Diputada Franggi Nicolás compartió tres falsedades sobre salarios en el TSE

En resumen:

La diputada liberacionista Franggi Nicolás compartió una secuencia de datos falsos acerca de los aumentos salariales que recibieron seis directivos en el Tribunal Supremo de Elecciones en el 2014.

El primero de ellos consiste en indicar que el aumento de los funcionarios ocurrió «en tiempos en el que se acaba de aprobar un Plan Fiscal y el Gobierno acaba de presentar un proyecto para regular el empleo público». Nicolás publicó la opinión en redes sociales, cuando compartió la carta que envió al Tribunal Supremo de Elecciones solicitando más información sobre una publicación de Diario Extra. Como ha sido reiterado por varios medios de comunicación, la afirmación compartida por la diputada en redes sociales no es correcta, debido a que —aunque hubo un aumento— este ocurrió en el 2014.

Sin embargo, la diputada Nicolás agregó otro dato falso al debate tras la respuesta oficial del Tribunal Supremo de Elecciones. Nicolás argumentó a varios medios de comunicación (y a Doble Check) que —aunque era cierto que el aumento se había aprobado en el 2014— la medida no se estaba aplicando hasta ahora. La afirmación también es falsa.

Por último, es impreciso señalar que el aumento a los directivos es de un «26% sobre el salario«, según se cita a Nicolás en La República y según se repite en otros medios de comunicación.  También es incorrecto indicar que el salario base creció en un 26%. Ambos términos son distintos a decir que se aprobó un plus que equivale al 26% del salario base.

En resumen: La diputada liberacionista Franggi Nicolás compartió una secuencia de datos falsos acerca de los aumentos salariales que recibieron seis directivos en el Tribunal Supremo de Elecciones en el 2014.

El primero de ellos consiste en indicar que el aumento de los funcionarios ocurrió «en tiempos en el que se acaba de aprobar un Plan Fiscal y el Gobierno acaba de presentar un proyecto para regular el empleo público». Nicolás publicó la opinión en redes sociales, cuando compartió la carta que envió al Tribunal Supremo de Elecciones solicitando más información sobre una publicación de Diario Extra. Como ha sido reiterado por varios medios de comunicación, la afirmación compartida por la diputada en redes sociales no es correcta, debido a que —aunque hubo un aumento— este ocurrió en el 2014.

Sin embargo, tras la respuesta oficial del Tribunal Supremo de Elecciones, la diputada Nicolás agregó otro dato falso al debate . Nicolás argumentó a varios medios de comunicación (y a Doble Check) que —aunque era cierto que el aumento se había aprobado en el 2014— la medida no se estaba aplicando sino hasta ahora. La afirmación también es falsa.

Por último, es impreciso señalar que el aumento a los directivos es de un «26% sobre el salario«, según se cita a Nicolás en La República y según se repite en otros medios de comunicación.  También es incorrecto indicar que el salario base creció en un 26%. Ambas expresiones  son distintas a decir que se aprobó un plus que equivale al 26% del salario base.

Primer dato falso: aumento no se aprobó este año, sino en el 2014

¿Cómo comenzó toda la discusión? Según la legisladora, «hace ya bastante tiempo» ella y otros diputados se han venido reuniendo con trabajadores del Tribunal Supremo de Elecciones para atender denuncias de los empleados.

«Nos han compartido diversas situaciones sobre denuncias de acoso laboral interno, temas de manejo presupuestario y este otro asunto de un aumento desproporcionado que se iba a dar  a una pequeña representación de trabajadores (…). Yo, en el ejercicio del control político, mandé a consultarle de forma respetuosa al Tribunal para que nos aclarara. En ningún momento pretendemos intimidar a (Luis Antonio) Sobrado, y él era la única autoridad que nos podía aclarar», explicó Nicolás.

Así, la diputada Nicolás envió un oficio de consulta al Tribunal Supremo de Elecciones.

 

Nicolás también divulgó otra publicación en redes sociales en la que compartía su opinión sin que hubiera obtenido una respuesta oficial del Tribunal. Nicolás agrega:

«Este aumento me parece inaudito en tiempos en el que se acaba de aprobar un Plan Fiscal y el Gobierno acaba de presentar un proyecto para regular el empleo público, ya que insiste en que pasa una situación financiera complicada».

 

El Tribunal Supremo de Elecciones recibió la consulta de Nicolás el jueves 9 de mayo en horas de la tarde, y envió su respuesta a la legisladora en la mañana del martes 14 de mayo, según documentación solicitada por Doble Check.

«Me permito aclarar que el incentivo al que hacen alusión el Diario Extra y su estimable persona no es actual ni fue aprobado siquiera recientemente, sino que data de 2014«, afirma el oficio, firmado por Erick Guzmán, Secretario General del TSE.

El documento también adjunta el decreto en el que se aprueba el aumento salarial. Ese decreto indica, a su vez, que la decisión del Tribunal regirá a partir de su publicación en el Diario Oficial La Gaceta (que ocurrió el martes 20 de mayo de 2014). La institución también envió un breve comunicado a medios de comunicación explicando lo ocurrido.

Doble Check solicitó las comunicaciones entre Nicolás y el Tribunal y los decretos en donde se publica el cambio salarial: todos ellos pueden descargarse en este enlace. También se pueden descargar todos los documentos con los que el Tribunal justifica el cambio salarial en este enlace. Dichos documentos nos permiten afirmar que la afirmación es falsa. 

Este medio también le consultó a la legisladora por qué divulgó una información de la que no tenía confirmación oficial.

“En ningún momento me estoy desdiciendo de la opinión previamente expresada. Efecticamente el aumento va.  Me sigue pareciendo un monto desproporcionado. Estoy haciendo un cuestionamiento en el sano ejercicio del control político. No era que la fuente que yo tenía era una fuente sin fundamento (se refiere a la publicación que hizo en redes sociales y a la consulta enviada al TSE). El aumento va. Yo ni siquiera estaba preguntando el detalle de la explicación de que si se había aplicado en el 2014, el 2017, o en el 2019. (…) La mayoría de oficios que envío son públicos y por eso los comparto”. 

Segundo dato falso: aumento no empezó a aplicarse este año, sino en el 2014

En nuestra entrevista con la diputada Nicolás, la legisladora repitió un dato falso que también ya había compartido en otros medios.

«Yo le mando la consulta al TSE sobre el aumento, me contestan de una manera en la que me pareció que no era de recibo que era que en su momento (el aumento) se había aprobado en el 2014. Lo que me parece malo ahora me parece mal en el 2014.  (Ahí) me contestan que hasta ahora que lo van a aplicar», dijo a Doble Check.

En entrevista con la legisladora, Doble Check le aclaró a la diputada que el vocero del Tribunal Supremo de Eleccciones —Gustavo Román— también había desmentido ese dato. «Entre la información que tengo es que no se le ha aplicado a todos los directivos”, respondió la diputada.

Doble Check solicitó al Tribunal Supremo de Elecciones una aclaración sobre ese tema. Al respecto, el tribunal envió una certificación firmada por la subjefa interina de Recursos Humanos de la institución, en la que indica que los seis directores de la institución devengan ese salario desde el 20 de mayo de 2014.  Puede descargarlo aquí. Dicho documento nos permite aseverar que la segunda afirmación también es falsa. 

Tercero: una precisión sobre cómo se calcula el plusNo se aumentó el total, ni se ensanchó el salario base.

Hay varias imprecisiones en medios de comunicación sobre cómo se calcula el aumento salarial de los directores en el Tribunal. Por ejemplo, es incorrecto que se dio un «aumento del 26% sobre los salarios de los directores del Tribunal», como lo indicó Multimedios,  La República  o Diario Extra.

También es impreciso indicar que hubo un incremento del 26% al salario base de los directores. Ensanchar el salario base incrementaría también otros muchos componentes salariales ligados al salario base y tendría un mayor valor económico. En realidad, la disposición del 2014 agregaba un nuevo plus al salario de los directores, equivalente al 26% del salario base de los directores.

¿Por qué el aumento?

Según Gustavo Román, la decisión de crear ese plus surgió tras la creación del Consejo de Directores del Tribunal Supremo de Elecciones. Según el vocero, los magistrados del Tribunal tenían anteriormente a cargo suyo buena parte de las decisiones administrativas de la institución (compras de inventario, equipo, etcétera), lo que dejaba menos tiempo para sus principales labores: generar jurisdicción electoral, fiscalizar partidos políticos, entre otros. Por ello se tomó la decisión de crear un órgano meramente administrativo.

En el 2014 el Tribunal creó el Consejo de Directores. Este agrupó, ya no a los magistrados, sino a seis jerarcas. El grupo quedó formado por los Directores del Registro Civil, Ejecutivo, General del Registro Electoral y de Financiamiento de Partidos Políticos, General del Instituto de Formación y Estudios en Democracia, General de Estrategia Tecnológica y al Secretario General del Tribunal. Ese consejo se reúne semanalmente, y toma las principales decisiones administrativas del Tribunal. El aumento salarial obedece a las nuevas funciones, explicó Román.

Además, el Tribunal asegura haber realizado un estudio previo sobre la competitividad de los salarios. El documento, realizado por «Bermúdez Méndez Asociados» y disponible para su descarga en nuestros enlaces ,  concluye que «en el mercado por cada 100 plazas existentes (similares a las de los directores), se está demostrando que 95 están pagando un salario igual o superior al ofrecido por el TSE», lo que «hace muy  vulnerable al TSE».

“Por supuesto, también se toma en cuenta el tema de la competitividad salarial, y la razón es que no podemos permitir que la gente se nos vaya o que la mejor gente no venga. Pero la motivación principal (del aumento) era la creación del Consejo de Directores. A todos estos señores se les dieron nuevas funciones», cerró Román.

¿Solo Costa Rica quitó el sexo de las cédulas? Casos en tres países lo ponen en duda

En resumen: Puede ser que Costa Rica haya sido el único país que haya eliminado la referencia al género en un documento oficial de identificación, pero está muy lejos de ser el primero en ajustar un documento oficial para que no contradiga la identidad autopercibida de un ciudadano o una ciudadana.

Un video compartido en redes sociales y en mensajes privados de Whatsapp, con el logo de la página de Facebook “Despierta Costa Rica” alega que «prácticamente Costa Rica es el único país que ha eliminado el sexo de su cédula de identidad». “¿Somos potencia mundial o un ridículo global?” (el video usa música de Réquiem for a Dream. Es toda una joya).

La premisa del video es engañosa. Según un trabajo de periodismo investigativo de National Geographic del 2016, casi un tercio de los países del mundo había adoptado distintas medidas para el cambio de género en documentos oficiales.

En Costa Rica se optó por la eliminación de la referencia al sexo. En otros países se ha optado por medidas que amplían las posibilidades de identificación: permiten el cambio de género entre hombre y mujer, o permiten usar una referencia no binaria.

No encontramos evidencia que refute la afirmación de que Costa Rica sea el único país que ha eliminado el sexo de su cédula de identidad del todo. Eso sí, encontramos casos especiales en Latinoamérica que, al menos, la ponen en entredicho.

Por ejemplo, los documentos de identidad en Uruguay no incluyen el género ni el sexo, pero sí incorporan un dígito en la identificación que determina el género y la condición legal de la persona. El Instituto Nacional Electoral de México decidió en diciembre de 2018 eliminar las referencias al sexo y al domicilio de las personas, para convertirlas en opcionales. En Argentina solo en dos casos particulares se ha omitido el género de las identificaciones, a petición de las personas interesadas.

En resumen: Puede ser que Costa Rica haya sido el único país que haya eliminado la referencia al género en un documento oficial de identificación, pero está muy lejos de ser el primero en ajustar un documento oficial para que no contradiga la identidad autopercibida de un ciudadano o una ciudadana.

Un video compartido en redes sociales y en mensajes privados de Whatsapp, con el logo de la página de Facebook “Despierta Costa Rica” alega que «prácticamente Costa Rica es el único país que ha eliminado el sexo de su cédula de identidad». “¿Somos potencia mundial o un ridículo global?” (el video usa música de Réquiem for a Dream. Es toda una joya).

La premisa del video es engañosa. Según un trabajo de periodismo investigativo de National Geographic del 2016, casi un tercio de los países del mundo había adoptado distintas medidas para el cambio de género en documentos oficiales.

En Costa Rica se optó por la eliminación de la referencia al sexo. En otros países se ha optado por medidas que amplían las posibilidades de identificación: permiten el cambio de género entre hombre y mujer, o permiten usar una referencia no binaria.

No encontramos evidencia que refute la afirmación de que Costa Rica sea el único país que ha eliminado el sexo de su cédula de identidad del todo. Eso sí, encontramos casos especiales en Latinoamérica que, al menos, la ponen en entredicho.

Por ejemplo, los documentos de identidad en Uruguay no incluyen el género ni el sexo, pero sí incorporan un dígito en la identificación que determina el género y la condición legal de la persona. El Instituto Nacional Electoral de México decidió en diciembre de 2018 eliminar las referencias al sexo y al domicilio de las personas, para convertirlas en opcionales. En Argentina solo en dos casos particulares se ha omitido el género de las identificaciones, a petición de las personas interesadas.

El sexo y el género en el papel

Para este chequeo contactamos al Tribunal Supremo de Elecciones de Costa Rica y a colegas de equipos de verificación de noticias falsas de otros países, como Chequeado, Animal Político, UYCheck, entre otros. También revisamos la legislación de los países citados, e hicimos varias consultas oficiales a países mencionados y otros que no integramos en el artículo.

Identificamos que los documentos de identidad emitidos por la Dirección Nacional de Identificación Civil de Uruguay no incluyen el sexo ni el género de la persona. El dato no aparece explícitamente en las cédulas de los uruguayos, ni de los ciudadanos legales ni de los extranjeros.

Eso sí, aunque no se incluye una designación explícita del género, el séptimo dígito de la identificación se refiere al género de la persona y a su condición legal (hombre o mujer uruguaya, hombre o mujer extranjera etcétera). Así como en Costa Rica tener el numeral 1 supone haber nacido en San José y el numeral 2 supone haber nacido en Alajuela, en Uruguay tener un 4 implica ser una mujer extranjera, y tener un 5 implica ser un hombre ciudadano legal. Para más detalles se puede consultar la ley 14.193.

El 19 de octubre del año pasado Uruguay aprobó también una ley que implica cambios en el sistema estadístico para reconocer la identidad de género e incorporar las categorías de hombre o mujer trans. La discusión se ha extendido, incluso, a menores de edad.

La situación de México también pone en entredicho al video. El 19 de diciembre de 2018 el Instituto Nacional Electoral de México (INE) publicó un comunicado de prensa en el que detalla una actualización de las credenciales para votar. “Como medidas optativas visibles quedarán el sexo de la persona, el domicilio y la leyenda «desde el extranjero»«, señala el comunicado. Eso sí, el dato se integra al código bidimensional QR al reverso de la credencial.

En Argentina el género sí aparece en los documentos de identificación, pero existen excepciones a la regla. La provincia de Mendoza aceptó en noviembre de 2018 que se omitiera el género de dos personas, pues no se identificaban como hombres o mujeres. Argentina también es uno de los pocos países en el globo (cinco, según National Geographic) en donde el cambio legal de género es legal sin restricciones. Así ocurre desde el 2012, tras la aprobación de la Ley de Identidad de Género de Argentina, bajo el número 26.743.

Según una extensa recopilación mundial de aparatos normativos hecha por National Geographic, casi un tercio de los países permite hacer cambios a los documentos de identidad, según el género percibido. La recopilación, hecha en 2016, destaca que en 46 es posible el cambio legal del género. En otra treintena de países eso es solo posible en determinadas regiones, o con algunas restricciones.

En Costa Rica

La decisión del Tribunal Supremo de Elecciones de eliminar el sexo de las cédulas de identidad se basa en la respuesta de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que indicaba que Costa Rica debía garantizar la rectificación del nombre de las personas interesadas en hacerlo.

Aunque el dato del sexo en las cédulas se omita y aunque se puede cambiar el nombre, el dato del sexo continúa apareciendo en los sistemas del Registro Civil. Así lo indicó Andrei Cambronero, letrado del Tribunal Supremo de Elecciones a Doble Check. Según Cambronero, la posibilidad de que el Estado cambie sus registros para que incorporen el género autopercibido, en lugar del sexo, requerirá de un cambio en las leyes.

Coda

Esta publicación del Club Venue es obviamente falsa. El TSE también confirmó oficialmente a Doble Check que no es una comunicación emitida por la institución.

Falso: El Presidente no ha respaldado la convocatoria de una constituyente

En resumen: Ni el Presidente Carlos Alvarado ni el Poder Ejecutivo han respaldado la convocatoria de una nueva Asamblea Nacional Constituyente. También es falso que el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) haya recibido nuevas peticiones para recoger firmas y convocar a un referéndum para convocar a una Constituyente.

Ambas afirmaciones falsas se divulgaron en un video compartido en Whatsapp.

La última gestión ante el TSE para autorizar la recolección de firmas sobre una convocatoria de este tipo se realizó en el 2016, y el proceso se encuentra varado en la Sala Constitucional tras una acción de inconstitucionalidad.

Esa gestión promovía la realización de un referéndum para convocar a una Constituyente, pero en ningún momento propuso el otorgamiento de «poderes plenipotenciarios al Presidente de la República para gobernar por decreto durante el transcurso en que se esté realizando esa Asamblea Nacional”, como se divulga en un video compartido en Whatsapp.

Casa Presidencial también señaló a Doble Check, por medio de su oficina de prensa, que no promueve ninguna convocatoria a una Asamblea Nacional Constituyente.

En resumen: Ni el Presidente Carlos Alvarado ni el Poder Ejecutivo han respaldado la convocatoria de una nueva Asamblea Nacional Constituyente. También es falso que el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) haya recibido nuevas peticiones para recoger firmas y convocar a un referéndum para convocar a una Constituyente.

Ambas afirmaciones falsas se divulgaron en un video compartido en Whatsapp.

La última gestión ante el TSE para autorizar la recolección de firmas sobre una convocatoria de este tipo se realizó en el 2016, y el proceso se encuentra varado en la Sala Constitucional tras una acción de inconstitucionalidad.

Esa gestión promovía la realización de un referéndum para convocar a una Constituyente, pero en ningún momento propuso el otorgamiento de «poderes plenipotenciarios al Presidente de la República para gobernar por decreto durante el transcurso en que se esté realizando esa Asamblea Nacional”, como se divulga en un video compartido en Whatsapp.

Casa Presidencial también señaló a Doble Check, por medio de su oficina de prensa, que no promueve ninguna convocatoria a una Asamblea Nacional Constituyente.

Video falso:

El video que se comparte en Whatsapp asegura que el Tribunal Supremo de Elecciones ha recibido una “gran cantidad de solicitudes”, incluyendo de instancias de gobierno, para convocar a una Asamblea Nacional Constituyente.

“De muy buena fuente, tengo un primo que es abogado que trabaja en el Tribunal Supremo de Elecciones. Me cuenta mi primo que el Tribunal Supremo de Elecciones ha recibido una gran cantidad de solicitud de diferentes instancias del gobierno, incluyendo la Presidencia de la República a una Asamblea Nacional Constituyente (…) Buscándole poderes plenipotenciarios para el Presidente de la República para gobernar por decreto durante el transcurso de que se esté realizando esa Asamblea Nacional Constituyente. Eso inhabilita a la Asamblea Legislativa”, indica el video.

El video incorpora varias supuestas fotos de las solicitudes, como esta:

El único trámite está suspendido

Contactamos a Andrei Cambronero, letrado del Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) para verificar la información. Según Cambronero, el único proceso para convocar a una Asamblea Nacional Constituyente dio inicio en el 2016. Ese proceso parte de una iniciativa encabezada por el exdiputado liberacionista y ex contralor general Alex Solís Fallas.

Esa solicitud había recibido la autorización del TSE para recoger firmas, pero el trámite se suspendió porque la decisión del TSE fue impugnada por una acción de inconstitucionalidad ante la Sala Constitucional. Puede leer la respuesta del TSE ante la suspensión aquí.

La Sala aún no ha resuelto este asunto. Si declara sin lugar la acción, el grupo tendría nueve meses de tiempo prorrogables por un mes, en el que debería recoger las firmas de más de un 5% del padrón electoral (aproximadamente unas 166.100 personas).

Si el grupo logra recoger las firmas, el Tribunal debe decidir si corresponde o no el archivo de las diligencias. Por ejemplo, en el 2015 el TSE rechazó una solicitud para convocar a un segundo referéndum en el país, que iba a obligar al Estado a consulta cualquier plan de tipo ambiental con la Asociación de Campesinos Ambientalistas por el Pulmón del Mundo: una organización de campesinos de Puerto Viejo de Sarapiquí. El TSE consideró que la iniciativa era discriminatoria y colocaba en una posición de privilegio a la Asociación.

Si el Tribunal, tras evaluar las firmas recolectadas, acepta la realización del referéndum, los costarricenses tendrían que votar por apoyar o no la convocatoria de una constituyente.

¿Qué es una Asamblea Constituyente?

Una Asamblea Constituyente es una reunión de representantes populares o constituyentes que se dedican a la redacción y a la votación de las reglas de una Constitución Política, que defina las reglas fundamentales bajo las cuales se rige un país. En la historia de Costa Rica han destacado las constituyentes de 1949 (la más reciente) y de 1871.

¿Cuáles son las reglas de la Constituyente?

Según Cambronero, hay poca jurisprudencia sobre la forma en que funcionaría una Constituyente en el país. Sin embargo, el artículo 196 de la Constitución Política de Costa Rica establece que la reforma a la constitución «solo podrá hacerse por una Asamblea Constituyente convocada al efecto. La ley que haga esa convocatoria deberá ser aprobada por votación no menor de los dos tercios del total de miembros de la Asamblea Legislativa y no requiere sanción del Poder Ejecutivo».

Es decir: para convocar a una Constituyente primero es necesario que la Asamblea Legislativa, o en este caso los ciudadanos mediante un referéndum, apruebe una ley que defina cómo va a funcionar ese proceso de transición. De hecho, la iniciativa presentada en el 2016 que busca llegar a referéndum es una ley que define cómo funcionaría el trabajo de la Asamblea Nacional Constituyente.

La iniciativa (puede descargarla aquí), presentada por Alex Solís Fallas, Walter Coto Molina, Patricia Pérez Hegg, Francisco Barahona, entre otras personas, sugiere que el país conformaría una Asamblea Constituyente de 61 representantes, escogidos por partidos políticos debidamente inscritos. Treinta y uno de ellos serían elegidos en elecciones nacionales mediante listas nacionales y treinta mediante listas provinciales. Esa Asamblea tendría unos 15 meses de tiempo para promulgar esa nueva Constitución Política de Costa Rica.

La ley no propone en ningún momento que el presidente pueda “gobernar por decreto”. En realidad, la única referencia al Presidente de la República en el texto indica que el mandatario “puede asistir a las sesiones de la Asamblea Constituyente con derecho a voz, pero sin voto”. Ese mismo derecho lo tendrían los expresidentes de la República, el presidente de la Corte Suprema de Justicia, el presidente de la Sala Constitucional, el contralor general de la República, el procurador general de la República, el defensor general de los Habitantes, el jefe del Ministerio Público y el jefe de la Defensa Pública.