¿Las pensiones de lujo nos cuestan 2% del PIB? Depende de qué defina usted por lujo

En resumen: ¿Cuánto le cuestan las llamadas “pensiones de lujo” al país? La diputada liberacionista Franggi Nicolás lanzó en setiembre una campaña en contra de ellas, y afirmó –a través de un video– que los “regímenes de pensiones de lujo del Poder Judicial y los que están cargados al presupuesto del país significan el 2% del Producto Interno Bruto (PIB)”.
El dato de Nicolás solo sería correcto si tomáramos como pensiones de lujo todas aquellas que superen poco más del millón de colones. No pudimos identificar que algún otro actor político o técnico usara este corte anteriormente para referirse a pensiones de lujo. El problema de la campaña es que nunca define qué entiende por pensiones de lujo. Hay dos cálculos habituales: tomar aquellas que superan los $2,5 millones (las cuales representan 0,5% del PIB) o las que superan ¢1,5 millones (1,3% del PIB). Bajo estos dos cortes habituales, el dato de la diputada sería incorrecto.
Hay un tercer cálculo, más grosero, que consiste en decir que prácticamente todas las pensiones (sean de ¢70.000 o de ¢13 millones) son de lujo, porque en la gran mayoría de los casos el cotizante no aportó el dinero suficiente para recibir el monto de pensión asignado. En este caso, las pensiones –todo lo invertido por el Gobierno en ellas– representan el 2,6% del PIB. En ningún caso, el porcentaje es el afirmado por Nicolás.
De cualquier forma, la discusión no debería limitarse a solo imponer topes, sino también a pensar en la sostenibilidad de un sistema en el que los pensionados reciban lo que aportaron efectivamente.

¿Qué dijo y cómo lo dijo Franggi Nicolás?

El video de la diputada Franggi Nicolás indica que el país paga al mes ¢1.420 millones mensuales en pensiones repartidos entre 208 personas que reciben un promedio de casi siete millones de colones mensuales por pensión. Hasta aquí, el dato es correcto, pero después las cosas se vuelven confusas.
El video afirma –de inmediato– que los “regímenes de pensiones de lujo del Poder Judicial y los que están cargados al presupuesto del país significan el 2% del Producto Interno Bruto (PIB), lo que quiere decir que hay un reducido número de personas que se han enriquecido a costas del dinero de todos los contribuyentes”. Esta segunda afirmación sugiere tácitamente que no solo las 208 pensiones mencionadas antes (que representan un 0,053% del PIB), sino todos los regímenes de pensiones estatales son de lujo, y que representan el 2% del PIB.
En el video la diputada Nicolás pide el apoyo para un proyecto de ley que pretende abordar la problemática, pero el texto aún no ha sido presentado.

¿Por qué es importante esta discusión?

En el marco de la discusión fiscal muchos actores han insistido en que, si se solucionara la problemática de las pensiones de lujo, se lograría alcanzar un mayor impacto que el de la reforma fiscal propuesta por el gobierno.
Por ejemplo, el economista Luis Loría, afirma que si el país “dejara de regalarle plata” a los pensionados de lujo, recaudaría más de lo que Hacienda busca recaudar con la reforma fiscal. También hay otras publicaciones compartidas en redes sociales que insisten en el dato.

¿Qué es una pensión de lujo?

Empecemos por básico. No existe una definición formal de qué es una pensión de lujo. La Superintendencia de Pensiones suele calificar una pensión como “de lujo” cuando la persona recibe más de lo que cotizó.
“Eso sucede prácticamente en todos los casos”, dice Álvaro Ramos, superintendente de pensiones. Aunque hay situaciones en donde –por solidaridad– las personas no cotizaron nada de lo que reciben (Régimen no Contributivo, por ejemplo), para el superintendente es usual que los pensionados en Costa Rica aporten menos de lo que realmente debieron cotizar para gozar de su pensión.
Más allá de esta visión abarcadora, otros actores políticos relacionan las pensiones de lujo con aquellas que se consideran excesivamente altas. Los diputados lo hicieron así en el 2016, cuando aprobaron la ley 9.383, que cobraba una contribución especial sobre las pensiones de más de ¢2,5 millones.
Si de poner topes se trata, Ramos ha propuesto valorar el límite de ¢1,5 millones de colones, que es el tope máximo de las pensiones del Régimen de Invalidez, Vejez y Muerte (¢1.539.414).
El 24 de julio de este año, el Semanario Universidad publicó una investigación acerca de las personas que reciben más de una pensión en el país. Los datos se desprenden de los listados de pensiones del Poder Judicial (setiembre de 2017), la Junta de Pensiones del Magisterio Nacional (marzo de 2018), la Dirección Nacional de Pensiones (mayo de 2018) y la Caja Costarricense del Seguro Social (junio de 2018). Usamos esas mismas bases de datos para estimar, de forma general, el costo de las pensiones mayores de ¢2,5 millones y ¢1,5 millones, a partir de sus pensiones brutas.

Y los que ganan 2,5 millones… ¿cuánto nos cuestan, entonces?

En total, 3.724 personas reciben pensiones mayores o iguales a ¢2,5 millones, que representan un costo de ¢13.988 millones por mes: casi 182.000 millones por año (un 0,53% del PIB).
Casi dos tercios de estos pensionados (2.348 de ellos) pertenecen al régimen antiguo del Magisterio Nacional (régimen Transitorio de Reparto), y reciben alrededor de ¢8.800 millones mensuales. El diario La Nación hizo un estudio en setiembre de este año con datos similares, en el que destaca que casi la mitad de ellos son pensionados de universidades públicas.
Uno de cada cinco pensionados del Poder Judicial (743 en total) reciben sumas mayores a los ¢2,5 millones por mes. Ellos, sin embargo, cobran casi la mitad del costo total de las pensiones de ese Poder.

El tope de los ¢1,5 millones

El límite que ha fijado el Régimen de Invalidez, Vejez y Muerte de ¢1,5 millones de colones mensuales también puede permitirnos hacer una estimación gruesa de cuánto cuesta otra categoría de “pensiones de lujo” en el país.
En total, los diferentes regímenes reportan 14.585 pensiones mayores a ese monto, que cuestan al país 33.433 millones por mes, alrededor de unos ¢435 mil millones por año: un 1,3% del Producto Interno Bruto.
En el caso del régimen Transitorio de Reparto (principalmente exdocentes), esos jubilados cuestan casi el 40% del total que invierte ese sistema. Una proporción similar se puede ver en la Dirección Nacional de Pensiones (exfuncionarios del gobierno central, instituciones autónomas, exmiembros de supremos poderes, entre muchos otros). En el Poder Judicial, los pensionados con más de ¢1,5 representan casi dos tercios del monto total mensual que paga la entidad en el rubro de pensiones.

¿De dónde salió el bendito dato del 2% del PIB?

Doble Check trató de conversar con Franggi Nicolás sobre la información de esta nota pero no respondió en un tiempo oportuno.
“Yo nunca he dicho que las pensiones de lujo representaran el 2% del PIB”, dice Álvaro Ramos, de la Supen. “Ese es el costo de las pensiones con cargo al presupuesto, manejadas por la Dirección Nacional de Pensiones”, señaló Ramos.
De hecho, el costo de todas las pensiones en el Presupuesto Nacional devengado para el 2017 fue de unos 854 mil millones de colones: un 2,6% del Producto Interno Bruto de ese año.
Para lograr acercarnos al porcentaje del 2% afirmado por Nicolás, tendríamos que tomar todas las pensiones superiores a ¢1.020.000, que cuestan cerca de ¢692.730 millones al país por año, a partir de la recopilación de las bases de datos entregadas a Universidad.

Un último lujo que nadie llamaría lujo (y que debería importarnos)

Sin embargo, hay otra forma de medir las pensiones “de lujo” que, para Álvaro Ramos, debería centrar nuestra atención.

“Yo siempre he cuestionado la proclividad de los diputados a solo enfocarse en un rango muy alto de pensiones. Lo que nos está matando -suena cruel decirlo así- son miles de miles de maestros que están llevándose pensiones de ¢800.000 (que a nadie le suena de lujo), cuando en realidad cotizaron menos, totalmente desproporcionadas de lo que -en realidad- cotizaron”

“¿Qué vas a hacer? ¿Vas a agarrar a esa maestra de 80 años y le vas a bajar la pensión a la mitad? No podés, pero muchos imaginamos exdiputados, exministros, cuando pensamos en pensiones de lujo. Eso está bien desde el punto de vista de justicia social, pero desde el punto de vista de resolver el problema fiscal, el argumento está mal”, agrega.
Para Ramos, la gran mayoría de las pensiones en el país otorgan montos más altos a las personas de lo que realmente cotizaron, pero es difícil saber cuánto significa esa “mayoría”. “Hay algunos datos muy genéricos” –agrega– pero es complejo saberlo. Al final, una pensión de lujo no solo se podría definir por un monto de tope, sino también por otros casos: como el de una persona que se pensiona muy joven.
“En el magisterio fueron muy comunes los maestros que se pensionaron a los 40 años. Supón que, en vez de pensionarte a los 65 con un millón, te pensionaste a los 55 con un millón. Es como si te hubieras ido con un millón setecientos a los 65 años”, cerró.
Para Ramos, la discusión sobre los topes es vital, si quisiéramos alcanzar una mayor justicia social, pero también debemos pensar en la sostenibilidad de un sistema en donde los pensionados reciban efectivamente lo que cotizaron.

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