En resumen: Una publicación de la página Liberales Costa Rica asegura que un «salvadoreño vinculado a las maras» «fue detenido en Alajuelita por la Policía Municipal». La publicación agrega que Migración dejó en libertad al sujeto «ya que se encuentra en trámite su permiso y carné de refugiado».
La información es falsa, según informó la Oficina de Prensa de Migración. El sujeto no es salvadoreño (en realidad, es nicaragüense), no hay pruebas para vincularlo con las maras ni tiene ningún proceso abierto de regularización migratoria.
En resumen: Una publicación de la página Liberales Costa Rica asegura que un «salvadoreño vinculado a las maras» «fue detenido en Alajuelita por la Policía Municipal». La publicación agrega que Migración dejó en libertad al sujeto «ya que se encuentra en trámite su permiso y carné de refugiado».
La información es falsa, según informó la Oficina de Prensa de Migración. El sujeto no es salvadoreño (en realidad, es nicaragüense), no hay pruebas para vincularlo con las maras ni tiene ningún proceso abierto de regularización migratoria.
La publicación
El 9 de enero Liberales Costa Rica compartió una publicación falsa en la que alegan que un sujeto vinculado a las maras fue liberado debido a su condición de refugiado.
“Nos reportan que a este sujeto el gobierno le dio refugio porque tiene una relación sentimental con una Costarricense, aún teniendo una denuncia por asalto y vínculo con las Maras”, agrega la publicación, que se ha compartido más de mil veces en Facebook.
Migración desmitió a Doble Check la información de la página. En primer lugar, la persona que aparece en la fotografía es de nacionalidad nicaragüense, no salvadoreña. Ni los sistemas de seguridad costarricenses ni el Centro Antipandilla Trasnacional de El Salvador registran al sujeto como relacionado con pandillas o maras.
El sujeto, efectivamente, fue procesado y liberado en el Centro de Aprehensión Región Central en diciembre de 2019, debido a su condición migratoria irregular. Cuando una persona es detenida en esa situación se le obliga a una firma periódica: una medida cautelar en la que persona tiene que ir firmar regularmente en la policía mientras se realiza la resolución final de deportación.
Migración anotó que no existe ningún proceso de regularización migratoria para esa persona.
¿Es refugiado?
¿Es cierto que el sujeto es refugiado? El Reglamento de Personas Refugiadas y la Sala Constitucional dejan claro que, por seguridad, Migración no puede revelar públicamente si una persona es refugiada o no, o si lo está solicitando.
Eso quiere decir que, aunque nosotros en Doble Check no podemos acceder a una confirmación sobre el tema, tampoco lo podría hacer Liberales Costa Rica. La publicación no aporta ninguna evidencia al respecto.
Tratamos de obtener la versión de la página, pero no obtuvimos respuesta. Su publicación parece basarse en este artículo de Diario Extra pero el propio artículo de ese medio deja claro que el sujeto no es salvadoreño y que no hay pruebas para vincularlo con las maras. Tampoco dice que tenga condición de refugiado.
Consejos para no caer en fakes sobre refugiados
Cuando observe una publicación sobre una persona en condición de refugiado, tome en cuenta que Migración no puede confirmar que una persona sea refugiada o esté solicitando este tipo de amparo. La única forma en que un medio de comunicación pueda confirmar la situación de refugio es mediante una filtración o mediante la confirmación hecha por la persona en cuestión.En otras palabras, es muy difícil confirmar la condición de refugiado de una persona detenida.
También le recomendamos prestar atención a las fechas de las publicaciones. Sobre el mismo tema, esta publicación sobre un supuesto refugiado nicaragüense lleva más de 22 mil compartidos en Facebook, y sigue circulando en redes sociales. Si la ve, preste atención a la fecha. La publicación es de noviembre… del 2018.
A nosotros a veces nos confunde la información científica. ¿Es veraz o no? Estas son algunas de las señales que solemos buscar para darle credibilidad a un artículo especializado.
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Cuando se tope una noticia falsa pregúntese: ¿Quién está detrás de la información? ¿Cuáles son las fuentes de información? ¿Qué dicen otros medios al respecto? Este método sencillo fue desarrollado por Civic Online Reasoning, de la Universidad de Stanford. Puede encontrar más información aquí.
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Resumen: Sí. Es cierto que la Controlaría General de la República (CGR) archivó sin trámite los presupuestos presentados por las universidades públicas para el año 2020. Pero no es cierto que hubiera sido por «incumplir la regla fiscal». Así lo indicaron el periódico La Nación, el diario digital CRHoy.comy el semanario Universidad.
El archivo de los cinco presupuestos se debió a que las casas de enseñanza no presentaron una constancia formal de que hubiesen cumplido los límites de la regla fiscal. Sin embargo, la CGR asegura que el problema no es que hubiera existido un incumplimiento, sino que no se pudo constatar.
Medios como Delfino.cr y Amelia Rueda sí publicaron la noticia de forma correcta. Ambos sitios señalaron que el rechazo se debió a problemas de procedimiento, como indicó la Contraloría. Así lo hizo también La Nación en una versión corregida de su nota.
La entidad fiscalizadora comunicó su decisión mediante un comunicado de prensa. «Pese a diversas gestiones al respecto y ante la omisión de la certificación de la Secretaría Técnica de la Autoridad Presupuestaria (STEP) de que las universidades cumplen con la regla fiscal, la Contraloría debe archivar sin trámite el presupuesto inicial de las cinco universidades y del Conare (Consejo Nacional de Rectores) para el año 2020», fue lo que dijo la CGR en su correo electrónico.
Esta decisión obligaría a las cinco universidades públicas y al Conare a trabajar en 2020 con el presupuesto del año en curso.
Resumen: Sí. Es cierto que la Controlaría General de la República (CGR) archivó sin trámite los presupuestos presentados por las universidades públicas para el año 2020. Pero no es cierto que hubiera sido por «incumplir la regla fiscal». Así lo indicaron el periódico La Nación, el diario digital CRHoy.comy el semanario Universidad.
El archivo de los cinco presupuestos se debió a que las casas de enseñanza no presentaron una constancia formal de que hubiesen cumplido los límites de la regla fiscal. Sin embargo, la CGR asegura que el problema no es que hubiera existido un incumplimiento, sino que no se pudo constatar.
Medios como Delfino.cr y Amelia Rueda sí publicaron la noticia de forma correcta. Ambos sitios señalaron que el rechazo se debió a problemas de procedimiento, como indicó la Contraloría. Así lo hizo también La Nación en una versión corregida de su nota.
La entidad fiscalizadora comunicó su decisión mediante un comunicado de prensa. «Pese a diversas gestiones al respecto y ante la omisión de la certificación de la Secretaría Técnica de la Autoridad Presupuestaria (STEP) de que las universidades cumplen con la regla fiscal, la Contraloría debe archivar sin trámite el presupuesto inicial de las cinco universidades y del Conare (Consejo Nacional de Rectores) para el año 2020», fue lo que dijo la CGR en su correo electrónico.
Esta decisión obligaría a las cinco universidades públicas y al Conare a trabajar en 2020 con el presupuesto del año en curso.
¿«Por incumplir la regla fiscal»?
El periódico La Nación, el diario digital CRHoy.comy el semanario Universidadpublicaron esta mañana que la Contraloría General de la República (CGR) decidió archivar sin trámite el presupuesto de las cinco universidades públicas del país «por incumplir la regla fiscal».
«Las universidades públicas presentaron un plan de gastos para el 2020 que incumple con la regla fiscal contenida en la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas», escribió La Nación.
«Contraloría ordena a U públicas trabajar 2020 con presupuesto del 2019 por incumplir regla fiscal», tituló CRHoy.
«Ajuste será necesario luego de que la Contraloría General de la República rechazara el presupuesto presentado por las cinco universidades públicas y el Conare por no cumplir con la Regla Fiscal», escribió Universidad.
Estas afirmaciones se difundieron en redes sociales. Allí fueron replicadas por figuras políticas. Entre ellas estuvieron el socialcristiano Pablo Heriberto Abarca y la liberacionista Yorleny León.
¿Y dónde está el error?
La información publicada por los medios partió de una premisa errónea. Los tres dieron por un hecho que las universidades públicas incumplieron la regla fiscal. Sin embargo, ese dato no ha sido comprobado por un ente independiente (y ese es precisamente el problema).
De hecho, la CGR archivó los presupuestos porque no tenía esa constancia. El documento era un requisito formal para darle trámite a la aprobación de todos los planes de gastos.
Según la Contraloría, las universidades debían enviar sus presupuestos antes del 30 de septiembre a la Secretaría Técnica de la Administración Presupuestaria (STAP). Este organismo debía determinar si cumplían o no con la regla fiscal.
La CGR dijo que eso finalmente no ocurrió, pues las universidades decidieron no presentar sus presupuestos a la STAP. Así lo confirmaron las universidades a través del oficio N.° OF-CNR-2015-2019.
Más tarde, en el oficio OF-CNR-312-2019, agregaron que no presentaron sus presupuestos debido a un trámite legal, pues actualmente gestionan una acción de inconstitucionalidad contra varios artículos de la reforma fiscal. Desde el punto de vista universitario, esto suspendía la aplicación de cualquier norma.
Además, señalaron que el procedimiento presupuestario es distinto para las universidades y se basa en artículos constitucionales, por lo que «no puede ser modificado ni condicionado por la Ley N°9635».
Doble Check consultó al rector de la Universidad de Costa Rica (UCR), Henning Jensen, sobre este diferendo. El jerarca indicó que las universidades sí cumplieron la regla fiscal. Eso sí, reconoció que incumplieron normas de procedimiento.
«No certificamos nuestros presupuestos y no lo hicimos porque lo consideramos contrario a la ley», detalló. Según Jensen, la STAP no tiene control sobre las universidades públicas, que están «exentas» de esa autoridad.
La visión de las universidades se contrapone a la de la CGR. La Contraloríaconsidera que el trámite debió realizarse y por eso ni siquiera entró a revisar los planes presupuestarios enviados por las instituciones. Según la CGR, que existan artículos impugnados «no significa que la norma no esté vigente y por tanto debe ser acatada».
¿Y en qué quedamos entonces?
Con o sin diferendos legales, la CGR siempre debe aprobar los presupuestos de las institucionales cada año.
En caso de no contar con ese visto bueno, las instituciones deben afrontar los gastos del año entrante con el mismo plan presupuestario que recibió la aprobación del año en curso. Eso es lo que ocurrirá a partir del 1 de enero con las ‘U’ públicas.
Es incorrecto adelantar criterio y afirmar que las instituciones incumplieron con la regla fiscal, como lo hicieron varios medios. Doble Check se comunicó con los periodistas encargados de esas informaciones.
Luis Valverde, de CRHoy, aclaró que la información sí está completa en el cuerpo de la nota. El periodista alegó escasez de espacio para justificar el titular publicado.
Daniela Cerdas, de La Nación, dijo que la nota era parte de una información en constante actualización, y solicitó que enviáramos nuestras consultas por correo electrónico.
Monserrat Cordero, de Universidad, reconoció haber cometido un error de redacción, y destacó que posteriormente en la nota aparece la información correctamente. La periodista dijo que corregiría la información.
Nota del editor: Doble Check es una iniciativa creada y financiada desde la Oficina de Divulgación e Información de la Universidad de Costa Rica. El proyecto tiene independencia editorial de la institución, y no se coordinó con sus autoridades para generar este contenido. Sin embargo, reconocemos la existencia de un conflicto de interés de cara a que los presupuestos universitarios financian el proyecto. Lamentamos no haber hecho esta aclaración cuando se publicó esta nota por primera vez.
Este texto se actualizó a las 6:05 p.m., pues inicialmente se afirmó que el rector Henning Jensen seguía siendo presidente de Conare. Jensen dejó ese puesto recién el 10 de diciembre pasado.
En resumen: La mayoría de la ciudadanía costarricense afirma estar enterada del tema de la norma técnica para el aborto en casos de peligro a la vida o la salud de la madre, y la mayor parte de esa población está a favor de que el presidente de la República, Carlos Alvarado, aprobara su vigencia.
Así lo muestra la Primera Encuesta Nacional sobre Derechos Humanos en Costa Rica, investigación estadística que fue publicada el martes pasado y que estuvo a cargo del Sistema de Naciones Unidas, la Defensoría de los Habitantes y el Centro de Investigación y Estudios Políticos de la Universidad de Costa Rica (UCR).
Encuestas de opinión pública del 2018 que son representativas para casi la totalidad del país también mostraban una mayoría de apoyo hacia el aborto en casos de peligro a la vida y la salud de las mujeres, causales contemplados en el Código Penal desde 1970 bajo el término de aborto impune.
En resumen:La mayoría de la ciudadanía costarricense afirma estar enterada del tema de la norma técnica para el aborto en casos de peligro a la vida o la salud de la madre, y la mayor parte de esa población está a favor de que el presidente de la República, Carlos Alvarado, aprobara su vigencia.
Así lo muestra la Primera Encuesta Nacional sobre Derechos Humanos en Costa Rica, investigación estadística que fue publicada el martes pasado y que estuvo a cargo del Sistema de Naciones Unidas, la Defensoría de los Habitantes y el Centro de Investigación y Estudios Políticos de la Universidad de Costa Rica (UCR).
Encuestas de opinión pública del 2018 que son representativas para casi la totalidad del país también mostraban una mayoría de apoyo hacia el aborto en casos de peligro a la vida y la salud de las mujeres, causales contemplados en el Código Penal desde 1970 bajo el término de aborto impune.
Previamente a la firma de ese decreto, el martes, el Ministerio de Salud envió la norma a consulta obligatoria ante la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS). La decisión del Ejecutivo ha sido cuestionada por diputados antiaborto de la Asamblea Legislativa y por la cúpula de la iglesia católica desde entonces.
Algunos de esos cuestionamientos instaban al presidente de la República, Carlos Alvarado, a detener la firma de la norma técnica apelando a la cantidad de gente que se opone a dicho reglamento.
Por ejemplo, la diputada de la Unidad Social Cristiana (PUSC), Shirley Díaz, publicó en su perfil de Facebook que “miles de costarricenses le dijimos [al presidente] el pasado 1 de diciembre que no ocupamos una norma técnica”, refiriéndose a una marcha organizada ese día en el centro de San José.
Doble Check intentó comunicarse por vía telefónica con el diputado Prendas, dado que él hizo la afirmación más específica en cuanto a la cantidad de personas opuestas a la norma técnica. Sin embargo, no se obtuvo respuesta oportunamente.
Apoyo a norma técnica para causales de aborto impune es mayor
Las investigaciones estadísticas de dominio público revelan que la mayoría de la ciudadanía costarricense está a favor del aborto en casos de peligro a la vida y la salud de la mujer y de la implementación de una norma técnica para regular ese procedimiento médico.
Dicha investigación fue realizada por el Centro de Investigación y Estudios Políticos de la Universidad de Costa Rica (CIEP), la Defensoría de los Habitantes y el Sistema de Naciones Unidas. La encuesta fue aplicada a una muestra aleatoria de 1.178 personas mayores de edad del 31 de octubre al 11 de noviembre de este año por medio de llamadas por teléfono móvil. De ese modo, los resultados son representativos para casi la totalidad del país en sexo, grupos de edad y niveles de educación, con un margen de error de 2,85 puntos porcentuales hacia arriba y abajo de cada cifra.
Según ese instrumento de medición, casi 76% de la población tiene conocimiento de la norma técnica para el aborto por peligro a la vida o la salud de la mujer. Dentro de ese sector que afirmó estar enterado, una mayoría de casi 58% dijo que está a favor de que el presidente firme la norma técnica.
Resultados de la Primera Encuesta Nacional sobre Derechos Humanos en Costa Rica en cuanto al conocimiento y el apoyo a la norma técnica para el aborto en caso de peligro o salud para la mujer.
El CIEP también midió la opinión pública hacia el aborto en caso de peligro a la salud de la mujer en su encuesta de agosto del 2018, que también tenía resultados representativos para casi la totalidad del país (margen de error de 3,7 puntos porcentuales).
El CIEP preguntó: “¿Creen que se justificaría la interrupción del embarazo, o sea, un aborto, cuando peligra la salud de la madre?” En aquel momento, 55% de la muestra respondió que estaba a favor y 45% dijo estar en contra.
Adicionalmente, la Escuela de Estadística de la Universidad de Costa Rica publicó en diciembre pasado la investigación Actualidades 2018, una encuesta de opinión pública realizada de cara a cara a personas mayores de edad en residencias particulares de todo el país, con resultados representativos para 100% de las viviendas de Costa Rica y un margen de error de 3 puntos porcentuales.
Dicha investigación también midió actitudes hacia el aborto por distintas circunstancias. De ese modo, 57% de las personas dijo estar a favor del aborto si está en peligro la vida de la mujer, frente a 30% de personas en desacuerdo. Por otro lado, 49,6% de la muestra afirmó que está de acuerdo con el aborto cuando la salud de la mujer está en peligro, y 39% dijo estar en contra.
Sin embargo, la encuesta Actualidades 2018 halló un rechazo mayoritario para otras causales de aborto. Los porcentajes más grandes de desacuerdo se hallaron frente al aborto “si la familia no tiene recursos para mantener más hijos” (81,6%) y “si la mujer lo decide por cualquier motivo” (78,7%).
Cabe destacar que, a pesar del apoyo mayoritario que muestran las mediciones estadísticas disponibles, la Sala Constitucional ha advertido que permitir el reconocimiento de derechos humanos en cuanto exista apoyo de una mayoría es una práctica discriminatoria. Así lo recalcó esa entidad en la resolución Nº 13313 – 2010, donde anuló un proceso para la preparación de un referendo donde se pretendía dejar a votación popular un proyecto legislativo de uniones de hecho para parejas homosexuales.
En aquel momento, la Sala Constitucional concluyó que dicho referendo «se transforma, a la postre, en una clara y evidente práctica discriminatoria, por cuanto, supone someter al dictamen de una mayoría si un grupo minoritario obtiene o no el reconocimiento de ciertos derechos –aunque sean de origen legal o infra constitucional-«.
Doble Check
