Hueco fiscal: Director de Crédito sí había pedido presupuesto extraordinario, contrario a lo dicho por Paola Vega

La diputada oficialista, Paola Vega, insinuó falsamente que la Dirección de Crédito Público no le había advertido a ninguna persona con autoridad jerárquica sobre la necesidad de que el gobierno presentara un presupuesto extraordinario en el 2018.

En realidad, el director de esa unidad, Melvin Quirós, había solicitado un presupuesto de este tipo desde el 10 de mayo de ese año. Él dirigió su comunicación a la directora de Presupuesto Nacional y a la Tesorera Nacional, y está copiado el viceministro de Egresos.

Vega sí tiene razón cuando dice que no hay evidencia de que Quirós hubiera advertido sobre la inminencia de pagos ilegales de deuda para junio y julio del 2018. Así se desprende de los informes de minoría y mayoría del Congreso sobre el faltante presupuestario dejado por la administración Solís Rivera.

Vega no rebatió el error señalado por Doble Check. Eso sí, opinó que ella hubiera esperado más proactividad por parte de Quirós en su solicitud del presupuesto extraordinario.

Por otra parte, Vega cometió otro error en su intervención. La diputada dijo que la Contraloría y el Banco Central habían certificado que el presupuesto que se presentó en el 2017 era “adecuado para cubrir todo”. En realidad, la intervención de ambas instituciones en el proyecto de ley del presupuesto no tiene que ver con los manejos de la deuda del país, que era el tema en discusión. La Contraloría solo certifica los ingresos; el Banco solo se refiere a la capacidad de endeudamiento del Estado.

Sobre este tema, Vega aclaró que su intención era decir que las instituciones no habían hecho ningún señalamiento al presupuesto, tomado en cuenta que el plan se ajustaba a los pronósticos económicos de ese momento.

La diputada oficialista, Paola Vega, insinuó falsamente que la Dirección de Crédito Público no le había advertido a ninguna persona con autoridad jerárquica sobre la necesidad de que el gobierno presentara un presupuesto extraordinario en el 2018.

En realidad, el director de esa unidad, Melvin Quirós, había solicitado un presupuesto de este tipo desde el 10 de mayo de ese año. Él dirigió su comunicación a la directora de Presupuesto Nacional y a la Tesorera Nacional, y está copiado el viceministro de Egresos.

Vega sí tiene razón cuando dice que no hay evidencia de que Quirós hubiera advertido sobre la inminencia de pagos ilegales de deuda para junio y julio del 2018. Así se desprende de los informes de minoría y mayoría del Congreso sobre el faltante presupuestario dejado por la administración Solís Rivera.

Vega no rebatió el error señalado por Doble Check. Eso sí, opinó que ella hubiera esperado más proactividad por parte de Quirós en su solicitud del presupuesto extraordinario.

Por otra parte, Vega cometió otro error en su intervención. La diputada dijo que la Contraloría y el Banco Central habían certificado que el presupuesto que se presentó en el 2017 era “adecuado para cubrir todo”. En realidad, la intervención de ambas instituciones en el proyecto de ley del presupuesto no tiene que ver con los manejos de la deuda del país, que era el tema en discusión. La Contraloría solo certifica los ingresos; el Banco solo se refiere a la capacidad de endeudamiento del Estado.

Sobre este tema, Vega aclaró que su intención era decir que las instituciones no habían hecho ningún señalamiento al presupuesto, tomado en cuenta que el plan se ajustaba a los pronósticos económicos de ese momento.

¿Qué dijo la diputada?

Paola Vega dio sus declaraciones durante una discusión en el plenario legislativo para acoger o rechazar las recomendaciones de un informe de mayoría emitido por la Comisión de Ingreso y Gasto Público con respecto al faltante presupuestario dejado por la administración Solís Rivera.

Uno de los principales puntos del debate ha sido la velocidad con que actuó la administración Alvarado Quesada ante la urgencia de financiamiento. Sus críticos han dicho que fueron lentos. Ha habido gran controversia con respecto a la comunicación entre los funcionarios técnicos y los políticos en el Ministerio de Hacienda. ¿Comunicó oportunamente la Dirección General de Presupuesto la urgencia a sus superiores?

Vega presentó un informe de minoría en donde sostiene que no. Durante su declaración ante sus compañeros dijo:

Es la Dirección de Crédito Público quien debe advertir a sus superiores, y esto va en escalada jerárquica, que hay un problema, que no hay dinero para pagar un contenido y que debe hacerse un presupuesto extraordinario.

Ni antes, ni cuando ya se estaban haciendo pagos de deuda con contenido presupuestario se advirtió a ninguna persona, y en esto quiero ser clara. Yo he aportado en mi informe, porque no me bastó solamente las audiencias que tuvimos, sino que pedí un intercambio de correspondencia con el Ministerio de Hacienda para que me certificara correos electrónicos y múltiples comunicaciones que constan en mi informe de minoría, y no hay un solo correo, una sola minuta de reunión, una sola nota verbal, ninguna comunicación donde la Dirección de Crédito Público advierta a ninguna persona con autoridad jerárquica sobre este tema”.

¿Qué quiso decir la diputada?

La frase de Vega es ambigua. Por ello se le pidió clarificar a qué se refería. ¿De qué está hablando cuando se refirió a “este tema”?

La diputada dijo que se refería a dos asuntos.

  • Punto uno. El director de Crédito Público, Melvin Quirós, debió haber solicitado la presentación de un presupuesto extraordinario a sus superiores.
  • Punto dos. El funcionario debió haber advertido que se acercaba el plazo para hacer pagos que no hubieran sido programados. El hacer pagos que no fueron presupuestados es ilegal, pues las erogaciones del Estado deben haber pasado por la Asamblea Legislativa para su aprobación.

El punto uno es falso: el presupuesto sí fue pedido

El director de Crédito Público, Melvin Quirós, sí había solicitado la elaboración de un presupuesto el 10 de mayo del 2018, poco antes de asumir funciones en su cargo. El funcionario envió un correo electrónico a la directora del Presupuesto Nacional, Marjorie Morera, a la Tesorera Nacional, Martha Cubillo, y copió al viceministro de Egresos, Rodolfo Cordero.

Quirós advierte de un faltante presupuestario que, para ese momento, se calculaba en ₡800.000 millones. Ello, según sus palabras, hacía “ineludible la solicitud de recursos extraordinarios”. Para entonces, acababan de ocupar su cargo los nuevos jerarcas del Ministerio de Hacienda. Quirós escribe:

“A pesar de que la DCP informó de esta situación a nuestros superiores, no se tuvo respuesta a la solicitud de un presupuesto extraordinario para estos fines, por lo que resulta de vital importancia poner a las nuevas autoridades al tanto de esta situación y tomar decisiones al respecto”, escribe el funcionario.

El mensaje está adjuntado al informe de minoría que presentó la misma diputada Vega. Esta comunicación deja sin fundamento su primer crítica. El presupuesto sí se solicitó.

Correo electrónico en donde Melvin Quirós advierte sobre la necesidad de un presupuesto extraordinario.

A pesar de esa solicitud, no fue hasta el periodo entre el 29 de junio y el 2 de julio que ocurre una comunicación entre Quirós y la ministra de Hacienda Rocío Aguilar. Entonces, la jerarca ordenó la confección del presupuesto, según comunicaciones que también están en el informe de Vega.

Doble Check le informó a la diputada sobre su error. La diputada no objetó los señalamientos. “Yo lo que sí hubiera esperado es un poco más de vehemencia en la petición de don Melvin”, afirmó.

La diputada además afirmó que Quirós hubiera podido avanzar en la realización de un presupuesto por iniciativa propia, sin necesidad de una aprobación superior. Doble Check no verificó esta afirmación debido a que se aleja del reclamo de la legisladora en el plenario.

El segundo punto es veraz

Según aclaración de Vega, su acusación en la Asamblea también tuvo que ver con la falta de advertencias en cuanto a la inminencia de pagos ilegales por parte de Hacienda.

Estos pagos se hacen con un sistema automático. Según la información recabada en ambos informes, no hubo advertencias de que esos pagos sin autorización se estuvieran haciendo.

En los informes queda abierta la controversia sobre la responsabilidad de ese control: si era asunto de la Tesorería Nacional o de la Dirección de Crédito Público.

La alerta con respecto a ellos no se dio hasta el 6 de agosto del 2018, cuando el viceministro de Egresos, Rodolfo Cordero, le preguntó a Melvin Quirós si se estaba pagando deuda sin contenido presupuestario. Quirós le contestó que sí: se habían pagado ₡28.000 millones para junio y ₡152.000 millones para julio. Esta comunicación está en el informe de minoría de Vega.

Es decir, según la evidencia disponible, tiene razón la diputada en que no hubo ninguna advertencia previa sobre estos pagos ilegales antes de la consulta del viceministro.

El viceministro de ingresos Rodolfo Cordero le confirma a Vega que no recibió advertencia del pago de deuda sin contenido presupuestario.

Un error adicional

La diputada cometió un segundo error en su intervención en el plenario cuando defendió la idoneidad del presupuesto del 2017, al decir que este venía respaldado por el Banco Central y la Contraloría. La diputada dijo:

“Cuando se planificó el presupuesto que con las condiciones económicas del momento decía que iba a ser suficiente para cubrir la deuda, la Contraloría no advirtió de ningún riesgo presupuestario. Y esa es la tarea de la Contraloría.

”La Contraloría y el Banco Central hicieron check en los datos y dijeron: las condiciones económicas de este momento justifican el presupuesto que se está presentando a corriente legislativa y es el adecuado para cubrir todo. ¿Por qué?, porque no se sabía cómo iban a cambiar abruptamente las condiciones económicas”.

Aquí hay una falla. Ni el Banco Central ni la Contraloría evalúan pagos de deuda durante la elaboración de los proyectos de ley de presupuesto. Con respecto a las advertencias, Contraloría sostiene que sí hizo varias generales y específicas.

Por ejemplo, la Contraloría advirtió en su Informe Técnico al Presupuesto que el proyecto no tenía los cálculos suficientes para estimar los montos que se destinarían al pago de deuda.

La Contraloría advirtió:

(El presupuesto) carece de las cuantificaciones necesarias de variables como el stock de deuda interna y externa, la composición del portafolio, los vencimientos programados para el 2018, el detalle de los supuestos macroeconómicos esperados de tasas de interés, tipo de cambio, inflación, unidades de desarrollo, curva soberana, necesidades de financiamiento según flujo de caja y las deudas de instituciones públicas asumidas por el Estado; información que, según la exposición de motivos, constituye la base en el proceso de estimación y, por consiguiente, es fundamental para poder comprender la temática del endeudamiento y las obligaciones que pesan sobre las finanzas públicas que implican erogaciones para el año 2018.

Además, la Contraloría sostiene que también hizo un señalamiento posterior, en un informe sobre la ejecución de los presupuestos al primer trimestre. Entonces dijo: «Las partidas presupuestarias destinadas a la amortización de títulos de la deuda interna no alcanzarían para cubrir las erogaciones por ese concepto que el Gobierno debe realizar en el año 2018; incluso al momento de emitir el presente informe, el Gobierno ya ha hecho pagos en exceso de las sumas autorizadas en el presupuesto, lo cual es un reflejo de la sumamente estrecha situación financiera que atraviesa, y que ha llegado a manifestarse en escasez de liquidez reconocida por las autoridades del Poder Ejecutivo».

Ahora bien, con respecto al supuesto aval de la Contraloría al proyecto de ley del presupuesto, la Contraloría confirmó que su responsabilidad se limita a certificar la efectividad fiscal de los ingresos, mientras que al BCCR le corresponde certificar la capacidad de endeudamiento. El control de los pagos de deuda es responsabilidad del Poder Ejecutivo.

“La certificación a cargo de la CGR corresponde a un elemento por el lado de los ingresos del presupuesto; las estimaciones de los pagos de amortización de la deuda, por su parte, corresponden a un elemento por el lado de los egresos del presupuesto, que es responsabilidad del Poder Ejecutivo, en concordancia con disposiciones de la misma naturaleza”, aclaró la institución.

El faltante presupuestario

La Asamblea Legislativa ha discutido ampliamente sobre un faltante presupuestario que dejó la administración Solís Rivera. Esta tuvo consecuencias urgentes a mediados del 2018, cuando la administración Alvarado Quesada ya estaba en el poder, y tuvo que presentar dos presupuestos extraordinarios. Además, se conoció que el gobierno hizo pagos sin que hubieran sido presupuestados, lo cual es ilegal.

El desajuste ascendió a ₡900.000 millones.

El lunes 20 de mayo, 40 diputados votaron a favor de las recomendaciones de un informe de mayoría de la Comisión para el Control del Ingreso y el Gasto Público, entre las cuales está una solicitud para investigar penalmente al expresidente Solís.

La diputada Paola Vega presentó un informe de minoría. En él, relevó de responsabilidad a los jerarcas y señaló a los cargos medios como responsables del faltante fiscal. Uno de sus principales argumentos fue justamente la falta de comunicación oportuna.

 

Nota del editor: Esta nota fue actualizada para agregar información adicional que no había podido ser verificada con Contraloría a la hora de la publicación. Se agregó la advertencia sobre falta de información en el presupuesto para calcular las partidas de pago de deuda.

Falso: eutanasia en Holanda no está limitada solo para sus ciudadanos

En resumen: es falso que la ley de los Países Bajos restringe la eutanasia solo para ciudadanos de ese país, tal como afirmó la diputada independiente del bloque “Nueva República”, Ivonne Acuña.

La eutanasia y el suicidio asistido fueron despenalizados en Holanda desde el 2002 cuando estos sean facilitados por personal médico.

La ley holandesa solo permite el procedimiento a personas que sufran de un dolor insoportable y cuyo padecimiento sea incurable.  Además, debe haber una autorización expresa y “en conciencia completa” del solicitante.

Contrario a lo afirmado por la diputada Acuña ante el medio de comunicación elmundo.cr, la legislación de los Países Bajos carece de una restricción basada en la ciudadanía o el estado de residencia de la persona que requiera la terminación de su vida.

En su sitio oficial en Internet, el gobierno holandés estipula que el médico tratante debe decidir si es posible ese tipo de procedimientos en casos de personas no residentes que han llegado recientemente a esa nación, con base en un “conocimiento suficiente” del historial médico del solicitante.

En resumen: Es falso que la ley de los Países Bajos restrinja la eutanasia solo para ciudadanos de ese país, tal como afirmó la diputada independiente del bloque “Nueva República”, Ivonne Acuña.

La eutanasia y el suicidio asistido fueron despenalizados en Holanda desde el 2002 cuando estos sean facilitados por personal médico.

La ley holandesa solo permite el procedimiento a personas que sufran de un dolor insoportable y cuyo padecimiento sea incurable.  Además, debe haber una autorización expresa y “en conciencia completa” del solicitante.

Contrario a lo afirmado por la diputada Acuña ante el medio de comunicación elmundo.cr, la legislación de los Países Bajos carece de una restricción basada en la ciudadanía o el estado de residencia de la persona que requiera la terminación de su vida.

En su sitio oficial en Internet, el gobierno holandés estipula que el médico tratante debe decidir si es posible ese tipo de procedimientos en casos de personas no residentes que han llegado recientemente a esa nación. Esa aprobación debe hacerse con base en un “conocimiento suficiente” del historial médico de la persona que la pide.

Acuña aseguró que compartiría con Doble Check su fuente de información, pero no lo ha hecho oportunamente. Se actualizará esta información si fuera necesario.

El comentario de Acuña

Esta semana, el medio digital elmundo.cr divulgó la reacción de la diputada Ivonne Acuña ante el propuesta de una Ley sobre Eutanasia y Muerte Digna, que fue presentado el pasado 1 de mayo por la legisladora del Partido Acción Ciudadana (PAC), Paola Vega.

Según consta en la nota de ese medio, Acuña cuestionó la falta de definiciones de la propuesta, como “el contenido presupuestario, los alcances del proyecto y  a quién está dirigido”.

Como ejemplo, la diputada independiente dijo que “Holanda en su regulación para poder dar el servicio de eutanasia estipula que el servicio es dado solamente a ciudadanos holandeses y precisamente para evitar que otras personas de otros países vengan a hacer uso de ese servicio”.

Captura de pantalla de la nota publicada en elmundo.cr

Por eso, la diputada independiente dijo que, de aprobarse el proyecto en Costa Rica, “vamos a tener turismo homicida y suicida en este país”.

Efectivamente, la iniciativa de ley para permitir la eutanasia en Costa Rica (tramitada bajo el expediente 21.383) carece de una limitación con base en la ciudadanía o el estado de residencia de la persona solicitante, confirmó a Doble Check la diputada Paola Vega.

Los límites que existen en Holanda (y los que no)

A partir del 2002, la legislación de los Países Bajos fue la primera en el mundo que despenalizó la eutanasia y el suicidio asistido.

En su sitio oficial en Internet, el gobierno holandés define que la eutanasia es un procedimiento “realizado por un médico tratante al administrar una dosis fatal de un fármaco apropiado, por solicitud expresa del paciente”. La legislación de ese país considera el suicidio asistido como una situación donde un médico proporciona el fármaco y el paciente se lo administra a sí mismo.

Tales procedimientos son regulados por medio de la Ley de terminación de la vida y suicidio asistido.

Dicha ley estipula una serie de condiciones para que la terminación de la vida por petición sea legal:

  1. Debe ser realizada por un profesional médico. Los médicos no están obligados a realizar el procedimiento.
  2. El médico tratante debe estar convencido de que la solicitud del paciente es voluntaria y bien considerada.
  3. El sufrimiento del paciente ha sido considerado como prolongado e insoportable.
  4. El médico tratante debe informar al paciente de su situación y de sus posibilidades.
  5. El paciente mantiene la convicción de que no hay otra situación razonable para su estado.
  6. El paciente debe ser evaluado por otro médico independiente, quien tiene que revisar por escrito el cumplimiento de las condiciones requeridas.
  7. La eutanasia o el suicidio asistido deben realizarse con un cuidado apropiado.

Además, el médico tratante debe notificar posteriormente la aplicación del procedimiento ante un comité evaluador.

La ley  holandesa establece que la terminación de la vida bajo esos límites puede ser solicitada por personas mayores de 12 años de edad. Sin embargo, el consentimiento de los padres de familia o los guardianes legales es obligatorio hasta los 16 años.

En casos de personas de 16 y 17 años, esa autorización no es obligatoria pero es requerido que la familia o los guardianes estén involucrados en la toma de las decisiones. Después de la mayoría de edad (18 años), las personas pueden solicitar la terminación de la vida sin involucramiento familiar.

La ley que regula la terminación de la vida por petición en Holanda carece de algún estatuto que limite el procedimiento con base en la ciudadanía o el estado de residencia de la persona solicitante.

En su plataforma informativa oficial, el gobierno holandés advierte que los médicos tratantes en casos de eutanasia y suicidio asistido deben tener información suficiente para evaluar la viabilidad del procedimiento en cada caso.

Así, las autoridades de Holanda aseguran que el personal médico puede decidir si facilita o no el procedimiento a personas no residentes que llegaron recientemente al país, con base en un “conocimiento suficiente” del historial médico del solicitante.

5 chequeos al nuevo presidente de la Asamblea Legislativa

Este 2 de mayo, después del informe que dio Carlos Alvarado, sobre su primer año de gobierno, la palabra la tomó el nuevo presidente de la Asamblea Legislativa, Carlos Ricardo Benavides, del Partido Liberación Nacional (PLN).

En Doble Check, hicimos un chequeo en vivo de las afirmaciones hechas por el Presidente de la República. Así, tampoco íbamos a quedarnos con el clavo sobre la precisión del discurso que dio Benavides, que fue recién electo el pasado 1 de mayo para presidir el directorio legislativo durante el periodo 2019-2020.

El resultado: Benavides aportó cinco datos concretos que pueden verificarse, aunque dos de estos son falsos o imprecisos por falta de contexto

El diputado liberacionista y nuevo presidente de la Asamblea Legislativa, Carlos Ricardo Benavides, leyó un discurso como respuesta al informe que dio Carlos Alvarado sobre su primer año de gobierno este 2 de mayo.

En Doble Check, hicimos un chequeo en vivo de las afirmaciones hechas por el Presidente de la República. Así, tampoco íbamos a quedarnos con el clavo sobre la precisión del discurso que dio Benavides, quien fue recién electo el pasado 1 de mayo para presidir el directorio legislativo durante el periodo 2019-2020.

El resultado: Benavides aportó cinco datos concretos que pueden verificarse, aunque dos de estos son falsos o imprecisos por falta de contexto.

“La pérdida del empleo viene dándose desde la administración anterior y en la actual, de junio a diciembre de 2018, según el INEC, más de 88.000 empleos se han perdido”

Chequeo: El dato es falso, pues no se perdieron empleos. De hecho, entre junio y diciembre de 2018 aumentó levemente la cantidad de empleos en el país. Lo correcto habría sido decir que aumentó el desempleo en 88.000 personas (una cifra histórica), pues el mercado laboral no pudo absorber a todas las personas que buscaron empleo en ese período. Es decir, no se perdieron empleos existentes, sino que no se crearon suficientes empleos nuevos.

Usemos una metáfora para entender el fenómeno. Imagine que usted trabaja en una empresa en la que laboran 100 trabajadores. Afuera de la empresa hay 10 personas haciendo fila para ser contratadas. Imagine que la empresa decide contratar a 2 de las personas que estaban haciendo fila. Es decir, ahora hay 102 empleados. Sin embargo, en ese tiempo, la fila se hizo mucho más grande y aumentó a 20 personas.

La pregunta es: ¿se perdieron empleos? No. Más bien ahora hay dos personas más trabajando en la empresa: no han despedido a nadie. ¿Aumentó la fila? Sí.

Sucede lo mismo para Costa Rica. En el período que subraya Benavides (de junio a diciembre de 2018)  la cantidad de personas empleadas pasó de 2.160.036 personas a 2.165.323 trabajadores. La cantidad de empleos aumentó en 5.287 puestos de trabajo. No hay pérdida de empleo.

Eso sí, siguiendo con la metáfora, “la fila se hizo más grande”. Benavides emplea mal el dato pero la cifra es correcta. El número de personas desempleadas aumentó en 88.773. Muchas más personas salieron a buscar empleo del que fue generado.

Ya habíamos publicado un artículo sobre este mismo tema. En el último trimestre del 2018 el país mostró su peor tasa de desempleo desde el 2010. Sin embargo, como acabamos de explicar, eso no implica que se hayan destruído empleos.

“Desde hace varios años, Costa Rica tiene índices de crecimiento económico bastante modestos. Según el Banco Mundial, este año creceremos tan solo un 2,7%”.

Chequeo: La afirmación es cierta. El Banco Mundial proyecta que Costa Rica tendrá un crecimiento económico equivalente a 2,7% del Producto Interno Bruto (PIB) para el año 2019.

Esa institución también proyecta que ese crecimiento será de 2,8% en el 2020 y de 3% en el año siguiente.

En su más reciente informe de Prospectos Económicos Globales, el Banco Mundial señala que “una reciente legislación de reforma fiscal en Costa Rica aumentará los ingresos hacendarios y debería mejorar la motivación de inversión”.

Eso sí, el Banco Central de Costa Rica (BCCR) tiene proyecciones distintas: un crecimiento de la economía costarricense de 3,2% en el 2019 y 3,0% en el 2020. Así lo indica esa entidad en el Programa Macroeconómico  para ese periodo.

El Banco Central reconoce que su proyección para este año es superior al crecimiento del 2018 (2,7%), aunque advierte que esa estimación está por debajo del crecimiento potencial para Costa Rica, que esa institución calculó en 3,5%.

“La ampliación de la carretera San José – San Ramón que envolvió a este país en una discusión nacional, han pasado 6 años desde que se retiró la concesión (…) Parece evidente que este gobierno, logrará, la concreción de 17 obras impostergables lo cual celebramos, pero no se concretará esta ruta”.

Chequeo: Este pronóstico tiene fundamento. No podemos chequear el futuro, pero el Plan Nacional de Desarrollo efectivamente descarta la finalización de la obra San José-San Ramón. En concreto, la meta del gobierno es que al 2022 se logrará un “30% de la ampliación y mejoramiento del Corredor Vial San José – San Ramón”, obra de la que será responsable el Consejo Nacional de Vialidad. El Plan proyecta que en el 2020 la obra tendrá un avance del 5%.

“Actualmente más de 85.000 menores de 24 años se encuentran sin empleo. Ellos componen más del 30% del total de la población desempleada en el país”

Chequeo: El dato es impreciso porque tiene una omisión importante. Según el INEC, ese número representa únicamente a los menores de 24 años sin estudios universitarios. En realidad, las cifras nacionales de desempleo para todos los menores de esa edad son mucho mayores.

En el último trimestre de 2018 se observan 126.100 menores de 24 años desempleados (un promedio de 99.591 en todo el 2018). Ellos representan más del 40% de los desempleados del país, según la Encuesta Continua de Empleo del Instituto Nacional de Estadística y Censos.

El despacho de Benavides dijo a Doble Check que su fuente fue una publicación de La Nación, que contempla los datos del INEC sobre jóvenes sin estudios universitarios. Como indicamos, los datos de desempleo entre todos los jóvenes son mucho mayores.

“Desgraciadamente, la pobreza se elevó hasta el 21,1% en el 2018 y la pobreza extrema pasó del 5,7% al 6,3% en el mismo período. Esto es verdaderamente dramático. Estamos hablando de 50 mil costarricenses más, que se encuentran bajo la línea de pobreza”.

Chequeo: La afirmación es cierta. Tales cifras se desprenden de la Encuesta Nacional de Hogares (ENAHO) del 2018, realizada por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC).

La pobreza en Costa Rica aumentó de 20% de la población en 2017 a 21,1% en el 2018, después de una tendencia a la baja que se registraba desde el 2014.

Ese aumento interanual significó que 49.666 personas más quedaron bajo la línea de pobreza el año pasado, para un total de 1.150.000 personas. El presidente del directorio legislativo redondeó la cifra de personas adicionales en pobreza, pero tiene razón.

El discurso de Carlos Alvarado verificado por Doble Check

Verificamos 12 de las afirmaciones del presidente Carlos Alvarado: algunas son falsas, otras son medias verdades, y otras son aciertos. Léalas aquí.

Doble Check verificó las afirmaciones del presidente Carlos Alvarado en su discurso ante la Asamblea Legislativa. Este es el resultado.

________________________

«Según los datos del Banco Central, el déficit primario -indicador que expresa el balance entre ingresos y los gastos del sector público- alcanzó un 3% del PIB en 2017, pero a partir de 2018 ha seguido una trayectoria a la baja, llegando a 2,4% del PIB el año anterior, y se proyecta que bajaría a 2,1% este año y 1,2% el año siguiente».

Chequeo: La afirmación es cierta, pero el presidente omitió una alerta del Banco Central de Costa Rica (BCCR) sobre el aumento en el endeudamiento del Estado.

El déficit primario es un indicador que excluye el gasto en intereses del Gobierno Central, por lo que provee “un mejor indicador del esfuerzo del ajuste fiscal”, según el BCCR. Ese indicador descendió en el último año. El BCCR atribuye la disminución en el déficit primario a medidas de contención del gasto tomadas por el Ministerio de Hacienda a mediados del 2018, así como a los rendimientos de la amnistía tributaria que abrió la ley de reforma fiscal. Además, la institución prevé que “el déficit primario seguiría cayendo” con las magnitudes que cita Alvarado. La información está disponible en el Programa Macroeconómico 2019-2020 del BCCR.

Eso sí, tal proyección depende de la aplicación de medidas que incluyen la reforma fiscal, y supone que, entre el 2019 y el 2020, el Gobierno podrá colocar bonos de deuda en los mercados internacionales hasta por $1.500 millones cada año.

A pesar del resultado positivo en cuanto a déficit primario, el BCCR advierte que la razón de la deuda del Gobierno respecto al Producto Interno Bruto (PIB) pasó de 48,7% en 2017 a 53,6% el año pasado. Con respecto a este tema, el mandatario únicamente expresó su preocupación por los altos intereses que paga el Estado por la deuda.

__________________________

«La región (Pacífico Central) presenta una tasa de desempleo con alta concentración en mujeres».

Chequeo: El dato es cierto. El presidente omite mencionar la tendencia creciente de desempleo del Pacífico Central, que hoy reporta un porcentaje de 16,6%.  Hoy, esa tasa de desempleo es la mayor entre todas las regiones.

______________________

 

«Parte de las mejoras de gestión institucional se enmarcan en el proceso de ingreso de Costa Rica a la OCDE. A hoy el país ha logrado avanzar con la aprobación de 13 comités. El más recientemente aprobado fue el 17 de abril».

Chequeo: El logro es engañoso, pues se presenta el número acumlado. El país sí lleva aprobados 13 comités de ingreso a la OCDE, pero solo uno de ellos (el de Gobernanza Pública) fue logrado en el primer año de la administración Alvarado.

______________________

«En turismo, Costa Rica fue capaz de superar por primera vez los 3 millones de llegadas internacionales en 2018, y el crecimiento de la actividad se ha fortalecido en estos doce meses al lograr 62.000 nuevos asientos a través de 6 líneas aéreas».

Chequeo: Es falso que el crecimiento de las llegadas internacionales se hubieran fortalecido. En realidad, el período 2017-2018 registra la cuarta menor variación en la cantidad de visitas internacionales desde el 2000 (un aumento de 1,92%). La cifra es mucho menor al crecimiento promedio del 6% que el país ha presentado desde el 2000. Es decir, en 15 de los últimos 18 años hemos visto mayores aumentos en la entrada de visitas internacionales.

En los años 2003, 2004, 2005, 2007 y 2016, Costa Rica experimentó aumentos en la cantidad de visitas internacionales superiores al 10%. El crecimiento en el periodo 2017-2018 es de los peores observados: solo superado por el del 2017 (1,18%), 2002 (-1,6%) y 2008 (-8%).

Cabe rescatar que el Instituto Costarricense de Turismo no reporta datos de turistas, sino de llegadas internacionales.

_________________________

«Este año, el MEP ha entregado 21 centros educativos nuevos y 81 proyectos de mejora de instalaciones que van desde la construcción de aulas, bibliotecas, pabellones o sustitución de techos. También se creó un sistema de atención de órdenes sanitarias abordando a la fecha 199 de ellas».

Chequeo: El dato es correcto según lo confirma la Dirección de Infraestructura y Equipamiento Educativo (DIEE). Estos proyectos han beneficiado a 31.500 estudiantes y representan una inversión de ¢22.580 millones. Por su parte, las 199 órdenes sanitarias abordadas generaron una inversión de ¢76,2 millones. También, por primera vez, se ha creado un sistema de categorización de órdenes sanitarias para atenderlas de acuerdo a su gravedad.

_______________________

«Parar lograr la conectividad que requiere la educación moderna nos hemos comprometido a formar la Red Educativa del Bicentenario. Su objetivo es conectar los 4.659 centros educativos públicos del país y las oficinas del MEP en una única red de banda ancha, mediante fibra óptica de alta velocidad, creando un ambiente digital para la educación. La meta es cumplir este año con la conexión de los primeros 600 centros y antes de concluir el gobierno tener la red completa».

Chequeo: Esta es una proyección y aún no tiene ejecución. Según indicó el Ministerio de Educación a Doble Check, el Ministerio de Ciencia y Tecnología y la Fundación Omar Dengo realizaron la contratación del diseño de la Red Educativa del Bicentenario. Sin embargo, aún no se ha realizado la conexión de ningún centro educativo en el país.

 

_________________________

«En 2017, la exclusión en secundaria fue de 7,2% y en primaria de 0,7%. Tras las acciones tomadas durante el último trimestre del curso lectivo 2018, incluso en un contexto de huelga, la exclusión escolar fue de 3,5% en secundaria y 0,2% en primaria, lo cual representa una reducción a la mitad».

Chequeo: La afirmación es cierta según los datos del Ministerio de Educación Pública. Sin embargo, aunque se evidencia una tendencia a la baja, la exclusión en las escuelas nocturnas sigue siendo elevada, pues se ubica en 14,1%, mientras que en los colegios nocturnos alcanza el 13,2%.

________________________

«Luego de estos casi 365 días de dirigir el país, hay tareas pendientes en materia de saneamiento de las finanzas públicas y la eficiencia del Estado, pero podemos decir que Costa Rica fue capaz de estabilizar su economía y lograr mayor confianza y tranquilidad».

Chequeo: La afirmación es discutible. El pesimismo ha retrocedido, pero sigue habiendo mucha desconfianza en la economía. En noviembre pasado, el Índice de Confianza de los Consumidores (ICC) fue de 28,2 puntos (en una escala de cero a 100) y se convirtió en el más bajo encontrado desde el año 2002 (fecha de la primera encuesta). Tres meses después, en febrero del 2019, el ICC evidencia una recuperación, pues aumentó a 34,8 puntos (6,6 puntos de aumento). Este repunte de la confianza, y el nivel alcanzado, significa que los consumidores perciben menos pesimismo hacia la economía nacional, aunque su magnitud todavía está lejos de reflejar optimismo.

_____________________

El presidente Carlos Alvarado Quesada afirmó que la desaceleración económica se ha reducido. En realidad, esto es parcialmente cierto. Fotografía: Laura Rodríguez.

_____________________

 

«Los últimos datos del Índice Mensual de Actividad Económica indican que el proceso de desaceleración que afectó a la economía en el segundo semestre del 2018 se ha detenido, mostrando una leve recuperación en la actividad económica».

Chequeo: Esta afirmación es parcialmente correcta. Al analizar el nivel de actividad económica vista por la tasa de crecimiento interanual del (IMAE) por industria al mes de enero, se observa que efectivamente en los últimos dos meses del año las tasas de aceleración del indicador han sido positivas, sin embargo únicamente en el sector financiero registra una mejoría considerable con respecto a los doce meses anteriores; no obstante la gran mayoría de los sectores de la economía registran al mes de enero tasas de crecimiento interanuales inferiores al 3%.

_____________________

«En materia de homicidios, Costa Rica logró bajar la tasa en 2018 con relación al año 2017. La reducción que inició en junio anterior nos llevó a cerrar el año 2018 con una tasa de homicidios de 11,7 por cada 100.000 habitantes, frente a 12,1 en el año anterior, quebrando una tendencia al alza que venía desde el año 2014. En el presente año continúa la tendencia a la baja, al 29 de abril tenemos 44 homicidios menos que en el mismo periodo del año anterior».

Chequeo: La afirmación es cierta. La tasa registrada en el 2018 es de 11,7 por cada 100.000 habitantes. Eso sí, el logro significa regresar a una tasa similar a la de 2015 (11,5) o 2016 (11,8), la cual es calificada como violencia endémica por la Organización Mundial de la Salud (con niveles superiores a 10 homicidios por cada 100.000 habitantes).

_____________________

«En cuanto a los delitos contra la propiedad, mientras que en el primer trimestre del 2018 se registraron 14.729 denuncias, en el mismo periodo de 2019 se tenían 13.526, lo que implica en una disminución de 8,2% en delitos tales como hurtos, tacha de vehículos, asaltos y robos a viviendas».

Chequeo: La información es cierta, pero esconde un número negativo. El presidente agrupa los datos de los delitos contra la propiedad. Ello oculta que la tasa de asaltos viene en aumento. Doble Check estimó la tasa de asaltos, hurtos y robos por cada 100.000 habitantes acumulada de mayo a abril, y encontró una tendencia al alza en la cantidad de asaltos.

Entre mayo de 2017 y abril de 2018 la tasa de asaltos era de 629. Entre mayo de 2018 y abril de 2019 subió a 660.

El investigador del Centro de Investigación y Estudios Políticos de la UCR, Jesús Guzmán, pone en contexto: «En cuanto a los delitos, las estadísticas del Poder Judicial indican que en el primer trimestre de 2018 (01 de enero al 31 de marzo) ocurrieron 14.607 delitos contra la propiedad (robo, hurto, tacha de vehículos, asalto y robo de vehículos) y en el primer trimestre 13.729 delitos contra la propiedad. Esto implica una reducción de 878 delitos, es decir un 6.01% menos entre ambos periodos».

_______________________

 

Falso: nuevo edificio de la Asamblea no se construye con más de 57 curules (pero número puede ampliarse)

Varias publicaciones en redes sociales aseguran que el nuevo edificio de la Asamblea Legislativa «ya se construye con más 84 curules» (sic). La información es falsa.

Según confirmó Antonio Ayales, Director Ejecutivo de la Asamblea Legislativa, el nuevo edificio del Congreso está pensado para instalar 57 curules, aunque existe espacio para instalar el doble (es decir, 114). La cifra de 84 es falsa, mírese por donde se mire.

A pesar de que el número de curules podría crecer, el proyecto solo contempla espacio para 57 despachos (oficinas) para los diputados. Es decir, si los diputados deciden aumentar el número de legisladores, también tendrían que resolver dónde se instalarían las nuevas oficinas, para las que no hay espacio en el nuevo edificio.

En resumen: Varias publicaciones en redes sociales aseguran que el nuevo edificio de la Asamblea Legislativa «ya se construye con más 84 curules» (sic). La información es falsa.

Según confirmó Antonio Ayales, Director Ejecutivo de la Asamblea Legislativa, el nuevo edificio del Congreso está pensado para instalar 57 curules, aunque existe espacio para instalar el doble (es decir, 114). La cifra de 84 es falsa, mírese por donde se mire.

A pesar de que el número de curules podría crecer, el proyecto solo contempla espacio para 57 despachos (oficinas) para los diputados. Es decir, si los diputados deciden aumentar el número de legisladores, también tendrían que resolver dónde se instalarían las nuevas oficinas, para las que no hay espacio en el nuevo edificio.

57 curules, con posibilidad de crecer

Varias publicaciones en Facebook dijeron este lunes, de forma incorrecta, que el nuevo Plenario de la Asamblea Legislativa estaba siendo construído con 84 curules.

El dato falso probablemente proviene de una confusión con un proyecto de ley —aún en discusión en el Congreso— que plantea cambios en el sistema de elección de los diputados. Según ese proyecto, Costa Rica eligiría 84 diputados cada cuatro años. La iniciativa busca dividir el país en 42 distritos electorales y no en siete en provincias (esto permitiría una mayor representatividad de los diputados con sus respectivos territorios). Otros 42 diputados se eligirían por medio de una lista nacional cerrada. El proyecto, sin embargo, no ha sido aprobado todavía. De hecho, ni siquiera ha entrado en comisión.

La discusión de este proyecto no tiene relación con la construcción del nuevo edificio para la Asamblea Legislativa.

El director ejecutivo de la Asamblea, Antonio Ayales, explicó que las nuevas instalaciones del Congreso tendrían espacio para colocar hasta el doble de curules de las que existen actualmente, pero no el doble de oficinas. Actualmente, solo se prevé la instalación de 57 curules.

«Solo hay espacio para 57 despachos. Si aumenta el número, habría que tomar una decisión, completamente política. Habría que expropiar hacia el oeste o construir un nuevo edificio (…) Pero eso no se está considerando», dijo a Doble Check.

Según Ayales, la nueva Asamblea Legislativa será entregada el 31 de enero del 2020. Un reciente presupuesto calcula un costo máximo de hasta ₡86.000 millones.

«Los presupuestos anteriores no contemplaban el equipamiento. Sin embargo, esperamos que el gasto baje y se recorte en casi $3 millone», explicó Ayales. Según el director se prevé descartar costos como las cámaras de televisión, un túnel que conectaba los edificios, algunos gastos en equipo de sonido y grabación, entre otros.

Proyección de la vista de la sala de sesiones del futuro parlamento, en la cual aparecen más escaños de los que se instalarán en realidad.

Posterior a la publicación de una primera versión de esta nota llegó a nuestro conocimiento una imagen con una proyección del nuevo espacio para plenario en la cual se veían más de 57 espacios para los diputados.  Ayales confirmó que esta imagen fue diseñada por el arquitecto a cargo de la obra. No obstante, aunque en esa proyección aparecen más escaños, solo se instalarán los 57.

Nota del editor: Esta publicación fue actualizada para incluir la referencia a una imagen en la que aparecen más de 57 escaños.