Resumen: Es falso que la propuesta metodológica para regular la usura que se analiza en la Asamblea Legislativa permitiría «cerrar» tarjetas de crédito actuales, como advirtió la Asociación Bancaria Costarricense (ABC).

La entidad realizó la afirmación a través de un campo pagado que se publicó en diarios de circulación nacional.

La Asociación además escribió otro mensaje que es engañoso. La ABC realizó una proyección de exclusión financiera basada en el mismo proyecto. Utilizó los datos de los tarjetahabientes actuales y señaló que todos los que dejarían de ser rentables para los bancos con las nuevas condiciones quedarían fuera de cualquier oferta.

La iniciativa de ley propone un tope de 2,2 veces la tasa de interés activa promedio del sistema financiero para las tasas de interés que se cobran a nivel crediticio. Ello implicaría límites de un 29,1% en colones y de un 15% en dólares, tomando como referencia datos publicados por el Banco Central para la semana del 20 al 26 de noviembre.

Ambos topes entrarían a regular únicamente los nuevos contratos. La aplicación de la nueva ley no podría ser retroactiva.

El propósito del proyecto de ley es establecer un límite a los intereses que cobran entidades financieras y comerciales por las operaciones de crédito. De este modo, se podría castigar el delito de usura. Actualmente no existen parámetros para establecer cuáles tasas del mercado son desproporcionadas.

El espacio pagado

La Asociación Bancaria Costarricense (ABC) pautó en varios medios de comunicación nacional un campo pagado. La publicación afirma que poner un tope del 30% a las tasas de interés nacionales permitiría «cerrar» tarjetas de crédito. «Si su límite de crédito es menor a $750, le podrían cerrar su tarjeta de crédito», advierte ABC.

Además, el anuncio señaló que con el tope del 30% «más de 727.000 personas se quedarían sin acceso a crédito con las instituciones financieras, lo que equivaldría a más de 20 estadios nacionales llenos».

Una afirmación falsa y otra engañosa

La primera de las afirmaciones realizadas por la ABC es falsa. El proyecto de ley para regular las tasas de usura no plantea la posibilidad de «cerrar» tarjetas de crédito vigentes. Así lo indicaron los propios proponentes del texto, los diputados Welmer Ramos, del Partido Acción Ciudadana (PAC), y David Gourzong, del Partido Liberación Nacional (PLN).

«La ley no es retroactiva. Esto quiere decir que quienes tienen hoy un contrato por cualquier tipo de crédito deberán mantener las condiciones», explicó el liberacionista.

El propio asesor legal de la ABC, Mario Gómez, había afirmado que «la ley no es retroactiva», en medio de una entrevista que sostuvo el 21 de noviembre en el programa Enfoques, de crhoy.com.

Sobre la afirmación de su espacio pagado, la Asociación reconoció a través de un correo electrónico que no existe un efecto retroactivo. No obstante, matizó diciendo que intentó hacer referencia a «los nuevos financiamientos».

ABC también advierte sobre 727.000 personas que supuestamente quedarían excluidas del crédito con instituciones financieras. Cortés indicó que la ABC calculó el efecto que tendría aplicar las nuevas tasas a personas que ya tienen tarjetas de crédito. La supuesta exclusión se refiere a los casos en los que «los costos por colón prestado superaban los ingresos por colón prestado», con las condiciones actuales de las tarjetas.

La afirmación no se puede etiquetar como veraz ni como falsa, pues conjetura sobre comportamientos que están en el futuro. Sí se puede afirmar que el cálculo es engañoso. Oculta las posibilidades de que las mismas personas puedan buscar otras ofertas en mejores condiciones, de que los propios usuarios renuncien a tener una tarjeta de crédito si sus condiciones no se lo permiten o de que los bancos reduzcan sus márgenes de ganancia.

Respuesta desde los proponentes

Los propulsores del texto opinan que realmente no habría exclusión financiera. En la opinión de los diputados, facilitar tarjetas de crédito con tasas de usura a personas pobres más bien es una forma de explotación. Esta es una forma de «aumentar la riqueza (de los prestamistas) con injusticia», dijo el diputado Gourzong.

Asimismo, el diputado Ramos conjetura que un porcentaje de las personas excluidas por unos bancos (especialmente por el sector privado) podría ser acogido por los sectores público y cooperativo, que ya ofrecen mejores condiciones. Esta afirmación tampoco puede ser verificada, pues también se trata de un comportamiento en el futuro.

Datos del Ministerio de Economía señalan que, solo en tarjetas de crédito en colones, el 69,9% de las ofertas cobran tasas que oscilan entre el 40,0% y el 49,9%. La gran mayoría de ellas están a cargo de la banca privada y de casas comerciales.Entidades de la banca pública y de cooperativas cobran tasas menores.

«Si los bancos del Estado, las cooperativas y las asociaciones solidaristas están dando tarjetas y crédito a tasas que no llegan al límite de usura, las personas que sean desplazadas pueden ser asumidos por esos otros entes», afirma el legislador.

En cuanto a las tarjetas en dólares, la situación es diferente. La totalidad de los plásticos que están en las calles paga actualmente tasas de entre el 18% y el 38%. El límite propuesto por el proyecto de ley es de 15%, tres puntos porcentuales por debajo de la tasa más baja en el mercado.

El proyecto divide

La iniciativa para imponer un tope a las tasas de interés ofrecidas en el mercado formal sigue en la Comisión de Asuntos Hacendarios de la Asamblea Legislativa. Los diputados apuntan a dictaminar el proyecto, pero primero decidieron pactar una audiencia con el presidente del Banco Central, Rodrigo Cubero.

El Banco Central aboga por imponer una tasa de interés más alta en dólares y en colones. En el segundo caso, habla de un porcentaje cercano al 50%. Su tesis es que sería imposible dar crédito a algunos sectores con las condiciones actuales.

Aparte de las tarjetas de crédito, el proyecto regularía también operaciones crediticias comerciales, como las que ofrecen tiendas por departamento. Datos del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) señalan que una décima parte de los hogares costarricenses reportan utilizar al menos una tarjeta de crédito.

La redacción actual del proyecto, con sus topes del 30% y del 15%, despierta el rechazo de todos estos sectores prestamistas. Ellos argumentan que es necesario aplicar tasas más altas para atender a la población con mayor riesgo de pago, aunque sea a tasas superiores al 30%.

Si el texto es aprobado en comisión (con la redacción actual o una nueva), luego tendría que pasar al Plenario legislativo. Allí, los 57 diputados podrían presentar sus últimas propuestas para modificarlo, de cara a su votación (positiva o negativa) en primer debate.