Seguridad tergiversa voto de Sala IV sobre detención de comunicadora

En resumen: Es falso que la Sala Constitucional «demostró» y «reafirmó» acusaciones que la Fuerza Público había hecho contra una comunicadora detenida el 29 de octubre en Cartago. El Ministerio de Seguridad Pública divulgó esta interpretación falsa el 11 de noviembre en un comunicado.

“Además de la obstrucción a la labor policial, se demostró y se reafirmó como probado que la detenida lanzó golpes y amenazas en contra de los oficiales, hecho señalado como cierto por la Sala Constitucional”, publicó Seguridad Pública. Eso es falso, según confirmó la misma vocería de esa corte.

La Sala únicamente declaró sin lugar un recurso de habeas corpus de la comunicadora Estela Chinchilla Mora contra el Poder Judicial (no contra Seguridad Pública). El esctito presentado alegaba que a la comunicadora no se le permitió comunicarse con su abogada durante su detención.

Ante una consulta de Doble Check, el Ministerio de Seguridad Pública insiste en sostener las afirmaciones hechas a pesar de que la propia Sala Constitucional las desmiente.

En resumen: Es falso que la Sala Constitucional «demostró» y «reafirmó» acusaciones que la Fuerza Público había hecho contra una comunicadora detenida el 29 de octubre en Cartago. El Ministerio de Seguridad Pública divulgó esta interpretación falsa el 11 de noviembre en un comunicado.

“Además de la obstrucción a la labor policial, se demostró y se reafirmó como probado que la detenida lanzó golpes y amenazas en contra de los oficiales, hecho señalado como cierto por la Sala Constitucional”, publicó Seguridad Pública. Eso es falso, según confirmó la misma vocería de esa corte.

La Sala únicamente declaró sin lugar un recurso de habeas corpus de la comunicadora Estela Chinchilla Mora contra el Poder Judicial (no contra Seguridad Pública). El esctito presentado alegaba que a la comunicadora no se le permitió comunicarse con su abogada durante su detención.

Ante una consulta de Doble Check, el Ministerio de Seguridad Pública insiste en sostener las afirmaciones hechas a pesar de que la propia Sala Constitucional las desmiente.

Detención de comunicadora

La comunicadora Estela Chinchilla Mora fue detenida por la Fuerza Pública el pasado 29 de octubre durante una protesta en Ochomogo de Cartago. La manifestación se organizó en oposición a las negociaciones del gobierno con el Fondo Monetario Internacional (FMI). Chinchilla fue aprehendida por el presunto delito de resistencia agravada.

La Fuerza Pública indicó en sus informes que Chinchilla “obstruyó la labor policial, amenaza a los oficiales e incumple la medida sanitaria de la siguiente forma; interpone su cuerpo entre la humanidad de la oficial y un sujeto que se estaba abordando en el momento”.

Chinchilla negó tal acusación, según un reporte del Semanario Universidad. “Yo les dije que soy prensa y ando totalmente identificada, pero me dijeron que me van a pasar a flagrancia por resistirme al arresto y por obstrucción, eso es totalmente falso, la manifestación ni había empezado”, dijo la comunicadora.

Recurso contra Poder Judicial

Una mujer de apellidos Zamora Ruiz interpuso un recurso de habeas corpus a favor de Chinchilla y en contra del Poder Judicial tras su detención. La denunciante afirmó que Chinchilla fue trasladada de la Delegación Policial de Cartago a los Tribunales de Justicia. Agregó que la fiscala de flagrancia no le permitió a su abogada comunicarse con la detenida.

La Sala Constitucional declaró sin lugar ese recurso. La resolución se dio el martes 10 de noviembre para el expediente 20-019900-0007-CO.

“Contrario a lo afirmado por la recurrente, se informa bajo juramento que a partir del inicio de la tramitación en la Fiscalía, se apersonó la Licda. Olga Magdalena Carrillo Bianchi como abogada particular de la persona detenida. La Fiscal encargada, de forma personal, atendió a la defensora, a quien se le garantizó acceso total a su representada. Luego de llevar a cabo la diligencia de toma de datos provisional, la cual se practicó en presencia de la Licda. Carrillo Bianchi en el ejercicio de su defensa técnica, se le dejó en libertad al no recibirse denuncia alguna contra la persona detenida”, detalló la Sala para declarar sin lugar el recurso.

Ministerio de Seguridad tergiversa pronunciamiento

El Ministerio de Seguridad Pública divulgó un comunicado al respecto el miércoles 10 de noviembre. La gacetilla se tituló “Magistrados respaldan detención de mujer que golpeó y amenazó a policías durante bloqueo alegando ser comunicadora”. El mensaje también fue replicado en un video transmitido en el perfil de Facebook del ministerio.

Seguridad afirmó que los magistrados constitucionales “señalaron como hechos probados” los informes realizados por la Fuerza Pública sobre la detención de la comunicadora.

“Además de la obstrucción a la labor policial, se demostró y se reafirmó como probado que la detenida lanzó golpes y amenazas en contra de los oficiales, hecho señalado como cierto por la Sala Constitucional”, agregó.

Ambas afirmaciones del Ministerio de Seguridad son falsas. Así lo señaló la Sala Constitucional a Doble Check por medio de su vocero, Alonso Mata.

 

“La Sala Constitucional no avala el accionar de la Fuerza Pública en la detención de Estela Chinchilla en esa resolución; ni siquiera lo entra a conocer. No da por cierto los hechos que la Policía le atribuye en el informe; solo reconoce que existe ese informe”, advirtió Mata.

El objeto del recurso nunca fue avalar la veracidad de los informes. Las referencias a ellos están diferenciadas como citas textuales con el uso de comillas y letra itálica.

El vocero de la Sala también recalcó que el Poder Judicial era la parte recurrida en el recurso de habeas corpus presentado a favor de Chinchilla. La Fuerza Pública solo fue una entidad consultada.

Mata indicó que hay otros dos recursos presentados por Chinchilla que aún están en trámite.

Seguridad insiste en interpretación falsa

Doble Check informó de la aclaración de la Sala IV al Ministerio de Seguridad Pública para obtener una reacción. La institución mantuvo la interpretación errónea de su comunicado oficial, según se desprende de declaraciones de una vocera.

 

 

 

Núñez se equivoca: pesca de arrastre sí necesita más estudios según Sala IV

En resumen: La Sala Constitucional sí señaló explícitamente la necesidad de hacer más estudios científicos que guíen una eventual reapertura de la actividad camaronera de arrastre en Costa Rica. El diputado Melvin Nuñez afirmó equivocadamente lo contrario el 22 de octubre.

El legislador de Restauración Nacional dijo en la Asamblea Legislativa que las magistradas y magistrados “nunca pidieron” más estudios. Esta afirmación es falsa.

El voto de la corte de julio de 2020 declaró sin vicios de procedimiento o inconstitucionalidad el proyecto de ley. Las magistradas y magistrados condicionaron su visto bueno a que se realicen los estudios técnicos y científicos necesarios para que la pesca de arrastre sea sostenible. La orden de realizar estudios está escrita en uno de los transitorios del proyecto consultado.

Existe un estudio realizado al respecto por Incopesca en el 2018. Núñez hizo referencia a esa investigación en el plenario para justificar que el requisito estaba cumplido.

Doble Check consultó a Nuñez sobre sus declaraciones. El diputado insiste en que la Sala no solicitó más estudios. Núñez afirma que fueron los diputados, por medio de la ley, quienes solicitaron los estudios de biomasa adicionales para respaldar la reactivación de esta actividad económica.

El proyecto ya estaba condicionado a solicitar más estudios para cumplir con lo estipulado en la constitución y los anteriores votos de la Sala. El último voto reafirma cuáles son los estudios faltantes: biomasa, impacto en suelos e impacto socioeconómico de la región.

En resumen: La Sala Constitucional sí señaló explícitamente la necesidad de hacer más estudios científicos que guíen una eventual reapertura de la actividad camaronera de arrastre en Costa Rica. El diputado Melvin Nuñez afirmó equivocadamente lo contrario el 22 de octubre.

El legislador de Restauración Nacional dijo en la Asamblea Legislativa que las magistradas y magistrados “nunca pidieron” más estudios. Esta afirmación es falsa.

El voto de la corte de julio de 2020 declaró sin vicios de procedimiento o inconstitucionalidad el proyecto de ley. Las magistradas y magistrados condicionaron su visto bueno a que se realicen los estudios técnicos y científicos necesarios para que la pesca de arrastre sea sostenible. La orden de realizar estudios está escrita en uno de los transitorios del proyecto consultado.

Existe un estudio realizado al respecto por Incopesca en el 2018. Núñez hizo referencia a esa investigación en el plenario para justificar que el requisito estaba cumplido.

Doble Check consultó a Nuñez sobre sus declaraciones. El diputado insiste en que la Sala no solicitó más estudios. Núñez afirma que fueron los diputados, por medio de la ley, quienes solicitaron los estudios de biomasa adicionales para respaldar la reactivación de esta actividad económica.

El proyecto ya estaba condicionado a solicitar más estudios para cumplir con lo estipulado en la constitución y los anteriores votos de la Sala. El último voto reafirma cuáles son los estudios faltantes: biomasa, impacto en suelos e impacto socioeconómico de la región.

Proyecto vetado

El proyecto que permitiría la pesca de arrastre tiene las probabilidades en contra de convertirse en ley pues fue vetado ayer, viernes, por el presidente Carlos Alvarado. Ahora la Asamblea Legislativa tiene dos opciones: archivar el proyecto o rechazar el veto. La segunda opción requiere los votos de 38 personas diputadas, lo cual es improbable, pues el proyecto aprobó el primer debate con tan solo 28 de ellas el 22 de octubre.

¿Qué dijo Núñez?

El proyecto Aprovechamiento sostenible de la pesca de camarón en Costa Rica pretende la eventual entrega de licencias comerciales de camarón con red de cerco. La actividad está prohibida en el país desde el 2013 por su alto impacto ambiental.

Melvin Nuñez aseguró en el plenario que la Sala Constitucional no había solicitado más estudios tras la aprobación de la ley. El diputado de Restauración Nacional afirmó que las personas diputadas involucradas ya los habían incluido.

“En ese voto nunca se dice que esa pesquería hay que cerrarla y nunca pidieron en ese voto más estudios. No se piden. Nosotros en el proyecto lo incluimos”, dijo el legislador.

Es correcto que el proyecto enviado a consulta incluía de previo el requisito de realizar estudios. Eso sí, la  afirmación es incorrecta en tanto la Sala condiciona su voto favorable a la realización de los estudios.

¿Qué dijo la Sala?

El diputado se refiere a la resolución 13.837 de la Sala Constitucional emitida en julio de este año. La sentencia declaró sin vicios de inconstitucionalidad el proyecto de ley 21.478 sobre Aprovechamiento sostenible de la pesca de camarón en Costa Rica.

Los y las legisladoras que hicieron la consulta argumentaron que el proyecto de ley violaba el artículo 6 y 7 de la Constitución y otras normas internacionales a las que el país está sujeto.

El artículo 6 de la Carta Magna dicta que el Estado ejerce soberanía y jurisdicción sobre todo el territorio y mares adyacentes para proteger, conservar y explotar los recursos naturales.

El voto de la mayoría de la Sala consideró que el transitorio II de la ley solventa lo estipulado por los artículos al impedir que se otorguen licencias hasta que se realicen los estudios técnicos necesarios para determinar que la actividad sea sostenible.

Los artículos transitorios son temporales y sujetan la vigencia de la ley a su cumplimiento. El transitorio en cuestión le da un plazo de un año improrrogable a Incopesca para que haga los estudios científicos y técnicos.

“Dicho en otras palabras, solo se podrán otorgar las licencias para el aprovechamiento sostenible del camarón cuando los estudios técnicos y científicos concluyan que la técnica de pesca de arrastre a utilizar resulta amigable con el ambiente”, dice la sentencia.

El voto de la Sala reitera lo dicho en las sentencias del 2013 y 2018 (1 y 2): no hay estudios suficientes que garanticen que la actividad es sostenible ambientalmente. Por ello, el requisito debe cumplirse antes de hacer efectiva la ley.

Estudio hecho por Incopesca no es suficiente para la Sala

El diputado Nuñez mencionó en su declaración que los proponentes de la ley ya habían adjuntado la investigación que solicitó la Sala. El estudio al que se refiere el diputado fue  liderado por Incopesca y se hizo entre octubre y diciembre del 2018. La corte es clara en que este estudio es insuficiente para determinar la sostenibilidad ambiental de esta actividad comercial.

La Sala indicó que estos estudios deberán contemplar aspectos de biomasa y fondo marino. También ordenó el estudio de impactos de orden social, económico y “todos aquellos que aseguren la sostenibilidad del recurso marino y que procuren un desarrollo sostenible democrático”.

Los estudios deben determinar cuál es la cantidad y especie de los camarones  (porque varían en tamaño) en los mares de Costa Rica. La corte también pide saber el daño que sufrirían los suelos marinos por el arado y el impacto que tendría en el desarrollo de otras actividades comerciales de la zona, como el ecoturismo y la pesca artesanal.

El marco jurídico para la reactivación de las licencias comerciales «está condicionado no solo al uso de eficientes dispositivos excluidores [de fauna de acompañamiento], sino también al resultado de los estudios faltantes que sean llevados a cabo».

Sentencia tuvo votación dividida

La resolución de la Sala tuvo una votación dividida en la que cuatro magistrados fallaron a favor y tres salvaron el voto. Las personas magistradas que salvaron su voto expresaron infracciones a los principios de objetivación de la tutela medioambiental y el desarrollo sostenible y vicios de publicidad y a la transparencia.

El voto de la minoría alega que el proyecto tiene que tener los estudios de manera previa para que la Asamblea Legislativa tome una decisión informada. Además sostuvo que no se puede garantizar el desarrollo sostenible de la actividad sin los estudios solicitados.

Los votos salvados también alegan que la mayoría de los diputados no concedió audiencias a organizaciones ambientalistas y pescadores artesanales que se oponen al proyecto.

Diputada propone limitar aborto impune con argumento falso e incompleto

En resumen: La diputada independiente del bloque Nueva República, Ivonne Acuña, propone eliminar la posibilidad del aborto en casos de riesgo para la salud de la madre, pues alega que la salud es un «concepto jurídico indeterminado». Eso es falso.

Acuña impulsa un proyecto de ley para que la interrupción del embarazo se permita únicamente para evitar un peligro a la vida de la madre. El Código Penal permite actualmente el aborto cuando peligren tanto la vida como la salud de la mujer y cuando ese método no hubiera podido ser evitado por otros medios.

La legisladora también argumenta que «la protección de la salud forma parte intrínseca del derecho de la vida». Agrega que esa protección ha sido reconocida por la Sala Constitucional. Esa afirmación está incompleta.

La Sala Constitucional sí ha reconocido que el derecho a la salud se deriva del derecho a la vida. Sin embargo, la legisladora omite que el tribunal también considera la salud como un derecho autónomo y con su propio contenido esencial.

Además, el derecho a la salud en Costa Rica es un concepto plenamente definido. Así se desprende tanto de votos vinculantes de la Sala como del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, al que Costa Rica está suscrito.

En resumen: La diputada independiente del bloque Nueva República, Ivonne Acuña, propone eliminar la posibilidad del aborto en casos de riesgo para la salud de la madre, pues alega que la salud es un «concepto jurídico indeterminado». Eso es falso.

Acuña impulsa un proyecto de ley para que la interrupción del embarazo se permita únicamente para evitar un peligro a la vida de la madre. El Código Penal permite actualmente el aborto cuando peligren tanto la vida como la salud de la mujer y cuando ese método no hubiera podido ser evitado por otros medios.

La legisladora también argumenta que «la protección de la salud forma parte intrínseca del derecho de la vida». Agrega que esa protección ha sido reconocida por la Sala Constitucional. Esa afirmación está incompleta.

La Sala Constitucional sí ha reconocido que el derecho a la salud se ha derivado del derecho a la vida. Sin embargo, la legisladora omite que el tribunal también considera la salud como un derecho autónomo y con su propio contenido esencial.

Además, el derecho a la salud en Costa Rica es un concepto plenamente definido. Así se desprende tanto de votos vinculantes de la Sala como del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, al que Costa Rica está suscrito y que la Sala emplea como base para su jurisprudencia.

¿Cuándo se permite el aborto en la ley?

En Costa Rica, el Código Penal de 1970 estableció la figura del aborto impune en su artículo 121:

 

«No es punible el aborto practicado con consentimiento de la mujer por un médico o por una obstétrica autorizada, cuando no hubiere sido posible la intervención del primero, si se ha hecho con el fin de evitar un peligro para la vida o la salud de la madre y éste no ha podido ser evitado por otros medios».

Lo que dice Ivonne Acuña y su proyecto de ley

El pasado 21 de octubre, la diputada independiente Ivonne Acuña presentó, junto a otros legisladores, el proyecto de ley N.º 21.661 para eliminar de la excepción de impunidad del aborto el peligro para la salud de la mujer.

Según la propuesta, el artículo se limitaría así: «No es punible el aborto practicado por un médico con el consentimiento de la mujer, si se ha hecho con el fin de evitar un peligro grave e inminente para la vida de la madre y este peligro no ha podido ser evitado por otros medios.»

La legisladora afirmó en su perfil de Facebook que «el proyecto tiene la intención de suprimir los conceptos jurídicos indeterminados, por ejemplo de la definición del concepto de la salud». El texto de la iniciativa señala que «el legislador tiene ante la ciudadanía el deber de suprimir los conceptos jurídicos imprecisos».

En un artículo de Noticias Monumental, Acuña justificó que «sacamos el término ‘salud’ bajo el entendido de que la Sala Constitucional ha sido reiterada en decir que la protección de la salud forma parte intrínseca del derecho de la vida. Es decir, al decir que cuando la vida de la mujer peligre, se entiende que es su salud».

De manera similar, el texto del proyecto de ley indica que «nuestra jurisprudencia constitucional ha reconocido la relevancia del derecho a la salud, como parte esencial del derecho a la vida».

Argumento falso e incompleto

Es cierto que la Sala Constitucional ha reconocido que el derecho a la salud se origina del derecho a la vida. Sin embargo, la diputada Acuña omite que ese tribunal advierte que la salud es un derecho autónomo y esencial en sí mismo. Acuña también omite que la Sala Constitucional ha definido el derecho a la salud en su jurisprudencia con base en tratados internacionales suscritos por Costa Rica.

Una de las referencias más recientes es la resolución Nº 05560 – 2019, de marzo pasado, donde se ordenó a la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS) la creación de un sistema de gestión integrado para solventar problemas en las listas de espera.

En los argumentos de esa resolución, el tribunal subraya que «esta Sala Constitucional en múltiples sentencias ha desarrollado el derecho a la salud», y da referencia a distintas sentencias del año 2011 al 2019. La resolución cita textualmente la definición que ha desarrollado en esa jurisprudencia:

«Si bien es cierto que el derecho a la salud ha sido derivado del derecho a la vida y a un ambiente saludable y ecológicamente equilibrado por su interrelación con esos derechos, no podemos dejar de lado que este derecho fundamental es un derecho autónomo y con su propio contenido esencial«, reiteró la Sala en marzo pasado.

El tribunal constitucional basa principalmente su definición sobre el derecho a la salud en el artículo 12 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, firmado en la Asamblea General de la Organización de Naciones Unidas (ONU) en 1976, y donde Costa Rica es firmante.

«En efecto, en dicho instrumento internacional de derechos humanos se establece claramente el derecho de toda persona al disfrutar del más alto nivel posible de salud física y mental, por lo que el Estado y sus instituciones tienen el deber de asegurar la plena efectividad de ese derecho a través de una serie de acciones positivas y del ejercicio de las potestades de regulación, fiscalización y de policía sanitaria», afirma la resolución de la Sala.

De esa manera, la Sala Constitucional advierte que dicho deber significa «la  prevención y el tratamiento efectivo de enfermedades, así como la creación de condiciones que aseguren a todos la asistencia médica y servicios médicos de calidad en caso de enfermedad». Dicho tribunal añade que el derecho a la salud comprende «la disponibilidad de servicios y programas de salud en cantidad suficiente para los usuarios de estos servicios y destinatarios de estos programas».

La Sala Constitucional también recalca que la garantía de accesibilidad a los servicios y programas de salud es parte de ese derecho. Según ese tribunal, la accesibilidad tiene cuatro dimensiones: la no discriminación en el acceso a los servicios de salud, la accesibilidad física, la accesibilidad económica y la accesibilidad a la información.

Como parte del concepto del derecho a la salud, la Sala reconoce que los servicios de salud pública deben ser «respetuosos con la ética médica, culturalmente apropiados, dirigidos a la mejora de la salud de los pacientes, confidenciales» y la calidad de la base científica y médica de los servicios.

La coordinadora de la Maestría de Ciencias Penales de la Universidad de Costa Rica (UCR), Rosaura Chinchilla, aclaró a Doble Check que «en términos generales, si existe una normativa en un tratado, [la salud] deja de ser un concepto jurídico indeterminado porque el contenido lo llena el tratado». Además, Chinchilla recalcó que una definición dada por la Sala Constitucional en su jurisprudencia es vinculante, según el artículo 13 de la Ley de Jurisdicción Constitucional.

Este viernes, Doble Check informó de estos hallazgos a la diputada Ivonne Acuña y solicitó su reacción. Sin embargo, no se obtuvo respuesta oportunamente.