Diputada propone limitar aborto impune con argumento falso e incompleto

En resumen: La diputada independiente del bloque Nueva República, Ivonne Acuña, propone eliminar la posibilidad del aborto en casos de riesgo para la salud de la madre, pues alega que la salud es un «concepto jurídico indeterminado». Eso es falso.

Acuña impulsa un proyecto de ley para que la interrupción del embarazo se permita únicamente para evitar un peligro a la vida de la madre. El Código Penal permite actualmente el aborto cuando peligren tanto la vida como la salud de la mujer y cuando ese método no hubiera podido ser evitado por otros medios.

La legisladora también argumenta que «la protección de la salud forma parte intrínseca del derecho de la vida». Agrega que esa protección ha sido reconocida por la Sala Constitucional. Esa afirmación está incompleta.

La Sala Constitucional sí ha reconocido que el derecho a la salud se deriva del derecho a la vida. Sin embargo, la legisladora omite que el tribunal también considera la salud como un derecho autónomo y con su propio contenido esencial.

Además, el derecho a la salud en Costa Rica es un concepto plenamente definido. Así se desprende tanto de votos vinculantes de la Sala como del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, al que Costa Rica está suscrito.

En resumen: La diputada independiente del bloque Nueva República, Ivonne Acuña, propone eliminar la posibilidad del aborto en casos de riesgo para la salud de la madre, pues alega que la salud es un «concepto jurídico indeterminado». Eso es falso.

Acuña impulsa un proyecto de ley para que la interrupción del embarazo se permita únicamente para evitar un peligro a la vida de la madre. El Código Penal permite actualmente el aborto cuando peligren tanto la vida como la salud de la mujer y cuando ese método no hubiera podido ser evitado por otros medios.

La legisladora también argumenta que «la protección de la salud forma parte intrínseca del derecho de la vida». Agrega que esa protección ha sido reconocida por la Sala Constitucional. Esa afirmación está incompleta.

La Sala Constitucional sí ha reconocido que el derecho a la salud se ha derivado del derecho a la vida. Sin embargo, la legisladora omite que el tribunal también considera la salud como un derecho autónomo y con su propio contenido esencial.

Además, el derecho a la salud en Costa Rica es un concepto plenamente definido. Así se desprende tanto de votos vinculantes de la Sala como del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, al que Costa Rica está suscrito y que la Sala emplea como base para su jurisprudencia.

¿Cuándo se permite el aborto en la ley?

En Costa Rica, el Código Penal de 1970 estableció la figura del aborto impune en su artículo 121:

 

«No es punible el aborto practicado con consentimiento de la mujer por un médico o por una obstétrica autorizada, cuando no hubiere sido posible la intervención del primero, si se ha hecho con el fin de evitar un peligro para la vida o la salud de la madre y éste no ha podido ser evitado por otros medios».

Lo que dice Ivonne Acuña y su proyecto de ley

El pasado 21 de octubre, la diputada independiente Ivonne Acuña presentó, junto a otros legisladores, el proyecto de ley N.º 21.661 para eliminar de la excepción de impunidad del aborto el peligro para la salud de la mujer.

Según la propuesta, el artículo se limitaría así: «No es punible el aborto practicado por un médico con el consentimiento de la mujer, si se ha hecho con el fin de evitar un peligro grave e inminente para la vida de la madre y este peligro no ha podido ser evitado por otros medios.»

La legisladora afirmó en su perfil de Facebook que «el proyecto tiene la intención de suprimir los conceptos jurídicos indeterminados, por ejemplo de la definición del concepto de la salud». El texto de la iniciativa señala que «el legislador tiene ante la ciudadanía el deber de suprimir los conceptos jurídicos imprecisos».

En un artículo de Noticias Monumental, Acuña justificó que «sacamos el término ‘salud’ bajo el entendido de que la Sala Constitucional ha sido reiterada en decir que la protección de la salud forma parte intrínseca del derecho de la vida. Es decir, al decir que cuando la vida de la mujer peligre, se entiende que es su salud».

De manera similar, el texto del proyecto de ley indica que «nuestra jurisprudencia constitucional ha reconocido la relevancia del derecho a la salud, como parte esencial del derecho a la vida».

Argumento falso e incompleto

Es cierto que la Sala Constitucional ha reconocido que el derecho a la salud se origina del derecho a la vida. Sin embargo, la diputada Acuña omite que ese tribunal advierte que la salud es un derecho autónomo y esencial en sí mismo. Acuña también omite que la Sala Constitucional ha definido el derecho a la salud en su jurisprudencia con base en tratados internacionales suscritos por Costa Rica.

Una de las referencias más recientes es la resolución Nº 05560 – 2019, de marzo pasado, donde se ordenó a la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS) la creación de un sistema de gestión integrado para solventar problemas en las listas de espera.

En los argumentos de esa resolución, el tribunal subraya que «esta Sala Constitucional en múltiples sentencias ha desarrollado el derecho a la salud», y da referencia a distintas sentencias del año 2011 al 2019. La resolución cita textualmente la definición que ha desarrollado en esa jurisprudencia:

«Si bien es cierto que el derecho a la salud ha sido derivado del derecho a la vida y a un ambiente saludable y ecológicamente equilibrado por su interrelación con esos derechos, no podemos dejar de lado que este derecho fundamental es un derecho autónomo y con su propio contenido esencial«, reiteró la Sala en marzo pasado.

El tribunal constitucional basa principalmente su definición sobre el derecho a la salud en el artículo 12 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, firmado en la Asamblea General de la Organización de Naciones Unidas (ONU) en 1976, y donde Costa Rica es firmante.

«En efecto, en dicho instrumento internacional de derechos humanos se establece claramente el derecho de toda persona al disfrutar del más alto nivel posible de salud física y mental, por lo que el Estado y sus instituciones tienen el deber de asegurar la plena efectividad de ese derecho a través de una serie de acciones positivas y del ejercicio de las potestades de regulación, fiscalización y de policía sanitaria», afirma la resolución de la Sala.

De esa manera, la Sala Constitucional advierte que dicho deber significa «la  prevención y el tratamiento efectivo de enfermedades, así como la creación de condiciones que aseguren a todos la asistencia médica y servicios médicos de calidad en caso de enfermedad». Dicho tribunal añade que el derecho a la salud comprende «la disponibilidad de servicios y programas de salud en cantidad suficiente para los usuarios de estos servicios y destinatarios de estos programas».

La Sala Constitucional también recalca que la garantía de accesibilidad a los servicios y programas de salud es parte de ese derecho. Según ese tribunal, la accesibilidad tiene cuatro dimensiones: la no discriminación en el acceso a los servicios de salud, la accesibilidad física, la accesibilidad económica y la accesibilidad a la información.

Como parte del concepto del derecho a la salud, la Sala reconoce que los servicios de salud pública deben ser «respetuosos con la ética médica, culturalmente apropiados, dirigidos a la mejora de la salud de los pacientes, confidenciales» y la calidad de la base científica y médica de los servicios.

La coordinadora de la Maestría de Ciencias Penales de la Universidad de Costa Rica (UCR), Rosaura Chinchilla, aclaró a Doble Check que «en términos generales, si existe una normativa en un tratado, [la salud] deja de ser un concepto jurídico indeterminado porque el contenido lo llena el tratado». Además, Chinchilla recalcó que una definición dada por la Sala Constitucional en su jurisprudencia es vinculante, según el artículo 13 de la Ley de Jurisdicción Constitucional.

Este viernes, Doble Check informó de estos hallazgos a la diputada Ivonne Acuña y solicitó su reacción. Sin embargo, no se obtuvo respuesta oportunamente.

 

 

 

 

 

Justicia corrige datos enviados a ONU y Doble Check sobre hacinamiento en cárceles

En resumen:

El hacinamiento carcelario sí fue de poco más de 31% en julio del 2018, como lo afirmó el gobierno en el Examen Periódico Universal en mayo pasado. Sin embargo, el gobierno confundió el año cuando dijo que la sobrepoblación en mayo del 2016 era del 48,1%. En realidad el dato corresponde al mayo del 2017.

Los datos provienen del Ministerio de Justicia y Paz. Esta cartera corrigió la información que había suministrado a la Organización de Naciones Unidas (ONU). También corrigió datos actualizados que había dado a Doble Check, los cuales nos indujeron a error en una publicación de junio pasado.

En mayo, el gobierno de Costa Rica afirmó ante la ONU que “la sobrepoblación en mayo del 2016 era del 48.1%, situándose en julio del 2018 en 31.1%” en total.

La vocería del Ministerio de Justicia y Paz —administrador de las cárceles del país— admitió a Doble Check en aquel momento que «no tenía certeza» de la fuente de ese resultado. «Ningún dato calza con los reportes que tenemos a mano», afirmó la representación del ministerio.

Los datos oficiales dispuestos por Justicia en mayo mostraban un panorama de sobrepoblación carcelario superior al que presentó el gobierno ante la ONU. Así se consignó en una verificación publicada por Doble Check y que hemos retirado a la luz de los datos actualizados.

Después de esa publicación, Casa Presidencial y dicha cartera comunicaron que los registros facilitados a Doble Check eran erróneos y que los resultados presentados a la ONU son verdaderos.

Lo cierto es que el Ministerio de Justicia y Paz cometió errores al facilitar sus datos de sobrepoblación en cárceles, tanto a la ONU y a Doble Check.

En primer lugar, el gobierno de Costa Rica confundió la sobrepoblación de mayo del 2016 con el porcentaje de mayo del 2017 en su informe a la ONU por “un error involuntario”. Así, el resultado del gobierno debió medirse entre mayo del 2017 y julio del 2018.

Por otro lado, el Ministerio de Justicia brindó a Doble Check cifras desactualizadas sobre la capacidad de los centros penitenciarios del país durante el 2018. Estos datos provocaron que nuestro chequeo mostrara una tasa de hacinamiento más elevado para ese periodo.

De ese modo, es cierto que la sobrepoblación en centros de adultos estuvo cerca de 30% en julio del 2018 tal como el gobierno anunció en la ONU, según registros actualizados del Ministerio de Justicia.

Aún así, el gobierno costarricense presentó a la ONU el mes con la tasa más elevada de hacinamiento del 2017 y la comparó con el porcentaje mensual más bajo del 2018. Una comparación interanual entre los mismos meses de cada periodo hubiera arrojado un cambio menos favorecedor al publicitado.

En resumen: El hacinamiento carcelario sí fue de poco más de 31% en julio del 2018, como lo afirmó el gobierno en el Examen Periódico Universal en mayo pasado. Sin embargo, el gobierno confundió el año cuando dijo que la sobrepoblación en mayo del 2016 era del 48,1%. En realidad el dato corresponde a mayo del 2017.

Los datos provienen del Ministerio de Justicia y Paz. Esta cartera corrigió la información que había suministrado a la Organización de Naciones Unidas (ONU). También corrigió datos desactualizados que había dado a Doble Check, los cuales nos indujeron a error en una publicación de junio pasado.

En mayo, el gobierno de Costa Rica afirmó ante la ONU que “la sobrepoblación en mayo del 2016 era del 48.1%, situándose en julio del 2018 en 31.1%” en total.

La vocería del Ministerio de Justicia y Paz —administrador de las cárceles del país— admitió a Doble Check en aquel momento que «no tenía certeza» de la fuente de ese resultado. «Ningún dato calza con los reportes que tenemos a mano», afirmó la representación del ministerio.

Los datos oficiales dispuestos por Justicia en mayo mostraban un panorama de sobrepoblación carcelario superior al que presentó el gobierno ante la ONU. Así se consignó en una verificación publicada por Doble Check y que hemos retirado a la luz de los datos actualizados.

Después de esa publicación, Casa Presidencial y dicha cartera comunicaron que los registros facilitados a Doble Check eran erróneos y que los resultados presentados a la ONU son verdaderos.

Lo cierto es que el Poder Ejecutivo cometió errores al facilitar sus datos de sobrepoblación en cárceles, tanto a la ONU y a Doble Check.

En primer lugar, el gobierno de Costa Rica confundió la sobrepoblación de mayo del 2016 con el porcentaje de mayo del 2017 en su informe a la ONU por “un error involuntario”. Así, el resultado del gobierno debió medirse entre mayo del 2017 y julio del 2018.

Por otro lado, el Ministerio de Justicia brindó a Doble Check cifras desactualizadas sobre la capacidad de los centros penitenciarios del país durante el 2018. Estos datos provocaron que nuestro chequeo mostrara una tasa de hacinamiento más elevada para ese periodo.

De ese modo, es cierto que la sobrepoblación en centros de adultos estuvo cerca de 30% en julio del 2018 tal como el gobierno anunció en la ONU, según registros actualizados del Ministerio de Justicia.

Aún así, el gobierno costarricense presentó a la ONU el mes con la tasa más elevada de hacinamiento del 2017 y la comparó con el porcentaje mensual más bajo del 2018. Una comparación interanual entre los mismos meses de cada periodo hubiera arrojado un cambio menos favorecedor al publicitado.

Primera respuesta de Justicia: “Ningún dato calza”

A mediados de mayo, Costa Rica presentó su Examen Periódico Universal (EPU) frente al Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas en Ginebra, Suiza.

Esa rendición de cuentas estuvo a cargo de la Ministra de Comunicación, Nancy Marín. También contó con la presencia del diputado del Partido Acción Ciudadana (PAC), Enrique Sánchez.

Uno de los resultados que el gobierno de Costa Rica reportó ante la ONU fue una disminución de la sobrepoblación carcelaria entre el 2016 y el 2018:

La sobrepoblación en mayo del 2016 era del 48.1%, situándose en julio del 2018 en 31.1%. La sobrepoblación absoluta en junio del 2016 fue de 3.866 personas, para situarse en julio 2018 en 3.411 personas”.

Ante varias consultas de Doble Check, el Ministerio de Justicia y Paz afirmó en ese momento que «no tiene certeza» de la fuente que empleó el gobierno para su informe ante la ONU. «Ningún dato calza con los reportes que tenemos a mano», dijo a Doble Check la jefa de Prensa de esa institución.

En aquel entonces, Justicia facilitó a Doble Check datos de distintos meses entre el 2016 y el 2019, los cuales mostraban que las tasas de sobrepoblación carcelaria parecían mayores a las que el gobierno comunicó en Suiza. Doble Check publicó una verificación con base en esas cifras el 29 de mayo pasado.

En junio, Casa Presidencial envió una respuesta a Doble Check, donde reafirmaba la veracidad de los datos presentados a la ONU. Este medio solicitó aclaraciones adicionales a Justicia y Paz para revisar la información que había sido solicitada.

Así, fue posible constatar que el área de Comunicación de esa cartera brindó a Doble Check datos desactualizados sobre la capacidad de alojamiento del sistema penitenciario, lo que ocasionó imprecisiones en los resultados que se publicaron.

Hubo “error involuntario” en informe a la ONU

En su respuesta de junio, Casa Presidencial reconoció que “el área técnica que suministró las cifras” cometió un “error involuntario” al decir que la tasa de sobrepoblación fue de 48% en mayo del 2016. En realidad, ese porcentaje era de mayo del 2017, y así consta en los anuarios estadísticos de Justicia y Paz.

Así, el resultado que dio el gobierno a la ONU debe medirse entre mayo del 2017 y julio del 2018.

Justicia dio cifras desactualizadas a Doble Check

El hacinamiento carcelario es un porcentaje basado en la capacidad de alojamiento que tienen las cárceles frente a la población que alberga. Hasta marzo de este año, esa tasa se calculaba únicamente en centros para adultos.

Doble Check solicitó datos al Ministerio de Justicia y Paz sobre capacidad de los centros penales en distintas ocasiones durante el mes de mayo. Esa cartera brindó los cortes de diciembre del 2016 y del 2017; de mayo del 2018; y de enero y mayo del 2019, justificando que eran los registros disponibles.

En ese momento, el área de Prensa de esa institución comunicó que la capacidad del sistema penitenciario en todo el 2018 se mantuvo en el corte del 31 de mayo de ese año: 10.332 espacios. Así, la sobrepoblación carcelaria de adultos se situaba por encima de la tasa de 31% que el gobierno anunció para julio de ese año: los cálculos mostraban que la tasa era de 39% en mayo del 2018 y 49% para diciembre.

Sin embargo, después de la publicación del chequeo, Justicia y Paz señaló que las cifras de capacidad de los centros penales en el 2018 que fueron brindadas a Doble Check estaban desactualizadas.

Esa institución justificó que, en julio del 2018, la capacidad del sistema penitenciario aumentó para albergar 11.387 personas. Ese incremento se debió a la apertura de la Unidad de Atención Integral 20 de Diciembre (640 espacios), el Centro de Atención Integral de Heredia (40 espacios), “más otras mejoras en centros institucionales”, según el ministerio.

La subdirectora de Adaptación Social, Daysi Matamoros, facilitó a Doble Check las cifras de capacidad y población penitenciaria de todos los meses del 2018, que pueden revisarse en este enlace.

Esos registros muestran que, tal como afirmó el gobierno ante la ONU, la tasa de sobrepoblación del sistema carcelario del país estuvo cerca de 30% en julio del 2018, y que aumentó al cierre de ese año hasta llegar a 39% en diciembre.

Desde marzo pasado, el Ministerio de Justicia y Paz modificó el método para calcular la sobrepoblación. Entonces empezó a incluir centros penales juveniles en la estimación del promedio nacional, confirmó la vocería de esa entidad. Dicha inclusión disminuyó automáticamente la sobrepoblación total del país a 29% en mayo del 2019. El motivo de la reducción es que estos son centros con poca población y con excedentes de espacio.

De tal modo, al estimar la sobrepoblación al 1.° de mayo solo con cárceles de adultos, el promedio nacional es de casi 36%.

Por esas razones, la sobrepoblación carcelaria era mayor en el mes en que el gobierno presentó su informe en Suiza.

Meses elegidos dan resultado más favorecedor

Los gráficos muestran que el gobierno costarricense presentó a la ONU una comparación entre el mes con la tasa más elevada de hacinamiento del 2017 y el porcentaje mensual más bajo del 2018, lo cual arroja una disminución de unos 18 puntos porcentuales para ese periodo.

Sin embargo, una comparación interanual entre los mismos meses de cada año hubiera arrojado un cambio menos favorecedor que el publicitado.

Por ejemplo, al tomar la cifra de mayo del 2017 (48%)  frente a la tasa de mayo del 2018 (39%), la disminución hubiera sido de 9 puntos porcentuales.

Del mismo modo, en una comparación entre el mes de cierre de cada año, en diciembre, la diferencia interanual hubiera sido de apenas 5 puntos porcentuales.

¿Por qué se brindaron datos desactualizados?

En una entrevista que concedió el Ministerio de Justicia y Paz a mediados de junio pasado, su encargada de Prensa, Emilia Segura, justificó que esa institución había facilitado a la Cancillería los datos actualizados del 2018 sobre el sistema carcelario, como parte de una rendición de cuentas ante el Subcomité contra la Tortura de la ONU.

Sin embargo, la encargada de Prensa admitió que su departamento “no teníamos conocimiento de que esto [el registro actualizado] se entregó a Cancillería”.

No teníamos conocimiento de que en septiembre del año pasado se había presentado esa documentación a la Cancillería. Nos dimos cuenta cuando estaba publicado [la verificación de Doble Check]”, añadió Segura.

La subdirectora de Adaptación Social, Daysi Matamoros, agregó que esa información no fue brindada a Doble Check “porque no entendimos qué era lo que nos estaba pidiendo”. Las solicitudes de información se hicieron sobre cortes mensuales de capacidad y población del sistema carcelario, pero reafirmó que esos son datos que la institución siempre ha remitido.

Matamoros explicó que, actualmente, Justicia y Paz está revisando la precisión de las metodologías para el conteo de la población penitenciaria y la capacidad real de cada centro.

[Publicación retirada] Gobierno presentó a la ONU datos falsos de hacinamiento carcelario

Nota del editor: Esta nota fue actualizada con nueva información provista por el Ministerio de Justicia. Las correcciones a esta publicación fueron consignadas extensamente en una nota del 24 de agosto del 2019. La conclusión es que el gobierno sí presentó un dato erróneo a la ONU, pues confundió el hacinamiento de mayo del 2016 con el de mayo del 2017. Por otra parte, la sobrepoblación en julio del 2018 sí fue de 31,1%, como afirmó el gobierno en el Examen Periódico Universal. Doble Check había corregido este dato con base en información desactualizada provista por el mismo Ministerio de Justicia al momento de hacer la investigación. Fuimos inducidos a error y lamentamos el resultado. Retiramos esta nota de nuestro sitio pero la dejaremos como referencia a la corrección.

Nota del editor: Esta nota fue actualizada con nueva información provista por el Ministerio de Justicia. Las correcciones a esta publicación fueron consignadas extensamente en una nota del 24 de agosto del 2019. La conclusión es que el gobierno sí presentó un dato erróneo a la ONU, pues confundió el hacinamiento de mayo del 2016 con el de mayo del 2017. Por otra parte, la sobrepoblación en julio del 2018 sí fue de 31,1%, como afirmó el gobierno en el Examen Periódico Universal. Doble Check había corregido este dato con base en información desactualizada provista por el mismo Ministerio de Justicia al momento de hacer la investigación. Fuimos inducidos a error y lamentamos el resultado. Retiramos esta nota de nuestro sitio pero la dejaremos como referencia a la corrección.

En resumen: El gobierno de Costa Rica dio a la Organización de Naciones Unidas (ONU) una imagen falsa de la sobrepoblación en los centros penitenciarios del país.

El pasado 13 de mayo, el gobierno costarricense presentó su Examen Periódico Universal (EPU)  ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU. En ese informe, los representantes de Costa Rica dijeron que la sobrepoblación en mayo del 2016 era del 48,1% y que en julio del 2018 disminuyó a 31,1%”.

La vocería del Ministerio de Justicia y Paz —administrador de las cárceles del país— admitió a Doble Check que «no tiene certeza» de la fuente de ese resultado que el Poder Ejecutivo presentó a la ONU. «Ningún dato calza con los reportes que tenemos a mano», afirmó.

Los datos oficiales dispuestos por esa cartera muestran un panorama distinto al que dibujó el gobierno. En mayo del 2016, la  sobrepoblación carcelaria en el país era de 41%, no de 48%. Dos años después, en mayo del 2018, el porcentaje bajó a 39%. Sin embargo, ese mismo año terminó con una sobrepoblación de 49% en los centros penitenciarios de adultos. No pudimos encontrar ninguna base para el 31% que la delegación oficial reportó en Ginebra como dato para julio de ese año.

Hoy, el dato más reciente nos indica que el hacinamiento es del 36% en cárceles para personas adultas. Esto representa una reducción de cinco puntos porcentuales a los números del 2016. Eso sí, ese nivel todavía se clasifica como «hacinamiento crítico».

¿Qúe dijo el gobierno?

A mediados de este mes, Costa Rica presentó su Examen Periódico Universal (EPU) frente al Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas en Ginebra, Suiza.

Esa rendición de cuentas estuvo a cargo de la Ministra de Comunicación, Nancy Marín. También contó con la presencia del diputado del Partido Acción Ciudadana (PAC), Enrique Sánchez.

Uno de los resultados que el gobierno de Costa Rica reportó ante la ONU fue una disminución de la sobrepoblación carcelaria entre el 2016 y el 2018:

La sobrepoblación en mayo del 2016 era del 48.1%, situándose en julio del 2018 en 31.1%. La sobrepoblación absoluta en junio del 2016 fue de 3.866 personas, para situarse en julio 2018 en 3.411 personas”.

El hacinamiento carcelario es un porcentaje basado en la capacidad de alojamiento que tienen las cárceles frente a la población que alberga. En Doble Check intentamos verificar esa afirmación el 17 de mayo pasado. Los datos facilitados por el Ministerio de Justicia y Paz inicialmente parecían confirmar el resultado que presentó el gobierno en Suiza. No obstante, una revisión detallada de esos registros nos llevó a cuestionar la precisión de los datos y nuestra propia interpretación, por lo que retiramos el chequeo de nuestro sitio en Internet.

Luego de varias solicitudes de datos y aclaraciones,  el Ministerio de Justicia y Paz admitió que  «no tiene certeza» de la fuente que empleó el gobierno para su informe ante la ONU. «Ningún dato calza con los reportes que tenemos a mano», dijo a Doble Check la jefa de Prensa de esa institución.

Los datos del Ministerio de Justicia y Paz permiten calcular que la sobrepoblación en centros penales para adultos era de poco más de 41% en mayo del 2016. Sin embargo, el informe del gobierno ante la ONU consignó erróneamente que ese porcentaje era de 48% en ese mes.

El porcentaje de sobrepoblación más alto del 2016 se registró en febrero según el anuario estadístico de ese periodo: 45,4%, aún alejado del dato mostrado por el gobierno.

El gobierno reportó ante la ONU como un logro que la sobrepoblación disminuyó hasta 31% en junio del 2018. Ese dato tampoco coincide con los registros del sistema penitenciario.

El informe justifica esa disminución debido a que el Ministerio de Justicia y Paz «ha impulsado la creación y operatividad de medidas alternativas a la prisión, entre las que destacan promover la ubicación de población privada de libertad al Nivel Semi Institucional, la Unidad de Monitoreo Electrónico, la Valoración Preliminar, la modificación al artículo 77 de la Ley 82014 (77 bis), y los servicios de utilidad pública mediante la reforma al artículo 56 bis del Código Penal».

Sobrepoblación es mayor que la reportada

Los registros del Ministerio de Justicia al 31 de mayo del 2018 —fecha disponible que se acerca más a la indicada por el gobierno— muestran que la sobrepoblación carcelaria de adultos era de más de 39% y aumentó hasta cerrar ese año con 49%.

Es decir, el gobierno reportó a la ONU que la sobrepoblación bajó 17 puntos porcentuales entre mayo del 2016 y julio del 2018, pero los datos de Justicia y Paz muestran que la disminución entre esas fechas fue apenas de 2 puntos porcentuales: de 41% a 39%.

Además, el 2018 cerró con una tasa de sobrepoblación 18 puntos porcentuales más alta que la reportada ante la ONU, incluso mayor a la registrada en el 2016.

Así lo muestra un cálculo propio de Doble Check con los datos facilitados por Justicia y Paz. La estimación siguió los parámetros indicados por esa institución: 1) limitar el cálculo de sobrepoblación a centros penales para adultos del 2016 al 2018 e 2) incluir en la población total a las personas retenidas por incumplimiento de pensión alimentaria.

Desde marzo pasado, el Ministerio de Justicia y Paz modificó el método para calcular la sobrepoblación. Entonces empezó a incluir centros penales juveniles en la estimación del promedio nacional, confirmó la vocería de esa entidad. Dicha inclusión disminuyó automáticamente la sobrepoblación total del país a 29% en mayo del 2019. El motivo de la reducción es que estos son centros con poca población y con excedentes de espacio.

Al estimar la sobrepoblación al 1.° de mayo solo con cárceles de adultos, el promedio nacional es de casi 36%. Entonces, sí hay una disminución del hacinamiento en los centros penales del país en lo que va del presente año. Eso sí, la situación es más grave de lo que relató el gobierno en Ginebra.

Doble Check también hizo una prueba al calcular las tasas de sobrepoblación del 2016 al 2018 con los centros penales para menores de edad incluidos. Los datos estimados de esa manera tampoco calzan con la afirmación hecha por el gobierno.

Este medio de comunicación solicitó una reacción de Casa Presidencial ante la advertencia de Justicia y Paz de que los datos del Examen Periódico Universal son distintos a los registros oficiales. No se obtuvo una respuesta hasta después de haberse publicado esta información. El gobierno refuta el análisis de Doble Check y aporta nuevos números.

Doble Check no ha podido verificar la veracidad de estos datos. Se publicará una actualización de esta nota tras el análisis.

Centros repletos

Actualmente, 10 centros penitenciarios en Costa Rica padecen sobrepoblación hasta tres veces más alta que el promedio nacional (con la metodología nueva). Los indicadores oscilan entre 32% y 94%.

En su jurisprudencia, la Sala Constitucional ha determinado que un centro penal padece “hacinamiento crítico” cuando hay una sobrepoblación superior a 20%. El parámetro en se basa en las Reglas Mínimas de las Naciones Unidas para el Tratamiento de los Reclusos y a las recomendaciones del Comité Europeo para los Problemas Criminales.

Sobrepoblación individual de cada centro penitenciario al 1 de mayo del 2019, incluidos los centros para población juvenil. Fuente: Ministerio de Justicia y Paz

Por ejemplo, el centro penal Carlos Luis Fallas, de Pococí (Limón), tiene la mayor sobrepoblación del país. Las instalaciones pueden albergar a 762 personas pero están ocupadas por 1.478 privados de libertad. Es decir: por cada espacio donde deberían haber 100 reclusos alojados se han hacinado 194.

El centro Jorge Arturo Montero (La Reforma), que alberga la mayor población penal del país, registra una sobrepoblación de 59,7%. La cárcel alberga actualmente a 3.189 personas, cuando su capacidad oficial es de 1.996 individuos.

 

Nota del editor: Casa Presidencial no respondió oportunamente a una solicitud de información para esta nota. Después de su publicación, Presidencia aportó datos distintos para apoyar la afirmación expuesta inicialmente ante la ONU. El equipo de Doble Check tiene dudas sobre esta nueva información. Se actualizará esta nota en cuanto logremos determinar la confiabilidad de los nuevos datos.

Cierto: Costa Rica logró bajar cantidad de menores que trabajan en casi un tercio desde 2006

En resumen: Es cierto lo indicado por Costa Rica ante el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas en su Examen Periódico Universal (EPU) con respecto al trabajo infantil. Entre el 2011 y el 2016 (los datos más recientes disponibles) Costa Rica logró disminuir la cantidad de menores que trabaja en casi 6.000 niños y […]

En resumen: Es cierto lo indicado por Costa Rica ante el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas en su Examen Periódico Universal (EPU) con respecto al trabajo infantil. Entre el 2011 y el 2016 (los datos más recientes disponibles) Costa Rica logró disminuir la cantidad de menores que trabaja en casi 6.000 niños y adolescentes.

A pesar de ello, aún tenemos casi 30.000 menores de edad que trabajan: casi 8.000 de ellos tienen menos de 15 años.

País bajó cantidad de niños y adolescentes que trabajan

Este lunes, Costa Rica presentó su Examen Periódico Universal frente al Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas. Doble Check está chequeando las principales frases compartidas en el discurso de los representantes del país, y algunas de las que nuestros lectores nos han sugerido a través de redes sociales.

Al respecto, el viceministro de Gobernación y Policía Víctor Barrantes afirmó:

«En el país, hay alrededor de 30.000 personas menores de edad trabajadores, 12.000 menos que en la medición del 2011. La tasa de de ocupación de personas menores de edad entre 5 y 17 años pasó de un 4,3% en el 2011 a un 3,1% en el 2016. De esos datos cabe destacar que en el caso de las personas entre 5 y 14 años la tasa de ocupación se establece en un 1,1%, mostrando una disminución de más de 6.000 menores de edad en puestos de trabajo». 

Los datos son correctos. Según la última medición del INEC, para el 2016 había 30.369 niños trabajadores menores de 17 años. Esa cifra es casi un 30% inferior a la de 42.571 niños que trabajaban en el 2011.

Los datos del INEC, de hecho, muestran una reducción en la cantidad de menores que trabajan en todos los grupos etáreos. Entre el 2011 y el 2016 la cantidad de niños de 5 a 11 años que trabajan pasó de 7.883 a 3.181 (se redujo en casi un 60%).  Otra reducción se observó entre los menores de 12 a 14 años que trabajan. La cifra pasó de 6.313 a 4.890 entre el 2011 y el 2016 (una caída de un 22%).

Es decir, es correcto señalar que actualmente hay una caída de casi 6.000 menores de 14 años que trabajan. Esa caída se vio especialmente entre los niños menores de 11 años: la población más vulnerable de todas, entre un grupo que ya es vulnerable.

Datos anuales para menores entre 12 y 17 años

Lamentablemente, los datos del INEC no permiten ver la información de forma anual para los grupos menores de 12 años, de modo que los únicos datos disponibles son del 2011 y 2016.  Eso sí, la metodología del INEC nos permite analizar anualmente la cantidad de menores trabajadores de 12 a 17 años.

Al respecto,  en el 2015 y en el 2016 se reportaron aumentos en el número de menores de 12 a 17 trabajadores, pero durante el 2017 y el 2018 esas cifras cayeron. De hecho, la medición de menores trabajadores de 12 a 17 años en el 2018 es la más baja que observamos en los datos del INEC.