Es falso que solo Costa Rica pague salario durante huelgas, como dijo Telenoticias

En resumen: Es falso que Costa Rica sea el único país del mundo donde se pagan los salarios a trabajadores mientras están en huelga. Así lo divulgó Telenoticias.

A inicios de setiembre pasado, ese noticiero publicó una información titulada como «Estudio: Costa Rica es el único país del mundo que paga salario a trabajadores en huelga». Telenoticias añadió que «en todos los demás países, mientras los trabajadores están en paro, no reciben pago».

El noticiero atribuyó esas afirmaciones a un análisis del director en Costa Rica de la firma de abogados BDS Asesores, Marco Durante.

Sin embargo, Durante advirtió a Doble Check que su análisis solamente incluyó algunos países de Europa Occidental, Centroamérica, México, República Dominicana, Colombia y Perú. Durante aseguró que sus conclusiones no pueden generalizarse a todas las naciones del mundo, tal como hizo Telenoticias.

Existe otro estudio de la Organización Internacional de Empleadores, del 2017. El análisis permite inferir que el pago a los trabajadores durante periodos de huelga sí es inusual en distintos países analizados. Eso sí, ese estudio lanza información contradictoria en al menos dos casos con respecto al análisis de BDS Asesores.

Doble Check sí pudo confirmar la existencia de, al menos, un país latinoamericano cuya legislación también permite que se perciba el salario simultáneamente a la realización de una huelga: Bolivia.

En resumen: Es falso que Costa Rica sea el único país del mundo donde se pagan los salarios a trabajadores mientras están en huelga. Así lo había divulgado Telenoticias.

A inicios de setiembre pasado, ese noticiero publicó una información titulada: «Estudio: Costa Rica es el único país del mundo que paga salario a trabajadores en huelga». Telenoticias añadió que «en todos los demás países, mientras los trabajadores están en paro, no reciben pago».

El noticiario atribuyó esas afirmaciones a un análisis del director en Costa Rica de la firma de abogados BDS Asesores, Marco Durante.

Sin embargo, Durante advirtió a Doble Check que su análisis solamente incluyó algunos países de Europa Occidental, Centroamérica, México, República Dominicana, Colombia y Perú. Durante aseguró que sus conclusiones no pueden generalizarse a todas las naciones del mundo, tal como hizo Telenoticias.

Existe otro estudio de la Organización Internacional de Empleadores, del 2017. El análisis permite inferir que el pago a los trabajadores en periodos de huelga sí es inusual en distintos países analizados. Eso sí, ese estudio lanza información contradictoria en al menos dos casos con respecto al análisis de BDS Asesores.

Doble Check sí pudo confirmar la existencia de, al menos, un país latinoamericano cuya legislación también permite que se perciba el salario simultáneamente a la realización de una huelga desde el primer día de paro: Bolivia.

¿Cómo se regula el salario durante huelgas en Costa Rica?

La Reforma Procesal Laboral del 2016 plasmó en el Código de Trabajo de Costa Rica que «la terminación de los contratos de trabajo o, en su defecto, el rebajo salarial o cualquier tipo de sanción, solo será procedente a partir de la declaratoria de ilegalidad de la huelga», según el artículo 379.

Esa norma se basó en el voto N°10832-2011 de la Sala Constitucional, del año 2011. Así lo refirió a Doble Check el abogado laborista Mauricio Castro. Él participó en la redacción de la Reforma Procesal Laboral y propuso el artículo 379 en el texto.

El Tribunal de Apelaciones de Trabajo del Primer Circuito Judicial emitió una sentencia al respecto a finales del 2018. La resolución sostuvo que esos rebajos salariales no pueden hacerse desde antes de la declaración de ilegalidad de una huelga. La instancia judicial dispuso: «La aplicación de sanciones disciplinarias y rebajos salariales […] no podrán realizarse de forma retroactiva, únicamente a futuro y a partir de la firmeza de esta sentencia, una vez operado el aviso de 24 horas previsto por la legislación procesal para efectos de concertar el reinicio de las actividades».

El 10 de septiembre pasado, un grupo de diputados envió a consulta a la Sala Constitucional el proyecto de Ley para brindar seguridad jurídica sobre la huelga y sus procedimientos. La iniciativa propone la suspensión de salarios desde el momento en que se inicia la huelga.

El proyecto consta en el expediente legislativo número 21.049. La iniciativa fue aprobada en primer debate a inicios de septiembre, cuando Telenoticias publicó su artículo.

Estudio de BDS Asesores no abarca todo el mundo

En su artículo, Telenoticias afirmó que «Costa Rica es el único país del mundo donde no se suspenden los salarios a los trabajadores mientras están en huelga». «En todos los demás países, mientras los trabajadores están en paro, no reciben pago. Así lo asegura un estudio en Derecho Laboral realizado por expertos en esta materia», añadió.

La noticia también afirmó que «sólo en Costa Rica los trabajadores pueden pasar hasta meses en huelga, como la pasada contra el plan fiscal y a nadie se le rebaja el salario, a menos de que la huelga se declare ilegal». El artículo agregó que «mientras tanto, en el resto del mundo lo normal es que al trabajador que se va a huelga se le suspende el salario desde el primer día que no trabaja».

La nota también fue compartida por la Cámara de Industrias de Costa Rica en su perfil de Facebook.

El programa televisivo se basó en un análisis de la firma BDS Asesores. El socio director de la compañía, Marco Durante, presentó el estudio. «Paradójicamente, Costa Rica es la única legislación que se conoce en la que los trabajadores, durante el tiempo de huelga, están percibiendo un salario», afirmó Durante en Telenoticias.

Sin embargo, Durante aclaró a Doble Check que su análisis no incluyó a todos los países del mundo. De Europa, el estudio hacía referencia a Italia, Francia, Alemania, España, Reino Unido, Bélgica, Países Bajos, Suecia y Noruega. Los países americanos que BDS Asesores incluyó en su comparación fueron México, Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Panamá, República Dominicana, Colombia, Chile, y Perú.

«El estudio nuestro se limitó a la legislación comparada más usual a la que nosotros tenemos acceso gracias a la red a la que nosotros pertenecemos. [El análisis] en todo el mundo, eso es imposible«, advirtió Durante a Doble Check.

La nota de Telenoticias menciona a esos países, pero solo como ejemplos. El noticiero omitió que esas eran las únicas naciones a las que podía compararse a Costa Rica, según BDS Asesores.

Doble Check contactó a la redactora del artículo, Yessenia Alvarado. La periodista respondió: «Nos basamos en la información que nos dio el señor Durante, quien nos indicó que había realizado el estudio». El abogado insistió a Doble Check que su estudio no fue mundial.

Otro estudio choca con resultados de BDS Asesores

Doble Check tuvo acceso a otro estudio que comparó la reglamentación de la huelga en 40 países. El documento se llama «Resultados de la encuesta sobre la huelga en los países miembro de la OIE«. La Organización Internacional de Empleadores (OIE), cuya sede está en Suiza, hizo el análisis.

Los gremios de empleadores privados de cada nación suministraron los insumos para el estudio. Por ejemplo, la organización proveedora de datos sobre Costa Rica fue la Unión Costarricense de Cámaras y Asociaciones del Sector Empresarial Privado (UCCAEP).

El estudio concluye que «como norma general, el empleador no paga el salario a los huelguistas durante la acción colectiva». Sin embargo, también recalca que «en algunos países la legislación, la jurisprudencia y la práctica da a los huelguistas derecho a percibir su salario durante la acción colectiva», donde señala los casos de Brasil, Bolivia, Costa Rica, Guatemala, Ecuador, Zambia y México (si el Tribunal del Trabajo determina que la causa de la huelga es la conducta del empleador, pero en ningún caso por huelgas solidarias).

Así, el informe de la OIE parece chocar en los casos de Guatemala y México con la comparación de BDS Asesores.

Marco Durante dijo estar enterado de la existencia de ese informe de la OIE. El abogado opinó que algunos pasajes son confusos en su redacción. Por ejemplo, el estudio ubica a Brasil en la lista de países donde se paga el salario durante la huelga. Sin embargo, también aparece en la recopilación de naciones donde los pagos se suspenden durante los movimientos de paro.

Durante comunicó a Doble Check con el socio de BDS Asesores en Guatemala, Randolf Castellanos. El abogado explicó que la legislación de ese país permite la suspensión de salarios durante la huelga. También permite su devolución a los trabajadores, pero solo si el movimiento es declarado legal y justo.

El abogado Durante reconoció que su comparación no distinguió si los países analizados reconocen la devolución posterior de los salarios en caso de que la legitimidad de la huelga sea reconocida legalmente. Doble Check pidió una versión escrita del análisis de BDS Asesores. Durante contestó que este «no fue plasmado en un documento».

Doble Check también intentó comunicarse con la vocera de la Organización Internacional de Empleadores en Suiza. También envió consultas a la embajada de México en Costa Rica, y a dos abogados laboristas de México. No se obtuvo respuesta oportuna en ninguno de estos casos.

Bolivia permite pago de salario en período de huelga

Doble Check sí pudo confirmar que la legislación de Bolivia —como indica la OIE en su estudio del 2017— permite que las huelgas se realicen con el pago simultáneo de los salarios desde el primer día de huelga. Estas son condiciones similares a las de Costa Rica.

Ese país prevé en su legislación que los trabajadores deben completar un proceso de conciliación y arbitraje antes de convocar a una huelga. Ese es el requisito legal para que se les pague el salario durante el movimiento.

«La Ley General del Trabajo (1942) y su Decreto Reglamentario establecen que una huelga es legal y, por tanto, sin descuentos, cuando fracasaron las gestiones de conciliación y arbitraje en la negociación del pliego de peticiones de los trabajadores. Si la decisión final de este proceso, llamada laudo arbitral, es desfavorable a los trabajadores, entonces, estos pueden declarar la huelga sin la suspensión de sus salarios«, explicó a Doble Check Bruno Rojas, investigador del Centro de Estudios para el Desarrollo Laboral y Agrario (CEDLA) de Bolivia.

El especialista Ricardo Paredes había plasmado una crítica en 1992 a esa disposición en la legislación boliviana. Paredes fue asesor del Instituto de Harvard para el Desarrollo Internacional para la Unidad de Análisis de Políticas Sociales y Económicas (UDAPE) de Bolivia.

«Un problema que existe en la legislación boliviana vigente que agudiza las medidas tomadas por las partes y que reduce la capacidad de la huelga de flexibilizar las posiciones es que los empresarios deben pagar los salarios a los trabajadores durante el período de la misma o declarar el lock-out, que según se entiende, es el cierre total de la empresa. Así, si el empresario no declara el lock-out, al mantenerse el pago de salarios se elimina el incentivo de los trabajadores a flexibilizar sus posiciones durante la huelga», concluyó Paredes.

Sin embargo, el investigador Bruno Rojas advirtió que el proceso de conciliación y arbitraje para iniciar la huelga en Bolivia generalmente es difícil de cumplir. Existen varios obstáculos burocráticos que pueden presentarse, y la huelga podría declararse ilegal sin esos requisitos cumplidos. Rojas recalcó que «generalmente, la huelga en Bolivia es declarada ilegal, dando lugar al descuentos de los salarios» o a la negociación de formas de reponer los días de paro.

Además, el artículo 118 de la Ley General de Trabajo de Bolivia prohíbe «la suspensión del trabajo en los servicios de carácter público». Esta prohibición propicia que movimientos de empleados de administración pública, servicios de agua potable, sanidad y comunicaciones también sean declarados como ilegales, agregó Rojas.

«La radicalidad en los conflictos y lo intrincado de los procesos previos para llegar a la huelga hacen que, en la actualidad, la gran mayoría de las huelgas en Bolivia sean ilegales. No obstante, pasa a ser frecuentemente el mismo Estado quien, con una actitud errática induce al pago de salarios para finalizar el conflicto», señaló el análisis de Paredes y el Instituto de Harvard para el Desarrollo Internacional en la década de 1990.

El periodista boliviano Ronald Catari, miembro de la Red Latinoamericana de Jóvenes Periodistas, también señaló a Doble Check que en las huelgas ilegales en ese país «casi siempre existe un acuerdo en que se debe pagar lo descontado».

El problema con las comparaciones

¿Por qué es inusual entre los países que exista una norma que garantice el pago de salarios hasta que la huelga no sea declarada ilegal? Doble Check le pidió su criterio al abogado laborista Mauricio Castro. Él participó en la redacción de la Reforma Procesal Laboral y fue quien propuso ese artículo en cuestión.

Castro reconoce que es complicado hacer una comparación de normas jurídicas entre países que tienen culturas jurídicas distintas.

En términos laborales, el abogado hace una clasificación gruesa de dos tipos de países. Están aquellos que tienen una cultura jurídica, política y social que entiende el conflicto entre empleadores y trabajadores como un fenómeno ordinario. Por otra parte, están los países que ven el conflicto como algo nocivo. Castro opina que Costa Rica pertenece a esa segunda tradición de países. En estos Estados no hay mecanismos propicios para prevenir y gestionar los conflictos laborales, dice el abogado.

Bajo esta lógica, Castro advierte que sí podría ser excepcional la norma costarricense que garantiza el pago de salarios hasta que una huelga fuera declarada ilegal. Sin embargo, advierte que la norma podría ser inusual porque existe otra amplia tradición de países que legitiman la huelga, la negociación y la resolución de conflictos colectivos. En esos países no sería necesaria la norma porque hay vías más ágiles para solucionar conflictos.

“En todos esos otros países (que legitiman la huelga) no vas a encontrar, y posiblemente no se justifique, una norma que impida el rebajo de salarios hasta que la huelga se declare ilegal porque la huelga normalmente tiene una menor duración y dispara esos mecanismos institucionales de negociación y de solución de conflictos”, dice Castro.

La Nación exagera en cinco veces la diferencia entre salarios públicos y privados

Un artículo del diario La Nación resaltó que el salario promedio de un funcionario público en Costa Rica es de ₡371.563, mientras que el de uno público es de ₡1.030.200. La relación es de casi tres veces lo que lo que gana uno privado.

La información fue replicada luego por exdiputados o formadores de opinión pública, como Pilar Cisneros. Al presentar esos datos, el diaro exageró en cinco veces la diferencia entre los salarios promedio de ambos tipos de trabajadores.

Aunque los datos que el artículo emplea se calcularon correctamente, su uso no es adecuado. El método del promedio simple no permite comparar dos perfiles de trabajadores tan distintos. Así, La Nación muestra en sus datos una diferencia porcentual de 177%. Doble Check obtuvo una diferencia de un 32%, mediante una regresión lineal.

En este video explicamos porqué las jornadas, la educación, la formalidad y otro tipo de elementos no permiten comparar «a brocha gorda» los salarios de los trabajadores del sector público y del privado, y cómo podemos hacer un cálculo más preciso.

Un artículo del diario La Nación resaltó que el salario promedio de un funcionario privado en Costa Rica es de ₡371.563, mientras que el de uno público es de ₡1.030.200. La relación es de casi tres veces lo que lo que gana uno privado.

La información fue replicada luego por exdiputados o formadores de opinión pública, como Pilar Cisneros. Al presentar esos datos, el diaro exageró en cinco veces la diferencia entre los salarios promedio de ambos tipos de trabajadores.

Aunque los datos que el artículo emplea se calcularon correctamente, su uso no es adecuado. El método del promedio simple no permite comparar dos perfiles de trabajadores tan distintos. Así, La Nación muestra en sus datos una diferencia porcentual de 177%. Doble Check obtuvo una diferencia de un 32%, mediante una regresión lineal.

En este video explicamos porqué las jornadas, la educación, la formalidad y otro tipo de elementos no permiten comparar «a brocha gorda» los salarios de los trabajadores del sector público y del privado, y cómo podemos hacer un cálculo más preciso.

 

La versión de La Nación

El autor de la nota de La Nación fue el periodista Juan Córdoba.  Doble Check compartió sus hallazgos con él. El periodista reconoció que nuestras observaciones son correctas. También dice que él sí advirtió en su artículo que había diferencias entre los dos sectores, como la formalidad y educación. Eso es correcto.

«Los comentarios son importantes; sin embargo, las advertencias que Doble Check realiza se mencionan al lector en la publicación.

«Es correcto que la mayoría de la masa de trabajadores públicos son profesionales, lo que aumenta el costo de la planilla. También es correcto mencionar que en el sector privado la informalidad es alta, cuando en el Gobierno es casi nula. Ambos aspectos marcan una realidad en el sector privado que no puede ser obviada», dijo. 

¿Cómo hicimos nuestros cálculos?

Todos los cálculos acerca de las jornadas, formalidad o estudios para los trabajadores en el sector privado y público son promedios simples calculados empleando los datos del II Trimestre de la Encuesta Continua de Empleo para el 2019 del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC).

Sin embargo, es adecuado contar con promedios condicionados que permitan aislar el efecto de las diferentes variables (formalidad, educación, jornadas, entre otros), hasta encontrar con la verdadera diferencia entre promedios. Es por ello que Doble Check emplea un modelo de regresión lineal.

Doble Check empleó la variable del «Ingreso Bruto Principal», que es la misma empleada por el INEC y por La Nación. Sin embargo, se empleó la variable del ingreso por hora, para evitar cualquier efecto relacionado con las desigualdades en jornadas laborales. Dicha variable solo contempla el ingreso bruto corriente del empleo principal. Se aplicaron filtros para incluir solamente personas ocupadas con ingresos conocidos mayores a cero. No se incluyeron a personas ocupadas no remuneradas.

El estudio empleó también las variables: Sector institucional (para conocer si el trabajador es público o privado), Nivel Educativo, Formalidad, Clasificación de grupo de ocupación, grupo de horas efectivas, tiempo de laborar, especialidad en el área de formación académica, sexo y edad.

Las estimaciones se basan en un modelo de regresión Gaussiana con función de enlace identidad. De acuerdo con los criterios de información de Akaike y Bayesiana, el modelo ajusta de una mejor manera los datos de la ECE que el modelo de regresión Gamma con funciones de enlace identidad o logarítmica.

El modelo muestra un ajuste de la suma de cuadrados de la regresión del 64% .

Dichos cálculos fueron repetidos para las encuestas del tercer trimestre del año 2010 (fecha de inicio de aplicación de la encuesta) y el segundo trimestre del año 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 y 2018. Como puede observarse, los cálculos muestran una tendencia similar a lo largo de las encuestas.

Agradecemos al estadístico y economista Andrés Fernández por su colaboración en la elaboración de esta regresión lineal. 

 

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Propuesta de decreto motivó desinformación sobre futuro de recetas médicas

En resumen: Es falso que el Ministerio de Salud pretenda exigir la presentación de una receta para la compra de cualquier tipo de medicamento. El rumor nace de un borrador de decreto que fue propuesto por el Ministerio de Salud. El texto es confuso y contradictorio. Ello provocó desinformación sobre el requisito de una receta […]

En resumen: Es falso que el Ministerio de Salud pretenda exigir la presentación de una receta para la compra de cualquier tipo de medicamento. El rumor nace de un borrador de decreto que fue propuesto por el Ministerio de Salud. El texto es confuso y contradictorio. Ello provocó desinformación sobre el requisito de una receta digital.

El cambio sí pretende obligar el uso de receta digital, pero solo para antimicrobianos. La obligación ya está vigente para el caso de estupefacientes desde hace tres años.

Las recetas digitales (que se usarán para la venta de antimicrobianos) tendrán un costo aproximado de $0,6 para el médico y la farmacia. El Ministerio pretende que el servicio sea gratuito para la Caja Costarricense de Seguro Social (CCCSS).

El decreto (que se encuentra en fase de consulta pública) no dejaba claro ninguno de esos puntos. Los rumores, divulgados en redes sociales a partir de páginas como «No más abuso al pueblo» o del comunicador René Barboza, sugirieron que los costarricenses tendrían que visitar continuamente al médico para comprar medicamentos. También afirmaban que la Caja asumiría los costos de las nuevas recetas. Eso es falso.

El jerarca de salud, Daniel Salas, concedió el error en la precisión del borrador del decreto. El jerarca aseguró a Doble Check que hará las correcciones necesarias. Un acuerdo con el Colegio de Farmacéuticos firmado el 9 de octubre con el Ministerio de Salud indica que el texto en consulta se retirará, y se trabajará en una nueva versión.

Lo que pretende el ministerio

Desde hace casi tres años, cualquier médico que desee recetar psicotrópicos y estupefacientes debe hacerlo a través de una receta electrónica. Esa medida es una de las estrategias que el gobierno implementa para evitar el consumo ilegal de drogas. Así, el paciente recibe un código ligado a su identificación con el que puede retirar sus medicamentos.

Según Daniel Salas, jerarca de la cartera de Salud, el gobierno quiere hacer lo mismo con los antimicrobianos. Eso permitirá controlar si un médico receta antimicrobianos como primera medida de tratamiento cuando debería usarlo como último recurso. La medida no incluye otro tipo de medicamentos como el salbutamol, la Enantyum o los anticonceptivos: únicamente los antimicrobianos. 

«Lo que buscamos, desde un inicio, es proteger la salud pública. Nos estamos quedando progresivamente sin herramientas de combate contra bacterias, virus y hongos. Ya la OMS ha dicho que, en el 2050, si no nos ocupamos de este tema, vamos a tener como primera causa de muerte en el mundo enfermedades e infecciones resistentes a cualquier tipo de antibiótico», dijo.

«Ha habido un uso irresponsable y una falta de continuidad en los tratamientos. Eso es lo que queremos controlar con receta digital», agregó.

Según Salas, la estrategia procuraría extenderse también a productos veterinarios antimicrobianos. A diferencia de los psicotrópicos y estupefacientes, el gobierno se comprometió a no establecer controles de inventario de antimicrobianos.

«Incluso vamos a tener una aplicación disponible para la población, para que, una vez que se prescriba la receta, el paciente reciba notificaciones sobre cuándo debe usar el medicamento. Usted recibe un código, e incluso podrá tener su historial de recetas. Para otros medicamentos no va a ser obligatorio, pero sí va a estar disponible voluntariamente para comodidad del paciente», agregó.

Sí es cierto que las recetas digitales tendrán un costo. Se calcula que el mantenimiento del sistema, administrado por Racsa, tendrá un costo total de $0,6. El monto será cubierto por la farmacia y el médico en partes iguales. Salas dijo que el Ministerio pretende que el sistema sea gratuito para la Caja Costarricense de Seguro Social.

Vacíos legales

¿Por qué el borrador propuesto por el Ministerio de Salud era contradictorio y confuso?

El texto (puede descargarlo aquíno dejaba claro que la propuesta del gobierno se limitaba a antimicrobianos. Tampoco indicaba que la Caja estaría exenta del costo de las recetas digitales.

«Realmente la propuesta es muy confusa. Primero habla de antimicrobianos, luego un listado específico y, ¡claro!, la población entró en un frenesí. Inclusive nosotros nos preocupamos por el acceso (a medicamentos). Nosotros hemos sido vehementes en defender el acceso a los medicamentos», dijo José Gatgens, presidente del Colegio de Farmacéuticos.

La legislación costarricense tiene graves vacíos legales con respecto a este tema. La doctora en farmacia Milania Rocha, del Centro Nacional de Información de Medicamentos (CIMED), explicó que internacionalmente suelen existir tres tipos de figuras legales para medicamentos:

  • OTC (over de counter), o también llamados «de venta libre». Se trata de una lista pequeña de medicamentos definida por el gobierno que son de venta libre y que pueden comprarse en pulperías o supermercados. 
  • BTC (behind the counter): que son objeto de recomendación farmacéutica y no son de venta libre. Solo se venden en una farmacia aunque sin receta médica.
  • Prescription drugs: es decir, los medicamentos que sí requieren receta.

En Costa Rica, sin embargo, no existe lista ni figura legal de BTC. Solo existen los OTC y las medicinas que requieren receta. Eso provoca que haya un vacío legal en la regulación de la venta de cualquier medicamento que no sea OTC (como el salbutamol o algunos antiparasitarios, antifúngicos, antialérgicos o antiespasmódicos, que —en otros países— serían catalogados usualmente como BTC). En la práctica, el farmacéutico es el que decide si su venta requiere o no receta, salvo casos excepcionales, como los antimicrobianos. 

«Nosotros como farmacéuticos estudiamos 5 o 6 años este tema. Por eso somos el profesional instruído para eso. Es una tradición de servicio a la comunicad por casi nueve décadas», dijo Gatgens.

La ausencia de una lista oficial de medicamentos BTC provocó que, cuando el Ejecutivo propuso establecer la receta digital obligatoria para medicamentos que no fueran de venta libre, el gremio de farmacéuticos se preocupara sobre el tema. La gran mayoría de medicamentos que se venden en farmacias no son de venta libre por ley, aunque en la práctica la mayoría se vendan sin receta. 

El Colegio de Farmacéuticos se reunió con el Ministerio de Salud el 9 de octubre del 2019. Ambas entidades acordaron que el decreto en consulta de receta digital se retiraría y que se trabajaría en un nuevo texto. También establecieron que la receta digital quedará obligatoria solo para antimicrobianos. «Para otros productos se podrá usar, si el prescriptor así lo desea».

Nota del editor: Esta nota fue actualizada a las 15:20 horas para dar mejor precisión a la entrada del artículo, de modo que se aclarara que la venta de estupefacientes ya está regulada mediante la receta electrónica desde hace tres años. Además, aclaramos que la receta electrónica estará disponible para todo tipo de medicamentos, aunque solo será obligatoria en el caso de los antimicrobianos y los estupefacientes. Por último, cambiamos el término ‘antibióticos’ por el término más preciso de ‘antimicrobianos’.

Orden presidencial no causó baja de 10% en tarifas eléctricas del ICE

En resumen: Es falso que una petición presidencial hubiera provocado un rebajo en las tarifas de electricidad del Instituto Costarricense de Electricidad. La disminución tarifaria que anunció la institución la semana pasada por un 10% proviene mayoritariamente de una orden de Aresep y, minoritariamente , por una disminución en el uso de combustibles fósiles para generar energía. Casa Presidencial no aportó pruebas de que la petición del presidente Carlos Alvarado tuviera relación con el rebajo.

El presidente de la República anunció que había pedido al ICE, el 1.º de septiembre, la presentación de una «ruta para bajar tarifas». «Eso ya se materializó con la reducción para abonados del ICE en un 10% promedio», afirmó el presidente en Twitter. Las causas de esa disminución se habían establecido desde antes de la solicitud del mandatario.

Ante consultas de Doble Check, Casa Presidencial y el ICE reconocieron que ese rebajo de 10% se debe a dos razones. La primera parte de la reducción en las tarifas del servicio de electricidad será de 2,8% y regirá a partir de octubre de este año. La rebaja está atribuida a la caída del consumo de respaldo térmico porque «el ICE recurrió menos de lo proyectado a sus plantas de búnker o diésel para satisfacer la demanda del país».

Casa Presidencial no ha facilitado la proyección inicial que tenía el ICE sobre la generación eléctrica por combustibles o la fecha en que esa expectativa cambió.

El segundo tracto de la rebaja anunciada es de 7,4% y comenzará  el 1.º de enero del 2020. El origen de ese margen había sido establecido por la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (Aresep) desde el pasado 22 de marzo, debido al vencimiento del pliego tarifario del 2017.

Casa Presidencial y el ICE omitieron en su anuncio que, en esa misma resolución del 22 de marzo, Aresep había aprobado que las tarifas eléctricas del 2021 aumentarán 3,5% a causa de un nuevo pliego tarifario. Así, la disminución de 7,4% que anunció el gobierno solo aplicará para el año 2020.

En resumen: Es falso que una petición presidencial hubiera provocado un rebajo en las tarifas de electricidad del Instituto Costarricense de Electricidad. La disminución tarifaria que anunció la institución la semana pasada por un 10% proviene mayoritariamente de una orden de Aresep y, minoritariamente , por una disminución en el uso de combustibles fósiles para generar energía. Casa Presidencial no aportó pruebas de que la petición del presidente Carlos Alvarado tuviera relación con el rebajo.

El presidente de la República anunció que había pedido al ICE, el 1.º de septiembre, la presentación de una «ruta para bajar tarifas». «Eso ya se materializó con la reducción para abonados del ICE en un 10% promedio», afirmó el presidente en Twitter. Las causas de esa disminución se habían establecido desde antes de la solicitud del mandatario.

Ante consultas de Doble Check, Casa Presidencial y el ICE reconocieron que ese rebajo de 10% se debe a dos razones. La primera parte de la reducción en las tarifas del servicio de electricidad será de 2,8% y regirá a partir de octubre de este año. La rebaja está atribuida a la caída del consumo de respaldo térmico porque «el ICE recurrió menos de lo proyectado a sus plantas de búnker o diésel para satisfacer la demanda del país».

Casa Presidencial no ha facilitado la proyección inicial que tenía el ICE sobre la generación eléctrica por combustibles o la fecha en que esa expectativa cambió.

El segundo tracto de la rebaja anunciada es de 7,4% y comenzará  el 1.º de enero del 2020. El origen de ese margen había sido establecido por la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (Aresep) desde el pasado 22 de marzo, debido al vencimiento del pliego tarifario del 2017.

Casa Presidencial y el ICE omitieron en su anuncio que, en esa misma resolución del 22 de marzo, Aresep había aprobado que las tarifas eléctricas del 2021 aumentarán 3,5% a causa de un nuevo pliego tarifario. Así, la disminución de 7,4% que anunció el gobierno solo aplicará para el año 2020.

¿Qué dijo Carlos Alvarado?

El presidente de la República, Carlos Alvarado, anunció en redes sociales el pasado 1.º de octubre que las tarifas por el servicio de electricidad del ICE disminuirán 10% gracias a una petición que él hizo a esa institución.

«El 1 de setiembre en cadena pedí al ICE presentar su ruta para bajar tarifas. Eso ya se materializó con la reducción para abonados del ICE en un 10% promedio», dijo el mandatario en su perfil de Twitter.

El día siguiente, Casa Presidencial y el ICE difundieron un comunicado de prensa donde se atribuye tal disminución a la suma de dos razones: una caída en el uso de combustibles para cubrir la demanda eléctrica del país (2,8%) y la liquidación del pliego tarifario del 2017 (7,4%). El gobierno señaló que el rebajo se implementará entre octubre de este año y enero del 2020.

Sin embargo, no es posible afirmar que esas medidas tengan relación con una solicitud que hubiera hecho Carlos Alvarado en septiembre. En la cadena nacional a la que el mandatario hace referencia, él únicamente afirma que «el ICE presentará este año su plan para reducir el costo de la energía». En el mensaje no hace ninguna referencia a una petición personal.

¿De dónde viene la rebaja de 2,8%?

El gobierno anunció que la primera parte de la reducción es de 2,8% y se debe a la caída del uso de combustibles fósiles para la generación de electricidad. El cambio regirá a partir del 1.º de octubre de este año, y se verá reflejado en las tarifas eléctricas en el rubro de Costo Variable del Combustible (CVC).

«Como resultado de la optimización constante de la matriz de generación eléctrica, el ICE recurrió menos de lo proyectado a sus plantas de búnker o diésel para satisfacer la demanda del país», destacaron Casa Presidencial y el ICE en sus comunicados.

Doble Check solicitó la proyección original que tenía el ICE sobre el uso de combustibles para cubrir su demanda y el periodo cubierto en la estimación, con el fin de evaluar la relación entre la petición del presidente Carlos Alvarado y dicha medida. Este lunes, Casa Presidencial solo contestó que «se está solicitando la información respectiva».

«El Mercado Eléctrico Regional (MER) ha permitido optimizar el intercambio de electricidad del país con la región. Esto ha llevado a una administración más eficiente de los recursos de la matriz eléctrica nacional, reduciendo el consumo del respaldo térmico en la época seca, particularmente en un año de condiciones de sequía como el presente», justificó Casa Presidencial.

¿A qué se debe la disminución de 7,4%?

La segunda porción de la rebaja en las tarifas del ICE que anunció el gobierno se basa en la liquidación del pliego tarifario del 2017.

«El segundo de los tractos se aplicará a partir del 1 de enero de 2020. Corresponde a la liquidación del pliego tarifario de 2017, que concluirá el próximo 31 de diciembre. Este porcentaje de rebaja es de 7,4%», divulgó el gobierno la semana pasada.

Tal disminución ya había sido establecida por medio de procesos de solicitud de ajuste tarifario entre el ICE y la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (Aresep) meses antes de que el presidente de la República hiciera su anuncio.

El 3 de diciembre del 2018, la Aresep resolvió una petición del ICE para ajustar sus tarifas de distribución de energía eléctrica del 1.º de enero al 31 de diciembre del 2019. La petición correspondía a la liquidación tarifaria del 2017. El ICE pidió un aumento de casi 13% en el rubro, aunque la autoridad reguladora solo aprobó un cambio de 7,9%.

Días después, el ICE solicitó un aumento adicional de casi 10% en sus tarifas de distribución para el periodo del 1.º de abril del 2019 hasta el 31 de diciembre del 2020. La Aresep aprobó un aumento de solo 4,82% para dicho periodo. Así quedó registrado en la resolución RE-0026-IE-2019.

En la resolución consta que las tarifas para el 2020 son hasta 7,4% menores que los cargos vigentes en el presente año. Esa diferencia se debe al vencimiento del pliego tarifario del 2017. De allí proviene la disminución promocionada por el gobierno recientemente.

El gobierno y el ICE omitieron en sus anuncios que ese mismo pronunciamiento de Aresep estableció un aumento de 3,54% para las tarifas de electricidad a partir del 1.º de enero del 2021 por el ajuste de un nuevo pliego tarifario. De esa manera, el rebajo de 7,4% que promociona el gobierno solo aplicará para los cobros del año 2020.

Ajustes aprobados por Aresep en marzo pasado sobre las tarifas de distribución de electricidad del ICE del 1.º de abril del 2019 hasta el 2021. (Fuente: Aresep).

Casa Presidencial no aportó evidencia de que la petición de septiembre del presidente de la República hubiera ocasionado el rebajo de 10% en las tarifas eléctricas del ICE para el 2020 y lo que resta de este año.

«A la fecha, el ICE trabaja en la contención del gasto, la limitación de inversiones y la renegociación de deudas y de contratos de compra a los generadores privados. El resultado de estos esfuerzos, junto al vencimiento de fideicomisos para construcción de infraestructura, se verá reflejado en la solicitud ordinaria que se presentará en el segundo semestre de 2020», respondió únicamente Casa Presidencial.

 

 

 

 

 

 

Derecho de respuesta: El Guardián dice la verdad

Acudimos al Derecho Constitucional de la Respuesta y la Aclaración para desmentir lo que Doble Check hace al faltar a la verdad cuando titula el día 26 de agosto del presente año lo siguiente.

Acudimos al Derecho Constitucional de la Respuesta y la Aclaración para desmentir lo que Doble Check hace al faltar a la verdad cuando titula el día 26 de agosto del presente año lo siguiente.

Dieta de diputados no pagará IVA (si lo hiciera, la pagaría usted)”.

El artículo de Elguardian.cr se basa en la declaración expresa del Viceministro de Hacienda Nogui Acosta que adjuntamos y que textualmente dice:

“Precisamente el concepto de dietas se resuelve en el sentido de que hay un tema de subordinación, de esta resolución que se acaba de establecer en el Ministerio, se aplicaría también para efectos de los Diputados.  No estarían afectos al impuesto del Valor Agregado, pero estarían afectos al Impuesto de Renta en una tarifa del 15% que es la que se aplica en estos casos. No se le va aplicar a nadie, el impuesto al Valor Agregado no se le aplica a nadie, la primera resolución, digámoslo así, fue una lectura parcializada cuando se definió que tenían que pagar el impuesto al valor agregado, recibimos consultas en relación con este tema, además de eso, analizamos otras jurisprudencias y otros temas, otros datos que traían las consultas, y en este sentido digamos que el Ministerio de Hacienda, en este caso particular la Dirección General de Tributación hace la corrección necesaria y establece que las dietas no pagan impuesto al valor agregado”.

Doble Check si bien coloca un pantallazo de la noticia, nunca transcribe textualmente lo que dice Nogui Acosta, con lo cual se violenta la oportunidad de la audiencia de escuchar al propio Viceministro explicar las razones de la Dirección General de Tributación Directa.  Adjuntamos el audio original de Nogui Acosta que también se puede escuchar en nuestro SoundCloud de ElGuardian.cr

https://soundcloud.com/elguardian-cr/nogui-acosta-hacienda-dietas

Es temerario y afecta claramente nuestra credibilidad cuando la nota señala:

“Es cierto que las dietas de los diputados no pagan IVA. Sin embargo, el texto parte de una premisa engañosa. Si las dietas de los diputados pagaran IVA, el Estado debería aumentar su presupuesto del rubro de dietas en un 13% para poder costear el pago de ese tributo. Esto sucede porque el IVA lo paga quien contrata el servicio y no quien lo ofrece”.

Como se puede escuchar y leer, el Viceministro de Hacienda Nogui Acosta, la fuente periodística de Elguardian.cr, aclara que recibieron otras consultas, y después del análisis determinaron que no era aplicable el cobro del Impuesto al Valor agregado a las dietas, no solo de Diputados, sino de todos los que reciben Dietas.

Entonces, calificar de Engañosa la premisa es ignorar que la fuente oficial, Nogui Acosta, es quien refiere el criterio basado en el análisis de la Dirección General de Hacienda.  Dónde está el llamado al Engaño.

Esa noticia, si bien es un esfuerzo de Elguardian.cr y Diario Extra (sin relación alguna entre los dos medios), la publicaron una gran cantidad de medios, pero llama la atención que solo Elguardian.cr fue objeto de su análisis.

Licenciado Richard Molina Mesén

Carnet del Colegio de Periodistas 2222

Director Elguardian.cr

Copia COLPER
Copia Consejo Superior Universitario / UCR

Nota del editor: Doble Check publica esta respuesta enviada por el medio El Guardián de cara a la apertura que deseamos tener para la libre discusión de ideas. Sin embargo, objetamos sus aseveraciones. La aclaración no hace referencia al fondo de la verificación original publicada por el periodista Daniel Salazar. En ella se afirma que la información que publica El Guardián es engañosa por un motivo en particular.

Una exoneración del impuesto al valor agregado en las dietas no «protege» a los diputados, pues ellos no se ven ni beneficiados ni perjudicados por la medida. De existir ese tributo para sus dietas, quien debería pagar ese monto es el propio Estado. De ahí nace nuestra verificación. Por ello nos enfocamos en la información de El Guardián y no en la que publicaron otros medios que trataron el mismo tema. La cita del viceministro señalada en la aclaración no hace referencia a ninguna protección a los intereses de los diputados, como lo insinúa El Guardián.

Daniel Salazar trató de conversar con el director del medio, Richard Molina, durante la elaboración de la información original. El periodista declinó dar declaraciones que pudiéramos citar.

Confiamos en que nuestra investigación original es sólida y por ello mantendremos la nota original sin cambios.