Diputados gastaron casi ₡415 millones en gasolina durante este período legislativo

En resumen: La enorme mayoría de los legisladores han aprovechado más de la mitad de la gasolina que la Asamblea Legislativa pone a su disposición cada mes.  Este gasto ha representado unos ₡415 millones para la Asamblea Legislativa desde mayo de 2018 hasta octubre del 2020.

Solo dos diputados se han abstenido de usar la gasolina que sus compañeros han usado a discresión. Se trata de los diputados Wagner Jiménez (del Partido Liberación Nacional) y Carolina Hidalgo (del Partido Acción Ciudadana), que reportan un gasto de cero colones por ese concepto.

En el extremo opuesto están Dragos Dolanescu (independiente) y Xiomara Rodríguez (Restauración Nacional), quienes han gastado unos ₡9,5 millones desde mayo del 2018. Ambos encabezan la lista, pero la tendencia generalizada en la Asamblea apunta hacia el aprovechamiento del recurso. Otros trece legisladores superan los 9 millones.

Las personas que ocupan una diputación tienen derecho a un promedio mensual de unos ₡250.000 para gasolina de uso discresional. El monto representa el pago de 500 litros de combustible.

Este artículo es un complemento a la verificación «Beneficio de gasolina para diputados tiene los menores controles entre supremos jerarcas«. Esa publicación compila los lineamientos para el uso de gasolina y vehículos en el Estado costarricense.

En resumen: La enorme mayoría de los legisladores han aprovechado más de la mitad de la gasolina que la Asamblea Legislativa pone a su disposición cada mes.  Este gasto ha representado unos ₡415 millones para desde mayo del 2018 hasta octubre del 2020.

Solo dos diputados se han abstenido de usar la gasolina que sus compañeros han usado a discresión. Se trata de los diputados Wagner Jiménez (del Partido Liberación Nacional) y Carolina Hidalgo (del Partido Acción Ciudadana). Ambos reportan un gasto de cero colones por ese concepto.

En el extremo opuesto están Dragos Dolanescu (independiente) y Xiomara Rodríguez (Restauración Nacional). Ellos han gastado unos ₡9,5 millones desde mayo del 2018. El diputado y la diputada encabezan la lista, pero la tendencia generalizada apunta hacia el aprovechamiento del recurso. Otros trece legisladores superan los 9 millones.

Las personas que ocupan una diputación tienen derecho a un promedio mensual de unos ₡250.000 para gasolina de uso discresional. El monto representa el pago de 500 litros de combustible.

Este artículo es un complemento a la verificación «Beneficio de gasolina para diputados tiene los menores controles entre supremos jerarcas«. Esa publicación compila los lineamientos para el uso de gasolina y vehículos en el Estado costarricense.

Así gastaron los diputados: los que más gastaron

29 diputados y diputadas han gastado más de un 90% de la gasolina que han tenido disponible.

La tendencia no tiene bandera política ni edad: destacan especialmente los casos del independiente Dragos Donalescu (quien «desaprovechó» únicamente ₡423 colones, tras haber gastado ₡9.517.027 desde el 2018) y del legislador del Partido Restauración Nacional Melvin Núñez (que tiene un saldo libre de ₡3.600 colones, tras gastar  ₡9.470.468 por ese concepto).

Donalescu (quien más ha hecho uso del recurso discrecional) afirmó a Doble Check «no ser un diputado de escritorio». El diputado dijo emplear ese dinero para realizar giras por todo el país, especialmente en la provincia de Alajuela.

«Hay meses donde consumo más de los 500 litros que me dan en la Asamblea y para cumplir con el calendario de visitas, y este lo cubro con recursos de mi propio bolsillo. Desde que inicié como diputado, ni una sola vez he utilizado los vehículos ni los choferes de la Asamblea para mis giras. Utilizo mi automóvil», dijo a este medio.

El derecho está contemplado en el artículo 5 de la ley de Remuneración de los Diputados de la Asamblea Legislativa. La normativa establece que los legisladores disponen de una cuota mensual de 500 litros de combustible para uso discrecional en vehículos automotores.

El director ejecutivo del Congreso, Antonio Ayales, afirma que este dinero corresponde a una «ayuda técnica, como las computadoras en una oficina, para que puedan desempeñar su labor». 

«Actualmente hay un sistema de una tarjeta de débito del BCR. Nosotros le depositamos el valor promedio de los 500 litros de gasolina y el diputado paga con la tarjeta, que es exclusivamente para combustible. Hay varios diputados que tienen un montón de millones acumulados. El treinta de abril del 2022, cuando el diputado deja de ser diputado la plata restante pasa a la Caja Única del Estado», dijo Ayales a Doble Check. 

El gasto de ese dinero en gasolina es totalmente discrecional. Cada diputado puede ceder parte de ese dinero a sus asesores y asesoras, u a otras organizaciones que puedan hacer uso de ese combustible.

La Dirección Ejecutiva de la Asamblea remitió a Doble Check el desglose de gastos.

Los que menos gastaron

Solo dos diputados gastaron cero de los casi nueve millones depositados individualmente para gastos en gasolina. Se trata de la oficialista Carolina Hidalgo y el liberacionista Wagner Jiménez.

Hidalgo dice que su decisión de no gastar ese dinero está relacionada con un ahorro de los recursos de la Asamblea Legislativa. También afirma que se debe a que ella acostumbra usar bicicleta o el transporte público para trasladarse. Indicó que el dinero para giras sale de su propio bolsillo.

Doble Check contactó al diputado Jiménez, pero al cierre de edición no se recibió respuesta.

Iniciativas para recortar el gasto

Existen dos iniciativas relacionadas con el recorte o reajuste del gasto de gasolina de parte de los diputados. Así lo informó el Departamento de Servicios Parlamentarios

El expediente 21.891 (Ley para el traslado solidario del combustible de diputados y diputadas para la atención del Covid-19) es una iniciativa de la diputada oficialista Paola Vega. El expediente se encuentra en discusión en  Comisión Permanente Ordinaria de Asuntos Económicos.

La iniciativa de la diputada Vega pretende direccionar el dinero al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. El cambio se mantendría al menos hasta seis meses después de que termine la declaratoria de emergencia nacional por la COVID-19.
«Yo creo que el problema está en que el uso del combustible es discrecional. Si fuera que el uso es para financiar giras y labores de trabajo, sería una tónica distinta. Si no se elimina la gasolina, por lo menos que se establezca algún tipo de control sobre su uso», dijo la diputada.

Vega ha gastado un 84% (ocho millones de colones) de lo que ha recibido por concepto de gasolina desde el 2018. Ella asegura que dona ese dinero.

«En el caso mío lo que hago es donarla, especialmente a la Cruz Roja y a otras organizaciones comunales. Creo que varios compañeros también hacen donaciones, porque además –como es acumulativo– son muchos los litros de gasolina que quedan en la cuenta y que, incluso, pueden perderse al finalizar el período».

La Asamblea también discute el proyecto 22.236 (Ley de contribución solidaria de los diputados y diputadas para la atención de la emergencia sanitaria provocada por la enfermedad COVID-19), de la liberacionista Franggi Nicolás.

El proyecto no se refiere específicamente al gasto del combustible, pero sí establece una reforma a la Ley de Remuneración de los Diputados de la Asamblea para reducir en un 58% la suma devengada por conceptos de gastos de representación, para contribuir con los gastos ocasionados por la pandemia de la COVID-19 en el país.

Beneficio de gasolina para diputados tiene los menores controles entre supremos jerarcas

En resumen: La diputada del Partido Acción Ciudadana (PAC), Paola Vega, propuso una reforma de ley para pausar el subsidio de gasolina de uso discrecional a los legisladores. “Los otros Poderes no reciben 500 litros de gasolina gratis por mes”, afirmó Vega a finales de noviembre en Twitter ante la reacción de otros colegas. Eso es cierto, pero obvia gastos por rubros similares en otros poderes.

Revisamos el uso de vehículos y combustibles en el Poder Ejecutivo, Judicial y el Tribunal Supremo de Elecciones. Es correcto que magistrados, ministros y el Presidente de la República no reciben un saldo de unos ₡300.000 por mes para gastarlo libremente en gasolina.

La afirmación de Vega, aunque cierta, omite que esos puestos sí tienen vehículos de uso discrecional con chofer, cuyos gastos por gasolina son cubiertos por sus instituciones.  El subsidio no es tan obsequioso como en el caso de diputados.

El subsidio de gasolina para los diputados es el que tiene menos controles. Los legislaroes pueden usar la gasolina discrecional para distintos vehículos, en diligencias personales o hasta donarla a terceros. Un diputado también podría pagar por otros servicios en la gasolinera sin que el Congreso pueda percatarse.

En resumen: La diputada del Partido Acción Ciudadana (PAC), Paola Vega, propuso una reforma de ley para pausar el beneficio de gasolina de uso discrecional a los legisladores. “Los otros Poderes no reciben 500 litros de gasolina gratis por mes”, afirmó Vega a finales de noviembre en Twitter ante la reacción de otros colegas. Eso es cierto, pero obvia gastos por rubros similares en esos otros poderes.

Revisamos el uso de vehículos y combustibles en el Poder Ejecutivo, Judicial y el Tribunal Supremo de Elecciones. Es correcto que magistrados, ministros y el Presidente de la República no reciben un saldo de unos ₡300.000 por mes para gastarlo libremente en gasolina.

La afirmación de Vega, aunque cierta, omite que esos puestos sí tienen vehículos de uso discrecional con chofer, cuyos gastos por gasolina son cubiertos por sus instituciones.  El beneficio no es tan obsequioso como en el caso de diputados.

La gasolina comprada por diputados con dinero del Estado es la que tiene menos controles. Los legisladores pueden usar la gasolina discrecional para distintos vehículos, en diligencias personales o hasta donarla a terceros. Un diputado también podría pagar por otros servicios en la gasolinera sin que el Congreso pueda percatarse.

Conflicto por proyecto de ley

A finales de marzo pasado, la diputada Paola Vega presentó un proyecto de ley para eliminar temporalmente el beneficio de gasolina de uso discrecional que reciben los 57 congresistas cada mes.

Vega propone que ese beneficio se elimine mientras esté vigente la declaratoria de estado emergencia nacional por la COVID-19, y hasta seis meses después de su derogatoria. La legisladora plantea que el dinero empleado para esa gasolina se destine al programa temporal de personas desempleadas por la pandemia.

Entre el 2018 y el 2020, el Estado ha dedicado poco más de ₡417 millones para ese combustible. Así se desprende de datos de la Asamblea Legislativa.

Vega ha criticado que no existe voluntad política en el Congreso para pausar el beneficio.

La legisladora justificó su propuesta de ley como un gesto simbólico ante la crisis que enfrenta el país por la pandemia. La diputada justificó que el combustible discrecional de los legisladores no es comparable al de otros jerarcas, ya que parte de la función de estos es realizar giras con motivos político-partidarios, mientras que otros jerarcas emplean su transporte para su función pública.

Vega afirmó que “sabe” de jerarcas de otros poderes que “abusan del recurso” de transporte discrecional, pero no señaló casos puntuales.

¿Qué dijo la diputada Vega?

Noticias Monumental difundió el 18 de noviembre que legisladores “condicionan renunciar a combustible gratis a que medida se aplique en otros poderes de la República”. Ante esa noticia, Paola Vega publicó en Twitter que “los otros Poderes no reciben 500 litros de gasolina gratis por mes…”.

Eso es cierto, pero sería incorrecto asumir que el Estado no incurre en ningún gasto.

 

¿Cómo funciona el beneficio de gasolina del Congreso?

Cada una de las personas que ocupan una diputación dispone de 500 litros de gasolina por mes para usarlo a su gusto. La administración del Congreso le deposita a cada diputado el equivalente de ese monto en colones (unos ₡300.000) en una tarjeta de débito del Banco de Costa Rica. Esta tarjeta solo puede usarse en gasolineras.

El director ejecutivo del Congreso, Antonio Ayales, recalcó un criterio de la Procuraduría General de la República del 2012 que describe ese beneficio como una “ayuda técnica” que está “estrechamente vinculada al ejercicio efectivo del cargo de diputado”.

La Asamblea Legislativa carece de un control sobre el uso de todos esos recursos. Los legisladores pueden emplear la gasolina para distintos vehículos, en diligencias personales o hasta donarla a terceros. Un legislador podría pagar por otros servicios en la gasolinera sin que la Asamblea se percate. Así lo reconoció Ayales a Doble Check.

El Congreso también tiene 17 vehículos y diez choferes en su unidad de Transportes. Este recurso es empleado por todos los funcionarios legislativos para distintas labores. Los diputados pueden solicitar ese transporte oficial para giras comunales, pero la gasolina empleada en esos recorridos se descuenta de los 500 litros que reciben cada mes.

Solamente quien ocupa la presidencia del directorio legislativo tiene reservado un vehículo de la Asamblea Legislativa para uso discrecional, con gasolina y chofer incluidos.

¿Otros jerarcas también reciben gasolina discrecional?

Sí, pero las condiciones son diferentes que en la Asamblea Legislativa.

Los otros poderes de la República disponen de vehículos de uso discrecional para sus princiales jerarcas, con choferes y gasolina cubiertos por esas instituciones.

Transporte discrecional en el Poder Judicial

El Poder Judicial asigna vehículos de uso discrecional a los 22 magistrados y magistradas de la Corte Suprema de Justicia y a quien lidere la Fiscalía General. Los carros tienen asignado un chofer con una jornada de trabajo de 12 horas, aunque el automotor en sí carece de horario de uso. Estos tienen placas particulares y carecen de distintivos oficiales.

Los vehículos discrecionales del Poder Judicial incluyen 300 litros de combustible que paga la institución, los cuales solo pueden ser empleados en esos vehículos. Si el jerarca supera ese límite, debe pagar el resto de bolsillo propio. Así lo detalló el Poder Judicial a Doble Check por medio de su área de Comunicación.

El Poder Judicial detalló que ese suministro de combustible se da con una tarjeta prepago vinculada a cada jerarca. El personal de una gasolinera debe verificar el número de placa y la persona debe registrar en el datáfono su clave personal vinculada a la tarjeta.

“Por otra parte, el sistema de control de consumo de combustible lleva un registro de cada compra, tanto en términos monetarios como de cantidad de litros dispensados y kilometraje registrado al momento de la compra”, detalló la institución.

Vehículos discrecionales del Poder Ejecutivo

El Poder Ejecutivo tiene carros de uso discrecional para el presidente y los dos vicepresidentes de la República y para los ministros de gobierno. Casa Presidencial indicó a Doble Check que esos vehículos no tienen restricciones de combustible, horario de uso o recorrido, conforme a la Ley de Tránsito. Esos automotores tampoco tienen distintivos oficiales.

Casa Presidencial recalcó por medio de una respuesta oficial que sus vehículos de uso discrecional tienen el objetivo de “facilitar y mejorar el desempeño de sus funciones”, tal como indica el Reglamento interno sobre el uso de vehículos de la Presidencia de la República y del Ministerio de la Presidencia.

La Unidad de Protección Presidencial coordina los choferes y horarios de esos vehículos. El combustible está asignado a esa unidad por la Dirección de Transportes de Casa Presidencial.

“Dado que no se dispone del mecanismo de cuotas de combustible por jerarca, el gasto se da directamente según las necesidades de traslado que se presenten para el cumplimiento de las funciones de los jerarcas, de acuerdo con la normativa y a la disponibilidad de recursos de la institución”, indicó Casa Presidencial.

El reglamento interno de esa entidad estipula que cada funcionario es responsable de la “custodia, mentenimiento, uso racional y conservación” de su vehículo discrecional. El área de Transportes debe “ejercer controles en cuanto reparación y mantenimiento” de los automotores, así como su debido registro.

La única restricción que determina ese reglamento expresamente para los vehículos discrecionales de los jerarcas del Poder Ejecutivo es que está prohibida su asignación para el uso de familiares de los mandatarios.

¿Y en el Tribunal Supremo de Elecciones?

Los nueve magistrados y magistradas del Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) también cuentan con vehículos con combustible incluido por la institución. Solo los automotores de los tres magistrados propietarios del TSE cuentan con chofer, con un horario de 12 horas.

La unidad de comunicación del TSE respondió a Doble Check que esos vehículos “no están sujetos a las mismas restricciones de los demás vehículos oficiales, en cuanto a combustible, horario de operación ni recorrido, sino que están sujetos al criterio de la persona funcionaria a la que le es asignada la unidad”, justificados en la Ley de Tránsito.

 

Núñez se equivoca: pesca de arrastre sí necesita más estudios según Sala IV

En resumen: La Sala Constitucional sí señaló explícitamente la necesidad de hacer más estudios científicos que guíen una eventual reapertura de la actividad camaronera de arrastre en Costa Rica. El diputado Melvin Nuñez afirmó equivocadamente lo contrario el 22 de octubre.

El legislador de Restauración Nacional dijo en la Asamblea Legislativa que las magistradas y magistrados “nunca pidieron” más estudios. Esta afirmación es falsa.

El voto de la corte de julio de 2020 declaró sin vicios de procedimiento o inconstitucionalidad el proyecto de ley. Las magistradas y magistrados condicionaron su visto bueno a que se realicen los estudios técnicos y científicos necesarios para que la pesca de arrastre sea sostenible. La orden de realizar estudios está escrita en uno de los transitorios del proyecto consultado.

Existe un estudio realizado al respecto por Incopesca en el 2018. Núñez hizo referencia a esa investigación en el plenario para justificar que el requisito estaba cumplido.

Doble Check consultó a Nuñez sobre sus declaraciones. El diputado insiste en que la Sala no solicitó más estudios. Núñez afirma que fueron los diputados, por medio de la ley, quienes solicitaron los estudios de biomasa adicionales para respaldar la reactivación de esta actividad económica.

El proyecto ya estaba condicionado a solicitar más estudios para cumplir con lo estipulado en la constitución y los anteriores votos de la Sala. El último voto reafirma cuáles son los estudios faltantes: biomasa, impacto en suelos e impacto socioeconómico de la región.

En resumen: La Sala Constitucional sí señaló explícitamente la necesidad de hacer más estudios científicos que guíen una eventual reapertura de la actividad camaronera de arrastre en Costa Rica. El diputado Melvin Nuñez afirmó equivocadamente lo contrario el 22 de octubre.

El legislador de Restauración Nacional dijo en la Asamblea Legislativa que las magistradas y magistrados “nunca pidieron” más estudios. Esta afirmación es falsa.

El voto de la corte de julio de 2020 declaró sin vicios de procedimiento o inconstitucionalidad el proyecto de ley. Las magistradas y magistrados condicionaron su visto bueno a que se realicen los estudios técnicos y científicos necesarios para que la pesca de arrastre sea sostenible. La orden de realizar estudios está escrita en uno de los transitorios del proyecto consultado.

Existe un estudio realizado al respecto por Incopesca en el 2018. Núñez hizo referencia a esa investigación en el plenario para justificar que el requisito estaba cumplido.

Doble Check consultó a Nuñez sobre sus declaraciones. El diputado insiste en que la Sala no solicitó más estudios. Núñez afirma que fueron los diputados, por medio de la ley, quienes solicitaron los estudios de biomasa adicionales para respaldar la reactivación de esta actividad económica.

El proyecto ya estaba condicionado a solicitar más estudios para cumplir con lo estipulado en la constitución y los anteriores votos de la Sala. El último voto reafirma cuáles son los estudios faltantes: biomasa, impacto en suelos e impacto socioeconómico de la región.

Proyecto vetado

El proyecto que permitiría la pesca de arrastre tiene las probabilidades en contra de convertirse en ley pues fue vetado ayer, viernes, por el presidente Carlos Alvarado. Ahora la Asamblea Legislativa tiene dos opciones: archivar el proyecto o rechazar el veto. La segunda opción requiere los votos de 38 personas diputadas, lo cual es improbable, pues el proyecto aprobó el primer debate con tan solo 28 de ellas el 22 de octubre.

¿Qué dijo Núñez?

El proyecto Aprovechamiento sostenible de la pesca de camarón en Costa Rica pretende la eventual entrega de licencias comerciales de camarón con red de cerco. La actividad está prohibida en el país desde el 2013 por su alto impacto ambiental.

Melvin Nuñez aseguró en el plenario que la Sala Constitucional no había solicitado más estudios tras la aprobación de la ley. El diputado de Restauración Nacional afirmó que las personas diputadas involucradas ya los habían incluido.

“En ese voto nunca se dice que esa pesquería hay que cerrarla y nunca pidieron en ese voto más estudios. No se piden. Nosotros en el proyecto lo incluimos”, dijo el legislador.

Es correcto que el proyecto enviado a consulta incluía de previo el requisito de realizar estudios. Eso sí, la  afirmación es incorrecta en tanto la Sala condiciona su voto favorable a la realización de los estudios.

¿Qué dijo la Sala?

El diputado se refiere a la resolución 13.837 de la Sala Constitucional emitida en julio de este año. La sentencia declaró sin vicios de inconstitucionalidad el proyecto de ley 21.478 sobre Aprovechamiento sostenible de la pesca de camarón en Costa Rica.

Los y las legisladoras que hicieron la consulta argumentaron que el proyecto de ley violaba el artículo 6 y 7 de la Constitución y otras normas internacionales a las que el país está sujeto.

El artículo 6 de la Carta Magna dicta que el Estado ejerce soberanía y jurisdicción sobre todo el territorio y mares adyacentes para proteger, conservar y explotar los recursos naturales.

El voto de la mayoría de la Sala consideró que el transitorio II de la ley solventa lo estipulado por los artículos al impedir que se otorguen licencias hasta que se realicen los estudios técnicos necesarios para determinar que la actividad sea sostenible.

Los artículos transitorios son temporales y sujetan la vigencia de la ley a su cumplimiento. El transitorio en cuestión le da un plazo de un año improrrogable a Incopesca para que haga los estudios científicos y técnicos.

“Dicho en otras palabras, solo se podrán otorgar las licencias para el aprovechamiento sostenible del camarón cuando los estudios técnicos y científicos concluyan que la técnica de pesca de arrastre a utilizar resulta amigable con el ambiente”, dice la sentencia.

El voto de la Sala reitera lo dicho en las sentencias del 2013 y 2018 (1 y 2): no hay estudios suficientes que garanticen que la actividad es sostenible ambientalmente. Por ello, el requisito debe cumplirse antes de hacer efectiva la ley.

Estudio hecho por Incopesca no es suficiente para la Sala

El diputado Nuñez mencionó en su declaración que los proponentes de la ley ya habían adjuntado la investigación que solicitó la Sala. El estudio al que se refiere el diputado fue  liderado por Incopesca y se hizo entre octubre y diciembre del 2018. La corte es clara en que este estudio es insuficiente para determinar la sostenibilidad ambiental de esta actividad comercial.

La Sala indicó que estos estudios deberán contemplar aspectos de biomasa y fondo marino. También ordenó el estudio de impactos de orden social, económico y “todos aquellos que aseguren la sostenibilidad del recurso marino y que procuren un desarrollo sostenible democrático”.

Los estudios deben determinar cuál es la cantidad y especie de los camarones  (porque varían en tamaño) en los mares de Costa Rica. La corte también pide saber el daño que sufrirían los suelos marinos por el arado y el impacto que tendría en el desarrollo de otras actividades comerciales de la zona, como el ecoturismo y la pesca artesanal.

El marco jurídico para la reactivación de las licencias comerciales «está condicionado no solo al uso de eficientes dispositivos excluidores [de fauna de acompañamiento], sino también al resultado de los estudios faltantes que sean llevados a cabo».

Sentencia tuvo votación dividida

La resolución de la Sala tuvo una votación dividida en la que cuatro magistrados fallaron a favor y tres salvaron el voto. Las personas magistradas que salvaron su voto expresaron infracciones a los principios de objetivación de la tutela medioambiental y el desarrollo sostenible y vicios de publicidad y a la transparencia.

El voto de la minoría alega que el proyecto tiene que tener los estudios de manera previa para que la Asamblea Legislativa tome una decisión informada. Además sostuvo que no se puede garantizar el desarrollo sostenible de la actividad sin los estudios solicitados.

Los votos salvados también alegan que la mayoría de los diputados no concedió audiencias a organizaciones ambientalistas y pescadores artesanales que se oponen al proyecto.

Comisión legislativa del FEES tergiversó hallazgos del Estado de la Educación

En resumen: El informe de mayoría acerca del Fondo Especial para la Educación Superior (FEES)  atribuye al Informe Estado de la Educación aseveraciones que no contiene. El estudio elaborado por el Programa Estado de la Nación no sustenta –y en algunos casos contradice– algunas de las conclusiones del informe preparado por la mayoría de diputados de la Comisión Especial para el FEES.

  • Es falso que la asistencia a las universidades hubiera bajado desde el 2010.
  • No hay datos que sustenten que la inversión en sedes regionales no sea una prioridad.
  • Es engañoso afirmar que la oferta académica sea obsoleta y que está divorciada del sector productivo.

Doble Check conversó con Isabel Román, Valeria Lentini y Marcela Román, del Estado de la Educación, para entender de qué manera el informe legislativo tergiversó algunos hallazgos del equipo de investigación. Marcela Román añadió que los diputados omitieron señalar en su informe una falla evidente en la educación superior pública: la falta de políticas para atender las brechas de género.

El informe legislativo fue aprobado por 31 diputados el 23 de junio. El Estado de la Educación sí coincide con el informe legislativo en la necesidad de apuntalar los programas de diplomado universitario. También concuerdan en que es necesario buscar tácticas para mejorar la relación entre costo y efectividad de la inversión en educación.

En resumen: El informe de mayoría acerca del Fondo Especial para la Educación Superior (FEES)  atribuye al Informe Estado de la Educación aseveraciones que no contiene. El estudio elaborado por el Programa Estado de la Nación no sustenta –y en algunos casos contradice– algunas de las conclusiones del informe preparado por la mayoría de diputados de la Comisión Especial para el FEES.

  • Es falso que la asistencia a las universidades hubiera bajado desde el 2010.
  • No hay datos que sustenten que la inversión en sedes regionales no sea una prioridad.
  • Es engañoso afirmar que la oferta académica sea obsoleta y que está divorciada del sector productivo.

Doble Check conversó con Isabel Román, Valeria Lentini y Marcela Román, del Estado de la Educación, para entender de qué manera el informe legislativo tergiversó algunos hallazgos del equipo de investigación. Marcela Román añadió que los diputados omitieron señalar en su informe una falla evidente en la educación superior pública: la falta de políticas para atender las brechas de género.

El informe legislativo fue aprobado por 31 diputados el 23 de junio. El Estado de la Educación sí coincide con el informe legislativo en la necesidad de apuntalar los programas de diplomado universitario. También concuerdan en que es necesario buscar tácticas para mejorar la relación entre costo y efectividad de la inversión en educación.

Falso: La asistencia a las universidades viene bajando.

El informe de los diputados asegura que “desde el año 2010 viene bajando la asistencia a las universidades tanto públicas como privadas”.

En realidad, el Estado de la Educación separa los datos en dos criterios: matrícula y asistencia.

Miremos primero lamatrícula, medida a partir de los datos del primer ciclo de cada universidad pública. El estudio destaca que la matrícula en universidades públicas subió en más de un 12% entre el 2012 y 2017. Contrario a la observación de los diputados, es en las sedes regionales donde el crecimiento ha sido más significativo (29%).

La asistencia es el otro indicador del Estado de la Educación, y  se calcula de otra forma. Los investigadores miran la cantidad de personas entre 18 y 24 años, y observan qué porcentaje de ellos están estudiando en las universidades, sin importar si son públicas o privadas. Ese porcentaje ha estado estancado (distinto a decir que viene disminuyendo).

¿Por qué estancado? Marcela Román explicó que lograr aumentar la cantidad de estudiantes en las universidades públicas responde más a la educación secundaria y cada vez menos a aumentos en la cantidad de cupos universitarios.

“Probablemente, Costa Rica ha llegado al tope de su cobertura natural (en educación superior) (…) Hay unas  brechas estructurales en la calidad y cobertura secundaria en las regiones que, sin que eso se mejore, no hay manera de traer más gente a la universidad… Solo que les liberáramos el requisito de tener un título de secundaria, y no tiene sentido”, dijo.

Según Román, las universidades ya incorporaron a la población de mayor acceso: jóvenes de área metropolitana, estudiantes de los colegios con mejor formación o personas de alto nivel económico.

Crecer más es difícil: por eso están estancados.  Pero, aún a pesar de todo, hay una población que no está estancada y que sí está aumentando su participación en la educación superior. Se trata de los jóvenes más pobres, los jóvenes de las regiones o los jóvenes de primera generación (es decir, cuando son los primeros en la familia en ir a la universidad). Esa población sí está aumentando.

“Esto tiene sentido porque es en estos sectores donde hay margen para crecer y han sido las universidades públicas las que proporcionalmente han absorbido más a la población pobre en esas edades. También tiene sentido por la mayor presencia en las regiones y por las medidas afirmativas como las becas”, dijeron Isabel Román y Valeria Lentini a Doble Check.

La afirmación del informe de los diputados, entonces, es falsa. La matrícula de las universidades públicas sí ha aumentado en los últimos diez años, especialmente en las regiones. La asistencia se encuentra estancada en todo el indicador de educación superior (pública y privada), pero no cayendo.

El estancamiento se explica por brechas estructurales que van más allá de las universidades públicas. A pesar de eso, está aumentando la participación de los jóvenes más desfavorecidos.

Diputados: la inversión en las regiones no ha sido una prioridad

Los diputados afirman que la inversión en las regiones no ha sido una prioridad. Dicen basarse en el Estado de la Educación. Sin embargo, los investigadores señalan que carecen de datos para sustentar o rechazar esa afirmación.

“Eso no se de dónde lo sacaron, pero desde el Estado de la Nación no fue”, dice Marcela Román.

La investigadora explica que hay costos asociados a las sedes que están registrados en una sola cuenta sin segregar entre sedes centrales y regiones. Román también destaca que el valor de los activos en las sedes no está contabilizado dentro del rubro de inversión.

“Si hablamos de  las fincas que tenemos en todo el territorio nacional valen una fortuna, más todos los equipos, las maquinarias para hacer la agricultura y los laboratorios de veterinaria y los de agua… Tenemos una inversión brutal. No sabemos (a cuánto ascienden). Hay que hacer los números: no es tan sencillo”.

Para el próximo año, el informe del Estado de la Educación pretende hacer una primera aproximación a este tipo de datos. De momento afirman no haber publicado o contar con datos que permitan o no sustentar la afirmación de que “la inversión en las regiones no ha sido una prioridad”.

“Hemos dicho en otros informes que se hace inversión en las regiones, pero que hay estrategias que deberán revisarse para poder tener mejores resultados”, agregaron por correo electrónico Isabel Román y Valeria Lentini, también del Estado de la Educación. “En las regiones se concentra la población con beca de las universidades públicas, por lo tanto, las estrategias a revisar tendrían que ver con más elementos que el apoyo económico”.

Engañoso: La oferta académica está obsoleta y divorciada del sector productivo

El informe de los legisladores acerca de las universidades públicas afirma que  “la oferta académica está obsoleta y divorciada del sector productivo, lo que produce sobreoferta en Ciencias Sociales y un alto déficit en carreras Stem (es decir, carreras de Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas)”. Los diputados dicen basarse en el Estado de la Educación para afirmar eso.

Evaluemos primero la afirmación sobre la obsolescencia. El informe de los diputados usa una cita de la investigadora Valeria Lentini para justificar su título. Lentini dijo en la Comisión:

“Hicimos un ejercicio de análisis, tanto las universidades públicas como privadas, y encontramos que, por ejemplo, en el caso de las universidades privadas más del 60% de las carreras en estas universidades no han actualizado sus programas en los últimos diez años. Y esto es muy importante, porque aquí sale, por ejemplo, en educación, el 70% de las carreras que ofrecen estas universidades no se ha actualizado, siendo que son esas carreras las que gradúan más docentes.”

La cita de Lentini es acerca de las universidades privadas, no acerca de las públicas. Los datos de renovación de las carreras en las universidades públicas son mucho más altos, pero el informe de los diputados los omite.

“Durante la última década, todas las universidades (públicas) realizaron modificaciones curriculares o crearon carreras, aunque a ritmos diferentes. Según los registros, en la UCR el 52% de la oferta es nueva o ha sido renovada; el 54% en el TEC, el 61% en la UNA y 70% en la UNED. En la UTN todavía el conjunto de su oferta tiene diez años o menos de creada”, dijeron Isabel Román y Valeria Lentini a Doble Check.

Román afirma que hay que hacer un cálculos más finos. «Los grandes números no valen así. Hay que partirlos», agrega Marcela Román. Por ejemplo, en Salud, las universidades públicas solo han actualizado un quinto de su oferta (20,5%) en los últimos diez años, pero en las áreas de informática, ingeniería y computación ese porcentaje se triplica, debido a la apertura de nuevas carreras y actualización de planes.

Eso sí: el Estado de la Educación señala que el país no está dando la talla en «innovación». Sus investigadoras consultaron a las propias universidades si creían que estaban siendo innovadores y qué barreras enfrentaban para serlo. Tanto las universidades públicas y privadas admitieron que no.

“En las universidades públicas los procesos de tramitar cosas son sumamente lentos y desmotivan a las unidades académicas para hacer cosas.  Desde el sector privado lo que encontramos es que hay un problema en la regulación del Conesup que los bloquea para ser innovadores”, dice Román.

¿Qué hay de la afirmaicón sobre el supuesto divorcio entre las universidades y el sector productivo. Lo cierto es que no hay datos para afirmarlo categóricamente. Marcela Román señala la necesidad de contar con estudios de prospección laboral, que Costa Rica no tiene.

“El Estado costarricense no hace nada sobre eso. (…) Cinde hace algunas cositas, la Uccaep hace algunas cositas… Todo el mundo  hace algo, pero no es una información desde la que el Estado de la Nación pueda asirse para decir cosas concluyentes. Costa Rica no hace del todo (estudios de prospección laboral)”.

Román subraya que las universidades deberían tener capacidad de prospección laboral en el largo plazo. Pero, considerando los tiempos de planificación y creación de una carrera, eso implica pensar más allá de los próximos cinco o diez años.

Los diputados se basan también en una cita del Estado de la Educación sobre todas las universidades –públicas y privadas– para indicar el déficit en carreras STEM. Omiten decir que  la UCR y el TEC tienen mayor oferta académica en áreas STEM que el resto de universidades públicas y privadas del país. Se trata de carreras que requieren de alta inversión en infraestructura e insumos, por lo que son más caras.

“Este país tiene una deficiencia enorme porque no hace prospección laboral y poner porcentajes graciosos de que necesitamos un 20%, un 30% o un 50% de carreras STEM es una tontería. Eso no tiene robustez académica. No se sostiene porque no están los estudios serios. Hay que hacer los estudios de prospección laboral”, había dicho la misma Román en un foro organizado por estudiantes de la Federación de Estudiantes de la UNA.

Lo que no critican los diputados y que sí cuestiona el Estado de la Educación

El informe del FEES omite también mencionar una deuda que sí ha resaltado el Estado de la Educación reiteradamente: las brechas de género.

“Que es la más grande, porque las mujeres somos la mitad. La población regional no es tanta en el promedio país… ¡Pero es que las mujeres somos la mitad! ¿Cómo se les olvidó mirar eso que es tan crítico?” , dice Marcela Román.

El informe ha resaltado muchas problemáticas relacionadas con ese tema. Por ejemplo, existen amplias brechas para que las mujeres puedan acceder a carreras como las ingenierías, Física o Computación.

“De hecho, las mujeres enfrentan con mucho miedo las pruebas de admisión en general. Hay muchas menos mujeres que aplican al TEC. Y no es casualidad”, agrega Marcela Román.

El informe concluye que los esfuerzos para resolver las brechas de género que vienen desde la secundaria son mínimos en las universidades. Los informes han documentado las problemáticas de acoso y la falta de políticas institucionales que rompas las barreras sociales que tienen las mujeres.

Tener a más mujeres estudiando en las universidades y atreviéndose a cursar carreras ocupadas mayoritariamente por hombres será también vital para el futuro del trabajo en Costa Rica. El Estado de la Nación ha insistido durante varios años en que ampliar la proporción de mujeres ocupadas en el país podría disminuir la pobreza y la desigualdad en el país.

Las coincidencias

Los diputados aseguran en sus conclusiones que las universidades públicas deben “crear y desarrollar más programas de diplomados universitarios, como una herramienta para democratizar la educación superior en las regiones”.

“Eso sí se deriva de nosotros. Hay que revalorizar en el sistema público el nivel de diplomado, que lo tenemos abandonado. Y eso ha generado un escándalo”, dice Marcela Román.

En general, el Informe del Estado de la Educación asegura que los diplomados en el país son mucho menos frecuentes que los bachilleratos y las licenciaturas. Esa carencia es problemática, pero podría ser una oportunidad especial para las regiones, donde la idea de impartir ciertas carreras de sedes centrales puede tener muchos obstáculos.

El Estado de la Educación también coincide con los diputados en que las universidades deben buscar mejores formas de ser costo-efectivas. Cómo abordar esa problemática tiene –sin embargo– una respuesta diferente para las investigadoras. Proponen varias soluciones omitidas por los diputados, por ejemplo, la educación virtual.

Es ridículo seguir gastando dinero en infraestructura, teniendo la tecnología. La UNED ha demostrado en extenso que la gente sí es buena. ¿Por qué no aprovechamos el gran conocimiento que tenemos en ese sistema para extender la oferta de otra manera más inteligente en todo el país?”, dice Román.

Representantes universitarios estudiantiles también mencionaron otra propuesta en la Comisión Especial del FEES. Su sugerencia es evitar la duplicidad de gastos administrativos al permitir que las sedes puedan ser administradas por el Consejo Nacional de Rectores (Conare).

“Yo no haría una lectura inocente de la mala calidad de ese informe, y de las relaciones de causalidad que no existen y que apelan a los datos del Estado de la Educación –que se los agradezco, porque parece que es un criterio de autoridad– para justificar sus posiciones. A pesar de eso, pienso que hay un interés legítimo de muchos legisladores de que mejoremos. (…) Nosotros tenemos que tener la capacidad de responder con propuestas: estas sí, estas no, y estos son los argumentos y la evidencia empírica, no ideología”, cerró Román.

 

Nota del editor: Doble Check es un proyecto financiado por la Universidad de Costa Rica. Esta institución, a su vez, está financiada mayoritariamente por el FEES. La información en esta nota se trabajó con independencia de esta relación, pero se considera necesario transparentar un potencial conflicto de interés de cara a nuestra audiencia.
Esta nota fue corregida. Una versión anterior afirmaba que la propuesta estudiantil de que CONARE administrara las sedes regionales también estaba contenida en el Informe Estado de la Educación, lo cual era incorrecto.

 

 

 

 

 

Asociación Bancaria usó dato falso para oponerse a tope del 30% en tasas de interés

Es falso que la propuesta metodológica para regular la usura que se analiza en la Asamblea Legislativa permitiría «cerrar» tarjetas de crédito actuales, como advirtió la Asociación Bancaria Costarricense (ABC).

La entidad realizó la afirmación a través de un campo pagado que se publicó en diarios de circulación nacional.

La Asociación además escribió otro mensaje que es engañoso. La ABC realizó una proyección de exclusión financiera basada en el mismo proyecto. Utilizó los datos de los tarjetahabientes actuales y señaló que todos los que dejarían de ser rentables para los bancos con las nuevas condiciones quedarían fuera de cualquier oferta.

La iniciativa de ley propone un tope de 2,2 veces la tasa de interés activa promedio del sistema financiero para las tasas de interés que se cobran a nivel crediticio. Ello implicaría límites de un 29,1% en colones y de un 15% en dólares, tomando como referencia datos publicados por el Banco Central para la semana del 20 al 26 de noviembre.

Ambos topes entrarían a regular únicamente los nuevos contratos. La aplicación de la nueva ley no podría ser retroactiva.

El propósito del proyecto de ley es establecer un límite a los intereses que cobran entidades financieras y comerciales por las operaciones de crédito. De este modo, se podría castigar el delito de usura. Actualmente no existen parámetros para establecer cuáles tasas del mercado son desproporcionadas.

Resumen: Es falso que la propuesta metodológica para regular la usura que se analiza en la Asamblea Legislativa permitiría «cerrar» tarjetas de crédito actuales, como advirtió la Asociación Bancaria Costarricense (ABC).

La entidad realizó la afirmación a través de un campo pagado que se publicó en diarios de circulación nacional.

La Asociación además escribió otro mensaje que es engañoso. La ABC realizó una proyección de exclusión financiera basada en el mismo proyecto. Utilizó los datos de los tarjetahabientes actuales y señaló que todos los que dejarían de ser rentables para los bancos con las nuevas condiciones quedarían fuera de cualquier oferta.

La iniciativa de ley propone un tope de 2,2 veces la tasa de interés activa promedio del sistema financiero para las tasas de interés que se cobran a nivel crediticio. Ello implicaría límites de un 29,1% en colones y de un 15% en dólares, tomando como referencia datos publicados por el Banco Central para la semana del 20 al 26 de noviembre.

Ambos topes entrarían a regular únicamente los nuevos contratos. La aplicación de la nueva ley no podría ser retroactiva.

El propósito del proyecto de ley es establecer un límite a los intereses que cobran entidades financieras y comerciales por las operaciones de crédito. De este modo, se podría castigar el delito de usura. Actualmente no existen parámetros para establecer cuáles tasas del mercado son desproporcionadas.

El espacio pagado

La Asociación Bancaria Costarricense (ABC) pautó en varios medios de comunicación nacional un campo pagado. La publicación afirma que poner un tope del 30% a las tasas de interés nacionales permitiría «cerrar» tarjetas de crédito. «Si su límite de crédito es menor a $750, le podrían cerrar su tarjeta de crédito», advierte ABC.

Campo pagado en el periódico La Nación del 27 de noviembre de 2019.

Además, el anuncio señaló que con el tope del 30% «más de 727.000 personas se quedarían sin acceso a crédito con las instituciones financieras, lo que equivaldría a más de 20 estadios nacionales llenos».

Una afirmación falsa y otra engañosa

La primera de las afirmaciones realizadas por la ABC es falsa. El proyecto de ley para regular las tasas de usura no plantea la posibilidad de «cerrar» tarjetas de crédito vigentes. Así lo indicaron los propios proponentes del texto, los diputados Welmer Ramos, del Partido Acción Ciudadana (PAC), y David Gourzong, del Partido Liberación Nacional (PLN).

«La ley no es retroactiva. Esto quiere decir que quienes tienen hoy un contrato por cualquier tipo de crédito deberán mantener las condiciones», explicó el liberacionista.

El propio asesor legal de la ABC, Mario Gómez, había afirmado que «la ley no es retroactiva», en medio de una entrevista que sostuvo el 21 de noviembre en el programa Enfoques, de crhoy.com.

Sobre la afirmación de su espacio pagado, la Asociación reconoció a través de un correo electrónico que no existe un efecto retroactivo. No obstante, matizó diciendo que intentó hacer referencia a «los nuevos financiamientos».

ABC también advierte sobre 727.000 personas que supuestamente quedarían excluidas del crédito con instituciones financieras. Cortés indicó que la ABC calculó el efecto que tendría aplicar las nuevas tasas a personas que ya tienen tarjetas de crédito. La supuesta exclusión se refiere a los casos en los que «los costos por colón prestado superaban los ingresos por colón prestado», con las condiciones actuales de las tarjetas.

La afirmación no se puede etiquetar como veraz ni como falsa, pues conjetura sobre comportamientos que están en el futuro. Sí se puede afirmar que el cálculo es engañoso. Oculta las posibilidades de que las mismas personas puedan buscar otras ofertas en mejores condiciones, de que los propios usuarios renuncien a tener una tarjeta de crédito si sus condiciones no se lo permiten o de que los bancos reduzcan sus márgenes de ganancia.

Respuesta desde los proponentes

Los propulsores del texto opinan que realmente no habría exclusión financiera. En la opinión de los diputados, facilitar tarjetas de crédito con tasas de usura a personas pobres más bien es una forma de explotación. Esta es una forma de «aumentar la riqueza (de los prestamistas) con injusticia», dijo el diputado Gourzong.

Asimismo, el diputado Ramos conjetura que un porcentaje de las personas excluidas por unos bancos (especialmente por el sector privado) podría ser acogido por los sectores público y cooperativo, que ya ofrecen mejores condiciones. Esta afirmación tampoco puede ser verificada, pues también se trata de un comportamiento en el futuro.

Datos del Ministerio de Economía señalan que, solo en tarjetas de crédito en colones, el 69,9% de las ofertas cobran tasas que oscilan entre el 40,0% y el 49,9%La gran mayoría de ellas están a cargo de la banca privada y de casas comerciales.Entidades de la banca pública y de cooperativas cobran tasas menores.

«Si los bancos del Estado, las cooperativas y las asociaciones solidaristas están dando tarjetas y crédito a tasas que no llegan al límite de usura, las personas que sean desplazadas pueden ser asumidos por esos otros entes», afirma el legislador.

En cuanto a las tarjetas en dólares, la situación es diferente. La totalidad de los plásticos que están en las calles paga actualmente tasas de entre el 18% y el 38%. El límite propuesto por el proyecto de ley es de 15%, tres puntos porcentuales por debajo de la tasa más baja en el mercado.

El proyecto divide

La iniciativa para imponer un tope a las tasas de interés ofrecidas en el mercado formal sigue en la Comisión de Asuntos Hacendarios de la Asamblea Legislativa. Los diputados apuntan a dictaminar el proyecto, pero primero decidieron pactar una audiencia con el presidente del Banco Central, Rodrigo Cubero.

El Banco Central aboga por imponer una tasa de interés más alta en dólares y en colones. En el segundo caso, habla de un porcentaje cercano al 50%. Su tesis es que sería imposible dar crédito a algunos sectores con las condiciones actuales.

Aparte de las tarjetas de crédito, el proyecto regularía también operaciones crediticias comerciales, como las que ofrecen tiendas por departamento. Datos del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) señalan que una décima parte de los hogares costarricenses reportan utilizar al menos una tarjeta de crédito.

La redacción actual del proyecto, con sus topes del 30% y del 15%, despierta el rechazo de todos estos sectores prestamistas. Ellos argumentan que es necesario aplicar tasas más altas para atender a la población con mayor riesgo de pago, aunque sea a tasas superiores al 30%.

Si el texto es aprobado en comisión (con la redacción actual o una nueva), luego tendría que pasar al Plenario legislativo. Allí, los 57 diputados podrían presentar sus últimas propuestas para modificarlo, de cara a su votación (positiva o negativa) en primer debate.