Información inexacta creó rumor de que nueva ley privatizará la CCSS

No hay evidencia de que una reforma a la ley de concesiones vaya a privatizar la Caja Costarricense del Seguro Social. Así se desprende de una revisión de la reforma aprobada en mayo y de la propia Ley General de Concesión de Obras Públicas y Servicios Públicos, que data de 1998. Aclaraciones de la diputada que promovió la reforma y de Casa Presidencial apoyan esa refutación.

Los sindicatos de salud alertan sobre la presunta privatización basados en una lectura inexacta de un artículo periodístico de Sinart Costa Rica Noticias. La noticia está basada en declaraciones del 18 de julio de la diputada liberacionista, Silvia Hernández. La legisladora afirmó que “la reforma habilita que otros tipos de inversión puedan contribuir al desarrollo de una obra pública: hospitales, centros penitenciarios, escuelas, o el mantenimiento de una obra ya construída”.

En mayo se aprobó una reforma a la Ley General de Concesión de Obras Públicas y Servicios Públicos. El gremio Siprocimeca, por ejemplo, advirtió que esa reforma “permitirá también a la empresa privada asumir el mantenimiento y administración de obras como centros penitenciarios, escuelas y hasta hospitales». En otro comunicado, el sindicato añadió que la reforma permitiría la “privatización en la administración de centros de salud en la Caja; aunque ya estén construidos”. El presidente de la Unión Médica Nacional, Edwin Solano, hizo declaraciones similares en varios eventos.

Sin embargo, el artículo 2 de la ley exceptúa explícitamente la concesión de servicios de salud, así como electricidad y telecomunicaciones.

El departamento legal de Casa Presidencial reafirmó a Doble Check que la lectura de los sindicatos es falsa al indicar que el reciente cambio a la legislación dejó intacta las excepciones del artículo 2.

Por su parte, la diputada Hernández también aclaró a Doble Check que la reforma que promovió nunca varió el alcance de la ley de concesiones, pues sigue excluyendo los servicios de salud. La diputada señaló que su afirmación en prensa se refería a temas de desarrollo y mantenimiento de infraestructura en salud, y no a la prestación de los servicios.

En resumen: No hay evidencia de que una reforma a la ley de concesiones vaya a privatizar la Caja Costarricense del Seguro Social. Así se desprende de una revisión de la reforma aprobada en mayo y de la propia Ley General de Concesión de Obras Públicas y Servicios Públicos, que data de 1998. Aclaraciones de la diputada que promovió la reforma y de Casa Presidencial apoyan esa refutación.

Los sindicatos de salud alertan sobre la presunta privatización basados en una lectura inexacta de un artículo periodístico de Sinart Costa Rica Noticias. La noticia está basada en declaraciones del 18 de julio de la diputada liberacionista, Silvia Hernández. La legisladora afirmó que “la reforma habilita que otros tipos de inversión puedan contribuir al desarrollo de una obra pública: hospitales, centros penitenciarios, escuelas, o el mantenimiento de una obra ya construída”.

En mayo se aprobó una reforma a la Ley General de Concesión de Obras Públicas y Servicios Públicos. El gremio Siprocimeca, por ejemplo, advirtió que esa reforma “permitirá también a la empresa privada asumir el mantenimiento y administración de obras como centros penitenciarios, escuelas y hasta hospitales». En otro comunicado, el sindicato añadió que la reforma permitiría la “privatización en la administración de centros de salud en la Caja; aunque ya estén construidos”. El presidente de la Unión Médica Nacional, Edwin Solano, hizo declaraciones similares en varios eventos.

Sin embargo, el artículo 2 de la ley exceptúa explícitamente la concesión de servicios de salud, así como electricidad y telecomunicaciones.

El departamento legal de Casa Presidencial reafirmó a Doble Check que la lectura de los sindicatos es falsa, al indicar que el reciente cambio a la legislación dejó intacta las excepciones del artículo 2.

Por su parte, la diputada Hernández también aclaró a Doble Check que la reforma que promovió nunca varió el alcance de la ley de concesiones, pues sigue excluyendo los servicios de salud. La diputada señaló que su afirmación en prensa se refería a temas de desarrollo y mantenimiento de infraestructura en salud, y no a la prestación de los servicios.

Las afirmaciones sindicales

El sindicato Siprocimeca ha hecho varias publicaciones en donde se afirma una intención gubernamental de privatizar los servicios de la Caja. Un comunicado, titulado «7 razones para ir a huelga», destaca:

“El Gobierno quiere privatizar la Caja Costarricense del Seguro Social, para hacer un negocio millonario con la salud del pueblo. Sabía usted( sic) que se acaba de firmar la reforma de la Ley General de Concesión de Obras Públicas con Servicios Públicos, que permitirá también a la empresa privada asumir el mantenimiento y administración de otras obras como centros penitenciarios, escuelas y hasta hospitales. La Caja es nuestro principal baluarte y le pertenece al

pueblo, luchemos para que esta noble institución no sea privatizada.”

En otra publicación afirman:

“Asimismo, (los diputados) aprobaron una reforma a la Ley General de Concesiones (N°7762) que permite la privatización en la administración de centros de salud en la Caja; aunque ya estén construidos”.

El presidente de la Unión Médica Nacional. Edwin Solano, también hizo declaraciones al respecto:

“Ya los diputados firmaron una reforma a la ley de contratación pública privada en la que dice, en ese mismo lado que la empresa privada puede administrar hospitales. Entonces, debo decirle al señor presidente ejecutivo de la CCSS que nosotros tenemos claro por qué le estamos diciendo al pueblo que se quiere privatizar la institución.”

Solano afirmó también al día siguiente:

“Ya en la Asamblea Legislativa hay proyectos de ley para permitir que la empresa privada administre escuelas, administre cárceles y hospitales. Si eso no es privatizar, que me lo digan. Y le pregunto al señor presidente ejecutivo qué ha querido decir cuando dice que es mentira que se ha querido privatizar la Caja”

Rumor de privatización a partir de reforma legal reciente es falso

La ley 9.701 fue aprobada por la Asamblea Legislativa y firmada por el presidente Carlos Alvarado hace casi un mes. La norma reescribe 5 artículos de la ley de Concesión de Obras Públicas.

Uno de los cambios más importantes es la reforma al primer artículo de la ley. Antes, el gobierno solo tenía dos figuras de concesión: la concesión de obra pública (el Estado decide que una empresa construya y conserve alguna obra), y la concesión de obra con servicio público (el Estado decide que una empresa construya, conserve y además explote la obra durante algún tiempo).

La reforma introduce una tercera modalidad: la optimización de activos de infraestructura. Esta última opción se abre cuando ya existe una obra que se pone en manos de una empresa privada para que pueda operarla, mantenerla y explotarla durante algún tiempo determinado.

La reforma, sin embargo, nunca alteró el artículo dos de la ley de Concesión de Obras Públicas que expresamente decía:

“Toda obra y su explotación son susceptibles de concesión cuando existan razones de interés público, que deberán constar en el expediente mediante acto razonado. Se exceptúan de la aplicación de esta Ley las telecomunicaciones, la electricidad y los servicios de salud

Origen del rumor

¿De dónde surge la premisa sindical sobre la privatización de la CCSS? Marvin Atencio, secretario general de Siprocimeca, compartió con Doble Check el artículo de Costa Rica Noticias titulado «Empresa Privada podrá administrar obras públicas como escuelas o cárceles«.

En él, la diputada proponente del proyecto de ley afirmó: “(Con la reforma) no estamos hablando solo de carreteras. La reforma que yo hago habilita otros tipos de inversión (…) como son pensiones, por ejemplo, puedan contribuir al desarrollo de una obra pública en general: hospitales, centros penitenciarios, escuelas inclusive, o el mantenimiento de una obra ya construida».

Ni la diputada, ni el artículo periodístico aclaran que ella se refería específicamente a la infraestructura cuando hablaba de hospitales. Eso pudo inducir a error a los sindicatos.

Aclaraciones a la noticia

En declaraciones a Doble Check, Hernández afirmó:

“La reforma que presenté no varía el alcance de la ley de concesiones que ya excluye servicios de salud. Sí se puede realizar infraestructura en temas de salud y a eso me referí. Por ejemplo, hacer edificios y adquisición de equipos, para que el personal de salud se concentre en el servicio y no ande tapando goteras”, dijo.

El departamento legal de Casa Presidencial también descartó la lectura sindical y destacó que los proyectos de concesión que se encuentran planteados solo se circunscriben a la infraestructura de transporte:

“Es falso que la ley Nº 9701 privatice servicios de salud. El artículo 2 de la Ley General de Concesiones expresamente exceptúa su aplicación en telecomunicaciones, electricidad y servicios de salud. La reforma a la ley no varía sus alcances ni las restricciones a la figura de la concesión (…) no modificó el tipo de servicios que se pueden dar en concesión. Simplemente estableció que sobre los ya permitidos se pueden concesionar activos que ya existen”.

Doble Check procuró buscó comentarios sobre estas aclaraciones con Marvin Atencio, de Siprocimeca, y con Edwin Solano, de la Unión Médica Nacional. Los líderes sindicales argumentaron no poder dar respuesta, pues se encontraban en negociaciones con la CCSS.

En declaraciones a Doble Check, la periodista de Costa Rica Noticias Melany Corrales explicó que su artículo se basó exclusivamente en las declaraciones de la diputada liberacionista.

¿Y las escuelas y las cárceles?

Doble Check consultó a Casa Presidencial si la reforma a la ley abre la puerta para que el sector privado pueda participar en la administración de escuelas y cárceles, pero aún no ha recibido respuesta.

Al respecto, Hernández afirmó que —teóricamente— sí sería posible ver concesiones en este tipo de obras de infraestructura. Su opinión es que eso sería poco probable, puesto que las obras concesionables que usualmente se han hecho en el país han sido carreteras o infraestructura de transporte.

“¿Podría eventualmente darse? Sí, claro que sí. Pero en la práctica no es atractivo para que un tercero esté interesado”, dijo. “Pero hay que recordar que en el marco de una concesión, el activo siempre es del Estado, nunca lo pierde”, agregó la diputada.

Doble Check tratará de hallar una fuente independiente que brinde un análisis al respecto.

La huelga en salud

Los sindicatos del sector salud se han mantenido en huelga durante toda esta semana. Aunque la privatización ha sido uno de los principales temores externados por los trabajadores, no es el único.

Los gremios han insistido en que la publicación de dos decretos del Ejecutivo violan una serie de acuerdos firmados en febrero. Estos convenios pretendían proteger los derechos adquiridos de los empleados con respecto al pago de anualidades y otros pluses salariales. El Presidente Ejecutivo de la Caja Costarricense de Seguro Social, Román Macaya, concedió hoy en entrevista con Hablando Claro que algunos de los puntos en donde se había llegado a un acuerdo desde febrero, fueron afectados con un decreto posterior que los contradecía. Doble Check está realizando varias consultas sobre este tema a entes oficiales y sindicales para poder realizar nuevas verificaciones.

Video de sindicato difunde falsedades sobre educación dual desde el 2016

Un video de la Asociación Nacional de Educadores (ANDE) que contiene  afirmaciones falsas sobre los proyectos de ley de educación dual ha sido difundido en redes sociales desde el 2016.

El 6 de junio de ese año, el sindicato publicó un video donde mostraba su oposición al proyecto 19.019 que se discutía en la Asamblea Legislativa. En aquel momento, la iniciativa se titulaba “Ley para la regulación de la educación o formación profesional técnica en la modalidad dual en Costa Rica”.

Ese proyecto no prosperó y se archivó. A pesar de ello, el video publicado por ANDE permaneció en su perfil de Facebook. En el último mes, ese material ha sido compartido miles de veces por otros perfiles en esa plataforma. Los usuarios pueden ser llevados a inferir incorrectamente que las afirmaciones del sindicado corresponden al nuevo proyecto de educación dual, que es tramitado con el expediente 20.786

Doble Check revisó los textos de la iniciativa que se discutía en el 2016, así como el proyecto que se tramita actualmente en la Asamblea Legislativa. Doble Check también contrastó la información con el director de Educación Técnica y Capacidades Emprendedoras del Ministerio de Educación Pública (MEP), Pablo Masís.

El video contiene varias afirmaciones que no son verificables porque son interpretaciones o pronósticos del sindicato. Por ejemplo, se afirma que la educación dual busca proveer mano de obra barata a las empresas. También se dice que las becas otorgadas en ese sistema pueden ser «señuelos» para que estudiantes de escasos recursos abandonen los centros educativos.

Sin embargo, hallamos tres afirmaciones del video que sí son verificables y que resultaron falsas con respecto a las propuestas de ley:

“Las materias académicas, deportivas y artísticas son sustituidas por una práctica laboral de tres años”.
“Al final de ese tiempo, los y las estudiantes solo obtendrían una certificación como técnicos medios, y no el título de Bachillerato de secundaria”.
“Podría disminuir, poco a poco, la matrícula de los colegios académicos y técnicos”.

En resumen: Un video de la Asociación Nacional de Educadores (ANDE) que contiene  afirmaciones falsas sobre los proyectos de ley de educación dual ha sido difundido en redes sociales desde el 2016.

El 6 de junio de ese año, el sindicato publicó un video donde mostraba su oposición al proyecto 19.019 que se discutía en la Asamblea Legislativa. En aquel momento, la iniciativa se titulaba “Ley para la regulación de la educación o formación profesional técnica en la modalidad dual en Costa Rica”.

Ese proyecto no prosperó y se archivó. A pesar de ello, el video publicado por ANDE permaneció en su perfil de Facebook. En el último mes, ese material ha sido compartido miles de veces por otros perfiles en esa plataforma. Los usuarios pueden ser llevados a inferir incorrectamente que las afirmaciones del sindicado corresponden al nuevo proyecto de educación dual, que es tramitado con el expediente 20.786

Doble Check revisó los textos de la iniciativa que se discutía en el 2016, así como el proyecto que se tramita actualmente en la Asamblea Legislativa. Doble Check también contrastó la información con el director de Educación Técnica y Capacidades Emprendedoras del Ministerio de Educación Pública (MEP), Pablo Masís.

El video contiene varias afirmaciones que no son verificables porque son interpretaciones o pronósticos del sindicato. Por ejemplo, se afirma que la educación dual busca proveer mano de obra barata a las empresas. También se dice que las becas otorgadas en ese sistema pueden ser «señuelos» para que estudiantes de escasos recursos abandonen los centros educativos.

Sin embargo, hallamos tres afirmaciones del video que sí son verificables y que resultaron falsas con respecto a las propuestas de ley:

  1. “Las materias académicas, deportivas y artísticas son sustituidas por una práctica laboral de tres años”.
  2. “Al final de ese tiempo, los y las estudiantes solo obtendrían una certificación como técnicos medios, y no el título de Bachillerato de secundaria”.
  3. “Podría disminuir, poco a poco, la matrícula de los colegios académicos y técnicos”.

¿Cuáles son los proyectos de educación dual?

El proyecto 19.019, titulado como “Ley para la regulación de la educación o formación profesional técnica en la modalidad dual en Costa Rica”, entró a corriente legislativa en diciembre del 2013.

Aquel proyecto pretendía regular una modalidad educativa donde la persona estudiante puede formarse simultáneamente en dos ámbitos de aprendizaje: una institución de la Educación y Formación Técnica Profesional (EFTP) y una empresa o centro de formación para la empleabilidad.

El video del ANDE se refería a ese proyecto de ley. Sin embargo, su plazo de discusión se venció y el texto pasó al archivo del Congreso en octubre del 2017.

A finales de abril del 2018, el diputado Ronny Monge, del Partido Liberación Nacional (PLN), propuso una nueva iniciativa de ley similar sobre educación dual. Este proyecto se mantiene en discusión de Plenario actualmente. La nueva versión se tramita con el expediente 20.786 y se titula “Ley de educación y formación técnica dual (anteriormente denominado): ley de educación dual”.

El video de ANDE se refiere al proyecto que ya está archivado. Aún así, este ha sido compartido por otros perfiles en Facebook durante las protestas contra la iniciativa de ley actual, lo cual puede inducir al error.

“Las materias académicas, deportivas y artísticas son sustituidas por una práctica laboral de tres años”

La afirmación del ANDE es falsa para el sistema de aprendizaje del MEP. El tiempo de aprendizaje del sistema dual está limitado a las horas previstas actualmente para los programas de especialidad técnica. Es decir, es comparable al sistema de los colegios técnicos que operan actualmente.

El proyecto de ley de junio del 2016  —cuando ANDE publicó su video— proponía una serie de requisitos específicamente para «planes de estudio para la educación y formación técnica profesional» que implementaran el sistema dual (capítulo 3).

La propuesta actual tampoco incluye cambios en la proporción de las mallas académicas de los estudiantes de colegios técnicos.

Pablo Masís, director de Educación Técnica y Capacidades Emprendedoras del MEP, ahondó sobre este tema. El funcionario explicó que ese ha sido el método aplicado en un plan piloto de educación dual en colegios técnicos desde el 2017, donde participan 106 estudiantes:

“El estudiante de un colegio técnico va 40 horas al colegio entre lunes y viernes. De esos cinco días, el estudiante pasa tres días en la especialidad técnica, y los otros dos días hace toda la parte académica. Entonces, en un programa dual, ya sea el nuestro o cualquier otro a partir de la ley, el estudiante va a ir a la empresa dentro de las horas en que está en la especialidad; no puede ir a la empresa cuando le toca Español o Matemáticas o Estudios Sociales”, dijo el directivo del MEP.

“Al final de ese tiempo, los y las estudiantes solo obtendrían una certificación como técnicos medios, y no el título de Bachillerato de secundaria”

Esto es incorrecto. Cada estudiante obtiene un Bachillerato en Educación Media al final de la formación en un colegio técnico profesional. También obtiene un título de Técnico Medio de nivel 4 en su especialidad, según el Marco Nacional de Cualificaciones. Esa estructura se ha mantenido para los alumnos que participan en el plan piloto de educación dual del MEP, confirmó el director de Educación Técnica del MEP.

“Si el estudiante llevó la especialidad en el modelo dual, la diferencia es que su Técnico Medio es en modalidad dual, pero siempre tiene que ser egresado y haber terminado sus estudios de Bachillerato para obtenerlo”, añadió Masís.

Los textos del antiguo proyecto de educación dual y la nueva propuesta carecen de artículos o incisos que sustituyan el Bachillerato en Educación Media por un Técnico Medio del MEP.

La iniciativa legislativa del 2016, en su artículo 22, solo establecía que una de las responsabilidades del centro educativo era «certificar a las personas estudiantes que logran finalizar el plan de estudios y el proceso de formación profesional técnica bajo la modalidad dual».

El artículo 19 del proyecto de educación dual que se discute actualmente requiere que las instituciones educativas emitan una constancia de competencia y un diploma “de acuerdo con lo establecido en el Marco Nacional de Cualificaciones de la EFTP-CR [Educación y formación Técnica Profesional de Costa Rica] y la normativa vigente”.

Entonces, la afirmación del ANDE es falsa.

“Podría disminuir, poco a poco, la matrícula de los colegios académicos y técnicos”

Es falso que los estudiantes de colegios académicos podrían optar por programas de educación dual. Esas instituciones carecen de programas de Educación y Formación Técnica Profesional (EFTP).

En esta afirmación ANDE hace una proyección a futuro. Sin embargo, su interpretación está limitada por el principio de alternancia del proyecto de ley: la persona estudiante debe llevar una formación técnica simultánea en el centro educativo y en la empresa o centro de formación.

La propuesta legislativa del 2016 —cuando el ANDE estrenó su video— definía que “la educación y formación profesional técnica en la modalidad dual debe ser alterno y simultáneo, para que la persona estudiante adquiera los conocimientos teóricos y los ponga en práctica al mismo tiempo”. El texto de aquella época proponía que el estudiante pasara un mínimo de un tercio de su programa técnico en el centro educativo y no más de dos tercios en la empresa formadora.

Por su parte, el proyecto de ley actual establece una estructura similar. En esta iniciativa, la formación se daría en dos ámbitos: en el centro educativo y en una empresa o centro de formación. Esta educación se daría “de manera alterna y simultánea, para que la persona estudiante adquiera los conocimientos teóricos y los ponga en práctica al mismo tiempo”, indica el texto en el inciso M del artículo 4. El proyecto que se discute ahora advierte que «la cantidad de horas que la persona estudiante permanezca en la empresa dependerá del diseño curricular del programa de EFTP correspondiente».

Según esos principios, la interpretación del ANDE es errónea para ambos proyectos, apunta el jerarca Pablo Solís.

“No se reducen las lecciones porque el docente sigue siendo el profesor de ese estudiante. No es que el estudiante se fue para la empresa y lo vi dentro de tres años. El estudiante está en la empresa y está en el colegio, y ocupará capacitación del profesor”, dijo el director de Educación Técnica del MEP.

El proyecto que se debatía en el 2016 establecía que los docentes debían «visitar las instalaciones de la empresa formadora y desarrollar actividades de acompañamiento pedagógico». De forma similar, el artículo 20 del proyecto de ley actual propone que cada estudiante “sea visitado en la empresa o centro de formación para la empleabilidad por los docentes asignados por el centro educativo al que pertenece”.

Masís argumentó que su jefatura del MEP no prevé que todo el estudiantado de colegios técnicos opte por un modelo dual. Esto es así porque el proyecto de ley no requiere un ingreso obligatorio de sus partes. Es decir, la participación en esta modalidad es voluntaria tanto para empresas como para estudiantes de colegios técnicos.

“¿Todos los estudiantes de un grupo irían a las empresas a la misma hora, los mismos días de la semana, y todos al mismo horario? No necesariamente. Unos estudiantes pueden estar en una empresa y otros estudiantes en otra, y no tener el mismo horario. Es decir, el profesor va a estar disponible para los otros estudiantes. Además, el profesor hace una labor de supervisión en la empresa; el profesor tiene que estar yendo a la empresa”, agregó el directivo del MEP.

Doble Check solicitó detalles al ANDE sobre el método para llegar a su conclusión, pero no se obtuvo detalle.

La respuesta de ANDE

La vocera de prensa del ANDE indicó a Doble Check que el video difundido por ese sindicado “es viejo y corresponde a otro proyecto de ley, no al actual” y que “no puede tomarse como información actualizada  porque no lo es”.

La ANDE justificó que “los distintos textos del expediente 19.019 resultaban ambiguos y dejaban lugar a múltiples interpretaciones”.

“ANDE realizó consultas a expertos y a docentes de colegios técnicos, quienes, haciendo una interpretación integral de dicho proyecto, señalaban que la creación de un órgano especializado en Educación Dual, con autoridad para establecer las reglas en esta materia, pasando incluso por encima del Consejo Superior de Educación, resultaba peligroso”, explicó el sindicato.

“Entre los riesgos que cabían dentro del abanico de posibilidades, estaba que dicho órgano hubiese podido eliminar de los centros educativos, donde se impartiera la modalidad dual, el área académica con tal de satisfacer el requerimiento de horas de trabajo estudiantil, demandado por las empresas participantes de esta modalidad”, añadió el ANDE por medio de su área de prensa.

Es cierto que el proyecto de ley de educación dual que se discutía en el 2016 proponía la creación de un Consejo Nacional de Educación Dual adscrito al MEP para la regulación de ese modelo.

Sin embargo, en su artículo 3, el proyecto de ley excluía de esas funciones  a “las competencias propias (exclusivas y excluyentes) del Consejo Superior de Educación, el Instituto Nacional de Aprendizaje, el Consejo Nacional de Educación Superior Universitaria Privada,  y el Consejo Nacional de Rectores”.

 

Nota del editor: Las verificaciones de Doble Check parten de afirmaciones que se hacen en el ámbito público. Un ejemplo de estas es el video divulgado por ANDE. Esta verficación nació de varias solicitudes a nuestras redes sociales. Como es nuestra práctica, Doble Check extendió varias preguntas a la fuente original de la información, es decir, a la propia ANDE. Ante nuestras consultas, la asociación de educadores respondió con sus propias interrogantes a la espera de una verificación ampliada. El sindicato no indicó que sus preguntas hubieran partido de afirmaciones en el discurso público, por lo que no consideramos que fueran objeto de nuestro trabajo. No obstante, en afán de enriquecer la discusión del proyecto que se tramita en la Asamblea Legislativa, reproducimos las dudas de ANDE a continuación:

“1. ¿En qué artículo o inciso, el proyecto garantiza que aumentarán las opciones de empleo en el país y qué mecanismos concretos establece el proyecto, para medir dicho objetivo?”
2. ¿Hay algún artículo o inciso que garantice un empleo a los estudiantes que participan de la modalidad dual? Por ejemplo, ¿se obliga, de alguna manera, a las empresas a contratar un porcentaje mínimo de los estudiantes de los que dispusieron durante el periodo de formación dual? ¿Podría suceder que una empresa reciba estudiantes durante décadas sin contratar a uno solo de ellos?”
“3. ¿Qué artículo o inciso impide que el empresario pueda asignar funciones, tareas o responsabilidades laborales a un estudiante? ¿Contempla el proyecto alguna sanción para las empresas que traten de utilizar la fuerza de trabajo estudiantil, para satisfacer sus necesidades de producción?”
“4. ¿Qué mecanismos contempla el proyecto para prevenir que los empresarios que participan de la modalidad dual puedan reemplazar a trabajadores formales por estudiantes-trabajadores?”

APSE divulga conclusión falsa sobre opiniones de familias tras huelga

En resumen: La percepción que tenía 21% de los hogares en Costa Rica sobre la educación pública se vio afectada por la participación de los docentes en la huelga de 89 días contra la reforma fiscal el año pasado.

Eso lo indica una encuesta realizada por el Programa del Estado de la Nación (PEN) en febrero del 2019, cuyos resultados fueron publicados esta semana.

Aún así, la Asociación de Profesores de Segunda Enseñanza (APSE) ignoró este hecho y emitió un comunicado de prensa sobre el estudio el jueves pasado, donde celebra que la percepción de los hogares “no se vio afectada”.

Para hacer tal afirmación, el sindicato solo empleó los datos favorecedores de la encuesta: 85% de las familias dijeron que están satisfechas o muy satisfechas con el centro de enseñanza al que envían a sus hijos, y 62% de los hogares dijo que “no cambió” su percepción sobre los docentes o los centros educativos después del paro de labores.

La afirmación es incorrecta: el hecho de que la percepción de un porcentaje mayoritario no haya cambiado es distinto a declarar que esa valoración no cambió del todo.

Además, el PEN advierte que la ausencia de cambio en la valoración del servicio no quiere decir que los hogares estuvieran libres de afectaciones.

Precisamente, la mayoría de familias aseguró que la huelga afectó al menos a uno de sus hijos, y que el grado de afectación fue calificado como “mucho” en mayor parte. Esos datos también fueron ignorados por el APSE en su nota de prensa.

La encuesta también revela que la mayoría de familias está en contra de permitir huelgas en el sector educativo o que las podría tolerar con límites de tiempo.

En resumen: La percepción que tenía 21% de los hogares en Costa Rica sobre la educación pública se vio afectada por la participación de los docentes en la huelga de 89 días contra la reforma fiscal el año pasado.

Eso lo indica una encuesta realizada por el Programa del Estado de la Nación (PEN) en febrero del 2019, cuyos resultados fueron publicados esta semana.

Aún así, la Asociación de Profesores de Segunda Enseñanza (APSE) ignoró este hecho y emitió un comunicado de prensa sobre el estudio el jueves pasado, en el que celebra que la percepción de los hogares “no se vio afectada”.

Para hacer tal afirmación, el sindicato solo empleó los datos favorecedores de la encuesta: 85% de las familias dijeron que están satisfechas o muy satisfechas con el centro de enseñanza al que envían a sus hijos, y 62% de los hogares dijo que “no cambió” su percepción sobre los docentes o los centros educativos después del paro de labores.

La afirmación es incorrecta: el hecho de que la percepción de un porcentaje mayoritario no haya cambiado es distinto a declarar que esa valoración no cambió del todo.

Además, el PEN advierte que la ausencia de cambio en la valoración del servicio no quiere decir que los hogares estuvieran libres de afectaciones.

La mayoría de familias aseguró que la huelga afectó al menos a uno de sus hijos, y que el grado de afectación fue calificado como “mucho” en mayor parte. Esos datos también fueron ignorados por el APSE en su nota de prensa.

La encuesta también revela que la mayoría de familias está en contra de permitir huelgas en el sector educativo o que las podría tolerar con límites de tiempo.

Afectaciones a los hogares

El PEN realizó una encuesta telefónica a una muestra representativa de 719 hogares de todo el país en febrero de este año. Los resultados tienen un nivel de confianza de 95%.

La encuesta investigó tres temas principales: “La valoración de los padres y madres de familia sobre el sistema educativo público;  sus actitudes y percepciones sobre la huelga y los impactos que ésta tuvo en las dinámicas cotidianas de los hogares”, describe el artículo que el PEN publicó esta semana con los resultados.

El PEN concluyó que las personas jefas de hogar tienen una alta apreciación del sistema educativo público. En la mayoría de los casos, esa valoración no cambió a raíz de la huelga.

Sin embargo, eso no significa que la huelga de casi tres meses hubiera pasado desapercibida en esas familias.

En primer lugar, 21% de las familias cambió negativamente la imagen que tenían de la educación pública. Además, 74% de lo hogares reportó que al menos uno de sus hijos resultó afectado por el paro de labores, y esa afectación fue mucha en 58% de los casos.

Además, la mayoría de los encuestados aseguró que sus hijos no pudieron asistir a clases durante la totalidad de la huelga, del 10 de septiembre al 7 de diciembre del año anterior. Eso implicó la interrupción parcial o total de los servicios de alimentación, becas y comedores.

Una cuarta parte de las familias tuvo que incurrir en un gasto adicional de unos ₡49.000 para alimentación debido al cierre de los centros educativos.

Comunicado de prensa del APSE, publicado en Facebook el 28 de marzo.

“Para la gente, el sistema educativo público es importantísimo, y está en alta valoración. Eso no significa que la gente no sintiera un impacto. Claro que lo hubo, y lo señalan”, dijo a Doble Check Isabel Román, coordinadora de la investigación.

Aún así, la APSE se enfocó en los resultados que ubicaban positivamente la imagen de la educación pública, y publicó que la percepción positiva de los hogares «no se vio afectada por la huelga».

¿Por qué prevalece la buena imagen?

El análisis del PEN mantiene la hipótesis de que la alta valoración del servicio educativo registrada en la encuesta puede deberse al acceso que tienen los hogares a esta, independientemente de su nivel socioeconómico.

El nivel educativo de la mayor parte de los entrevistados no supera la secundaria y casi la totalidad (89%) respondió que carece de recursos económicos para enviar a sus hijos a centros de educación privados, y que no invirtió en tutorías durante el paro de labores.

“La suspensión del servicio educativo por la huelga afectó directamente a hogares vulnerables, que no tienen más opción educativa para sus hijos que no sea el sistema educativo público”, concluyó el estudio.

De ese modo, la buena imagen del servicio educativo se mantiene positiva por ser la única opción posible para los hogares, comentó Román.

“Pese a que la huelga tuvo impactos importantes en las familias, la gente sigue valorando el servicio educativo público; es que es lo que tienen”, explicó la investigadora.

Román añadió que el estudio del PEN pretende abrir un debate sobre la imagen de la educación pública, pero advirtió que “tiene que verse la información completa”.

Doble Check solicitó entrevista con la presidenta de la APSE, Mélida Cedeño, quien mostró “satisfacción por los resultados obtenidos” en la encuesta del PEN, según la nota de prensa del sindicato.

Por medio de su encargado de comunicación, Cedeño dijo que se limitará a las declaraciones del comunicado de prensa sobre la encuesta, y que “aún falta que se publique el informe completo” del PEN.

Familias en contra de huelgas

El sindicato de educadores ignoró otro resultado de la encuesta en su comunicado oficial: la mayoría de hogares (61,5%) considera que no deben permitirse huelgas en el sector educativo. Otro 23% de las familias está a favor de las huelgas, pero con un límite de tiempo de una semana a un mes.

Solo 8,2% de las familias en el país apoya que los educadores públicos hagan huelgas sin límite de tiempo, según la medición del PEN.