Diputado Pablo Abarca exagera monto sobre recortes posibles al gasto público

En resumen: El diputado socialcristiano Pablo Heriberto Abarca asegura que el gobierno es capaz de recortar 1,5 billones de colones en el gasto público a través de varias partidas. La cifra es engañosa y está inflada.

Por ejemplo, cortar las partidas más importantes que enlista Abarca supondría eliminar todas las horas extra en la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS). También afectaría el pago por el transporte de combustibles de Recope entre planteles. Contempla los pagos de comisiones de los bancos nacionales por el uso de marcas de tarjetas de crédito. La cifra también engloba los fideicomisos del ICE con plantas hidroeléctricas como Garabito y Reventazón, según consultas de Doble Check a las instituciones potencialmente afectadas.

Solo 7,5% de los recortes propuestos por el legislador provienen del Gobierno Central. Más de la mitad de los recortes  proceden de seis instituciones financieras e instituciones autónomas: la CCSS (19%), el Banco Nacional (9,5%), el Banco de Costa Rica (8%), el INS (7,6%), el Banco Popular (5,5%) y Recope (3,8%). En estas instituciones la injerencia directa del Poder Ejecutivo para la toma de decisiones es limitada.

La cifra ha sido usada por Abarca en redes sociales, en medios de comunicación y en el Congreso. Rodolfo Peña, jefe de Fracción de la Unidad Socialcristiana, también dijo el 11 e junio que su fracción había presentado «una propuesta de recortes de gastos por ₡1,5 billones (…) sin rebajar los salarios de ningún funcionario público y sin afectar la prestación de servicios públicos». Eso es engañoso. Eliminar la totalidad de los ₡1,5 billones sí supondría impactos en el funcionamiento de las instituciones.

Abarca afirmó a Doble Check que nunca ha sugerido recortar la totalidad de los ₡1,5 billones que conforman las partidas que menciona, sino que solo propone revisarlas. También dijo que en algunas de sus publicaciones explicitó que no pretende recortar esas partidas por completo.

Eso es cierto, sin embargo, todas las intervenciones del diputado usan la cifra engañosa de referencia de ₡1,5 billones.  El diputado concedió que desconoce en qué porcentaje se puede disminuir el gasto para todas esas partidas. Adujo que la información precisa solamente la maneja Hacienda.

En resumen: El diputado socialcristiano Pablo Heriberto Abarca asegura que el gobierno es capaz de recortar 1,5 billones de colones en el gasto público a través de varias partidas. La cifra es engañosa y está inflada.

Por ejemplo, cortar las partidas más importantes que enlista Abarca supondría eliminar todas las horas extra en la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS). También afectaría el pago por el transporte de combustibles de Recope entre planteles. Contempla los pagos de comisiones de los bancos nacionales por el uso de marcas de tarjetas de crédito. La cifra también engloba los fideicomisos del ICE con plantas hidroeléctricas como Garabito y Reventazón, según consultas de Doble Check a las instituciones potencialmente afectadas.

Solo 7,5% de los recortes propuestos por el legislador provienen del Gobierno Central. Más de la mitad de los recortes  proceden de seis instituciones financieras e instituciones autónomas: la CCSS (19%), el Banco Nacional (9,5%), el Banco de Costa Rica (8%), el INS (7,6%), el Banco Popular (5,5%) y Recope (3,8%). En estas instituciones la injerencia directa del Poder Ejecutivo para la toma de decisiones es limitada.

La cifra ha sido usada por Abarca en redes sociales, en medios de comunicación y en el Congreso. Rodolfo Peña, jefe de Fracción de la Unidad Socialcristiana, también dijo el 11 e junio que su fracción había presentado «una propuesta de recortes de gastos por ₡1,5 billones (…) sin rebajar los salarios de ningún funcionario público y sin afectar la prestación de servicios públicos». Eso es engañoso. Eliminar la totalidad de los ₡1,5 billones sí supondría impactos en el funcionamiento de las instituciones.

Abarca afirmó a Doble Check que nunca ha sugerido recortar la totalidad de los ₡1,5 billones que conforman las partidas que menciona, sino que solo propone revisarlas. También dijo que en algunas de sus publicaciones explicitó que no pretende recortar esas partidas por completo.

Eso es cierto, sin embargo, todas las intervenciones del diputado usan la cifra engañosa de referencia de ₡1,5 billones.  El diputado concedió que desconoce en qué porcentaje se puede disminuir el gasto para todas esas partidas. Adujo que la información precisa solamente la maneja Hacienda.

Los cálculos de Doble Check

Este chequeo se limitó a revisar la factibilidad de un recorte de las magnitudes sugeridas por el diputado Abarca. Se priorizaron los impactos más voluminosos. Estos montos suman un 61% de la cifra propuesta por el legislador. El señalamiento en la exageración dicha por Abarca no pretende afirmar la tesis extrema contraria: que no es posible recortar en nada estas partidas.

Lo que dijeron los diputados Pablo Abarca y Rodolfo Peña

El diputado Abarca afirmó en plenario de la Asamblea Legislativa «que hay 1,5 billones de colones que (el gobierno) puede recortar» a través de diferentes partidas.  Adujo que el periódico La Nación “ignoró” su propuesta como legislador porque  «quiere manipular y disimular que el gobierno no está comprometido con el recorte al gasto».

Recorte al Gasto Público

Desde hace meses venimos insistiendo en una recorte verdadero del gasto público y reforma del Estado. Pero nacion.com, para disimular la irresponsabilidad fiscal del Gobierno quiere desviar la atención con este proyecto que es ínfimo, comparado con las partidas que hemos puesto sobre la mesa.

Estamos de acuerdo con el proyecto. Lo que hemos señalado es que el Gobierno le apunta a una partida muy pequeña y que debe hacer la tarea con seriedad.

Publicado por Pablo Heriberto Abarca Mora en Martes, 2 de junio de 2020

CRHoy.com repitió la cifra del congresista: «Gobierno puede ahorrar 1,5 billones en lugar de pedir más impuestos«. Abarca también ha repetido el dato en varias publicaciones de Twitter. El jefe de Fracción del PUSC –Rodolfo Peña– ha asegurado que su fracción presentó una «propuesta de recortes de gastos por ₡1,5 billones sin afectar el funcionamiento de las instituciones».

¿En qué consiste el recorte de Abarca? Una publicación en Twitter desglosa cómo se calculan las partidas a través de las que se llega a la cifra total de recortes.

Un resumen de los recortes

Doble Check solicitó a Abarca los datos empleados para hacer su análisis. El legislador se basa en los datos del informe Presupuestos Públicos 2020: Situación y Perspectivas, de la Contraloría General de la República.  En específico, usa la base de datos de ingresos y gastos del sector público contenida en esa publicación.

Abarca sugiere recortar partidas que suman ₡1.536.338 millones (las cifras de Doble Check varían en ₡3 millones por redondeos del diputado). Casi la mitad (48%) de esos recortes se refieren a tres partidas: «Comisiones y gastos por servicios financieros y comerciales», «Tiempo Extraordinario» (horas extra) y Otros Servicios de Gestión y Apoyo”.

También podemos analizar los recortes de Abarca según institución. 54% de sus recortes impactan a cinco instituciones:  un 19,2% de su recorte sería a la CCSS. Le siguen el Banco Nacional (9,47%), el BCR (8%), el INS (7,57%), el Banco Popular (5,53%) y Recope (3,8%).

Únicamente 7,5% de sus recortes están orientados hacia el Gobierno Central. Casi la mitad (44%) de ellos son en alquileres, concentrados especialmente en el Poder Judicial, el Ministerio de Hacienda, el Ministerio de Educación Pública (MEP), la Asamblea Legislativa y el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE).

Otro 6,2% de su recorte proviene de varios fideicomisos. La gran mayoría de esos dineros son sumas libres sin asignación presupuestaria en los proyectos hidroeléctricos de Garabito, Reventazón y Toro III.  Todas estas instituciones suman casi dos tercios de la propuesta de recorte del diputado.

Recortes a la Caja y a instituciones financieras

Abarca publicó en su cuenta de Twitter una tabla que incluye los ₡1,5 billones de recortes desglosados por institución. La tabla aclara que su recorte se reduciría a ₡1,2 billones si no se incluyera a la CCSS, el Ministerio de Salud y el Ministerio de Seguridad Pública.

A pesar de la aclaración, el diputado del PUSC y su jefe de fracción usan la cifra de ₡1,5 billones en todas sus intervenciones. ¿Qué supondrían los recortes a la CCSS?

La CCSS es la principal institución que recibiría los recortes según la cifra de ₡1,5 billones. Casi un quinto de la cifra total de ₡1,5 billones la afecta directamente: en especial a todas sus horas extra.

Si se aplicaran las medidas de Abarca en su totalidad se impactarían ₡295.488 millones de colones: ₡191.015 de ellos (casi dos tercios) se refieren a todas las horas extra de la institución.

Otros rubros de recorte impactan el transporte de pacientes a centros de salud, alquileres de espacios de trabajo, la revisión de los vehículos o la fumigación y el  bombeo de combustible en edificios de la Caja.

«No es viable el recorte total de esas subpartidas, pues afectaría la prestación adecuada y oportuna de los servicios a las personas. Muchos de esos rubros están sustentados en contratos ya establecidos con proveedores, cuya obligación debe honrarse», dijo Luis Diego Calderón Villalobos, gerente financiero de la CCSS a Doble Check.

El Banco Nacional, el Banco de Costa Rica, el Instituto Nacional de Seguros y el Banco Popular suman casi un tercio (₡469.692 millones)  de los recortes propuestos por Abarca. La mayoría de ellos (₡244.790 millones) se refieren a “Comisiones y gastos por servicios financieros y comerciales”.

Luis Fernando Monge, Subgerente del INS explicó a Doble Check en qué consiste esa partida para su institución. En el INS esa partida (de ₡90.223 millones) está compuesta por varios rubros: el principal de ellos son las comisiones por intermediación de seguros.

“Nos referimos a las corredurías de seguros (empresas que pueden colocar pólizas), agencias exclusivas del INS, los agentes individuales y las operadoras de seguros autoexpedibles. A esos intermediarios se les paga una comisión por el nivel de sus ventas”, dijo.

Según Monge, ese canal define por completo el ingreso del INS por venta de seguros.

“Nuestros intermediarios de seguros son nuestro principal canal de colocación de pólizas. Representan aproximadamente el 87% de la venta de pólizas que realizamos”, fundamentó.

El Banco Nacional indicó que no le es posible emitir criterio sobre una propuesta legislativa que no conocen. A pesar de ello, explicaron en qué consiste la partida de “Otros Gastos y Servicios Financieros y Contables” por ₡101.485 millones.

“Esta partida se refiere a diversos gastos, principalmente pagos de comisiones a las marcas de tarjetas de crédito (el rubro principal), pérdidas por bienes adjudicados en remate judicial, y comisiones de Sinpe. (…) Se trata de servicios esenciales para el negocio bancario en algunos casos, y en otros porque son gastos propios del negocio bancario, como es el caso de pérdidas por bienes adjudicados”, dijo su departamento de prensa.

Los recortes propuestos a fideicomisos y a Recope

La propuesta del diputado incluye otros ₡94.647 millones que  impactan diferentes partidas de 26 fideicomisos. Esos fideicomisos constituyen un 6% de la cifra de ₡1,5 billones que propone recortar Abarca. La mayoría de ese dinero se reserva para los proyectos hidroeléctricos Garabito, Reventazón y Toro III.

Juan Carlos Pacheco, gerente de Finanzas del ICE, explicó que el instituto paga el fideicomiso de Garabito por concepto de arrendamiento y que vencerá en el 2022. En el caso de Reventazón, deben pagar intereses, costos operativos y amortización del proyecto.

“Estos costos son obligaciones que no se pueden recortar fácilmente, ya que el ICE requiere de la electricidad que producen ambas plantas y, además, existe el compromiso legal de pago de las cuotas por varios años. Los fideicomisos, por su parte, deben honrar las deudas que mantienen con los financiadores de las plantas, que por lo general son bancos o inversionistas”, dijo Pacheco.

La propuesta de Abarca aplicada como fue propuesta por su jefe de fracción también podría impactar actividades sustantivas de Recope. El legislador propone recortar ₡55.158 millones en la partida de transporte de bienes para todo el sector público, que está incluída dentro de la partida de Servicios Comerciales y Financieros. De ellos, ₡50.107 millones pertenecen a Recope.

Esos recursos se refieren a los fletes de importación de materia prima, de producto terminado, los servicios portuarios en Moín y Caldera, y al transporte de productos entre planteles, según explicó la oficina de prensa de Recope a Doble Check.

Los recortes propuestos al Poder Judicial y al MEP

Los recortes al Gobierno Central son de un 7,5%, y la mayoría de ellos están concentrados en el Poder Judicial, el Ministerio de Hacienda y el MEP.

En el Poder Judicial, por ejemplo, se propone recortar ₡22.874 millones. Casi la mitad de este dinero se usa para gastos en alquileres.

“Un rebajo de esta magnitud en la subpartida de Alquileres implicaría el cierre de oficinas judiciales en todo el país donde se brinda el servicio en locales alquilados”, dijo la  Dirección Ejecutiva del Poder Judicial a Doble Check.

En el Ministerio de Educación Pública se recortarían ₡18.913 millones: la mayoría en alquileres (₡5.636 millones), y en las partidas de viáticos y transporte dentro del país (₡5.739 millones).

En el caso del MEP, la partida por alquileres incluye el pago de los alquileres de los edificios Raventós, Rofas, Antiguo Comex y Ebbalar.

“Claramente, el recorte total del pago de alquileres significaría la paralización del Ministerio dado que no existiría el metraje suficiente para albergar a todos los funcionarios y usuarios”, dijo la Dirección de Servicios Generales del MEP.

Doble Check también dirigió consultas sobre este tema al Ministerio de Hacienda pero no recibió respuesta al cierre de edición.

Abarca: «Esos rubros pueden ser revisados. ¿En qué porcentaje? No lo sé»

Al consultarle sobre este tema, Abarca adujo que nunca ha sugerido recortar por completo las partidas que sugiere, sino solo revisarlas.

«Si nos vamos a concentrar en un tema semántico ese no es el tema. Ni usted ni yo tenemos acceso a la totalidad del desglose de las partidas. Solo lo tiene Hacienda. Yo lo único que he dicho es que deben revisarse esas partidas. Yo entiendo si lo que usted quiere es desacreditarme. Uno no puede matar de machete todas esas partidas, pero  la oficina de este diputado sí sacó un tiempo para decir qué rubros pueden ser revisados. ¿En qué porcentaje? No lo sé”, explicó.

A Abarca también se le detallaron qué significarían esos recortes para algunas de las principales instituciones afectadas.

“Es que ninguna (institución) te va a decir que le recorten. Pero en una situación como la que estamos no podemos seguir igual. Yo no estoy dando una orden de que se rebaje eso, lo que he estado tratando es que se revise. Usted lo puede manipular como usted quiera porque lo que quieren es desacreditarme. Lo que estoy diciendo es que puede haber revisión. Claramente es una decisión política”, dijo.

Durante la entrevista Abarca aseguró que su monto de ₡1,5 billones no incluye a la Caja Costarricense de Seguro Social. Esto es falso: Doble Check le resaltó que sí lo incluía. Minutos después Abarca compartió una publicación en la que aparece el monto total de ₡1,5 billones –en donde se incluye a la Caja– y de ₡1,2 billones, donde se descarta la Caja. Según el diputado, no existe desinformación porque “el mismo cuadro tiene una columna que los excluye”.

¿Qué han recortado y qué pueden recortar las instituciones?

La mayoría de las instituciones consultadas por Doble Check dijeron que sí podrían considerar algunos recortes dentro o fuera de estas partidas, pero que debe pensarse primero en asegurar los servicios que brindan.

En el caso de la Caja, el gerente financiero  Luis Diego Calderón Villalobos afirma que ya tomaron medidas de recorte. El 30 de marzo, la institución acordó suspender la compra de bienes y suministros no indispensables y no iniciar la contratación de bienes o servicios no esenciales. Según la Gerencia Financiera de la Caja  se pueden implementar medidas adicionales de contención si los ingresos se ven drásticamente disminuidos.

En Recope se giraron instrucciones a nivel gerencial para que analizaran dónde se podrían realizar recortes sin afectar las metas del Plan Operativo. A la fecha, la institución afirmó a Doble Check que se han realizado recortes que “superan el orden de los 7 mil millones de colones”.

Según el INS, se están tomando medidas para reducir algunos de los gastos en alquileres y otra subpartidas. Según el Poder Judicial (dentro del marco de la crisis sanitaria) se hicieron rebajos en un presupuesto extraordinario que impactaron a los viáticos, al transporte dentro y fuera del país y otros recortes cercanos a los ₡1.700 millones.

Educación no tendrá el presupuesto más alto de la historia en 2020. Será el más bajo en siete años

El presupuesto de educación para el 2020 no será el más alto de la historia, como lo informó La Nación este lunes en portada. Por el contrario, es el más bajo desde el 2013.

La Nación usó como referencia un gráfico de tendencia de los últimos siete años de inversión en educación aportado por la Contraloría General de la República (CGR). Sin embargo, la visualización tiene dos omisiones.

Por un lado, los datos históricos de la Contraloría hasta el 2018 no corresponden a presupuestos asignados, sino al presupuesto ejecutado en educación para cada año. La omisión induce a error porque históricamente hay subejecuciones presupuestarias. Ello hace inadecuado comparar un gasto real con uno esperado. El origen de los datos se indicaba en el pie del gráfico de la CGR, pero La Nación no lo reportó.

Por otra parte, la información de la Contraloría tiene una segunda omisión. Por primera vez, el presupuesto en educación incluirá las partidas del Instituto Nacional de Aprendizaje (INA) y del programa Red de Cuido. Ambas partidas han estado incluidas en presupuestos nacionales anteriores, pero por primera vez aparecen expresamente como inversión en educación. El gráfico compara un presupuesto de 2020 aumentado por estas partidas comparado con el de otros años en los que no se contemplaban, a pesar de que sí existían esos gastos para el Estado.

Incluyendo red de cuido e INA, el presupuesto del 2020 en Educación será equivalente al 7,4% del PIB. Esta cifra es la más baja en siete años: es inferior a la presentada en cualquier año comprendido entre el 2014 y 2019. Por ejemplo, si se aplica la misma metodología, la inversión en educación habría llegado a un pico de 8,3% del PIB en el 2017.

En resumen: El presupuesto de educación para el 2020 no será el más alto de la historia, como lo informó La Nación este lunes en portada. Por el contrario, es el más bajo desde el 2013.

La Nación usó como referencia un gráfico de tendencia de los últimos siete años de inversión en educación aportado por la Contraloría General de la República (CGR). Sin embargo, la visualización tiene dos omisiones.

Por un lado, los datos históricos de la Contraloría hasta el 2018 no corresponden a presupuestos asignados, sino al presupuesto ejecutado en educación para cada año. La omisión induce a error porque históricamente hay subejecuciones presupuestarias. Ello hace inadecuado comparar un gasto real con uno esperado. El origen de los datos se indicaba en el pie del gráfico de la CGR, pero La Nación no lo reportó.

Por otra parte, la información de la Contraloría tiene una segunda omisión. Por primera vez, el presupuesto en educación incluirá las partidas del Instituto Nacional de Aprendizaje (INA) y del programa Red de Cuido. Ambas partidas han estado incluidas en presupuestos nacionales anteriores, pero por primera vez aparecen expresamente como inversión en educación. El gráfico compara un presupuesto de 2020 aumentado por estas partidas comparado con el de otros años en los que no se contemplaban, a pesar de que sí existían esos gastos para el Estado.

Incluyendo red de cuido e INA, el presupuesto del 2020 en Educación será equivalente al 7,4% del PIB. Esta cifra es la más baja en siete años: es inferior a la presentada en cualquier año comprendido entre el 2014 y 2019. Por ejemplo, si se aplica la misma metodología, la inversión en educación habría llegado a un pico de 8,3% del PIB en el 2017.

El artículo de La Nación

El diario asegura que «nunca antes, desde la reforma constitucional del 2011 que elevó del 6% al 8% del PIB el aporte obligatorio del Estado a la educación, se había alcanzado una cifra tan elevada».

El diario usa como referencia el Informe Técnico del Proyecto de Ley del Presupuesto Ordinario y Extraordinario de la República de la CGR que incluye en su página 74 el siguiente gráfico:

Informe Técnico de la Contraloría General de la República: Proyecto de Ley de Presupuesto de la República 2020
Informe Técnico de la Contraloría General de la República: Proyecto de Ley de Presupuesto de la República 2020

“De parte nuestra no se realizó ningún cálculo de suma de presupuestos ni de porcentajes del PIB, se utilizaron exactamente los montos y cifras que nos proporcionó la CGR”, dijo Sofía Chinchilla, periodista del artículo a Doble Check.

 

Los montos y porcentajes exactos se los solicitamos a la Contraloría. (…) La única intervención que hicimos en los datos, fue para deflatar los montos, con el IPC a enero de cada año desde 2012 hasta 2019.”

La Nación, sin embargo, obtiene una conclusión errónea a partir de los datos. En primer lugar, la nota al pie del gráfico de la CGR indica que los datos para el período 2014-2018 se refieren a presupuestos ejecutados, no a los presupuestos asignados. La Nación no indica esto en su texto.

Esto es importante, debido a que la subejecución en el sector de educación desinfla los montos y provoca que la inversión del 2020 (de la que aún no sabemos cuánto se ejecutará realmente) parezca mucho más elevada. Por ejemplo, en el 2018 el presupuesto asignado fue de 2.666.048 millones para el MEP pero, según la memoria anual de la CGR, se ejecutó una cifra menor, equivalente a 2.438.169 millones (un 91,5% de lo presupuestado). Esa última cifra fue la empleada por La Nación.

El gráfico de la Contraloría también indujo a error. La visualización de la Contraloría no indica que, a diferencia de todos los otros años en el gráfico, los datos del 2020 incluyen el presupuesto del INA y de la Red de Cuido dentro de la inversión en educación.

En el 2020 el presupuesto para el MEP y las universidades públicas, únicamente, corresponderá a un 6,9% del PIB. Incluir esas dos instituciones provoca que aumente a un 7,4% del PIB.

La Nación sí indica esto en su artículo. En el cuerpo de la nota, la información explica: «La exjerarca (refiriéndose a la exministra de Hacienda Rocío Aguilar) también citó la inclusión del presupuesto del Instituto Nacional de Aprendizaje (INA) como parte del financiamiento de la educación pública».

Este dato anula la veracidad del titular de la nota.

La inversión en educación: nuestros cálculos

¿Qué pasaría si usáramos una misma metodología para comparar los datos de todos los años?

Haremos dos cálculos: el primero es una recopilación de los presupuestos asignados en educación para el MEP (que incluye las transferencias a las universidades públicas), el INA y la Red de Cuido. El segundo cálculo es una recopilación de los presupuestos asignados del MEP, únicamente. En ambos casos solo trabajaremos con presupuestos asignados (no ejecutados). Estos son los únicos que permiten una comparación apropiada.

El gráfico de la Contraloría y el artículo de La Nación ocultan que la inversión en educación, como porcentaje del PIB, está —en realidad— cayendo.

Si se considera la Red de Cuido y el INA, la inversión en educación del 2020 será de un 7,4% del PIB, muy inferior a la presentada en años anteriores. Por ejemplo, manteniendo esta forma de cálculo, nuestras estimaciones muestran que en el 2017 se había alcanzado la inversión histórica más importante en educación, equivalente a un 8,3% del PIB.

La tendencia que anotamos con nuestros cálculos coincide con un estudio del Instituto de Investigaciones en Ciencias Económicas de la UCR publicado en junio de 2018, el cual que presenta la misma estimación.

En realidad, la inversión asignada en el MEP (excluyendo INA y Red de Cuido) en el 2020 será equivalente a un 6,92% del PIB. Para encontrar una cifra inferior a esa hay que devolverse al 2012, cuando se presupuestó un 6,78% del PIB.

En síntesis, aplicando una misma metodología para todos los años, el presupuesto del 2020 no logra ser el más alto de la historia. La afirmación tampoco es correcta aún si se analizan los datos nominalmente y se traen a valor presente, como hizo La Nación.

La caída en la inversión

El Ministerio de Educación y las transferencias a las Universidades Públicas tuvieron un aumento de un 0,8% en su presupuesto nominal del 2020 si se lo compara con el presupuesto del 2019. Sin embargo, en la práctica, eso  constituye un recorte si se considera la inflación, o si se realiza el análisis como porcentaje del PIB.

Las principales áreas afectadas en los presupuestos de educación durante estos dos últimos años  se encuentran en los niveles preuniversitarios. Si se excluyeran las transferencias a las universidades públicas, el MEP experimentó una variación real de -3% en el período 2018-2019 . En el 2019-2020 también habrá una caída real de 1,3%.

Revisamos la estructura programática del Presupuesto Nacional para el Ministerio de Educación. Para el 2020, los sectores de «Enseñanza preescolar, 1er y 2do ciclo», «3er ciclo y educación diversificada académica» experimentaron recortes en casi ₡6.700 millones con respecto al 2019.

Uno de los recortes específicos involucra el cierre del Fondo Nacional de Becas (FONABE), cuyo presupuesto decreció en un 72,8%. Esto no significa que se hubiera eliminado el programa de becas estudiantiles. Las funciones de esa entidad serán asumidas por el Instituto Mixto de Ayuda Social.

Hubo otra línea presupuestaria que se redujo casi a la mitad. Esta fue «Otras obras, adiciones y mejoras en las Direcciones Regionales de Educación» en el apartado de «Gasto de Capital».

Diferencia entre carteras

Un intercambio entre el Ministerio de Educación y el Ministerio de Hacienda a mediados del 2019 da cuenta de un conflicto entre ambas carteras. El 10 de abril de 2019, Hacienda le había remitido al exministro de Educación, Edgar Mora, un comunicado de techo presupuestario. La misiva le indicaba al entonces jerarca de Educación que «el gasto presupuestario máximo» para su cartera en el 2020 debería ser de ₡2.648.412 millones: un monto exactamente igual al del 2019. Eso, en la práctica, constituía un recorte al presupuesto de educación, pues la inflación esperada se estimaba en un 3% (± 1 p.p.).

Oficio facilitado por el departamento de prensa del Ministerio de Hacienda

El 27 de junio de 2019, el exministro  Mora dirigió un oficio a la exministra de Hacienda, Rocío Aguilar. En él, Mora señalaba su preocupación ante la caída en recursos que experimentaría el ministerio a su cargo durante el 2020. El oficio enviado por Mora revela su preocupación sobre los recortes y su posible impacto en las metas del Plan Nacional de Desarrollo.

Mora, además, le subraya a la exministra Aguilar que el MEP cumplió con el techo presupuestario que Hacienda había solicitado. Pero el exministro advirtió que esas limitaciones dejaron descubiertos varios ejes. Entre ellos, Mora enuncia “los recursos adicionales que debería recibir el MEP en caso de que se desee avanzar, aunque sea con parte de las metas del Plan Nacional de Desarrollo del próximo año”. Mora agrega que el MEP no había tenido crecimiento en sus presupuestos en el 2019.

Oficio facilitado por el departamento de prensa del Ministerio de Educación Pública

El exministro también solicitaba recursos adicionales para las universidades públicas y para la Junta de Pensiones del Magisterio. El jerarca alegó que ese faltante «no pudo presupuestarse de manera completa, dada la estrechez del techo presupuestario».

Mora y su viceministra Amparo Pacheco renunciaron el 1.º julio de 2019, dos días hábiles después de enviar la solicitud de recursos adicionales. La dimisión ocurrió durante un período de manifestaciones sociales hechas por grupos estudiantiles, sindicales y de transportistas que pedían la destitución del ministro. Su anuncio se vinculó públicamente con esas demandas. El recorte a los recursos de educación que se discutía precisamente en ese momento no trascendió públicamente hasta ahora.

Hacienda no respondió a la carta de Mora hasta el 31 de julio de 2019, en un nuevo oficio enviado a la nueva ministra Guiselle Cruz.

En la respuesta, Hacienda obvia la petición de recursos de Mora. El ministerio no aporta ningún recurso nuevo para responder a sus solicitudes. Hacienda no toca  en su oficio el tema de las metas para el Plan Nacional de Desarrollo ni el dinero para las universidades públicas.

El oficio únicamente solicita que el Ministerio de Educación «subsane las inconsistencias señaladas» ante la falta de recursos para la Junta de Pensiones del Magisterio. El ministerio advirtió que, de lo contrario, «se procederá a realizar el ajuste correspondiente a criterio de esta dirección».

Doble Check consultó al exministro Édgar Mora sobre estas diferencias con la cartera de Hacienda y sobre su salida del gobierno. Mora concedió indirectamente que su renuncia fue solicitada por Casa Presidencial, y que no fue por iniciativa propia. Cuando se le consultó si su salida tuvo relación con el recorte presupuestario, su respuesta se limitó a un «no lo sé».

Consultada al respecto, Casa Presidencial negó que la renuncia obedeciera a las diferencias en temas presupuestarios.

Mora, por su parte, alegó desconocer los recortes que se practicaron al presupuesto del 2020. El exministro afirmó que su versión original pretendía avanzar con nueve líneas en el Plan Nacional de Desarrollo. El exministro afirmó: «Estas y otras líneas de mejora son incompatibles con un presupuesto de cero crecimiento o de decrecimiento, como lo mencioné con claridad en la nota que remití al Ministerio de Hacienda».

Doble Check contactó a la exministra de Hacienda, Rocío Aguilar, para consultarle sobre este tema. Según Aguilar, Hacienda no tuvo injerencia directa en el detalle de qué se recortó en el presupuesto del MEP. La cartera solo se encargó de verificar el cumplimiento de los techos presupuestarios, dice la exjerarca.

«Desde el Ministerio de Hacienda se fija un límite, un techo. No le corresponde al Ministerio de Hacienda ir a cada una de las instituciones, ese ejercicio se hace directamente con Presidencia. Desde ahí se fueron asignando los recursos», dijo. 

Aguilar agregó que no es inusual observar solicitudes adicionales de recursos, como la enviada por Mora, y que las restricciones presupuestarias al MEP obedecen al cumplimiento de la Regla Fiscal.

«Todas las instituciones, sin excepción, incluyendo el Ministerio de Hacienda, todas, aspiran o aspiramos a una serie de recursos. Sin embargo, a la hora en que hay que adjudicar esos recursos,  dados los límites que existían -en particular el límite de la Regla Fiscal-, en su mayoría -yo diría, sin excepción- se recortaron», cerró. 

 

Controlaría rechazó los presupuestos de las ‘U’ públicas (pero no por «incumplir la regla fiscal»)

Resumen: Sí. Es cierto que la Controlaría General de la República (CGR) archivó sin trámite los presupuestos presentados por las universidades públicas para el año 2020. Pero no es cierto que hubiera sido por «incumplir la regla fiscal». Así lo indicaron el periódico La Nación, el diario digital CRHoy.com y el semanario Universidad.

El archivo de los cinco presupuestos se debió a que las casas de enseñanza no presentaron una constancia formal de que hubiesen cumplido los límites de la regla fiscal. Sin embargo, la CGR asegura que el problema no es que hubiera existido un incumplimiento, sino que no se pudo constatar.

Medios como Delfino.cr y Amelia Rueda sí publicaron la noticia de forma correcta. Ambos sitios señalaron que el rechazo se debió a problemas de procedimiento, como indicó la Contraloría. Así lo hizo también La Nación en una versión corregida de su nota.

La entidad fiscalizadora comunicó su decisión mediante un comunicado de prensa. «Pese a diversas gestiones al respecto y ante la omisión de la certificación de la Secretaría Técnica de la Autoridad Presupuestaria (STEP) de que las universidades cumplen con la regla fiscal, la Contraloría debe archivar sin trámite el presupuesto inicial de las cinco universidades y del Conare (Consejo Nacional de Rectores) para el año 2020», fue lo que dijo la CGR en su correo electrónico.

Esta decisión obligaría a las cinco universidades públicas y al Conare a trabajar en 2020 con el presupuesto del año en curso.

Resumen: Sí. Es cierto que la Controlaría General de la República (CGR) archivó sin trámite los presupuestos presentados por las universidades públicas para el año 2020. Pero no es cierto que hubiera sido por «incumplir la regla fiscal». Así lo indicaron el periódico La Nación, el diario digital CRHoy.com y el semanario Universidad.

El archivo de los cinco presupuestos se debió a que las casas de enseñanza no presentaron una constancia formal de que hubiesen cumplido los límites de la regla fiscal. Sin embargo, la CGR asegura que el problema no es que hubiera existido un incumplimiento, sino que no se pudo constatar.

Medios como Delfino.cr y Amelia Rueda sí publicaron la noticia de forma correcta. Ambos sitios señalaron que el rechazo se debió a problemas de procedimiento, como indicó la Contraloría. Así lo hizo también La Nación en una versión corregida de su nota.

La entidad fiscalizadora comunicó su decisión mediante un comunicado de prensa. «Pese a diversas gestiones al respecto y ante la omisión de la certificación de la Secretaría Técnica de la Autoridad Presupuestaria (STEP) de que las universidades cumplen con la regla fiscal, la Contraloría debe archivar sin trámite el presupuesto inicial de las cinco universidades y del Conare (Consejo Nacional de Rectores) para el año 2020», fue lo que dijo la CGR en su correo electrónico.

Esta decisión obligaría a las cinco universidades públicas y al Conare a trabajar en 2020 con el presupuesto del año en curso.

¿«Por incumplir la regla fiscal»?

El periódico La Nación, el diario digital CRHoy.com y el semanario Universidad publicaron esta mañana que la Contraloría General de la República (CGR) decidió archivar sin trámite el presupuesto de las cinco universidades públicas del país «por incumplir la regla fiscal».

«Las universidades públicas presentaron un plan de gastos para el 2020 que incumple con la regla fiscal contenida en la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas», escribió La Nación.

«Contraloría ordena a U públicas trabajar 2020 con presupuesto del 2019 por incumplir regla fiscal», tituló CRHoy.

«Ajuste será necesario luego de que la Contraloría General de la República rechazara el presupuesto presentado por las cinco universidades públicas y el Conare por no cumplir con la Regla Fiscal», escribió Universidad.

Estas afirmaciones se difundieron en redes sociales. Allí fueron replicadas por figuras políticas. Entre ellas estuvieron el socialcristiano Pablo Heriberto Abarca y la liberacionista Yorleny León.

¿Y dónde está el error?

La información publicada por los medios partió de una premisa errónea. Los tres dieron por un hecho que las universidades públicas incumplieron la regla fiscal. Sin embargo, ese dato no ha sido comprobado por un ente independiente (y ese es precisamente el problema).

De hecho, la CGR archivó los presupuestos porque no tenía esa constancia. El documento era un requisito formal para darle trámite a la aprobación de todos los planes de gastos.

Según la Contraloría, las universidades debían enviar sus presupuestos antes del 30 de septiembre a la Secretaría Técnica de la Administración Presupuestaria (STAP). Este organismo debía determinar si cumplían o no con la regla fiscal.

La CGR dijo que eso finalmente no ocurrió, pues las universidades decidieron no presentar sus presupuestos a la STAP. Así lo confirmaron las universidades a través del oficio N.° OF-CNR-2015-2019.

Más tarde, en el oficio OF-CNR-312-2019, agregaron que no presentaron sus presupuestos debido a un trámite legal, pues actualmente gestionan una acción de inconstitucionalidad contra varios artículos de la reforma fiscal. Desde el punto de vista universitario, esto suspendía la aplicación de cualquier norma.

Además, señalaron que el procedimiento presupuestario es distinto para las universidades y se basa en artículos constitucionales, por lo que «no puede ser modificado ni condicionado por la Ley N°9635».

Doble Check consultó al rector de la Universidad de Costa Rica (UCR), Henning Jensen, sobre este diferendo. El jerarca indicó que las universidades sí cumplieron la regla fiscal. Eso sí, reconoció que incumplieron normas de procedimiento.

«No certificamos nuestros presupuestos y no lo hicimos porque lo consideramos contrario a la ley», detalló. Según Jensen, la STAP no tiene control sobre las universidades públicas, que están «exentas» de esa autoridad.

La visión de las universidades se contrapone a la de la CGR. La Contraloríaconsidera que el trámite debió realizarse y por eso ni siquiera entró a revisar los planes presupuestarios enviados por las instituciones. Según la CGR, que existan artículos impugnados «no significa que la norma no esté vigente y por tanto debe ser acatada».

¿Y en qué quedamos entonces?

Con o sin diferendos legales, la CGR siempre debe aprobar los presupuestos de las institucionales cada año.

En caso de no contar con ese visto bueno, las instituciones deben afrontar los gastos del año entrante con el mismo plan presupuestario que recibió la aprobación del año en curso. Eso es lo que ocurrirá a partir del 1 de enero con las ‘U’ públicas.

Es incorrecto adelantar criterio y afirmar que las instituciones incumplieron con la regla fiscal, como lo hicieron varios medios. Doble Check se comunicó con los periodistas encargados de esas informaciones.

Luis Valverde, de CRHoy, aclaró que la información sí está completa en el cuerpo de la nota. El periodista alegó escasez de espacio para justificar el titular publicado.

Daniela Cerdas, de La Nación,  dijo que la nota era parte de una información en constante actualización, y solicitó que enviáramos nuestras consultas por correo electrónico.

Monserrat Cordero, de Universidad, reconoció haber cometido un error de redacción, y destacó que posteriormente en la nota aparece la información correctamente. La periodista dijo que corregiría la información.

Nota del editor: Doble Check es una iniciativa creada y financiada desde la Oficina de Divulgación e Información de la Universidad de Costa Rica. El proyecto tiene independencia editorial de la institución, y no se coordinó con sus autoridades para generar este contenido. Sin embargo, reconocemos la existencia de un conflicto de interés de cara a que los presupuestos universitarios financian el proyecto. Lamentamos no haber hecho esta aclaración cuando se publicó esta nota por primera vez.
Este texto se actualizó a las 6:05 p.m., pues inicialmente se afirmó que el rector Henning Jensen seguía siendo presidente de Conare. Jensen dejó ese puesto recién el 10 de diciembre pasado.

Colaboraron Darío Chinchilla y Daniel Salazar.

Jonathan Prendas infló cinco veces el superávit del Inamu como argumento para cerrarlo

En resumen: El diputado del bloque independiente Nueva República, Jonathan Prendas, sobredimensionó cinco veces el superávit del Instituto Nacional de la Mujer (Inamu). El legislador hizo una suma incorrecta de los datos reportados por la institución entre los años 2014 y 2019. Prendas sumó uno por uno los superávits registrados en dicho período, sin tomar en cuenta que estas cifras corresponden a dineros que se trasladan año con año y no a nuevas erogaciones.

El diputado escribió en Twitter que el superávit había sumado los ₡56.000 millones en ese período. En realidad, el monto acumulado por la institución hasta la fecha —según datos de la Contraloría General de la República (CGR)— es de ₡10.613 millones.

Prendas utilizó el dato como una justificación para “cerrar el Inamu”. Desde su punto de vista, existe una “gran ineficiencia en perjuicio de las mujeres”.

Según las autoridades del Instituto, el superávit acumulado no solo es inferior de lo que Prendas afirmó en sus redes sociales. El monto de más de ₡10.000 millones reportado para el 2010 contempla también una porción de ₡6.677 millones para proyectos de infraestructura que ya se encuentran en marcha (un albergue y las sedes Central, de Limón y de Puntarenas). El resto del dinero, aseguraron, está comprometido con proyectos aprobados por el Ministerio de Planificación (Mideplan).

En resumen: El diputado del bloque independiente Nueva República, Jonathan Prendas, sobredimensionó cinco veces el superávit del Instituto Nacional de la Mujer (Inamu). El legislador hizo una suma incorrecta de los datos reportados por la institución entre los años 2014 y 2019. Prendas sumó uno por uno los superávits registrados en dicho período, sin tomar en cuenta que estas cifras corresponden a dineros que se trasladan año con año y no a nuevas erogaciones.

El diputado escribió en Twitter que el superávit había sumado los ₡56.000 millones en ese período. En realidad, el monto acumulado por la institución hasta la fecha —según datos de la Contraloría General de la República (CGR)— es de ₡10.613 millones.

Prendas utilizó el dato como una justificación para “cerrar el Inamu”. Desde su punto de vista, existe una “gran ineficiencia en perjuicio de las mujeres”.

Según las autoridades del Instituto, el superávit acumulado no solo es inferior de lo que Prendas afirmó en sus redes sociales. El monto de más de ₡10.000 millones reportado para el 2019 contempla también una porción de ₡6.677 millones para proyectos de infraestructura que ya se encuentran en marcha (un albergue y las sedes Central, de Limón y de Puntarenas). El resto del dinero, aseguraron, está comprometido con proyectos aprobados por el Ministerio de Planificación (Mideplan).

La afirmación

El diputado Jonathan Prendas manifestó en sus redes sociales que el Instituto Nacional de la Mujer (Inamu) ha acumulado un superávit de ₡56.000 millones entre 2014 y 2019. “En 6 años (2014-2019) su superávit fue de 56 mil millones de colones, lo cual demuestra su GRAN ineficiencia en perjuicio de las mujeres”, escribió en Twitter.

También dijo algo similar durante la discusión del presupuesto nacional en la sesión del Plenario legislativo del jueves pasado. Prendas mencionó, uno por uno, los superávits registrados por el Inamu desde 2014 y señaló que “por eso plantea también su transformación en algo más integral, más visión social, más visión país, según la Constitución, que es el Instituto de la Familia y a Equidad Social”.

¿Cómo sobredimensionó Prendas el superávit?

Los superávits mencionados por el diputado del bloque independiente Nueva República —afín al excandidato Fabricio Alvarado—  se asemejan muchísimo a los que registra el Sistema de Información sobre Planes y Presupuestos (SIP) de la CGR. Sin embargo, el cálculo que realizó al sumarlos fue incorrecto. Los superávits no pueden sumarse de forma independiente, pues muchas veces son montos que simplemente se trasladan de un año a otro.

Según los datos de la Contraloría, los superávits reportados por el Inamu desde el año 2014 han sido de ₡8.833 millones en 2014, ₡15.911 millones en 2015, ₡9.251 millones en 2016, ₡9.050 millones en 2017, ₡8.786 millones en 2018 y ₡10.613 millones en lo que va de 2019. No obstante, esas cifras no se pueden sumar porque se reasignan año con año.

Así lo permite la Ley de la Administración Financiera de la República y Presupuestos Públicos. La única restricción es que ese dinero no se puede usar para pagar gastos corrientes (como salarios).

Por ejemplo, el Inamu dijo haber presupuestado ₡21.432,56 millones en 2019: 59% de los recursos que le asigna la Ley de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares (Desaf), y 41% de los superávits remanentes que no se desperdician o se pierden.

Es decir, si en 2014 el superávit institucional fue de  ¢8.833 millones y en 2019 es de ₡10.915 millones, hasta ahora el monto solo habría crecido en poco más de ₡2.000 millones. Este crecimiento sería todavía menor (poco más de ¢1.000 millones) si se toma en cuenta el efecto de la inflación.

El Inamu afirmó a Doble Check que ya tiene comprometidos ₡6.677 millones de ese superávit. Este dinero se destinará a cuatro obras de infraestructura: un albergue y las sedes Central, de Limón y de Puntarenas. Con esos edificios, el Instituto estima ahorros anuales de ₡1.000 millones en alquileres y gastos afines.

El resto del dinero está ligado a proyectos de capital social en desarrollo, debidamente aprobados por el Ministerio de Planificación (Mideplan). Así lo explicó la directora administrativa de la institución, Zaida Barboza,

Este medio intentó contactar al diputado Prendas. El legislador no contestó las llamadas ni los mensajes de texto que se le enviaron. Tampoco fue posible localizarlo a través de su asesor de prensa.

¿El Instituto de la Familia?

El diputado Jonathan Prendas argumenta que es necesario transformar el Inamu en un nuevo organismo autónomo de derecho público: el Instituto para la Familia y la Equidad de Género (IFEG).

Prendas aboga por un proyecto de ley que presentó el excandidato presidencial Fabricio Alvarado, quien dejó el texto cuando fue diputado de Restauración Nacional (PRN).

Se trata del expediente 20.126, el cual también contó con la firma del exdiputado Óscar López, de Accesibilidad Sin Exclusión (PASE) y se encuentra en corriente legislativa desde el año 2016.

Entre otras cosas, el proyecto plantea que el Instituto desarrolle sus acciones a través de una junta directiva con representación de los ministerios de Trabajo y de Salud, el Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS), el Instituto Nacional de Aprendizaje (INA) y el Patronato Nacional de la Infancia (PANI). También contaría con un representante de «organizaciones sociales» que trabajen en favor de la familia y la equidad de género y que estén registradas ante la entidad.

En sus intervenciones contra el Inamu, Prendas también ha mencionado los resultados de un informe sobre Control Interno 2018-2019. Sin embargo, ese documento se publicó en noviembre de 2018 y corresponde al seguimiento de acciones rezagadas de un plan de mejora institucional. El texto «no refleja la gestión institucional per se», afirmó el Inamu.

 

Colaboró Daniel Salazar

Recursos del Centro de Cine sí crecerían un 13,4%, pese a recorte de ¢100 millones

En resumen: La transferencia que recibirá el Centro Costarricense de Producción Cinematográfica (CCPC) por parte del Ministerio de Cultura para el año 2020 sí crecerá un 13,4%a pesar del recorte de ¢100 millones que realizaron los diputados de la comisión de Asuntos Hacendarios.

Así lo afirmó la diputada del Partido Liberación Nacional (PLN), Silvia Hernández, al diario digital crhoy.com.

En la entrevista también señaló que el Centro de Cine acumula un superávit de ¢209 millones (hasta diciembre de 2018).

Ambas afirmaciones fueron corroboradas por Doble Check. Sin embargo, el Centro de Cine matiza sus implicaciones.

En el caso del aumento presupuestario, la entidad alega que el crecimiento responde a que en 2019 fueron especialmente austeros. En el caso del superávit, sostiene que el 42% de esos recursos ya están asignados a proyectos del fondo de apoyo ‘El Fauno’.

La intención del Centro de Cine era recibir ¢1.219 millones para gestionar sus operaciones en el año 2020. Por ello, la institución entiende el rebajo de ¢100 millones como «una posible reducción en sus operaciones de fomento».

En resumen: La transferencia que recibirá el Centro Costarricense de Producción Cinematográfica (CCPC) por parte del Ministerio de Cultura para el año 2020 sí crecerá un 13,4%a pesar del recorte de ¢100 millones que realizaron los diputados de la comisión de Asuntos Hacendarios.

Así lo afirmó la diputada del Partido Liberación Nacional (PLN), Silvia Hernández, al diario digital crhoy.com.

En la entrevista también señaló que el Centro de Cine acumula un superávit de ¢209 millones (hasta diciembre de 2018).

Ambas afirmaciones fueron corroboradas por Doble Check. Sin embargo, el Centro de Cine matiza sus implicaciones.

En el caso del aumento presupuestario, la entidad alega que el crecimiento responde a que en 2019 fueron especialmente austeros. En el caso del superávit, sostiene que el 42% de esos recursos ya están asignados a proyectos del fondo de apoyo ‘El Fauno’.

La intención del Centro de Cine era recibir ¢1.219 millones para gestionar sus operaciones en el año 2020. Por ello, la institución entiende el rebajo de ¢100 millones como «una posible reducción en sus operaciones de fomento».

Punto por punto

La diputada del PLN, Silvia Hernández, afirmó al diario digital crhoy.com que el presupuesto del Centro de Cine crecería un 13,4%, incluso si el Plenario legislativo decidiera ratificar el recorte por ¢100 millones que realizaron los diputados de la comisión de Asuntos Hacendarios en esa partida.

“Los recursos que se trasladan del  Ministerio de Cultura al Centro de Cine no se reducen, crecen 13,4%. Es decir, crecen más que el límite de la regla fiscal (4,9%) y más que la inflación proyectada (3.0%)”, dijo la diputada.

Este dato es real: el crecimiento nominal de la partida sería de un 13,48%, pues la transferencia que realiza el ministerio al Centro de Cine pasaría de ¢986 millones (en 2019) a ¢1.119 millones (en 2020). La intención del Centro de Cine era recibir ¢1.219 millones, cifra que hubiese representado un crecimiento nominal mayor (del 23,6%).

Ese recorte se realizó a través de una moción presentada por la socialcristiana Shirley Díaz, quien propuso retirar ¢255 millones al Ministerio de Cultura para transferirlos a las Asociaciones de Desarrollo.

Este intercambio fue avalado por la Comisión de Asuntos Hacendarios (que tramita el proyecto de presupuesto), donde contó con el respaldo de los liberacionistas Wagner Jiménez, Yorleny León y Ana Lucía Delgado; las socialcristianas María Vita Monge y María Inés Solís; el fabricista Harllan Hoepelman; y el republicano socialcristiano Otto Roberto Vargas.

Además del primer dato, la diputada Hernández indicó que el superávit libre de la institución hasta el año 2018 era de ¢209 millones, afirmación que también fue comprobada por este medio.

El monto es certificado por el propio Centro de Cine.  Sin embargo, la entidad asegura que el 42% de ese monto ya está comprometido con proyectos de ‘El Fauno’. Este es un fondo concursable que fomenta iniciativas audiovisuales, cuyo desarrollo puede oscilar entre 18 y los 36 meses.

Asimismo, el Centro agregó que un 22% del superávit corresponde a previsiones presupuestarias para ajustes en remuneraciones que finalmente no se tuvieron que realizar (como incapacidades), un 27% a servicios que finalmente no se pudieron contratar (por directrices de contención del gasto giradas por el Gobierno), y un 7,7% a presupuestos que existen para reparaciones y repuestos que no siempre se terminan necesitando.

Centro de Cine: “Recorte empequeñece la operación”

Ante los datos suministrados por la diputada Hernández, las autoridades del Centro de Cine aceptaron que son cifras reales. No obstante, la entidad realizó otra lectura sobre las mismas.

En el caso del crecimiento en la transferencia, la directora del Centro, Ana Xóchitl Alarcón, recordó que en 2019 se realizó una amplia contención del gasto (un reajuste de ¢400 millones), por lo que ahora solo buscaban reducir el tamaño de la restricción.

En el presupuesto de 2018, el Centro de Cine había alcanzado los ¢1.375 millones (¢1.398 millones traídos a valor actual), por lo que el presupuesto planteado para este 2020 (sin el recorte de los ¢100 millones) igualmente hubiese sido inferior al de aquel entonces en más de ¢100 millones.

La directora Alarcón además recordó que la institución que dirige realiza “una gran cantidad” de contrataciones y compras de servicios. Estos servicios empezarán a pagar el Impuesto al Valor Agregado (IVA) en enero, otro factor que esperan paliar con el incremento.

Por su parte, José Cordero, administrador financiero del Centro, añadió que el presupuesto de la entidad es bastante rígido, por lo que unos ¢500 millones ya están atados a servicios públicos, nóminas y contratos vigentes.

Según Alarcón, esto obligaría a situar el impacto del recorte en los programas de promoción y los fondos concursables, ya sea «eliminando alguno o disminuyéndolos todos». «Cualquier recorte empequeñecería la operación», subrayó.

Entre otras partidas, el Centro de Cine realiza festivales para promover nuevos públicos, al tiempo que administra fondos como ‘El Fauno’, que reparte ¢250 millones anuales para impulsar la generación de proyectos audiovisuales.

Sobre el superávit de la institución, Alarcón simplemente reiteró que una gran parte de los recursos ya está asignada a proyectos en ejecución.

La discusión continúa

Sobre los datos que presentó a crhoy.com, la diputada Silvia Hernández dijo a Doble Check que busca alimentar la discusión del presupuesto nacional, sin que eso signifique situarse en contra del sector cultura. “Yo solo quería dar elementos puramente corroborables”.

Además, la diputada indicó que las cifras son parte de una discusión que aún no termina.

Actualmente, el proyecto de presupuesto se encuentra en su trámite regular en el Plenario legislativo.

El recorte de ¢100 millones al Centro de Cine podría revisarse antes de que se apruebe el proyecto, o bien a través de un presupuesto extraordinario posterior (si así lo solicita el Gobierno).

Este chequeo se realizó ante una consulta en redes sociales por parte del comunicador y asesor legislativo, David Barrientos, quien trabaja para el despacho de la diputada Carolina Hidalgo.