Es engañoso responsabilizar a empleados de Fonabe por aumento en planilla del IMAS

Es engañoso responsabilizar a los empleados del Fondo Nacional de Becas (Fonabe) por forzar un aumento en el personal del IMAS. La negativa de los empleados del Fondo de trasladarse al IMAS fue la explicación que ofreció el ministro de Desarrollo Humano, Juan Luis Bermúdez, ante consultas de La Nación.

El IMAS asumirá el manejo de las becas estudiantiles de Fonabe. Ante ello, se contempló hacer un convenio entre esa institución y el Ministerio de Educación (a cargo de Fonabe) para que los empleados de este Fondo se trasladaran.

Es cierto que los funcionarios de Fonabe tuvieron la oportunidad de manifestar si preferían quedarse en el MEP o participar en el convenio con el IMAS. Solo dos empleados de 69 escogieron la segunda opción.

Sin embargo, la posibilidad de traslado estuvo cargada de faltas de comunicación de parte del MEP. El IMAS, por su parte, no extendió un interés formal para absorber a los empleados de Fonabe.

A los empleados de Fonabe se les dio un plazo de menos de seis horas hábiles para dar una respuesta. No se les dio información sobre dónde podrían trabajar en el IMAS, su ubicación geográfica, condiciones salariales, incentivos, entre otros.

Con respecto a las declaraciones de Bermúdez en La Nación, también es impreciso señalar que el IMAS contratará a “75 personas para tramitar becas ante la negativa de los funcionarios de Fonabe a trasladarse”.

En realidad, la Autoridad Presupuestaria (STAP) autorizó la creación de 111 plazas para el programa “Crecemos”. Este programa recopila casi un 96% de la operación para los subsidios de educación que administraba Fonabe.

En resumen: Es engañoso responsabilizar a los empleados del Fondo Nacional de Becas (Fonabe) por forzar un aumento en el personal del IMAS. La negativa de los empleados del Fondo de trasladarse al IMAS fue la explicación que ofreció el ministro de Desarrollo Humano, Juan Luis Bermúdez, ante consultas de La Nación.

El IMAS asumirá el manejo de las becas estudiantiles de Fonabe. Ante ello, se contempló hacer un convenio entre esa institución y el Ministerio de Educación (a cargo de Fonabe) para que los empleados de este Fondo se trasladaran.

Es cierto que los funcionarios de Fonabe tuvieron la oportunidad de manifestar si preferían quedarse en el MEP o participar en el convenio con el IMAS. Solo dos empleados de 69 escogieron la segunda opción.

Sin embargo, la posibilidad de traslado estuvo cargada de faltas de comunicación de parte del MEP. El IMAS, por su parte, no extendió un interés formal para absorber a los empleados de Fonabe.

A los empleados de Fonabe se les dio un plazo de menos de seis horas hábiles para dar una respuesta. No se les dio información sobre dónde podrían trabajar en el IMAS, su ubicación geográfica, condiciones salariales, incentivos, entre otros.

Con respecto a las declaraciones de Bermúdez en La Nación, también es impreciso señalar que el IMAS contratará a “75 personas para tramitar becas ante la negativa de los funcionarios de Fonabe a trasladarse”.

En realidad, la Autoridad Presupuestaria (STAP) autorizó la creación de 111 plazas para el programa “Crecemos”. Este programa recopila casi un 96% de la operación para los subsidios de educación que administraba Fonabe.

¿Qué dijo el ministro?

En declaraciones a La Nación, el ministro de Desarrollo Humano, Juan Luis Bermúdez,  expresó que «se hizo una consulta a los funcionarios del Fondo para que fueran a trabajar al IMAS pero no quisieron». Alegó que, entre las distintas razones para hacerlo se encontraban el «el lugar de residencia» o «diferencias económicas que no les eran atractivas».

Esos argumentos fueron empleados para justificar la contratación de «75 funcionarios» especializados en áreas sociales, según indicó Bermúdez a La Nación. El dato es impreciso, pues en realidad se trata de 111 plazas.

Daniela Cerdas, periodista del diario, explicó a Doble Check que envió consultas al Ministerio de Educación y al IMAS, sobre este tema. Adujo que no se incluyó la versión de ANEP, puesto que el sindicato no responde las consultas de La Nación, y aclaró que la cifra brindada por el ministro en su entrevista fue de 75 funcionarios, no de 111.

Dijo también que, luego de la entrevista, consultó qué habría ocurrido si todos los funcionarios de Fonabe hubieran aceptado la opión de trasladarse al IMAS. Señaló que,  aún así, el IMAS no habría absorbido a todos los empleados de Fonabe, pues no todos contaban con el perfil profesional que buscaban.

La transformación (y «muerte») de Fonabe

El 18 de febrero del 2019 el Ejecutivo decretó la creación del programa de Transferencias Monetarias Condicionadas para estudios, denominado “Crecemos”. En resumen, el programa concentra alrededor de un 96% de los subsidios estudiantiles que antes gestionaba el Fondo Nacional de Becas (Fonabe).

Los representantes sindicales de los empleados de Fonabe afirman que el cambio no fue comunicado con suficiente transparencia. Rosibeth Méndez Cruz, presidenta de la Seccional Anep-Fonabe, dice que los funcionarios empezaron a recibir rumores sobre un eventual cierre de la entidad en setiembre de 2018. La seccional representa a poco menos de la mitad de los empleados.

En diciembre del 2018, los trabajadores tuvieron acceso al Presupuesto Ordinario del IMAS para el 2019. El documento mencionaba el programa “Crecemos” y hacía referencia al Fonabe como “Antiguo Fonabe”. Según ANEP, esta fue la primera noticia que recibieron los empleados sobre la inminencia del cierre del Fondo. No habían recibido ninguna información formal de su patrono, el MEP.

No fue hasta el 29 de enero que los funcionarios recibieron una primera comunicación formal del ministro de Educación Pública, Édgar Mora, y el ministro de Desarrollo Humano e Inclusión, Juan Luis Bermúdez. La carta indicaba “que cualquier cambio que se genere a raíz de la revisión que actualmente realiza el Gobierno de la República del modelo de trabajo de Fonabe, se realizará con apego al ordenamiento jurídico, por lo que se velará en todo momento por proteger todos sus derechos laborales”.

El 13 de febrero, en reunión con los empleados, se acordó la creación de una comisión conformada por los jerarcas del MEP, IMAS, el Ministerio de Trabajo y la seccional del sindicato ANEP-Fonabe. La comisión atendería los asuntos relacionados con el futuro de los trabajadores.

¿Hubo negativa de los empleados a trasladarse?

Fonabe es un órgano desconcentrado del Ministerio de Educación Pública. Los 69 funcionarios que allí laboran forman parte del régimen del Servicio Civil. Los funcionarios del IMAS —al ser una institución autónoma— no forman parte de ese régimen. Por ello, las plazas no podían trasladarse directamente.

¿Qué podía hacerse? Establecer un convenio entre el IMAS y el MEP. El MEP “prestaría” los empleados al IMAS. Así, el Instituto podría aprovechar la experiencia de los funcionarios de Fonabe para operar los subsidios de Crecemos.

“Se mencionó la posibilidad de un convenio con el IMAS y una vez finalizada la fecha del mismo, el funcionario debía regresar al MEP, bajo tal argumento los salarios de los funcionarios serían asumidos por el MEP durante la duración del convenio”, indica Méndez, de ANEP.

Los principales acuerdos sobre el futuro de los funcionarios del IMAS fueron tomados el 15 de marzo de 2019 en una reunión en la que participaron la exviceministra del MEP, Rosa Adolio Cascante, representantes de Recursos Humanos, cuatro representantes de Fonabe (incluída Anep), y Diego Vicente, en representación del IMAS.

El punto 29 de la minuta indica que la viceministra dijo que todos los funcionarios irían “ubicados al MEP, indistintamente de que quieran ir a otra entidad”. Julio Barrantes, representante de Recursos Humanos del MEP, añadió que en los casos de personas que deseen trasladarse al IMAS primero debían ir al MEP, y luego por convenio trasladarse al IMAS. “Para tal efecto se ha de requerir de dos estudios”, añadió. “También se debe contar inicialmente con una manifestación expresa del IMAS si los puede y los quiere recibir”.

La minuta no registra ninguna objeción del representante del IMAS a estas observaciones.

Una semana después, el miércoles 15 de marzo, los funcionarios de Fonabe recibieron un correo electrónico. En él se les solicitaba marcar una respuesta única: “a cuál de las siguientes opciones tienen anuencia de trasladarse: MEP, Convenio con el IMAS, Otra Institución (régimen de servicio civil), movilidad laboral jubilación adelantada”.

El correo fue enviado a la 1:38 p. m. por la Comisión Técnica ANEP-FONABE y Recursos Humanos del MEP. La carta solicitaba a los funcionarios dar respuesta al día siguiente, antes de las 10:00 a. m.

“Se le trasladó la consulta a los funcionarios, en los términos de un convenio con el IMAS, sin mayor información al respecto. Por tanto no hubo una oposición debido a que no se contó con mayor detalle o una propuesta formal del IMAS. No se conoció mayor detalle del tema del convenio con el IMAS”, comenta Méndez, de ANEP.

Trabajadores de Fonabe confirmaron a Doble Check que tuvieron que tomar la decisión en cuestión de menos de seis horas hábiles, sin tener detalles sobre el convenio con el IMAS.

ANEP alega que los trabajadores nunca recibieron un ofrecimiento directo o propuesta formal del IMAS. A los funcionarios nunca se les indicó nada sobre su ubicación geográfica, sus condiciones salariales, sus incentivos u otros detalles que les permitiera tomar una decisión informada.

Tampoco existieron los estudios y las manifestaciones expresas del IMAS sobre su posibilidad y deseo de recibir a los empleados, según los había solicitado Recursos Humanos del MEP en la reunión.

“El IMAS nunca mencionó la creación de nuevas plazas, ni el interés de tener a todos los funcionarios de Fonabe, pues indicaron que si algún funcionario estaba interesado en convenio con el IMAS, este debía hacer un estudio para determinar si la institución requería de ese funcionario”, dice ANEP.

Al respecto, el IMAS explicó a Doble Check que el proceso de consulta estuvo a cargo de la Comisión Técnica de representantes del MEP y de los empleados y que “no le corresponde al IMAS realizar un ofrecimiento directo o propuesta formal pues no es el patrono, ni participaba de ese espacio de negociación”. “No obstante -agregan-, el IMAS no cerró nunca la posibilidad de que algún/a funcionario/a pudiese incorporarse a nuestra institución”.

El IMAS confirmó que no envió ninguna comunicación expresa al MEP solicitando que la operación de Fonabe pasara al IMAS a través del convenio. “El mecanismo mediante el cual se crea el Programa Crecemos es el Decreto Ejecutivo N° 41.569-MEP-MTSS-MDHIS, siendo innecesario la mediación de un convenio”, adujeron.

El jerarca del IMAS, Juan Luis Bermúdez, que indicó a La Nación que «se hizo una consulta a los funcionarios del Fondo para que fueran a trabajar al IMAS pero no quisieron».

Eso es verdad. Sin embargo, el ministro omite que la oferta se hizo en condiciones apresuradas, de falta de información y con poco acompañamiento institucional.

Bermúdez también señala «distintas razones de rechazo» por parte de los funcionarios. Por ejemplo indicó «el lugar de residencia» o «diferencias económicas que no les eran atractivas». No hay evidencia de ello en los documentos revisados por Doble Check o en las respuestas de la representación laboral.

El MEP alegó a Doble Check que todo se realizó en apego al Decreto Ejecutivo. Agregó  que la responsabilidad laboral corresponde “al MEP como empleador. Por tratarse el IMAS de una Institución que está fuera del régimen del Servicio Civil, no puede asumir al personal con su antigüedad laboral y derechos”.

“El MEP es el patrono de los trabajadores y las trabajadoras de FONABE, debe responsablemente garantizarles sus derechos laborales y ocupa de sus servicios por lo que hará lo posible por retenerlos para aprovechar su experiencia y capacidades en el sector educativo”, expresó la entidad mediante un comunicado enviado a Doble Check.

Las nuevas plazas del IMAS

Esta negativa de los empleados de Fonabe sirve como argumento al IMAS para crear 111 plazas para atender el programa “Crecemos”, para el cual Fonabe empleaba a 69 trabajadores.

La Nación tituló «IMAS contrata a 75 personas para tramitar becas ante negativa de funcionarios de Fonabe a trasladarse». Sin embargo resulta impreciso puesto que el número correcto de plazas es 111, y no 75.

De las 111, 75 plazas corresponden a oficinas locales para la atención directa a los usuarios y usuarias. Las 36 restantes “fortalecen procesos administrativos y financieros sustantivos que se ven impactados por el inicio de esta operación”, dijo el IMAS a Doble Check.

La Secretaría Técnica de la Autoridad Presupuestaria (STAP-0995-2019), cuestionó el aumento de plazas el 31 de mayo.

“La cantidad de plazas solicitadas para el programa Crecemos se incrementa en aproximadamente 60% con respecto a la planilla que actualmente tiene el FONABE para atender entre otras, las funciones que se le están trasladando al IMAS”.

“Llama la atención el incremento de plazas dentro del Sector Público, en cuanto al mantener las plazas del personal de FONABE y crear plazas en el IMAS para atender las funciones que por Decreto Ejecutivo N°41569-MEP-MTSS-MDHIS, se le trasladaron a esta entidad. Hay que tener presente la existencia del personal de FONABE, que tiene la experiencia en el tema y que podría ser destacado en el IMAS”, agregó.

Al respecto, el presidente del IMAS explicó a Doble Check que Fonabe se apoyaba de una red de comités establecidos en los centros educativos del país. “Éstos realizaban la preselección, tramitación y mediación de las solicitudes de beca, y además se contaba con una contratación que de forma externa le brindaba una plataforma de gestión de solicitudes”. Por ello, el jerarca argumenta que no podría decirse que la operación de Fonabe se limitara únicamente a esos 69 funcionarios.

Bermúdez agregó que la creación de estas plazas no impactaría los fondos de becas, pues las fuentes para inversión social y gasto administrativo están diferenciadas.

El futuro de los empleados de Fonabe

¿Qué harán los funcionarios de Fonabe ahora que no administrarán becas? La gran mayoría será distribuida entre distintos programas y unidades administrativas del MEP.

Un total de 17 empleados seguirá laborando en Fonabe, encargándose de la asignación de becas de post secundaria, mérito y emergencia, con el financiamiento del FODESAF.

De dónde surgió este chequeo

Este chequeo surge de varias solicitudes de lectores de Doble Check, y de una revisión de comentarios de funcionarios de Fonabe en medios de comunicación. Puede enviarnos sugerencias de revisiones al 8621-8137.

Es falso que el gobierno está dando casas a refugiados nicaragüenses

En resumen: Diario Extra indujo al error al titular que “Gobierno garantiza casas para nicas”, tal como lo hizo en un artículo sobre los nicaragüenses que han buscado refugio en Costa Rica por la crisis política en ese país, que inició en abril del 2018.

En realidad, el Gobierno no puede brindar viviendas a las personas nicaragüenses que han buscado refugio en Costa Rica, según los estatutos y registros de distintas instituciones públicas.

La mayoría de recursos para ayudar a solicitantes de refugio nicaragüenses ha provenido del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), pero estos no son parte del presupuesto nacional.

Por otro lado, el Estado puede brindar otros beneficios socioeconómicos a solicitantes de refugio, como asignaciones familiares y becas educativas, solo si en el núcleo familiar hay menores de edad, pues se prima el bienestar del niño antes de su estado migratorio.

Sin embargo, registros facilitados a Doble Check muestran que, a pesar del aumento de solicitudes de refugio, el gasto estatal para la atención de esa población es una fracción ínfima de la ayuda social facilitada durante el 2018.

En resumen: Diario Extra indujo al error al titular que “Gobierno garantiza casas para nicas”, tal como lo hizo en un artículo sobre los nicaragüenses que han buscado refugio en Costa Rica por la crisis política en ese país, que inició en abril del 2018.

En realidad, el Gobierno no puede brindar viviendas a las personas nicaragüenses que han buscado refugio en Costa Rica, según los estatutos y registros de distintas instituciones públicas.

La mayoría de recursos para ayudar a solicitantes nicaragüenses de refugio ha provenido del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur), pero estos no son parte del Presupuesto Nacional.

Por otro lado, el Estado puede brindar otros beneficios socioeconómicos a solicitantes de refugio. Por ejemplo, pueden dar asignaciones familiares y becas educativas solo si en el núcleo familiar hay menores de edad, pues se prima el bienestar del niño antes de su estado migratorio.

Sin embargo, registros facilitados a Doble Check muestran que, a pesar del aumento de solicitudes de refugio, el gasto estatal para la atención de esa población es una fracción ínfima de la ayuda social facilitada durante el 2018.

Titular engañoso

El pasado 4 de febrero, Diario Extra publicó una noticia titulada como “Gobierno garantiza casas para nicas”. El artículo se refería a una declaración del ministro de Seguridad, Michael Soto, sobre la existencia de albergues clandestinos para solicitantes nicaragüenses de refugio.

En uno de sus párrafos, el artículo consigna que el ministro dijo que Seguridad ha identificado varias casas que funcionan como refugios improvisados para migrantes, pero que “no hay ningún indicio de que dichos centros funcionen como estaciones de entrenamiento militar”.

Esa fue la única “garantía” que hay de un jerarca del Gobierno en la nota.

Sin embargo, las reacciones más destacadas de la noticia en Facebook evidencian que el titular indujo al error. El título dio a entender que el Gobierno está dando viviendas a los nicaragüenses que buscan refugio.

Reacciones destacadas de la nota que publicó Diario Extra

Dicha lectura es incorrecta por varias razones.

La primera es que la afirmación del jerarca apunta a una dirección distinta. El ministro confirmó a Doble Check:

En una conferencia [de prensa], lo que indiqué es que hay casas en el país que nicaragüenses las alquilan, las convierten en cuarterías y les dan hospedaje a sus coterráneos, les ayudan con su alimentación mientras se estabilizan. No es una cuestión de que el gobierno está tolerando o facilitando casas para que la gente se hospede o para grupos subversivos; de ninguna manera vamos a permitir eso”.

Reglamento cierra opciones

La segunda razón que refuta la interpretación del titular de Extra la dio el Banco Hipotecario de la Vivienda (BANHVI), encargado del financiamiento de los bonos de vivienda estatales. El reglamento operativo de esa institución no admite a solicitantes de refugio o refugiados.

Hay siete requisitos para acceder a un bono de vivienda. Estas condiciones están relacionadas con las características del núcleo familiar y los recursos económicos de quien solicita el beneficio. Una de esas exigencias es ser costarricense o contar con residencia legalizada y permanente en el país.

“Para acreditar el estatus migratorio, el documento requerido es cédula de residencia” específicamente. Los refugiados y los solicitantes de refugio tienen otro tipo de documento y no pueden optar por el bono. Así lo explicó el BANHVI por medio de su área de Comunicación.

Cabe recordar la diferencia entre una persona migrante y una refugiada. Según la Ley General de Migración y Extranjería:

Se entenderá como refugiado a la persona que:
1) Debido a fundados temores de ser perseguida por motivos de raza, religión, nacionalidad, género, pertenencia a determinado grupo u opiniones políticas, se encuentre fuera del país de su nacionalidad y no pueda o, por causa de dichos temores, no quiera acogerse a la protección de tal país.
2) Al carecer de nacionalidad y por hallarse fuera del país donde antes tenía su residencia habitual, no pueda o, por causa de dichos temores, no quiera regresar a él.

Por otra parte, no existe una definición jurídica uniforme de ‘migrante’. Sin embargo, el Acnur considera que la ‘migración’ implica un proceso voluntario de alguien que cruza una frontera en busca de mejores oportunidades económicas.

Ayuda internacional

Hay que tener claro que solicitar refugio es distinto a ser refugiado.

Una persona puede solicitar refugio en Costa Rica por medio de la Dirección General de Migración y Extranjería, pero cada petición pasa por un proceso de evaluación que puede tardar meses. El solicitante recibe un carné provisional mientras esa evaluación se hace. Si la solicitud fuera aceptada, se convierte en un refugiado con su carné respectivo.

La condición de solicitante de refugio garantiza que la persona no será devuelta o expulsada del país mientras se determina la legitimidad de su petición.

Migración y Extranjería confirmó que más de 26.000 personas solicitaron refugio en Costa Rica desde mediados del 2018, después del estallido de la crisis en Nicaragua. La mayoría de peticiones provino de ciudadanos de ese país (poco más de 23.000), pero solo tres de esas solicitudes fueron aprobadas el año pasado.

El año anterior, la Unidad de Refugio de esa institución recibió $700.000 del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), “para hacer frente al incremento de solicitudes de refugio, que se estaba dando desde el año 2016”, respondió el área de prensa de Migración y Extranjería.

Tales recursos fueron empleados para la apertura de un nuevo edificio para la Unidad de Refugio, para ampliar su capacidad de atención diaria, así como la contratación de 30 profesionales en derecho y personal administrativo, confirmaron ACNUR y Migración.

Aparte de ese financiamiento, “la Unidad de Refugio trabajó con los recursos asignados para su trabajo cotidiano sin recurrir en gastos extraordinarios”, afirmó dicha institución.

En total, Acnur señaló a Doble Check que su marco de cooperación se amplió en Costa Rica con $1 millón para atender la llegada de solicitantes de refugio nicaragüenses. Sumado al apoyo a Migración y Extranjería, los recursos también se emplearon en la apertura de una oficina en Upala para coordinar la asistencia humanitaria en la zona norte del país. También se creó un centro de información para refugiados y solicitantes de refugio.

Además, ACNUR destinó esos fondos a sus agencias socias. Estas ofrecen servicios de apoyo legal y socioeconómico, atención psicológica y capacitaciones para personas que buscan refugio en Costa Rica. “Desde abril de 2018 hasta la fecha, el Acnur y sus agencias socias han registrado a 7.710 nicaragüenses en nuestros programas”, afirmó esa entidad.

Los fondos provienen del presupuesto regular del Acnur; es decir, no son fondos públicos del Gobierno. “El presupuesto regular del Acnur se conforma principalmente de las donaciones de los Estados Miembros de las Naciones Unidas”, añadió la institución”.

Doble Check también solicitó información a la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) sobre recursos asignados para la atención de nicaragüenses, pero no se obtuvo respuesta.

Otros beneficios, pero limitados

El Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS) afirmó a Doble Check que la asignación de beneficios socioeconómicos de esa institución a solicitantes de refugio solo podría darse a familias con menores de edad. Así se hace también con migrantes irregulares.

En general, el IMAS destinó menos de 6% de sus recursos a la atención de 21.101 nicaragüenses el año pasado. De ese total, la mayoría son residentes permanentes, y solo 2.961 personas estaban en la categoría de “persona extranjera”, en la que se incluye a migrantes con estatus irregular o solicitantes de refugio.

Fuente: IMAS.

La mayoría de recursos a nicaragüenses en general se destinaron a asignaciones familiares, becas educativas Avancemos y seguridad alimentaria, según los registros facilitados por el área de prensa del IMAS.

El IMAS también tiene un convenio con Acnur para la atención de refugiados desde el 2017. Por medio de ese acuerdo, 415 nicaragüenses fueron alcanzados el año pasado, pero casi la totalidad de ese grupo ya tenía refugio aprobado o residencia permanente.

Fuente: IMAS.

Por otro lado, Casa Presidencial indicó que no ha destinado recursos directamente para la atención de solicitantes de refugio nicaragüenses.

Hasta la fecha, la Comisión Nacional de Emergencias (CNE) solo ha colaborado con cuatro tiendas de campaña para los Centros de Atención Temporal de Migrantes (Catem), que fueron donadas por los Estados Unidos y que se otorgaron en calidad de préstamo, según el Ministerio de la Presidencia. Esos centros están ubicados en La Cruz (Guanacaste) y en Golfito (Puntarenas), y atienden a migrantes de distintas nacionalidades.

Así, no sobra recomendar que lea más allá del título de las noticias, y si usted es quien los redacta, hágalos con más cuidado.

Planillas de instituciones sociales crecieron, pero no como dice Ivonne Acuña

En resumen: La diputada independiente Ivonne Acuña divulgó que la cantidad de puestos laborales aumentó en instituciones públicas del sector social durante los últimos 4 años. Aunque la mayoría de los señalamientos de Acuña son verdaderos, la diputada también compartió una cifra totalmente falsa.

La diputada acertó los datos que compartió del Instituto Nacional de Desarrollo Rural (Inder), el Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS), el Instituto Nacional de la Mujer (Inamu) y el Patronato Nacional de la Infancia (PANI). En el último cuatrienio, la planilla en esas instituciones creció entre 9% y 60%.

Sin embargo, Acuña dijo que la planilla de la Dirección Nacional de Desarrollo de la Comunidad (Dinadeco) aumentó 93% durante los últimos 4 años. El dato es falso: no hubo apertura de nuevas plazas en Dinadeco en el periodo señalado por la legisladora, según los registros de esa institución.

En resumen: La diputada independiente Ivonne Acuña divulgó que la cantidad de puestos laborales aumentó en instituciones públicas del sector social durante los últimos 4 años. Aunque la mayoría de los señalamientos de Acuña son verdaderos, la diputada también compartió una cifra totalmente falsa.

La diputada acertó los datos que compartió del Instituto Nacional de Desarrollo Rural (Inder), el Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS), el Instituto Nacional de la Mujer (Inamu) y el Patronato Nacional de la Infancia (PANI). En el último cuatrienio, la planilla en esas instituciones creció entre 9% y 60%.

Sin embargo, Acuña dijo que la planilla de la Dirección Nacional de Desarrollo de la Comunidad (Dinadeco) aumentó 93% durante los últimos 4 años. El dato es falso: no hubo apertura de nuevas plazas en Dinadeco en el periodo señalado por la legisladora, según los registros de esa institución.

Los datos ciertos

En la sesión legislativa del pasado 19 de noviembre, la diputada Ivonne Acuña dijo que se había puesto a “estudiar el tema de creación de plazas y nombramientos en algunas instituciones autónomas del sector social”, ya que la Asamblea Legislativa estaba discutiendo el presupuesto del Gobierno del 2019.

“Ciertamente se requiere aumentar la inversión basado en evidencia, y mejorar los resultados para lograr erradicar la pobreza extrema y brindar mejores y oportunos servicios de salud a la ciudadanía”, dijo la diputada.

Luego, Acuña presentó una serie de datos sobre el crecimiento de planillas en instituciones públicas de labor social:

En este estudio encontré que, de mayo del 2014 a mayo del 2018, la planilla de IMAS aumentó en un 35%; eso es casi 300 funcionarios más. La planilla del Inamu aumentó en un 40,52%. ¡La planilla de Dinadeco aumentó en un 93%! Prácticamente, se duplicó. La planilla del PANI aumentó en un 55,50%; esto es 459 funcionarios más. En el Inder, la planilla aumentó casi en un 10%”.

La mayoría de esos datos son ciertos o muy cercanos a la verdad, según los registros de Recursos Humanos de cada entidad a diciembre del año pasado.

Por ejemplo, Acuña dijo que la planilla del PANI creció 55.50%. Según esa institución, su cantidad de puestos laborales aumentó 60% en el último cuatrienio, para un total de 1326 personas empleadas.

La diputada también acertó los datos que compartió sobre el IMAS y el Inamu: el aumento de plazas en esas instituciones fue de 36% y 41%, respectivamente.

Así se comportaron las planillas de las instituciones públicas mencionadas por Ivonne Acuña entre los años 2014-2018 (Fuente: Recursos Humanos de cada entidad).

Igualmente, Acuña estuvo cerca del aumento de planilla en el Inder: la legisladora dijo que se abrieron 10% más plazas en los últimos cuatro años, y los registros facilitados por esa entidad indican que la cantidad de empleados aumentó casi 9%.

En el Inamu y en el Inder, el aumento de la planilla se dio mayormente por la apertura de plazas temporales por servicios especiales.

“Las plazas por servicios especiales son aprobadas por un tiempo determinado, generalmente por un año  y por un proyecto específico. En el momento en que la autoridad presupuestaria no las apruebe, no se puede continuar con el nombramiento de los funcionarios”, explicó el área de Recursos Humanos del Inder.

El dato falso

El único dato de la diputada Acuña que contradice los registros institucionales está relacionado con Dinadeco.

La legisladora independiente anunció en el Plenario que la planilla en dicha institución se infló 93% en el pasado cuatrienio. Sin embargo, la respuesta de Dinadeco a una consulta de Doble Check es que su número de empleados se mantuvo igual: 153 plazas.

El área de Recursos Humanos de Dinadeco especificó que la última vez que tuvieron nuevos puestos laborales fue en el 2010, cuando se habilitaron siete plazas para promoción social y administración.

Se intentó contactar a Ivonne Acuña, pero no contestó los mensajes enviados por Whatsapp. Tampoco contestó oportunamente un mensaje de correo electrónico. Su despacho comunicó que la diputada está en Estados Unidos y que no podían contestar consultas sin su autorización.