INEC no «ignoró» a 52 mil personas en nueva tasa de desempleo

En resumen: Es falso que el INEC hubiera excluido a casi 52.000 personas como parte de la tasa de desempleo del último trimestre del 2019. El Instituto Nacional de Estadística y Censos publicó el indicador este jueves como parte de su Encuesta Continua de Empleo. El dato fue criticado por el diputado independiente Jonathan Prendas en una publicación en redes.

El INEC estimó que la tasa de desempleo fue de 12,4% de la fuerza de trabajo, compuesta por 2,49 millones de personas. El Instituto anunció que alrededor de 309.000 personas estuvieron desempleadas a finales del año pasado.

El mismo día, el diputado Prendas acusó a la institución de haber ignorado a 52.000 personas “que se cansaron de buscar trabajo”. Prendas afirmó que hay 361.000 personas «sin trabajo», pero que el INEC divulgó que eran menos: 309.000 «personas sin trabajo».

El legislador confunde la definición que emplea el INEC para medir el desempleo en el país. El término está apegado al concepto oficial de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

Una persona es desempleada cuando no ha tenido trabajo en la semana previa a la realización de la encuesta. Esa persona también debió estar disponible para trabajar y haber tomado medidas para buscar trabajo pero no lo ha encontrado durante las últimas cuatro semanas.

En cambio, las casi 52.000 personas que Prendas menciona son definidas como «desalentadas». Estas son personas que están disponibles para trabajar pero que han desistido de buscar empleo. Esa población está fuera de la fuerza de trabajo, según la metodología del INEC.

El INEC sí estima la cantidad de personas en esa condición. El Instituto suma esa cifra a la población desempleada para obtener la tasa de desempleo ampliada. Toda esa información se ha calculado en la Encuesta Continua de Empleo y es de acceso público.

Prendas señaló al INEC después de que el 4 de febrero hubiera asegurado en sus redes sociales que el desempleo había llegado al 15%.  La cifra es falsa: el país nunca ha alcanzado esa tasa de desempleo en su versión abierta ni en su versión ampliada.

Doble Check intentó comunicarse telefónicamente con el diputado Prendas, pero no se obtuvo respuesta.

En resumen: Es falso que el INEC hubiera excluido a casi 52.000 personas como parte de la tasa de desempleo del último trimestre del 2019. El Instituto Nacional de Estadística y Censos publicó el indicador este jueves como parte de su Encuesta Continua de Empleo. El dato fue criticado por el diputado independiente Jonathan Prendas en una publicación en redes.

El INEC estimó que la tasa de desempleo fue de 12,4% de la fuerza de trabajo, compuesta por 2,49 millones de personas. El Instituto anunció que alrededor de 309.000 personas estuvieron desempleadas a finales del año pasado.

El mismo día, el diputado Prendas acusó a la institución de haber ignorado a 52.000 personas “que se cansaron de buscar trabajo”. Prendas afirmó que hay 361.000 personas «sin trabajo», pero que el INEC divulgó que eran menos: 309.000 «personas sin trabajo».

El legislador confunde la definición que emplea el INEC para medir el desempleo en el país. El término está apegado al concepto oficial de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

Una persona es desempleada cuando no ha tenido trabajo en la semana previa a la realización de la encuesta. Esa persona también debió estar disponible para trabajar y haber tomado medidas para buscar trabajo pero no lo ha encontrado durante las últimas cuatro semanas.

En cambio, las casi 52.000 personas que Prendas menciona son definidas como «desalentadas». Estas son personas que están disponibles para trabajar pero que han desistido de buscar empleo. Esa población está fuera de la fuerza de trabajo, según la metodología del INEC.

El INEC sí estima la cantidad de personas en esa condición. El Instituto suma esa cifra a la población desempleada para obtener la tasa de desempleo ampliada. Toda esa información se ha calculado en la Encuesta Continua de Empleo y es de acceso público.

Prendas señaló al INEC después de que el 4 de febrero hubiera asegurado en sus redes sociales que el desempleo había llegado al 15%.  La cifra es falsa: el país nunca ha alcanzado esa tasa de desempleo en su versión abierta ni en su versión ampliada.

Doble Check intentó comunicarse telefónicamente con el diputado Prendas, pero no se obtuvo respuesta.

Así es la tasa oficial de desempleo

El INEC publicó la más reciente Encuesta Continua de Empleo (ECE) el jueves 6 de febrero. La encuesta abarcó octubre, noviembre y diciembre del 2019.

El INEC estimó que la tasa de desempleo para ese periodo fue de 12,4% de la fuerza de trabajo, que estaba compuesta por 2,49 millones de personas. El INEC define a la fuerza de trabajo como “personas de 15 años o más que durante el período de referencia participaron en la producción de bienes y servicios económicos o estaban dispuestas a hacerlo”.

La tasa de desempleo de finales del 2019 no tiene diferencias estadísticamente significativas al porcentaje del mismo periodo del 2018. Así lo indicó esa institución en el informe de la ECE.

La acusación de Jonathan Prendas

El diputado independiente del llamado bloque Nueva República, Jonathan Prendas, publicó en sus redes sociales que el INEC ignoró a 52.000 personas “que se cansaron de buscar trabajo”.

Prendas aseguró que el Instituto «reconoce que hay 361 mil personas sin trabajo». El legislador agregó que «el INEC intentó decir hoy que solo 309 mil personas están sin trabajo, ignorando a 52 mil personas que se cansaron de buscar trabajo y hacen lo que sea para ganar plata”.

El legislador hizo esa afirmación un día después de haber asegurado que la tasa de desempleo había llegado a 15%. Entonces no había especificado la fuente del dato o el tipo de información con que había compuesto esa cifra.

Hay 309.000 personas desempleadas

Es falso que el INEC hubiera ignorado a 52.000 personas en su tasa de desempleo. En realidad, Prendas no reconoció la naturaleza de ese indicador.

Es necesario que una persona en edad de trabajar cumpla con tres características simultáneamente para calificar como desempleada. Esa definición está apegada al concepto que emplea la Organización Internacional del Trabajo (OIT):

“Son las personas en la fuerza de trabajo que estaban sin empleo en la semana de referencia, disponibles a participar de la producción de bienes y servicios económicos, buscaron trabajo pero no lo encontraron aunque realizaron medidas concretas de búsqueda durante las últimas cuatro semanas”, indica el informe del INEC.

El INEC también incluye en esa medición a las personas que cumplan esas características, pero que no buscaron empleo en las últimas cuatro semanas porque ya consiguieron y esperan iniciar en los próximos días. También suma a las que esperan el reinicio de operaciones en una actividad suspendida temporalmente o esperan respuesta de búsquedas de trabajo anteriores.

Tales condiciones de análisis permiten que la encuesta amplíe las posibilidades de que una persona sea captada como desempleada, indicó a Doble Check la coordinadora de divulgación estadística del INEC, Pilar Ramos.

Así, 12,4% de la fuerza de trabajo —309.465 personas— cumplió con esas características en el último trimestre del año pasado. Esa fue la cifra que el INEC anunció como la tasa de desempleo.

Se mantiene tasa histórica de desempleo

Costa Rica había alcanzado, hace justo un año, la tasa más alta de desempleo registrada por la ECE: 12%. La encuesta del último trimestre arrojó un valor mayor (12,4%), pero el margen de error del instrumento no permite afirmar que hubiera una diferencia estadísticamente significativa.

Es decir, aunque no se puede afirmar que hubiera aumentado, sí se puede decir que Costa Rica se mantiene en los niveles de desempleo más altos que se han registrado desde julio del 2010, cuando se empezó a aplicar la ECE.

Sí hay 51.641 personas desalentadas, pero es una medición distinta

Las miles de personas que Jonathan Prendas achaca al INEC son definidas como desalentadas. Estas se clasifican en una medición complementaria a la tasa de desempleo.

La población desalentada está fuera de la fuerza de trabajo. Es decir, son personas que “no estuvieron ocupadas en la semana de referencia y que en las cuatro semanas anteriores a la entrevista no realizaron ningún tipo de gestión de búsqueda para conseguir un trabajo”.

Según el INEC, las personas se califican como «desalentadas» cuando responden que no buscaron trabajo porque “no tienen dinero para buscar; se cansaron de buscar; no le dan trabajo por edad, sexo, raza, discapacidad u otro; no hay trabajo en la zona o porque en esta época del año no hay trabajo”.

La Encuesta Continua de Empleo registra a esa población desalentada. Este conteo  puede sumarse con las personas desempleadas en una nueva categoría denominada como desempleo ampliado.

“Mostramos un indicador adicional que puede ser relevante en términos de política pública, porque eventualmente podríamos estar en una situación de contracción muy fuerte donde el desempleo abierto está disminuyendo pero el desempleo desalentado está aumentando. En el fondo, podría ser una estadística complementaria”, explicó Pilar Ramos.

La tasa de desempleo ampliado (desempleados más desalentados) fue de 14,2% para el último trimestre del 2019, número más cercano al 15% que Prendas había denunciado el miércoles.

El diputado declinó revelar su fuente a la prensa luego de esa afirmación. Posteriormente anunció en sus redes que estaba tomando en cuenta también a las personas que habían renunciado a buscar trabajo.

¿Por qué se omite a los desalentados en la tasa oficial de desempleo?

La directora de divulgación estadística del INEC y la coordinadora de la ECE, María Luz Sanarrusia, justificaron el uso oficial de la tasa de desempleo por razones de análisis internacional e histórico. También refirieron que así lo indican los lineamientos de la OIT.

“En términos de desempleo desalentado, llega a ser una estadística que saca el INEC, pero no es el desempleo oficial en tanto estamos captando personas que, desde su percepción o su experiencia, señalan estar disponibles pero no buscan trabajo, no hicieron el hecho concreto y corroborable que señala ser un desempleado abierto”, explicó Ramos.

Según las expertas, las acciones concretas para la búsqueda de trabajo son el elemento que permite identificar a las personas que están presionando en forma activa en el mercado de trabajo.

“[Los desalentados] están apuntando a situaciones donde la persona dice que no buscó trabajo por discriminación o porque no hay trabajo donde vive por su experiencia o su percepción, y por lo tanto no pueden ser considerados dentro de este desempleo abierto con el que internacionalmente se señala y se comparan los países”, añadió la jerarca del INEC.

Jonathan Prendas hace descripción falsa del aborto y la vincula con norma técnica

En resumen: El diputado independiente Jonathan Prendas dijo que la norma técnica para el aborto impune permite el “desmembramiento de bebés o su quema aplicándole un ácido”. Eso es falso.

La norma para el aborto impune —para casos de peligro a la vida o la salud de mujer— no detalla los procedimientos médicos mediante los cuales se ejecuta el aborto. La normativa sí advierte que el procedimiento deberá ejecutarse de manera segura y “mediante el procedimiento médico menos invasivo posible y basado en la evidencia científica actualizada”.

Además, es falso que exista un método de aborto que emplee ácido o que sea necesario el desmembramiento de fetos para ese propósito, como publicó el diputado este martes.

Así lo confirmaron a Doble Check el jefe de Ginecología y Obstetricia del Hospital Rafael Ángel Calderón Guardia, Danilo Medina; y la presidenta de la Asociación Costarricense de Gineco-Obstetricia, María Angélica Vargas. Ella fue designada por el Colegio de Médicos y Cirujanos como voz experta para este chequeo.

Doble Check intentó comunicarse con el legislador Jonathan Prendas y con su asesor de comunicación, pero no se obtuvo respuesta oportunamente.

En resumen: El diputado independiente Jonathan Prendas dijo que la norma técnica para el aborto impune permite el “desmembramiento de bebés o su quema aplicándole un ácido”. Eso es falso.

La norma para el aborto impune —para casos en los que peligre a la vida o la salud de mujer— no detalla los procedimientos médicos mediante los cuales se ejecuta la interrupción del embarazo. La normativa sí advierte que el procedimiento deberá ejecutarse de manera segura y “mediante el procedimiento médico menos invasivo posible y basado en la evidencia científica actualizada”.

Además, es falso que exista un método de aborto que emplee ácido o que sea necesario el desmembramiento de fetos para ese propósito, como publicó el diputado este martes.

Así lo confirmaron a Doble Check el jefe de Ginecología y Obstetricia del Hospital Rafael Ángel Calderón Guardia, Danilo Medina; y la presidenta de la Asociación Costarricense de Gineco-Obstetricia, María Angélica Vargas. Ella fue designada por el Colegio de Médicos y Cirujanos como voz experta para este chequeo.

Doble Check intentó comunicarse con el legislador Jonathan Prendas y con su asesor de comunicación, pero no se obtuvo respuesta oportunamente.

¿Qué dijo el diputado Jonathan Prendas?

En diciembre pasado, el Poder Ejecutivo aprobó por medio de un decreto la norma técnica para la interrupción del embarazo en casos de peligro a la vida o la salud de la mujer. El procedimiento está permitido según el artículo 121 del Código Penal desde 1970 bajo el término de aborto impune.

El diputado independiente del llamado bloque Nueva República, Jonathan Prendas, ha mostrado su oposición a la norma. El jueves anterior presentó una acción de inconstitucionalidad en contra de esta.

Este martes, el legislador publicó en redes sociales que se opone a esa reglamentación porque “permitiría el desmembramiento del bebé o su quema aplicándole un ácido”.

Aborto no requiere “desmembramiento” o uso de ácido

Doble Check consultó al jefe de Ginecología y Obstetricia del Hospital Rafael Ángel Calderón Guardia, Danilo Medina; y al Colegio de Médicos y Cirujanos de Costa Rica, que designó como voz especialista para este chequeo a María Angélica Vargas. Ella es presidenta de la Asociación Costarricense de Gineco-Obstetricia (AOGCR).

Ambos especialistas negaron la existencia de un procedimiento médico que requiera el uso de ácido para ocasionar un aborto. Además, Vargas y Medina aseguraron que el desmembramiento de fetos es una percepción incorrecta del aborto como proceso médico.

Los especialistas describieron la existencia de dos categorías generales de aborto: por medio de medicamentos (sin necesidad de cirugía) que inducen la dilatación del cuello uterino o por medio de procedimientos quirúrgicos. El uso de cada uno depende de cuán avanzado sea el embarazo o de la condición de la mujer.

Vargas añadió que los especialistas médicos deben agotar otras opciones antes de recurrir a procedimientos quirúrgicos como el legrado. Este procedimiento emplea instrumentos médicos para remover el contenido del útero. La presidenta de la AOGCR recalcó que, en esos casos, los médicos deben evitar cualquier fragmentación de tejidos, pues representa un peligro para la mujer.

“Si eso sucede en el útero [fragmentación], se corre el riesgo de que los fragmentos rompan el útero. Estaríamos poniendo en riesgo a la mujer en lugar de protegerla, que es lo que se busca con el aborto terapéutico”, aseguró Vargas.

Medina añadió que la presencia de fragmentos del feto o de la placenta después de un aborto terapéutico es un asunto de “extrema vigilancia médica”.

Norma no determina métodos para aborto impune

Por otro lado, es falso que la norma técnica que decretó el gobierno determine cuáles procedimientos específicos deben emplearse para interrumpir un embarazo por riesgo a la vida o la salud de la mujer.

La norma sí advierte que el aborto impune debe hacerse de manera segura y en acatamiento con “los más altos niveles de calidad”. El punto 8.1 de la reglamentación indica que debe emplearse “el procedimiento médico menos invasivo posible y basado en la evidencia científica actualizada”. También agrega que este debe ser el más adecuado para la condición presente de la mujer.

Además, dicha reglamentación exige que el procedimiento solo podrá aplicarse en hospitales y clínicas “que cuenten con la infraestructura, el equipamiento y los recursos necesarios”, así como la aprobación de protocolos por parte del Ministerio de Salud.

Diputada propone limitar aborto impune con argumento falso e incompleto

En resumen: La diputada independiente del bloque Nueva República, Ivonne Acuña, propone eliminar la posibilidad del aborto en casos de riesgo para la salud de la madre, pues alega que la salud es un «concepto jurídico indeterminado». Eso es falso.

Acuña impulsa un proyecto de ley para que la interrupción del embarazo se permita únicamente para evitar un peligro a la vida de la madre. El Código Penal permite actualmente el aborto cuando peligren tanto la vida como la salud de la mujer y cuando ese método no hubiera podido ser evitado por otros medios.

La legisladora también argumenta que «la protección de la salud forma parte intrínseca del derecho de la vida». Agrega que esa protección ha sido reconocida por la Sala Constitucional. Esa afirmación está incompleta.

La Sala Constitucional sí ha reconocido que el derecho a la salud se deriva del derecho a la vida. Sin embargo, la legisladora omite que el tribunal también considera la salud como un derecho autónomo y con su propio contenido esencial.

Además, el derecho a la salud en Costa Rica es un concepto plenamente definido. Así se desprende tanto de votos vinculantes de la Sala como del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, al que Costa Rica está suscrito.

En resumen: La diputada independiente del bloque Nueva República, Ivonne Acuña, propone eliminar la posibilidad del aborto en casos de riesgo para la salud de la madre, pues alega que la salud es un «concepto jurídico indeterminado». Eso es falso.

Acuña impulsa un proyecto de ley para que la interrupción del embarazo se permita únicamente para evitar un peligro a la vida de la madre. El Código Penal permite actualmente el aborto cuando peligren tanto la vida como la salud de la mujer y cuando ese método no hubiera podido ser evitado por otros medios.

La legisladora también argumenta que «la protección de la salud forma parte intrínseca del derecho de la vida». Agrega que esa protección ha sido reconocida por la Sala Constitucional. Esa afirmación está incompleta.

La Sala Constitucional sí ha reconocido que el derecho a la salud se ha derivado del derecho a la vida. Sin embargo, la legisladora omite que el tribunal también considera la salud como un derecho autónomo y con su propio contenido esencial.

Además, el derecho a la salud en Costa Rica es un concepto plenamente definido. Así se desprende tanto de votos vinculantes de la Sala como del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, al que Costa Rica está suscrito y que la Sala emplea como base para su jurisprudencia.

¿Cuándo se permite el aborto en la ley?

En Costa Rica, el Código Penal de 1970 estableció la figura del aborto impune en su artículo 121:

 

«No es punible el aborto practicado con consentimiento de la mujer por un médico o por una obstétrica autorizada, cuando no hubiere sido posible la intervención del primero, si se ha hecho con el fin de evitar un peligro para la vida o la salud de la madre y éste no ha podido ser evitado por otros medios».

Lo que dice Ivonne Acuña y su proyecto de ley

El pasado 21 de octubre, la diputada independiente Ivonne Acuña presentó, junto a otros legisladores, el proyecto de ley N.º 21.661 para eliminar de la excepción de impunidad del aborto el peligro para la salud de la mujer.

Según la propuesta, el artículo se limitaría así: «No es punible el aborto practicado por un médico con el consentimiento de la mujer, si se ha hecho con el fin de evitar un peligro grave e inminente para la vida de la madre y este peligro no ha podido ser evitado por otros medios.»

La legisladora afirmó en su perfil de Facebook que «el proyecto tiene la intención de suprimir los conceptos jurídicos indeterminados, por ejemplo de la definición del concepto de la salud». El texto de la iniciativa señala que «el legislador tiene ante la ciudadanía el deber de suprimir los conceptos jurídicos imprecisos».

En un artículo de Noticias Monumental, Acuña justificó que «sacamos el término ‘salud’ bajo el entendido de que la Sala Constitucional ha sido reiterada en decir que la protección de la salud forma parte intrínseca del derecho de la vida. Es decir, al decir que cuando la vida de la mujer peligre, se entiende que es su salud».

De manera similar, el texto del proyecto de ley indica que «nuestra jurisprudencia constitucional ha reconocido la relevancia del derecho a la salud, como parte esencial del derecho a la vida».

Argumento falso e incompleto

Es cierto que la Sala Constitucional ha reconocido que el derecho a la salud se origina del derecho a la vida. Sin embargo, la diputada Acuña omite que ese tribunal advierte que la salud es un derecho autónomo y esencial en sí mismo. Acuña también omite que la Sala Constitucional ha definido el derecho a la salud en su jurisprudencia con base en tratados internacionales suscritos por Costa Rica.

Una de las referencias más recientes es la resolución Nº 05560 – 2019, de marzo pasado, donde se ordenó a la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS) la creación de un sistema de gestión integrado para solventar problemas en las listas de espera.

En los argumentos de esa resolución, el tribunal subraya que «esta Sala Constitucional en múltiples sentencias ha desarrollado el derecho a la salud», y da referencia a distintas sentencias del año 2011 al 2019. La resolución cita textualmente la definición que ha desarrollado en esa jurisprudencia:

«Si bien es cierto que el derecho a la salud ha sido derivado del derecho a la vida y a un ambiente saludable y ecológicamente equilibrado por su interrelación con esos derechos, no podemos dejar de lado que este derecho fundamental es un derecho autónomo y con su propio contenido esencial«, reiteró la Sala en marzo pasado.

El tribunal constitucional basa principalmente su definición sobre el derecho a la salud en el artículo 12 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, firmado en la Asamblea General de la Organización de Naciones Unidas (ONU) en 1976, y donde Costa Rica es firmante.

«En efecto, en dicho instrumento internacional de derechos humanos se establece claramente el derecho de toda persona al disfrutar del más alto nivel posible de salud física y mental, por lo que el Estado y sus instituciones tienen el deber de asegurar la plena efectividad de ese derecho a través de una serie de acciones positivas y del ejercicio de las potestades de regulación, fiscalización y de policía sanitaria», afirma la resolución de la Sala.

De esa manera, la Sala Constitucional advierte que dicho deber significa «la  prevención y el tratamiento efectivo de enfermedades, así como la creación de condiciones que aseguren a todos la asistencia médica y servicios médicos de calidad en caso de enfermedad». Dicho tribunal añade que el derecho a la salud comprende «la disponibilidad de servicios y programas de salud en cantidad suficiente para los usuarios de estos servicios y destinatarios de estos programas».

La Sala Constitucional también recalca que la garantía de accesibilidad a los servicios y programas de salud es parte de ese derecho. Según ese tribunal, la accesibilidad tiene cuatro dimensiones: la no discriminación en el acceso a los servicios de salud, la accesibilidad física, la accesibilidad económica y la accesibilidad a la información.

Como parte del concepto del derecho a la salud, la Sala reconoce que los servicios de salud pública deben ser «respetuosos con la ética médica, culturalmente apropiados, dirigidos a la mejora de la salud de los pacientes, confidenciales» y la calidad de la base científica y médica de los servicios.

La coordinadora de la Maestría de Ciencias Penales de la Universidad de Costa Rica (UCR), Rosaura Chinchilla, aclaró a Doble Check que «en términos generales, si existe una normativa en un tratado, [la salud] deja de ser un concepto jurídico indeterminado porque el contenido lo llena el tratado». Además, Chinchilla recalcó que una definición dada por la Sala Constitucional en su jurisprudencia es vinculante, según el artículo 13 de la Ley de Jurisdicción Constitucional.

Este viernes, Doble Check informó de estos hallazgos a la diputada Ivonne Acuña y solicitó su reacción. Sin embargo, no se obtuvo respuesta oportunamente.

 

 

 

 

 

Medio del presidente de Nueva República había divulgado otros cuatro artículos falsos

En resumen: El sitio web, Diario La Carta, propiedad de Francisco Prendas, presidente del partido Nueva República, había divulgado varios artículos engañosos y falsos desde su lanzamiento, a finales de mayo de 2019.

Desde entonces, el medio destacó que el Gobierno crearía una agencia de empleo sin empleos (a pesar de que el plan de gobierno anunciaba la creación de 3.000 trabajos). Afirmó que la pastilla del día después es abortiva (información desmentida por la OMS y verificada previamente por Doble Check). Publicó que el gobierno estaba endeudando al país por $350 millones y $500 millones más (las operaciones no significaban endeudamiento adicional, sino un cambio en la fuente de financiamiento).

Esas informaciones falsas se suman al artículo ya desmentido por el periodista Cristian Cambronero, Delfino.cr, La Nación, Semanario Universidad, CRHoy, entre otros medios. El Ejecutivo ha rechazado desde este martes en la noche que hubiera tomado la decisión o tenga un plan de aumentar la tasa del impuesto sobre el Valor Agregado de un 13% a un 16%.

El medio no firma sus artículos, y suele replicar información divulgada previamente por otros medios de comunicación. En temas de conflicto, la página suele presentar una sola posición, sin dar balance informativo a sus publicaciones. Algunos pasajes de sus notas son de difícil comprensión, y la mayoría de fuentes políticas en sus artículos son actores del partido Nueva República.

Aunque el sitio no tiene una descripción de sus integrantes ni formas de contacto, su página de Facebook sí incluye un teléfono y un correo electrónico. En su descripción de Facebook se describen como un medio de información “asertiva y colmada de valores positivos.”

Doble Check trató de conversar telefónicamente, sin éxito, con Francisco Prendas la tarde del jueves y la mañana del viernes. También se le envió un mensaje por Whatsapp que quedó sin respuesta.

En resumen: El sitio web, Diario La Carta, propiedad de Francisco Prendas, presidente del partido Nueva República, había divulgado varios artículos engañosos y falsos desde su lanzamiento, a finales de mayo de 2019.

Desde entonces, el medio destacó que el Gobierno crearía una agencia de empleo sin empleos (a pesar de que el plan de gobierno anunciaba la creación de 3.000 trabajos). Afirmó que la pastilla del día después es abortiva (información desmentida por la OMS y verificada previamente por Doble Check). Publicó que el gobierno estaba endeudando al país por $350 millones y $500 millones más (las operaciones no significaban endeudamiento adicional, sino un cambio en la fuente de financiamiento).

Esas informaciones falsas se suman al artículo ya desmentido por el periodista Cristian Cambronero, Delfino.cr, La Nación, Semanario Universidad, CRHoy, entre otros medios. El Ejecutivo ha rechazado desde este martes en la noche que hubiera tomado la decisión o tenga un plan de aumentar la tasa del impuesto sobre el Valor Agregado de un 13% a un 16%.

El medio no firma sus artículos, y suele replicar información divulgada previamente por otros medios de comunicación. En temas de conflicto, la página suele presentar una sola posición, sin dar balance informativo a sus publicaciones. Algunos pasajes de sus notas son de difícil comprensión, y la mayoría de fuentes políticas en sus artículos son actores del partido Nueva República.

Aunque el sitio no tiene una descripción de sus integrantes ni formas de contacto, su página de Facebook sí incluye un teléfono y un correo electrónico. En su descripción de Facebook se describen como un medio de información “asertiva y colmada de valores positivos.”

Doble Check trató de conversar telefónicamente, sin éxito, con Francisco Prendas la tarde del jueves y la mañana del viernes. También se le envió un mensaje por Whatsapp que quedó sin respuesta.

1. Falso: «Gobierno PAC promete agencia de empleos sin empleos»

Un artículo publicado el 11 de junio asegura que el Gobierno promete una “agencia de empleos sin empleos”. El artículo hace referencia a la creación del Sistema Nacional de Empleo (SNE), que articula los servicios de empleo del Gobierno y que contempla la creación de una Agencia Nacional de Empleo, a cargo del Instituto Nacional de Aprendizaje. Según aseguró el presidente Carlos Alvarado, esa propuesta permitiría la creación de alrededor de 3000 empleos, a partir de junio.

¿La propuesta del gobierno funcionará? No lo sabemos, porque no podemos chequear el futuro. Resulta falso, sin embargo, asegurar que la propuesta del Ejecutivo para la Agencia de Empleos no contempla la creación de nuevos trabajos.

El artículo usa como única fuente declaraciones de la legisladora de Nueva República, Carmen Chan.

2. «Falso: Pastilla del día después es abortiva»

Este mito lo hemos desmentido en otras ocasiones. Existe un elevado consenso médico que descarta un efecto abortivo en la “píldora del día después”. Así lo ha ratificado la Organización Mundial de la Salud (OMS) desde hace más de una década.

El artículo de Diario La Carta, cita al médico cirujano Claudio Slon, en declaraciones al programa radial Vecinos, de Fabricio Alvarado, Francisco Prendas y Mónica Araya. El texto indica que “la pastilla interrumpe el proceso hormonal que desata el cuerpo una vez que el óvulo está fecundado y ese efecto en cadena desde la concepción se ve interrumpido cuando el endometrio, en lugar de ser el espacio predilecto para que crezca y se desarrolle el futuro bebé, más bien la pastilla provoca que sea un ambiente hostil y el cuerpo lo desecho”.

En realidad, las píldoras anticonceptivas de emergencia tienen un efecto que se limita al proceso de ovulación y no intervienen después de la fecundación o del embarazo. El consenso descarta el efecto antiimplantatorio. Es decir, no son abortivas. Puede leer más sobre el tema en los artículos:

3. Falso: «Costa Rica se endeuda por $350 millones más»

El artículo del 2 de julio hace referencia a un préstamo de $350 millones firmado entre el gobierno y el Banco Interamericano de Desarrollo.

Es falso indicar que el préstamo constituye un aumento de $350 millones en la deuda del país. En realidad, según indicó la jerarca de Hacienda, la gestión solo provoca un cambio en la fuente de financiamiento.

Según indicó Melvin Quirós, director de crédito público a Doble Check, «estas operaciones no representan un mayor endeudamiento al que ya se encuentra planificado en el Presupuesto Ordinario de la República 2019. Dada la naturaleza de estas operaciones, lo que se pretende es sustituir el financiamiento interno ya aprobado en el Presupuesto 2019 por el financiamiento de las operaciones externas con multilaterales».

4. Falso: «Gobierno logra más deuda para el país»

El artículo del 27 de mayo hace referencia a un crédito de $500 millones del Banco de Desarrollo de América Latina (CAF). Según Hacienda, estos fondos no pueden considerarse nueva deuda para el país, dado que ya se encontraban contemplados en el Presupuesto Nacional. Como se indicó en en el chequeo anterior, estos movimientos sí son operaciones nuevas de Hacienda pero no alteran los números. La deuda permanece tal y como se planificó.

Falso: eutanasia en Holanda no está limitada solo para sus ciudadanos

En resumen: es falso que la ley de los Países Bajos restringe la eutanasia solo para ciudadanos de ese país, tal como afirmó la diputada independiente del bloque “Nueva República”, Ivonne Acuña.

La eutanasia y el suicidio asistido fueron despenalizados en Holanda desde el 2002 cuando estos sean facilitados por personal médico.

La ley holandesa solo permite el procedimiento a personas que sufran de un dolor insoportable y cuyo padecimiento sea incurable.  Además, debe haber una autorización expresa y “en conciencia completa” del solicitante.

Contrario a lo afirmado por la diputada Acuña ante el medio de comunicación elmundo.cr, la legislación de los Países Bajos carece de una restricción basada en la ciudadanía o el estado de residencia de la persona que requiera la terminación de su vida.

En su sitio oficial en Internet, el gobierno holandés estipula que el médico tratante debe decidir si es posible ese tipo de procedimientos en casos de personas no residentes que han llegado recientemente a esa nación, con base en un “conocimiento suficiente” del historial médico del solicitante.

En resumen: Es falso que la ley de los Países Bajos restrinja la eutanasia solo para ciudadanos de ese país, tal como afirmó la diputada independiente del bloque “Nueva República”, Ivonne Acuña.

La eutanasia y el suicidio asistido fueron despenalizados en Holanda desde el 2002 cuando estos sean facilitados por personal médico.

La ley holandesa solo permite el procedimiento a personas que sufran de un dolor insoportable y cuyo padecimiento sea incurable.  Además, debe haber una autorización expresa y “en conciencia completa” del solicitante.

Contrario a lo afirmado por la diputada Acuña ante el medio de comunicación elmundo.cr, la legislación de los Países Bajos carece de una restricción basada en la ciudadanía o el estado de residencia de la persona que requiera la terminación de su vida.

En su sitio oficial en Internet, el gobierno holandés estipula que el médico tratante debe decidir si es posible ese tipo de procedimientos en casos de personas no residentes que han llegado recientemente a esa nación. Esa aprobación debe hacerse con base en un “conocimiento suficiente” del historial médico de la persona que la pide.

Acuña aseguró que compartiría con Doble Check su fuente de información, pero no lo ha hecho oportunamente. Se actualizará esta información si fuera necesario.

El comentario de Acuña

Esta semana, el medio digital elmundo.cr divulgó la reacción de la diputada Ivonne Acuña ante el propuesta de una Ley sobre Eutanasia y Muerte Digna, que fue presentado el pasado 1 de mayo por la legisladora del Partido Acción Ciudadana (PAC), Paola Vega.

Según consta en la nota de ese medio, Acuña cuestionó la falta de definiciones de la propuesta, como “el contenido presupuestario, los alcances del proyecto y  a quién está dirigido”.

Como ejemplo, la diputada independiente dijo que “Holanda en su regulación para poder dar el servicio de eutanasia estipula que el servicio es dado solamente a ciudadanos holandeses y precisamente para evitar que otras personas de otros países vengan a hacer uso de ese servicio”.

Captura de pantalla de la nota publicada en elmundo.cr

Por eso, la diputada independiente dijo que, de aprobarse el proyecto en Costa Rica, “vamos a tener turismo homicida y suicida en este país”.

Efectivamente, la iniciativa de ley para permitir la eutanasia en Costa Rica (tramitada bajo el expediente 21.383) carece de una limitación con base en la ciudadanía o el estado de residencia de la persona solicitante, confirmó a Doble Check la diputada Paola Vega.

Los límites que existen en Holanda (y los que no)

A partir del 2002, la legislación de los Países Bajos fue la primera en el mundo que despenalizó la eutanasia y el suicidio asistido.

En su sitio oficial en Internet, el gobierno holandés define que la eutanasia es un procedimiento “realizado por un médico tratante al administrar una dosis fatal de un fármaco apropiado, por solicitud expresa del paciente”. La legislación de ese país considera el suicidio asistido como una situación donde un médico proporciona el fármaco y el paciente se lo administra a sí mismo.

Tales procedimientos son regulados por medio de la Ley de terminación de la vida y suicidio asistido.

Dicha ley estipula una serie de condiciones para que la terminación de la vida por petición sea legal:

  1. Debe ser realizada por un profesional médico. Los médicos no están obligados a realizar el procedimiento.
  2. El médico tratante debe estar convencido de que la solicitud del paciente es voluntaria y bien considerada.
  3. El sufrimiento del paciente ha sido considerado como prolongado e insoportable.
  4. El médico tratante debe informar al paciente de su situación y de sus posibilidades.
  5. El paciente mantiene la convicción de que no hay otra situación razonable para su estado.
  6. El paciente debe ser evaluado por otro médico independiente, quien tiene que revisar por escrito el cumplimiento de las condiciones requeridas.
  7. La eutanasia o el suicidio asistido deben realizarse con un cuidado apropiado.

Además, el médico tratante debe notificar posteriormente la aplicación del procedimiento ante un comité evaluador.

La ley  holandesa establece que la terminación de la vida bajo esos límites puede ser solicitada por personas mayores de 12 años de edad. Sin embargo, el consentimiento de los padres de familia o los guardianes legales es obligatorio hasta los 16 años.

En casos de personas de 16 y 17 años, esa autorización no es obligatoria pero es requerido que la familia o los guardianes estén involucrados en la toma de las decisiones. Después de la mayoría de edad (18 años), las personas pueden solicitar la terminación de la vida sin involucramiento familiar.

La ley que regula la terminación de la vida por petición en Holanda carece de algún estatuto que limite el procedimiento con base en la ciudadanía o el estado de residencia de la persona solicitante.

En su plataforma informativa oficial, el gobierno holandés advierte que los médicos tratantes en casos de eutanasia y suicidio asistido deben tener información suficiente para evaluar la viabilidad del procedimiento en cada caso.

Así, las autoridades de Holanda aseguran que el personal médico puede decidir si facilita o no el procedimiento a personas no residentes que llegaron recientemente al país, con base en un “conocimiento suficiente” del historial médico del solicitante.