El derecho a recibir el decimotercer mes de salario en Costa Rica, conocido como aguinaldo, no se creó gracias a una huelga nacional de 69 días en 1954.
Una imagen que se usa para divulgar estas falsedades históricas circula, al menos, desde hace casi un año. Albino Vargas, presidente de la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados, compartió esa imagen el pasado 13 de setiembre. La publicación se acompaña además con una fotografía que parece referir a una huelga en Honduras en 1954.
Aunque los comparte, Vargas no es el autor de la falsa relación. La imagen pertenece originalmente a una publicación hecha hace un año en el perfil de Facebook de una persona privada que parece que reside en Costa Rica. Ella, a su vez, comparte otra imagen que pertenece a otra información viral que se divulgó en redes hondureñas de Facebook sobre la huelga que sí ocurrió en 1954 en ese país.
El derecho al aguinaldo sí se ganó coincidentemente en ese año en Costa Rica mediante la Ley de Pago de Aguinaldo para los Servidores Públicos (Ley 1835). El incentivo no se extendió a los asalariados de la empresa privada hasta octubre de 1959 (Ley 2412).
El historiador Vladimir de la Cruz explicó a Doble Check que ambos progresos en los derechos de las personas trabajadoras se dieron a través de leyes en la Asamblea Legislativa y no mediante protestas ciudadanas para su creación.
De la Cruz agrega que fue el entonces diputado (y luego presidente) Luis Alberto Monge quien tuvo la iniciativa hacer una ley para extender el decimotercer mes a todas las personas asalariadas. El historiador afirma que es común el error de atribuirle el logro al expresidente Mario Echandi, por haberse firmado durante su mandato. Sin embargo, Echandi incluso había vetado la ley. Los diputados resellaron el proyecto cuando el Ejecutivo se los devolvió.
[NOTA ACTUALIZADA]
El derecho a recibir el decimotercer mes de salario en Costa Rica, conocido como aguinaldo, no se creó gracias a una huelga nacional de 69 días en 1954.
Una imagen que se usa para divulgar estas falsedades históricas circula, al menos, desde hace casi un año. Albino Vargas, presidente de la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados, compartió esa imagen el pasado 13 de setiembre. La publicación se acompaña además con una fotografía que parece referir a una huelga en Honduras en 1954.
Aunque los comparte, Vargas no es el autor de la falsa relación. La imagen pertenece originalmente a una publicación hecha hace un año en el perfil de Facebook de una persona privada que parece que reside en Costa Rica. Ella, a su vez, comparte otra imagen que pertenece a otra información viral que se divulgó en redes hondureñas de Facebook sobre la huelga que sí ocurrió en 1954 en ese país.
Esta publicación de Facebook ligó erróneamente una huelga en Honduras con la aprobación del aguinaldo en Costa Rica. Albino Vargas compartió la información errónea en Twitter.
El derecho al aguinaldo sí se ganó coincidentemente en ese año en Costa Rica mediante la Ley de Pago de Aguinaldo para los Servidores Públicos (Ley 1835). El incentivo no se extendió a los asalariados de la empresa privada hasta octubre de 1959 (Ley 2412).
El historiador Vladimir de la Cruz explicó a Doble Check que ambos progresos en los derechos de las personas trabajadoras se dieron a través de leyes en la Asamblea Legislativa y no mediante protestas ciudadanas para su creación.
De la Cruz agrega que fue el entonces diputado (y luego presidente) Luis Alberto Monge quien tuvo la iniciativa hacer una ley para extender el decimotercer mes a todas las personas asalariadas. El historiador afirma que es común el error de atribuirle el logro al expresidente Mario Echandi, por haberse firmado durante su mandato. Sin embargo, Echandi incluso había vetado la ley. Los diputados resellaron el proyecto cuando el Ejecutivo se los devolvió.
La huelga que sí existió
En el país sí se vivió una protesta social para el respeto del derecho al aguinaldo, pero fue en 1959, cuando las leyes ya habían sido aprobadas.
En 1959 hubo una huelga general de trabajadores bananeros contra la United Fruit Company. La compañía frutera se negó a pagar el recién aprobado aguinaldo para las personas asalariadas del sector privado. Esta negativa provocó que sus trabajadores de la Zona Sur mantuvieran el movimiento por 26 días sin salario. (Otra fuente señala que fueron 27 días).
Finalmente, el Estado se hizo cargo del pago del aguinaldo a los trabajadores. La compañía bananera asumió el compromiso laboral hasta cuatro años después, según un recuento del docente universitario Javier Olivares.
Doble Check intentó conversar con Albino Vargas sobre la refutación de la información que compartió. No hubo una respuesta oportuna de su parte tras llamarlo a su teléfono y escribirle por Whatsapp.
Lea más sobre la historia del aguinaldo en este artículo que había publicado Vladimir de la Cruz en La República.
Lea sobre la huelga por el aguinaldo de los trabajadores bananeros en 1959 en este artículo de Javier Olivares.
Lea este artículo de opinión del exlíder sindical Gilbert Brown, en donde recapitula cómo se ganó el derecho al aguinaldo.
Nota del redactor/editor: Un primer enfoque de esta verificación informaba en su titular: «Derecho al aguinaldo no se ganó por la vía de la huelga». Después de justificadas críticas de lectores y lectoras concordamos con que ese título inducía a error.
La frase invitaba a una inferencia excesiva y equivocada: que las huelgas no tuvieron relevancia para cimentar el ejercicio y el respeto del derecho al aguinaldo. Ofrecemos disculpas por ello.
Este segundo enfoque se limita a verificar la existencia de una huelga nacional de 69 días para la creación del aguinaldo en Costa Rica, lo cual es falso según la información recopilada.
Intentaremos ejercer exámenes más cuidadosos en el futuro. Agradecemos a las personas que nos siguen y que se involucran activamente en analizar la información que publicamos.
Uno de los errores fue afirmar que la orden se refería a la obligatoriedad de cumplir con la regla fiscal. En esta confusión cayeron la cuenta oficial de la bancada del Partido Unidad Social Cristiana en Twitter, así como informaciones publicadas por Noticias Repretel y Noticias Monumental.
En realidad, la orden de la Contraloría se refiere a un asunto completamente separado: la ilegitimidad de los acuerdos entre la Caja y los sindicatos de salud en temas de incentivos salariales. La regla fiscal es otra cosa. Tiene que ver con un límite a la inversión de las instituciones según el endeudamiento del país. La Sala Constitucional ya había definido que los regímenes que sostienen la CCSS están por encima de esta restricción de la reforma fiscal.
La segunda es una mala interpretación. Varias figuras del Partido Unidad Social Cristiana afirmaron en Twitter que la Contraloría declaró la nulidad de los acuerdos que habían sido tomados por la CCSS y los sindicatos en febrero y agosto.
Es cierto que la CGR emitió su orden a raíz de una solicitud de nulidad presentada por la bancada socialcristiana. Sin embargo, la Contraloría expresamente evita conceder tal nulidad. La institución justifica esta posición en que ni siquiera reconoce los acuerdos entre la Caja y los sindicatos como un “acto administrativo”. Es decir, ni siquiera existía un acto por anular en primer lugar.
Eso sí, para fines prácticos, el resultado parece ser idéntico. La Contraloría le ordena a la Caja obviar los acuerdos hechos con los sindicatos y acatar las disposiciones de empleo público contenidas en la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas. Estas están en un apartado distinto que el de la regla fiscal.
Uno de los errores fue afirmar que la orden se refería a la obligatoriedad de cumplir con la regla fiscal. En esta confusión cayeron la cuenta oficial de la bancada del Partido Unidad Social Cristiana en Twitter, así como informaciones publicadas por Noticias Repretel y Noticias Monumental.
En realidad, la orden de la Contraloría se refiere a un asunto completamente separado: la ilegitimidad de los acuerdos entre la Caja y los sindicatos de salud en temas de incentivos salariales. La regla fiscal es otra cosa. Tiene que ver con un límite a la inversión de las instituciones según el endeudamiento del país. La Sala Constitucional ya había definido que los regímenes que sostienen la CCSS están por encima de esta restricción de la reforma fiscal.
La segunda es una mala interpretación. Varias figuras del Partido Unidad Social Cristiana afirmaron en Twitter que la Contraloría declaró la nulidad de los acuerdos que habían sido tomados por la CCSS y los sindicatos en febrero y agosto.
Es cierto que la CGR emitió su orden a raíz de una solicitud de nulidad presentada por la bancada socialcristiana. Sin embargo, la Contraloría expresamente evita conceder tal nulidad. La institución justifica esta posición en que ni siquiera reconoce los acuerdos entre la Caja y los sindicatos como un “acto administrativo”. Es decir, ni siquiera existía un acto por anular en primer lugar.
Eso sí, para fines prácticos, el resultado parece ser idéntico. La Contraloría le ordena a la Caja obviar los acuerdos hechos con los sindicatos y acatar las disposiciones de empleo público contenidas en la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas. Estas están en un apartado distinto que el de la regla fiscal.
El conflicto
La Contraloría estudió una denuncia presentada por siete diputados del PUSC el 13 de agosto. Los legisladores buscaban anular dos acuerdos entre el gobierno y los sindicatos de salud.
Nuestra Fracción Unidad acudió a la Contraloría General de la República el 13 de agosto para la nulidad de los acuerdos entre sindicatos y la Caja Costarricense de Seguro Social, este jueves nos da la razón.#LALEYAPLICAPARATODOSpic.twitter.com/2fpYSUYFaV
Un acuerdo había sido tomado en febrero. Su principal punto era que el cálculo de las anualidades se seguiría haciendo con base en un porcentaje y no como un monto nominal para los empleados contratados en la Caja al momento de la entrada en vigencia del plan fiscal. El uso de un monto nominal había sido justamente uno de los cambios dispuestos en la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas.
El otro acuerdo, del 12 de agosto, le había puesto fin a la huelga en este sector. El acuerdo indicaba que los empleados continuarían recibiendo sus incentivos con base en un cálculo porcentual a menos que un tribunal contencioso determinara la invalidez del acuerdo de febrero.
Ese proceso podría tardar años. Por ello, los diputados socialcristianos pidieron la intervención de la Contraloría. Tras la orden emitida hoy por la institución, varias figuras políticas de la Unidad se manifestaron satisfechas. Sin embargo, aunque el resultado fue el deseado, sus manifestaciones son erróneas. La Contraloría no emitió una nulidad.
El pasado 13 de agosto acudimos a la CGR para solicitar la nulidad de los acuerdos firmados ilegalmente por la Caja Costarricense de Seguro Social. Hoy recibimos con agrado la noticia de que #LaLeyAplicaParaTodos y por ende la Contraloría nos da la razón. pic.twitter.com/EyfKRtXBha
Quienes erróneamente divulgaron esta interpretación fueron la diputada María Inés Solís, su colega Rodolfo Peña y el analista político Juan Carlos Hidalgo.
Al final, la Contraloría defiende las intenciones originales del plan fiscal en materia de empleo público. En corto, le ordena a la Caja que obvie los acuerdos y que aplique la ley, en cuenta el cálculo de los incentivos como un monto nominal y no como porcentaje para todos sus empleados, nuevos y antiguos.
Lo que dijo la CGR
La Contraloría indicó que los acuerdos no pueden ser considerados como actos administrativos. Las razones expuestas se resumen así:
Los actos administrativos deben ser unilaterales. Los acuerdos fueron multilaterales y no exclusivos de la Administración en ejercicio de sus competencias.
El contenido de los acuerdos es diverso y no indica la normativa que lo sustenta.
La metodología de cálculo para el pago de ciertos incentivos salariales no es en sí misma un derecho adquirido.
La CGR razona que los acuerdos no tienen las características de un “acto administrativo”. Por ello no puede ordenar la nulidad de los acuerdos, ni tampoco la CCSS puede hacer una declaratoria de lesividad (es decir, someter los acuerdos a un proceso contencioso) porque no hay tal acto.
Prospera la solicitud de nulidad que presentó el PUSC a la Contraloría General de la República. Se cayó el acuerdo de la CCSS con los sindicatos. https://t.co/TW6PK5rlF5
Es decir, la Contraloría dice que todos están hablando en el aire. Lea aquí el oficio completo de la Contraloría.
La regla fiscal no tiene nada que ver
En todo este asunto no entra la regla fiscal. Este es un límite presupuestario que se incluyó en la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas. La regla restringe el gasto corriente en las entidades estatales no financieras en relación con el porcentaje de endeudamiento reflejado en el Presupuesto Nacional.
Una de las polémicas más encendidas durante la discusión del plan fiscal era si la CCSS entraba en esta limitación. El asunto fue resuelto parcialmente por la Sala Constitucional, cuando resolvió que los tres principales regímenes que sustentan a la institución están libres de acatar esa disposición del plan fiscal.
Hacienda, por su parte, anunció que examinará cada año el presupuesto de la Caja. Ello le permitirá diferenciar aquellas partidas que no estén financiadas por esos regímenes. Doble Check está investigando cuál es el porcentaje del presupuesto de la institución que no está financiado por las fuentes exentas de la regla.
La cuenta oficial de la bancada del PUSC confundió los conceptos tratados hoy por la Contraloría, y afirmó en Twitter que se refería a la regla fiscal. Lo mismo sucedió con los medios Noticias Monumental y Noticias Repretel.
Doble Check contactó a Randall Rivera, director de Monumental, y con el periodista de Repretel, Fernando Brenes. Ambos periodistas reconocieron la falla. Rivera atribuyó la información a un error humano y afirmó que habían hecho las correcciones correspondientes, tanto al aire como en su sitio web.
Nota del editor: Una versión anterior de esta nota incluía a la diputada liberacionista Silvia Hernández como una de las personas que habían asumido que la orden de la Contraloría implicaba un mandato de acatar la regla fiscal. La diputada sí se refirió a la regla fiscal pero en un contexto más amplio, que Doble Check no leyó adecuadamente. Por ello se eliminó la referencia a la diputada.
Una llamada más precisa habría sido afirmar que «Sus multas por atraso en el pago de la electricidad deberán pagar el 13% del IVA». Es decir, Telenoticias omitió aclarar en su titular y en los primeros párrafos de la noticia en su sitio web que el monto gravado no es sobre el total de la factura, sino solo por el monto de la multa.
Doble Check confirmó que varios usuarios de redes sociales interpretaron erróneamente que el IVA se cobraría sobre el total de la factura de todas las personas morosas.
La nota que se divulgó en el noticiario, además, tiene tres datos incorrectos.
Es falso que la factura de un hogar que consuma electricidad apenas por encima del consumo exonerado (281 kilovatios hora) aumente más de ₡4.000 «por atrasarse un día». En realidad, la mayor parte del aumento sería justamente por exceder el consumo exonerado. La multa por atraso sería de tan solo ₡860.
Es incorrecto que el castigo por pagos atrasados sea mayor para empresas o industrias. En realidad, las multas son idénticas para todos los tipos de consumidores.
El noticiero cometió errores de cálculo en todos los ejemplos que expuso.
Telenoticias acertó al indicar muy posteriormente que sí hay IVA en el cargo por mora de los hogares cuyo consumo de electricidad está exonerado del tributo (igual o menor a 280 kW-h).
En resumen: Una nota divulgada por Telenoticias induce a error sobre el pago del Impuesto al Valor Agregado por electricidad.
Una llamada más precisa habría sido afirmar que «Sus multas por atraso en el pago de la electricidad deberán pagar el 13% del IVA». Es decir, Telenoticias omitió aclarar en su titular y en los primeros párrafos de la noticia en su sitio web que el monto gravado no es sobre el total de la factura, sino solo por el monto de la multa.
Doble Check confirmó que varios usuarios de redes sociales interpretaron erróneamente que el IVA se cobraría sobre el total de la factura de todas las personas morosas.
La nota que se divulgó en el noticiario, además, tiene tres datos incorrectos.
Es falso que la factura de un hogar que consuma electricidad apenas por encima del consumo exonerado (281 kilovatios-hora) aumente más de ₡4.000 «por atrasarse un día». En realidad, la mayor parte del aumento sería justamente por exceder el consumo exonerado. La multa por atraso sería de tan solo ₡860.
Es incorrecto que el castigo por pagos atrasados sea mayor para empresas o industrias. En realidad, las multas son idénticas para todos los tipos de consumidores.
El noticiero cometió errores de cálculo en todos los ejemplos que expuso.
Telenoticias acertó al indicar en su nota que sí se paga IVA en el cargo por mora de los hogares cuyo consumo de electricidad está exonerado del tributo (igual o menor a 280 kW-h).
Cargo por atraso es igual para todos
El pasado jueves, el noticiero Telenoticias afirmó que “si usted se atrasa un día en pagar el recibo de la electricidad tendrá que pagar el 13% del IVA”.
La publicación fue ampliamente compartida en la página de Telenoticias en Facebook. El texto, además, repite el dato falso de que hay diferencias en el cobro entre tipos de consumidores.
El noticiero se basó en las tarifas de la Compañía Nacional de Fuerza y Luz (CNFL) y expuso los recargos por atrasos en tres escenarios: hogares exonerados de IVA, hogares que deben pagar dicho tributo y empresas e industrias.
La periodista de Telenoticias agregó que “en el caso de las empresas, el castigo es mayor” por atrasos en el pago. Eso es falso.
Hay que recordar que el nuevo Impuesto sobre el Valor Agregado (IVA) se aplica con su tasa convencional de 13% al servicio de electricidad, excepto en los hogares que tengan un consumo igual o menor a 280 kilovatios hora (kW-h).
La CNFL respondió a Doble Check que todo abonado que cancela su facturación después de su fecha de vencimiento debe pagar un importe adicional de 3% sobre el monto de la factura por consumo eléctrico. Así lo indica el artículo 47 de la norma técnica regulatoria AR-NT-SUCOM.
Además, a ese cargo por mora también se le calcula un IVA, igualmente de 13%.
Por ejemplo, si un hogar o una empresa superan el límite exonerado de IVA y facturan ₡100.000 por electricidad, se imponen ₡13.000 de IVA sobre dicho consumo.
Además, si el abonado retrasa su pago, el proveedor añadiría un cargo por mora de ₡3.000 (que es el 3% de ₡100.000) y, adicionalmente, a ese recargo se le suman otros ₡390 de IVA (13% sobre los ₡3.000 del cargo por mora). Ese recargo se haría en el recibo del mes siguiente.
Ante una consulta de Doble Check, la CNFL indicó que los porcentajes para el cargo por mora y su respectivo IVA son iguales para todos los consumidores.
“El Ministerio de Hacienda no hace diferencias entre un tipo de cliente a otro. La instrucción es que todo cargo por mora indistintamente del cliente implica el cobro por el IVA respectivo”, aseguró la institución por medio de su área de Comunicación.
Telenoticias infla recargos por mora
Telenoticias difundió incorrectamente que el recibo de electricidad de un hogar no exonerado que consume 281 kilovatios hora (kW-h) “sube ₡4.046 por atrasarse un día” en el pago.
Ese dato es incorrecto porque incluye el IVA sobre el consumo eléctrico se habría pagado de todas maneras, incluso al pagar a tiempo, que sería de ₡3.299 en ese caso.
En el ejemplo que expone el noticiero, la carga por mora (con su IVA respectivo) sería de apenas ₡860. Así, el noticiero exageró el recargo que tendría un consumidor por atrasarse.
La periodista que redactó esa nota informativa, Yessenia Alvarado, negó a Doble Check que ese ejemplo pudiera inducir a error a los televidentes, pues pretendía ilustrarse el caso de un hogar no exonerado que retrasara el pago de su facturación.
¿Qué pasa con los hogares exonerados?
Un hogar que consume 280 kilovatios por hora (kW-h) o menos, estará eximido del IVA. Si ese hogar se atrasara en el pago de su factura seguiría sin pagar IVA por el monto de consumo. Solo pagaría IVA sobre el cargo por mora.
El artículo de Telenoticias acertó en ese detalle, aunque falló en el cálculo de los cargos por mora.
El noticiero presentó el ejemplo de un hogar exonerado de IVA que factura ₡25.285 pero se atrasa en el pago de su recibo. Así, Telenoticias afirmó que el “IVA por morosidad” sería de ₡99, por lo que la facturación final sería de ₡25.384. ¿Qué faltó? Faltó el cargo por mora propiamente, que en ese caso sería de ₡759.
Además, el cargo por mora se incluiría en la facturación del mes posterior al recibo que se pagó tardíamente.
El noticiero repitió esos errores en los tres escenarios que expuso.
La periodista Yessenia Alvarado reconoció que el cargo por mora se omitió en los gráficos pero justificó que, al ser montos pequeños, los totales se mantienen similares.
Nota del editor: Esta información fue actualizada para consignar la expresión correcta de «kilovatios hora» (kW-h) en sustitución de la forma errónea «kilovatios por hora» (kW/h), de su versión anterior.
Dos rumores surgieron tras la visita del presidente Carlos Alvarado a Limón el sábado. Primero, estuvo la presencia de un supuesto francotirador durante las protestas contra el gobierno la tarde de ese sábado. Lo segundo fue una alegada huída de Carlos Alvarado en ambulancia para supuestamente evitar el contacto con las personas manifestantes. Ambos rumores […]
Dos rumores surgieron tras la visita del presidente Carlos Alvarado a Limón el sábado.
Primero, estuvo la presencia de un supuesto francotirador durante las protestas contra el gobierno la tarde de ese sábado. Lo segundo fue una alegada huída de Carlos Alvarado en ambulancia para supuestamente evitar el contacto con las personas manifestantes. Ambos rumores son falsos.
No hay información que permita relacionar, de manera precisa y representativa, el efecto de la huelga del año pasado con despidos o pérdidas en los comercios de todo el país.
Revivimos este chequeo de noviembre a propósito de una información compartida por la diputada Zoila Rosa Volio la semana pasada. La información se basa en datos que solo se aplican a los comercios miembros de la Cámara de Comercio de Costa Rica.
No hay información que permita relacionar el efecto de la huelga del año pasado con despidos o pérdidas en los comercios de todo el país. Al menos no de manera representativa.
Revivimos este chequeo de noviembre a propósito de una información compartida por la diputada Zoila Rosa Volio la semana pasada. La información se basa en datos que solo se aplican a los comercios miembros de la Cámara de Comercio de Costa Rica.
Doble Check
