Beneficio de gasolina para diputados tiene los menores controles entre supremos jerarcas

En resumen: La diputada del Partido Acción Ciudadana (PAC), Paola Vega, propuso una reforma de ley para pausar el subsidio de gasolina de uso discrecional a los legisladores. “Los otros Poderes no reciben 500 litros de gasolina gratis por mes”, afirmó Vega a finales de noviembre en Twitter ante la reacción de otros colegas. Eso es cierto, pero obvia gastos por rubros similares en otros poderes.

Revisamos el uso de vehículos y combustibles en el Poder Ejecutivo, Judicial y el Tribunal Supremo de Elecciones. Es correcto que magistrados, ministros y el Presidente de la República no reciben un saldo de unos ₡300.000 por mes para gastarlo libremente en gasolina.

La afirmación de Vega, aunque cierta, omite que esos puestos sí tienen vehículos de uso discrecional con chofer, cuyos gastos por gasolina son cubiertos por sus instituciones.  El subsidio no es tan obsequioso como en el caso de diputados.

El subsidio de gasolina para los diputados es el que tiene menos controles. Los legislaroes pueden usar la gasolina discrecional para distintos vehículos, en diligencias personales o hasta donarla a terceros. Un diputado también podría pagar por otros servicios en la gasolinera sin que el Congreso pueda percatarse.

En resumen: La diputada del Partido Acción Ciudadana (PAC), Paola Vega, propuso una reforma de ley para pausar el beneficio de gasolina de uso discrecional a los legisladores. “Los otros Poderes no reciben 500 litros de gasolina gratis por mes”, afirmó Vega a finales de noviembre en Twitter ante la reacción de otros colegas. Eso es cierto, pero obvia gastos por rubros similares en esos otros poderes.

Revisamos el uso de vehículos y combustibles en el Poder Ejecutivo, Judicial y el Tribunal Supremo de Elecciones. Es correcto que magistrados, ministros y el Presidente de la República no reciben un saldo de unos ₡300.000 por mes para gastarlo libremente en gasolina.

La afirmación de Vega, aunque cierta, omite que esos puestos sí tienen vehículos de uso discrecional con chofer, cuyos gastos por gasolina son cubiertos por sus instituciones.  El beneficio no es tan obsequioso como en el caso de diputados.

La gasolina comprada por diputados con dinero del Estado es la que tiene menos controles. Los legisladores pueden usar la gasolina discrecional para distintos vehículos, en diligencias personales o hasta donarla a terceros. Un diputado también podría pagar por otros servicios en la gasolinera sin que el Congreso pueda percatarse.

Conflicto por proyecto de ley

A finales de marzo pasado, la diputada Paola Vega presentó un proyecto de ley para eliminar temporalmente el beneficio de gasolina de uso discrecional que reciben los 57 congresistas cada mes.

Vega propone que ese beneficio se elimine mientras esté vigente la declaratoria de estado emergencia nacional por la COVID-19, y hasta seis meses después de su derogatoria. La legisladora plantea que el dinero empleado para esa gasolina se destine al programa temporal de personas desempleadas por la pandemia.

Entre el 2018 y el 2020, el Estado ha dedicado poco más de ₡417 millones para ese combustible. Así se desprende de datos de la Asamblea Legislativa.

Vega ha criticado que no existe voluntad política en el Congreso para pausar el beneficio.

La legisladora justificó su propuesta de ley como un gesto simbólico ante la crisis que enfrenta el país por la pandemia. La diputada justificó que el combustible discrecional de los legisladores no es comparable al de otros jerarcas, ya que parte de la función de estos es realizar giras con motivos político-partidarios, mientras que otros jerarcas emplean su transporte para su función pública.

Vega afirmó que “sabe” de jerarcas de otros poderes que “abusan del recurso” de transporte discrecional, pero no señaló casos puntuales.

¿Qué dijo la diputada Vega?

Noticias Monumental difundió el 18 de noviembre que legisladores “condicionan renunciar a combustible gratis a que medida se aplique en otros poderes de la República”. Ante esa noticia, Paola Vega publicó en Twitter que “los otros Poderes no reciben 500 litros de gasolina gratis por mes…”.

Eso es cierto, pero sería incorrecto asumir que el Estado no incurre en ningún gasto.

 

¿Cómo funciona el beneficio de gasolina del Congreso?

Cada una de las personas que ocupan una diputación dispone de 500 litros de gasolina por mes para usarlo a su gusto. La administración del Congreso le deposita a cada diputado el equivalente de ese monto en colones (unos ₡300.000) en una tarjeta de débito del Banco de Costa Rica. Esta tarjeta solo puede usarse en gasolineras.

El director ejecutivo del Congreso, Antonio Ayales, recalcó un criterio de la Procuraduría General de la República del 2012 que describe ese beneficio como una “ayuda técnica” que está “estrechamente vinculada al ejercicio efectivo del cargo de diputado”.

La Asamblea Legislativa carece de un control sobre el uso de todos esos recursos. Los legisladores pueden emplear la gasolina para distintos vehículos, en diligencias personales o hasta donarla a terceros. Un legislador podría pagar por otros servicios en la gasolinera sin que la Asamblea se percate. Así lo reconoció Ayales a Doble Check.

El Congreso también tiene 17 vehículos y diez choferes en su unidad de Transportes. Este recurso es empleado por todos los funcionarios legislativos para distintas labores. Los diputados pueden solicitar ese transporte oficial para giras comunales, pero la gasolina empleada en esos recorridos se descuenta de los 500 litros que reciben cada mes.

Solamente quien ocupa la presidencia del directorio legislativo tiene reservado un vehículo de la Asamblea Legislativa para uso discrecional, con gasolina y chofer incluidos.

¿Otros jerarcas también reciben gasolina discrecional?

Sí, pero las condiciones son diferentes que en la Asamblea Legislativa.

Los otros poderes de la República disponen de vehículos de uso discrecional para sus princiales jerarcas, con choferes y gasolina cubiertos por esas instituciones.

Transporte discrecional en el Poder Judicial

El Poder Judicial asigna vehículos de uso discrecional a los 22 magistrados y magistradas de la Corte Suprema de Justicia y a quien lidere la Fiscalía General. Los carros tienen asignado un chofer con una jornada de trabajo de 12 horas, aunque el automotor en sí carece de horario de uso. Estos tienen placas particulares y carecen de distintivos oficiales.

Los vehículos discrecionales del Poder Judicial incluyen 300 litros de combustible que paga la institución, los cuales solo pueden ser empleados en esos vehículos. Si el jerarca supera ese límite, debe pagar el resto de bolsillo propio. Así lo detalló el Poder Judicial a Doble Check por medio de su área de Comunicación.

El Poder Judicial detalló que ese suministro de combustible se da con una tarjeta prepago vinculada a cada jerarca. El personal de una gasolinera debe verificar el número de placa y la persona debe registrar en el datáfono su clave personal vinculada a la tarjeta.

“Por otra parte, el sistema de control de consumo de combustible lleva un registro de cada compra, tanto en términos monetarios como de cantidad de litros dispensados y kilometraje registrado al momento de la compra”, detalló la institución.

Vehículos discrecionales del Poder Ejecutivo

El Poder Ejecutivo tiene carros de uso discrecional para el presidente y los dos vicepresidentes de la República y para los ministros de gobierno. Casa Presidencial indicó a Doble Check que esos vehículos no tienen restricciones de combustible, horario de uso o recorrido, conforme a la Ley de Tránsito. Esos automotores tampoco tienen distintivos oficiales.

Casa Presidencial recalcó por medio de una respuesta oficial que sus vehículos de uso discrecional tienen el objetivo de “facilitar y mejorar el desempeño de sus funciones”, tal como indica el Reglamento interno sobre el uso de vehículos de la Presidencia de la República y del Ministerio de la Presidencia.

La Unidad de Protección Presidencial coordina los choferes y horarios de esos vehículos. El combustible está asignado a esa unidad por la Dirección de Transportes de Casa Presidencial.

“Dado que no se dispone del mecanismo de cuotas de combustible por jerarca, el gasto se da directamente según las necesidades de traslado que se presenten para el cumplimiento de las funciones de los jerarcas, de acuerdo con la normativa y a la disponibilidad de recursos de la institución”, indicó Casa Presidencial.

El reglamento interno de esa entidad estipula que cada funcionario es responsable de la “custodia, mentenimiento, uso racional y conservación” de su vehículo discrecional. El área de Transportes debe “ejercer controles en cuanto reparación y mantenimiento” de los automotores, así como su debido registro.

La única restricción que determina ese reglamento expresamente para los vehículos discrecionales de los jerarcas del Poder Ejecutivo es que está prohibida su asignación para el uso de familiares de los mandatarios.

¿Y en el Tribunal Supremo de Elecciones?

Los nueve magistrados y magistradas del Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) también cuentan con vehículos con combustible incluido por la institución. Solo los automotores de los tres magistrados propietarios del TSE cuentan con chofer, con un horario de 12 horas.

La unidad de comunicación del TSE respondió a Doble Check que esos vehículos “no están sujetos a las mismas restricciones de los demás vehículos oficiales, en cuanto a combustible, horario de operación ni recorrido, sino que están sujetos al criterio de la persona funcionaria a la que le es asignada la unidad”, justificados en la Ley de Tránsito.

 

Hueco fiscal: Director de Crédito sí había pedido presupuesto extraordinario, contrario a lo dicho por Paola Vega

La diputada oficialista, Paola Vega, insinuó falsamente que la Dirección de Crédito Público no le había advertido a ninguna persona con autoridad jerárquica sobre la necesidad de que el gobierno presentara un presupuesto extraordinario en el 2018.

En realidad, el director de esa unidad, Melvin Quirós, había solicitado un presupuesto de este tipo desde el 10 de mayo de ese año. Él dirigió su comunicación a la directora de Presupuesto Nacional y a la Tesorera Nacional, y está copiado el viceministro de Egresos.

Vega sí tiene razón cuando dice que no hay evidencia de que Quirós hubiera advertido sobre la inminencia de pagos ilegales de deuda para junio y julio del 2018. Así se desprende de los informes de minoría y mayoría del Congreso sobre el faltante presupuestario dejado por la administración Solís Rivera.

Vega no rebatió el error señalado por Doble Check. Eso sí, opinó que ella hubiera esperado más proactividad por parte de Quirós en su solicitud del presupuesto extraordinario.

Por otra parte, Vega cometió otro error en su intervención. La diputada dijo que la Contraloría y el Banco Central habían certificado que el presupuesto que se presentó en el 2017 era “adecuado para cubrir todo”. En realidad, la intervención de ambas instituciones en el proyecto de ley del presupuesto no tiene que ver con los manejos de la deuda del país, que era el tema en discusión. La Contraloría solo certifica los ingresos; el Banco solo se refiere a la capacidad de endeudamiento del Estado.

Sobre este tema, Vega aclaró que su intención era decir que las instituciones no habían hecho ningún señalamiento al presupuesto, tomado en cuenta que el plan se ajustaba a los pronósticos económicos de ese momento.

La diputada oficialista, Paola Vega, insinuó falsamente que la Dirección de Crédito Público no le había advertido a ninguna persona con autoridad jerárquica sobre la necesidad de que el gobierno presentara un presupuesto extraordinario en el 2018.

En realidad, el director de esa unidad, Melvin Quirós, había solicitado un presupuesto de este tipo desde el 10 de mayo de ese año. Él dirigió su comunicación a la directora de Presupuesto Nacional y a la Tesorera Nacional, y está copiado el viceministro de Egresos.

Vega sí tiene razón cuando dice que no hay evidencia de que Quirós hubiera advertido sobre la inminencia de pagos ilegales de deuda para junio y julio del 2018. Así se desprende de los informes de minoría y mayoría del Congreso sobre el faltante presupuestario dejado por la administración Solís Rivera.

Vega no rebatió el error señalado por Doble Check. Eso sí, opinó que ella hubiera esperado más proactividad por parte de Quirós en su solicitud del presupuesto extraordinario.

Por otra parte, Vega cometió otro error en su intervención. La diputada dijo que la Contraloría y el Banco Central habían certificado que el presupuesto que se presentó en el 2017 era “adecuado para cubrir todo”. En realidad, la intervención de ambas instituciones en el proyecto de ley del presupuesto no tiene que ver con los manejos de la deuda del país, que era el tema en discusión. La Contraloría solo certifica los ingresos; el Banco solo se refiere a la capacidad de endeudamiento del Estado.

Sobre este tema, Vega aclaró que su intención era decir que las instituciones no habían hecho ningún señalamiento al presupuesto, tomado en cuenta que el plan se ajustaba a los pronósticos económicos de ese momento.

¿Qué dijo la diputada?

Paola Vega dio sus declaraciones durante una discusión en el plenario legislativo para acoger o rechazar las recomendaciones de un informe de mayoría emitido por la Comisión de Ingreso y Gasto Público con respecto al faltante presupuestario dejado por la administración Solís Rivera.

Uno de los principales puntos del debate ha sido la velocidad con que actuó la administración Alvarado Quesada ante la urgencia de financiamiento. Sus críticos han dicho que fueron lentos. Ha habido gran controversia con respecto a la comunicación entre los funcionarios técnicos y los políticos en el Ministerio de Hacienda. ¿Comunicó oportunamente la Dirección General de Presupuesto la urgencia a sus superiores?

Vega presentó un informe de minoría en donde sostiene que no. Durante su declaración ante sus compañeros dijo:

Es la Dirección de Crédito Público quien debe advertir a sus superiores, y esto va en escalada jerárquica, que hay un problema, que no hay dinero para pagar un contenido y que debe hacerse un presupuesto extraordinario.

Ni antes, ni cuando ya se estaban haciendo pagos de deuda con contenido presupuestario se advirtió a ninguna persona, y en esto quiero ser clara. Yo he aportado en mi informe, porque no me bastó solamente las audiencias que tuvimos, sino que pedí un intercambio de correspondencia con el Ministerio de Hacienda para que me certificara correos electrónicos y múltiples comunicaciones que constan en mi informe de minoría, y no hay un solo correo, una sola minuta de reunión, una sola nota verbal, ninguna comunicación donde la Dirección de Crédito Público advierta a ninguna persona con autoridad jerárquica sobre este tema”.

¿Qué quiso decir la diputada?

La frase de Vega es ambigua. Por ello se le pidió clarificar a qué se refería. ¿De qué está hablando cuando se refirió a “este tema”?

La diputada dijo que se refería a dos asuntos.

  • Punto uno. El director de Crédito Público, Melvin Quirós, debió haber solicitado la presentación de un presupuesto extraordinario a sus superiores.
  • Punto dos. El funcionario debió haber advertido que se acercaba el plazo para hacer pagos que no hubieran sido programados. El hacer pagos que no fueron presupuestados es ilegal, pues las erogaciones del Estado deben haber pasado por la Asamblea Legislativa para su aprobación.

El punto uno es falso: el presupuesto sí fue pedido

El director de Crédito Público, Melvin Quirós, sí había solicitado la elaboración de un presupuesto el 10 de mayo del 2018, poco antes de asumir funciones en su cargo. El funcionario envió un correo electrónico a la directora del Presupuesto Nacional, Marjorie Morera, a la Tesorera Nacional, Martha Cubillo, y copió al viceministro de Egresos, Rodolfo Cordero.

Quirós advierte de un faltante presupuestario que, para ese momento, se calculaba en ₡800.000 millones. Ello, según sus palabras, hacía “ineludible la solicitud de recursos extraordinarios”. Para entonces, acababan de ocupar su cargo los nuevos jerarcas del Ministerio de Hacienda. Quirós escribe:

“A pesar de que la DCP informó de esta situación a nuestros superiores, no se tuvo respuesta a la solicitud de un presupuesto extraordinario para estos fines, por lo que resulta de vital importancia poner a las nuevas autoridades al tanto de esta situación y tomar decisiones al respecto”, escribe el funcionario.

El mensaje está adjuntado al informe de minoría que presentó la misma diputada Vega. Esta comunicación deja sin fundamento su primer crítica. El presupuesto sí se solicitó.

Correo electrónico en donde Melvin Quirós advierte sobre la necesidad de un presupuesto extraordinario.

A pesar de esa solicitud, no fue hasta el periodo entre el 29 de junio y el 2 de julio que ocurre una comunicación entre Quirós y la ministra de Hacienda Rocío Aguilar. Entonces, la jerarca ordenó la confección del presupuesto, según comunicaciones que también están en el informe de Vega.

Doble Check le informó a la diputada sobre su error. La diputada no objetó los señalamientos. “Yo lo que sí hubiera esperado es un poco más de vehemencia en la petición de don Melvin”, afirmó.

La diputada además afirmó que Quirós hubiera podido avanzar en la realización de un presupuesto por iniciativa propia, sin necesidad de una aprobación superior. Doble Check no verificó esta afirmación debido a que se aleja del reclamo de la legisladora en el plenario.

El segundo punto es veraz

Según aclaración de Vega, su acusación en la Asamblea también tuvo que ver con la falta de advertencias en cuanto a la inminencia de pagos ilegales por parte de Hacienda.

Estos pagos se hacen con un sistema automático. Según la información recabada en ambos informes, no hubo advertencias de que esos pagos sin autorización se estuvieran haciendo.

En los informes queda abierta la controversia sobre la responsabilidad de ese control: si era asunto de la Tesorería Nacional o de la Dirección de Crédito Público.

La alerta con respecto a ellos no se dio hasta el 6 de agosto del 2018, cuando el viceministro de Egresos, Rodolfo Cordero, le preguntó a Melvin Quirós si se estaba pagando deuda sin contenido presupuestario. Quirós le contestó que sí: se habían pagado ₡28.000 millones para junio y ₡152.000 millones para julio. Esta comunicación está en el informe de minoría de Vega.

Es decir, según la evidencia disponible, tiene razón la diputada en que no hubo ninguna advertencia previa sobre estos pagos ilegales antes de la consulta del viceministro.

El viceministro de ingresos Rodolfo Cordero le confirma a Vega que no recibió advertencia del pago de deuda sin contenido presupuestario.

Un error adicional

La diputada cometió un segundo error en su intervención en el plenario cuando defendió la idoneidad del presupuesto del 2017, al decir que este venía respaldado por el Banco Central y la Contraloría. La diputada dijo:

“Cuando se planificó el presupuesto que con las condiciones económicas del momento decía que iba a ser suficiente para cubrir la deuda, la Contraloría no advirtió de ningún riesgo presupuestario. Y esa es la tarea de la Contraloría.

”La Contraloría y el Banco Central hicieron check en los datos y dijeron: las condiciones económicas de este momento justifican el presupuesto que se está presentando a corriente legislativa y es el adecuado para cubrir todo. ¿Por qué?, porque no se sabía cómo iban a cambiar abruptamente las condiciones económicas”.

Aquí hay una falla. Ni el Banco Central ni la Contraloría evalúan pagos de deuda durante la elaboración de los proyectos de ley de presupuesto. Con respecto a las advertencias, Contraloría sostiene que sí hizo varias generales y específicas.

Por ejemplo, la Contraloría advirtió en su Informe Técnico al Presupuesto que el proyecto no tenía los cálculos suficientes para estimar los montos que se destinarían al pago de deuda.

La Contraloría advirtió:

(El presupuesto) carece de las cuantificaciones necesarias de variables como el stock de deuda interna y externa, la composición del portafolio, los vencimientos programados para el 2018, el detalle de los supuestos macroeconómicos esperados de tasas de interés, tipo de cambio, inflación, unidades de desarrollo, curva soberana, necesidades de financiamiento según flujo de caja y las deudas de instituciones públicas asumidas por el Estado; información que, según la exposición de motivos, constituye la base en el proceso de estimación y, por consiguiente, es fundamental para poder comprender la temática del endeudamiento y las obligaciones que pesan sobre las finanzas públicas que implican erogaciones para el año 2018.

Además, la Contraloría sostiene que también hizo un señalamiento posterior, en un informe sobre la ejecución de los presupuestos al primer trimestre. Entonces dijo: «Las partidas presupuestarias destinadas a la amortización de títulos de la deuda interna no alcanzarían para cubrir las erogaciones por ese concepto que el Gobierno debe realizar en el año 2018; incluso al momento de emitir el presente informe, el Gobierno ya ha hecho pagos en exceso de las sumas autorizadas en el presupuesto, lo cual es un reflejo de la sumamente estrecha situación financiera que atraviesa, y que ha llegado a manifestarse en escasez de liquidez reconocida por las autoridades del Poder Ejecutivo».

Ahora bien, con respecto al supuesto aval de la Contraloría al proyecto de ley del presupuesto, la Contraloría confirmó que su responsabilidad se limita a certificar la efectividad fiscal de los ingresos, mientras que al BCCR le corresponde certificar la capacidad de endeudamiento. El control de los pagos de deuda es responsabilidad del Poder Ejecutivo.

“La certificación a cargo de la CGR corresponde a un elemento por el lado de los ingresos del presupuesto; las estimaciones de los pagos de amortización de la deuda, por su parte, corresponden a un elemento por el lado de los egresos del presupuesto, que es responsabilidad del Poder Ejecutivo, en concordancia con disposiciones de la misma naturaleza”, aclaró la institución.

El faltante presupuestario

La Asamblea Legislativa ha discutido ampliamente sobre un faltante presupuestario que dejó la administración Solís Rivera. Esta tuvo consecuencias urgentes a mediados del 2018, cuando la administración Alvarado Quesada ya estaba en el poder, y tuvo que presentar dos presupuestos extraordinarios. Además, se conoció que el gobierno hizo pagos sin que hubieran sido presupuestados, lo cual es ilegal.

El desajuste ascendió a ₡900.000 millones.

El lunes 20 de mayo, 40 diputados votaron a favor de las recomendaciones de un informe de mayoría de la Comisión para el Control del Ingreso y el Gasto Público, entre las cuales está una solicitud para investigar penalmente al expresidente Solís.

La diputada Paola Vega presentó un informe de minoría. En él, relevó de responsabilidad a los jerarcas y señaló a los cargos medios como responsables del faltante fiscal. Uno de sus principales argumentos fue justamente la falta de comunicación oportuna.

 

Nota del editor: Esta nota fue actualizada para agregar información adicional que no había podido ser verificada con Contraloría a la hora de la publicación. Se agregó la advertencia sobre falta de información en el presupuesto para calcular las partidas de pago de deuda.