Es falso que solo Costa Rica pague salario durante huelgas, como dijo Telenoticias

En resumen: Es falso que Costa Rica sea el único país del mundo donde se pagan los salarios a trabajadores mientras están en huelga. Así lo divulgó Telenoticias.

A inicios de setiembre pasado, ese noticiero publicó una información titulada como «Estudio: Costa Rica es el único país del mundo que paga salario a trabajadores en huelga». Telenoticias añadió que «en todos los demás países, mientras los trabajadores están en paro, no reciben pago».

El noticiero atribuyó esas afirmaciones a un análisis del director en Costa Rica de la firma de abogados BDS Asesores, Marco Durante.

Sin embargo, Durante advirtió a Doble Check que su análisis solamente incluyó algunos países de Europa Occidental, Centroamérica, México, República Dominicana, Colombia y Perú. Durante aseguró que sus conclusiones no pueden generalizarse a todas las naciones del mundo, tal como hizo Telenoticias.

Existe otro estudio de la Organización Internacional de Empleadores, del 2017. El análisis permite inferir que el pago a los trabajadores durante periodos de huelga sí es inusual en distintos países analizados. Eso sí, ese estudio lanza información contradictoria en al menos dos casos con respecto al análisis de BDS Asesores.

Doble Check sí pudo confirmar la existencia de, al menos, un país latinoamericano cuya legislación también permite que se perciba el salario simultáneamente a la realización de una huelga: Bolivia.

En resumen: Es falso que Costa Rica sea el único país del mundo donde se pagan los salarios a trabajadores mientras están en huelga. Así lo había divulgado Telenoticias.

A inicios de setiembre pasado, ese noticiero publicó una información titulada: «Estudio: Costa Rica es el único país del mundo que paga salario a trabajadores en huelga». Telenoticias añadió que «en todos los demás países, mientras los trabajadores están en paro, no reciben pago».

El noticiario atribuyó esas afirmaciones a un análisis del director en Costa Rica de la firma de abogados BDS Asesores, Marco Durante.

Sin embargo, Durante advirtió a Doble Check que su análisis solamente incluyó algunos países de Europa Occidental, Centroamérica, México, República Dominicana, Colombia y Perú. Durante aseguró que sus conclusiones no pueden generalizarse a todas las naciones del mundo, tal como hizo Telenoticias.

Existe otro estudio de la Organización Internacional de Empleadores, del 2017. El análisis permite inferir que el pago a los trabajadores en periodos de huelga sí es inusual en distintos países analizados. Eso sí, ese estudio lanza información contradictoria en al menos dos casos con respecto al análisis de BDS Asesores.

Doble Check sí pudo confirmar la existencia de, al menos, un país latinoamericano cuya legislación también permite que se perciba el salario simultáneamente a la realización de una huelga desde el primer día de paro: Bolivia.

¿Cómo se regula el salario durante huelgas en Costa Rica?

La Reforma Procesal Laboral del 2016 plasmó en el Código de Trabajo de Costa Rica que «la terminación de los contratos de trabajo o, en su defecto, el rebajo salarial o cualquier tipo de sanción, solo será procedente a partir de la declaratoria de ilegalidad de la huelga», según el artículo 379.

Esa norma se basó en el voto N°10832-2011 de la Sala Constitucional, del año 2011. Así lo refirió a Doble Check el abogado laborista Mauricio Castro. Él participó en la redacción de la Reforma Procesal Laboral y propuso el artículo 379 en el texto.

El Tribunal de Apelaciones de Trabajo del Primer Circuito Judicial emitió una sentencia al respecto a finales del 2018. La resolución sostuvo que esos rebajos salariales no pueden hacerse desde antes de la declaración de ilegalidad de una huelga. La instancia judicial dispuso: «La aplicación de sanciones disciplinarias y rebajos salariales […] no podrán realizarse de forma retroactiva, únicamente a futuro y a partir de la firmeza de esta sentencia, una vez operado el aviso de 24 horas previsto por la legislación procesal para efectos de concertar el reinicio de las actividades».

El 10 de septiembre pasado, un grupo de diputados envió a consulta a la Sala Constitucional el proyecto de Ley para brindar seguridad jurídica sobre la huelga y sus procedimientos. La iniciativa propone la suspensión de salarios desde el momento en que se inicia la huelga.

El proyecto consta en el expediente legislativo número 21.049. La iniciativa fue aprobada en primer debate a inicios de septiembre, cuando Telenoticias publicó su artículo.

Estudio de BDS Asesores no abarca todo el mundo

En su artículo, Telenoticias afirmó que «Costa Rica es el único país del mundo donde no se suspenden los salarios a los trabajadores mientras están en huelga». «En todos los demás países, mientras los trabajadores están en paro, no reciben pago. Así lo asegura un estudio en Derecho Laboral realizado por expertos en esta materia», añadió.

La noticia también afirmó que «sólo en Costa Rica los trabajadores pueden pasar hasta meses en huelga, como la pasada contra el plan fiscal y a nadie se le rebaja el salario, a menos de que la huelga se declare ilegal». El artículo agregó que «mientras tanto, en el resto del mundo lo normal es que al trabajador que se va a huelga se le suspende el salario desde el primer día que no trabaja».

La nota también fue compartida por la Cámara de Industrias de Costa Rica en su perfil de Facebook.

El programa televisivo se basó en un análisis de la firma BDS Asesores. El socio director de la compañía, Marco Durante, presentó el estudio. «Paradójicamente, Costa Rica es la única legislación que se conoce en la que los trabajadores, durante el tiempo de huelga, están percibiendo un salario», afirmó Durante en Telenoticias.

Sin embargo, Durante aclaró a Doble Check que su análisis no incluyó a todos los países del mundo. De Europa, el estudio hacía referencia a Italia, Francia, Alemania, España, Reino Unido, Bélgica, Países Bajos, Suecia y Noruega. Los países americanos que BDS Asesores incluyó en su comparación fueron México, Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Panamá, República Dominicana, Colombia, Chile, y Perú.

«El estudio nuestro se limitó a la legislación comparada más usual a la que nosotros tenemos acceso gracias a la red a la que nosotros pertenecemos. [El análisis] en todo el mundo, eso es imposible«, advirtió Durante a Doble Check.

La nota de Telenoticias menciona a esos países, pero solo como ejemplos. El noticiero omitió que esas eran las únicas naciones a las que podía compararse a Costa Rica, según BDS Asesores.

Doble Check contactó a la redactora del artículo, Yessenia Alvarado. La periodista respondió: «Nos basamos en la información que nos dio el señor Durante, quien nos indicó que había realizado el estudio». El abogado insistió a Doble Check que su estudio no fue mundial.

Otro estudio choca con resultados de BDS Asesores

Doble Check tuvo acceso a otro estudio que comparó la reglamentación de la huelga en 40 países. El documento se llama «Resultados de la encuesta sobre la huelga en los países miembro de la OIE«. La Organización Internacional de Empleadores (OIE), cuya sede está en Suiza, hizo el análisis.

Los gremios de empleadores privados de cada nación suministraron los insumos para el estudio. Por ejemplo, la organización proveedora de datos sobre Costa Rica fue la Unión Costarricense de Cámaras y Asociaciones del Sector Empresarial Privado (UCCAEP).

El estudio concluye que «como norma general, el empleador no paga el salario a los huelguistas durante la acción colectiva». Sin embargo, también recalca que «en algunos países la legislación, la jurisprudencia y la práctica da a los huelguistas derecho a percibir su salario durante la acción colectiva», donde señala los casos de Brasil, Bolivia, Costa Rica, Guatemala, Ecuador, Zambia y México (si el Tribunal del Trabajo determina que la causa de la huelga es la conducta del empleador, pero en ningún caso por huelgas solidarias).

Así, el informe de la OIE parece chocar en los casos de Guatemala y México con la comparación de BDS Asesores.

Marco Durante dijo estar enterado de la existencia de ese informe de la OIE. El abogado opinó que algunos pasajes son confusos en su redacción. Por ejemplo, el estudio ubica a Brasil en la lista de países donde se paga el salario durante la huelga. Sin embargo, también aparece en la recopilación de naciones donde los pagos se suspenden durante los movimientos de paro.

Durante comunicó a Doble Check con el socio de BDS Asesores en Guatemala, Randolf Castellanos. El abogado explicó que la legislación de ese país permite la suspensión de salarios durante la huelga. También permite su devolución a los trabajadores, pero solo si el movimiento es declarado legal y justo.

El abogado Durante reconoció que su comparación no distinguió si los países analizados reconocen la devolución posterior de los salarios en caso de que la legitimidad de la huelga sea reconocida legalmente. Doble Check pidió una versión escrita del análisis de BDS Asesores. Durante contestó que este «no fue plasmado en un documento».

Doble Check también intentó comunicarse con la vocera de la Organización Internacional de Empleadores en Suiza. También envió consultas a la embajada de México en Costa Rica, y a dos abogados laboristas de México. No se obtuvo respuesta oportuna en ninguno de estos casos.

Bolivia permite pago de salario en período de huelga

Doble Check sí pudo confirmar que la legislación de Bolivia —como indica la OIE en su estudio del 2017— permite que las huelgas se realicen con el pago simultáneo de los salarios desde el primer día de huelga. Estas son condiciones similares a las de Costa Rica.

Ese país prevé en su legislación que los trabajadores deben completar un proceso de conciliación y arbitraje antes de convocar a una huelga. Ese es el requisito legal para que se les pague el salario durante el movimiento.

«La Ley General del Trabajo (1942) y su Decreto Reglamentario establecen que una huelga es legal y, por tanto, sin descuentos, cuando fracasaron las gestiones de conciliación y arbitraje en la negociación del pliego de peticiones de los trabajadores. Si la decisión final de este proceso, llamada laudo arbitral, es desfavorable a los trabajadores, entonces, estos pueden declarar la huelga sin la suspensión de sus salarios«, explicó a Doble Check Bruno Rojas, investigador del Centro de Estudios para el Desarrollo Laboral y Agrario (CEDLA) de Bolivia.

El especialista Ricardo Paredes había plasmado una crítica en 1992 a esa disposición en la legislación boliviana. Paredes fue asesor del Instituto de Harvard para el Desarrollo Internacional para la Unidad de Análisis de Políticas Sociales y Económicas (UDAPE) de Bolivia.

«Un problema que existe en la legislación boliviana vigente que agudiza las medidas tomadas por las partes y que reduce la capacidad de la huelga de flexibilizar las posiciones es que los empresarios deben pagar los salarios a los trabajadores durante el período de la misma o declarar el lock-out, que según se entiende, es el cierre total de la empresa. Así, si el empresario no declara el lock-out, al mantenerse el pago de salarios se elimina el incentivo de los trabajadores a flexibilizar sus posiciones durante la huelga», concluyó Paredes.

Sin embargo, el investigador Bruno Rojas advirtió que el proceso de conciliación y arbitraje para iniciar la huelga en Bolivia generalmente es difícil de cumplir. Existen varios obstáculos burocráticos que pueden presentarse, y la huelga podría declararse ilegal sin esos requisitos cumplidos. Rojas recalcó que «generalmente, la huelga en Bolivia es declarada ilegal, dando lugar al descuentos de los salarios» o a la negociación de formas de reponer los días de paro.

Además, el artículo 118 de la Ley General de Trabajo de Bolivia prohíbe «la suspensión del trabajo en los servicios de carácter público». Esta prohibición propicia que movimientos de empleados de administración pública, servicios de agua potable, sanidad y comunicaciones también sean declarados como ilegales, agregó Rojas.

«La radicalidad en los conflictos y lo intrincado de los procesos previos para llegar a la huelga hacen que, en la actualidad, la gran mayoría de las huelgas en Bolivia sean ilegales. No obstante, pasa a ser frecuentemente el mismo Estado quien, con una actitud errática induce al pago de salarios para finalizar el conflicto», señaló el análisis de Paredes y el Instituto de Harvard para el Desarrollo Internacional en la década de 1990.

El periodista boliviano Ronald Catari, miembro de la Red Latinoamericana de Jóvenes Periodistas, también señaló a Doble Check que en las huelgas ilegales en ese país «casi siempre existe un acuerdo en que se debe pagar lo descontado».

El problema con las comparaciones

¿Por qué es inusual entre los países que exista una norma que garantice el pago de salarios hasta que la huelga no sea declarada ilegal? Doble Check le pidió su criterio al abogado laborista Mauricio Castro. Él participó en la redacción de la Reforma Procesal Laboral y fue quien propuso ese artículo en cuestión.

Castro reconoce que es complicado hacer una comparación de normas jurídicas entre países que tienen culturas jurídicas distintas.

En términos laborales, el abogado hace una clasificación gruesa de dos tipos de países. Están aquellos que tienen una cultura jurídica, política y social que entiende el conflicto entre empleadores y trabajadores como un fenómeno ordinario. Por otra parte, están los países que ven el conflicto como algo nocivo. Castro opina que Costa Rica pertenece a esa segunda tradición de países. En estos Estados no hay mecanismos propicios para prevenir y gestionar los conflictos laborales, dice el abogado.

Bajo esta lógica, Castro advierte que sí podría ser excepcional la norma costarricense que garantiza el pago de salarios hasta que una huelga fuera declarada ilegal. Sin embargo, advierte que la norma podría ser inusual porque existe otra amplia tradición de países que legitiman la huelga, la negociación y la resolución de conflictos colectivos. En esos países no sería necesaria la norma porque hay vías más ágiles para solucionar conflictos.

“En todos esos otros países (que legitiman la huelga) no vas a encontrar, y posiblemente no se justifique, una norma que impida el rebajo de salarios hasta que la huelga se declare ilegal porque la huelga normalmente tiene una menor duración y dispara esos mecanismos institucionales de negociación y de solución de conflictos”, dice Castro.

Algunos medios y políticos reportan erróneamente sobre orden de la Contraloría a la CCSS

Varios medios y figuras políticas divulgaron información errónea sobre una orden que extendió hoy la Contraloría General de la República a la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS).

Uno de los errores fue afirmar que la orden se refería a la obligatoriedad de cumplir con la regla fiscal. En esta confusión cayeron la cuenta oficial de la bancada del Partido Unidad Social Cristiana en Twitter, así como informaciones publicadas por Noticias Repretel y Noticias Monumental.

En realidad, la orden de la Contraloría se refiere a un asunto completamente separado: la ilegitimidad de los acuerdos entre la Caja y los sindicatos de salud en temas de incentivos salariales. La regla fiscal es otra cosa. Tiene que ver con un límite a la inversión de las instituciones según el endeudamiento del país. La Sala Constitucional ya había definido que los regímenes que sostienen la CCSS están por encima de esta restricción de la reforma fiscal.

La segunda es una mala interpretación. Varias figuras del Partido Unidad Social Cristiana afirmaron en Twitter que la Contraloría declaró la nulidad de los acuerdos que habían sido tomados por la CCSS y los sindicatos en febrero y agosto.

Es cierto que la CGR emitió su orden a raíz de una solicitud de nulidad presentada por la bancada socialcristiana. Sin embargo, la Contraloría expresamente evita conceder tal nulidad. La institución justifica esta posición en que ni siquiera reconoce los acuerdos entre la Caja y los sindicatos como un “acto administrativo”. Es decir, ni siquiera existía un acto por anular en primer lugar.

Eso sí, para fines prácticos, el resultado parece ser idéntico. La Contraloría le ordena a la Caja obviar los acuerdos hechos con los sindicatos y acatar las disposiciones de empleo público contenidas en la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas. Estas están en un apartado distinto que el de la regla fiscal.

En resumen: Varios medios y figuras políticas divulgaron información errónea sobre una orden que extendió hoy la Contraloría General de la República a la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS).

Uno de los errores fue afirmar que la orden se refería a la obligatoriedad de cumplir con la regla fiscal. En esta confusión cayeron la cuenta oficial de la bancada del Partido Unidad Social Cristiana en Twitter, así como informaciones publicadas por Noticias Repretel y Noticias Monumental.

En realidad, la orden de la Contraloría se refiere a un asunto completamente separado: la ilegitimidad de los acuerdos entre la Caja y los sindicatos de salud en temas de incentivos salariales. La regla fiscal es otra cosa. Tiene que ver con un límite a la inversión de las instituciones según el endeudamiento del país. La Sala Constitucional ya había definido que los regímenes que sostienen la CCSS están por encima de esta restricción de la reforma fiscal.

La segunda es una mala interpretación. Varias figuras del Partido Unidad Social Cristiana afirmaron en Twitter que la Contraloría declaró la nulidad de los acuerdos que habían sido tomados por la CCSS y los sindicatos en febrero y agosto.

Es cierto que la CGR emitió su orden a raíz de una solicitud de nulidad presentada por la bancada socialcristiana. Sin embargo, la Contraloría expresamente evita conceder tal nulidad. La institución justifica esta posición en que ni siquiera reconoce los acuerdos entre la Caja y los sindicatos como un “acto administrativo”. Es decir, ni siquiera existía un acto por anular en primer lugar.

Eso sí, para fines prácticos, el resultado parece ser idéntico. La Contraloría le ordena a la Caja obviar los acuerdos hechos con los sindicatos y acatar las disposiciones de empleo público contenidas en la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas. Estas están en un apartado distinto que el de la regla fiscal.

El conflicto

La Contraloría estudió una denuncia presentada por siete diputados del PUSC el 13 de agosto. Los legisladores buscaban anular dos acuerdos entre el gobierno y los sindicatos de salud.

Un acuerdo había sido tomado en febrero. Su principal punto era que el cálculo de las anualidades se seguiría haciendo con base en un porcentaje y no como un monto nominal para los empleados contratados en la Caja al momento de la entrada en vigencia del plan fiscal. El uso de un monto nominal había sido justamente uno de los cambios dispuestos en la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas.

El otro acuerdo, del 12 de agosto, le había puesto fin a la huelga en este sector. El acuerdo indicaba que los empleados continuarían recibiendo sus incentivos con base en un cálculo porcentual a menos que un tribunal contencioso determinara la invalidez del acuerdo de febrero.

Ese proceso podría tardar años. Por ello, los diputados socialcristianos pidieron la intervención de la Contraloría. Tras la orden emitida hoy por la institución, varias figuras políticas de la Unidad se manifestaron satisfechas. Sin embargo, aunque el resultado fue el deseado, sus manifestaciones son erróneas. La Contraloría no emitió una nulidad.

Quienes erróneamente divulgaron esta interpretación fueron la diputada María Inés Solís, su colega Rodolfo Peña y el analista político Juan Carlos Hidalgo.

Al final, la Contraloría defiende las intenciones originales del plan fiscal en materia de empleo público. En corto, le ordena a la Caja que obvie los acuerdos y que aplique la ley, en cuenta el cálculo de los incentivos como un monto nominal y no como porcentaje para todos sus empleados, nuevos y antiguos.

Lo que dijo la CGR

La Contraloría indicó que los acuerdos no pueden ser considerados como actos administrativos. Las razones expuestas se resumen así:

  1. Los actos administrativos deben ser unilaterales. Los acuerdos fueron multilaterales y no exclusivos de la Administración en ejercicio de sus competencias.
  2. El contenido de los acuerdos es diverso y no indica la normativa que lo sustenta.
  3. La metodología de cálculo para el pago de ciertos incentivos salariales no es en sí misma un derecho adquirido.

La CGR razona que los acuerdos no tienen las características de un “acto administrativo”. Por ello no puede ordenar la nulidad de los acuerdos, ni tampoco la CCSS puede hacer una declaratoria de lesividad (es decir, someter los acuerdos a un proceso contencioso) porque no hay tal acto.

Es decir, la Contraloría dice que todos están hablando en el aire. Lea aquí el oficio completo de la Contraloría.

La regla fiscal no tiene nada que ver

En todo este asunto no entra la regla fiscal. Este es un límite presupuestario que se incluyó en la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas. La regla restringe el gasto corriente en las entidades estatales no financieras en relación con el porcentaje de endeudamiento reflejado en el Presupuesto Nacional.

Una de las polémicas más encendidas durante la discusión del plan fiscal era si la CCSS entraba en esta limitación. El asunto fue resuelto parcialmente por la Sala Constitucional, cuando resolvió que los tres principales regímenes que sustentan a la institución están libres de acatar esa disposición del plan fiscal.

Hacienda, por su parte, anunció que examinará cada año el presupuesto de la Caja. Ello le permitirá diferenciar aquellas partidas que no estén financiadas por esos regímenes. Doble Check está investigando cuál es el porcentaje del presupuesto de la institución que no está financiado por las fuentes exentas de la regla.

La cuenta oficial de la bancada del PUSC confundió los conceptos tratados hoy por la Contraloría, y afirmó en Twitter que se refería a la regla fiscal. Lo mismo sucedió con los medios Noticias Monumental y Noticias Repretel.

Doble Check contactó a Randall Rivera, director de Monumental, y con el periodista de Repretel, Fernando Brenes. Ambos periodistas reconocieron la falla. Rivera atribuyó la información a un error humano y afirmó que habían hecho las correcciones correspondientes, tanto al aire como en su sitio web.

Nota del editor: Una versión anterior de esta nota incluía a la diputada liberacionista Silvia Hernández como una de las personas que habían asumido que la orden de la Contraloría implicaba un mandato de acatar la regla fiscal. La diputada sí se refirió a la regla fiscal pero en un contexto más amplio, que Doble Check no leyó adecuadamente. Por ello se eliminó la referencia a la diputada.

Información inexacta creó rumor de que nueva ley privatizará la CCSS

No hay evidencia de que una reforma a la ley de concesiones vaya a privatizar la Caja Costarricense del Seguro Social. Así se desprende de una revisión de la reforma aprobada en mayo y de la propia Ley General de Concesión de Obras Públicas y Servicios Públicos, que data de 1998. Aclaraciones de la diputada que promovió la reforma y de Casa Presidencial apoyan esa refutación.

Los sindicatos de salud alertan sobre la presunta privatización basados en una lectura inexacta de un artículo periodístico de Sinart Costa Rica Noticias. La noticia está basada en declaraciones del 18 de julio de la diputada liberacionista, Silvia Hernández. La legisladora afirmó que “la reforma habilita que otros tipos de inversión puedan contribuir al desarrollo de una obra pública: hospitales, centros penitenciarios, escuelas, o el mantenimiento de una obra ya construída”.

En mayo se aprobó una reforma a la Ley General de Concesión de Obras Públicas y Servicios Públicos. El gremio Siprocimeca, por ejemplo, advirtió que esa reforma “permitirá también a la empresa privada asumir el mantenimiento y administración de obras como centros penitenciarios, escuelas y hasta hospitales». En otro comunicado, el sindicato añadió que la reforma permitiría la “privatización en la administración de centros de salud en la Caja; aunque ya estén construidos”. El presidente de la Unión Médica Nacional, Edwin Solano, hizo declaraciones similares en varios eventos.

Sin embargo, el artículo 2 de la ley exceptúa explícitamente la concesión de servicios de salud, así como electricidad y telecomunicaciones.

El departamento legal de Casa Presidencial reafirmó a Doble Check que la lectura de los sindicatos es falsa al indicar que el reciente cambio a la legislación dejó intacta las excepciones del artículo 2.

Por su parte, la diputada Hernández también aclaró a Doble Check que la reforma que promovió nunca varió el alcance de la ley de concesiones, pues sigue excluyendo los servicios de salud. La diputada señaló que su afirmación en prensa se refería a temas de desarrollo y mantenimiento de infraestructura en salud, y no a la prestación de los servicios.

En resumen: No hay evidencia de que una reforma a la ley de concesiones vaya a privatizar la Caja Costarricense del Seguro Social. Así se desprende de una revisión de la reforma aprobada en mayo y de la propia Ley General de Concesión de Obras Públicas y Servicios Públicos, que data de 1998. Aclaraciones de la diputada que promovió la reforma y de Casa Presidencial apoyan esa refutación.

Los sindicatos de salud alertan sobre la presunta privatización basados en una lectura inexacta de un artículo periodístico de Sinart Costa Rica Noticias. La noticia está basada en declaraciones del 18 de julio de la diputada liberacionista, Silvia Hernández. La legisladora afirmó que “la reforma habilita que otros tipos de inversión puedan contribuir al desarrollo de una obra pública: hospitales, centros penitenciarios, escuelas, o el mantenimiento de una obra ya construída”.

En mayo se aprobó una reforma a la Ley General de Concesión de Obras Públicas y Servicios Públicos. El gremio Siprocimeca, por ejemplo, advirtió que esa reforma “permitirá también a la empresa privada asumir el mantenimiento y administración de obras como centros penitenciarios, escuelas y hasta hospitales». En otro comunicado, el sindicato añadió que la reforma permitiría la “privatización en la administración de centros de salud en la Caja; aunque ya estén construidos”. El presidente de la Unión Médica Nacional, Edwin Solano, hizo declaraciones similares en varios eventos.

Sin embargo, el artículo 2 de la ley exceptúa explícitamente la concesión de servicios de salud, así como electricidad y telecomunicaciones.

El departamento legal de Casa Presidencial reafirmó a Doble Check que la lectura de los sindicatos es falsa, al indicar que el reciente cambio a la legislación dejó intacta las excepciones del artículo 2.

Por su parte, la diputada Hernández también aclaró a Doble Check que la reforma que promovió nunca varió el alcance de la ley de concesiones, pues sigue excluyendo los servicios de salud. La diputada señaló que su afirmación en prensa se refería a temas de desarrollo y mantenimiento de infraestructura en salud, y no a la prestación de los servicios.

Las afirmaciones sindicales

El sindicato Siprocimeca ha hecho varias publicaciones en donde se afirma una intención gubernamental de privatizar los servicios de la Caja. Un comunicado, titulado «7 razones para ir a huelga», destaca:

“El Gobierno quiere privatizar la Caja Costarricense del Seguro Social, para hacer un negocio millonario con la salud del pueblo. Sabía usted( sic) que se acaba de firmar la reforma de la Ley General de Concesión de Obras Públicas con Servicios Públicos, que permitirá también a la empresa privada asumir el mantenimiento y administración de otras obras como centros penitenciarios, escuelas y hasta hospitales. La Caja es nuestro principal baluarte y le pertenece al

pueblo, luchemos para que esta noble institución no sea privatizada.”

En otra publicación afirman:

“Asimismo, (los diputados) aprobaron una reforma a la Ley General de Concesiones (N°7762) que permite la privatización en la administración de centros de salud en la Caja; aunque ya estén construidos”.

El presidente de la Unión Médica Nacional. Edwin Solano, también hizo declaraciones al respecto:

“Ya los diputados firmaron una reforma a la ley de contratación pública privada en la que dice, en ese mismo lado que la empresa privada puede administrar hospitales. Entonces, debo decirle al señor presidente ejecutivo de la CCSS que nosotros tenemos claro por qué le estamos diciendo al pueblo que se quiere privatizar la institución.”

Solano afirmó también al día siguiente:

“Ya en la Asamblea Legislativa hay proyectos de ley para permitir que la empresa privada administre escuelas, administre cárceles y hospitales. Si eso no es privatizar, que me lo digan. Y le pregunto al señor presidente ejecutivo qué ha querido decir cuando dice que es mentira que se ha querido privatizar la Caja”

Rumor de privatización a partir de reforma legal reciente es falso

La ley 9.701 fue aprobada por la Asamblea Legislativa y firmada por el presidente Carlos Alvarado hace casi un mes. La norma reescribe 5 artículos de la ley de Concesión de Obras Públicas.

Uno de los cambios más importantes es la reforma al primer artículo de la ley. Antes, el gobierno solo tenía dos figuras de concesión: la concesión de obra pública (el Estado decide que una empresa construya y conserve alguna obra), y la concesión de obra con servicio público (el Estado decide que una empresa construya, conserve y además explote la obra durante algún tiempo).

La reforma introduce una tercera modalidad: la optimización de activos de infraestructura. Esta última opción se abre cuando ya existe una obra que se pone en manos de una empresa privada para que pueda operarla, mantenerla y explotarla durante algún tiempo determinado.

La reforma, sin embargo, nunca alteró el artículo dos de la ley de Concesión de Obras Públicas que expresamente decía:

“Toda obra y su explotación son susceptibles de concesión cuando existan razones de interés público, que deberán constar en el expediente mediante acto razonado. Se exceptúan de la aplicación de esta Ley las telecomunicaciones, la electricidad y los servicios de salud

Origen del rumor

¿De dónde surge la premisa sindical sobre la privatización de la CCSS? Marvin Atencio, secretario general de Siprocimeca, compartió con Doble Check el artículo de Costa Rica Noticias titulado «Empresa Privada podrá administrar obras públicas como escuelas o cárceles«.

En él, la diputada proponente del proyecto de ley afirmó: “(Con la reforma) no estamos hablando solo de carreteras. La reforma que yo hago habilita otros tipos de inversión (…) como son pensiones, por ejemplo, puedan contribuir al desarrollo de una obra pública en general: hospitales, centros penitenciarios, escuelas inclusive, o el mantenimiento de una obra ya construida».

Ni la diputada, ni el artículo periodístico aclaran que ella se refería específicamente a la infraestructura cuando hablaba de hospitales. Eso pudo inducir a error a los sindicatos.

Aclaraciones a la noticia

En declaraciones a Doble Check, Hernández afirmó:

“La reforma que presenté no varía el alcance de la ley de concesiones que ya excluye servicios de salud. Sí se puede realizar infraestructura en temas de salud y a eso me referí. Por ejemplo, hacer edificios y adquisición de equipos, para que el personal de salud se concentre en el servicio y no ande tapando goteras”, dijo.

El departamento legal de Casa Presidencial también descartó la lectura sindical y destacó que los proyectos de concesión que se encuentran planteados solo se circunscriben a la infraestructura de transporte:

“Es falso que la ley Nº 9701 privatice servicios de salud. El artículo 2 de la Ley General de Concesiones expresamente exceptúa su aplicación en telecomunicaciones, electricidad y servicios de salud. La reforma a la ley no varía sus alcances ni las restricciones a la figura de la concesión (…) no modificó el tipo de servicios que se pueden dar en concesión. Simplemente estableció que sobre los ya permitidos se pueden concesionar activos que ya existen”.

Doble Check procuró buscó comentarios sobre estas aclaraciones con Marvin Atencio, de Siprocimeca, y con Edwin Solano, de la Unión Médica Nacional. Los líderes sindicales argumentaron no poder dar respuesta, pues se encontraban en negociaciones con la CCSS.

En declaraciones a Doble Check, la periodista de Costa Rica Noticias Melany Corrales explicó que su artículo se basó exclusivamente en las declaraciones de la diputada liberacionista.

¿Y las escuelas y las cárceles?

Doble Check consultó a Casa Presidencial si la reforma a la ley abre la puerta para que el sector privado pueda participar en la administración de escuelas y cárceles, pero aún no ha recibido respuesta.

Al respecto, Hernández afirmó que —teóricamente— sí sería posible ver concesiones en este tipo de obras de infraestructura. Su opinión es que eso sería poco probable, puesto que las obras concesionables que usualmente se han hecho en el país han sido carreteras o infraestructura de transporte.

“¿Podría eventualmente darse? Sí, claro que sí. Pero en la práctica no es atractivo para que un tercero esté interesado”, dijo. “Pero hay que recordar que en el marco de una concesión, el activo siempre es del Estado, nunca lo pierde”, agregó la diputada.

Doble Check tratará de hallar una fuente independiente que brinde un análisis al respecto.

La huelga en salud

Los sindicatos del sector salud se han mantenido en huelga durante toda esta semana. Aunque la privatización ha sido uno de los principales temores externados por los trabajadores, no es el único.

Los gremios han insistido en que la publicación de dos decretos del Ejecutivo violan una serie de acuerdos firmados en febrero. Estos convenios pretendían proteger los derechos adquiridos de los empleados con respecto al pago de anualidades y otros pluses salariales. El Presidente Ejecutivo de la Caja Costarricense de Seguro Social, Román Macaya, concedió hoy en entrevista con Hablando Claro que algunos de los puntos en donde se había llegado a un acuerdo desde febrero, fueron afectados con un decreto posterior que los contradecía. Doble Check está realizando varias consultas sobre este tema a entes oficiales y sindicales para poder realizar nuevas verificaciones.

Video de sindicato difunde falsedades sobre educación dual desde el 2016

Un video de la Asociación Nacional de Educadores (ANDE) que contiene  afirmaciones falsas sobre los proyectos de ley de educación dual ha sido difundido en redes sociales desde el 2016.

El 6 de junio de ese año, el sindicato publicó un video donde mostraba su oposición al proyecto 19.019 que se discutía en la Asamblea Legislativa. En aquel momento, la iniciativa se titulaba “Ley para la regulación de la educación o formación profesional técnica en la modalidad dual en Costa Rica”.

Ese proyecto no prosperó y se archivó. A pesar de ello, el video publicado por ANDE permaneció en su perfil de Facebook. En el último mes, ese material ha sido compartido miles de veces por otros perfiles en esa plataforma. Los usuarios pueden ser llevados a inferir incorrectamente que las afirmaciones del sindicado corresponden al nuevo proyecto de educación dual, que es tramitado con el expediente 20.786

Doble Check revisó los textos de la iniciativa que se discutía en el 2016, así como el proyecto que se tramita actualmente en la Asamblea Legislativa. Doble Check también contrastó la información con el director de Educación Técnica y Capacidades Emprendedoras del Ministerio de Educación Pública (MEP), Pablo Masís.

El video contiene varias afirmaciones que no son verificables porque son interpretaciones o pronósticos del sindicato. Por ejemplo, se afirma que la educación dual busca proveer mano de obra barata a las empresas. También se dice que las becas otorgadas en ese sistema pueden ser «señuelos» para que estudiantes de escasos recursos abandonen los centros educativos.

Sin embargo, hallamos tres afirmaciones del video que sí son verificables y que resultaron falsas con respecto a las propuestas de ley:

“Las materias académicas, deportivas y artísticas son sustituidas por una práctica laboral de tres años”.
“Al final de ese tiempo, los y las estudiantes solo obtendrían una certificación como técnicos medios, y no el título de Bachillerato de secundaria”.
“Podría disminuir, poco a poco, la matrícula de los colegios académicos y técnicos”.

En resumen: Un video de la Asociación Nacional de Educadores (ANDE) que contiene  afirmaciones falsas sobre los proyectos de ley de educación dual ha sido difundido en redes sociales desde el 2016.

El 6 de junio de ese año, el sindicato publicó un video donde mostraba su oposición al proyecto 19.019 que se discutía en la Asamblea Legislativa. En aquel momento, la iniciativa se titulaba “Ley para la regulación de la educación o formación profesional técnica en la modalidad dual en Costa Rica”.

Ese proyecto no prosperó y se archivó. A pesar de ello, el video publicado por ANDE permaneció en su perfil de Facebook. En el último mes, ese material ha sido compartido miles de veces por otros perfiles en esa plataforma. Los usuarios pueden ser llevados a inferir incorrectamente que las afirmaciones del sindicado corresponden al nuevo proyecto de educación dual, que es tramitado con el expediente 20.786

Doble Check revisó los textos de la iniciativa que se discutía en el 2016, así como el proyecto que se tramita actualmente en la Asamblea Legislativa. Doble Check también contrastó la información con el director de Educación Técnica y Capacidades Emprendedoras del Ministerio de Educación Pública (MEP), Pablo Masís.

El video contiene varias afirmaciones que no son verificables porque son interpretaciones o pronósticos del sindicato. Por ejemplo, se afirma que la educación dual busca proveer mano de obra barata a las empresas. También se dice que las becas otorgadas en ese sistema pueden ser «señuelos» para que estudiantes de escasos recursos abandonen los centros educativos.

Sin embargo, hallamos tres afirmaciones del video que sí son verificables y que resultaron falsas con respecto a las propuestas de ley:

  1. “Las materias académicas, deportivas y artísticas son sustituidas por una práctica laboral de tres años”.
  2. “Al final de ese tiempo, los y las estudiantes solo obtendrían una certificación como técnicos medios, y no el título de Bachillerato de secundaria”.
  3. “Podría disminuir, poco a poco, la matrícula de los colegios académicos y técnicos”.

¿Cuáles son los proyectos de educación dual?

El proyecto 19.019, titulado como “Ley para la regulación de la educación o formación profesional técnica en la modalidad dual en Costa Rica”, entró a corriente legislativa en diciembre del 2013.

Aquel proyecto pretendía regular una modalidad educativa donde la persona estudiante puede formarse simultáneamente en dos ámbitos de aprendizaje: una institución de la Educación y Formación Técnica Profesional (EFTP) y una empresa o centro de formación para la empleabilidad.

El video del ANDE se refería a ese proyecto de ley. Sin embargo, su plazo de discusión se venció y el texto pasó al archivo del Congreso en octubre del 2017.

A finales de abril del 2018, el diputado Ronny Monge, del Partido Liberación Nacional (PLN), propuso una nueva iniciativa de ley similar sobre educación dual. Este proyecto se mantiene en discusión de Plenario actualmente. La nueva versión se tramita con el expediente 20.786 y se titula “Ley de educación y formación técnica dual (anteriormente denominado): ley de educación dual”.

El video de ANDE se refiere al proyecto que ya está archivado. Aún así, este ha sido compartido por otros perfiles en Facebook durante las protestas contra la iniciativa de ley actual, lo cual puede inducir al error.

“Las materias académicas, deportivas y artísticas son sustituidas por una práctica laboral de tres años”

La afirmación del ANDE es falsa para el sistema de aprendizaje del MEP. El tiempo de aprendizaje del sistema dual está limitado a las horas previstas actualmente para los programas de especialidad técnica. Es decir, es comparable al sistema de los colegios técnicos que operan actualmente.

El proyecto de ley de junio del 2016  —cuando ANDE publicó su video— proponía una serie de requisitos específicamente para «planes de estudio para la educación y formación técnica profesional» que implementaran el sistema dual (capítulo 3).

La propuesta actual tampoco incluye cambios en la proporción de las mallas académicas de los estudiantes de colegios técnicos.

Pablo Masís, director de Educación Técnica y Capacidades Emprendedoras del MEP, ahondó sobre este tema. El funcionario explicó que ese ha sido el método aplicado en un plan piloto de educación dual en colegios técnicos desde el 2017, donde participan 106 estudiantes:

“El estudiante de un colegio técnico va 40 horas al colegio entre lunes y viernes. De esos cinco días, el estudiante pasa tres días en la especialidad técnica, y los otros dos días hace toda la parte académica. Entonces, en un programa dual, ya sea el nuestro o cualquier otro a partir de la ley, el estudiante va a ir a la empresa dentro de las horas en que está en la especialidad; no puede ir a la empresa cuando le toca Español o Matemáticas o Estudios Sociales”, dijo el directivo del MEP.

“Al final de ese tiempo, los y las estudiantes solo obtendrían una certificación como técnicos medios, y no el título de Bachillerato de secundaria”

Esto es incorrecto. Cada estudiante obtiene un Bachillerato en Educación Media al final de la formación en un colegio técnico profesional. También obtiene un título de Técnico Medio de nivel 4 en su especialidad, según el Marco Nacional de Cualificaciones. Esa estructura se ha mantenido para los alumnos que participan en el plan piloto de educación dual del MEP, confirmó el director de Educación Técnica del MEP.

“Si el estudiante llevó la especialidad en el modelo dual, la diferencia es que su Técnico Medio es en modalidad dual, pero siempre tiene que ser egresado y haber terminado sus estudios de Bachillerato para obtenerlo”, añadió Masís.

Los textos del antiguo proyecto de educación dual y la nueva propuesta carecen de artículos o incisos que sustituyan el Bachillerato en Educación Media por un Técnico Medio del MEP.

La iniciativa legislativa del 2016, en su artículo 22, solo establecía que una de las responsabilidades del centro educativo era «certificar a las personas estudiantes que logran finalizar el plan de estudios y el proceso de formación profesional técnica bajo la modalidad dual».

El artículo 19 del proyecto de educación dual que se discute actualmente requiere que las instituciones educativas emitan una constancia de competencia y un diploma “de acuerdo con lo establecido en el Marco Nacional de Cualificaciones de la EFTP-CR [Educación y formación Técnica Profesional de Costa Rica] y la normativa vigente”.

Entonces, la afirmación del ANDE es falsa.

“Podría disminuir, poco a poco, la matrícula de los colegios académicos y técnicos”

Es falso que los estudiantes de colegios académicos podrían optar por programas de educación dual. Esas instituciones carecen de programas de Educación y Formación Técnica Profesional (EFTP).

En esta afirmación ANDE hace una proyección a futuro. Sin embargo, su interpretación está limitada por el principio de alternancia del proyecto de ley: la persona estudiante debe llevar una formación técnica simultánea en el centro educativo y en la empresa o centro de formación.

La propuesta legislativa del 2016 —cuando el ANDE estrenó su video— definía que “la educación y formación profesional técnica en la modalidad dual debe ser alterno y simultáneo, para que la persona estudiante adquiera los conocimientos teóricos y los ponga en práctica al mismo tiempo”. El texto de aquella época proponía que el estudiante pasara un mínimo de un tercio de su programa técnico en el centro educativo y no más de dos tercios en la empresa formadora.

Por su parte, el proyecto de ley actual establece una estructura similar. En esta iniciativa, la formación se daría en dos ámbitos: en el centro educativo y en una empresa o centro de formación. Esta educación se daría “de manera alterna y simultánea, para que la persona estudiante adquiera los conocimientos teóricos y los ponga en práctica al mismo tiempo”, indica el texto en el inciso M del artículo 4. El proyecto que se discute ahora advierte que «la cantidad de horas que la persona estudiante permanezca en la empresa dependerá del diseño curricular del programa de EFTP correspondiente».

Según esos principios, la interpretación del ANDE es errónea para ambos proyectos, apunta el jerarca Pablo Solís.

“No se reducen las lecciones porque el docente sigue siendo el profesor de ese estudiante. No es que el estudiante se fue para la empresa y lo vi dentro de tres años. El estudiante está en la empresa y está en el colegio, y ocupará capacitación del profesor”, dijo el director de Educación Técnica del MEP.

El proyecto que se debatía en el 2016 establecía que los docentes debían «visitar las instalaciones de la empresa formadora y desarrollar actividades de acompañamiento pedagógico». De forma similar, el artículo 20 del proyecto de ley actual propone que cada estudiante “sea visitado en la empresa o centro de formación para la empleabilidad por los docentes asignados por el centro educativo al que pertenece”.

Masís argumentó que su jefatura del MEP no prevé que todo el estudiantado de colegios técnicos opte por un modelo dual. Esto es así porque el proyecto de ley no requiere un ingreso obligatorio de sus partes. Es decir, la participación en esta modalidad es voluntaria tanto para empresas como para estudiantes de colegios técnicos.

“¿Todos los estudiantes de un grupo irían a las empresas a la misma hora, los mismos días de la semana, y todos al mismo horario? No necesariamente. Unos estudiantes pueden estar en una empresa y otros estudiantes en otra, y no tener el mismo horario. Es decir, el profesor va a estar disponible para los otros estudiantes. Además, el profesor hace una labor de supervisión en la empresa; el profesor tiene que estar yendo a la empresa”, agregó el directivo del MEP.

Doble Check solicitó detalles al ANDE sobre el método para llegar a su conclusión, pero no se obtuvo detalle.

La respuesta de ANDE

La vocera de prensa del ANDE indicó a Doble Check que el video difundido por ese sindicado “es viejo y corresponde a otro proyecto de ley, no al actual” y que “no puede tomarse como información actualizada  porque no lo es”.

La ANDE justificó que “los distintos textos del expediente 19.019 resultaban ambiguos y dejaban lugar a múltiples interpretaciones”.

“ANDE realizó consultas a expertos y a docentes de colegios técnicos, quienes, haciendo una interpretación integral de dicho proyecto, señalaban que la creación de un órgano especializado en Educación Dual, con autoridad para establecer las reglas en esta materia, pasando incluso por encima del Consejo Superior de Educación, resultaba peligroso”, explicó el sindicato.

“Entre los riesgos que cabían dentro del abanico de posibilidades, estaba que dicho órgano hubiese podido eliminar de los centros educativos, donde se impartiera la modalidad dual, el área académica con tal de satisfacer el requerimiento de horas de trabajo estudiantil, demandado por las empresas participantes de esta modalidad”, añadió el ANDE por medio de su área de prensa.

Es cierto que el proyecto de ley de educación dual que se discutía en el 2016 proponía la creación de un Consejo Nacional de Educación Dual adscrito al MEP para la regulación de ese modelo.

Sin embargo, en su artículo 3, el proyecto de ley excluía de esas funciones  a “las competencias propias (exclusivas y excluyentes) del Consejo Superior de Educación, el Instituto Nacional de Aprendizaje, el Consejo Nacional de Educación Superior Universitaria Privada,  y el Consejo Nacional de Rectores”.

 

Nota del editor: Las verificaciones de Doble Check parten de afirmaciones que se hacen en el ámbito público. Un ejemplo de estas es el video divulgado por ANDE. Esta verficación nació de varias solicitudes a nuestras redes sociales. Como es nuestra práctica, Doble Check extendió varias preguntas a la fuente original de la información, es decir, a la propia ANDE. Ante nuestras consultas, la asociación de educadores respondió con sus propias interrogantes a la espera de una verificación ampliada. El sindicato no indicó que sus preguntas hubieran partido de afirmaciones en el discurso público, por lo que no consideramos que fueran objeto de nuestro trabajo. No obstante, en afán de enriquecer la discusión del proyecto que se tramita en la Asamblea Legislativa, reproducimos las dudas de ANDE a continuación:

“1. ¿En qué artículo o inciso, el proyecto garantiza que aumentarán las opciones de empleo en el país y qué mecanismos concretos establece el proyecto, para medir dicho objetivo?”
2. ¿Hay algún artículo o inciso que garantice un empleo a los estudiantes que participan de la modalidad dual? Por ejemplo, ¿se obliga, de alguna manera, a las empresas a contratar un porcentaje mínimo de los estudiantes de los que dispusieron durante el periodo de formación dual? ¿Podría suceder que una empresa reciba estudiantes durante décadas sin contratar a uno solo de ellos?”
“3. ¿Qué artículo o inciso impide que el empresario pueda asignar funciones, tareas o responsabilidades laborales a un estudiante? ¿Contempla el proyecto alguna sanción para las empresas que traten de utilizar la fuerza de trabajo estudiantil, para satisfacer sus necesidades de producción?”
“4. ¿Qué mecanismos contempla el proyecto para prevenir que los empresarios que participan de la modalidad dual puedan reemplazar a trabajadores formales por estudiantes-trabajadores?”

APSE divulga conclusión falsa sobre opiniones de familias tras huelga

En resumen: La percepción que tenía 21% de los hogares en Costa Rica sobre la educación pública se vio afectada por la participación de los docentes en la huelga de 89 días contra la reforma fiscal el año pasado.

Eso lo indica una encuesta realizada por el Programa del Estado de la Nación (PEN) en febrero del 2019, cuyos resultados fueron publicados esta semana.

Aún así, la Asociación de Profesores de Segunda Enseñanza (APSE) ignoró este hecho y emitió un comunicado de prensa sobre el estudio el jueves pasado, donde celebra que la percepción de los hogares “no se vio afectada”.

Para hacer tal afirmación, el sindicato solo empleó los datos favorecedores de la encuesta: 85% de las familias dijeron que están satisfechas o muy satisfechas con el centro de enseñanza al que envían a sus hijos, y 62% de los hogares dijo que “no cambió” su percepción sobre los docentes o los centros educativos después del paro de labores.

La afirmación es incorrecta: el hecho de que la percepción de un porcentaje mayoritario no haya cambiado es distinto a declarar que esa valoración no cambió del todo.

Además, el PEN advierte que la ausencia de cambio en la valoración del servicio no quiere decir que los hogares estuvieran libres de afectaciones.

Precisamente, la mayoría de familias aseguró que la huelga afectó al menos a uno de sus hijos, y que el grado de afectación fue calificado como “mucho” en mayor parte. Esos datos también fueron ignorados por el APSE en su nota de prensa.

La encuesta también revela que la mayoría de familias está en contra de permitir huelgas en el sector educativo o que las podría tolerar con límites de tiempo.

En resumen: La percepción que tenía 21% de los hogares en Costa Rica sobre la educación pública se vio afectada por la participación de los docentes en la huelga de 89 días contra la reforma fiscal el año pasado.

Eso lo indica una encuesta realizada por el Programa del Estado de la Nación (PEN) en febrero del 2019, cuyos resultados fueron publicados esta semana.

Aún así, la Asociación de Profesores de Segunda Enseñanza (APSE) ignoró este hecho y emitió un comunicado de prensa sobre el estudio el jueves pasado, en el que celebra que la percepción de los hogares “no se vio afectada”.

Para hacer tal afirmación, el sindicato solo empleó los datos favorecedores de la encuesta: 85% de las familias dijeron que están satisfechas o muy satisfechas con el centro de enseñanza al que envían a sus hijos, y 62% de los hogares dijo que “no cambió” su percepción sobre los docentes o los centros educativos después del paro de labores.

La afirmación es incorrecta: el hecho de que la percepción de un porcentaje mayoritario no haya cambiado es distinto a declarar que esa valoración no cambió del todo.

Además, el PEN advierte que la ausencia de cambio en la valoración del servicio no quiere decir que los hogares estuvieran libres de afectaciones.

La mayoría de familias aseguró que la huelga afectó al menos a uno de sus hijos, y que el grado de afectación fue calificado como “mucho” en mayor parte. Esos datos también fueron ignorados por el APSE en su nota de prensa.

La encuesta también revela que la mayoría de familias está en contra de permitir huelgas en el sector educativo o que las podría tolerar con límites de tiempo.

Afectaciones a los hogares

El PEN realizó una encuesta telefónica a una muestra representativa de 719 hogares de todo el país en febrero de este año. Los resultados tienen un nivel de confianza de 95%.

La encuesta investigó tres temas principales: “La valoración de los padres y madres de familia sobre el sistema educativo público;  sus actitudes y percepciones sobre la huelga y los impactos que ésta tuvo en las dinámicas cotidianas de los hogares”, describe el artículo que el PEN publicó esta semana con los resultados.

El PEN concluyó que las personas jefas de hogar tienen una alta apreciación del sistema educativo público. En la mayoría de los casos, esa valoración no cambió a raíz de la huelga.

Sin embargo, eso no significa que la huelga de casi tres meses hubiera pasado desapercibida en esas familias.

En primer lugar, 21% de las familias cambió negativamente la imagen que tenían de la educación pública. Además, 74% de lo hogares reportó que al menos uno de sus hijos resultó afectado por el paro de labores, y esa afectación fue mucha en 58% de los casos.

Además, la mayoría de los encuestados aseguró que sus hijos no pudieron asistir a clases durante la totalidad de la huelga, del 10 de septiembre al 7 de diciembre del año anterior. Eso implicó la interrupción parcial o total de los servicios de alimentación, becas y comedores.

Una cuarta parte de las familias tuvo que incurrir en un gasto adicional de unos ₡49.000 para alimentación debido al cierre de los centros educativos.

Comunicado de prensa del APSE, publicado en Facebook el 28 de marzo.

“Para la gente, el sistema educativo público es importantísimo, y está en alta valoración. Eso no significa que la gente no sintiera un impacto. Claro que lo hubo, y lo señalan”, dijo a Doble Check Isabel Román, coordinadora de la investigación.

Aún así, la APSE se enfocó en los resultados que ubicaban positivamente la imagen de la educación pública, y publicó que la percepción positiva de los hogares «no se vio afectada por la huelga».

¿Por qué prevalece la buena imagen?

El análisis del PEN mantiene la hipótesis de que la alta valoración del servicio educativo registrada en la encuesta puede deberse al acceso que tienen los hogares a esta, independientemente de su nivel socioeconómico.

El nivel educativo de la mayor parte de los entrevistados no supera la secundaria y casi la totalidad (89%) respondió que carece de recursos económicos para enviar a sus hijos a centros de educación privados, y que no invirtió en tutorías durante el paro de labores.

“La suspensión del servicio educativo por la huelga afectó directamente a hogares vulnerables, que no tienen más opción educativa para sus hijos que no sea el sistema educativo público”, concluyó el estudio.

De ese modo, la buena imagen del servicio educativo se mantiene positiva por ser la única opción posible para los hogares, comentó Román.

“Pese a que la huelga tuvo impactos importantes en las familias, la gente sigue valorando el servicio educativo público; es que es lo que tienen”, explicó la investigadora.

Román añadió que el estudio del PEN pretende abrir un debate sobre la imagen de la educación pública, pero advirtió que “tiene que verse la información completa”.

Doble Check solicitó entrevista con la presidenta de la APSE, Mélida Cedeño, quien mostró “satisfacción por los resultados obtenidos” en la encuesta del PEN, según la nota de prensa del sindicato.

Por medio de su encargado de comunicación, Cedeño dijo que se limitará a las declaraciones del comunicado de prensa sobre la encuesta, y que “aún falta que se publique el informe completo” del PEN.

Familias en contra de huelgas

El sindicato de educadores ignoró otro resultado de la encuesta en su comunicado oficial: la mayoría de hogares (61,5%) considera que no deben permitirse huelgas en el sector educativo. Otro 23% de las familias está a favor de las huelgas, pero con un límite de tiempo de una semana a un mes.

Solo 8,2% de las familias en el país apoya que los educadores públicos hagan huelgas sin límite de tiempo, según la medición del PEN.