Educación no tendrá el presupuesto más alto de la historia en 2020. Será el más bajo en siete años

El presupuesto de educación para el 2020 no será el más alto de la historia, como lo informó La Nación este lunes en portada. Por el contrario, es el más bajo desde el 2013.

La Nación usó como referencia un gráfico de tendencia de los últimos siete años de inversión en educación aportado por la Contraloría General de la República (CGR). Sin embargo, la visualización tiene dos omisiones.

Por un lado, los datos históricos de la Contraloría hasta el 2018 no corresponden a presupuestos asignados, sino al presupuesto ejecutado en educación para cada año. La omisión induce a error porque históricamente hay subejecuciones presupuestarias. Ello hace inadecuado comparar un gasto real con uno esperado. El origen de los datos se indicaba en el pie del gráfico de la CGR, pero La Nación no lo reportó.

Por otra parte, la información de la Contraloría tiene una segunda omisión. Por primera vez, el presupuesto en educación incluirá las partidas del Instituto Nacional de Aprendizaje (INA) y del programa Red de Cuido. Ambas partidas han estado incluidas en presupuestos nacionales anteriores, pero por primera vez aparecen expresamente como inversión en educación. El gráfico compara un presupuesto de 2020 aumentado por estas partidas comparado con el de otros años en los que no se contemplaban, a pesar de que sí existían esos gastos para el Estado.

Incluyendo red de cuido e INA, el presupuesto del 2020 en Educación será equivalente al 7,4% del PIB. Esta cifra es la más baja en siete años: es inferior a la presentada en cualquier año comprendido entre el 2014 y 2019. Por ejemplo, si se aplica la misma metodología, la inversión en educación habría llegado a un pico de 8,3% del PIB en el 2017.

En resumen: El presupuesto de educación para el 2020 no será el más alto de la historia, como lo informó La Nación este lunes en portada. Por el contrario, es el más bajo desde el 2013.

La Nación usó como referencia un gráfico de tendencia de los últimos siete años de inversión en educación aportado por la Contraloría General de la República (CGR). Sin embargo, la visualización tiene dos omisiones.

Por un lado, los datos históricos de la Contraloría hasta el 2018 no corresponden a presupuestos asignados, sino al presupuesto ejecutado en educación para cada año. La omisión induce a error porque históricamente hay subejecuciones presupuestarias. Ello hace inadecuado comparar un gasto real con uno esperado. El origen de los datos se indicaba en el pie del gráfico de la CGR, pero La Nación no lo reportó.

Por otra parte, la información de la Contraloría tiene una segunda omisión. Por primera vez, el presupuesto en educación incluirá las partidas del Instituto Nacional de Aprendizaje (INA) y del programa Red de Cuido. Ambas partidas han estado incluidas en presupuestos nacionales anteriores, pero por primera vez aparecen expresamente como inversión en educación. El gráfico compara un presupuesto de 2020 aumentado por estas partidas comparado con el de otros años en los que no se contemplaban, a pesar de que sí existían esos gastos para el Estado.

Incluyendo red de cuido e INA, el presupuesto del 2020 en Educación será equivalente al 7,4% del PIB. Esta cifra es la más baja en siete años: es inferior a la presentada en cualquier año comprendido entre el 2014 y 2019. Por ejemplo, si se aplica la misma metodología, la inversión en educación habría llegado a un pico de 8,3% del PIB en el 2017.

El artículo de La Nación

El diario asegura que «nunca antes, desde la reforma constitucional del 2011 que elevó del 6% al 8% del PIB el aporte obligatorio del Estado a la educación, se había alcanzado una cifra tan elevada».

El diario usa como referencia el Informe Técnico del Proyecto de Ley del Presupuesto Ordinario y Extraordinario de la República de la CGR que incluye en su página 74 el siguiente gráfico:

Informe Técnico de la Contraloría General de la República: Proyecto de Ley de Presupuesto de la República 2020
Informe Técnico de la Contraloría General de la República: Proyecto de Ley de Presupuesto de la República 2020

“De parte nuestra no se realizó ningún cálculo de suma de presupuestos ni de porcentajes del PIB, se utilizaron exactamente los montos y cifras que nos proporcionó la CGR”, dijo Sofía Chinchilla, periodista del artículo a Doble Check.

 

Los montos y porcentajes exactos se los solicitamos a la Contraloría. (…) La única intervención que hicimos en los datos, fue para deflatar los montos, con el IPC a enero de cada año desde 2012 hasta 2019.”

La Nación, sin embargo, obtiene una conclusión errónea a partir de los datos. En primer lugar, la nota al pie del gráfico de la CGR indica que los datos para el período 2014-2018 se refieren a presupuestos ejecutados, no a los presupuestos asignados. La Nación no indica esto en su texto.

Esto es importante, debido a que la subejecución en el sector de educación desinfla los montos y provoca que la inversión del 2020 (de la que aún no sabemos cuánto se ejecutará realmente) parezca mucho más elevada. Por ejemplo, en el 2018 el presupuesto asignado fue de 2.666.048 millones para el MEP pero, según la memoria anual de la CGR, se ejecutó una cifra menor, equivalente a 2.438.169 millones (un 91,5% de lo presupuestado). Esa última cifra fue la empleada por La Nación.

El gráfico de la Contraloría también indujo a error. La visualización de la Contraloría no indica que, a diferencia de todos los otros años en el gráfico, los datos del 2020 incluyen el presupuesto del INA y de la Red de Cuido dentro de la inversión en educación.

En el 2020 el presupuesto para el MEP y las universidades públicas, únicamente, corresponderá a un 6,9% del PIB. Incluir esas dos instituciones provoca que aumente a un 7,4% del PIB.

La Nación sí indica esto en su artículo. En el cuerpo de la nota, la información explica: «La exjerarca (refiriéndose a la exministra de Hacienda Rocío Aguilar) también citó la inclusión del presupuesto del Instituto Nacional de Aprendizaje (INA) como parte del financiamiento de la educación pública».

Este dato anula la veracidad del titular de la nota.

La inversión en educación: nuestros cálculos

¿Qué pasaría si usáramos una misma metodología para comparar los datos de todos los años?

Haremos dos cálculos: el primero es una recopilación de los presupuestos asignados en educación para el MEP (que incluye las transferencias a las universidades públicas), el INA y la Red de Cuido. El segundo cálculo es una recopilación de los presupuestos asignados del MEP, únicamente. En ambos casos solo trabajaremos con presupuestos asignados (no ejecutados). Estos son los únicos que permiten una comparación apropiada.

El gráfico de la Contraloría y el artículo de La Nación ocultan que la inversión en educación, como porcentaje del PIB, está —en realidad— cayendo.

Si se considera la Red de Cuido y el INA, la inversión en educación del 2020 será de un 7,4% del PIB, muy inferior a la presentada en años anteriores. Por ejemplo, manteniendo esta forma de cálculo, nuestras estimaciones muestran que en el 2017 se había alcanzado la inversión histórica más importante en educación, equivalente a un 8,3% del PIB.

La tendencia que anotamos con nuestros cálculos coincide con un estudio del Instituto de Investigaciones en Ciencias Económicas de la UCR publicado en junio de 2018, el cual que presenta la misma estimación.

En realidad, la inversión asignada en el MEP (excluyendo INA y Red de Cuido) en el 2020 será equivalente a un 6,92% del PIB. Para encontrar una cifra inferior a esa hay que devolverse al 2012, cuando se presupuestó un 6,78% del PIB.

En síntesis, aplicando una misma metodología para todos los años, el presupuesto del 2020 no logra ser el más alto de la historia. La afirmación tampoco es correcta aún si se analizan los datos nominalmente y se traen a valor presente, como hizo La Nación.

La caída en la inversión

El Ministerio de Educación y las transferencias a las Universidades Públicas tuvieron un aumento de un 0,8% en su presupuesto nominal del 2020 si se lo compara con el presupuesto del 2019. Sin embargo, en la práctica, eso  constituye un recorte si se considera la inflación, o si se realiza el análisis como porcentaje del PIB.

Las principales áreas afectadas en los presupuestos de educación durante estos dos últimos años  se encuentran en los niveles preuniversitarios. Si se excluyeran las transferencias a las universidades públicas, el MEP experimentó una variación real de -3% en el período 2018-2019 . En el 2019-2020 también habrá una caída real de 1,3%.

Revisamos la estructura programática del Presupuesto Nacional para el Ministerio de Educación. Para el 2020, los sectores de «Enseñanza preescolar, 1er y 2do ciclo», «3er ciclo y educación diversificada académica» experimentaron recortes en casi ₡6.700 millones con respecto al 2019.

Uno de los recortes específicos involucra el cierre del Fondo Nacional de Becas (FONABE), cuyo presupuesto decreció en un 72,8%. Esto no significa que se hubiera eliminado el programa de becas estudiantiles. Las funciones de esa entidad serán asumidas por el Instituto Mixto de Ayuda Social.

Hubo otra línea presupuestaria que se redujo casi a la mitad. Esta fue «Otras obras, adiciones y mejoras en las Direcciones Regionales de Educación» en el apartado de «Gasto de Capital».

Diferencia entre carteras

Un intercambio entre el Ministerio de Educación y el Ministerio de Hacienda a mediados del 2019 da cuenta de un conflicto entre ambas carteras. El 10 de abril de 2019, Hacienda le había remitido al exministro de Educación, Edgar Mora, un comunicado de techo presupuestario. La misiva le indicaba al entonces jerarca de Educación que «el gasto presupuestario máximo» para su cartera en el 2020 debería ser de ₡2.648.412 millones: un monto exactamente igual al del 2019. Eso, en la práctica, constituía un recorte al presupuesto de educación, pues la inflación esperada se estimaba en un 3% (± 1 p.p.).

Oficio facilitado por el departamento de prensa del Ministerio de Hacienda

El 27 de junio de 2019, el exministro  Mora dirigió un oficio a la exministra de Hacienda, Rocío Aguilar. En él, Mora señalaba su preocupación ante la caída en recursos que experimentaría el ministerio a su cargo durante el 2020. El oficio enviado por Mora revela su preocupación sobre los recortes y su posible impacto en las metas del Plan Nacional de Desarrollo.

Mora, además, le subraya a la exministra Aguilar que el MEP cumplió con el techo presupuestario que Hacienda había solicitado. Pero el exministro advirtió que esas limitaciones dejaron descubiertos varios ejes. Entre ellos, Mora enuncia “los recursos adicionales que debería recibir el MEP en caso de que se desee avanzar, aunque sea con parte de las metas del Plan Nacional de Desarrollo del próximo año”. Mora agrega que el MEP no había tenido crecimiento en sus presupuestos en el 2019.

Oficio facilitado por el departamento de prensa del Ministerio de Educación Pública

El exministro también solicitaba recursos adicionales para las universidades públicas y para la Junta de Pensiones del Magisterio. El jerarca alegó que ese faltante «no pudo presupuestarse de manera completa, dada la estrechez del techo presupuestario».

Mora y su viceministra Amparo Pacheco renunciaron el 1.º julio de 2019, dos días hábiles después de enviar la solicitud de recursos adicionales. La dimisión ocurrió durante un período de manifestaciones sociales hechas por grupos estudiantiles, sindicales y de transportistas que pedían la destitución del ministro. Su anuncio se vinculó públicamente con esas demandas. El recorte a los recursos de educación que se discutía precisamente en ese momento no trascendió públicamente hasta ahora.

Hacienda no respondió a la carta de Mora hasta el 31 de julio de 2019, en un nuevo oficio enviado a la nueva ministra Guiselle Cruz.

En la respuesta, Hacienda obvia la petición de recursos de Mora. El ministerio no aporta ningún recurso nuevo para responder a sus solicitudes. Hacienda no toca  en su oficio el tema de las metas para el Plan Nacional de Desarrollo ni el dinero para las universidades públicas.

El oficio únicamente solicita que el Ministerio de Educación «subsane las inconsistencias señaladas» ante la falta de recursos para la Junta de Pensiones del Magisterio. El ministerio advirtió que, de lo contrario, «se procederá a realizar el ajuste correspondiente a criterio de esta dirección».

Doble Check consultó al exministro Édgar Mora sobre estas diferencias con la cartera de Hacienda y sobre su salida del gobierno. Mora concedió indirectamente que su renuncia fue solicitada por Casa Presidencial, y que no fue por iniciativa propia. Cuando se le consultó si su salida tuvo relación con el recorte presupuestario, su respuesta se limitó a un «no lo sé».

Consultada al respecto, Casa Presidencial negó que la renuncia obedeciera a las diferencias en temas presupuestarios.

Mora, por su parte, alegó desconocer los recortes que se practicaron al presupuesto del 2020. El exministro afirmó que su versión original pretendía avanzar con nueve líneas en el Plan Nacional de Desarrollo. El exministro afirmó: «Estas y otras líneas de mejora son incompatibles con un presupuesto de cero crecimiento o de decrecimiento, como lo mencioné con claridad en la nota que remití al Ministerio de Hacienda».

Doble Check contactó a la exministra de Hacienda, Rocío Aguilar, para consultarle sobre este tema. Según Aguilar, Hacienda no tuvo injerencia directa en el detalle de qué se recortó en el presupuesto del MEP. La cartera solo se encargó de verificar el cumplimiento de los techos presupuestarios, dice la exjerarca.

«Desde el Ministerio de Hacienda se fija un límite, un techo. No le corresponde al Ministerio de Hacienda ir a cada una de las instituciones, ese ejercicio se hace directamente con Presidencia. Desde ahí se fueron asignando los recursos», dijo. 

Aguilar agregó que no es inusual observar solicitudes adicionales de recursos, como la enviada por Mora, y que las restricciones presupuestarias al MEP obedecen al cumplimiento de la Regla Fiscal.

«Todas las instituciones, sin excepción, incluyendo el Ministerio de Hacienda, todas, aspiran o aspiramos a una serie de recursos. Sin embargo, a la hora en que hay que adjudicar esos recursos,  dados los límites que existían -en particular el límite de la Regla Fiscal-, en su mayoría -yo diría, sin excepción- se recortaron», cerró. 

 

Controlaría rechazó los presupuestos de las ‘U’ públicas (pero no por «incumplir la regla fiscal»)

Resumen: Sí. Es cierto que la Controlaría General de la República (CGR) archivó sin trámite los presupuestos presentados por las universidades públicas para el año 2020. Pero no es cierto que hubiera sido por «incumplir la regla fiscal». Así lo indicaron el periódico La Nación, el diario digital CRHoy.com y el semanario Universidad.

El archivo de los cinco presupuestos se debió a que las casas de enseñanza no presentaron una constancia formal de que hubiesen cumplido los límites de la regla fiscal. Sin embargo, la CGR asegura que el problema no es que hubiera existido un incumplimiento, sino que no se pudo constatar.

Medios como Delfino.cr y Amelia Rueda sí publicaron la noticia de forma correcta. Ambos sitios señalaron que el rechazo se debió a problemas de procedimiento, como indicó la Contraloría. Así lo hizo también La Nación en una versión corregida de su nota.

La entidad fiscalizadora comunicó su decisión mediante un comunicado de prensa. «Pese a diversas gestiones al respecto y ante la omisión de la certificación de la Secretaría Técnica de la Autoridad Presupuestaria (STEP) de que las universidades cumplen con la regla fiscal, la Contraloría debe archivar sin trámite el presupuesto inicial de las cinco universidades y del Conare (Consejo Nacional de Rectores) para el año 2020», fue lo que dijo la CGR en su correo electrónico.

Esta decisión obligaría a las cinco universidades públicas y al Conare a trabajar en 2020 con el presupuesto del año en curso.

Resumen: Sí. Es cierto que la Controlaría General de la República (CGR) archivó sin trámite los presupuestos presentados por las universidades públicas para el año 2020. Pero no es cierto que hubiera sido por «incumplir la regla fiscal». Así lo indicaron el periódico La Nación, el diario digital CRHoy.com y el semanario Universidad.

El archivo de los cinco presupuestos se debió a que las casas de enseñanza no presentaron una constancia formal de que hubiesen cumplido los límites de la regla fiscal. Sin embargo, la CGR asegura que el problema no es que hubiera existido un incumplimiento, sino que no se pudo constatar.

Medios como Delfino.cr y Amelia Rueda sí publicaron la noticia de forma correcta. Ambos sitios señalaron que el rechazo se debió a problemas de procedimiento, como indicó la Contraloría. Así lo hizo también La Nación en una versión corregida de su nota.

La entidad fiscalizadora comunicó su decisión mediante un comunicado de prensa. «Pese a diversas gestiones al respecto y ante la omisión de la certificación de la Secretaría Técnica de la Autoridad Presupuestaria (STEP) de que las universidades cumplen con la regla fiscal, la Contraloría debe archivar sin trámite el presupuesto inicial de las cinco universidades y del Conare (Consejo Nacional de Rectores) para el año 2020», fue lo que dijo la CGR en su correo electrónico.

Esta decisión obligaría a las cinco universidades públicas y al Conare a trabajar en 2020 con el presupuesto del año en curso.

¿«Por incumplir la regla fiscal»?

El periódico La Nación, el diario digital CRHoy.com y el semanario Universidad publicaron esta mañana que la Contraloría General de la República (CGR) decidió archivar sin trámite el presupuesto de las cinco universidades públicas del país «por incumplir la regla fiscal».

«Las universidades públicas presentaron un plan de gastos para el 2020 que incumple con la regla fiscal contenida en la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas», escribió La Nación.

«Contraloría ordena a U públicas trabajar 2020 con presupuesto del 2019 por incumplir regla fiscal», tituló CRHoy.

«Ajuste será necesario luego de que la Contraloría General de la República rechazara el presupuesto presentado por las cinco universidades públicas y el Conare por no cumplir con la Regla Fiscal», escribió Universidad.

Estas afirmaciones se difundieron en redes sociales. Allí fueron replicadas por figuras políticas. Entre ellas estuvieron el socialcristiano Pablo Heriberto Abarca y la liberacionista Yorleny León.

¿Y dónde está el error?

La información publicada por los medios partió de una premisa errónea. Los tres dieron por un hecho que las universidades públicas incumplieron la regla fiscal. Sin embargo, ese dato no ha sido comprobado por un ente independiente (y ese es precisamente el problema).

De hecho, la CGR archivó los presupuestos porque no tenía esa constancia. El documento era un requisito formal para darle trámite a la aprobación de todos los planes de gastos.

Según la Contraloría, las universidades debían enviar sus presupuestos antes del 30 de septiembre a la Secretaría Técnica de la Administración Presupuestaria (STAP). Este organismo debía determinar si cumplían o no con la regla fiscal.

La CGR dijo que eso finalmente no ocurrió, pues las universidades decidieron no presentar sus presupuestos a la STAP. Así lo confirmaron las universidades a través del oficio N.° OF-CNR-2015-2019.

Más tarde, en el oficio OF-CNR-312-2019, agregaron que no presentaron sus presupuestos debido a un trámite legal, pues actualmente gestionan una acción de inconstitucionalidad contra varios artículos de la reforma fiscal. Desde el punto de vista universitario, esto suspendía la aplicación de cualquier norma.

Además, señalaron que el procedimiento presupuestario es distinto para las universidades y se basa en artículos constitucionales, por lo que «no puede ser modificado ni condicionado por la Ley N°9635».

Doble Check consultó al rector de la Universidad de Costa Rica (UCR), Henning Jensen, sobre este diferendo. El jerarca indicó que las universidades sí cumplieron la regla fiscal. Eso sí, reconoció que incumplieron normas de procedimiento.

«No certificamos nuestros presupuestos y no lo hicimos porque lo consideramos contrario a la ley», detalló. Según Jensen, la STAP no tiene control sobre las universidades públicas, que están «exentas» de esa autoridad.

La visión de las universidades se contrapone a la de la CGR. La Contraloríaconsidera que el trámite debió realizarse y por eso ni siquiera entró a revisar los planes presupuestarios enviados por las instituciones. Según la CGR, que existan artículos impugnados «no significa que la norma no esté vigente y por tanto debe ser acatada».

¿Y en qué quedamos entonces?

Con o sin diferendos legales, la CGR siempre debe aprobar los presupuestos de las institucionales cada año.

En caso de no contar con ese visto bueno, las instituciones deben afrontar los gastos del año entrante con el mismo plan presupuestario que recibió la aprobación del año en curso. Eso es lo que ocurrirá a partir del 1 de enero con las ‘U’ públicas.

Es incorrecto adelantar criterio y afirmar que las instituciones incumplieron con la regla fiscal, como lo hicieron varios medios. Doble Check se comunicó con los periodistas encargados de esas informaciones.

Luis Valverde, de CRHoy, aclaró que la información sí está completa en el cuerpo de la nota. El periodista alegó escasez de espacio para justificar el titular publicado.

Daniela Cerdas, de La Nación,  dijo que la nota era parte de una información en constante actualización, y solicitó que enviáramos nuestras consultas por correo electrónico.

Monserrat Cordero, de Universidad, reconoció haber cometido un error de redacción, y destacó que posteriormente en la nota aparece la información correctamente. La periodista dijo que corregiría la información.

Nota del editor: Doble Check es una iniciativa creada y financiada desde la Oficina de Divulgación e Información de la Universidad de Costa Rica. El proyecto tiene independencia editorial de la institución, y no se coordinó con sus autoridades para generar este contenido. Sin embargo, reconocemos la existencia de un conflicto de interés de cara a que los presupuestos universitarios financian el proyecto. Lamentamos no haber hecho esta aclaración cuando se publicó esta nota por primera vez.
Este texto se actualizó a las 6:05 p.m., pues inicialmente se afirmó que el rector Henning Jensen seguía siendo presidente de Conare. Jensen dejó ese puesto recién el 10 de diciembre pasado.

Colaboraron Darío Chinchilla y Daniel Salazar.

Jonathan Prendas infló cinco veces el superávit del Inamu como argumento para cerrarlo

En resumen: El diputado del bloque independiente Nueva República, Jonathan Prendas, sobredimensionó cinco veces el superávit del Instituto Nacional de la Mujer (Inamu). El legislador hizo una suma incorrecta de los datos reportados por la institución entre los años 2014 y 2019. Prendas sumó uno por uno los superávits registrados en dicho período, sin tomar en cuenta que estas cifras corresponden a dineros que se trasladan año con año y no a nuevas erogaciones.

El diputado escribió en Twitter que el superávit había sumado los ₡56.000 millones en ese período. En realidad, el monto acumulado por la institución hasta la fecha —según datos de la Contraloría General de la República (CGR)— es de ₡10.613 millones.

Prendas utilizó el dato como una justificación para “cerrar el Inamu”. Desde su punto de vista, existe una “gran ineficiencia en perjuicio de las mujeres”.

Según las autoridades del Instituto, el superávit acumulado no solo es inferior de lo que Prendas afirmó en sus redes sociales. El monto de más de ₡10.000 millones reportado para el 2010 contempla también una porción de ₡6.677 millones para proyectos de infraestructura que ya se encuentran en marcha (un albergue y las sedes Central, de Limón y de Puntarenas). El resto del dinero, aseguraron, está comprometido con proyectos aprobados por el Ministerio de Planificación (Mideplan).

En resumen: El diputado del bloque independiente Nueva República, Jonathan Prendas, sobredimensionó cinco veces el superávit del Instituto Nacional de la Mujer (Inamu). El legislador hizo una suma incorrecta de los datos reportados por la institución entre los años 2014 y 2019. Prendas sumó uno por uno los superávits registrados en dicho período, sin tomar en cuenta que estas cifras corresponden a dineros que se trasladan año con año y no a nuevas erogaciones.

El diputado escribió en Twitter que el superávit había sumado los ₡56.000 millones en ese período. En realidad, el monto acumulado por la institución hasta la fecha —según datos de la Contraloría General de la República (CGR)— es de ₡10.613 millones.

Prendas utilizó el dato como una justificación para “cerrar el Inamu”. Desde su punto de vista, existe una “gran ineficiencia en perjuicio de las mujeres”.

Según las autoridades del Instituto, el superávit acumulado no solo es inferior de lo que Prendas afirmó en sus redes sociales. El monto de más de ₡10.000 millones reportado para el 2019 contempla también una porción de ₡6.677 millones para proyectos de infraestructura que ya se encuentran en marcha (un albergue y las sedes Central, de Limón y de Puntarenas). El resto del dinero, aseguraron, está comprometido con proyectos aprobados por el Ministerio de Planificación (Mideplan).

La afirmación

El diputado Jonathan Prendas manifestó en sus redes sociales que el Instituto Nacional de la Mujer (Inamu) ha acumulado un superávit de ₡56.000 millones entre 2014 y 2019. “En 6 años (2014-2019) su superávit fue de 56 mil millones de colones, lo cual demuestra su GRAN ineficiencia en perjuicio de las mujeres”, escribió en Twitter.

También dijo algo similar durante la discusión del presupuesto nacional en la sesión del Plenario legislativo del jueves pasado. Prendas mencionó, uno por uno, los superávits registrados por el Inamu desde 2014 y señaló que “por eso plantea también su transformación en algo más integral, más visión social, más visión país, según la Constitución, que es el Instituto de la Familia y a Equidad Social”.

¿Cómo sobredimensionó Prendas el superávit?

Los superávits mencionados por el diputado del bloque independiente Nueva República —afín al excandidato Fabricio Alvarado—  se asemejan muchísimo a los que registra el Sistema de Información sobre Planes y Presupuestos (SIP) de la CGR. Sin embargo, el cálculo que realizó al sumarlos fue incorrecto. Los superávits no pueden sumarse de forma independiente, pues muchas veces son montos que simplemente se trasladan de un año a otro.

Según los datos de la Contraloría, los superávits reportados por el Inamu desde el año 2014 han sido de ₡8.833 millones en 2014, ₡15.911 millones en 2015, ₡9.251 millones en 2016, ₡9.050 millones en 2017, ₡8.786 millones en 2018 y ₡10.613 millones en lo que va de 2019. No obstante, esas cifras no se pueden sumar porque se reasignan año con año.

Así lo permite la Ley de la Administración Financiera de la República y Presupuestos Públicos. La única restricción es que ese dinero no se puede usar para pagar gastos corrientes (como salarios).

Por ejemplo, el Inamu dijo haber presupuestado ₡21.432,56 millones en 2019: 59% de los recursos que le asigna la Ley de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares (Desaf), y 41% de los superávits remanentes que no se desperdician o se pierden.

Es decir, si en 2014 el superávit institucional fue de  ¢8.833 millones y en 2019 es de ₡10.915 millones, hasta ahora el monto solo habría crecido en poco más de ₡2.000 millones. Este crecimiento sería todavía menor (poco más de ¢1.000 millones) si se toma en cuenta el efecto de la inflación.

El Inamu afirmó a Doble Check que ya tiene comprometidos ₡6.677 millones de ese superávit. Este dinero se destinará a cuatro obras de infraestructura: un albergue y las sedes Central, de Limón y de Puntarenas. Con esos edificios, el Instituto estima ahorros anuales de ₡1.000 millones en alquileres y gastos afines.

El resto del dinero está ligado a proyectos de capital social en desarrollo, debidamente aprobados por el Ministerio de Planificación (Mideplan). Así lo explicó la directora administrativa de la institución, Zaida Barboza,

Este medio intentó contactar al diputado Prendas. El legislador no contestó las llamadas ni los mensajes de texto que se le enviaron. Tampoco fue posible localizarlo a través de su asesor de prensa.

¿El Instituto de la Familia?

El diputado Jonathan Prendas argumenta que es necesario transformar el Inamu en un nuevo organismo autónomo de derecho público: el Instituto para la Familia y la Equidad de Género (IFEG).

Prendas aboga por un proyecto de ley que presentó el excandidato presidencial Fabricio Alvarado, quien dejó el texto cuando fue diputado de Restauración Nacional (PRN).

Se trata del expediente 20.126, el cual también contó con la firma del exdiputado Óscar López, de Accesibilidad Sin Exclusión (PASE) y se encuentra en corriente legislativa desde el año 2016.

Entre otras cosas, el proyecto plantea que el Instituto desarrolle sus acciones a través de una junta directiva con representación de los ministerios de Trabajo y de Salud, el Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS), el Instituto Nacional de Aprendizaje (INA) y el Patronato Nacional de la Infancia (PANI). También contaría con un representante de «organizaciones sociales» que trabajen en favor de la familia y la equidad de género y que estén registradas ante la entidad.

En sus intervenciones contra el Inamu, Prendas también ha mencionado los resultados de un informe sobre Control Interno 2018-2019. Sin embargo, ese documento se publicó en noviembre de 2018 y corresponde al seguimiento de acciones rezagadas de un plan de mejora institucional. El texto «no refleja la gestión institucional per se», afirmó el Inamu.

 

Colaboró Daniel Salazar

Recursos del Centro de Cine sí crecerían un 13,4%, pese a recorte de ¢100 millones

En resumen: La transferencia que recibirá el Centro Costarricense de Producción Cinematográfica (CCPC) por parte del Ministerio de Cultura para el año 2020 sí crecerá un 13,4%a pesar del recorte de ¢100 millones que realizaron los diputados de la comisión de Asuntos Hacendarios.

Así lo afirmó la diputada del Partido Liberación Nacional (PLN), Silvia Hernández, al diario digital crhoy.com.

En la entrevista también señaló que el Centro de Cine acumula un superávit de ¢209 millones (hasta diciembre de 2018).

Ambas afirmaciones fueron corroboradas por Doble Check. Sin embargo, el Centro de Cine matiza sus implicaciones.

En el caso del aumento presupuestario, la entidad alega que el crecimiento responde a que en 2019 fueron especialmente austeros. En el caso del superávit, sostiene que el 42% de esos recursos ya están asignados a proyectos del fondo de apoyo ‘El Fauno’.

La intención del Centro de Cine era recibir ¢1.219 millones para gestionar sus operaciones en el año 2020. Por ello, la institución entiende el rebajo de ¢100 millones como «una posible reducción en sus operaciones de fomento».

En resumen: La transferencia que recibirá el Centro Costarricense de Producción Cinematográfica (CCPC) por parte del Ministerio de Cultura para el año 2020 sí crecerá un 13,4%a pesar del recorte de ¢100 millones que realizaron los diputados de la comisión de Asuntos Hacendarios.

Así lo afirmó la diputada del Partido Liberación Nacional (PLN), Silvia Hernández, al diario digital crhoy.com.

En la entrevista también señaló que el Centro de Cine acumula un superávit de ¢209 millones (hasta diciembre de 2018).

Ambas afirmaciones fueron corroboradas por Doble Check. Sin embargo, el Centro de Cine matiza sus implicaciones.

En el caso del aumento presupuestario, la entidad alega que el crecimiento responde a que en 2019 fueron especialmente austeros. En el caso del superávit, sostiene que el 42% de esos recursos ya están asignados a proyectos del fondo de apoyo ‘El Fauno’.

La intención del Centro de Cine era recibir ¢1.219 millones para gestionar sus operaciones en el año 2020. Por ello, la institución entiende el rebajo de ¢100 millones como «una posible reducción en sus operaciones de fomento».

Punto por punto

La diputada del PLN, Silvia Hernández, afirmó al diario digital crhoy.com que el presupuesto del Centro de Cine crecería un 13,4%, incluso si el Plenario legislativo decidiera ratificar el recorte por ¢100 millones que realizaron los diputados de la comisión de Asuntos Hacendarios en esa partida.

“Los recursos que se trasladan del  Ministerio de Cultura al Centro de Cine no se reducen, crecen 13,4%. Es decir, crecen más que el límite de la regla fiscal (4,9%) y más que la inflación proyectada (3.0%)”, dijo la diputada.

Este dato es real: el crecimiento nominal de la partida sería de un 13,48%, pues la transferencia que realiza el ministerio al Centro de Cine pasaría de ¢986 millones (en 2019) a ¢1.119 millones (en 2020). La intención del Centro de Cine era recibir ¢1.219 millones, cifra que hubiese representado un crecimiento nominal mayor (del 23,6%).

Ese recorte se realizó a través de una moción presentada por la socialcristiana Shirley Díaz, quien propuso retirar ¢255 millones al Ministerio de Cultura para transferirlos a las Asociaciones de Desarrollo.

Este intercambio fue avalado por la Comisión de Asuntos Hacendarios (que tramita el proyecto de presupuesto), donde contó con el respaldo de los liberacionistas Wagner Jiménez, Yorleny León y Ana Lucía Delgado; las socialcristianas María Vita Monge y María Inés Solís; el fabricista Harllan Hoepelman; y el republicano socialcristiano Otto Roberto Vargas.

Además del primer dato, la diputada Hernández indicó que el superávit libre de la institución hasta el año 2018 era de ¢209 millones, afirmación que también fue comprobada por este medio.

El monto es certificado por el propio Centro de Cine.  Sin embargo, la entidad asegura que el 42% de ese monto ya está comprometido con proyectos de ‘El Fauno’. Este es un fondo concursable que fomenta iniciativas audiovisuales, cuyo desarrollo puede oscilar entre 18 y los 36 meses.

Asimismo, el Centro agregó que un 22% del superávit corresponde a previsiones presupuestarias para ajustes en remuneraciones que finalmente no se tuvieron que realizar (como incapacidades), un 27% a servicios que finalmente no se pudieron contratar (por directrices de contención del gasto giradas por el Gobierno), y un 7,7% a presupuestos que existen para reparaciones y repuestos que no siempre se terminan necesitando.

Centro de Cine: “Recorte empequeñece la operación”

Ante los datos suministrados por la diputada Hernández, las autoridades del Centro de Cine aceptaron que son cifras reales. No obstante, la entidad realizó otra lectura sobre las mismas.

En el caso del crecimiento en la transferencia, la directora del Centro, Ana Xóchitl Alarcón, recordó que en 2019 se realizó una amplia contención del gasto (un reajuste de ¢400 millones), por lo que ahora solo buscaban reducir el tamaño de la restricción.

En el presupuesto de 2018, el Centro de Cine había alcanzado los ¢1.375 millones (¢1.398 millones traídos a valor actual), por lo que el presupuesto planteado para este 2020 (sin el recorte de los ¢100 millones) igualmente hubiese sido inferior al de aquel entonces en más de ¢100 millones.

La directora Alarcón además recordó que la institución que dirige realiza “una gran cantidad” de contrataciones y compras de servicios. Estos servicios empezarán a pagar el Impuesto al Valor Agregado (IVA) en enero, otro factor que esperan paliar con el incremento.

Por su parte, José Cordero, administrador financiero del Centro, añadió que el presupuesto de la entidad es bastante rígido, por lo que unos ¢500 millones ya están atados a servicios públicos, nóminas y contratos vigentes.

Según Alarcón, esto obligaría a situar el impacto del recorte en los programas de promoción y los fondos concursables, ya sea «eliminando alguno o disminuyéndolos todos». «Cualquier recorte empequeñecería la operación», subrayó.

Entre otras partidas, el Centro de Cine realiza festivales para promover nuevos públicos, al tiempo que administra fondos como ‘El Fauno’, que reparte ¢250 millones anuales para impulsar la generación de proyectos audiovisuales.

Sobre el superávit de la institución, Alarcón simplemente reiteró que una gran parte de los recursos ya está asignada a proyectos en ejecución.

La discusión continúa

Sobre los datos que presentó a crhoy.com, la diputada Silvia Hernández dijo a Doble Check que busca alimentar la discusión del presupuesto nacional, sin que eso signifique situarse en contra del sector cultura. “Yo solo quería dar elementos puramente corroborables”.

Además, la diputada indicó que las cifras son parte de una discusión que aún no termina.

Actualmente, el proyecto de presupuesto se encuentra en su trámite regular en el Plenario legislativo.

El recorte de ¢100 millones al Centro de Cine podría revisarse antes de que se apruebe el proyecto, o bien a través de un presupuesto extraordinario posterior (si así lo solicita el Gobierno).

Este chequeo se realizó ante una consulta en redes sociales por parte del comunicador y asesor legislativo, David Barrientos, quien trabaja para el despacho de la diputada Carolina Hidalgo.

Diputados hacen “teléfono chocho” e inflan gastos del MOPT

En resumen: El diputado Walter Muñoz, del Partido Integración Nacional (PIN), denunció que los presupuestos extraordinarios del Gobierno para el 2018 destinan ₡20.000 millones en consultorías para el Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT).

Esa afirmación es incorrecta. Los dos presupuestos extraordinarios del Gobierno Central para este año –y que fueron aprobados por el Congreso– registran menos de la mitad de la cifra que Muñoz denunció: ₡9.179 millones.

Luego se armó un “teléfono chocho” con ese dato en el Plenario.

Después de que Muñoz soltara aquel número en la sesión del 27 de noviembre, el diputado Dragos Dolanescu, del Partido Republicano Socialcristiano (PRSC), difundió la misma cifra en Facebook pero cambió la interpretación sobre los recursos. El legislador dijo que esos ₡20.000 millones son el dinero que el Gobierno gastará en consultorías del MOPT en toda su Administración.

Eso también es incorrecto. Aunque el MOPT prevé ejecutar $3.000 millones para infraestructura vial durante la presente Administración, aún no se ha publicado un dato concreto sobre cuánto se destinará en total a consultorías y asesorías profesionales.

En resumen: El diputado Walter Muñoz, del Partido Integración Nacional (PIN), denunció que los presupuestos extraordinarios del Gobierno para el 2018 destinan ₡20.000 millones en consultorías para el Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT).

Esa afirmación es incorrecta. Los dos presupuestos extraordinarios del Gobierno Central para este año –y que fueron aprobados por el Congreso– registran menos de la mitad de la cifra que Muñoz denunció: ₡9.179 millones.

Luego se armó un “teléfono chocho” con ese dato en el Plenario.

Después de que Muñoz soltara aquel número en la sesión del 27 de noviembre, el diputado Dragos Dolanescu, del Partido Republicano Socialcristiano (PRSC), difundió la misma cifra en Facebook pero cambió la interpretación sobre los recursos. El legislador dijo que esos ₡20.000 millones son el dinero que el Gobierno gastará en consultorías del MOPT en toda su Administración.

Eso también es incorrecto. Aunque el MOPT prevé ejecutar $3.000 millones para infraestructura vial durante la presente Administración, aún no se ha publicado un dato concreto sobre cuánto se destinará en total a consultorías y asesorías profesionales.

¿Por qué se armó teléfono chocho?

El pasado 27 de noviembre, el diputado Dragos Dolanescu criticó el presupuesto del MOPT en una transmisión de video en Facebook que se compartió más de 1.700 veces:

“Un tema que saca el doctor [Walter] Muñoz muy, pero muy interesante: ¿saben cuánto se nos van a ir a todos los costarricenses en asesorías? ₡20.000 millones. Así como lo oyen: estamos quebrados, le vamos a pasar un paquetazo de impuestos a los pobres y a la clase media, y nos vamos a gastar ₡20.000 millones en consultorías sobre carreteras”, dijo Dolanescu.

La cifra nos dejó la ceja igual a la de La Roca, así que llamamos al diputado el pasado miércoles. 

Dolanescu respondió inmediatamente que él hizo referencia a las palabras de Walter Muñoz, pero que la cifra correspondía al gasto en consultorías y asesorías para infraestructura que gastará el MOPT en esta Administración.

Los ₡20.000 millones habían sido mencionados en el Plenario por el diputado Muñoz horas antes de que Dolanescu hiciera su video en Facebook, pero explicado de manera distinta.

En la sesión del 27 de noviembre, Muñoz dijo lo siguiente:

₡20.000 millones, lo que en el presupuesto anterior extraordinario le dejamos aprobado al gobierno: ₡20.000 millones en asesorías y consultorías en el tema de infraestructura”, dijo el diputado del PIN.

Entonces, en una misma tarde, dos legisladores denunciaron un mismo número, pero con interpretaciones distintas.

¿Cuánto se le aprobó al MOPT para consultorías?

Aunque la interpretación sea distinta, ambos diputados distribuyeron una cifra imprecisa.

Walter Muñoz afirmó que el presupuesto extraordinario del Gobierno para el 2018 incluye ₡20.000 millones que el MOPT gastará en consultorías profesionales.

Sin embargo, los dos presupuestos extraordinarios que se aprobaron este año solo suman ₡9.179 millones para servicios de consultorías y asesorías profesionales.

Las llamadas consultorías y asesorías se agrupan en la subpartida presupuestaria de “servicios de gestión y apoyo”, según el Clasificador por objeto del gasto del sector público, que publica el Ministerio de Hacienda.

En dicha subpartida, las instituciones del sector público registran los servicios profesionales y técnicos que le pagan a personas físicas y jurídicas por trabajos específicos.

Esos servicios se agrupan en distintas categorías: informática, salud, ingeniería, y ciencias económicas y sociales. También hay una subcategoría de servicios generales, pero esta agrupa el pago de trabajos misceláneos, como conserjes o guardias de seguridad.

El presupuesto de este año del MOPT, con todas sus actualizaciones a noviembre, asciende los ₡948.000 millones, de los cuales destina un total de ₡10.943 millones a servicios profesionales.

Puede leer aquí el Primer Presupuesto Extraordinario y el Segundo Presupuesto Extraordinario del 2018

¿De dónde sale el dato de Walter Muñoz, entonces?

El miércoles pasado, se le pidió telefónicamente una aclaración al diputado Walter Muñoz, pero señaló que el indicado para la consulta era su asesor, Róger Bejarano.

Bejarano justificó que los ₡20.000 millones en asesorías que denunció el diputado del PIN corresponden a la suma de varias cifras, no solo las del presupuesto extraordinario.

Diapositiva de la presentación sobre obras que el MOPT planea desarrollar durante el actual gobierno, expuesta por el ministro Rodolfo Méndez ante la comisión legislativa de infraestructura.

Además de los rubros que registran los presupuestos extraordinarios de este año, Bejarano dijo que él sumó $3.5 millones de un estudio de factibilidad para la carretera de San José-Río Frío, y $5 millones presupuestados para empezar el proyecto de ampliación de la carretera San José-Cartago.

Esas son cifras que el ministro del MOPT, Rodolfo Méndez, expuso a la comisión de infraestructura del Congreso el pasado 13 de noviembre.

Sin embargo, tales cifras solo forman parte de una exposición que hizo el ministro sobre obras de infraestructura que su cartera tiene previstas para la presente Administración.

Incluso, sobre los $5 millones de la carretera a Cartago que el asesor legislativo incluyó en su cálculo, el ministro dijo en la presentación solamente que “en realidad lo que tenemos es $5 millones del presupuesto de este año, que reservamos para Cartago, y ya eso es suficiente para empezar el trámite de licitación”.

Se hizo una consulta al MOPT sobre esos los montos que encajó Bejarano en su cálculo pero no hubo respuesta oportuna.

Aún así, las palabras del Méndez infieren que los $5 millones para la carretera a Cartago ya están incluidos en el presupuesto de este año, aunque no especificó si los recursos se emplearían en consultorías.

En cuanto al estudio de factibilidad de $3.5 millones para la carretera San José-Río Frío, desconocemos si ya está en el presupuesto de este año. Si lo estuviera, Bejarano está haciendo una doble suma para llegar a su número. Y en caso de no estarlo, el asesor sumó una cifra no presupuestada, y el diputado para quien trabaja la difundió como parte del presupuesto extraordinario. Ambas sumas inducen a error.

Captura de pantalla del acta del 13 de noviembre del 2018 de la comisión legislativa de infraestructura, donde el Ministro del MOPT presentó los proyectos que el Gobierno tiene planeados.

Bueno, ¿cuánto va a gastar el MOPT en consultorías en este gobierno?

Dragos Dolanescu divulgó equivocadamente la cifra de los ₡20.000 millones como el presupuesto que gastará la presente Administración en consultorías del MOPT durante sus cuatro años de gobierno.

Sin embargo, su propia fuente desmiente esa afirmación: Muñoz estaba refiriéndose solamente al presupuesto extraordinario del 2018 y no al total que gastará la administración Alvarado Quesada.

Según la exposición que hizo el Ministro del MOPT a la Asamblea Legislativa, este gobierno proyecta que ejecutará $3.000 millones en infraestructura, aunque no especificó cuánto se destinará al pago de servicios profesionales.

Al menos para el próximo año, el presupuesto que propuso el Gobierno prevé poco más de ₡3.500 millones de servicios de gestión y apoyo para el MOPT, aunque la mayoría (₡2.440 millones) son para servicios no profesionales. Es decir que son poco más de ₡1.000 millones los que están contemplados como asesorías.

Así que el gasto en consultorías del MOPT podría ser más o menos que el monto que cree Dolanescu para este gobierno. Daremos la respuesta si el MOPT nos contesta (ojo a la indirecta 🔪).