Beneficio de gasolina para diputados tiene los menores controles entre supremos jerarcas

En resumen: La diputada del Partido Acción Ciudadana (PAC), Paola Vega, propuso una reforma de ley para pausar el subsidio de gasolina de uso discrecional a los legisladores. “Los otros Poderes no reciben 500 litros de gasolina gratis por mes”, afirmó Vega a finales de noviembre en Twitter ante la reacción de otros colegas. Eso es cierto, pero obvia gastos por rubros similares en otros poderes.

Revisamos el uso de vehículos y combustibles en el Poder Ejecutivo, Judicial y el Tribunal Supremo de Elecciones. Es correcto que magistrados, ministros y el Presidente de la República no reciben un saldo de unos ₡300.000 por mes para gastarlo libremente en gasolina.

La afirmación de Vega, aunque cierta, omite que esos puestos sí tienen vehículos de uso discrecional con chofer, cuyos gastos por gasolina son cubiertos por sus instituciones.  El subsidio no es tan obsequioso como en el caso de diputados.

El subsidio de gasolina para los diputados es el que tiene menos controles. Los legislaroes pueden usar la gasolina discrecional para distintos vehículos, en diligencias personales o hasta donarla a terceros. Un diputado también podría pagar por otros servicios en la gasolinera sin que el Congreso pueda percatarse.

En resumen: La diputada del Partido Acción Ciudadana (PAC), Paola Vega, propuso una reforma de ley para pausar el beneficio de gasolina de uso discrecional a los legisladores. “Los otros Poderes no reciben 500 litros de gasolina gratis por mes”, afirmó Vega a finales de noviembre en Twitter ante la reacción de otros colegas. Eso es cierto, pero obvia gastos por rubros similares en esos otros poderes.

Revisamos el uso de vehículos y combustibles en el Poder Ejecutivo, Judicial y el Tribunal Supremo de Elecciones. Es correcto que magistrados, ministros y el Presidente de la República no reciben un saldo de unos ₡300.000 por mes para gastarlo libremente en gasolina.

La afirmación de Vega, aunque cierta, omite que esos puestos sí tienen vehículos de uso discrecional con chofer, cuyos gastos por gasolina son cubiertos por sus instituciones.  El beneficio no es tan obsequioso como en el caso de diputados.

La gasolina comprada por diputados con dinero del Estado es la que tiene menos controles. Los legisladores pueden usar la gasolina discrecional para distintos vehículos, en diligencias personales o hasta donarla a terceros. Un diputado también podría pagar por otros servicios en la gasolinera sin que el Congreso pueda percatarse.

Conflicto por proyecto de ley

A finales de marzo pasado, la diputada Paola Vega presentó un proyecto de ley para eliminar temporalmente el beneficio de gasolina de uso discrecional que reciben los 57 congresistas cada mes.

Vega propone que ese beneficio se elimine mientras esté vigente la declaratoria de estado emergencia nacional por la COVID-19, y hasta seis meses después de su derogatoria. La legisladora plantea que el dinero empleado para esa gasolina se destine al programa temporal de personas desempleadas por la pandemia.

Entre el 2018 y el 2020, el Estado ha dedicado poco más de ₡417 millones para ese combustible. Así se desprende de datos de la Asamblea Legislativa.

Vega ha criticado que no existe voluntad política en el Congreso para pausar el beneficio.

La legisladora justificó su propuesta de ley como un gesto simbólico ante la crisis que enfrenta el país por la pandemia. La diputada justificó que el combustible discrecional de los legisladores no es comparable al de otros jerarcas, ya que parte de la función de estos es realizar giras con motivos político-partidarios, mientras que otros jerarcas emplean su transporte para su función pública.

Vega afirmó que “sabe” de jerarcas de otros poderes que “abusan del recurso” de transporte discrecional, pero no señaló casos puntuales.

¿Qué dijo la diputada Vega?

Noticias Monumental difundió el 18 de noviembre que legisladores “condicionan renunciar a combustible gratis a que medida se aplique en otros poderes de la República”. Ante esa noticia, Paola Vega publicó en Twitter que “los otros Poderes no reciben 500 litros de gasolina gratis por mes…”.

Eso es cierto, pero sería incorrecto asumir que el Estado no incurre en ningún gasto.

 

¿Cómo funciona el beneficio de gasolina del Congreso?

Cada una de las personas que ocupan una diputación dispone de 500 litros de gasolina por mes para usarlo a su gusto. La administración del Congreso le deposita a cada diputado el equivalente de ese monto en colones (unos ₡300.000) en una tarjeta de débito del Banco de Costa Rica. Esta tarjeta solo puede usarse en gasolineras.

El director ejecutivo del Congreso, Antonio Ayales, recalcó un criterio de la Procuraduría General de la República del 2012 que describe ese beneficio como una “ayuda técnica” que está “estrechamente vinculada al ejercicio efectivo del cargo de diputado”.

La Asamblea Legislativa carece de un control sobre el uso de todos esos recursos. Los legisladores pueden emplear la gasolina para distintos vehículos, en diligencias personales o hasta donarla a terceros. Un legislador podría pagar por otros servicios en la gasolinera sin que la Asamblea se percate. Así lo reconoció Ayales a Doble Check.

El Congreso también tiene 17 vehículos y diez choferes en su unidad de Transportes. Este recurso es empleado por todos los funcionarios legislativos para distintas labores. Los diputados pueden solicitar ese transporte oficial para giras comunales, pero la gasolina empleada en esos recorridos se descuenta de los 500 litros que reciben cada mes.

Solamente quien ocupa la presidencia del directorio legislativo tiene reservado un vehículo de la Asamblea Legislativa para uso discrecional, con gasolina y chofer incluidos.

¿Otros jerarcas también reciben gasolina discrecional?

Sí, pero las condiciones son diferentes que en la Asamblea Legislativa.

Los otros poderes de la República disponen de vehículos de uso discrecional para sus princiales jerarcas, con choferes y gasolina cubiertos por esas instituciones.

Transporte discrecional en el Poder Judicial

El Poder Judicial asigna vehículos de uso discrecional a los 22 magistrados y magistradas de la Corte Suprema de Justicia y a quien lidere la Fiscalía General. Los carros tienen asignado un chofer con una jornada de trabajo de 12 horas, aunque el automotor en sí carece de horario de uso. Estos tienen placas particulares y carecen de distintivos oficiales.

Los vehículos discrecionales del Poder Judicial incluyen 300 litros de combustible que paga la institución, los cuales solo pueden ser empleados en esos vehículos. Si el jerarca supera ese límite, debe pagar el resto de bolsillo propio. Así lo detalló el Poder Judicial a Doble Check por medio de su área de Comunicación.

El Poder Judicial detalló que ese suministro de combustible se da con una tarjeta prepago vinculada a cada jerarca. El personal de una gasolinera debe verificar el número de placa y la persona debe registrar en el datáfono su clave personal vinculada a la tarjeta.

“Por otra parte, el sistema de control de consumo de combustible lleva un registro de cada compra, tanto en términos monetarios como de cantidad de litros dispensados y kilometraje registrado al momento de la compra”, detalló la institución.

Vehículos discrecionales del Poder Ejecutivo

El Poder Ejecutivo tiene carros de uso discrecional para el presidente y los dos vicepresidentes de la República y para los ministros de gobierno. Casa Presidencial indicó a Doble Check que esos vehículos no tienen restricciones de combustible, horario de uso o recorrido, conforme a la Ley de Tránsito. Esos automotores tampoco tienen distintivos oficiales.

Casa Presidencial recalcó por medio de una respuesta oficial que sus vehículos de uso discrecional tienen el objetivo de “facilitar y mejorar el desempeño de sus funciones”, tal como indica el Reglamento interno sobre el uso de vehículos de la Presidencia de la República y del Ministerio de la Presidencia.

La Unidad de Protección Presidencial coordina los choferes y horarios de esos vehículos. El combustible está asignado a esa unidad por la Dirección de Transportes de Casa Presidencial.

“Dado que no se dispone del mecanismo de cuotas de combustible por jerarca, el gasto se da directamente según las necesidades de traslado que se presenten para el cumplimiento de las funciones de los jerarcas, de acuerdo con la normativa y a la disponibilidad de recursos de la institución”, indicó Casa Presidencial.

El reglamento interno de esa entidad estipula que cada funcionario es responsable de la “custodia, mentenimiento, uso racional y conservación” de su vehículo discrecional. El área de Transportes debe “ejercer controles en cuanto reparación y mantenimiento” de los automotores, así como su debido registro.

La única restricción que determina ese reglamento expresamente para los vehículos discrecionales de los jerarcas del Poder Ejecutivo es que está prohibida su asignación para el uso de familiares de los mandatarios.

¿Y en el Tribunal Supremo de Elecciones?

Los nueve magistrados y magistradas del Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) también cuentan con vehículos con combustible incluido por la institución. Solo los automotores de los tres magistrados propietarios del TSE cuentan con chofer, con un horario de 12 horas.

La unidad de comunicación del TSE respondió a Doble Check que esos vehículos “no están sujetos a las mismas restricciones de los demás vehículos oficiales, en cuanto a combustible, horario de operación ni recorrido, sino que están sujetos al criterio de la persona funcionaria a la que le es asignada la unidad”, justificados en la Ley de Tránsito.

 

Falso: El Presidente no ha respaldado la convocatoria de una constituyente

En resumen: Ni el Presidente Carlos Alvarado ni el Poder Ejecutivo han respaldado la convocatoria de una nueva Asamblea Nacional Constituyente. También es falso que el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) haya recibido nuevas peticiones para recoger firmas y convocar a un referéndum para convocar a una Constituyente.

Ambas afirmaciones falsas se divulgaron en un video compartido en Whatsapp.

La última gestión ante el TSE para autorizar la recolección de firmas sobre una convocatoria de este tipo se realizó en el 2016, y el proceso se encuentra varado en la Sala Constitucional tras una acción de inconstitucionalidad.

Esa gestión promovía la realización de un referéndum para convocar a una Constituyente, pero en ningún momento propuso el otorgamiento de «poderes plenipotenciarios al Presidente de la República para gobernar por decreto durante el transcurso en que se esté realizando esa Asamblea Nacional”, como se divulga en un video compartido en Whatsapp.

Casa Presidencial también señaló a Doble Check, por medio de su oficina de prensa, que no promueve ninguna convocatoria a una Asamblea Nacional Constituyente.

En resumen: Ni el Presidente Carlos Alvarado ni el Poder Ejecutivo han respaldado la convocatoria de una nueva Asamblea Nacional Constituyente. También es falso que el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) haya recibido nuevas peticiones para recoger firmas y convocar a un referéndum para convocar a una Constituyente.

Ambas afirmaciones falsas se divulgaron en un video compartido en Whatsapp.

La última gestión ante el TSE para autorizar la recolección de firmas sobre una convocatoria de este tipo se realizó en el 2016, y el proceso se encuentra varado en la Sala Constitucional tras una acción de inconstitucionalidad.

Esa gestión promovía la realización de un referéndum para convocar a una Constituyente, pero en ningún momento propuso el otorgamiento de «poderes plenipotenciarios al Presidente de la República para gobernar por decreto durante el transcurso en que se esté realizando esa Asamblea Nacional”, como se divulga en un video compartido en Whatsapp.

Casa Presidencial también señaló a Doble Check, por medio de su oficina de prensa, que no promueve ninguna convocatoria a una Asamblea Nacional Constituyente.

Video falso:

El video que se comparte en Whatsapp asegura que el Tribunal Supremo de Elecciones ha recibido una “gran cantidad de solicitudes”, incluyendo de instancias de gobierno, para convocar a una Asamblea Nacional Constituyente.

“De muy buena fuente, tengo un primo que es abogado que trabaja en el Tribunal Supremo de Elecciones. Me cuenta mi primo que el Tribunal Supremo de Elecciones ha recibido una gran cantidad de solicitud de diferentes instancias del gobierno, incluyendo la Presidencia de la República a una Asamblea Nacional Constituyente (…) Buscándole poderes plenipotenciarios para el Presidente de la República para gobernar por decreto durante el transcurso de que se esté realizando esa Asamblea Nacional Constituyente. Eso inhabilita a la Asamblea Legislativa”, indica el video.

El video incorpora varias supuestas fotos de las solicitudes, como esta:

El único trámite está suspendido

Contactamos a Andrei Cambronero, letrado del Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) para verificar la información. Según Cambronero, el único proceso para convocar a una Asamblea Nacional Constituyente dio inicio en el 2016. Ese proceso parte de una iniciativa encabezada por el exdiputado liberacionista y ex contralor general Alex Solís Fallas.

Esa solicitud había recibido la autorización del TSE para recoger firmas, pero el trámite se suspendió porque la decisión del TSE fue impugnada por una acción de inconstitucionalidad ante la Sala Constitucional. Puede leer la respuesta del TSE ante la suspensión aquí.

La Sala aún no ha resuelto este asunto. Si declara sin lugar la acción, el grupo tendría nueve meses de tiempo prorrogables por un mes, en el que debería recoger las firmas de más de un 5% del padrón electoral (aproximadamente unas 166.100 personas).

Si el grupo logra recoger las firmas, el Tribunal debe decidir si corresponde o no el archivo de las diligencias. Por ejemplo, en el 2015 el TSE rechazó una solicitud para convocar a un segundo referéndum en el país, que iba a obligar al Estado a consulta cualquier plan de tipo ambiental con la Asociación de Campesinos Ambientalistas por el Pulmón del Mundo: una organización de campesinos de Puerto Viejo de Sarapiquí. El TSE consideró que la iniciativa era discriminatoria y colocaba en una posición de privilegio a la Asociación.

Si el Tribunal, tras evaluar las firmas recolectadas, acepta la realización del referéndum, los costarricenses tendrían que votar por apoyar o no la convocatoria de una constituyente.

¿Qué es una Asamblea Constituyente?

Una Asamblea Constituyente es una reunión de representantes populares o constituyentes que se dedican a la redacción y a la votación de las reglas de una Constitución Política, que defina las reglas fundamentales bajo las cuales se rige un país. En la historia de Costa Rica han destacado las constituyentes de 1949 (la más reciente) y de 1871.

¿Cuáles son las reglas de la Constituyente?

Según Cambronero, hay poca jurisprudencia sobre la forma en que funcionaría una Constituyente en el país. Sin embargo, el artículo 196 de la Constitución Política de Costa Rica establece que la reforma a la constitución «solo podrá hacerse por una Asamblea Constituyente convocada al efecto. La ley que haga esa convocatoria deberá ser aprobada por votación no menor de los dos tercios del total de miembros de la Asamblea Legislativa y no requiere sanción del Poder Ejecutivo».

Es decir: para convocar a una Constituyente primero es necesario que la Asamblea Legislativa, o en este caso los ciudadanos mediante un referéndum, apruebe una ley que defina cómo va a funcionar ese proceso de transición. De hecho, la iniciativa presentada en el 2016 que busca llegar a referéndum es una ley que define cómo funcionaría el trabajo de la Asamblea Nacional Constituyente.

La iniciativa (puede descargarla aquí), presentada por Alex Solís Fallas, Walter Coto Molina, Patricia Pérez Hegg, Francisco Barahona, entre otras personas, sugiere que el país conformaría una Asamblea Constituyente de 61 representantes, escogidos por partidos políticos debidamente inscritos. Treinta y uno de ellos serían elegidos en elecciones nacionales mediante listas nacionales y treinta mediante listas provinciales. Esa Asamblea tendría unos 15 meses de tiempo para promulgar esa nueva Constitución Política de Costa Rica.

La ley no propone en ningún momento que el presidente pueda “gobernar por decreto”. En realidad, la única referencia al Presidente de la República en el texto indica que el mandatario “puede asistir a las sesiones de la Asamblea Constituyente con derecho a voz, pero sin voto”. Ese mismo derecho lo tendrían los expresidentes de la República, el presidente de la Corte Suprema de Justicia, el presidente de la Sala Constitucional, el contralor general de la República, el procurador general de la República, el defensor general de los Habitantes, el jefe del Ministerio Público y el jefe de la Defensa Pública.