Se le consultó al diputado si su despacho ha hecho los cálculos de cuánto ha sido el impacto de estas medidas que afirma que no se han implementado. Viales reconoció que no, pero al mismo tiempo afirmó que «es evidente (el impacto)». «El (proyecto para la reforma al) empleo público no lo enviaron (a la Asamblea) en enero, y obviamente se va a retrasar», ejemplificó.

El viceministro de Ingresos, Fernando Rodríguez, difiere del impacto que los recortes en gastos puedan tener en el corto plazo. Consultado por Doble Check, el economista afirmó que los controles de gastos como los propuestos en empleo público no tendrían un impacto significativo a dos o tres años, sino a unos 20, cuando se vea un cambio generacional en las planillas estatales. Es decir, no afectarían las proyecciones en el déficit al 2021.

En cuanto a los ingresos, Viales reconoce que el plan fiscal fue disminuido en su capacidad de recaudación. Sin embargo, también afirma que la Asamblea aprobó fondos que no estaban contemplados en el plan inicial de Hacienda, como la norma de subcapitalización y la amnistía tributaria. A criterio de Viales, ahí existió una compensación con lo recortado.

Rodríguez coincide en que la amnistía sí provee recursos frescos. No obstante, advierte que el fisco solo recibe el dinero una vez, por lo que no compensa un recorte en los impuestos propuestos. Si se baja el porcentaje de impuestos en un plan, ese representará un dinero que el Estado deja de percibir periódicamente. Con respecto a la norma de subcapitalización, el economista calcula que los fondos percibidos no serán tan significativos.

Crecimiento y recaudación

¿Fueron los cambios en el plan fiscal los únicos que incidieron en el cambio de las proyecciones fiscales? Para nada.

Lo primero que hay que saber sobre las proyecciones del Producto Interno Bruto (sobre las cuales se hacen las proyecciones de déficit) es que estas se actualizan periódicamente con base en los cambios de las realidades económicas. Estos reajustes son habituales en la evaluación macroeconómica, explicó Rudolf Lucke, del Instituto de Investigaciones en Ciencias Económicas de la Universidad de Costa Rica. Es decir, ya de cajón existen cambios en las proyecciones aunque no hubieran factores internos o externos inesperados.

Ahora, además de los reajustes, sí hubo factores inesperados que operaron en la economía costarricense del último año.

Además de los cambios al plan fiscal, hubo una reducción en el optimismo macroeconómico entre el momento en que la ministra de Hacienda presentó su plan a los diputados y el informe presidencial ante la Asamble Legislativa. De hecho, Fernando Rodríguez opina que los pronósticos de Hacienda fueron demasiado optimistas.

Información enviada por Hacienda, sostiene que hubo eventos internos y externos que afectaron los pronósticos. Por un lado, la huelga del sector público del 2018 habría disminuido en 0,4 puntos porcentuales el crecimiento económico del país, que para ese año alcanzó 2,7%, según datos del Programa Macroeconómico 2019-2020, del Banco Central.

¿Cuáles fueron los motivos externos de esta falta de crecimiento? El Banco menciona una cinco: a) aumento de las tasas de interés internacionales; b) aversión al riesgo de inversionistas que provocó la salida de capitales desde mercados emergentes; c) las tensiones comerciales entre Estados Unidos y otras grandes economías; d) la crisis sociopolítica en Nicaragua; e) y el aumento en precios de materias primas, lo que presionaría la inflación en Costa Rica.

El resultado directo de esa falta de crecimiento se expresó en el país en una baja en la recaudación de impuestos, según Hacienda. Esta recaudación menor es de aproximadamente 1% del PIB (₡300.000 millones), lo que finalmente terminó cambiando las proyecciones iniciales publicadas por el ministerio.

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Diputada Franggi Nicolás compartió tres falsedades sobre salarios en el TSE

En resumen:

La diputada liberacionista Franggi Nicolás compartió una secuencia de datos falsos acerca de los aumentos salariales que recibieron seis directivos en el Tribunal Supremo de Elecciones en el 2014.

El primero de ellos consiste en indicar que el aumento de los funcionarios ocurrió «en tiempos en el que se acaba de aprobar un Plan Fiscal y el Gobierno acaba de presentar un proyecto para regular el empleo público». Nicolás publicó la opinión en redes sociales, cuando compartió la carta que envió al Tribunal Supremo de Elecciones solicitando más información sobre una publicación de Diario Extra. Como ha sido reiterado por varios medios de comunicación, la afirmación compartida por la diputada en redes sociales no es correcta, debido a que —aunque hubo un aumento— este ocurrió en el 2014.

Sin embargo, la diputada Nicolás agregó otro dato falso al debate tras la respuesta oficial del Tribunal Supremo de Elecciones. Nicolás argumentó a varios medios de comunicación (y a Doble Check) que —aunque era cierto que el aumento se había aprobado en el 2014— la medida no se estaba aplicando hasta ahora. La afirmación también es falsa.

Por último, es impreciso señalar que el aumento a los directivos es de un «26% sobre el salario«, según se cita a Nicolás en La República y según se repite en otros medios de comunicación.  También es incorrecto indicar que el salario base creció en un 26%. Ambos términos son distintos a decir que se aprobó un plus que equivale al 26% del salario base.

En resumen: La diputada liberacionista Franggi Nicolás compartió una secuencia de datos falsos acerca de los aumentos salariales que recibieron seis directivos en el Tribunal Supremo de Elecciones en el 2014.

El primero de ellos consiste en indicar que el aumento de los funcionarios ocurrió «en tiempos en el que se acaba de aprobar un Plan Fiscal y el Gobierno acaba de presentar un proyecto para regular el empleo público». Nicolás publicó la opinión en redes sociales, cuando compartió la carta que envió al Tribunal Supremo de Elecciones solicitando más información sobre una publicación de Diario Extra. Como ha sido reiterado por varios medios de comunicación, la afirmación compartida por la diputada en redes sociales no es correcta, debido a que —aunque hubo un aumento— este ocurrió en el 2014.

Sin embargo, tras la respuesta oficial del Tribunal Supremo de Elecciones, la diputada Nicolás agregó otro dato falso al debate . Nicolás argumentó a varios medios de comunicación (y a Doble Check) que —aunque era cierto que el aumento se había aprobado en el 2014— la medida no se estaba aplicando sino hasta ahora. La afirmación también es falsa.

Por último, es impreciso señalar que el aumento a los directivos es de un «26% sobre el salario«, según se cita a Nicolás en La República y según se repite en otros medios de comunicación.  También es incorrecto indicar que el salario base creció en un 26%. Ambas expresiones  son distintas a decir que se aprobó un plus que equivale al 26% del salario base.

Primer dato falso: aumento no se aprobó este año, sino en el 2014

¿Cómo comenzó toda la discusión? Según la legisladora, «hace ya bastante tiempo» ella y otros diputados se han venido reuniendo con trabajadores del Tribunal Supremo de Elecciones para atender denuncias de los empleados.

«Nos han compartido diversas situaciones sobre denuncias de acoso laboral interno, temas de manejo presupuestario y este otro asunto de un aumento desproporcionado que se iba a dar  a una pequeña representación de trabajadores (…). Yo, en el ejercicio del control político, mandé a consultarle de forma respetuosa al Tribunal para que nos aclarara. En ningún momento pretendemos intimidar a (Luis Antonio) Sobrado, y él era la única autoridad que nos podía aclarar», explicó Nicolás.

Así, la diputada Nicolás envió un oficio de consulta al Tribunal Supremo de Elecciones.

 

Nicolás también divulgó otra publicación en redes sociales en la que compartía su opinión sin que hubiera obtenido una respuesta oficial del Tribunal. Nicolás agrega:

«Este aumento me parece inaudito en tiempos en el que se acaba de aprobar un Plan Fiscal y el Gobierno acaba de presentar un proyecto para regular el empleo público, ya que insiste en que pasa una situación financiera complicada».

 

El Tribunal Supremo de Elecciones recibió la consulta de Nicolás el jueves 9 de mayo en horas de la tarde, y envió su respuesta a la legisladora en la mañana del martes 14 de mayo, según documentación solicitada por Doble Check.

«Me permito aclarar que el incentivo al que hacen alusión el Diario Extra y su estimable persona no es actual ni fue aprobado siquiera recientemente, sino que data de 2014«, afirma el oficio, firmado por Erick Guzmán, Secretario General del TSE.

El documento también adjunta el decreto en el que se aprueba el aumento salarial. Ese decreto indica, a su vez, que la decisión del Tribunal regirá a partir de su publicación en el Diario Oficial La Gaceta (que ocurrió el martes 20 de mayo de 2014). La institución también envió un breve comunicado a medios de comunicación explicando lo ocurrido.

Doble Check solicitó las comunicaciones entre Nicolás y el Tribunal y los decretos en donde se publica el cambio salarial: todos ellos pueden descargarse en este enlace. También se pueden descargar todos los documentos con los que el Tribunal justifica el cambio salarial en este enlace. Dichos documentos nos permiten afirmar que la afirmación es falsa. 

Este medio también le consultó a la legisladora por qué divulgó una información de la que no tenía confirmación oficial.

“En ningún momento me estoy desdiciendo de la opinión previamente expresada. Efecticamente el aumento va.  Me sigue pareciendo un monto desproporcionado. Estoy haciendo un cuestionamiento en el sano ejercicio del control político. No era que la fuente que yo tenía era una fuente sin fundamento (se refiere a la publicación que hizo en redes sociales y a la consulta enviada al TSE). El aumento va. Yo ni siquiera estaba preguntando el detalle de la explicación de que si se había aplicado en el 2014, el 2017, o en el 2019. (…) La mayoría de oficios que envío son públicos y por eso los comparto”. 

Segundo dato falso: aumento no empezó a aplicarse este año, sino en el 2014

En nuestra entrevista con la diputada Nicolás, la legisladora repitió un dato falso que también ya había compartido en otros medios.

«Yo le mando la consulta al TSE sobre el aumento, me contestan de una manera en la que me pareció que no era de recibo que era que en su momento (el aumento) se había aprobado en el 2014. Lo que me parece malo ahora me parece mal en el 2014.  (Ahí) me contestan que hasta ahora que lo van a aplicar», dijo a Doble Check.

En entrevista con la legisladora, Doble Check le aclaró a la diputada que el vocero del Tribunal Supremo de Eleccciones —Gustavo Román— también había desmentido ese dato. «Entre la información que tengo es que no se le ha aplicado a todos los directivos”, respondió la diputada.

Doble Check solicitó al Tribunal Supremo de Elecciones una aclaración sobre ese tema. Al respecto, el tribunal envió una certificación firmada por la subjefa interina de Recursos Humanos de la institución, en la que indica que los seis directores de la institución devengan ese salario desde el 20 de mayo de 2014.  Puede descargarlo aquí. Dicho documento nos permite aseverar que la segunda afirmación también es falsa. 

Tercero: una precisión sobre cómo se calcula el plusNo se aumentó el total, ni se ensanchó el salario base.

Hay varias imprecisiones en medios de comunicación sobre cómo se calcula el aumento salarial de los directores en el Tribunal. Por ejemplo, es incorrecto que se dio un «aumento del 26% sobre los salarios de los directores del Tribunal», como lo indicó Multimedios,  La República  o Diario Extra.

También es impreciso indicar que hubo un incremento del 26% al salario base de los directores. Ensanchar el salario base incrementaría también otros muchos componentes salariales ligados al salario base y tendría un mayor valor económico. En realidad, la disposición del 2014 agregaba un nuevo plus al salario de los directores, equivalente al 26% del salario base de los directores.

¿Por qué el aumento?

Según Gustavo Román, la decisión de crear ese plus surgió tras la creación del Consejo de Directores del Tribunal Supremo de Elecciones. Según el vocero, los magistrados del Tribunal tenían anteriormente a cargo suyo buena parte de las decisiones administrativas de la institución (compras de inventario, equipo, etcétera), lo que dejaba menos tiempo para sus principales labores: generar jurisdicción electoral, fiscalizar partidos políticos, entre otros. Por ello se tomó la decisión de crear un órgano meramente administrativo.

En el 2014 el Tribunal creó el Consejo de Directores. Este agrupó, ya no a los magistrados, sino a seis jerarcas. El grupo quedó formado por los Directores del Registro Civil, Ejecutivo, General del Registro Electoral y de Financiamiento de Partidos Políticos, General del Instituto de Formación y Estudios en Democracia, General de Estrategia Tecnológica y al Secretario General del Tribunal. Ese consejo se reúne semanalmente, y toma las principales decisiones administrativas del Tribunal. El aumento salarial obedece a las nuevas funciones, explicó Román.

Además, el Tribunal asegura haber realizado un estudio previo sobre la competitividad de los salarios. El documento, realizado por «Bermúdez Méndez Asociados» y disponible para su descarga en nuestros enlaces ,  concluye que «en el mercado por cada 100 plazas existentes (similares a las de los directores), se está demostrando que 95 están pagando un salario igual o superior al ofrecido por el TSE», lo que «hace muy  vulnerable al TSE».

“Por supuesto, también se toma en cuenta el tema de la competitividad salarial, y la razón es que no podemos permitir que la gente se nos vaya o que la mejor gente no venga. Pero la motivación principal (del aumento) era la creación del Consejo de Directores. A todos estos señores se les dieron nuevas funciones», cerró Román.

Cierto: Costa Rica logró bajar cantidad de menores que trabajan en casi un tercio desde 2006

En resumen: Es cierto lo indicado por Costa Rica ante el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas en su Examen Periódico Universal (EPU) con respecto al trabajo infantil. Entre el 2011 y el 2016 (los datos más recientes disponibles) Costa Rica logró disminuir la cantidad de menores que trabaja en casi 6.000 niños y […]

En resumen: Es cierto lo indicado por Costa Rica ante el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas en su Examen Periódico Universal (EPU) con respecto al trabajo infantil. Entre el 2011 y el 2016 (los datos más recientes disponibles) Costa Rica logró disminuir la cantidad de menores que trabaja en casi 6.000 niños y adolescentes.

A pesar de ello, aún tenemos casi 30.000 menores de edad que trabajan: casi 8.000 de ellos tienen menos de 15 años.

País bajó cantidad de niños y adolescentes que trabajan

Este lunes, Costa Rica presentó su Examen Periódico Universal frente al Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas. Doble Check está chequeando las principales frases compartidas en el discurso de los representantes del país, y algunas de las que nuestros lectores nos han sugerido a través de redes sociales.

Al respecto, el viceministro de Gobernación y Policía Víctor Barrantes afirmó:

«En el país, hay alrededor de 30.000 personas menores de edad trabajadores, 12.000 menos que en la medición del 2011. La tasa de de ocupación de personas menores de edad entre 5 y 17 años pasó de un 4,3% en el 2011 a un 3,1% en el 2016. De esos datos cabe destacar que en el caso de las personas entre 5 y 14 años la tasa de ocupación se establece en un 1,1%, mostrando una disminución de más de 6.000 menores de edad en puestos de trabajo». 

Los datos son correctos. Según la última medición del INEC, para el 2016 había 30.369 niños trabajadores menores de 17 años. Esa cifra es casi un 30% inferior a la de 42.571 niños que trabajaban en el 2011.

Los datos del INEC, de hecho, muestran una reducción en la cantidad de menores que trabajan en todos los grupos etáreos. Entre el 2011 y el 2016 la cantidad de niños de 5 a 11 años que trabajan pasó de 7.883 a 3.181 (se redujo en casi un 60%).  Otra reducción se observó entre los menores de 12 a 14 años que trabajan. La cifra pasó de 6.313 a 4.890 entre el 2011 y el 2016 (una caída de un 22%).

Es decir, es correcto señalar que actualmente hay una caída de casi 6.000 menores de 14 años que trabajan. Esa caída se vio especialmente entre los niños menores de 11 años: la población más vulnerable de todas, entre un grupo que ya es vulnerable.

Datos anuales para menores entre 12 y 17 años

Lamentablemente, los datos del INEC no permiten ver la información de forma anual para los grupos menores de 12 años, de modo que los únicos datos disponibles son del 2011 y 2016.  Eso sí, la metodología del INEC nos permite analizar anualmente la cantidad de menores trabajadores de 12 a 17 años.

Al respecto,  en el 2015 y en el 2016 se reportaron aumentos en el número de menores de 12 a 17 trabajadores, pero durante el 2017 y el 2018 esas cifras cayeron. De hecho, la medición de menores trabajadores de 12 a 17 años en el 2018 es la más baja que observamos en los datos del INEC.

 

Falso: eutanasia en Holanda no está limitada solo para sus ciudadanos

En resumen: es falso que la ley de los Países Bajos restringe la eutanasia solo para ciudadanos de ese país, tal como afirmó la diputada independiente del bloque “Nueva República”, Ivonne Acuña.

La eutanasia y el suicidio asistido fueron despenalizados en Holanda desde el 2002 cuando estos sean facilitados por personal médico.

La ley holandesa solo permite el procedimiento a personas que sufran de un dolor insoportable y cuyo padecimiento sea incurable.  Además, debe haber una autorización expresa y “en conciencia completa” del solicitante.

Contrario a lo afirmado por la diputada Acuña ante el medio de comunicación elmundo.cr, la legislación de los Países Bajos carece de una restricción basada en la ciudadanía o el estado de residencia de la persona que requiera la terminación de su vida.

En su sitio oficial en Internet, el gobierno holandés estipula que el médico tratante debe decidir si es posible ese tipo de procedimientos en casos de personas no residentes que han llegado recientemente a esa nación, con base en un “conocimiento suficiente” del historial médico del solicitante.

En resumen: Es falso que la ley de los Países Bajos restrinja la eutanasia solo para ciudadanos de ese país, tal como afirmó la diputada independiente del bloque “Nueva República”, Ivonne Acuña.

La eutanasia y el suicidio asistido fueron despenalizados en Holanda desde el 2002 cuando estos sean facilitados por personal médico.

La ley holandesa solo permite el procedimiento a personas que sufran de un dolor insoportable y cuyo padecimiento sea incurable.  Además, debe haber una autorización expresa y “en conciencia completa” del solicitante.

Contrario a lo afirmado por la diputada Acuña ante el medio de comunicación elmundo.cr, la legislación de los Países Bajos carece de una restricción basada en la ciudadanía o el estado de residencia de la persona que requiera la terminación de su vida.

En su sitio oficial en Internet, el gobierno holandés estipula que el médico tratante debe decidir si es posible ese tipo de procedimientos en casos de personas no residentes que han llegado recientemente a esa nación. Esa aprobación debe hacerse con base en un “conocimiento suficiente” del historial médico de la persona que la pide.

Acuña aseguró que compartiría con Doble Check su fuente de información, pero no lo ha hecho oportunamente. Se actualizará esta información si fuera necesario.

El comentario de Acuña

Esta semana, el medio digital elmundo.cr divulgó la reacción de la diputada Ivonne Acuña ante el propuesta de una Ley sobre Eutanasia y Muerte Digna, que fue presentado el pasado 1 de mayo por la legisladora del Partido Acción Ciudadana (PAC), Paola Vega.

Según consta en la nota de ese medio, Acuña cuestionó la falta de definiciones de la propuesta, como “el contenido presupuestario, los alcances del proyecto y  a quién está dirigido”.

Como ejemplo, la diputada independiente dijo que “Holanda en su regulación para poder dar el servicio de eutanasia estipula que el servicio es dado solamente a ciudadanos holandeses y precisamente para evitar que otras personas de otros países vengan a hacer uso de ese servicio”.

Captura de pantalla de la nota publicada en elmundo.cr

Por eso, la diputada independiente dijo que, de aprobarse el proyecto en Costa Rica, “vamos a tener turismo homicida y suicida en este país”.

Efectivamente, la iniciativa de ley para permitir la eutanasia en Costa Rica (tramitada bajo el expediente 21.383) carece de una limitación con base en la ciudadanía o el estado de residencia de la persona solicitante, confirmó a Doble Check la diputada Paola Vega.

Los límites que existen en Holanda (y los que no)

A partir del 2002, la legislación de los Países Bajos fue la primera en el mundo que despenalizó la eutanasia y el suicidio asistido.

En su sitio oficial en Internet, el gobierno holandés define que la eutanasia es un procedimiento “realizado por un médico tratante al administrar una dosis fatal de un fármaco apropiado, por solicitud expresa del paciente”. La legislación de ese país considera el suicidio asistido como una situación donde un médico proporciona el fármaco y el paciente se lo administra a sí mismo.

Tales procedimientos son regulados por medio de la Ley de terminación de la vida y suicidio asistido.

Dicha ley estipula una serie de condiciones para que la terminación de la vida por petición sea legal:

  1. Debe ser realizada por un profesional médico. Los médicos no están obligados a realizar el procedimiento.
  2. El médico tratante debe estar convencido de que la solicitud del paciente es voluntaria y bien considerada.
  3. El sufrimiento del paciente ha sido considerado como prolongado e insoportable.
  4. El médico tratante debe informar al paciente de su situación y de sus posibilidades.
  5. El paciente mantiene la convicción de que no hay otra situación razonable para su estado.
  6. El paciente debe ser evaluado por otro médico independiente, quien tiene que revisar por escrito el cumplimiento de las condiciones requeridas.
  7. La eutanasia o el suicidio asistido deben realizarse con un cuidado apropiado.

Además, el médico tratante debe notificar posteriormente la aplicación del procedimiento ante un comité evaluador.

La ley  holandesa establece que la terminación de la vida bajo esos límites puede ser solicitada por personas mayores de 12 años de edad. Sin embargo, el consentimiento de los padres de familia o los guardianes legales es obligatorio hasta los 16 años.

En casos de personas de 16 y 17 años, esa autorización no es obligatoria pero es requerido que la familia o los guardianes estén involucrados en la toma de las decisiones. Después de la mayoría de edad (18 años), las personas pueden solicitar la terminación de la vida sin involucramiento familiar.

La ley que regula la terminación de la vida por petición en Holanda carece de algún estatuto que limite el procedimiento con base en la ciudadanía o el estado de residencia de la persona solicitante.

En su plataforma informativa oficial, el gobierno holandés advierte que los médicos tratantes en casos de eutanasia y suicidio asistido deben tener información suficiente para evaluar la viabilidad del procedimiento en cada caso.

Así, las autoridades de Holanda aseguran que el personal médico puede decidir si facilita o no el procedimiento a personas no residentes que llegaron recientemente al país, con base en un “conocimiento suficiente” del historial médico del solicitante.