No es cierto que rebaja a remuneraciones afectará a diputados, como dijo ministra Garrido a #NoComaCuento

La Ministra de Planificación Pilar Garrido afirmó a #NoComaCuento, de La Nación, que el proyecto de ley que el gobierno presentó para reducir las remuneraciones en el sector público sí incluye rebajas a los diputados. La redacción del texto no permite afirmar eso.

Garrido hizo la afirmación como parte de una verificación de #NoComaCuento, que pretendía desmentir a Albino Vargas. El líder sindical había publicado un tuit el 13 de julio que afirmaba que “la rebaja salarial no incluye a los diputados ni a las diputadas”.

¿Por qué el proyecto no incluye a las y los diputados? El texto del Ejecutivo pretende reducir las jornadas de los trabajadores con remuneraciones mayores a ₡1,5 millones. Es decir, el texto no ordena el recorte directo de las remuneraciones o salarios, sino –más bien– la reducción de las jornadas. Ello consecuentemente conlleva a recortar remuneraciones, pero no las de los diputados.

Los congresistas no tienen una jornada definida ni una relación laboral. Así lo explicaron el director ejecutivo de la Asamblea Legislativa, Antonio Ayales, y el exmagistrado de la Sala II Rolando Vega.

No es posible recortar la jornada de los miembros del Congreso porque esa figura no existe para este tipo de servidor público. Un diputado o una diputada no tiene horario, ni cobra horas extra ni puede ser despedido. Tampoco se le puede recortar el tiempo que dedica a sus funciones, pues tiene la obligación legal de atender permanentemente «requerimientos propios de su investidura en cualquier tiempo y lugar».

Doble Check compartió sus hallazgos con Garrido. La ministra insistió en que el proyecto afectaba todas las remuneraciones del sector público, pero no respondió directamente a la imposibilidad de reducir la jornada de los congresistas.

La Ministra de Planificación Pilar Garrido afirmó a #NoComaCuento, de La Nación, que el proyecto de ley que el gobierno presentó para reducir las remuneraciones en el sector público sí incluye rebajas a los diputados. La redacción del texto no permite afirmar eso.

Garrido hizo la afirmación como parte de una verificación de #NoComaCuento, que pretendía desmentir a Albino Vargas. El líder sindical había publicado un tuit el 13 de julio que afirmaba que “la rebaja salarial no incluye a los diputados ni a las diputadas”.

¿Por qué el proyecto no incluye a las y los diputados? El texto del Ejecutivo pretende reducir las jornadas de los trabajadores con remuneraciones mayores a ₡1,5 millones. Es decir, el texto no ordena el recorte directo de las remuneraciones o salarios, sino –más bien– la reducción de las jornadas. Ello consecuentemente conlleva a recortar remuneraciones, pero no las de los diputados.

Los congresistas no tienen una jornada definida ni una relación laboral. Así lo explicaron el director ejecutivo de la Asamblea Legislativa, Antonio Ayales, y el exmagistrado de la Sala II Rolando Vega.

No es posible recortar la jornada de los miembros del Congreso porque esa figura no existe para este tipo de servidor público. Un diputado o una diputada no tiene horario, ni cobra horas extra ni puede ser despedido. Tampoco se le puede recortar el tiempo que dedica a sus funciones, pues tiene la obligación legal de atender permanentemente «requerimientos propios de su investidura en cualquier tiempo y lugar».

Doble Check compartió sus hallazgos con Garrido. La ministra insistió en que el proyecto afectaba todas las remuneraciones del sector público, pero no respondió directamente a la imposibilidad de reducir la jornada de los congresistas.

¿Qué dijeron Albino Vargas, Pilar Garrido y No Coma Cuento?

El 13 de julio, el líder sindical Albino Vargas publicó en twitter :

¡Qué bonito! La rebaja salarial NO INCLUYE A LOS DIPUTADOS NI A LAS DIPUTADAS. Diz que ellos tienen un régimen distinto al cual se llaman «dietas». ¿Será posible tal cinismo político?…

No Coma Cuento publicó una verificación al respecto dos días después titulada “#NoComaCuento: Albino Vargas difunde información falsa sobre proyecto de rebaja salarial a empleados públicos”. En ella, la jerarca de Planificación Pilar Garrido desmiente a Albino Vargas y asegura que el proyecto del Ejecutivo sí impacta a los diputados.

“Todos los poderes de la República y las autoridades somos parte. Están incorporadas todas aquellas personas servidoras públicas que ganan más de ¢1,5 millones”, dijo a La Nación. “Los diputados sí están regulados por la Ley de Salarios de la Administración Pública. Por ende, comprende a los mismos. El rebajo aplica a que se les reduce, al final, el 15% del total de su remuneración bruta”, agrega su cita.

El 20 de julio La Nación publicó un derecho de respuesta a Albino Vargas. El líder sindical se basó en un intercambio de Garrido con el diputado José María Villalta en la Asamblea Legislativa.  «Queda claro que ni la ANEP ni mi persona difundimos información falsa», concluyó el sindicalista.

¿Qué dice el proyecto del Ejecutivo?

La controversia entre Vargas y de Garrido está centrada en el término que se usa para describir las retribuciones económicas de los diputados: dietas, salarios o remuneraciones.

Antes de eso, ¿qué dice el proyecto que el Ejecutivo presentó a la Asamblea Legislativa?

El texto, presentado bajo el expediente 22.081 con el nombre de “Ley de Reducción de Jornadas en el Sector Público” propone en su artículo primero:

“Las instituciones públicas comprendidas en el artículo 26 de la Ley de Salarios de la Administración Pública, Ley No. 2166, de 9 de octubre de 1957, por un plazo improrrogable de doce meses, a partir de la entrada en vigencia de la presente ley, deberán reducir en un quince por ciento (15%), las jornadas de trabajo del personal que reciba una remuneración bruta mensual de al menos un millón quinientos mil colones (¢ 1.500.000) por su jornada ordinaria de trabajo”.

El texto no ordena directamente la reducción de remuneraciones, sino –más bien– de jornadas de los trabajadores públicos.

Los demás artículos se refieren a qué instituciones corresponde aplicar las reducciones y cuáles son las dependencias eximidas de la medida (cuerpos de Policía, Bomberos, Ministerio de Salud, Caja Costarricense de Seguro Social, Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias y centros penitenciarios). No hay ningún artículo que mencione a los diputados.

¿Tienen los diputados jornada?

El Director Ejecutivo de la Asamblea Legislativa, Antonio Ayales, aseguró a Doble Check que el proyecto del gobierno no incluye a los diputados, pues ellos no tienen jornada.

“Los diputados son escogidos por elección popular, por tanto, no son considerados funcionarios públicos, a pesar de trabajar en el primer Poder de la República, no tienen una jornada laboral como sí la tienen el resto de funcionarios públicos que trabajan en la Asamblea, no tienen un salario como el resto de funcionarios, no son parte de la estructura administrativa de la Asamblea ni siquiera están sujetos al Reglamento Autónomo de la institución” dijo a Doble Check.

No se les puede rebajar una jornada que no tienen. Un diputado viene y se va a la hora que quiere, no tiene que rendirle cuentas a nadie en la administración de a qué hora llega o se va de la Asamblea”, concluyó Ayales.

Su criterio coincide con su criterio el exmagistrado de la Sala II Rolando Vega.

Los diputados no están sujetos a una jornada. No tienen un contrato de trabajo ni tienen que cumplir un horario determinado. Tampoco pueden cobrar horas extra, ni tienen un control de supervisión o de fiscalización. No hay una relación laboral, propiamente dicha”.

Aún si la tuvieran, la ley 7352 de Remuneración de Diputados de la Asamblea Legislativa obliga a los diputados a estar disponibles permanentemente para atender sus funciones.

“ Fíjase la remuneración de los diputados a la Asamblea Legislativa, atendiendo los siguientes principios: (…) b- El cumplimiento de sus deberes y obligaciones, como miembros del Poder Legislativo, implica para los diputados la permanente disposición de atender requerimientos propios de su investidura en cualquier tiempo y lugar”.

Doble Check consultó sobre este tema a la jerarca Pilar Garrido, pero no respondió directamente a nuestras preguntas. Sus respuestas completas están disponibles aquí y aquí.

La jerarca declaró su disposición de enmendar eventualmente el texto para que «cumpla con el espíritu de reducir jornadas a los empleados de todo el sector público».

Las dietas, los salarios y las remuneraciones

Vargas argumenta que las razones por las que la rebaja no aplica a los legisladores es porque ellos y ellas tienen dietas, y no salarios. Según Vargas, el proyecto está enfocado en la reducción de salarios y –al no incluir dietas– los congresistas no están incluidos en la iniciativa.

Aunque la crítica de Vargas sí tiene fundamento, sus razones para justificar la denuncia son discutibles.

Por ejemplo, la Procuraduría General de la República había opinado en mayo de 2002 que la retribución que reciben los legisladores no puede considerarse una dieta ni un salario. El término correcto para referirse a las retribuciones de los diputados, según este criterio, es “remuneración”.

Ése es justamente el término que emplea el proyecto del Ejecutivo cuando indica que se deberán reducir “las jornadas de trabajo del personal que reciba una remuneración bruta mensual”.

Tras una consulta de Doble Check, Garrido sí se refirió a las retribuciones de los legisladores como “dietas”, pero aseveró que ese término estaba incluido dentro del término más amplio de “remuneraciones”.

«Las dietas son solamente un componente de lo que se le cancela a los diputados de manera mensual, ese monto total tiene el nombre de ‘remuneración’, según el artículo 1 de la Ley 6961. El artículo 1 del proyecto de ley, menciona que serán las remuneraciones las que deben disminuirse en un 15% de modo que, al recibir los diputados remuneraciones, están comprendidos por ese artículo 1. Remuneración es el género. Salario o dieta son especies de ese mismo género, de tal modo que ambos conceptos caben en dicho género”, afirmó.

A pesar de esta argumentación, Garrido no se refirió a si podía recortarse la jornada de un diputado, a pesar de que no tienen una jornada.

Diputado Pablo Abarca exagera monto sobre recortes posibles al gasto público

En resumen: El diputado socialcristiano Pablo Heriberto Abarca asegura que el gobierno es capaz de recortar 1,5 billones de colones en el gasto público a través de varias partidas. La cifra es engañosa y está inflada.

Por ejemplo, cortar las partidas más importantes que enlista Abarca supondría eliminar todas las horas extra en la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS). También afectaría el pago por el transporte de combustibles de Recope entre planteles. Contempla los pagos de comisiones de los bancos nacionales por el uso de marcas de tarjetas de crédito. La cifra también engloba los fideicomisos del ICE con plantas hidroeléctricas como Garabito y Reventazón, según consultas de Doble Check a las instituciones potencialmente afectadas.

Solo 7,5% de los recortes propuestos por el legislador provienen del Gobierno Central. Más de la mitad de los recortes  proceden de seis instituciones financieras e instituciones autónomas: la CCSS (19%), el Banco Nacional (9,5%), el Banco de Costa Rica (8%), el INS (7,6%), el Banco Popular (5,5%) y Recope (3,8%). En estas instituciones la injerencia directa del Poder Ejecutivo para la toma de decisiones es limitada.

La cifra ha sido usada por Abarca en redes sociales, en medios de comunicación y en el Congreso. Rodolfo Peña, jefe de Fracción de la Unidad Socialcristiana, también dijo el 11 e junio que su fracción había presentado «una propuesta de recortes de gastos por ₡1,5 billones (…) sin rebajar los salarios de ningún funcionario público y sin afectar la prestación de servicios públicos». Eso es engañoso. Eliminar la totalidad de los ₡1,5 billones sí supondría impactos en el funcionamiento de las instituciones.

Abarca afirmó a Doble Check que nunca ha sugerido recortar la totalidad de los ₡1,5 billones que conforman las partidas que menciona, sino que solo propone revisarlas. También dijo que en algunas de sus publicaciones explicitó que no pretende recortar esas partidas por completo.

Eso es cierto, sin embargo, todas las intervenciones del diputado usan la cifra engañosa de referencia de ₡1,5 billones.  El diputado concedió que desconoce en qué porcentaje se puede disminuir el gasto para todas esas partidas. Adujo que la información precisa solamente la maneja Hacienda.

En resumen: El diputado socialcristiano Pablo Heriberto Abarca asegura que el gobierno es capaz de recortar 1,5 billones de colones en el gasto público a través de varias partidas. La cifra es engañosa y está inflada.

Por ejemplo, cortar las partidas más importantes que enlista Abarca supondría eliminar todas las horas extra en la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS). También afectaría el pago por el transporte de combustibles de Recope entre planteles. Contempla los pagos de comisiones de los bancos nacionales por el uso de marcas de tarjetas de crédito. La cifra también engloba los fideicomisos del ICE con plantas hidroeléctricas como Garabito y Reventazón, según consultas de Doble Check a las instituciones potencialmente afectadas.

Solo 7,5% de los recortes propuestos por el legislador provienen del Gobierno Central. Más de la mitad de los recortes  proceden de seis instituciones financieras e instituciones autónomas: la CCSS (19%), el Banco Nacional (9,5%), el Banco de Costa Rica (8%), el INS (7,6%), el Banco Popular (5,5%) y Recope (3,8%). En estas instituciones la injerencia directa del Poder Ejecutivo para la toma de decisiones es limitada.

La cifra ha sido usada por Abarca en redes sociales, en medios de comunicación y en el Congreso. Rodolfo Peña, jefe de Fracción de la Unidad Socialcristiana, también dijo el 11 e junio que su fracción había presentado «una propuesta de recortes de gastos por ₡1,5 billones (…) sin rebajar los salarios de ningún funcionario público y sin afectar la prestación de servicios públicos». Eso es engañoso. Eliminar la totalidad de los ₡1,5 billones sí supondría impactos en el funcionamiento de las instituciones.

Abarca afirmó a Doble Check que nunca ha sugerido recortar la totalidad de los ₡1,5 billones que conforman las partidas que menciona, sino que solo propone revisarlas. También dijo que en algunas de sus publicaciones explicitó que no pretende recortar esas partidas por completo.

Eso es cierto, sin embargo, todas las intervenciones del diputado usan la cifra engañosa de referencia de ₡1,5 billones.  El diputado concedió que desconoce en qué porcentaje se puede disminuir el gasto para todas esas partidas. Adujo que la información precisa solamente la maneja Hacienda.

Los cálculos de Doble Check

Este chequeo se limitó a revisar la factibilidad de un recorte de las magnitudes sugeridas por el diputado Abarca. Se priorizaron los impactos más voluminosos. Estos montos suman un 61% de la cifra propuesta por el legislador. El señalamiento en la exageración dicha por Abarca no pretende afirmar la tesis extrema contraria: que no es posible recortar en nada estas partidas.

Lo que dijeron los diputados Pablo Abarca y Rodolfo Peña

El diputado Abarca afirmó en plenario de la Asamblea Legislativa «que hay 1,5 billones de colones que (el gobierno) puede recortar» a través de diferentes partidas.  Adujo que el periódico La Nación “ignoró” su propuesta como legislador porque  «quiere manipular y disimular que el gobierno no está comprometido con el recorte al gasto».

Recorte al Gasto Público

Desde hace meses venimos insistiendo en una recorte verdadero del gasto público y reforma del Estado. Pero nacion.com, para disimular la irresponsabilidad fiscal del Gobierno quiere desviar la atención con este proyecto que es ínfimo, comparado con las partidas que hemos puesto sobre la mesa.

Estamos de acuerdo con el proyecto. Lo que hemos señalado es que el Gobierno le apunta a una partida muy pequeña y que debe hacer la tarea con seriedad.

Publicado por Pablo Heriberto Abarca Mora en Martes, 2 de junio de 2020

CRHoy.com repitió la cifra del congresista: «Gobierno puede ahorrar 1,5 billones en lugar de pedir más impuestos«. Abarca también ha repetido el dato en varias publicaciones de Twitter. El jefe de Fracción del PUSC –Rodolfo Peña– ha asegurado que su fracción presentó una «propuesta de recortes de gastos por ₡1,5 billones sin afectar el funcionamiento de las instituciones».

¿En qué consiste el recorte de Abarca? Una publicación en Twitter desglosa cómo se calculan las partidas a través de las que se llega a la cifra total de recortes.

Un resumen de los recortes

Doble Check solicitó a Abarca los datos empleados para hacer su análisis. El legislador se basa en los datos del informe Presupuestos Públicos 2020: Situación y Perspectivas, de la Contraloría General de la República.  En específico, usa la base de datos de ingresos y gastos del sector público contenida en esa publicación.

Abarca sugiere recortar partidas que suman ₡1.536.338 millones (las cifras de Doble Check varían en ₡3 millones por redondeos del diputado). Casi la mitad (48%) de esos recortes se refieren a tres partidas: «Comisiones y gastos por servicios financieros y comerciales», «Tiempo Extraordinario» (horas extra) y Otros Servicios de Gestión y Apoyo”.

También podemos analizar los recortes de Abarca según institución. 54% de sus recortes impactan a cinco instituciones:  un 19,2% de su recorte sería a la CCSS. Le siguen el Banco Nacional (9,47%), el BCR (8%), el INS (7,57%), el Banco Popular (5,53%) y Recope (3,8%).

Únicamente 7,5% de sus recortes están orientados hacia el Gobierno Central. Casi la mitad (44%) de ellos son en alquileres, concentrados especialmente en el Poder Judicial, el Ministerio de Hacienda, el Ministerio de Educación Pública (MEP), la Asamblea Legislativa y el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE).

Otro 6,2% de su recorte proviene de varios fideicomisos. La gran mayoría de esos dineros son sumas libres sin asignación presupuestaria en los proyectos hidroeléctricos de Garabito, Reventazón y Toro III.  Todas estas instituciones suman casi dos tercios de la propuesta de recorte del diputado.

Recortes a la Caja y a instituciones financieras

Abarca publicó en su cuenta de Twitter una tabla que incluye los ₡1,5 billones de recortes desglosados por institución. La tabla aclara que su recorte se reduciría a ₡1,2 billones si no se incluyera a la CCSS, el Ministerio de Salud y el Ministerio de Seguridad Pública.

A pesar de la aclaración, el diputado del PUSC y su jefe de fracción usan la cifra de ₡1,5 billones en todas sus intervenciones. ¿Qué supondrían los recortes a la CCSS?

La CCSS es la principal institución que recibiría los recortes según la cifra de ₡1,5 billones. Casi un quinto de la cifra total de ₡1,5 billones la afecta directamente: en especial a todas sus horas extra.

Si se aplicaran las medidas de Abarca en su totalidad se impactarían ₡295.488 millones de colones: ₡191.015 de ellos (casi dos tercios) se refieren a todas las horas extra de la institución.

Otros rubros de recorte impactan el transporte de pacientes a centros de salud, alquileres de espacios de trabajo, la revisión de los vehículos o la fumigación y el  bombeo de combustible en edificios de la Caja.

«No es viable el recorte total de esas subpartidas, pues afectaría la prestación adecuada y oportuna de los servicios a las personas. Muchos de esos rubros están sustentados en contratos ya establecidos con proveedores, cuya obligación debe honrarse», dijo Luis Diego Calderón Villalobos, gerente financiero de la CCSS a Doble Check.

El Banco Nacional, el Banco de Costa Rica, el Instituto Nacional de Seguros y el Banco Popular suman casi un tercio (₡469.692 millones)  de los recortes propuestos por Abarca. La mayoría de ellos (₡244.790 millones) se refieren a “Comisiones y gastos por servicios financieros y comerciales”.

Luis Fernando Monge, Subgerente del INS explicó a Doble Check en qué consiste esa partida para su institución. En el INS esa partida (de ₡90.223 millones) está compuesta por varios rubros: el principal de ellos son las comisiones por intermediación de seguros.

“Nos referimos a las corredurías de seguros (empresas que pueden colocar pólizas), agencias exclusivas del INS, los agentes individuales y las operadoras de seguros autoexpedibles. A esos intermediarios se les paga una comisión por el nivel de sus ventas”, dijo.

Según Monge, ese canal define por completo el ingreso del INS por venta de seguros.

“Nuestros intermediarios de seguros son nuestro principal canal de colocación de pólizas. Representan aproximadamente el 87% de la venta de pólizas que realizamos”, fundamentó.

El Banco Nacional indicó que no le es posible emitir criterio sobre una propuesta legislativa que no conocen. A pesar de ello, explicaron en qué consiste la partida de “Otros Gastos y Servicios Financieros y Contables” por ₡101.485 millones.

“Esta partida se refiere a diversos gastos, principalmente pagos de comisiones a las marcas de tarjetas de crédito (el rubro principal), pérdidas por bienes adjudicados en remate judicial, y comisiones de Sinpe. (…) Se trata de servicios esenciales para el negocio bancario en algunos casos, y en otros porque son gastos propios del negocio bancario, como es el caso de pérdidas por bienes adjudicados”, dijo su departamento de prensa.

Los recortes propuestos a fideicomisos y a Recope

La propuesta del diputado incluye otros ₡94.647 millones que  impactan diferentes partidas de 26 fideicomisos. Esos fideicomisos constituyen un 6% de la cifra de ₡1,5 billones que propone recortar Abarca. La mayoría de ese dinero se reserva para los proyectos hidroeléctricos Garabito, Reventazón y Toro III.

Juan Carlos Pacheco, gerente de Finanzas del ICE, explicó que el instituto paga el fideicomiso de Garabito por concepto de arrendamiento y que vencerá en el 2022. En el caso de Reventazón, deben pagar intereses, costos operativos y amortización del proyecto.

“Estos costos son obligaciones que no se pueden recortar fácilmente, ya que el ICE requiere de la electricidad que producen ambas plantas y, además, existe el compromiso legal de pago de las cuotas por varios años. Los fideicomisos, por su parte, deben honrar las deudas que mantienen con los financiadores de las plantas, que por lo general son bancos o inversionistas”, dijo Pacheco.

La propuesta de Abarca aplicada como fue propuesta por su jefe de fracción también podría impactar actividades sustantivas de Recope. El legislador propone recortar ₡55.158 millones en la partida de transporte de bienes para todo el sector público, que está incluída dentro de la partida de Servicios Comerciales y Financieros. De ellos, ₡50.107 millones pertenecen a Recope.

Esos recursos se refieren a los fletes de importación de materia prima, de producto terminado, los servicios portuarios en Moín y Caldera, y al transporte de productos entre planteles, según explicó la oficina de prensa de Recope a Doble Check.

Los recortes propuestos al Poder Judicial y al MEP

Los recortes al Gobierno Central son de un 7,5%, y la mayoría de ellos están concentrados en el Poder Judicial, el Ministerio de Hacienda y el MEP.

En el Poder Judicial, por ejemplo, se propone recortar ₡22.874 millones. Casi la mitad de este dinero se usa para gastos en alquileres.

“Un rebajo de esta magnitud en la subpartida de Alquileres implicaría el cierre de oficinas judiciales en todo el país donde se brinda el servicio en locales alquilados”, dijo la  Dirección Ejecutiva del Poder Judicial a Doble Check.

En el Ministerio de Educación Pública se recortarían ₡18.913 millones: la mayoría en alquileres (₡5.636 millones), y en las partidas de viáticos y transporte dentro del país (₡5.739 millones).

En el caso del MEP, la partida por alquileres incluye el pago de los alquileres de los edificios Raventós, Rofas, Antiguo Comex y Ebbalar.

“Claramente, el recorte total del pago de alquileres significaría la paralización del Ministerio dado que no existiría el metraje suficiente para albergar a todos los funcionarios y usuarios”, dijo la Dirección de Servicios Generales del MEP.

Doble Check también dirigió consultas sobre este tema al Ministerio de Hacienda pero no recibió respuesta al cierre de edición.

Abarca: «Esos rubros pueden ser revisados. ¿En qué porcentaje? No lo sé»

Al consultarle sobre este tema, Abarca adujo que nunca ha sugerido recortar por completo las partidas que sugiere, sino solo revisarlas.

«Si nos vamos a concentrar en un tema semántico ese no es el tema. Ni usted ni yo tenemos acceso a la totalidad del desglose de las partidas. Solo lo tiene Hacienda. Yo lo único que he dicho es que deben revisarse esas partidas. Yo entiendo si lo que usted quiere es desacreditarme. Uno no puede matar de machete todas esas partidas, pero  la oficina de este diputado sí sacó un tiempo para decir qué rubros pueden ser revisados. ¿En qué porcentaje? No lo sé”, explicó.

A Abarca también se le detallaron qué significarían esos recortes para algunas de las principales instituciones afectadas.

“Es que ninguna (institución) te va a decir que le recorten. Pero en una situación como la que estamos no podemos seguir igual. Yo no estoy dando una orden de que se rebaje eso, lo que he estado tratando es que se revise. Usted lo puede manipular como usted quiera porque lo que quieren es desacreditarme. Lo que estoy diciendo es que puede haber revisión. Claramente es una decisión política”, dijo.

Durante la entrevista Abarca aseguró que su monto de ₡1,5 billones no incluye a la Caja Costarricense de Seguro Social. Esto es falso: Doble Check le resaltó que sí lo incluía. Minutos después Abarca compartió una publicación en la que aparece el monto total de ₡1,5 billones –en donde se incluye a la Caja– y de ₡1,2 billones, donde se descarta la Caja. Según el diputado, no existe desinformación porque “el mismo cuadro tiene una columna que los excluye”.

¿Qué han recortado y qué pueden recortar las instituciones?

La mayoría de las instituciones consultadas por Doble Check dijeron que sí podrían considerar algunos recortes dentro o fuera de estas partidas, pero que debe pensarse primero en asegurar los servicios que brindan.

En el caso de la Caja, el gerente financiero  Luis Diego Calderón Villalobos afirma que ya tomaron medidas de recorte. El 30 de marzo, la institución acordó suspender la compra de bienes y suministros no indispensables y no iniciar la contratación de bienes o servicios no esenciales. Según la Gerencia Financiera de la Caja  se pueden implementar medidas adicionales de contención si los ingresos se ven drásticamente disminuidos.

En Recope se giraron instrucciones a nivel gerencial para que analizaran dónde se podrían realizar recortes sin afectar las metas del Plan Operativo. A la fecha, la institución afirmó a Doble Check que se han realizado recortes que “superan el orden de los 7 mil millones de colones”.

Según el INS, se están tomando medidas para reducir algunos de los gastos en alquileres y otra subpartidas. Según el Poder Judicial (dentro del marco de la crisis sanitaria) se hicieron rebajos en un presupuesto extraordinario que impactaron a los viáticos, al transporte dentro y fuera del país y otros recortes cercanos a los ₡1.700 millones.