Comisión legislativa del FEES tergiversó hallazgos del Estado de la Educación

En resumen: El informe de mayoría acerca del Fondo Especial para la Educación Superior (FEES)  atribuye al Informe Estado de la Educación aseveraciones que no contiene. El estudio elaborado por el Programa Estado de la Nación no sustenta –y en algunos casos contradice– algunas de las conclusiones del informe preparado por la mayoría de diputados de la Comisión Especial para el FEES.

  • Es falso que la asistencia a las universidades hubiera bajado desde el 2010.
  • No hay datos que sustenten que la inversión en sedes regionales no sea una prioridad.
  • Es engañoso afirmar que la oferta académica sea obsoleta y que está divorciada del sector productivo.

Doble Check conversó con Isabel Román, Valeria Lentini y Marcela Román, del Estado de la Educación, para entender de qué manera el informe legislativo tergiversó algunos hallazgos del equipo de investigación. Marcela Román añadió que los diputados omitieron señalar en su informe una falla evidente en la educación superior pública: la falta de políticas para atender las brechas de género.

El informe legislativo fue aprobado por 31 diputados el 23 de junio. El Estado de la Educación sí coincide con el informe legislativo en la necesidad de apuntalar los programas de diplomado universitario. También concuerdan en que es necesario buscar tácticas para mejorar la relación entre costo y efectividad de la inversión en educación.

En resumen: El informe de mayoría acerca del Fondo Especial para la Educación Superior (FEES)  atribuye al Informe Estado de la Educación aseveraciones que no contiene. El estudio elaborado por el Programa Estado de la Nación no sustenta –y en algunos casos contradice– algunas de las conclusiones del informe preparado por la mayoría de diputados de la Comisión Especial para el FEES.

  • Es falso que la asistencia a las universidades hubiera bajado desde el 2010.
  • No hay datos que sustenten que la inversión en sedes regionales no sea una prioridad.
  • Es engañoso afirmar que la oferta académica sea obsoleta y que está divorciada del sector productivo.

Doble Check conversó con Isabel Román, Valeria Lentini y Marcela Román, del Estado de la Educación, para entender de qué manera el informe legislativo tergiversó algunos hallazgos del equipo de investigación. Marcela Román añadió que los diputados omitieron señalar en su informe una falla evidente en la educación superior pública: la falta de políticas para atender las brechas de género.

El informe legislativo fue aprobado por 31 diputados el 23 de junio. El Estado de la Educación sí coincide con el informe legislativo en la necesidad de apuntalar los programas de diplomado universitario. También concuerdan en que es necesario buscar tácticas para mejorar la relación entre costo y efectividad de la inversión en educación.

Falso: La asistencia a las universidades viene bajando.

El informe de los diputados asegura que “desde el año 2010 viene bajando la asistencia a las universidades tanto públicas como privadas”.

En realidad, el Estado de la Educación separa los datos en dos criterios: matrícula y asistencia.

Miremos primero lamatrícula, medida a partir de los datos del primer ciclo de cada universidad pública. El estudio destaca que la matrícula en universidades públicas subió en más de un 12% entre el 2012 y 2017. Contrario a la observación de los diputados, es en las sedes regionales donde el crecimiento ha sido más significativo (29%).

La asistencia es el otro indicador del Estado de la Educación, y  se calcula de otra forma. Los investigadores miran la cantidad de personas entre 18 y 24 años, y observan qué porcentaje de ellos están estudiando en las universidades, sin importar si son públicas o privadas. Ese porcentaje ha estado estancado (distinto a decir que viene disminuyendo).

¿Por qué estancado? Marcela Román explicó que lograr aumentar la cantidad de estudiantes en las universidades públicas responde más a la educación secundaria y cada vez menos a aumentos en la cantidad de cupos universitarios.

“Probablemente, Costa Rica ha llegado al tope de su cobertura natural (en educación superior) (…) Hay unas  brechas estructurales en la calidad y cobertura secundaria en las regiones que, sin que eso se mejore, no hay manera de traer más gente a la universidad… Solo que les liberáramos el requisito de tener un título de secundaria, y no tiene sentido”, dijo.

Según Román, las universidades ya incorporaron a la población de mayor acceso: jóvenes de área metropolitana, estudiantes de los colegios con mejor formación o personas de alto nivel económico.

Crecer más es difícil: por eso están estancados.  Pero, aún a pesar de todo, hay una población que no está estancada y que sí está aumentando su participación en la educación superior. Se trata de los jóvenes más pobres, los jóvenes de las regiones o los jóvenes de primera generación (es decir, cuando son los primeros en la familia en ir a la universidad). Esa población sí está aumentando.

“Esto tiene sentido porque es en estos sectores donde hay margen para crecer y han sido las universidades públicas las que proporcionalmente han absorbido más a la población pobre en esas edades. También tiene sentido por la mayor presencia en las regiones y por las medidas afirmativas como las becas”, dijeron Isabel Román y Valeria Lentini a Doble Check.

La afirmación del informe de los diputados, entonces, es falsa. La matrícula de las universidades públicas sí ha aumentado en los últimos diez años, especialmente en las regiones. La asistencia se encuentra estancada en todo el indicador de educación superior (pública y privada), pero no cayendo.

El estancamiento se explica por brechas estructurales que van más allá de las universidades públicas. A pesar de eso, está aumentando la participación de los jóvenes más desfavorecidos.

Diputados: la inversión en las regiones no ha sido una prioridad

Los diputados afirman que la inversión en las regiones no ha sido una prioridad. Dicen basarse en el Estado de la Educación. Sin embargo, los investigadores señalan que carecen de datos para sustentar o rechazar esa afirmación.

“Eso no se de dónde lo sacaron, pero desde el Estado de la Nación no fue”, dice Marcela Román.

La investigadora explica que hay costos asociados a las sedes que están registrados en una sola cuenta sin segregar entre sedes centrales y regiones. Román también destaca que el valor de los activos en las sedes no está contabilizado dentro del rubro de inversión.

“Si hablamos de  las fincas que tenemos en todo el territorio nacional valen una fortuna, más todos los equipos, las maquinarias para hacer la agricultura y los laboratorios de veterinaria y los de agua… Tenemos una inversión brutal. No sabemos (a cuánto ascienden). Hay que hacer los números: no es tan sencillo”.

Para el próximo año, el informe del Estado de la Educación pretende hacer una primera aproximación a este tipo de datos. De momento afirman no haber publicado o contar con datos que permitan o no sustentar la afirmación de que “la inversión en las regiones no ha sido una prioridad”.

“Hemos dicho en otros informes que se hace inversión en las regiones, pero que hay estrategias que deberán revisarse para poder tener mejores resultados”, agregaron por correo electrónico Isabel Román y Valeria Lentini, también del Estado de la Educación. “En las regiones se concentra la población con beca de las universidades públicas, por lo tanto, las estrategias a revisar tendrían que ver con más elementos que el apoyo económico”.

Engañoso: La oferta académica está obsoleta y divorciada del sector productivo

El informe de los legisladores acerca de las universidades públicas afirma que  “la oferta académica está obsoleta y divorciada del sector productivo, lo que produce sobreoferta en Ciencias Sociales y un alto déficit en carreras Stem (es decir, carreras de Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas)”. Los diputados dicen basarse en el Estado de la Educación para afirmar eso.

Evaluemos primero la afirmación sobre la obsolescencia. El informe de los diputados usa una cita de la investigadora Valeria Lentini para justificar su título. Lentini dijo en la Comisión:

“Hicimos un ejercicio de análisis, tanto las universidades públicas como privadas, y encontramos que, por ejemplo, en el caso de las universidades privadas más del 60% de las carreras en estas universidades no han actualizado sus programas en los últimos diez años. Y esto es muy importante, porque aquí sale, por ejemplo, en educación, el 70% de las carreras que ofrecen estas universidades no se ha actualizado, siendo que son esas carreras las que gradúan más docentes.”

La cita de Lentini es acerca de las universidades privadas, no acerca de las públicas. Los datos de renovación de las carreras en las universidades públicas son mucho más altos, pero el informe de los diputados los omite.

“Durante la última década, todas las universidades (públicas) realizaron modificaciones curriculares o crearon carreras, aunque a ritmos diferentes. Según los registros, en la UCR el 52% de la oferta es nueva o ha sido renovada; el 54% en el TEC, el 61% en la UNA y 70% en la UNED. En la UTN todavía el conjunto de su oferta tiene diez años o menos de creada”, dijeron Isabel Román y Valeria Lentini a Doble Check.

Román afirma que hay que hacer un cálculos más finos. «Los grandes números no valen así. Hay que partirlos», agrega Marcela Román. Por ejemplo, en Salud, las universidades públicas solo han actualizado un quinto de su oferta (20,5%) en los últimos diez años, pero en las áreas de informática, ingeniería y computación ese porcentaje se triplica, debido a la apertura de nuevas carreras y actualización de planes.

Eso sí: el Estado de la Educación señala que el país no está dando la talla en «innovación». Sus investigadoras consultaron a las propias universidades si creían que estaban siendo innovadores y qué barreras enfrentaban para serlo. Tanto las universidades públicas y privadas admitieron que no.

“En las universidades públicas los procesos de tramitar cosas son sumamente lentos y desmotivan a las unidades académicas para hacer cosas.  Desde el sector privado lo que encontramos es que hay un problema en la regulación del Conesup que los bloquea para ser innovadores”, dice Román.

¿Qué hay de la afirmaicón sobre el supuesto divorcio entre las universidades y el sector productivo. Lo cierto es que no hay datos para afirmarlo categóricamente. Marcela Román señala la necesidad de contar con estudios de prospección laboral, que Costa Rica no tiene.

“El Estado costarricense no hace nada sobre eso. (…) Cinde hace algunas cositas, la Uccaep hace algunas cositas… Todo el mundo  hace algo, pero no es una información desde la que el Estado de la Nación pueda asirse para decir cosas concluyentes. Costa Rica no hace del todo (estudios de prospección laboral)”.

Román subraya que las universidades deberían tener capacidad de prospección laboral en el largo plazo. Pero, considerando los tiempos de planificación y creación de una carrera, eso implica pensar más allá de los próximos cinco o diez años.

Los diputados se basan también en una cita del Estado de la Educación sobre todas las universidades –públicas y privadas– para indicar el déficit en carreras STEM. Omiten decir que  la UCR y el TEC tienen mayor oferta académica en áreas STEM que el resto de universidades públicas y privadas del país. Se trata de carreras que requieren de alta inversión en infraestructura e insumos, por lo que son más caras.

“Este país tiene una deficiencia enorme porque no hace prospección laboral y poner porcentajes graciosos de que necesitamos un 20%, un 30% o un 50% de carreras STEM es una tontería. Eso no tiene robustez académica. No se sostiene porque no están los estudios serios. Hay que hacer los estudios de prospección laboral”, había dicho la misma Román en un foro organizado por estudiantes de la Federación de Estudiantes de la UNA.

Lo que no critican los diputados y que sí cuestiona el Estado de la Educación

El informe del FEES omite también mencionar una deuda que sí ha resaltado el Estado de la Educación reiteradamente: las brechas de género.

“Que es la más grande, porque las mujeres somos la mitad. La población regional no es tanta en el promedio país… ¡Pero es que las mujeres somos la mitad! ¿Cómo se les olvidó mirar eso que es tan crítico?” , dice Marcela Román.

El informe ha resaltado muchas problemáticas relacionadas con ese tema. Por ejemplo, existen amplias brechas para que las mujeres puedan acceder a carreras como las ingenierías, Física o Computación.

“De hecho, las mujeres enfrentan con mucho miedo las pruebas de admisión en general. Hay muchas menos mujeres que aplican al TEC. Y no es casualidad”, agrega Marcela Román.

El informe concluye que los esfuerzos para resolver las brechas de género que vienen desde la secundaria son mínimos en las universidades. Los informes han documentado las problemáticas de acoso y la falta de políticas institucionales que rompas las barreras sociales que tienen las mujeres.

Tener a más mujeres estudiando en las universidades y atreviéndose a cursar carreras ocupadas mayoritariamente por hombres será también vital para el futuro del trabajo en Costa Rica. El Estado de la Nación ha insistido durante varios años en que ampliar la proporción de mujeres ocupadas en el país podría disminuir la pobreza y la desigualdad en el país.

Las coincidencias

Los diputados aseguran en sus conclusiones que las universidades públicas deben “crear y desarrollar más programas de diplomados universitarios, como una herramienta para democratizar la educación superior en las regiones”.

“Eso sí se deriva de nosotros. Hay que revalorizar en el sistema público el nivel de diplomado, que lo tenemos abandonado. Y eso ha generado un escándalo”, dice Marcela Román.

En general, el Informe del Estado de la Educación asegura que los diplomados en el país son mucho menos frecuentes que los bachilleratos y las licenciaturas. Esa carencia es problemática, pero podría ser una oportunidad especial para las regiones, donde la idea de impartir ciertas carreras de sedes centrales puede tener muchos obstáculos.

El Estado de la Educación también coincide con los diputados en que las universidades deben buscar mejores formas de ser costo-efectivas. Cómo abordar esa problemática tiene –sin embargo– una respuesta diferente para las investigadoras. Proponen varias soluciones omitidas por los diputados, por ejemplo, la educación virtual.

Es ridículo seguir gastando dinero en infraestructura, teniendo la tecnología. La UNED ha demostrado en extenso que la gente sí es buena. ¿Por qué no aprovechamos el gran conocimiento que tenemos en ese sistema para extender la oferta de otra manera más inteligente en todo el país?”, dice Román.

Representantes universitarios estudiantiles también mencionaron otra propuesta en la Comisión Especial del FEES. Su sugerencia es evitar la duplicidad de gastos administrativos al permitir que las sedes puedan ser administradas por el Consejo Nacional de Rectores (Conare).

“Yo no haría una lectura inocente de la mala calidad de ese informe, y de las relaciones de causalidad que no existen y que apelan a los datos del Estado de la Educación –que se los agradezco, porque parece que es un criterio de autoridad– para justificar sus posiciones. A pesar de eso, pienso que hay un interés legítimo de muchos legisladores de que mejoremos. (…) Nosotros tenemos que tener la capacidad de responder con propuestas: estas sí, estas no, y estos son los argumentos y la evidencia empírica, no ideología”, cerró Román.

 

Nota del editor: Doble Check es un proyecto financiado por la Universidad de Costa Rica. Esta institución, a su vez, está financiada mayoritariamente por el FEES. La información en esta nota se trabajó con independencia de esta relación, pero se considera necesario transparentar un potencial conflicto de interés de cara a nuestra audiencia.
Esta nota fue corregida. Una versión anterior afirmaba que la propuesta estudiantil de que CONARE administrara las sedes regionales también estaba contenida en el Informe Estado de la Educación, lo cual era incorrecto.

 

 

 

 

 

Asociación Bancaria usó dato falso para oponerse a tope del 30% en tasas de interés

Es falso que la propuesta metodológica para regular la usura que se analiza en la Asamblea Legislativa permitiría «cerrar» tarjetas de crédito actuales, como advirtió la Asociación Bancaria Costarricense (ABC).

La entidad realizó la afirmación a través de un campo pagado que se publicó en diarios de circulación nacional.

La Asociación además escribió otro mensaje que es engañoso. La ABC realizó una proyección de exclusión financiera basada en el mismo proyecto. Utilizó los datos de los tarjetahabientes actuales y señaló que todos los que dejarían de ser rentables para los bancos con las nuevas condiciones quedarían fuera de cualquier oferta.

La iniciativa de ley propone un tope de 2,2 veces la tasa de interés activa promedio del sistema financiero para las tasas de interés que se cobran a nivel crediticio. Ello implicaría límites de un 29,1% en colones y de un 15% en dólares, tomando como referencia datos publicados por el Banco Central para la semana del 20 al 26 de noviembre.

Ambos topes entrarían a regular únicamente los nuevos contratos. La aplicación de la nueva ley no podría ser retroactiva.

El propósito del proyecto de ley es establecer un límite a los intereses que cobran entidades financieras y comerciales por las operaciones de crédito. De este modo, se podría castigar el delito de usura. Actualmente no existen parámetros para establecer cuáles tasas del mercado son desproporcionadas.

Resumen: Es falso que la propuesta metodológica para regular la usura que se analiza en la Asamblea Legislativa permitiría «cerrar» tarjetas de crédito actuales, como advirtió la Asociación Bancaria Costarricense (ABC).

La entidad realizó la afirmación a través de un campo pagado que se publicó en diarios de circulación nacional.

La Asociación además escribió otro mensaje que es engañoso. La ABC realizó una proyección de exclusión financiera basada en el mismo proyecto. Utilizó los datos de los tarjetahabientes actuales y señaló que todos los que dejarían de ser rentables para los bancos con las nuevas condiciones quedarían fuera de cualquier oferta.

La iniciativa de ley propone un tope de 2,2 veces la tasa de interés activa promedio del sistema financiero para las tasas de interés que se cobran a nivel crediticio. Ello implicaría límites de un 29,1% en colones y de un 15% en dólares, tomando como referencia datos publicados por el Banco Central para la semana del 20 al 26 de noviembre.

Ambos topes entrarían a regular únicamente los nuevos contratos. La aplicación de la nueva ley no podría ser retroactiva.

El propósito del proyecto de ley es establecer un límite a los intereses que cobran entidades financieras y comerciales por las operaciones de crédito. De este modo, se podría castigar el delito de usura. Actualmente no existen parámetros para establecer cuáles tasas del mercado son desproporcionadas.

El espacio pagado

La Asociación Bancaria Costarricense (ABC) pautó en varios medios de comunicación nacional un campo pagado. La publicación afirma que poner un tope del 30% a las tasas de interés nacionales permitiría «cerrar» tarjetas de crédito. «Si su límite de crédito es menor a $750, le podrían cerrar su tarjeta de crédito», advierte ABC.

Campo pagado en el periódico La Nación del 27 de noviembre de 2019.

Además, el anuncio señaló que con el tope del 30% «más de 727.000 personas se quedarían sin acceso a crédito con las instituciones financieras, lo que equivaldría a más de 20 estadios nacionales llenos».

Una afirmación falsa y otra engañosa

La primera de las afirmaciones realizadas por la ABC es falsa. El proyecto de ley para regular las tasas de usura no plantea la posibilidad de «cerrar» tarjetas de crédito vigentes. Así lo indicaron los propios proponentes del texto, los diputados Welmer Ramos, del Partido Acción Ciudadana (PAC), y David Gourzong, del Partido Liberación Nacional (PLN).

«La ley no es retroactiva. Esto quiere decir que quienes tienen hoy un contrato por cualquier tipo de crédito deberán mantener las condiciones», explicó el liberacionista.

El propio asesor legal de la ABC, Mario Gómez, había afirmado que «la ley no es retroactiva», en medio de una entrevista que sostuvo el 21 de noviembre en el programa Enfoques, de crhoy.com.

Sobre la afirmación de su espacio pagado, la Asociación reconoció a través de un correo electrónico que no existe un efecto retroactivo. No obstante, matizó diciendo que intentó hacer referencia a «los nuevos financiamientos».

ABC también advierte sobre 727.000 personas que supuestamente quedarían excluidas del crédito con instituciones financieras. Cortés indicó que la ABC calculó el efecto que tendría aplicar las nuevas tasas a personas que ya tienen tarjetas de crédito. La supuesta exclusión se refiere a los casos en los que «los costos por colón prestado superaban los ingresos por colón prestado», con las condiciones actuales de las tarjetas.

La afirmación no se puede etiquetar como veraz ni como falsa, pues conjetura sobre comportamientos que están en el futuro. Sí se puede afirmar que el cálculo es engañoso. Oculta las posibilidades de que las mismas personas puedan buscar otras ofertas en mejores condiciones, de que los propios usuarios renuncien a tener una tarjeta de crédito si sus condiciones no se lo permiten o de que los bancos reduzcan sus márgenes de ganancia.

Respuesta desde los proponentes

Los propulsores del texto opinan que realmente no habría exclusión financiera. En la opinión de los diputados, facilitar tarjetas de crédito con tasas de usura a personas pobres más bien es una forma de explotación. Esta es una forma de «aumentar la riqueza (de los prestamistas) con injusticia», dijo el diputado Gourzong.

Asimismo, el diputado Ramos conjetura que un porcentaje de las personas excluidas por unos bancos (especialmente por el sector privado) podría ser acogido por los sectores público y cooperativo, que ya ofrecen mejores condiciones. Esta afirmación tampoco puede ser verificada, pues también se trata de un comportamiento en el futuro.

Datos del Ministerio de Economía señalan que, solo en tarjetas de crédito en colones, el 69,9% de las ofertas cobran tasas que oscilan entre el 40,0% y el 49,9%La gran mayoría de ellas están a cargo de la banca privada y de casas comerciales.Entidades de la banca pública y de cooperativas cobran tasas menores.

«Si los bancos del Estado, las cooperativas y las asociaciones solidaristas están dando tarjetas y crédito a tasas que no llegan al límite de usura, las personas que sean desplazadas pueden ser asumidos por esos otros entes», afirma el legislador.

En cuanto a las tarjetas en dólares, la situación es diferente. La totalidad de los plásticos que están en las calles paga actualmente tasas de entre el 18% y el 38%. El límite propuesto por el proyecto de ley es de 15%, tres puntos porcentuales por debajo de la tasa más baja en el mercado.

El proyecto divide

La iniciativa para imponer un tope a las tasas de interés ofrecidas en el mercado formal sigue en la Comisión de Asuntos Hacendarios de la Asamblea Legislativa. Los diputados apuntan a dictaminar el proyecto, pero primero decidieron pactar una audiencia con el presidente del Banco Central, Rodrigo Cubero.

El Banco Central aboga por imponer una tasa de interés más alta en dólares y en colones. En el segundo caso, habla de un porcentaje cercano al 50%. Su tesis es que sería imposible dar crédito a algunos sectores con las condiciones actuales.

Aparte de las tarjetas de crédito, el proyecto regularía también operaciones crediticias comerciales, como las que ofrecen tiendas por departamento. Datos del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) señalan que una décima parte de los hogares costarricenses reportan utilizar al menos una tarjeta de crédito.

La redacción actual del proyecto, con sus topes del 30% y del 15%, despierta el rechazo de todos estos sectores prestamistas. Ellos argumentan que es necesario aplicar tasas más altas para atender a la población con mayor riesgo de pago, aunque sea a tasas superiores al 30%.

Si el texto es aprobado en comisión (con la redacción actual o una nueva), luego tendría que pasar al Plenario legislativo. Allí, los 57 diputados podrían presentar sus últimas propuestas para modificarlo, de cara a su votación (positiva o negativa) en primer debate.

Dieta de diputados no pagará IVA (si lo hiciera, la pagaría usted)

En resumen: Es engañoso afirmar que Hacienda no cobrará IVA a las dietas de los diputados como una medida para “protegerlos” del pago de impuestos.

Un artículo de El Guardián CR asegura que Hacienda decidió no cobrarle IVA a dietas de los Diputados. La nota agrega que esa medida abre una ventana para que liberales independientes eviten pagar IVA.

Es cierto que las dietas de los diputados no pagan IVA. Sin embargo, el texto parte de una premisa engañosa. Si las dietas de los diputados pagaran IVA, el Estado debería aumentar su presupuesto del rubro de dietas en un 13% para poder costear el pago de ese tributo. Esto sucede porque el IVA lo paga quien contrata el servicio y no quien lo ofrece.

Además, los diputados no prestan un servicio profesional, que es una condición básica para el cobro del impuesto al valor agregado. Esa es la razón por la que las dietas (tanto en el sector público como privado) no están gravadas con ese impuesto.

Eso sí: los diputados sí continúan pagando el impuesto de renta, como lo deja claro El Guardián CR en su artículo.

En resumen: Es engañoso afirmar que Hacienda no cobrará IVA a las dietas de los diputados como una medida para “protegerlos” del pago de impuestos.

Un artículo de El Guardián CR asegura que Hacienda decidió no cobrarle IVA a dietas de los Diputados. La nota agrega que esa medida abre una ventana para que liberales independientes eviten pagar IVA.

Es cierto que las dietas de los diputados no pagan IVA. Sin embargo, el texto parte de una premisa engañosa. Si las dietas de los diputados pagaran IVA, el Estado debería aumentar su presupuesto del rubro de dietas en un 13% para poder costear el pago de ese tributo. Esto sucede porque el IVA lo paga quien contrata el servicio y no quien lo ofrece.

Además, los diputados no prestan un servicio profesional, que es una condición básica para el cobro del impuesto al valor agregado. Esa es la razón por la que las dietas (tanto en el sector público como privado) no están gravadas con ese impuesto.

Eso sí: los diputados sí continúan pagando el impuesto de renta, como lo deja claro El Guardián CR en su artículo.

Las dietas no pagan IVA

La Dirección General de Tributación (DGT) acordó el 20 de agosto pasado que las dietas no están sujetas al impuesto sobre el valor agregado. Las dietas son “entendidas como los servicios de dirección que brindan las personas físicas que son miembros de juntas directivas u órganos de dirección de las personas físicas o jurídicas”.

El pronunciamiento de la DGT surge como respuesta de Hacienda a las consultas de la firma Deloitte.

Según Hacienda, el Impuesto al Valor Agregado grava al comprador final de un servicio o de un bien. El impuesto identifica como recaudadores a los que realizan actividades que implican ordenar factores de producción, materiales humanos, distribuirlos, comercializarlos o venderlos. Para la cartera, las dietas de un miembro de una junta directiva no son un “precio” por la prestación de un producto o servicio.

Según Nogui Acosta, viceministro de Hacienda, existen importantes diferencias entre una persona que cobra dieta y una que realiza un servicio profesional.

“Es muy diferente un profesional que hace sus estudios, su trabajo, a una persona que forma parte de una Junta Directiva. Yo gano una dieta por ir a una sesión de junta. Si no voy no gano dieta. Desde el punto de vista de la prestación de un servicio, en realidad no tengo un contrato, ni un informe que entregar. El nombramiento de junta es una decisión colegiada de la empresa, cosa diferente si me contratan por un servicio profesional para que le presente un informe a la empresa, con una serie de deberes y un plazo”, dijo Acosta.

La posición de Tributación rectifica una interpretación previa dirigida a Radiográfica Costarricense. Aquella disposición indicaba que las dietas no eran salarios y que cualquier pago que no fuera un salario debía pagar IVA.

“La consulta de Radiográfica iba a enfocada para que definieramos si las dietas son remuneración o no. No lo son. Por default, todo lo que no es relación administrativa o laboral —como un salario— tiene que pagar IVA. El análisis fue un poco ligero de tributación, no tomamos en cuenta que el inciso del artículo que exime el pago de remuneraciones señala dos tipos de remuneraciones”, explicó Acosta a Doble Check.

¿Qué pasaría si las dietas de los diputados pagaran IVA?

Fuera de la discusión sobre si los diputados ofrecen o no un servicio profesional, ¿qué pasaría si las dietas de los diputados pagaran IVA, como sugiere El Guardián?

Inicialmente, los diputados habrían tenido que inscribirse ante Tributación como profesionales que realizan una actividad. También tendrían que emitir facturas por sus servicios. El Estado también habría tenido que incrementar su presupuesto destinado a dietas en un 13% para pagarles ese porcentaje de IVA que habrían tenido que retener y trasladar al propio Estado.

“La gente no entiende a veces que el IVA es un impuesto que lo paga el consumidor final”, explicó Acosta a Doble Check.

El Guardián aporta una información similar casi al final de un editorial titulado ¿Y por qué los Diputados no pagan IVA?

“No obstante parece lógico que ellos no paguen, pues con el nuevo sistema uno se convierte en un simple recaudador, por lo cual los Diputados podrían incrementar el gasto al sumar en su factura el Impuesto al Valor Agregado. Y eso lo pagaríamos todos, no ellos, salvo que ellos mismos concientan (sic) deducir de su jugoso salario el IVA”.

Aún así, asegura El Guardián, la medida permitiría la trazabilidad el IVA en las dietas de los diputados. Para Hacienda, la trazabilidad se genera porque se pueden identificar todos los pasos de la cadena de valor, pero en este caso no existe una cadena de valor.

El Guardián CR

El artículo informativo de El Guardián CR también agrega que eximir las dietas del pago del IVA abre otros portillos legales.

“De esta forma se abre una ventana para que liberales independientes eviten pagar el IVA a pesar de prestar básicamente servicios profesionales sin relación laboral, como lo son las Dietas, o para ello deberán integrar una Junta Directiva, de lo contrario pagarán renta e IVA”.

El viceministro Acosta rechazó esa interpretación y resaltó que esa conducta constituiría un fraude. El jerarca afirmó que Hacienda supervisa todas las actividades de los diferentes profesionales sujetos al impuesto.

Doble Check contactó al director del medio, Richard Molina, quien accedió a conversar y ofreció su explicación pero no autorizó su publicación. Después de esta charla, el periodista cambió la redacción del último párrafo de su nota que ahora se pregunta, con ironía:

“De esta forma, nos preguntamos, se abre una ventana para que liberales independientes eviten pagar el IVA a pesar de prestar básicamente servicios profesionales sin relación laboral, como lo son las Dietas, o para ello deberán integrar una Junta Directiva, de lo contrario pagarán renta e IVA. (Ironía). (sic)”

Proyecto de educación dual no precisa cifras de horas o becas dichas por diputado

El actual proyecto de ley sobre educación dual carece de indicativos que limiten la proporción de horas que un estudiante se alternará  entre el centro educativo y la empresa o centro de empleabilidad donde practicaría. El texto tampoco establece que los estudiantes que participen en esa modalidad recibirán exactamente una beca de ₡120.000.

El diputado del Partido Liberación Nacional (PLN), Wagner Jiménez, hizo estimaciones que no están en el texto de la ley. Primero, el legislador afirmó en CRHoy que los estudiantes de esa modalidad “practicarán de seis a diez horas por semana” en las empresas. Más recientemente, en Diario Extra, Jiménez aseguró que “su estancia [de los estudiantes] en las empresas no superará las 12 horas semanales”.

Además, el diputado confirmó en CRHoy que cada estudiante recibirá una beca de ₡120.000 en la modalidad de educación dual. El Instituto Nacional de Aprendizaje (INA) sería la institución que manejaría esos dineros.

Doble Check contactó al director de Educación Técnica del Ministerio de Educación Pública (MEP) y al presidente ejecutivo del INA. Ambos jerarcas consideraron que las estimaciones del diputado son razonables. No obstante, sus respuestas dejan en evidencia que el diputado omite variables que podrían distanciar sus expectativas de la realidad.

Atenidos a la letra del proyecto, este solo indica que la proporción de horas dependerá de cada programa de educación técnica. En el tema de dineros para estudiantes, la iniciativa indica que los detalles serían definidos en un reglamento que todavía no existe.

Jiménez reconoció a Doble Check que su estimación de horas nació de un cálculo propio. El político se basó «exclusivamente» en una interpretación de los programas de especialidades técnicas del MEP. En cuanto a los dineros de becas, dijo basarse en los aportes de las grandes empresas que participen del programa.

Jiménez no dijo en sus intervenciones en medios que sus números se basaban en cálculos personales.  El diputado indujo a error al omitir que esas son proyecciones propias, pues sus declaraciones hacen creer que el proyecto establece directamente dichas condiciones.

En resumen: El actual proyecto de ley sobre educación dual carece de indicativos que limiten la proporción de horas que un estudiante se alternará  entre el centro educativo y la empresa o centro de empleabilidad donde practicaría. El texto tampoco establece que los estudiantes que participen en esa modalidad recibirán exactamente una beca de ₡120.000.

El diputado del Partido Liberación Nacional (PLN), Wagner Jiménez, hizo estimaciones que no están en el texto de la ley. Primero, el legislador afirmó en CRHoy que los estudiantes de esa modalidad “practicarán de seis a diez horas por semana” en las empresas. Más recientemente, en Diario Extra, Jiménez aseguró que “su estancia [de los estudiantes] en las empresas no superará las 12 horas semanales”.

Además, el diputado confirmó en CRHoy que cada estudiante recibirá una beca de ₡120.000 en la modalidad de educación dual. El Instituto Nacional de Aprendizaje (INA) sería la institución que manejaría esos dineros.

Doble Check contactó al director de Educación Técnica del Ministerio de Educación Pública (MEP) y al presidente ejecutivo del INA. Ambos jerarcas consideraron que las estimaciones del diputado son razonables. No obstante, sus respuestas dejan en evidencia que el diputado omite variables que podrían distanciar sus expectativas de la realidad.

Atenidos a la letra del proyecto, este solo indica que la proporción de horas dependerá de cada programa de educación técnica. En el tema de dineros para estudiantes, la iniciativa indica que los detalles serían definidos en un reglamento que todavía no existe.

Jiménez reconoció a Doble Check que su estimación de horas nació de un cálculo propio. El político se basó «exclusivamente» en una interpretación de los programas de especialidades técnicas del MEP. En cuanto a los dineros de becas, dijo basarse en los aportes de las grandes empresas que participen del programa.

Jiménez no dijo en sus intervenciones en medios que sus números se basaban en cálculos personales.  El diputado indujo a error al omitir que esas son proyecciones propias, pues sus declaraciones hacen creer que el proyecto establece directamente dichas condiciones.

¿Qué pretende el proyecto de educación dual?

El diputado Wagner Jiménez es uno de los principales impulsores del proyecto de ley 20.786. La iniciativa se titula “Ley de educación y formación técnica dual (anteriormente denominado): ley de educación dual”.

Ese proyecto propone un marco opcional para estudiantes de distintas instituciones con programas de Educación y Formación Técnica Profesional (EFTP). La formación se daría en dos ámbitos: en el centro educativo y en una empresa o centro de formación para la empleabilidad.

La iniciativa define un principio de alternancia en su artículo 4. La norma propuesta establece que la formación dual debe darse “de manera alterna y simultánea, para que la persona estudiante adquiera los conocimientos teóricos y los ponga en práctica al mismo tiempo”.

Aunque el proyecto ha sido impulsado principalmente por Jiménez, del PLN, también es apoyado por el gobierno y el sector empresarial.

El Frente Amplio ha criticado en la Asamblea lo que considera es una erosión a los derechos laborales. Además, grupos sindicales y de estudiantes han sostenido una  oposición férrea a la iniciativa.

Proyección de horas del diputado se limita al MEP

El proyecto que se discute ahora solamente advierte que “la cantidad de horas que la persona estudiante permanezca en la empresa dependerá del diseño curricular del programa de EFTP correspondiente”. El proyecto no especifica alguna proporción de horas para tal modalidad.

Aún así, el 15 de julio en CRHoy, Jiménez afirmó que las personas estudiantes en modalidad dual “practicarán de seis a diez horas por semana”. Más recientemente, en Diario Extra, aseguró que “su estancia [de los estudiantes] en las empresas no superará las 12 horas semanales”.

El diputado explicó a Doble Check que esos son cálculos propios que están basados «exclusivamente» en los programas de especialidades técnicas del Ministerio de Educación Pública (MEP). Estos programas solo se imparten en los colegios técnicos. Jiménez aseguró que sus estimaciones son “correctas”. Agregó que el proyecto de ley carece de límites al principio de alternancia porque son “complejidades” que deben definirse en un reglamento posterior al texto de la ley.

Sin embargo, el legislador del PLN no ha mencionado esa aclaración en sus apariciones en medios de comunicación. Esta omisión pudo inducir al error de que dichos cálculos están presentes en el texto del proyecto.

Doble Check conversó con el director de Educación Técnica y Capacidades Emprendedoras del MEP, Pablo Masís. El funcionario afirmó que los cálculos del diputado “tienen sentido” para los programas de esa institución. Sin embargo, Masís advirtió que la proporción de horas entre las aulas y las empresas es variado, tal como ha mostrado el plan piloto de formación dual de esa entidad, que empezó en el 2017.

“De una empresa a otra o en los diferentes tipos de especialidades técnicas, esas condiciones pueden variar”, dijo Masís. El jerarca del MEP también indicó que la alternancia en el MEP también varía en cada nivel de formación del programa.

El plan piloto del MEP incluyó a 106 estudiantes de cuatro colegios técnicos. Masís explicó que la previsión era que los estudiantes practicaran 1.000 horas en las empresas, del total de 2.840 horas que abarca la especialidad técnica durante tres años. Aún así, los datos de esa institución muestran que la asistencia a las empresas de práctica varió entre 406 y 792 horas en el piloto debido a distintos factores; entre ellos, la huelga de tres meses del sector docente el año pasado, adujo Masís.

El jerarca añadió que, de aprobarse una ley de educación dual, esa institución prevé solicitar al Consejo Superior de Educación la aprobación de programas de educación dual que permitan que el estudiante pueda dedicar hasta 70% de la formación técnica a la práctica en las empresas. «Esos son los  modelos más desarrollados que hemos visto», afirmó Masís.

Esta posibilidad superaría las proyecciones del diputado Jiménez, pues los planes de especialidades técnicas del MEP abarcan 24 horas semanales.

Doble Check también contactó con el presidente ejecutivo del Instituto Nacional de Aprendizaje (INA), Andrés Valenciano. El jerarca afirmó que esa institución ofrece cursos técnicos de modalidad dual de 400 horas y hasta 2.000 horas de duración, donde los estudiantes practican entre 30% y 80% de ese tiempo en las empresas.

Monto de becas falta por definirse

En CRHoy, Wagner Jiménez afirmó que cada estudiante recibirá un beneficio económico de ₡120.000 al formar parte de un programa de educación dual.

El proyecto de ley que se discute actualmente propone la creación de un Fondo Especial de becas para la EFTP dual. Ese dinero estaría a cargo del INA. El proyecto establece que la beca cubriría “aspectos tales como el transporte, alimentación, vestimenta, el equipo mínimo de protección especial, el costo del programa”.

Sin embargo, el texto del proyecto no afirma directamente que cada estudiante recibirá el monto que presentó el diputado.

La iniciativa de ley solo indica que “las empresas que participen en la EFTP dual, deberán hacer un aporte mensual al Fondo Especial de Becas del INA por cada estudiante que reciban de 120.000 (ciento veinte mil colones) mensuales”. La empresas medianas y pequeñas quedan exentas de ese pago, según el artículo 26 del proyecto.

El fondo de becas se sostendría con un aporte de al menos 1% del presupuesto ordinario anual del INA (artículo 25 del proyecto).

El diputado Jiménez explicó a Doble Check que “la interpretación sobre el monto se deriva del aporte que las Grandes Empresas realizarán por cada estudiante al fondo de Becas”.

“Si las grandes empresas becarán a cada estudiante con ₡120.000, es deducible que ese es el mismo monto que podamos becar a los estudiantes desde el fondo de becas del INA”, comentó Jiménez.

El presidente ejecutivo del INA, Andrés Valenciano, afirmó a Doble Check que, actualmente el INA facilita educación dual a 147 estudiantes y que la institución les brinda un estipendio de ₡110.000. “Basado en la experiencia, ese es aproximadamente el monto que los estudiantes recibirían por medio del fondo”, dijo el jerarca del INA.

Sin embargo, Valenciano advirtió que habrá una serie de factores con los cuales “se debe analizar los montos disponibles para otorgar ayudas económicas a los estudiantes”. Por ejemplo, en el cálculo entran a jugar la cantidad de estudiantes en el sistema, la demanda y la capacidad instalada de las empresas, la disponibilidad de recurso humano que pueda certificarse como monitores de los estudiantes en las empresas y los cupos de matrícula en las instituciones educativas.

El legislador Jiménez justificó que, según ese argumento del jerarca del INA, las becas de educación dual podrían «incluso ser más de los ₡120.000».

El proyecto de educación dual indica que la metodología para determinar el monto de las becas para las personas estudiantes se establecerá en un reglamento para la ley. Ese reglamento todavía no existe.

«Estamos discutiendo una Ley Marco para regular la Educación Dual. Las especificidades (horarios, tiempos, recursos, entre otros) serán una condición esencial del Reglamento de la presente ley», añadió el diputado liberacionista.

Programa Matices repitió cifras del diputado

El presentador del programa radial Matices, Randall Rivera, repitió las cifras del diputado verdiblanco sobre becas y horas de práctica para el proyecto de ley de educación dual.

En su programa del pasado 15 de julio, Rivera entrevistó a dos representantes del grupo autodenominado Movimiento Estudiantil de Secundaria (MEDSE), el cual ha protestado en contra del proyecto de educación dual y de políticas educativas del MEP. Rivera cuestionó las declaraciones de esos invitados y afirmó que, según el proyecto, los participantes del sistema dual «por esas entre siente y diez horas [de práctica en una empresa] les dan ₡120.000».

Dicha entrevista fue difundida por el diario La Nación con una transcripción completa del intercambio entre Rivera y los enviados del grupo estudiantil.

Ante una consulta de Doble Check de este martes, el periodista de Matices reconoció que la fuente de esa afirmación fue el diputado Wagner Jiménez, quien le envió información del proyecto durante la entrevista a MEDSE del 15 de julio. «Yo le pregunté [a Jiménez] si era cierto que se recibía ₡120.000 [de beca] y me dijo que sí», aseguró Rivera.

El presentador de Matices no recalcó durante la entrevista que aquellas cifras provenían del diputado liberacionista, por lo que también se indujo al error de creer que el texto de la iniciativa hace esas indicaciones directamente.

 

Nota del editor: Esta nota se actualizó a las 21:05 del 30 de julio para agregar la referencia al programa Matices, de Radio Monumental. Una versión original de esta información había incluído únicamente las declaraciones de Warner Jiménez a CRHoy y a Diario Extra. Se actualizó la versión publicada al mediodía tras una alerta de un lector de la nota original.

Hueco fiscal: Director de Crédito sí había pedido presupuesto extraordinario, contrario a lo dicho por Paola Vega

La diputada oficialista, Paola Vega, insinuó falsamente que la Dirección de Crédito Público no le había advertido a ninguna persona con autoridad jerárquica sobre la necesidad de que el gobierno presentara un presupuesto extraordinario en el 2018.

En realidad, el director de esa unidad, Melvin Quirós, había solicitado un presupuesto de este tipo desde el 10 de mayo de ese año. Él dirigió su comunicación a la directora de Presupuesto Nacional y a la Tesorera Nacional, y está copiado el viceministro de Egresos.

Vega sí tiene razón cuando dice que no hay evidencia de que Quirós hubiera advertido sobre la inminencia de pagos ilegales de deuda para junio y julio del 2018. Así se desprende de los informes de minoría y mayoría del Congreso sobre el faltante presupuestario dejado por la administración Solís Rivera.

Vega no rebatió el error señalado por Doble Check. Eso sí, opinó que ella hubiera esperado más proactividad por parte de Quirós en su solicitud del presupuesto extraordinario.

Por otra parte, Vega cometió otro error en su intervención. La diputada dijo que la Contraloría y el Banco Central habían certificado que el presupuesto que se presentó en el 2017 era “adecuado para cubrir todo”. En realidad, la intervención de ambas instituciones en el proyecto de ley del presupuesto no tiene que ver con los manejos de la deuda del país, que era el tema en discusión. La Contraloría solo certifica los ingresos; el Banco solo se refiere a la capacidad de endeudamiento del Estado.

Sobre este tema, Vega aclaró que su intención era decir que las instituciones no habían hecho ningún señalamiento al presupuesto, tomado en cuenta que el plan se ajustaba a los pronósticos económicos de ese momento.

La diputada oficialista, Paola Vega, insinuó falsamente que la Dirección de Crédito Público no le había advertido a ninguna persona con autoridad jerárquica sobre la necesidad de que el gobierno presentara un presupuesto extraordinario en el 2018.

En realidad, el director de esa unidad, Melvin Quirós, había solicitado un presupuesto de este tipo desde el 10 de mayo de ese año. Él dirigió su comunicación a la directora de Presupuesto Nacional y a la Tesorera Nacional, y está copiado el viceministro de Egresos.

Vega sí tiene razón cuando dice que no hay evidencia de que Quirós hubiera advertido sobre la inminencia de pagos ilegales de deuda para junio y julio del 2018. Así se desprende de los informes de minoría y mayoría del Congreso sobre el faltante presupuestario dejado por la administración Solís Rivera.

Vega no rebatió el error señalado por Doble Check. Eso sí, opinó que ella hubiera esperado más proactividad por parte de Quirós en su solicitud del presupuesto extraordinario.

Por otra parte, Vega cometió otro error en su intervención. La diputada dijo que la Contraloría y el Banco Central habían certificado que el presupuesto que se presentó en el 2017 era “adecuado para cubrir todo”. En realidad, la intervención de ambas instituciones en el proyecto de ley del presupuesto no tiene que ver con los manejos de la deuda del país, que era el tema en discusión. La Contraloría solo certifica los ingresos; el Banco solo se refiere a la capacidad de endeudamiento del Estado.

Sobre este tema, Vega aclaró que su intención era decir que las instituciones no habían hecho ningún señalamiento al presupuesto, tomado en cuenta que el plan se ajustaba a los pronósticos económicos de ese momento.

¿Qué dijo la diputada?

Paola Vega dio sus declaraciones durante una discusión en el plenario legislativo para acoger o rechazar las recomendaciones de un informe de mayoría emitido por la Comisión de Ingreso y Gasto Público con respecto al faltante presupuestario dejado por la administración Solís Rivera.

Uno de los principales puntos del debate ha sido la velocidad con que actuó la administración Alvarado Quesada ante la urgencia de financiamiento. Sus críticos han dicho que fueron lentos. Ha habido gran controversia con respecto a la comunicación entre los funcionarios técnicos y los políticos en el Ministerio de Hacienda. ¿Comunicó oportunamente la Dirección General de Presupuesto la urgencia a sus superiores?

Vega presentó un informe de minoría en donde sostiene que no. Durante su declaración ante sus compañeros dijo:

Es la Dirección de Crédito Público quien debe advertir a sus superiores, y esto va en escalada jerárquica, que hay un problema, que no hay dinero para pagar un contenido y que debe hacerse un presupuesto extraordinario.

Ni antes, ni cuando ya se estaban haciendo pagos de deuda con contenido presupuestario se advirtió a ninguna persona, y en esto quiero ser clara. Yo he aportado en mi informe, porque no me bastó solamente las audiencias que tuvimos, sino que pedí un intercambio de correspondencia con el Ministerio de Hacienda para que me certificara correos electrónicos y múltiples comunicaciones que constan en mi informe de minoría, y no hay un solo correo, una sola minuta de reunión, una sola nota verbal, ninguna comunicación donde la Dirección de Crédito Público advierta a ninguna persona con autoridad jerárquica sobre este tema”.

¿Qué quiso decir la diputada?

La frase de Vega es ambigua. Por ello se le pidió clarificar a qué se refería. ¿De qué está hablando cuando se refirió a “este tema”?

La diputada dijo que se refería a dos asuntos.

  • Punto uno. El director de Crédito Público, Melvin Quirós, debió haber solicitado la presentación de un presupuesto extraordinario a sus superiores.
  • Punto dos. El funcionario debió haber advertido que se acercaba el plazo para hacer pagos que no hubieran sido programados. El hacer pagos que no fueron presupuestados es ilegal, pues las erogaciones del Estado deben haber pasado por la Asamblea Legislativa para su aprobación.

El punto uno es falso: el presupuesto sí fue pedido

El director de Crédito Público, Melvin Quirós, sí había solicitado la elaboración de un presupuesto el 10 de mayo del 2018, poco antes de asumir funciones en su cargo. El funcionario envió un correo electrónico a la directora del Presupuesto Nacional, Marjorie Morera, a la Tesorera Nacional, Martha Cubillo, y copió al viceministro de Egresos, Rodolfo Cordero.

Quirós advierte de un faltante presupuestario que, para ese momento, se calculaba en ₡800.000 millones. Ello, según sus palabras, hacía “ineludible la solicitud de recursos extraordinarios”. Para entonces, acababan de ocupar su cargo los nuevos jerarcas del Ministerio de Hacienda. Quirós escribe:

“A pesar de que la DCP informó de esta situación a nuestros superiores, no se tuvo respuesta a la solicitud de un presupuesto extraordinario para estos fines, por lo que resulta de vital importancia poner a las nuevas autoridades al tanto de esta situación y tomar decisiones al respecto”, escribe el funcionario.

El mensaje está adjuntado al informe de minoría que presentó la misma diputada Vega. Esta comunicación deja sin fundamento su primer crítica. El presupuesto sí se solicitó.

Correo electrónico en donde Melvin Quirós advierte sobre la necesidad de un presupuesto extraordinario.

A pesar de esa solicitud, no fue hasta el periodo entre el 29 de junio y el 2 de julio que ocurre una comunicación entre Quirós y la ministra de Hacienda Rocío Aguilar. Entonces, la jerarca ordenó la confección del presupuesto, según comunicaciones que también están en el informe de Vega.

Doble Check le informó a la diputada sobre su error. La diputada no objetó los señalamientos. “Yo lo que sí hubiera esperado es un poco más de vehemencia en la petición de don Melvin”, afirmó.

La diputada además afirmó que Quirós hubiera podido avanzar en la realización de un presupuesto por iniciativa propia, sin necesidad de una aprobación superior. Doble Check no verificó esta afirmación debido a que se aleja del reclamo de la legisladora en el plenario.

El segundo punto es veraz

Según aclaración de Vega, su acusación en la Asamblea también tuvo que ver con la falta de advertencias en cuanto a la inminencia de pagos ilegales por parte de Hacienda.

Estos pagos se hacen con un sistema automático. Según la información recabada en ambos informes, no hubo advertencias de que esos pagos sin autorización se estuvieran haciendo.

En los informes queda abierta la controversia sobre la responsabilidad de ese control: si era asunto de la Tesorería Nacional o de la Dirección de Crédito Público.

La alerta con respecto a ellos no se dio hasta el 6 de agosto del 2018, cuando el viceministro de Egresos, Rodolfo Cordero, le preguntó a Melvin Quirós si se estaba pagando deuda sin contenido presupuestario. Quirós le contestó que sí: se habían pagado ₡28.000 millones para junio y ₡152.000 millones para julio. Esta comunicación está en el informe de minoría de Vega.

Es decir, según la evidencia disponible, tiene razón la diputada en que no hubo ninguna advertencia previa sobre estos pagos ilegales antes de la consulta del viceministro.

El viceministro de ingresos Rodolfo Cordero le confirma a Vega que no recibió advertencia del pago de deuda sin contenido presupuestario.

Un error adicional

La diputada cometió un segundo error en su intervención en el plenario cuando defendió la idoneidad del presupuesto del 2017, al decir que este venía respaldado por el Banco Central y la Contraloría. La diputada dijo:

“Cuando se planificó el presupuesto que con las condiciones económicas del momento decía que iba a ser suficiente para cubrir la deuda, la Contraloría no advirtió de ningún riesgo presupuestario. Y esa es la tarea de la Contraloría.

”La Contraloría y el Banco Central hicieron check en los datos y dijeron: las condiciones económicas de este momento justifican el presupuesto que se está presentando a corriente legislativa y es el adecuado para cubrir todo. ¿Por qué?, porque no se sabía cómo iban a cambiar abruptamente las condiciones económicas”.

Aquí hay una falla. Ni el Banco Central ni la Contraloría evalúan pagos de deuda durante la elaboración de los proyectos de ley de presupuesto. Con respecto a las advertencias, Contraloría sostiene que sí hizo varias generales y específicas.

Por ejemplo, la Contraloría advirtió en su Informe Técnico al Presupuesto que el proyecto no tenía los cálculos suficientes para estimar los montos que se destinarían al pago de deuda.

La Contraloría advirtió:

(El presupuesto) carece de las cuantificaciones necesarias de variables como el stock de deuda interna y externa, la composición del portafolio, los vencimientos programados para el 2018, el detalle de los supuestos macroeconómicos esperados de tasas de interés, tipo de cambio, inflación, unidades de desarrollo, curva soberana, necesidades de financiamiento según flujo de caja y las deudas de instituciones públicas asumidas por el Estado; información que, según la exposición de motivos, constituye la base en el proceso de estimación y, por consiguiente, es fundamental para poder comprender la temática del endeudamiento y las obligaciones que pesan sobre las finanzas públicas que implican erogaciones para el año 2018.

Además, la Contraloría sostiene que también hizo un señalamiento posterior, en un informe sobre la ejecución de los presupuestos al primer trimestre. Entonces dijo: «Las partidas presupuestarias destinadas a la amortización de títulos de la deuda interna no alcanzarían para cubrir las erogaciones por ese concepto que el Gobierno debe realizar en el año 2018; incluso al momento de emitir el presente informe, el Gobierno ya ha hecho pagos en exceso de las sumas autorizadas en el presupuesto, lo cual es un reflejo de la sumamente estrecha situación financiera que atraviesa, y que ha llegado a manifestarse en escasez de liquidez reconocida por las autoridades del Poder Ejecutivo».

Ahora bien, con respecto al supuesto aval de la Contraloría al proyecto de ley del presupuesto, la Contraloría confirmó que su responsabilidad se limita a certificar la efectividad fiscal de los ingresos, mientras que al BCCR le corresponde certificar la capacidad de endeudamiento. El control de los pagos de deuda es responsabilidad del Poder Ejecutivo.

“La certificación a cargo de la CGR corresponde a un elemento por el lado de los ingresos del presupuesto; las estimaciones de los pagos de amortización de la deuda, por su parte, corresponden a un elemento por el lado de los egresos del presupuesto, que es responsabilidad del Poder Ejecutivo, en concordancia con disposiciones de la misma naturaleza”, aclaró la institución.

El faltante presupuestario

La Asamblea Legislativa ha discutido ampliamente sobre un faltante presupuestario que dejó la administración Solís Rivera. Esta tuvo consecuencias urgentes a mediados del 2018, cuando la administración Alvarado Quesada ya estaba en el poder, y tuvo que presentar dos presupuestos extraordinarios. Además, se conoció que el gobierno hizo pagos sin que hubieran sido presupuestados, lo cual es ilegal.

El desajuste ascendió a ₡900.000 millones.

El lunes 20 de mayo, 40 diputados votaron a favor de las recomendaciones de un informe de mayoría de la Comisión para el Control del Ingreso y el Gasto Público, entre las cuales está una solicitud para investigar penalmente al expresidente Solís.

La diputada Paola Vega presentó un informe de minoría. En él, relevó de responsabilidad a los jerarcas y señaló a los cargos medios como responsables del faltante fiscal. Uno de sus principales argumentos fue justamente la falta de comunicación oportuna.

 

Nota del editor: Esta nota fue actualizada para agregar información adicional que no había podido ser verificada con Contraloría a la hora de la publicación. Se agregó la advertencia sobre falta de información en el presupuesto para calcular las partidas de pago de deuda.