Dieta de diputados no pagará IVA (si lo hiciera, la pagaría usted)

En resumen: Es engañoso afirmar que Hacienda no cobrará IVA a las dietas de los diputados como una medida para “protegerlos” del pago de impuestos.

Un artículo de El Guardián CR asegura que Hacienda decidió no cobrarle IVA a dietas de los Diputados. La nota agrega que esa medida abre una ventana para que liberales independientes eviten pagar IVA.

Es cierto que las dietas de los diputados no pagan IVA. Sin embargo, el texto parte de una premisa engañosa. Si las dietas de los diputados pagaran IVA, el Estado debería aumentar su presupuesto del rubro de dietas en un 13% para poder costear el pago de ese tributo. Esto sucede porque el IVA lo paga quien contrata el servicio y no quien lo ofrece.

Además, los diputados no prestan un servicio profesional, que es una condición básica para el cobro del impuesto al valor agregado. Esa es la razón por la que las dietas (tanto en el sector público como privado) no están gravadas con ese impuesto.

Eso sí: los diputados sí continúan pagando el impuesto de renta, como lo deja claro El Guardián CR en su artículo.

En resumen: Es engañoso afirmar que Hacienda no cobrará IVA a las dietas de los diputados como una medida para “protegerlos” del pago de impuestos.

Un artículo de El Guardián CR asegura que Hacienda decidió no cobrarle IVA a dietas de los Diputados. La nota agrega que esa medida abre una ventana para que liberales independientes eviten pagar IVA.

Es cierto que las dietas de los diputados no pagan IVA. Sin embargo, el texto parte de una premisa engañosa. Si las dietas de los diputados pagaran IVA, el Estado debería aumentar su presupuesto del rubro de dietas en un 13% para poder costear el pago de ese tributo. Esto sucede porque el IVA lo paga quien contrata el servicio y no quien lo ofrece.

Además, los diputados no prestan un servicio profesional, que es una condición básica para el cobro del impuesto al valor agregado. Esa es la razón por la que las dietas (tanto en el sector público como privado) no están gravadas con ese impuesto.

Eso sí: los diputados sí continúan pagando el impuesto de renta, como lo deja claro El Guardián CR en su artículo.

Las dietas no pagan IVA

La Dirección General de Tributación (DGT) acordó el 20 de agosto pasado que las dietas no están sujetas al impuesto sobre el valor agregado. Las dietas son “entendidas como los servicios de dirección que brindan las personas físicas que son miembros de juntas directivas u órganos de dirección de las personas físicas o jurídicas”.

El pronunciamiento de la DGT surge como respuesta de Hacienda a las consultas de la firma Deloitte.

Según Hacienda, el Impuesto al Valor Agregado grava al comprador final de un servicio o de un bien. El impuesto identifica como recaudadores a los que realizan actividades que implican ordenar factores de producción, materiales humanos, distribuirlos, comercializarlos o venderlos. Para la cartera, las dietas de un miembro de una junta directiva no son un “precio” por la prestación de un producto o servicio.

Según Nogui Acosta, viceministro de Hacienda, existen importantes diferencias entre una persona que cobra dieta y una que realiza un servicio profesional.

“Es muy diferente un profesional que hace sus estudios, su trabajo, a una persona que forma parte de una Junta Directiva. Yo gano una dieta por ir a una sesión de junta. Si no voy no gano dieta. Desde el punto de vista de la prestación de un servicio, en realidad no tengo un contrato, ni un informe que entregar. El nombramiento de junta es una decisión colegiada de la empresa, cosa diferente si me contratan por un servicio profesional para que le presente un informe a la empresa, con una serie de deberes y un plazo”, dijo Acosta.

La posición de Tributación rectifica una interpretación previa dirigida a Radiográfica Costarricense. Aquella disposición indicaba que las dietas no eran salarios y que cualquier pago que no fuera un salario debía pagar IVA.

“La consulta de Radiográfica iba a enfocada para que definieramos si las dietas son remuneración o no. No lo son. Por default, todo lo que no es relación administrativa o laboral —como un salario— tiene que pagar IVA. El análisis fue un poco ligero de tributación, no tomamos en cuenta que el inciso del artículo que exime el pago de remuneraciones señala dos tipos de remuneraciones”, explicó Acosta a Doble Check.

¿Qué pasaría si las dietas de los diputados pagaran IVA?

Fuera de la discusión sobre si los diputados ofrecen o no un servicio profesional, ¿qué pasaría si las dietas de los diputados pagaran IVA, como sugiere El Guardián?

Inicialmente, los diputados habrían tenido que inscribirse ante Tributación como profesionales que realizan una actividad. También tendrían que emitir facturas por sus servicios. El Estado también habría tenido que incrementar su presupuesto destinado a dietas en un 13% para pagarles ese porcentaje de IVA que habrían tenido que retener y trasladar al propio Estado.

“La gente no entiende a veces que el IVA es un impuesto que lo paga el consumidor final”, explicó Acosta a Doble Check.

El Guardián aporta una información similar casi al final de un editorial titulado ¿Y por qué los Diputados no pagan IVA?

“No obstante parece lógico que ellos no paguen, pues con el nuevo sistema uno se convierte en un simple recaudador, por lo cual los Diputados podrían incrementar el gasto al sumar en su factura el Impuesto al Valor Agregado. Y eso lo pagaríamos todos, no ellos, salvo que ellos mismos concientan (sic) deducir de su jugoso salario el IVA”.

Aún así, asegura El Guardián, la medida permitiría la trazabilidad el IVA en las dietas de los diputados. Para Hacienda, la trazabilidad se genera porque se pueden identificar todos los pasos de la cadena de valor, pero en este caso no existe una cadena de valor.

El Guardián CR

El artículo informativo de El Guardián CR también agrega que eximir las dietas del pago del IVA abre otros portillos legales.

“De esta forma se abre una ventana para que liberales independientes eviten pagar el IVA a pesar de prestar básicamente servicios profesionales sin relación laboral, como lo son las Dietas, o para ello deberán integrar una Junta Directiva, de lo contrario pagarán renta e IVA”.

El viceministro Acosta rechazó esa interpretación y resaltó que esa conducta constituiría un fraude. El jerarca afirmó que Hacienda supervisa todas las actividades de los diferentes profesionales sujetos al impuesto.

Doble Check contactó al director del medio, Richard Molina, quien accedió a conversar y ofreció su explicación pero no autorizó su publicación. Después de esta charla, el periodista cambió la redacción del último párrafo de su nota que ahora se pregunta, con ironía:

“De esta forma, nos preguntamos, se abre una ventana para que liberales independientes eviten pagar el IVA a pesar de prestar básicamente servicios profesionales sin relación laboral, como lo son las Dietas, o para ello deberán integrar una Junta Directiva, de lo contrario pagarán renta e IVA. (Ironía). (sic)”

Proyecto de educación dual no precisa cifras de horas o becas dichas por diputado

El actual proyecto de ley sobre educación dual carece de indicativos que limiten la proporción de horas que un estudiante se alternará  entre el centro educativo y la empresa o centro de empleabilidad donde practicaría. El texto tampoco establece que los estudiantes que participen en esa modalidad recibirán exactamente una beca de ₡120.000.

El diputado del Partido Liberación Nacional (PLN), Wagner Jiménez, hizo estimaciones que no están en el texto de la ley. Primero, el legislador afirmó en CRHoy que los estudiantes de esa modalidad “practicarán de seis a diez horas por semana” en las empresas. Más recientemente, en Diario Extra, Jiménez aseguró que “su estancia [de los estudiantes] en las empresas no superará las 12 horas semanales”.

Además, el diputado confirmó en CRHoy que cada estudiante recibirá una beca de ₡120.000 en la modalidad de educación dual. El Instituto Nacional de Aprendizaje (INA) sería la institución que manejaría esos dineros.

Doble Check contactó al director de Educación Técnica del Ministerio de Educación Pública (MEP) y al presidente ejecutivo del INA. Ambos jerarcas consideraron que las estimaciones del diputado son razonables. No obstante, sus respuestas dejan en evidencia que el diputado omite variables que podrían distanciar sus expectativas de la realidad.

Atenidos a la letra del proyecto, este solo indica que la proporción de horas dependerá de cada programa de educación técnica. En el tema de dineros para estudiantes, la iniciativa indica que los detalles serían definidos en un reglamento que todavía no existe.

Jiménez reconoció a Doble Check que su estimación de horas nació de un cálculo propio. El político se basó «exclusivamente» en una interpretación de los programas de especialidades técnicas del MEP. En cuanto a los dineros de becas, dijo basarse en los aportes de las grandes empresas que participen del programa.

Jiménez no dijo en sus intervenciones en medios que sus números se basaban en cálculos personales.  El diputado indujo a error al omitir que esas son proyecciones propias, pues sus declaraciones hacen creer que el proyecto establece directamente dichas condiciones.

En resumen: El actual proyecto de ley sobre educación dual carece de indicativos que limiten la proporción de horas que un estudiante se alternará  entre el centro educativo y la empresa o centro de empleabilidad donde practicaría. El texto tampoco establece que los estudiantes que participen en esa modalidad recibirán exactamente una beca de ₡120.000.

El diputado del Partido Liberación Nacional (PLN), Wagner Jiménez, hizo estimaciones que no están en el texto de la ley. Primero, el legislador afirmó en CRHoy que los estudiantes de esa modalidad “practicarán de seis a diez horas por semana” en las empresas. Más recientemente, en Diario Extra, Jiménez aseguró que “su estancia [de los estudiantes] en las empresas no superará las 12 horas semanales”.

Además, el diputado confirmó en CRHoy que cada estudiante recibirá una beca de ₡120.000 en la modalidad de educación dual. El Instituto Nacional de Aprendizaje (INA) sería la institución que manejaría esos dineros.

Doble Check contactó al director de Educación Técnica del Ministerio de Educación Pública (MEP) y al presidente ejecutivo del INA. Ambos jerarcas consideraron que las estimaciones del diputado son razonables. No obstante, sus respuestas dejan en evidencia que el diputado omite variables que podrían distanciar sus expectativas de la realidad.

Atenidos a la letra del proyecto, este solo indica que la proporción de horas dependerá de cada programa de educación técnica. En el tema de dineros para estudiantes, la iniciativa indica que los detalles serían definidos en un reglamento que todavía no existe.

Jiménez reconoció a Doble Check que su estimación de horas nació de un cálculo propio. El político se basó «exclusivamente» en una interpretación de los programas de especialidades técnicas del MEP. En cuanto a los dineros de becas, dijo basarse en los aportes de las grandes empresas que participen del programa.

Jiménez no dijo en sus intervenciones en medios que sus números se basaban en cálculos personales.  El diputado indujo a error al omitir que esas son proyecciones propias, pues sus declaraciones hacen creer que el proyecto establece directamente dichas condiciones.

¿Qué pretende el proyecto de educación dual?

El diputado Wagner Jiménez es uno de los principales impulsores del proyecto de ley 20.786. La iniciativa se titula “Ley de educación y formación técnica dual (anteriormente denominado): ley de educación dual”.

Ese proyecto propone un marco opcional para estudiantes de distintas instituciones con programas de Educación y Formación Técnica Profesional (EFTP). La formación se daría en dos ámbitos: en el centro educativo y en una empresa o centro de formación para la empleabilidad.

La iniciativa define un principio de alternancia en su artículo 4. La norma propuesta establece que la formación dual debe darse “de manera alterna y simultánea, para que la persona estudiante adquiera los conocimientos teóricos y los ponga en práctica al mismo tiempo”.

Aunque el proyecto ha sido impulsado principalmente por Jiménez, del PLN, también es apoyado por el gobierno y el sector empresarial.

El Frente Amplio ha criticado en la Asamblea lo que considera es una erosión a los derechos laborales. Además, grupos sindicales y de estudiantes han sostenido una  oposición férrea a la iniciativa.

Proyección de horas del diputado se limita al MEP

El proyecto que se discute ahora solamente advierte que “la cantidad de horas que la persona estudiante permanezca en la empresa dependerá del diseño curricular del programa de EFTP correspondiente”. El proyecto no especifica alguna proporción de horas para tal modalidad.

Aún así, el 15 de julio en CRHoy, Jiménez afirmó que las personas estudiantes en modalidad dual “practicarán de seis a diez horas por semana”. Más recientemente, en Diario Extra, aseguró que “su estancia [de los estudiantes] en las empresas no superará las 12 horas semanales”.

El diputado explicó a Doble Check que esos son cálculos propios que están basados «exclusivamente» en los programas de especialidades técnicas del Ministerio de Educación Pública (MEP). Estos programas solo se imparten en los colegios técnicos. Jiménez aseguró que sus estimaciones son “correctas”. Agregó que el proyecto de ley carece de límites al principio de alternancia porque son “complejidades” que deben definirse en un reglamento posterior al texto de la ley.

Sin embargo, el legislador del PLN no ha mencionado esa aclaración en sus apariciones en medios de comunicación. Esta omisión pudo inducir al error de que dichos cálculos están presentes en el texto del proyecto.

Doble Check conversó con el director de Educación Técnica y Capacidades Emprendedoras del MEP, Pablo Masís. El funcionario afirmó que los cálculos del diputado “tienen sentido” para los programas de esa institución. Sin embargo, Masís advirtió que la proporción de horas entre las aulas y las empresas es variado, tal como ha mostrado el plan piloto de formación dual de esa entidad, que empezó en el 2017.

“De una empresa a otra o en los diferentes tipos de especialidades técnicas, esas condiciones pueden variar”, dijo Masís. El jerarca del MEP también indicó que la alternancia en el MEP también varía en cada nivel de formación del programa.

El plan piloto del MEP incluyó a 106 estudiantes de cuatro colegios técnicos. Masís explicó que la previsión era que los estudiantes practicaran 1.000 horas en las empresas, del total de 2.840 horas que abarca la especialidad técnica durante tres años. Aún así, los datos de esa institución muestran que la asistencia a las empresas de práctica varió entre 406 y 792 horas en el piloto debido a distintos factores; entre ellos, la huelga de tres meses del sector docente el año pasado, adujo Masís.

El jerarca añadió que, de aprobarse una ley de educación dual, esa institución prevé solicitar al Consejo Superior de Educación la aprobación de programas de educación dual que permitan que el estudiante pueda dedicar hasta 70% de la formación técnica a la práctica en las empresas. «Esos son los  modelos más desarrollados que hemos visto», afirmó Masís.

Esta posibilidad superaría las proyecciones del diputado Jiménez, pues los planes de especialidades técnicas del MEP abarcan 24 horas semanales.

Doble Check también contactó con el presidente ejecutivo del Instituto Nacional de Aprendizaje (INA), Andrés Valenciano. El jerarca afirmó que esa institución ofrece cursos técnicos de modalidad dual de 400 horas y hasta 2.000 horas de duración, donde los estudiantes practican entre 30% y 80% de ese tiempo en las empresas.

Monto de becas falta por definirse

En CRHoy, Wagner Jiménez afirmó que cada estudiante recibirá un beneficio económico de ₡120.000 al formar parte de un programa de educación dual.

El proyecto de ley que se discute actualmente propone la creación de un Fondo Especial de becas para la EFTP dual. Ese dinero estaría a cargo del INA. El proyecto establece que la beca cubriría “aspectos tales como el transporte, alimentación, vestimenta, el equipo mínimo de protección especial, el costo del programa”.

Sin embargo, el texto del proyecto no afirma directamente que cada estudiante recibirá el monto que presentó el diputado.

La iniciativa de ley solo indica que “las empresas que participen en la EFTP dual, deberán hacer un aporte mensual al Fondo Especial de Becas del INA por cada estudiante que reciban de 120.000 (ciento veinte mil colones) mensuales”. La empresas medianas y pequeñas quedan exentas de ese pago, según el artículo 26 del proyecto.

El fondo de becas se sostendría con un aporte de al menos 1% del presupuesto ordinario anual del INA (artículo 25 del proyecto).

El diputado Jiménez explicó a Doble Check que “la interpretación sobre el monto se deriva del aporte que las Grandes Empresas realizarán por cada estudiante al fondo de Becas”.

“Si las grandes empresas becarán a cada estudiante con ₡120.000, es deducible que ese es el mismo monto que podamos becar a los estudiantes desde el fondo de becas del INA”, comentó Jiménez.

El presidente ejecutivo del INA, Andrés Valenciano, afirmó a Doble Check que, actualmente el INA facilita educación dual a 147 estudiantes y que la institución les brinda un estipendio de ₡110.000. “Basado en la experiencia, ese es aproximadamente el monto que los estudiantes recibirían por medio del fondo”, dijo el jerarca del INA.

Sin embargo, Valenciano advirtió que habrá una serie de factores con los cuales “se debe analizar los montos disponibles para otorgar ayudas económicas a los estudiantes”. Por ejemplo, en el cálculo entran a jugar la cantidad de estudiantes en el sistema, la demanda y la capacidad instalada de las empresas, la disponibilidad de recurso humano que pueda certificarse como monitores de los estudiantes en las empresas y los cupos de matrícula en las instituciones educativas.

El legislador Jiménez justificó que, según ese argumento del jerarca del INA, las becas de educación dual podrían «incluso ser más de los ₡120.000».

El proyecto de educación dual indica que la metodología para determinar el monto de las becas para las personas estudiantes se establecerá en un reglamento para la ley. Ese reglamento todavía no existe.

«Estamos discutiendo una Ley Marco para regular la Educación Dual. Las especificidades (horarios, tiempos, recursos, entre otros) serán una condición esencial del Reglamento de la presente ley», añadió el diputado liberacionista.

Programa Matices repitió cifras del diputado

El presentador del programa radial Matices, Randall Rivera, repitió las cifras del diputado verdiblanco sobre becas y horas de práctica para el proyecto de ley de educación dual.

En su programa del pasado 15 de julio, Rivera entrevistó a dos representantes del grupo autodenominado Movimiento Estudiantil de Secundaria (MEDSE), el cual ha protestado en contra del proyecto de educación dual y de políticas educativas del MEP. Rivera cuestionó las declaraciones de esos invitados y afirmó que, según el proyecto, los participantes del sistema dual «por esas entre siente y diez horas [de práctica en una empresa] les dan ₡120.000».

Dicha entrevista fue difundida por el diario La Nación con una transcripción completa del intercambio entre Rivera y los enviados del grupo estudiantil.

Ante una consulta de Doble Check de este martes, el periodista de Matices reconoció que la fuente de esa afirmación fue el diputado Wagner Jiménez, quien le envió información del proyecto durante la entrevista a MEDSE del 15 de julio. «Yo le pregunté [a Jiménez] si era cierto que se recibía ₡120.000 [de beca] y me dijo que sí», aseguró Rivera.

El presentador de Matices no recalcó durante la entrevista que aquellas cifras provenían del diputado liberacionista, por lo que también se indujo al error de creer que el texto de la iniciativa hace esas indicaciones directamente.

 

Nota del editor: Esta nota se actualizó a las 21:05 del 30 de julio para agregar la referencia al programa Matices, de Radio Monumental. Una versión original de esta información había incluído únicamente las declaraciones de Warner Jiménez a CRHoy y a Diario Extra. Se actualizó la versión publicada al mediodía tras una alerta de un lector de la nota original.

Hueco fiscal: Director de Crédito sí había pedido presupuesto extraordinario, contrario a lo dicho por Paola Vega

La diputada oficialista, Paola Vega, insinuó falsamente que la Dirección de Crédito Público no le había advertido a ninguna persona con autoridad jerárquica sobre la necesidad de que el gobierno presentara un presupuesto extraordinario en el 2018.

En realidad, el director de esa unidad, Melvin Quirós, había solicitado un presupuesto de este tipo desde el 10 de mayo de ese año. Él dirigió su comunicación a la directora de Presupuesto Nacional y a la Tesorera Nacional, y está copiado el viceministro de Egresos.

Vega sí tiene razón cuando dice que no hay evidencia de que Quirós hubiera advertido sobre la inminencia de pagos ilegales de deuda para junio y julio del 2018. Así se desprende de los informes de minoría y mayoría del Congreso sobre el faltante presupuestario dejado por la administración Solís Rivera.

Vega no rebatió el error señalado por Doble Check. Eso sí, opinó que ella hubiera esperado más proactividad por parte de Quirós en su solicitud del presupuesto extraordinario.

Por otra parte, Vega cometió otro error en su intervención. La diputada dijo que la Contraloría y el Banco Central habían certificado que el presupuesto que se presentó en el 2017 era “adecuado para cubrir todo”. En realidad, la intervención de ambas instituciones en el proyecto de ley del presupuesto no tiene que ver con los manejos de la deuda del país, que era el tema en discusión. La Contraloría solo certifica los ingresos; el Banco solo se refiere a la capacidad de endeudamiento del Estado.

Sobre este tema, Vega aclaró que su intención era decir que las instituciones no habían hecho ningún señalamiento al presupuesto, tomado en cuenta que el plan se ajustaba a los pronósticos económicos de ese momento.

La diputada oficialista, Paola Vega, insinuó falsamente que la Dirección de Crédito Público no le había advertido a ninguna persona con autoridad jerárquica sobre la necesidad de que el gobierno presentara un presupuesto extraordinario en el 2018.

En realidad, el director de esa unidad, Melvin Quirós, había solicitado un presupuesto de este tipo desde el 10 de mayo de ese año. Él dirigió su comunicación a la directora de Presupuesto Nacional y a la Tesorera Nacional, y está copiado el viceministro de Egresos.

Vega sí tiene razón cuando dice que no hay evidencia de que Quirós hubiera advertido sobre la inminencia de pagos ilegales de deuda para junio y julio del 2018. Así se desprende de los informes de minoría y mayoría del Congreso sobre el faltante presupuestario dejado por la administración Solís Rivera.

Vega no rebatió el error señalado por Doble Check. Eso sí, opinó que ella hubiera esperado más proactividad por parte de Quirós en su solicitud del presupuesto extraordinario.

Por otra parte, Vega cometió otro error en su intervención. La diputada dijo que la Contraloría y el Banco Central habían certificado que el presupuesto que se presentó en el 2017 era “adecuado para cubrir todo”. En realidad, la intervención de ambas instituciones en el proyecto de ley del presupuesto no tiene que ver con los manejos de la deuda del país, que era el tema en discusión. La Contraloría solo certifica los ingresos; el Banco solo se refiere a la capacidad de endeudamiento del Estado.

Sobre este tema, Vega aclaró que su intención era decir que las instituciones no habían hecho ningún señalamiento al presupuesto, tomado en cuenta que el plan se ajustaba a los pronósticos económicos de ese momento.

¿Qué dijo la diputada?

Paola Vega dio sus declaraciones durante una discusión en el plenario legislativo para acoger o rechazar las recomendaciones de un informe de mayoría emitido por la Comisión de Ingreso y Gasto Público con respecto al faltante presupuestario dejado por la administración Solís Rivera.

Uno de los principales puntos del debate ha sido la velocidad con que actuó la administración Alvarado Quesada ante la urgencia de financiamiento. Sus críticos han dicho que fueron lentos. Ha habido gran controversia con respecto a la comunicación entre los funcionarios técnicos y los políticos en el Ministerio de Hacienda. ¿Comunicó oportunamente la Dirección General de Presupuesto la urgencia a sus superiores?

Vega presentó un informe de minoría en donde sostiene que no. Durante su declaración ante sus compañeros dijo:

Es la Dirección de Crédito Público quien debe advertir a sus superiores, y esto va en escalada jerárquica, que hay un problema, que no hay dinero para pagar un contenido y que debe hacerse un presupuesto extraordinario.

Ni antes, ni cuando ya se estaban haciendo pagos de deuda con contenido presupuestario se advirtió a ninguna persona, y en esto quiero ser clara. Yo he aportado en mi informe, porque no me bastó solamente las audiencias que tuvimos, sino que pedí un intercambio de correspondencia con el Ministerio de Hacienda para que me certificara correos electrónicos y múltiples comunicaciones que constan en mi informe de minoría, y no hay un solo correo, una sola minuta de reunión, una sola nota verbal, ninguna comunicación donde la Dirección de Crédito Público advierta a ninguna persona con autoridad jerárquica sobre este tema”.

¿Qué quiso decir la diputada?

La frase de Vega es ambigua. Por ello se le pidió clarificar a qué se refería. ¿De qué está hablando cuando se refirió a “este tema”?

La diputada dijo que se refería a dos asuntos.

  • Punto uno. El director de Crédito Público, Melvin Quirós, debió haber solicitado la presentación de un presupuesto extraordinario a sus superiores.
  • Punto dos. El funcionario debió haber advertido que se acercaba el plazo para hacer pagos que no hubieran sido programados. El hacer pagos que no fueron presupuestados es ilegal, pues las erogaciones del Estado deben haber pasado por la Asamblea Legislativa para su aprobación.

El punto uno es falso: el presupuesto sí fue pedido

El director de Crédito Público, Melvin Quirós, sí había solicitado la elaboración de un presupuesto el 10 de mayo del 2018, poco antes de asumir funciones en su cargo. El funcionario envió un correo electrónico a la directora del Presupuesto Nacional, Marjorie Morera, a la Tesorera Nacional, Martha Cubillo, y copió al viceministro de Egresos, Rodolfo Cordero.

Quirós advierte de un faltante presupuestario que, para ese momento, se calculaba en ₡800.000 millones. Ello, según sus palabras, hacía “ineludible la solicitud de recursos extraordinarios”. Para entonces, acababan de ocupar su cargo los nuevos jerarcas del Ministerio de Hacienda. Quirós escribe:

“A pesar de que la DCP informó de esta situación a nuestros superiores, no se tuvo respuesta a la solicitud de un presupuesto extraordinario para estos fines, por lo que resulta de vital importancia poner a las nuevas autoridades al tanto de esta situación y tomar decisiones al respecto”, escribe el funcionario.

El mensaje está adjuntado al informe de minoría que presentó la misma diputada Vega. Esta comunicación deja sin fundamento su primer crítica. El presupuesto sí se solicitó.

Correo electrónico en donde Melvin Quirós advierte sobre la necesidad de un presupuesto extraordinario.

A pesar de esa solicitud, no fue hasta el periodo entre el 29 de junio y el 2 de julio que ocurre una comunicación entre Quirós y la ministra de Hacienda Rocío Aguilar. Entonces, la jerarca ordenó la confección del presupuesto, según comunicaciones que también están en el informe de Vega.

Doble Check le informó a la diputada sobre su error. La diputada no objetó los señalamientos. “Yo lo que sí hubiera esperado es un poco más de vehemencia en la petición de don Melvin”, afirmó.

La diputada además afirmó que Quirós hubiera podido avanzar en la realización de un presupuesto por iniciativa propia, sin necesidad de una aprobación superior. Doble Check no verificó esta afirmación debido a que se aleja del reclamo de la legisladora en el plenario.

El segundo punto es veraz

Según aclaración de Vega, su acusación en la Asamblea también tuvo que ver con la falta de advertencias en cuanto a la inminencia de pagos ilegales por parte de Hacienda.

Estos pagos se hacen con un sistema automático. Según la información recabada en ambos informes, no hubo advertencias de que esos pagos sin autorización se estuvieran haciendo.

En los informes queda abierta la controversia sobre la responsabilidad de ese control: si era asunto de la Tesorería Nacional o de la Dirección de Crédito Público.

La alerta con respecto a ellos no se dio hasta el 6 de agosto del 2018, cuando el viceministro de Egresos, Rodolfo Cordero, le preguntó a Melvin Quirós si se estaba pagando deuda sin contenido presupuestario. Quirós le contestó que sí: se habían pagado ₡28.000 millones para junio y ₡152.000 millones para julio. Esta comunicación está en el informe de minoría de Vega.

Es decir, según la evidencia disponible, tiene razón la diputada en que no hubo ninguna advertencia previa sobre estos pagos ilegales antes de la consulta del viceministro.

El viceministro de ingresos Rodolfo Cordero le confirma a Vega que no recibió advertencia del pago de deuda sin contenido presupuestario.

Un error adicional

La diputada cometió un segundo error en su intervención en el plenario cuando defendió la idoneidad del presupuesto del 2017, al decir que este venía respaldado por el Banco Central y la Contraloría. La diputada dijo:

“Cuando se planificó el presupuesto que con las condiciones económicas del momento decía que iba a ser suficiente para cubrir la deuda, la Contraloría no advirtió de ningún riesgo presupuestario. Y esa es la tarea de la Contraloría.

”La Contraloría y el Banco Central hicieron check en los datos y dijeron: las condiciones económicas de este momento justifican el presupuesto que se está presentando a corriente legislativa y es el adecuado para cubrir todo. ¿Por qué?, porque no se sabía cómo iban a cambiar abruptamente las condiciones económicas”.

Aquí hay una falla. Ni el Banco Central ni la Contraloría evalúan pagos de deuda durante la elaboración de los proyectos de ley de presupuesto. Con respecto a las advertencias, Contraloría sostiene que sí hizo varias generales y específicas.

Por ejemplo, la Contraloría advirtió en su Informe Técnico al Presupuesto que el proyecto no tenía los cálculos suficientes para estimar los montos que se destinarían al pago de deuda.

La Contraloría advirtió:

(El presupuesto) carece de las cuantificaciones necesarias de variables como el stock de deuda interna y externa, la composición del portafolio, los vencimientos programados para el 2018, el detalle de los supuestos macroeconómicos esperados de tasas de interés, tipo de cambio, inflación, unidades de desarrollo, curva soberana, necesidades de financiamiento según flujo de caja y las deudas de instituciones públicas asumidas por el Estado; información que, según la exposición de motivos, constituye la base en el proceso de estimación y, por consiguiente, es fundamental para poder comprender la temática del endeudamiento y las obligaciones que pesan sobre las finanzas públicas que implican erogaciones para el año 2018.

Además, la Contraloría sostiene que también hizo un señalamiento posterior, en un informe sobre la ejecución de los presupuestos al primer trimestre. Entonces dijo: «Las partidas presupuestarias destinadas a la amortización de títulos de la deuda interna no alcanzarían para cubrir las erogaciones por ese concepto que el Gobierno debe realizar en el año 2018; incluso al momento de emitir el presente informe, el Gobierno ya ha hecho pagos en exceso de las sumas autorizadas en el presupuesto, lo cual es un reflejo de la sumamente estrecha situación financiera que atraviesa, y que ha llegado a manifestarse en escasez de liquidez reconocida por las autoridades del Poder Ejecutivo».

Ahora bien, con respecto al supuesto aval de la Contraloría al proyecto de ley del presupuesto, la Contraloría confirmó que su responsabilidad se limita a certificar la efectividad fiscal de los ingresos, mientras que al BCCR le corresponde certificar la capacidad de endeudamiento. El control de los pagos de deuda es responsabilidad del Poder Ejecutivo.

“La certificación a cargo de la CGR corresponde a un elemento por el lado de los ingresos del presupuesto; las estimaciones de los pagos de amortización de la deuda, por su parte, corresponden a un elemento por el lado de los egresos del presupuesto, que es responsabilidad del Poder Ejecutivo, en concordancia con disposiciones de la misma naturaleza”, aclaró la institución.

El faltante presupuestario

La Asamblea Legislativa ha discutido ampliamente sobre un faltante presupuestario que dejó la administración Solís Rivera. Esta tuvo consecuencias urgentes a mediados del 2018, cuando la administración Alvarado Quesada ya estaba en el poder, y tuvo que presentar dos presupuestos extraordinarios. Además, se conoció que el gobierno hizo pagos sin que hubieran sido presupuestados, lo cual es ilegal.

El desajuste ascendió a ₡900.000 millones.

El lunes 20 de mayo, 40 diputados votaron a favor de las recomendaciones de un informe de mayoría de la Comisión para el Control del Ingreso y el Gasto Público, entre las cuales está una solicitud para investigar penalmente al expresidente Solís.

La diputada Paola Vega presentó un informe de minoría. En él, relevó de responsabilidad a los jerarcas y señaló a los cargos medios como responsables del faltante fiscal. Uno de sus principales argumentos fue justamente la falta de comunicación oportuna.

 

Nota del editor: Esta nota fue actualizada para agregar información adicional que no había podido ser verificada con Contraloría a la hora de la publicación. Se agregó la advertencia sobre falta de información en el presupuesto para calcular las partidas de pago de deuda.

Falso: eutanasia en Holanda no está limitada solo para sus ciudadanos

En resumen: es falso que la ley de los Países Bajos restringe la eutanasia solo para ciudadanos de ese país, tal como afirmó la diputada independiente del bloque “Nueva República”, Ivonne Acuña.

La eutanasia y el suicidio asistido fueron despenalizados en Holanda desde el 2002 cuando estos sean facilitados por personal médico.

La ley holandesa solo permite el procedimiento a personas que sufran de un dolor insoportable y cuyo padecimiento sea incurable.  Además, debe haber una autorización expresa y “en conciencia completa” del solicitante.

Contrario a lo afirmado por la diputada Acuña ante el medio de comunicación elmundo.cr, la legislación de los Países Bajos carece de una restricción basada en la ciudadanía o el estado de residencia de la persona que requiera la terminación de su vida.

En su sitio oficial en Internet, el gobierno holandés estipula que el médico tratante debe decidir si es posible ese tipo de procedimientos en casos de personas no residentes que han llegado recientemente a esa nación, con base en un “conocimiento suficiente” del historial médico del solicitante.

En resumen: Es falso que la ley de los Países Bajos restrinja la eutanasia solo para ciudadanos de ese país, tal como afirmó la diputada independiente del bloque “Nueva República”, Ivonne Acuña.

La eutanasia y el suicidio asistido fueron despenalizados en Holanda desde el 2002 cuando estos sean facilitados por personal médico.

La ley holandesa solo permite el procedimiento a personas que sufran de un dolor insoportable y cuyo padecimiento sea incurable.  Además, debe haber una autorización expresa y “en conciencia completa” del solicitante.

Contrario a lo afirmado por la diputada Acuña ante el medio de comunicación elmundo.cr, la legislación de los Países Bajos carece de una restricción basada en la ciudadanía o el estado de residencia de la persona que requiera la terminación de su vida.

En su sitio oficial en Internet, el gobierno holandés estipula que el médico tratante debe decidir si es posible ese tipo de procedimientos en casos de personas no residentes que han llegado recientemente a esa nación. Esa aprobación debe hacerse con base en un “conocimiento suficiente” del historial médico de la persona que la pide.

Acuña aseguró que compartiría con Doble Check su fuente de información, pero no lo ha hecho oportunamente. Se actualizará esta información si fuera necesario.

El comentario de Acuña

Esta semana, el medio digital elmundo.cr divulgó la reacción de la diputada Ivonne Acuña ante el propuesta de una Ley sobre Eutanasia y Muerte Digna, que fue presentado el pasado 1 de mayo por la legisladora del Partido Acción Ciudadana (PAC), Paola Vega.

Según consta en la nota de ese medio, Acuña cuestionó la falta de definiciones de la propuesta, como “el contenido presupuestario, los alcances del proyecto y  a quién está dirigido”.

Como ejemplo, la diputada independiente dijo que “Holanda en su regulación para poder dar el servicio de eutanasia estipula que el servicio es dado solamente a ciudadanos holandeses y precisamente para evitar que otras personas de otros países vengan a hacer uso de ese servicio”.

Captura de pantalla de la nota publicada en elmundo.cr

Por eso, la diputada independiente dijo que, de aprobarse el proyecto en Costa Rica, “vamos a tener turismo homicida y suicida en este país”.

Efectivamente, la iniciativa de ley para permitir la eutanasia en Costa Rica (tramitada bajo el expediente 21.383) carece de una limitación con base en la ciudadanía o el estado de residencia de la persona solicitante, confirmó a Doble Check la diputada Paola Vega.

Los límites que existen en Holanda (y los que no)

A partir del 2002, la legislación de los Países Bajos fue la primera en el mundo que despenalizó la eutanasia y el suicidio asistido.

En su sitio oficial en Internet, el gobierno holandés define que la eutanasia es un procedimiento “realizado por un médico tratante al administrar una dosis fatal de un fármaco apropiado, por solicitud expresa del paciente”. La legislación de ese país considera el suicidio asistido como una situación donde un médico proporciona el fármaco y el paciente se lo administra a sí mismo.

Tales procedimientos son regulados por medio de la Ley de terminación de la vida y suicidio asistido.

Dicha ley estipula una serie de condiciones para que la terminación de la vida por petición sea legal:

  1. Debe ser realizada por un profesional médico. Los médicos no están obligados a realizar el procedimiento.
  2. El médico tratante debe estar convencido de que la solicitud del paciente es voluntaria y bien considerada.
  3. El sufrimiento del paciente ha sido considerado como prolongado e insoportable.
  4. El médico tratante debe informar al paciente de su situación y de sus posibilidades.
  5. El paciente mantiene la convicción de que no hay otra situación razonable para su estado.
  6. El paciente debe ser evaluado por otro médico independiente, quien tiene que revisar por escrito el cumplimiento de las condiciones requeridas.
  7. La eutanasia o el suicidio asistido deben realizarse con un cuidado apropiado.

Además, el médico tratante debe notificar posteriormente la aplicación del procedimiento ante un comité evaluador.

La ley  holandesa establece que la terminación de la vida bajo esos límites puede ser solicitada por personas mayores de 12 años de edad. Sin embargo, el consentimiento de los padres de familia o los guardianes legales es obligatorio hasta los 16 años.

En casos de personas de 16 y 17 años, esa autorización no es obligatoria pero es requerido que la familia o los guardianes estén involucrados en la toma de las decisiones. Después de la mayoría de edad (18 años), las personas pueden solicitar la terminación de la vida sin involucramiento familiar.

La ley que regula la terminación de la vida por petición en Holanda carece de algún estatuto que limite el procedimiento con base en la ciudadanía o el estado de residencia de la persona solicitante.

En su plataforma informativa oficial, el gobierno holandés advierte que los médicos tratantes en casos de eutanasia y suicidio asistido deben tener información suficiente para evaluar la viabilidad del procedimiento en cada caso.

Así, las autoridades de Holanda aseguran que el personal médico puede decidir si facilita o no el procedimiento a personas no residentes que llegaron recientemente al país, con base en un “conocimiento suficiente” del historial médico del solicitante.

5 chequeos al nuevo presidente de la Asamblea Legislativa

Este 2 de mayo, después del informe que dio Carlos Alvarado, sobre su primer año de gobierno, la palabra la tomó el nuevo presidente de la Asamblea Legislativa, Carlos Ricardo Benavides, del Partido Liberación Nacional (PLN).

En Doble Check, hicimos un chequeo en vivo de las afirmaciones hechas por el Presidente de la República. Así, tampoco íbamos a quedarnos con el clavo sobre la precisión del discurso que dio Benavides, que fue recién electo el pasado 1 de mayo para presidir el directorio legislativo durante el periodo 2019-2020.

El resultado: Benavides aportó cinco datos concretos que pueden verificarse, aunque dos de estos son falsos o imprecisos por falta de contexto

El diputado liberacionista y nuevo presidente de la Asamblea Legislativa, Carlos Ricardo Benavides, leyó un discurso como respuesta al informe que dio Carlos Alvarado sobre su primer año de gobierno este 2 de mayo.

En Doble Check, hicimos un chequeo en vivo de las afirmaciones hechas por el Presidente de la República. Así, tampoco íbamos a quedarnos con el clavo sobre la precisión del discurso que dio Benavides, quien fue recién electo el pasado 1 de mayo para presidir el directorio legislativo durante el periodo 2019-2020.

El resultado: Benavides aportó cinco datos concretos que pueden verificarse, aunque dos de estos son falsos o imprecisos por falta de contexto.

“La pérdida del empleo viene dándose desde la administración anterior y en la actual, de junio a diciembre de 2018, según el INEC, más de 88.000 empleos se han perdido”

Chequeo: El dato es falso, pues no se perdieron empleos. De hecho, entre junio y diciembre de 2018 aumentó levemente la cantidad de empleos en el país. Lo correcto habría sido decir que aumentó el desempleo en 88.000 personas (una cifra histórica), pues el mercado laboral no pudo absorber a todas las personas que buscaron empleo en ese período. Es decir, no se perdieron empleos existentes, sino que no se crearon suficientes empleos nuevos.

Usemos una metáfora para entender el fenómeno. Imagine que usted trabaja en una empresa en la que laboran 100 trabajadores. Afuera de la empresa hay 10 personas haciendo fila para ser contratadas. Imagine que la empresa decide contratar a 2 de las personas que estaban haciendo fila. Es decir, ahora hay 102 empleados. Sin embargo, en ese tiempo, la fila se hizo mucho más grande y aumentó a 20 personas.

La pregunta es: ¿se perdieron empleos? No. Más bien ahora hay dos personas más trabajando en la empresa: no han despedido a nadie. ¿Aumentó la fila? Sí.

Sucede lo mismo para Costa Rica. En el período que subraya Benavides (de junio a diciembre de 2018)  la cantidad de personas empleadas pasó de 2.160.036 personas a 2.165.323 trabajadores. La cantidad de empleos aumentó en 5.287 puestos de trabajo. No hay pérdida de empleo.

Eso sí, siguiendo con la metáfora, “la fila se hizo más grande”. Benavides emplea mal el dato pero la cifra es correcta. El número de personas desempleadas aumentó en 88.773. Muchas más personas salieron a buscar empleo del que fue generado.

Ya habíamos publicado un artículo sobre este mismo tema. En el último trimestre del 2018 el país mostró su peor tasa de desempleo desde el 2010. Sin embargo, como acabamos de explicar, eso no implica que se hayan destruído empleos.

“Desde hace varios años, Costa Rica tiene índices de crecimiento económico bastante modestos. Según el Banco Mundial, este año creceremos tan solo un 2,7%”.

Chequeo: La afirmación es cierta. El Banco Mundial proyecta que Costa Rica tendrá un crecimiento económico equivalente a 2,7% del Producto Interno Bruto (PIB) para el año 2019.

Esa institución también proyecta que ese crecimiento será de 2,8% en el 2020 y de 3% en el año siguiente.

En su más reciente informe de Prospectos Económicos Globales, el Banco Mundial señala que “una reciente legislación de reforma fiscal en Costa Rica aumentará los ingresos hacendarios y debería mejorar la motivación de inversión”.

Eso sí, el Banco Central de Costa Rica (BCCR) tiene proyecciones distintas: un crecimiento de la economía costarricense de 3,2% en el 2019 y 3,0% en el 2020. Así lo indica esa entidad en el Programa Macroeconómico  para ese periodo.

El Banco Central reconoce que su proyección para este año es superior al crecimiento del 2018 (2,7%), aunque advierte que esa estimación está por debajo del crecimiento potencial para Costa Rica, que esa institución calculó en 3,5%.

“La ampliación de la carretera San José – San Ramón que envolvió a este país en una discusión nacional, han pasado 6 años desde que se retiró la concesión (…) Parece evidente que este gobierno, logrará, la concreción de 17 obras impostergables lo cual celebramos, pero no se concretará esta ruta”.

Chequeo: Este pronóstico tiene fundamento. No podemos chequear el futuro, pero el Plan Nacional de Desarrollo efectivamente descarta la finalización de la obra San José-San Ramón. En concreto, la meta del gobierno es que al 2022 se logrará un “30% de la ampliación y mejoramiento del Corredor Vial San José – San Ramón”, obra de la que será responsable el Consejo Nacional de Vialidad. El Plan proyecta que en el 2020 la obra tendrá un avance del 5%.

“Actualmente más de 85.000 menores de 24 años se encuentran sin empleo. Ellos componen más del 30% del total de la población desempleada en el país”

Chequeo: El dato es impreciso porque tiene una omisión importante. Según el INEC, ese número representa únicamente a los menores de 24 años sin estudios universitarios. En realidad, las cifras nacionales de desempleo para todos los menores de esa edad son mucho mayores.

En el último trimestre de 2018 se observan 126.100 menores de 24 años desempleados (un promedio de 99.591 en todo el 2018). Ellos representan más del 40% de los desempleados del país, según la Encuesta Continua de Empleo del Instituto Nacional de Estadística y Censos.

El despacho de Benavides dijo a Doble Check que su fuente fue una publicación de La Nación, que contempla los datos del INEC sobre jóvenes sin estudios universitarios. Como indicamos, los datos de desempleo entre todos los jóvenes son mucho mayores.

“Desgraciadamente, la pobreza se elevó hasta el 21,1% en el 2018 y la pobreza extrema pasó del 5,7% al 6,3% en el mismo período. Esto es verdaderamente dramático. Estamos hablando de 50 mil costarricenses más, que se encuentran bajo la línea de pobreza”.

Chequeo: La afirmación es cierta. Tales cifras se desprenden de la Encuesta Nacional de Hogares (ENAHO) del 2018, realizada por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC).

La pobreza en Costa Rica aumentó de 20% de la población en 2017 a 21,1% en el 2018, después de una tendencia a la baja que se registraba desde el 2014.

Ese aumento interanual significó que 49.666 personas más quedaron bajo la línea de pobreza el año pasado, para un total de 1.150.000 personas. El presidente del directorio legislativo redondeó la cifra de personas adicionales en pobreza, pero tiene razón.