Asociación Bancaria usó dato falso para oponerse a tope del 30% en tasas de interés

Es falso que la propuesta metodológica para regular la usura que se analiza en la Asamblea Legislativa permitiría «cerrar» tarjetas de crédito actuales, como advirtió la Asociación Bancaria Costarricense (ABC).

La entidad realizó la afirmación a través de un campo pagado que se publicó en diarios de circulación nacional.

La Asociación además escribió otro mensaje que es engañoso. La ABC realizó una proyección de exclusión financiera basada en el mismo proyecto. Utilizó los datos de los tarjetahabientes actuales y señaló que todos los que dejarían de ser rentables para los bancos con las nuevas condiciones quedarían fuera de cualquier oferta.

La iniciativa de ley propone un tope de 2,2 veces la tasa de interés activa promedio del sistema financiero para las tasas de interés que se cobran a nivel crediticio. Ello implicaría límites de un 29,1% en colones y de un 15% en dólares, tomando como referencia datos publicados por el Banco Central para la semana del 20 al 26 de noviembre.

Ambos topes entrarían a regular únicamente los nuevos contratos. La aplicación de la nueva ley no podría ser retroactiva.

El propósito del proyecto de ley es establecer un límite a los intereses que cobran entidades financieras y comerciales por las operaciones de crédito. De este modo, se podría castigar el delito de usura. Actualmente no existen parámetros para establecer cuáles tasas del mercado son desproporcionadas.

Resumen: Es falso que la propuesta metodológica para regular la usura que se analiza en la Asamblea Legislativa permitiría «cerrar» tarjetas de crédito actuales, como advirtió la Asociación Bancaria Costarricense (ABC).

La entidad realizó la afirmación a través de un campo pagado que se publicó en diarios de circulación nacional.

La Asociación además escribió otro mensaje que es engañoso. La ABC realizó una proyección de exclusión financiera basada en el mismo proyecto. Utilizó los datos de los tarjetahabientes actuales y señaló que todos los que dejarían de ser rentables para los bancos con las nuevas condiciones quedarían fuera de cualquier oferta.

La iniciativa de ley propone un tope de 2,2 veces la tasa de interés activa promedio del sistema financiero para las tasas de interés que se cobran a nivel crediticio. Ello implicaría límites de un 29,1% en colones y de un 15% en dólares, tomando como referencia datos publicados por el Banco Central para la semana del 20 al 26 de noviembre.

Ambos topes entrarían a regular únicamente los nuevos contratos. La aplicación de la nueva ley no podría ser retroactiva.

El propósito del proyecto de ley es establecer un límite a los intereses que cobran entidades financieras y comerciales por las operaciones de crédito. De este modo, se podría castigar el delito de usura. Actualmente no existen parámetros para establecer cuáles tasas del mercado son desproporcionadas.

El espacio pagado

La Asociación Bancaria Costarricense (ABC) pautó en varios medios de comunicación nacional un campo pagado. La publicación afirma que poner un tope del 30% a las tasas de interés nacionales permitiría «cerrar» tarjetas de crédito. «Si su límite de crédito es menor a $750, le podrían cerrar su tarjeta de crédito», advierte ABC.

Campo pagado en el periódico La Nación del 27 de noviembre de 2019.

Además, el anuncio señaló que con el tope del 30% «más de 727.000 personas se quedarían sin acceso a crédito con las instituciones financieras, lo que equivaldría a más de 20 estadios nacionales llenos».

Una afirmación falsa y otra engañosa

La primera de las afirmaciones realizadas por la ABC es falsa. El proyecto de ley para regular las tasas de usura no plantea la posibilidad de «cerrar» tarjetas de crédito vigentes. Así lo indicaron los propios proponentes del texto, los diputados Welmer Ramos, del Partido Acción Ciudadana (PAC), y David Gourzong, del Partido Liberación Nacional (PLN).

«La ley no es retroactiva. Esto quiere decir que quienes tienen hoy un contrato por cualquier tipo de crédito deberán mantener las condiciones», explicó el liberacionista.

El propio asesor legal de la ABC, Mario Gómez, había afirmado que «la ley no es retroactiva», en medio de una entrevista que sostuvo el 21 de noviembre en el programa Enfoques, de crhoy.com.

Sobre la afirmación de su espacio pagado, la Asociación reconoció a través de un correo electrónico que no existe un efecto retroactivo. No obstante, matizó diciendo que intentó hacer referencia a «los nuevos financiamientos».

ABC también advierte sobre 727.000 personas que supuestamente quedarían excluidas del crédito con instituciones financieras. Cortés indicó que la ABC calculó el efecto que tendría aplicar las nuevas tasas a personas que ya tienen tarjetas de crédito. La supuesta exclusión se refiere a los casos en los que «los costos por colón prestado superaban los ingresos por colón prestado», con las condiciones actuales de las tarjetas.

La afirmación no se puede etiquetar como veraz ni como falsa, pues conjetura sobre comportamientos que están en el futuro. Sí se puede afirmar que el cálculo es engañoso. Oculta las posibilidades de que las mismas personas puedan buscar otras ofertas en mejores condiciones, de que los propios usuarios renuncien a tener una tarjeta de crédito si sus condiciones no se lo permiten o de que los bancos reduzcan sus márgenes de ganancia.

Respuesta desde los proponentes

Los propulsores del texto opinan que realmente no habría exclusión financiera. En la opinión de los diputados, facilitar tarjetas de crédito con tasas de usura a personas pobres más bien es una forma de explotación. Esta es una forma de «aumentar la riqueza (de los prestamistas) con injusticia», dijo el diputado Gourzong.

Asimismo, el diputado Ramos conjetura que un porcentaje de las personas excluidas por unos bancos (especialmente por el sector privado) podría ser acogido por los sectores público y cooperativo, que ya ofrecen mejores condiciones. Esta afirmación tampoco puede ser verificada, pues también se trata de un comportamiento en el futuro.

Datos del Ministerio de Economía señalan que, solo en tarjetas de crédito en colones, el 69,9% de las ofertas cobran tasas que oscilan entre el 40,0% y el 49,9%La gran mayoría de ellas están a cargo de la banca privada y de casas comerciales.Entidades de la banca pública y de cooperativas cobran tasas menores.

«Si los bancos del Estado, las cooperativas y las asociaciones solidaristas están dando tarjetas y crédito a tasas que no llegan al límite de usura, las personas que sean desplazadas pueden ser asumidos por esos otros entes», afirma el legislador.

En cuanto a las tarjetas en dólares, la situación es diferente. La totalidad de los plásticos que están en las calles paga actualmente tasas de entre el 18% y el 38%. El límite propuesto por el proyecto de ley es de 15%, tres puntos porcentuales por debajo de la tasa más baja en el mercado.

El proyecto divide

La iniciativa para imponer un tope a las tasas de interés ofrecidas en el mercado formal sigue en la Comisión de Asuntos Hacendarios de la Asamblea Legislativa. Los diputados apuntan a dictaminar el proyecto, pero primero decidieron pactar una audiencia con el presidente del Banco Central, Rodrigo Cubero.

El Banco Central aboga por imponer una tasa de interés más alta en dólares y en colones. En el segundo caso, habla de un porcentaje cercano al 50%. Su tesis es que sería imposible dar crédito a algunos sectores con las condiciones actuales.

Aparte de las tarjetas de crédito, el proyecto regularía también operaciones crediticias comerciales, como las que ofrecen tiendas por departamento. Datos del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) señalan que una décima parte de los hogares costarricenses reportan utilizar al menos una tarjeta de crédito.

La redacción actual del proyecto, con sus topes del 30% y del 15%, despierta el rechazo de todos estos sectores prestamistas. Ellos argumentan que es necesario aplicar tasas más altas para atender a la población con mayor riesgo de pago, aunque sea a tasas superiores al 30%.

Si el texto es aprobado en comisión (con la redacción actual o una nueva), luego tendría que pasar al Plenario legislativo. Allí, los 57 diputados podrían presentar sus últimas propuestas para modificarlo, de cara a su votación (positiva o negativa) en primer debate.

La desigualdad en los salarios de la UCR, explicada

¿Cómo gasta la Universidad de Costa Rica (UCR) su presupuesto en salarios? Políticos, medios de comunicación y la misma UCR han tratado de responder esta pregunta en las últimas semanas.
Entre todo el mar de información hay un dato en el que pocos han reparado: hay una profunda desigualdad en la distribución de salarios de la UCR. Esta inequidad hace que haya una brecha entre una minoría que recibe lo que normalmente se consideran salarios muy altos, y la gran mayoría de los funcionarios.

En este video, esperamos poder explicarle cómo pesan los incentivos como las anualidades en las brechas salariales de la U.

¿Cómo gasta la Universidad de Costa Rica (UCR) su presupuesto en salarios? Políticos, medios de comunicación y la misma UCR han tratado de responder esta pregunta en las últimas semanas.
Entre todo el mar de información hay un dato en el que pocos han reparado: hay una profunda desigualdad en la distribución de salarios de la UCR. Esta inequidad hace que haya una brecha entre una minoría que recibe lo que normalmente se consideran salarios muy altos, y la gran mayoría de los funcionarios.

En este video, esperamos poder explicarle cómo pesan los incentivos como las anualidades en las brechas salariales de la U.

Fuentes y metodología

Doble Check es un proyecto de la Universidad de Costa Rica financiado por la Oficina de Divulgación e Información de la institución. A pesar de ello, los contenidos de este artículo y este video no fueron coordinados con la Universidad. Sí se compartieron los hallazgos con el vicerrector de Administración, Carlos Araya Leandro, como un ejercicio de balance que realizamos con todas nuestras fuentes aludidas antes de cualquier publicación.

Este análisis emplea bases de datos públicas disponibles en el sitio web de la Universidad de Costa Rica. En particular, se empleó la base de datos de salarios de setiembre de 2019, disponible en este enlace.

El análisis también se basa en los informes El pago del incentivo de anualidades en la Universidad de Costa Rica: análisis y recomendaciones publicado en agosto de 2015 por la Comisión para el Análisis del Sistema de Administración de Salarios, la presentación de la vicerrectoría Financiamiento de las instituciones de educación superior estatal de junio de 2019 y el Informe Final de Investigación del Mercado de Salarios para la Universidad de Costa Rica de febrero de 2015 del Insituto de Investigaciones en Ciencias Económicas.
Por último, se hace mención al informe Desafíos en la creación de valor público de las Universidades Estatales, de la Contraloría General de la República.

La Nación responde

El análisis de Doble Check incluyó una nota publicada el 30 de octubre por La Nación. El diario contrasta otra información que había expuesto la Universidad de Costa Rica algunos días antes con respecto a la distribución de salario de la institución. Dentro de su análisis, el diario publicó incorrectamente el siguiente párrafo:

La información es incorrecta porque en ningún caso hay una «mayoría» de empleados en las condiciones expuestas por La Nación. Los datos correctos son los siguientes:

 

  • La cantidad de personas que ganan menos de un millón y que trabajan menos de un tiempo completo son 3.458. Dentro de este grupo, la cantidad de personas que recibe un salario superior a los ¢663.772 son 460 (13%).
  • La cantidad de personas que ganan menos de un millón (sin importar su tiempo o jornada) son 4.636. Dentro de ese grupo, 1.237 ganan más de  ¢663.772 (27%).
  • La cantidad de personas que trabajan menos de un tiempo completo en la Universidad son 3.757. De ellas, 759 ganan más de  ¢663.772  (20%).

 

Doble Check compartió sus hallazgos con la periodista Daniela Cerdas, de La Nación. La periodista agradeció la observación y comunicó que ya habían enmendado la publicación. El párrafo en cuestión eliminó la referencia a la «mayoría» y lo cambió por «algunos».

 

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El anuncio engañoso de Purdy: un auto híbrido no genera su propia «energía infinita»

Resumen: Es engañoso decir que un auto híbrido genere su propia energía de forma infinita. Este tipo de vehículos requieren energía de combustibles fósiles para funcionar, por lo que no dependen únicamente de su energía eléctrica.

La afirmación engañosa la realizó la empresa Purdy Motor en una campaña publicitaria que se lanzó en abril de 2019. Sin embargo, el spot recientemente volvió a circular en medios nacionales tras ganar el premio de publicidad Effie en dos categorías: la principal y la ambiental.

En el spot, el personaje de un perro habla y dice varias veces que el carro «genera su propia energía infinita». Asimismo, la locución final afirma lo mismo al cierre del anuncio.

Purdy Motor indicó a través de un correo electrónico que el concepto de energía infinita se refería «al sistema Hybrid Synergy Drive, en el que los vehículos híbridos tienen la capacidad de auto recargarse y generar el 100% de su electricidad». No hizo referencia sobre los métodos de combustión del automóvil.

No obstante, también es incorrecto referirse al sistema de recarga automática como un sistema de «energía infinita», pues la eficiencia en el proceso de conversión a energía eléctrica no es del 100 por ciento.

Resumen: Es engañoso decir que un auto híbrido genere su propia energía de forma infinita. Este tipo de vehículos requieren energía de combustibles fósiles para funcionar, por lo que no dependen únicamente de su energía eléctrica.

La afirmación engañosa la realizó la empresa Purdy Motor en una campaña publicitaria que se lanzó en abril de 2019. Sin embargo, el spot recientemente volvió a circular en medios nacionales tras ganar el premio de publicidad Effie en dos categorías: la principal y la ambiental.

En el spot, el personaje de un perro habla y dice varias veces que el carro «genera su propia energía infinita». Asimismo, la locución final afirma lo mismo al cierre del anuncio.

Purdy Motor indicó a través de un correo electrónico que el concepto de energía infinita se refería «al sistema Hybrid Synergy Drive, en el que los vehículos híbridos tienen la capacidad de auto recargarse y generar el 100% de su electricidad». No hizo referencia sobre los métodos de combustión del automóvil.

No obstante, también es incorrecto referirse al sistema de recarga automática como un sistema de «energía infinita», pues la eficiencia en el proceso de conversión a energía eléctrica no es del 100 por ciento.

‘Generan su propia energía infinita’

El spot publicitario de Toyota sobre sus autos híbridos autorrecargables menciona que estos vehículos «generan su propia energía infinita».

La campaña se lanzó en abril y circuló de nuevo en medios nacionales a inicios de mes, después de que fue distinguida con dos premios de publicidad Effie. Los reconocimientos los recibió la categoría principal y en la ambiental.

No obstante, la afirmación es engañosa. Los autos híbridos requieren de procesos de combustión para generar su energía, más allá de los procesos de regeneración eléctrica.

¿Por qué es engañosa la campaña?

El ingeniero en sistemas eléctricos de potencia, energía eléctrica y redes inteligentes de la Universidad de Costa Rica (UCR), Gustavo Valverde, señaló el error. «Si la recuperación de energía fuera 100% eficiente, estos autos no necesitarían gasolina», indicó.

Valverde explicó que este tipo de carros recupera energía cuando frenan. Aprovechan la energía cinética del vehículo en movimiento y recuperan solo parte de esa energía para recargar la batería.

«Lo que tienen estos vehículos es un freno regenerativo y lo que hace es aprovechar la energía cinética que ya tiene el vehículo en movimiento. Un vehículo normal frena y esa fricción disipa energía que se pierde en calor, en eso se transforma la energía cinética, una vez que frena».

«Con este sistema híbrido, en el momento que se frena, la energía pasa a una batería.  Eso sí, si hablamos de ‘energía infinita’, el 100% de la energía usada para impulsar el vehículo se tendría que recuperar en la recarga, pero eso no ocurre. No estamos en un mundo ideal, porque con el freno regenerativo no se puede recuperar toda la energía cinética del vehículo», explicó.

La gerente de Relaciones Corporativas de Purdy Motor, Ana María Sequeira, matizó la afirmación del spot. Ella argumentó que la afirmación se refiere únicamente a la producción de energía eléctrica .

«Energía Infinita es un concepto que utiliza Toyota a nivel mundial para referirse al sistema Hybrid Synergy Drive en el que los vehículos híbridos tienen la capacidad de auto recargarse y generar el 100% de su electricidad/energía de forma autónoma», mencionó.

Según Valverde, decir que el vehículo genera su propia energía infinita es el punto engañoso, más allá de lo que dice Purdy Motor. «Yo concuerdo con que el vehículo es capaz de cargar por sí mismo la batería, lo que refuto es el hecho de decir que el vehículo tiene energía infinita, porque en algún momento necesitará el impulso del motor de combustión interna, o sea, necesitará gasolina», subrayó.

Effies no toman en cuenta veracidad

Amelia Solera, directora ejecutiva de Comunidad Empresas de Comunicación y supervisora de la entrega de los premios Effie, explicó que estas distinciones no toman en cuenta la veracidad de las premisas expuestas en las piezas publicitarias.

«Los jurados evalúan objetivos, creatividad, ejecución y resultados. Se supone que al firmar cliente y agencia aceptan todas las reglas y la veracidad de la información presentada, entonces nosotros, como organizadores del concurso, ya tenemos esa validez, al igual que sucede a nivel internacional con los parámetros establecidos de Effie Worldwide», indicó.

Doble Check también contactó a la agencia de publicidad Garnier BBDO, a cargo de la campaña. Ellos remitieron las consultas a Purdy Motor.

Colaboró Daniel Salazar

Medios publicaron cifras contradictorias sobre tasa de usura propuesta por diputados

Resumen: La versión más reciente del proyecto de ley para fijar las tasas de usura habría fijado un tope de 30,18% en colones y de 15,31% en dólares según datos de la semana pasada. No obstante, al menos dos medios dieron cifras distintas.

Diario Extra erró por 3 puntos porcentuales el tope en colones y El Observador lo hizo por un margen de hasta 7 puntos. Entre los medios que han tratado el tema, La Nación y crhoy.com brindaron los datos certeros.

Los diputados de la Comisión de Asuntos Hacendarios propusieron un nuevo parámetro para tipificar el delito de usura. El tope propuesto por los legisladores es de 2,2 veces la tasa de interés activa promedio del sistema financiero.

La usura es el cobro de intereses abusivos en operaciones crediticias (financieras o comerciales).

Los datos del Ministerio de Economía señalan que, solo en tarjetas de crédito, el 69,9% de las ofertas en colones pagan tasas que oscilan entre el 40,0% y el 49,9%. En dólares, las cifras varían entre el 18% y el 38%.

Resumen: La versión más reciente del proyecto de ley para fijar las tasas de usura habría fijado un tope de 30,18% en colones y de 15,31% en dólares según datos de la semana pasada. No obstante, al menos dos medios dieron cifras distintas.

Diario Extra erró por 3 puntos porcentuales el tope en colones y El Observador lo hizo por un margen de hasta 7 puntos. Entre los medios que han tratado el tema, La Nación y crhoy.com brindaron los datos certeros.

Los diputados de la Comisión de Asuntos Hacendarios propusieron un nuevo parámetro para tipificar el delito de usura. El tope propuesto por los legisladores es de 2,2 veces la tasa de interés activa promedio del sistema financiero.

La usura es el cobro de intereses abusivos en operaciones crediticias (financieras o comerciales).

Los datos del Ministerio de Economía señalan que, solo en tarjetas de crédito, el 69,9% de las ofertas en colones pagan tasas que oscilan entre el 40,0% y el 49,9%. En dólares, la totalidad de las tarjetas pagan tasas de entre el 18% y el 38%.

Las cifras publicadas

Los diputados de la Comisión de Asuntos Hacendarios llegaron por fin a un acuerdo sobre cómo calcular el tope a los intereses crediticios. Esta restricción permitiría castigar la usura: el delito de cobrar tasas excesivamente altas en operaciones de crédito.

Los diputados de la Comisión de Asuntos Hacendarios aprobaron un método de cálculo de la usura. Esta sería 2,2 veces la tasa de interés activa promedio del sistema financiero.

El límite propuesto por los diputados fue el resultado de multiplicar la tasa de interés activa promedio del Sistema Financiero por 2,2. Según el Banco Central, entidad que sería la encargada de definir y actualizar anualmente los topes, estaríamos hablando de máximos de un 30,18% en colones  y de un 15,31% en dólares.

No obstante, medios de comunicación publicaron cifras diversas.

La Nación y crhoy.com utilizaron los porcentajes más acertados. Diario Extra o El Observador se distanciaron algunos puntos porcentuales.

El más significativo fue el caso de El Observador, que mencionó que, «con la metodología planteada por el nuevo proyecto, los intereses estarían delimitados entre el 34% y el 37%». El dato lo publicaron sin citar su fuente, ni hacer distinción entre dólares y colones.

El periodista Tomás Gómez, del El Observador, indicó a Doble Check que utilizó los datos disponibles en línea sobre la tasa de interés activa promedio en colones (el máximo y el mínimo en lo que iba del año). Indexó una serie publlicada por el Banco Central, con cifras que llegaban hasta el mes de abril. Al respecto, el Banco Central indicó dicha serie estaba desactualizada, pues varió la metodología empleada a partir de ese mes.

Por su parte, la diferencia en Diario Extra fue más pequeña. Ellos sí publicaron que la tasa máxima en dólares sería del 15%. Sin embargo, afirmaron que la tasa máxima en colones sería del 33%. Doble Check intentó contactar a la periodista que realizó la nota, pero fue imposible localizarla oportunamente.

Sobre su cálculo, el Banco Central indicó la tasa de interés activa promedio ponderado en colones era del 13,72% y del 6,96% en dólares (cuando se publicaron todas estas notas), por lo que la multiplicación debió de haberse hecho a partir de esos porcentajes.

La tasa de interés activa promedio se actualiza cada miércoles con la información referente a los últimos siete días. Por ello, con la última actualización, los topes de usura serían 29,8% en colones y 14,8% en dólares.

El fondo del proyecto

El delito de usura es definido como tal en la legislación costarricense e internacional. Sin embargo, sus castigos no se han podido aplicar en Costa Rica, pues no existen parámetros que tipifiquen la conducta. Es decir, no se sabe a partir de cuál porcentaje una tasa de interés es inadecuada.

Por ese motivo, los diputados discuten el expediente 20.861. El texto fue presentado por los diputados David Gourzong, del Partido Liberación Nacional, y Welmer Ramos, del Partido Acción Ciudadana (PAC).

El castigo por usura está establecido en el artículo 243 del Código Penal, y corresponde a una pena de entre seis meses y dos años de prisión. No obstante, es inaplicable en la práctica.

La discusión de este proyecto ha sido compleja por la oposición de sectores prestamistas como bancos y tiendas comerciales que ofrecen opciones de crédito. Estos grupos, financieros y comerciales, argumentan que proponer tasas máximas muy bajas podría limitar sus operaciones, especialmente con sectores de la población de perfiles más riesgosos en materia de pago.

No obstante, la fórmula recién aprobada en la comisión de Hacendarios contó con el apoyo de nueve de los 11 diputados presentes. Las excepciones fueron Otto Roberto Vargas, del Partido Republicano Social Cristiano (PRSC), y Carlos Avendaño, del Partido Restauración Nacional (PRN).

Actualmente, el proyecto se mantiene en la Comisión de Asuntos Hacendarios. Para continuar, deberá dictaminarse en los próximos días, de modo que pueda pasar a su etapa final en el Plenario legislativo.

De llegar a esa última etapa, los diputados tendrán al menos dos nuevas oportunidades de proponer modificaciones. También podrían cambiar  la fórmula del cálculo recién consensuada.

 

Editó Daniel Salazar

Jonathan Prendas infló cinco veces el superávit del Inamu como argumento para cerrarlo

En resumen: El diputado del bloque independiente Nueva República, Jonathan Prendas, sobredimensionó cinco veces el superávit del Instituto Nacional de la Mujer (Inamu). El legislador hizo una suma incorrecta de los datos reportados por la institución entre los años 2014 y 2019. Prendas sumó uno por uno los superávits registrados en dicho período, sin tomar en cuenta que estas cifras corresponden a dineros que se trasladan año con año y no a nuevas erogaciones.

El diputado escribió en Twitter que el superávit había sumado los ₡56.000 millones en ese período. En realidad, el monto acumulado por la institución hasta la fecha —según datos de la Contraloría General de la República (CGR)— es de ₡10.613 millones.

Prendas utilizó el dato como una justificación para “cerrar el Inamu”. Desde su punto de vista, existe una “gran ineficiencia en perjuicio de las mujeres”.

Según las autoridades del Instituto, el superávit acumulado no solo es inferior de lo que Prendas afirmó en sus redes sociales. El monto de más de ₡10.000 millones reportado para el 2010 contempla también una porción de ₡6.677 millones para proyectos de infraestructura que ya se encuentran en marcha (un albergue y las sedes Central, de Limón y de Puntarenas). El resto del dinero, aseguraron, está comprometido con proyectos aprobados por el Ministerio de Planificación (Mideplan).

En resumen: El diputado del bloque independiente Nueva República, Jonathan Prendas, sobredimensionó cinco veces el superávit del Instituto Nacional de la Mujer (Inamu). El legislador hizo una suma incorrecta de los datos reportados por la institución entre los años 2014 y 2019. Prendas sumó uno por uno los superávits registrados en dicho período, sin tomar en cuenta que estas cifras corresponden a dineros que se trasladan año con año y no a nuevas erogaciones.

El diputado escribió en Twitter que el superávit había sumado los ₡56.000 millones en ese período. En realidad, el monto acumulado por la institución hasta la fecha —según datos de la Contraloría General de la República (CGR)— es de ₡10.613 millones.

Prendas utilizó el dato como una justificación para “cerrar el Inamu”. Desde su punto de vista, existe una “gran ineficiencia en perjuicio de las mujeres”.

Según las autoridades del Instituto, el superávit acumulado no solo es inferior de lo que Prendas afirmó en sus redes sociales. El monto de más de ₡10.000 millones reportado para el 2019 contempla también una porción de ₡6.677 millones para proyectos de infraestructura que ya se encuentran en marcha (un albergue y las sedes Central, de Limón y de Puntarenas). El resto del dinero, aseguraron, está comprometido con proyectos aprobados por el Ministerio de Planificación (Mideplan).

La afirmación

El diputado Jonathan Prendas manifestó en sus redes sociales que el Instituto Nacional de la Mujer (Inamu) ha acumulado un superávit de ₡56.000 millones entre 2014 y 2019. “En 6 años (2014-2019) su superávit fue de 56 mil millones de colones, lo cual demuestra su GRAN ineficiencia en perjuicio de las mujeres”, escribió en Twitter.

También dijo algo similar durante la discusión del presupuesto nacional en la sesión del Plenario legislativo del jueves pasado. Prendas mencionó, uno por uno, los superávits registrados por el Inamu desde 2014 y señaló que “por eso plantea también su transformación en algo más integral, más visión social, más visión país, según la Constitución, que es el Instituto de la Familia y a Equidad Social”.

¿Cómo sobredimensionó Prendas el superávit?

Los superávits mencionados por el diputado del bloque independiente Nueva República —afín al excandidato Fabricio Alvarado—  se asemejan muchísimo a los que registra el Sistema de Información sobre Planes y Presupuestos (SIP) de la CGR. Sin embargo, el cálculo que realizó al sumarlos fue incorrecto. Los superávits no pueden sumarse de forma independiente, pues muchas veces son montos que simplemente se trasladan de un año a otro.

Según los datos de la Contraloría, los superávits reportados por el Inamu desde el año 2014 han sido de ₡8.833 millones en 2014, ₡15.911 millones en 2015, ₡9.251 millones en 2016, ₡9.050 millones en 2017, ₡8.786 millones en 2018 y ₡10.613 millones en lo que va de 2019. No obstante, esas cifras no se pueden sumar porque se reasignan año con año.

Así lo permite la Ley de la Administración Financiera de la República y Presupuestos Públicos. La única restricción es que ese dinero no se puede usar para pagar gastos corrientes (como salarios).

Por ejemplo, el Inamu dijo haber presupuestado ₡21.432,56 millones en 2019: 59% de los recursos que le asigna la Ley de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares (Desaf), y 41% de los superávits remanentes que no se desperdician o se pierden.

Es decir, si en 2014 el superávit institucional fue de  ¢8.833 millones y en 2019 es de ₡10.915 millones, hasta ahora el monto solo habría crecido en poco más de ₡2.000 millones. Este crecimiento sería todavía menor (poco más de ¢1.000 millones) si se toma en cuenta el efecto de la inflación.

El Inamu afirmó a Doble Check que ya tiene comprometidos ₡6.677 millones de ese superávit. Este dinero se destinará a cuatro obras de infraestructura: un albergue y las sedes Central, de Limón y de Puntarenas. Con esos edificios, el Instituto estima ahorros anuales de ₡1.000 millones en alquileres y gastos afines.

El resto del dinero está ligado a proyectos de capital social en desarrollo, debidamente aprobados por el Ministerio de Planificación (Mideplan). Así lo explicó la directora administrativa de la institución, Zaida Barboza,

Este medio intentó contactar al diputado Prendas. El legislador no contestó las llamadas ni los mensajes de texto que se le enviaron. Tampoco fue posible localizarlo a través de su asesor de prensa.

¿El Instituto de la Familia?

El diputado Jonathan Prendas argumenta que es necesario transformar el Inamu en un nuevo organismo autónomo de derecho público: el Instituto para la Familia y la Equidad de Género (IFEG).

Prendas aboga por un proyecto de ley que presentó el excandidato presidencial Fabricio Alvarado, quien dejó el texto cuando fue diputado de Restauración Nacional (PRN).

Se trata del expediente 20.126, el cual también contó con la firma del exdiputado Óscar López, de Accesibilidad Sin Exclusión (PASE) y se encuentra en corriente legislativa desde el año 2016.

Entre otras cosas, el proyecto plantea que el Instituto desarrolle sus acciones a través de una junta directiva con representación de los ministerios de Trabajo y de Salud, el Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS), el Instituto Nacional de Aprendizaje (INA) y el Patronato Nacional de la Infancia (PANI). También contaría con un representante de «organizaciones sociales» que trabajen en favor de la familia y la equidad de género y que estén registradas ante la entidad.

En sus intervenciones contra el Inamu, Prendas también ha mencionado los resultados de un informe sobre Control Interno 2018-2019. Sin embargo, ese documento se publicó en noviembre de 2018 y corresponde al seguimiento de acciones rezagadas de un plan de mejora institucional. El texto «no refleja la gestión institucional per se», afirmó el Inamu.

 

Colaboró Daniel Salazar