La lucha contra la pobreza no está dentro de las prioridades del Gobierno, concluye el economista Andrés Fernández, del Consejo de Promoción de la Competitividad (CPC), a partir del análisis del presupuesto de la República presentado por el Poder Ejecutivo.
“Deberíamos, por lo menos, garantizar que la pobreza va a ser una prioridad de los gobiernos. Uno conoce las prioridades de un gobierno revisando su presupuesto más allá de los discursos, más allá de las promesas, más allá de lo que se puede hacer en campaña, uno sabe qué está priorizando el Gobierno revisando el presupuesto. Hoy podemos saber que la lucha contra la pobreza no está dentro de las prioridades”, expresó el economista en entrevista con Interferencia de Radios UCR.
Fernández cuestionó que el Gobierno modificara las partidas que le corresponden al Fondo de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares (Fodesaf) para trasladar fondos a manos de ministerios. Según explicó el economista, para el presupuesto del 2024, el Ministerio de Hacienda trasladó cinco partidas de Fodesaf a ministerios.
Fernández señaló, por ejemplo, el caso de presupuesto para subsidio de vivienda que se trasladó de Fodesaf al Ministerio de Vivienda y Asentamientos Humanos (Mivah). Aunque la contralora general de la República, Marta Acosta, le indicó a los diputados que esta acción de Hacienda no es ilegal, Fernández sostuvo que no es lo más adecuado.
“No es ilegal; es decir, al final va a estar en Gobierno central, que en teoría es lo que ocupamos que ocurra. ¿Cuál es el problema? Son varios, primero que la Dirección General de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares (Desaf) va a perder la titularidad de los recursos. ¿Qué significa eso? Bueno, si antes los recursos estaban en el Ministerio Trabajo (ente al que está adscrito Fodesaf), ahí los tenía cerquita, los podía controlar, podía darles seguimiento. Si ahora van a estar, por ejemplo, en Vivienda, va a depender de ir a tocarle la puerta al Ministerio de Vivienda para ver quién lo atiende y preguntarle cómo va la ejecución de los recursos, cuántos están usando, cuáles son los beneficiarios y esto ya va a depender de la buena voluntad y de la buena relación que haya, por ejemplo, entre ministerios, y que eso no se puede garantizar”, explicó Fernández.
El economista añadió que otro problema es que, al ser cada ministerio titular de ese dinero, podrían realizar modificaciones presupuestarias para utilizarlos en otras necesidades.
Fernández explicó que la lucha contra la pobreza más bien ha estado perdiendo recursos y mencionó como causas la aprobación de la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas (conocida como plan fiscal) y de la Ley de Fortalecimiento del Control Presupuestario de los Órganos Desconcentrados del Gobierno Central, conocida como ley de órganos desconcentrados, ambas aprobadas en 2018.
El economista mencionó que Fodesaf se financia con las cuotas patronales de las planillas que se pagan a la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS) y con el Impuesto al Valor Agregado (IVA). Antes del plan fiscal, el Ministerio de Hacienda debía asignarle a Fodesaf 593.000 salarios base (256 mil millones en 2019) como pago de lo que le correspondía por el IVA, sin embargo, a partir del plan fiscal, Hacienda solo debe asignarle a ese fondo ₡256.000 millones.
La Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas se empezó a implementar para el ejercicio económico 2020.
“¿Qué pasa con esa ley? Que dice que el Ministerio de Hacienda ya no tiene que presupuestar esos 593.000 salarios base -que son crecientes- a Fodesaf. Eso es lo primero, ya que le quita el crecimiento. Además, que lo que tiene que asegurarle Hacienda a Fodesaf es un piso: ₡256 mil millones, que fue el monto que se estableció en el 2019. Entonces, ya los recursos no son crecientes y se pueden devaluar en el tiempo, incluso por temas de inflación”, apuntó Fernández.
Sin embargo, según detalló el economistam Hacienda le ha girado menos recursos de ese monto a Fodesaf con la justificación de que un artículo de la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas estableció que, en caso de que la deuda del gobierno central sea mayor al 50% del Producto Interno Bruto (PIB), ese ministerio tendría discreción en cuanto a las partidas específicas: una de ellas es la que le corresponde a Fodesaf de los recursos provenientes del IVA.
Fernández calculó la diferencia entre los ₡256.000 millones que según el Plan Fiscal debe transferirse a ese fondo -por el IVA- y lo que en la realidad el ministerio de Hacienda le ha girado, dando un resultado de ₡250.000 millones menos para Fodesaf en el periodo del 2020 al 2024. Pero incluso la situación va más allá, según su criterio: si nunca se le hubiera puesto ese “piso” a Fodesaf y pudiera percibir lo que recibía antes (593 mil salarios base), entonces Hacienda habría dejado de girar ₡340.000 millones para ese mismo lapso.
Fodesaf está adscrito al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS), pero contaba con independencia para la administración de los recursos; no obstante, ahora con la ley de órganos desconcentrados se limitó esa posibilidad y pasó a ser un programa presupuestario del MTSS, resaltó Fernández.
Faltan recursos
Andrés Fernández, economista del CPC, señaló que “la mayoría de programas contra la pobreza no están atendiendo a toda la población que debieran atender”.
Un ejemplo que dio son las pensiones del Régimen no contributivo de la CCSS: personas adultas mayores que no alcanzaron las cotizaciones para jubilarse y que se encontrarían en condición de pobreza o pobreza extrema.
“Se les da una pensión básica, que ronda los ₡78.000 por mes. Son muchas las personas que requieren esta pensión del régimen no contributivo. Apenas el 60 o 70% de los que la requieren realmente la tienen, es un tema de cobertura”, explicó el economista.
Cuestionó, además, que se esté disminuyendo los recursos para las Becas Avancemos del Ministerio de Educación Pública (MEP). La justificación del Gobierno es que el Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS), junto con el MEP, excluyeron de sus bases a personas que ya no deben recibir esos recursos.
Sin embargo, Fernández destacó una crítica que realizó un diputado al respecto: “Si sacás a los que no se la merecen y, por lo tanto, te ahorrás algo de recursos, entonces, ¿cuándo vas a meter a todos los que de por sí ya estaban fuera? Porque no estamos alcanzando la cobertura total, hay más de 600.000 jóvenes que requieren la beca y hoy la reciben cerca de 350.000”.
Agregó: “Eso pasa mucho con la mayoría de programas de lucha contra la pobreza y por eso, por ejemplo, si alguien quisiera argumentar que no hay problema en que se esté presupuestando menos, porque igual se están ejecutando los recursos, ese argumento es débil, porque todavía no estamos cubriendo a toda la población en condición de pobreza o pobreza extrema y por lo tanto si están haciendo falta los recursos”.
En el país hay alrededor de 1,2 millones de personas en condición de pobreza (23% de la población entre el 2021 y 2022). Según Fernández, si no se hubiese dado la disminución en los recursos, podría haberse reducido ese porcentaje al menos a 22%, que serían unas 10.000 personas menos en esa condición.
Puede repasar la entrevista completa en el siguiente enlace:
