Diputada propone limitar aborto impune con argumento falso e incompleto

En resumen: La diputada independiente del bloque Nueva República, Ivonne Acuña, propone eliminar la posibilidad del aborto en casos de riesgo para la salud de la madre, pues alega que la salud es un «concepto jurídico indeterminado». Eso es falso.

Acuña impulsa un proyecto de ley para que la interrupción del embarazo se permita únicamente para evitar un peligro a la vida de la madre. El Código Penal permite actualmente el aborto cuando peligren tanto la vida como la salud de la mujer y cuando ese método no hubiera podido ser evitado por otros medios.

La legisladora también argumenta que «la protección de la salud forma parte intrínseca del derecho de la vida». Agrega que esa protección ha sido reconocida por la Sala Constitucional. Esa afirmación está incompleta.

La Sala Constitucional sí ha reconocido que el derecho a la salud se deriva del derecho a la vida. Sin embargo, la legisladora omite que el tribunal también considera la salud como un derecho autónomo y con su propio contenido esencial.

Además, el derecho a la salud en Costa Rica es un concepto plenamente definido. Así se desprende tanto de votos vinculantes de la Sala como del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, al que Costa Rica está suscrito.

En resumen: La diputada independiente del bloque Nueva República, Ivonne Acuña, propone eliminar la posibilidad del aborto en casos de riesgo para la salud de la madre, pues alega que la salud es un «concepto jurídico indeterminado». Eso es falso.

Acuña impulsa un proyecto de ley para que la interrupción del embarazo se permita únicamente para evitar un peligro a la vida de la madre. El Código Penal permite actualmente el aborto cuando peligren tanto la vida como la salud de la mujer y cuando ese método no hubiera podido ser evitado por otros medios.

La legisladora también argumenta que «la protección de la salud forma parte intrínseca del derecho de la vida». Agrega que esa protección ha sido reconocida por la Sala Constitucional. Esa afirmación está incompleta.

La Sala Constitucional sí ha reconocido que el derecho a la salud se ha derivado del derecho a la vida. Sin embargo, la legisladora omite que el tribunal también considera la salud como un derecho autónomo y con su propio contenido esencial.

Además, el derecho a la salud en Costa Rica es un concepto plenamente definido. Así se desprende tanto de votos vinculantes de la Sala como del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, al que Costa Rica está suscrito y que la Sala emplea como base para su jurisprudencia.

¿Cuándo se permite el aborto en la ley?

En Costa Rica, el Código Penal de 1970 estableció la figura del aborto impune en su artículo 121:

 

«No es punible el aborto practicado con consentimiento de la mujer por un médico o por una obstétrica autorizada, cuando no hubiere sido posible la intervención del primero, si se ha hecho con el fin de evitar un peligro para la vida o la salud de la madre y éste no ha podido ser evitado por otros medios».

Lo que dice Ivonne Acuña y su proyecto de ley

El pasado 21 de octubre, la diputada independiente Ivonne Acuña presentó, junto a otros legisladores, el proyecto de ley N.º 21.661 para eliminar de la excepción de impunidad del aborto el peligro para la salud de la mujer.

Según la propuesta, el artículo se limitaría así: «No es punible el aborto practicado por un médico con el consentimiento de la mujer, si se ha hecho con el fin de evitar un peligro grave e inminente para la vida de la madre y este peligro no ha podido ser evitado por otros medios.»

La legisladora afirmó en su perfil de Facebook que «el proyecto tiene la intención de suprimir los conceptos jurídicos indeterminados, por ejemplo de la definición del concepto de la salud». El texto de la iniciativa señala que «el legislador tiene ante la ciudadanía el deber de suprimir los conceptos jurídicos imprecisos».

En un artículo de Noticias Monumental, Acuña justificó que «sacamos el término ‘salud’ bajo el entendido de que la Sala Constitucional ha sido reiterada en decir que la protección de la salud forma parte intrínseca del derecho de la vida. Es decir, al decir que cuando la vida de la mujer peligre, se entiende que es su salud».

De manera similar, el texto del proyecto de ley indica que «nuestra jurisprudencia constitucional ha reconocido la relevancia del derecho a la salud, como parte esencial del derecho a la vida».

Argumento falso e incompleto

Es cierto que la Sala Constitucional ha reconocido que el derecho a la salud se origina del derecho a la vida. Sin embargo, la diputada Acuña omite que ese tribunal advierte que la salud es un derecho autónomo y esencial en sí mismo. Acuña también omite que la Sala Constitucional ha definido el derecho a la salud en su jurisprudencia con base en tratados internacionales suscritos por Costa Rica.

Una de las referencias más recientes es la resolución Nº 05560 – 2019, de marzo pasado, donde se ordenó a la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS) la creación de un sistema de gestión integrado para solventar problemas en las listas de espera.

En los argumentos de esa resolución, el tribunal subraya que «esta Sala Constitucional en múltiples sentencias ha desarrollado el derecho a la salud», y da referencia a distintas sentencias del año 2011 al 2019. La resolución cita textualmente la definición que ha desarrollado en esa jurisprudencia:

«Si bien es cierto que el derecho a la salud ha sido derivado del derecho a la vida y a un ambiente saludable y ecológicamente equilibrado por su interrelación con esos derechos, no podemos dejar de lado que este derecho fundamental es un derecho autónomo y con su propio contenido esencial«, reiteró la Sala en marzo pasado.

El tribunal constitucional basa principalmente su definición sobre el derecho a la salud en el artículo 12 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, firmado en la Asamblea General de la Organización de Naciones Unidas (ONU) en 1976, y donde Costa Rica es firmante.

«En efecto, en dicho instrumento internacional de derechos humanos se establece claramente el derecho de toda persona al disfrutar del más alto nivel posible de salud física y mental, por lo que el Estado y sus instituciones tienen el deber de asegurar la plena efectividad de ese derecho a través de una serie de acciones positivas y del ejercicio de las potestades de regulación, fiscalización y de policía sanitaria», afirma la resolución de la Sala.

De esa manera, la Sala Constitucional advierte que dicho deber significa «la  prevención y el tratamiento efectivo de enfermedades, así como la creación de condiciones que aseguren a todos la asistencia médica y servicios médicos de calidad en caso de enfermedad». Dicho tribunal añade que el derecho a la salud comprende «la disponibilidad de servicios y programas de salud en cantidad suficiente para los usuarios de estos servicios y destinatarios de estos programas».

La Sala Constitucional también recalca que la garantía de accesibilidad a los servicios y programas de salud es parte de ese derecho. Según ese tribunal, la accesibilidad tiene cuatro dimensiones: la no discriminación en el acceso a los servicios de salud, la accesibilidad física, la accesibilidad económica y la accesibilidad a la información.

Como parte del concepto del derecho a la salud, la Sala reconoce que los servicios de salud pública deben ser «respetuosos con la ética médica, culturalmente apropiados, dirigidos a la mejora de la salud de los pacientes, confidenciales» y la calidad de la base científica y médica de los servicios.

La coordinadora de la Maestría de Ciencias Penales de la Universidad de Costa Rica (UCR), Rosaura Chinchilla, aclaró a Doble Check que «en términos generales, si existe una normativa en un tratado, [la salud] deja de ser un concepto jurídico indeterminado porque el contenido lo llena el tratado». Además, Chinchilla recalcó que una definición dada por la Sala Constitucional en su jurisprudencia es vinculante, según el artículo 13 de la Ley de Jurisdicción Constitucional.

Este viernes, Doble Check informó de estos hallazgos a la diputada Ivonne Acuña y solicitó su reacción. Sin embargo, no se obtuvo respuesta oportunamente.

 

 

 

 

 

Medio del presidente de Nueva República había divulgado otros cuatro artículos falsos

En resumen: El sitio web, Diario La Carta, propiedad de Francisco Prendas, presidente del partido Nueva República, había divulgado varios artículos engañosos y falsos desde su lanzamiento, a finales de mayo de 2019.

Desde entonces, el medio destacó que el Gobierno crearía una agencia de empleo sin empleos (a pesar de que el plan de gobierno anunciaba la creación de 3.000 trabajos). Afirmó que la pastilla del día después es abortiva (información desmentida por la OMS y verificada previamente por Doble Check). Publicó que el gobierno estaba endeudando al país por $350 millones y $500 millones más (las operaciones no significaban endeudamiento adicional, sino un cambio en la fuente de financiamiento).

Esas informaciones falsas se suman al artículo ya desmentido por el periodista Cristian Cambronero, Delfino.cr, La Nación, Semanario Universidad, CRHoy, entre otros medios. El Ejecutivo ha rechazado desde este martes en la noche que hubiera tomado la decisión o tenga un plan de aumentar la tasa del impuesto sobre el Valor Agregado de un 13% a un 16%.

El medio no firma sus artículos, y suele replicar información divulgada previamente por otros medios de comunicación. En temas de conflicto, la página suele presentar una sola posición, sin dar balance informativo a sus publicaciones. Algunos pasajes de sus notas son de difícil comprensión, y la mayoría de fuentes políticas en sus artículos son actores del partido Nueva República.

Aunque el sitio no tiene una descripción de sus integrantes ni formas de contacto, su página de Facebook sí incluye un teléfono y un correo electrónico. En su descripción de Facebook se describen como un medio de información “asertiva y colmada de valores positivos.”

Doble Check trató de conversar telefónicamente, sin éxito, con Francisco Prendas la tarde del jueves y la mañana del viernes. También se le envió un mensaje por Whatsapp que quedó sin respuesta.

En resumen: El sitio web, Diario La Carta, propiedad de Francisco Prendas, presidente del partido Nueva República, había divulgado varios artículos engañosos y falsos desde su lanzamiento, a finales de mayo de 2019.

Desde entonces, el medio destacó que el Gobierno crearía una agencia de empleo sin empleos (a pesar de que el plan de gobierno anunciaba la creación de 3.000 trabajos). Afirmó que la pastilla del día después es abortiva (información desmentida por la OMS y verificada previamente por Doble Check). Publicó que el gobierno estaba endeudando al país por $350 millones y $500 millones más (las operaciones no significaban endeudamiento adicional, sino un cambio en la fuente de financiamiento).

Esas informaciones falsas se suman al artículo ya desmentido por el periodista Cristian Cambronero, Delfino.cr, La Nación, Semanario Universidad, CRHoy, entre otros medios. El Ejecutivo ha rechazado desde este martes en la noche que hubiera tomado la decisión o tenga un plan de aumentar la tasa del impuesto sobre el Valor Agregado de un 13% a un 16%.

El medio no firma sus artículos, y suele replicar información divulgada previamente por otros medios de comunicación. En temas de conflicto, la página suele presentar una sola posición, sin dar balance informativo a sus publicaciones. Algunos pasajes de sus notas son de difícil comprensión, y la mayoría de fuentes políticas en sus artículos son actores del partido Nueva República.

Aunque el sitio no tiene una descripción de sus integrantes ni formas de contacto, su página de Facebook sí incluye un teléfono y un correo electrónico. En su descripción de Facebook se describen como un medio de información “asertiva y colmada de valores positivos.”

Doble Check trató de conversar telefónicamente, sin éxito, con Francisco Prendas la tarde del jueves y la mañana del viernes. También se le envió un mensaje por Whatsapp que quedó sin respuesta.

1. Falso: «Gobierno PAC promete agencia de empleos sin empleos»

Un artículo publicado el 11 de junio asegura que el Gobierno promete una “agencia de empleos sin empleos”. El artículo hace referencia a la creación del Sistema Nacional de Empleo (SNE), que articula los servicios de empleo del Gobierno y que contempla la creación de una Agencia Nacional de Empleo, a cargo del Instituto Nacional de Aprendizaje. Según aseguró el presidente Carlos Alvarado, esa propuesta permitiría la creación de alrededor de 3000 empleos, a partir de junio.

¿La propuesta del gobierno funcionará? No lo sabemos, porque no podemos chequear el futuro. Resulta falso, sin embargo, asegurar que la propuesta del Ejecutivo para la Agencia de Empleos no contempla la creación de nuevos trabajos.

El artículo usa como única fuente declaraciones de la legisladora de Nueva República, Carmen Chan.

2. «Falso: Pastilla del día después es abortiva»

Este mito lo hemos desmentido en otras ocasiones. Existe un elevado consenso médico que descarta un efecto abortivo en la “píldora del día después”. Así lo ha ratificado la Organización Mundial de la Salud (OMS) desde hace más de una década.

El artículo de Diario La Carta, cita al médico cirujano Claudio Slon, en declaraciones al programa radial Vecinos, de Fabricio Alvarado, Francisco Prendas y Mónica Araya. El texto indica que “la pastilla interrumpe el proceso hormonal que desata el cuerpo una vez que el óvulo está fecundado y ese efecto en cadena desde la concepción se ve interrumpido cuando el endometrio, en lugar de ser el espacio predilecto para que crezca y se desarrolle el futuro bebé, más bien la pastilla provoca que sea un ambiente hostil y el cuerpo lo desecho”.

En realidad, las píldoras anticonceptivas de emergencia tienen un efecto que se limita al proceso de ovulación y no intervienen después de la fecundación o del embarazo. El consenso descarta el efecto antiimplantatorio. Es decir, no son abortivas. Puede leer más sobre el tema en los artículos:

3. Falso: «Costa Rica se endeuda por $350 millones más»

El artículo del 2 de julio hace referencia a un préstamo de $350 millones firmado entre el gobierno y el Banco Interamericano de Desarrollo.

Es falso indicar que el préstamo constituye un aumento de $350 millones en la deuda del país. En realidad, según indicó la jerarca de Hacienda, la gestión solo provoca un cambio en la fuente de financiamiento.

Según indicó Melvin Quirós, director de crédito público a Doble Check, «estas operaciones no representan un mayor endeudamiento al que ya se encuentra planificado en el Presupuesto Ordinario de la República 2019. Dada la naturaleza de estas operaciones, lo que se pretende es sustituir el financiamiento interno ya aprobado en el Presupuesto 2019 por el financiamiento de las operaciones externas con multilaterales».

4. Falso: «Gobierno logra más deuda para el país»

El artículo del 27 de mayo hace referencia a un crédito de $500 millones del Banco de Desarrollo de América Latina (CAF). Según Hacienda, estos fondos no pueden considerarse nueva deuda para el país, dado que ya se encontraban contemplados en el Presupuesto Nacional. Como se indicó en en el chequeo anterior, estos movimientos sí son operaciones nuevas de Hacienda pero no alteran los números. La deuda permanece tal y como se planificó.

Falso: eutanasia en Holanda no está limitada solo para sus ciudadanos

En resumen: es falso que la ley de los Países Bajos restringe la eutanasia solo para ciudadanos de ese país, tal como afirmó la diputada independiente del bloque “Nueva República”, Ivonne Acuña.

La eutanasia y el suicidio asistido fueron despenalizados en Holanda desde el 2002 cuando estos sean facilitados por personal médico.

La ley holandesa solo permite el procedimiento a personas que sufran de un dolor insoportable y cuyo padecimiento sea incurable.  Además, debe haber una autorización expresa y “en conciencia completa” del solicitante.

Contrario a lo afirmado por la diputada Acuña ante el medio de comunicación elmundo.cr, la legislación de los Países Bajos carece de una restricción basada en la ciudadanía o el estado de residencia de la persona que requiera la terminación de su vida.

En su sitio oficial en Internet, el gobierno holandés estipula que el médico tratante debe decidir si es posible ese tipo de procedimientos en casos de personas no residentes que han llegado recientemente a esa nación, con base en un “conocimiento suficiente” del historial médico del solicitante.

En resumen: Es falso que la ley de los Países Bajos restrinja la eutanasia solo para ciudadanos de ese país, tal como afirmó la diputada independiente del bloque “Nueva República”, Ivonne Acuña.

La eutanasia y el suicidio asistido fueron despenalizados en Holanda desde el 2002 cuando estos sean facilitados por personal médico.

La ley holandesa solo permite el procedimiento a personas que sufran de un dolor insoportable y cuyo padecimiento sea incurable.  Además, debe haber una autorización expresa y “en conciencia completa” del solicitante.

Contrario a lo afirmado por la diputada Acuña ante el medio de comunicación elmundo.cr, la legislación de los Países Bajos carece de una restricción basada en la ciudadanía o el estado de residencia de la persona que requiera la terminación de su vida.

En su sitio oficial en Internet, el gobierno holandés estipula que el médico tratante debe decidir si es posible ese tipo de procedimientos en casos de personas no residentes que han llegado recientemente a esa nación. Esa aprobación debe hacerse con base en un “conocimiento suficiente” del historial médico de la persona que la pide.

Acuña aseguró que compartiría con Doble Check su fuente de información, pero no lo ha hecho oportunamente. Se actualizará esta información si fuera necesario.

El comentario de Acuña

Esta semana, el medio digital elmundo.cr divulgó la reacción de la diputada Ivonne Acuña ante el propuesta de una Ley sobre Eutanasia y Muerte Digna, que fue presentado el pasado 1 de mayo por la legisladora del Partido Acción Ciudadana (PAC), Paola Vega.

Según consta en la nota de ese medio, Acuña cuestionó la falta de definiciones de la propuesta, como “el contenido presupuestario, los alcances del proyecto y  a quién está dirigido”.

Como ejemplo, la diputada independiente dijo que “Holanda en su regulación para poder dar el servicio de eutanasia estipula que el servicio es dado solamente a ciudadanos holandeses y precisamente para evitar que otras personas de otros países vengan a hacer uso de ese servicio”.

Captura de pantalla de la nota publicada en elmundo.cr

Por eso, la diputada independiente dijo que, de aprobarse el proyecto en Costa Rica, “vamos a tener turismo homicida y suicida en este país”.

Efectivamente, la iniciativa de ley para permitir la eutanasia en Costa Rica (tramitada bajo el expediente 21.383) carece de una limitación con base en la ciudadanía o el estado de residencia de la persona solicitante, confirmó a Doble Check la diputada Paola Vega.

Los límites que existen en Holanda (y los que no)

A partir del 2002, la legislación de los Países Bajos fue la primera en el mundo que despenalizó la eutanasia y el suicidio asistido.

En su sitio oficial en Internet, el gobierno holandés define que la eutanasia es un procedimiento “realizado por un médico tratante al administrar una dosis fatal de un fármaco apropiado, por solicitud expresa del paciente”. La legislación de ese país considera el suicidio asistido como una situación donde un médico proporciona el fármaco y el paciente se lo administra a sí mismo.

Tales procedimientos son regulados por medio de la Ley de terminación de la vida y suicidio asistido.

Dicha ley estipula una serie de condiciones para que la terminación de la vida por petición sea legal:

  1. Debe ser realizada por un profesional médico. Los médicos no están obligados a realizar el procedimiento.
  2. El médico tratante debe estar convencido de que la solicitud del paciente es voluntaria y bien considerada.
  3. El sufrimiento del paciente ha sido considerado como prolongado e insoportable.
  4. El médico tratante debe informar al paciente de su situación y de sus posibilidades.
  5. El paciente mantiene la convicción de que no hay otra situación razonable para su estado.
  6. El paciente debe ser evaluado por otro médico independiente, quien tiene que revisar por escrito el cumplimiento de las condiciones requeridas.
  7. La eutanasia o el suicidio asistido deben realizarse con un cuidado apropiado.

Además, el médico tratante debe notificar posteriormente la aplicación del procedimiento ante un comité evaluador.

La ley  holandesa establece que la terminación de la vida bajo esos límites puede ser solicitada por personas mayores de 12 años de edad. Sin embargo, el consentimiento de los padres de familia o los guardianes legales es obligatorio hasta los 16 años.

En casos de personas de 16 y 17 años, esa autorización no es obligatoria pero es requerido que la familia o los guardianes estén involucrados en la toma de las decisiones. Después de la mayoría de edad (18 años), las personas pueden solicitar la terminación de la vida sin involucramiento familiar.

La ley que regula la terminación de la vida por petición en Holanda carece de algún estatuto que limite el procedimiento con base en la ciudadanía o el estado de residencia de la persona solicitante.

En su plataforma informativa oficial, el gobierno holandés advierte que los médicos tratantes en casos de eutanasia y suicidio asistido deben tener información suficiente para evaluar la viabilidad del procedimiento en cada caso.

Así, las autoridades de Holanda aseguran que el personal médico puede decidir si facilita o no el procedimiento a personas no residentes que llegaron recientemente al país, con base en un “conocimiento suficiente” del historial médico del solicitante.

#Carneconcarne: El caso de Uganda explicado

En resumen: A inicios de esta semana, la exdiputada del partido Restauración Nacional y asesora de la agrupación Nueva República aseguró que Uganda ha tenido gran éxito aplicando políticas públicas sobre la fidelidad y la monogamia para disminuir sus indicadores de VIH. Loría dijo eso en el contexto de una entrevista en el que criticó el énfasis que dan los programas educativos al uso del condón, cuestionando que ese mensaje solo debería estar destinado a  «personas promiscuas».

La realidad tiene otros matices. Efectivamente Uganda logró reducir drásticamente la cantidad de nuevos casos de transmisiones de VIH durante la década de los noventas, a partir de una política que implicaba abstinencia, fidelidad y uso del condón. Esas políticas, reconocidas como ABC (por sus siglas en inglés), permitieron bajar los casos de transmisión de un 18% de toda la población de Uganda en 1980 a un 6% en el 2003.

Sin embargo, el gobierno empezó a retirar a los condones de su política pública. El observatorio de derechos humanos Human Rights Watch, entre otras organizaciones, alertaron sobre cómo el gobierno consideró que facilitar información sobre «condones y abstinencia a la vez podía confundir a los jóvenes». También el presidente había condenado públicamente el uso de los condones para los ugandeses.

Justo durante esos años en que el gobierno aplicó políticas contra el condón, Uganda vió crecer de forma dramática sus nuevos casos de transmisiones por VIH.

Por otra parte, es falso sugerir que la política pública de Uganda “no cree en el condón porque a ellos no les gusta carne con carne”. Actualmente una comisión bajo la dirección del presidente de Uganda busca promover el uso del condón a través del sistema educativo, su distribución y su uso consistente y correcto. Así puede verse en las guías para el abordaje multisectorial del SIDA y el VIH en el país.

Loría dió sus declaraciones en un contexto en el que había hablado acerca de las políticas ABC, aplicadas internacionalmente. Sin embargo, para el caso concreto de Uganda, solo se refirió a la abstinencia y la fidelidad: «porque ellos no creen en el condón».

En resumen: A inicios de esta semana, la exdiputada del partido Restauración Nacional y actual asesora de Nueva República  aseguró que Uganda ha tenido gran éxito aplicando políticas públicas sobre la fidelidad y la monogamia para disminuir sus indicadores de VIH. Loría dijo eso en el contexto de una entrevista en la que criticó el énfasis que dan los programas educativos al uso del condón. Cuestionó que ese mensaje solo debería estar destinado a  «personas promiscuas» (sic).

La realidad tiene otros matices. Efectivamente Uganda logró reducir drásticamente la cantidad de nuevos casos de transmisiones de VIH durante la década de los noventa. Entonces aplicó una política que implicaba abstinencia, fidelidad y uso del condón. Según el gobierno, esas políticas, reconocidas como ABC (por sus siglas en inglés), permitieron bajar los casos de transmisión de un 18% de toda la población de Uganda en 1980 a un 6% en el 2003.

Sin embargo, el gobierno empezó a retirar los condones de su política pública. Human Rights Watch, entre otras organizaciones, alertó en el 2005 sobre cómo el gobierno cambió sus programas educativos. Según el observatorio de derechos humanos, las autoridades consideraron que facilitar información sobre «condones y abstinencia a la vez podía confundir a los jóvenes». También el presidente había condenado públicamente el uso de los condones para los ugandeses.

Aunque no es posible probar causalidad, Uganda vió crecer de forma dramática sus nuevos casos de transmisiones de VIH en esos años en que el gobierno aplicó políticas contra el condón.

Por otra parte, es falso sugerir que esa sea la realidad al día de hoy. Es incorrecto indicar que la política pública de Uganda “no cree en el condón porque a ellos les gusta carne con carne”. Actualmente una comisión bajo la dirección del presidente de Uganda busca promover el uso del condón a través del sistema educativo, su distribución y su uso consistente y correcto. Así puede verse en las guías para el abordaje multisectorial del SIDA y el VIH en el país.

Loría dió sus declaraciones en un contexto en el que había hablado acerca de las políticas ABC, aplicadas internacionalmente. Sin embargo, para el caso concreto de Uganda, solo se refirió a la abstinencia y la fidelidad: «porque ellos no creen en el condón». Contactada por Doble Check, ONUSIDA dijo que las políticas ABC no son suficientes para prevenir las transmisiones de VIH, y que desde hace casi dos décadas se opta por políticas más integrales.

La frase de Loría

CRHoy invitó a la asesora y exdiputada Loría para consultar su opinión acerca de las guías de educación sexual que implementa actualmente el Ministerio de Educación. Aunque Loría dice estar a favor del uso del condón, también señala que el gobierno le ha dado un énfasis inadecuado a este tema.

Loría sugirió el empleo de las políticas ABC. En inglés, las siglas significan Abstinence (abstinencia), Be faithful (sé fiel), use a Condom (usa el condón).

«Cuando usted se dirije a una población que no ha iniciado su actividad sexual, usted debe hablar de A: abstinencia (…) La B, que es ser fiel, ellos recomiendan emplearla para una población que ya ha inciado esa situación. Y C es para los que no pueden vivir ni la A, ni la B”.

Dijo también que a un niño de 11 años no se le debería enseñár a ponerse un condón. Más tarde, Loría implicó que la comunicación sobre el uso del condón debería destinarse a personas “promiscuas”.

“El mensaje del condón está para gente que, perdón, pero es básicamente para personas que no quieren vivir en abstinencia ni en fidelidad. Personas promiscuas. Y ese es el mensaje que se le está dando a los niños”, dijo Loría.

En ese contexto, el periodista argumentó a Loría que los casos de enfermedades sexuales también ocurrían entre personas casadas.

Periodista: La realidad aquí en este país es que hay quince casos al año de mujeres en matrimonio que están quedando contagiadas de VIH-SIDA. Y eso se está dando.

Loría: Así es. Así. Es correcto. Estoy 100% de acuerdo con usted. Es porque no hay políticas públicas.

Periodista: Pero es que usted me puede poner una política pública de obligatoriedad a ser fiel y no se va a cumplir…

Loría: Eso es lo que usted cree. En otros países lo han logrado. En Uganda lo han logrado. Con unas estadísticas de VIH espantosas han logrado bajarlas con política pública en la que dicen que la persona debe ser fiel, con una persona monógama y que no… no tener sexo por fuera. ¿Por qué? Básicamente ellos no creen en el condón porque a ellos les gusta carne con carne.

Periodista: A ver, puede haber una ley que diga eso, que la gente no lo va a practicar.

Loría: ¿Entonces por qué en otros… ? ¿Qué tenemos distinto nosotros de los ugandeses?

Doble Check conversó con Alexandra Loría para clarificar sus posiciones al respecto. Loría dijo que nunca habló solo de abstinencia.

«Siempre hablé de abstinencia, fidelidad y de condón. Siempre me referí a ABC. Usted saca una declaración parcial y fuera de contexto. (…) El programa de prevención ABC no es un programa que se base en la moral, sino en los datos científicos sobre cómo prevenir las transmisiones de la mejor manera posible, tal y como queda explicado en el concenso Lancet», cerró.

El artículo al cual la abogada, publicado por la revista Lancet, hace referencia detalla algunas de las estrategias que pueden emplearse para atender los casos de transmisión de VIH. No obstante, Doble Check encontró información que completa la visión expuesta por la activista.

El caso de Uganda

Es cierto. Uganda logró reducir drásticamente sus indicadores sobre VIH-SIDA. Pero la historia no termina allí.

Échele un vistazo al siguiente gráfico. Muestra cuántas transmisiones nuevas de VIH se reportaron cada año en Uganda, según estimaciones de ONUSIDA. Efectivamente, Uganda logró bajar dramáticamente el porcentaje de su población con VIH durante la década de 1990. Según el gobierno, las políticas ABC permitieron bajar los casos de transmisión de un 18% de toda la población de Uganda en 1980 a un 6% en el 2003.

Nuevas transmisiones de VIH en Uganda por año

Sin embargo, Uganda empezó a experimentar cambios en sus indicadores a inicios de la década del 2000. El país pasó de reportar 66.000 casos nuevos por año en 1998 a más de 100.000 en el 2006. Human Rights Watch alertó en el 2005 que el país empeoró sus indicadores en años en que se extendió una nueva política conservadora y discriminatoria.

Según los informes de la organización, acompañados por otras llamadas de atención de organizaciones similares, Uganda retiró la información crítica sobre el VIH/SIDA del currículo de primaria, que incluía datos sobre la importancia del uso del condón. Incluso «los materiales de secundaria propuestos señalan falsamente que los condones de látex  tienen poros microscópicos por los que puede filtrarse el VIH». El país optó por eliminar la letra C (condón) de la estrategia, y advirtió que dar información sobre condones y abstinencia al mismo tiempo podía «confundir a los jóvenes». HRW también alertó de que el Ministerio de Salud había retirado lotes de condones por no «pasar los controles de calidad», que provocaron escasez del producto en el país a finales de 2004.

Es durante esta época —a inicios de la década del 2000— que el país vuelve a ver crecer sus indicadores de transmisiones de VIH, aunque no puede probarse causalidad.

Sin embargo, existe evidencia científica de que el uso del condón pudo ser determinante para los resultados positivos que alcanzó Uganda durante los años noventa. La revista médica revisada por pares Sexually Transmitted Infections indicó que el porcentaje de mujeres en el país conscientes sobre la existencia del condón pasó de un 22% a un 53% entre 1989 y el año 2000. Entre hombres el cambio fue de un 51% a un 96% entre 1995 y el año 2000. Los hombres que dijeron haber usado un condón pasaron de un 16% en 1995 a un 40% en el año 2000.

Las políticas actuales para el uso del condón en Uganda

A la fecha, oficialmente, el Gobierno de Uganda sí busca promover el uso del condón a través del sistema educativo, su distribución y su uso consistente y correcto. Así puede verse en las guías para el abordaje multisectorial del SIDA y el VIH en el país. De hecho, la estrategia de movilización de recursos para la atención del tema previó duplicar la inversión en condones masculinos y femeninos entre el 2014 y el 2018.

Que Uganda esté logrando disminuir sus indicadores, no quiere decir que no haya conseguido eliminar por completo la discriminación (por ejemplo, la homosexualidad continúa prohibida en el país) o la desinformación. Según han señalado varios expertos, uno de los factores que más afecta a las mujeres es la discriminación para acceder a condones. Incluso se las estigmatiza por no estar casadas antes de tener relaciones sexuales.

Uganda vive hoy una de las peores epidemias mundiales de VIH. Una encuesta oficial del gobierno a nivel nacional publicada en el 2017 reveló que casi el 6% de los adultos de Uganda entre 15 y 45 años vive con VIH. Incluyendo niños, el total de personas que vive con esa enfermedad supera los 1,3 millones. En el caso de las mujeres esa proporción es mayor: de un 7,5%.

Según ha informado The Guardian, el gobierno ha gastado cientos de miles de dólares en condones femeninos que, sin embargo, suelen ser rechazados por las mujeres, especialmente entre las trabajadoras del sexo. Algunas de ellas alegan que esos condones son incómodos, y que sus clientes pagan más si no los utilizan.

El caso de Costa Rica (y porqué ABC no es suficiente)

Para Alicia Sánchez, Oficial de Juventud de ONUSIDA Latina, el abordaje de ABC (abstinencia, fidelidad y condones) no es suficiente para prevenir la transmisión de VIH.

«Desde mediados de los 2000 existe bastante evidencia científica que lo muestra«, dice. «Desde ONUSIDA promovemos el enfoque de Prevención Combinada que consiste en enfocar los esfuerzos de prevención en los lugares clave (con más carga de nuevas infecciones), en las poblaciones clave (poblaciones con mayor prevalencia de casos) y con programas de alto impacto demostrado».

Sánchez subrayó que los condones, usados correcta y consistentemente, siguen siendo la única herramienta disponible que garantiza la protección triple frente al VIH, otras ITS y el embarazo no deseado. Sin embargo afirmó que no son el único método que se incluye en el paquete de prevención combinada.

También existe el tratamiento como prevención, la profilaxis preexposición al VIH (PrEP), la profilaxis post-exposición al VIH (PEP) y la circuncisión médica masculina voluntaria. Eso no es todo. La promoción también incluye los programas de reducción de daños (programas de intercambio de agujas y jeringuillas y terapia de sustitución de opiáceos para los usuarios de drogas), la educación sexual integral, la comunicación para el cambio de comportamiento, la protección social para las poblaciones más vulnerables y en mayor riesgo ante el VIH, entre otras.

«Los enfoques basados únicamente en abstinencia y fidelidad no están incluídos en el paquete de la prevención combinada porque han demostrado no ser efectivos y menos cuando son planteados como la única estrategia de prevención ante el VIH», dijo a Doble Check.

Mientras tanto, Costa Rica continúa viendo un aumento en los indicadores de nuevas transmisiones de VIH. Mientras que en 1990 se estimaba una tasa de 6 nuevos casos de VIH por cada cien mil habitantes (220 nuevos por año), en el 2017 se reportaron 19,6 nuevos casos por cada cien mil habitantes (969 por año).

Nuevos casos de VIH en Costa Rica: ONUSIDA Y CCSS.

Nota: Este artículo fue actualizado para corregir que Loría actualmente funge como asesora del partido Nueva República, y no de la agrupación Restauración Nacional.