Verificación a crítica de Pilar Cisneros

En resumen: Pilar Cisneros publicó un video ampliamente divulgado en redes sociales en octubre pasado. Sus comentarios tuvieron un tono de denuncia dirigida a la clase política en el contexto de los apuros financieros del país agravados por la pandemia por la COVID-19.

La periodista se enfocó en temas relacionados con gasto público y recaudación fiscal. El comentario de Cisneros contenía opiniones apoyadas en varios datos. Este chequeo no se ocupa de las primeras, sino de los segundos.

La periodista afirmó que si Costa Rica eliminara las exoneraciones a grupos poderosos podría pagar todo el déficit fiscal. Su afirmación es incorrecta. También destaca dos afirmaciones engañosas: que la inversión de Costa Rica para atender la pobreza no ha permitido reducirla y que los ingresos promedio del sector público son tres veces más altos que en el sector privado.

Doble Check también verificó otras afirmaciones verdaderas de la periodista: es cierto que los sistemas informáticos de Hacienda son antiguos y obsoletos (algo que ha concedido la propia cartera), es cierto que la administración Arias Sánchez desencadenó un gasto público que creció inercialmente hasta la fecha, o que casi la mitad del presupuesto nacional se dedica al pago de deuda.

En resumen: Pilar Cisneros publicó un video ampliamente divulgado en redes sociales en octubre pasado. Sus comentarios tuvieron un tono de denuncia dirigida a la clase política en el contexto de los apuros financieros del país agravados por la pandemia por la COVID-19.

La periodista se enfocó en temas relacionados con gasto público y recaudación fiscal. El comentario de Cisneros contenía opiniones apoyadas en varios datos. Este chequeo no se ocupa de las primeras, sino de los segundos.

La periodista afirmó que si Costa Rica eliminara las exoneraciones a grupos poderosos podría pagar todo el déficit fiscal. Su afirmación es incorrecta. También destaca dos afirmaciones engañosas: que la inversión de Costa Rica para atender la pobreza no ha permitido reducirla y que los ingresos promedio del sector público son tres veces más altos que en el sector privado.

Doble Check también verificó otras afirmaciones verdaderas de la periodista: es cierto que los sistemas informáticos de Hacienda son antiguos y obsoletos (algo que ha concedido la propia cartera), es cierto que la administración Arias Sánchez desencadenó un gasto público que creció inercialmente hasta la fecha, o que casi la mitad del presupuesto nacional se dedica al pago de deuda.

 

Revisemos las exoneraciones

Afirmación: 192 leyes exoneran del pago de tributos a una serie de grupos poderosos. Solo quitar esas exoneraciones, que equivalen a un 5,57% del PIB permitiría pagar el déficit fiscal sin nuevos impuestos.

Falso.  La afirmación es imprecisa y exagerada. Cisneros enreda dos datos sin relación entre sí: las 192 leyes y la magnitud total de las exoneraciones.


Las 192 leyes (en realidad son 193) exoneran impuestos para bienes importados. Esta exoneración no representa ni cerca del 5,57% del PIB. Representaba solo 0,20% del PIB para el 2017. Y decimos “solo” a pesar de que sí, es un montón de dinero.

De esas exoneraciones se benefician el Gobierno, las misiones internacionales y las empresas. Setenta de cada 100 colones exonerados en bienes importados son aprovechados por las empresas. Es decir, la mayoría. Eso representó más de 66.000 millones de colones en exoneraciones a la importación en el 2017. ¿Cuáles fueron las importaciones más beneficiadas con las exenciones? Los insumos que se usan en la agroindustria y la importación de equipo médico.

Entonces sí hay exoneraciones importantes dadas por esas 193 leyes de importación a ciertos sectores, pero tendrían que ser 25 veces más grandes para cubrir nuestro déficit fiscal.

Ahora hablemos de que las exoneraciones representan un 5,57% del PIB. Casi la mitad de esa cifra (2,56%) corresponde a exoneraciones que disfrutamos los hogares en el país. Estos son impuestos que no pagamos por los productos de la canasta básica y que no pagaban los servicios públicos.

Vamos al detalle. Hacienda se refiere a “gasto tributario” cuando habla de la plata que deja de recibir por exoneraciones de impuestos. Así que hablemos con ese término: gasto tributario.

Cisneros se basa en datos del 2018. De ahí sale el dato de que el gasto tributario corresponde al 5,57% del PIB. Ya tenemos por descontado que casi la mitad del gasto tributario proviene de exoneraciones del antiguo impuesto de ventas a productos y servicios consumidos por los hogares. El Ministerio de Hacienda hace la estimación con base en encuestas del INEC. Ojo que la industria hotelera y los restaurantes, por ejemplo, también se benefician por comprar productos de la canasta básica, pero el cálculo de Hacienda no incluye empresas.

Eso nos deja con poco más de la mitad del monto de exoneraciones. La mayoría proviene del Impuesto sobre la Renta. Este gasto tributario representa el 2,44% del PIB. Más de la mitad de esta porción la disfrutan personas jurídicas (1,38% del PIB). La otra gran porción de exoneración en Renta viene de lo que Hacienda llama “Otras rentas cedulares”, con 1,06% del PIB.

Veamos primero las exoneraciones del pago de renta a personas jurídicas. ¿Cuáles están incluidas? El mayor gasto tributario se da en las exoneraciones a las zonas francas, que llega a 1,01% del PIB. Las asociaciones están en un lejano segundo lugar (0,11%), seguidas por las cooperativas (0,06%). Esas tres son las proporciones más importantes de gasto tributario  para personas jurídicas.

¿Cuáles son las rentas cedulares? Buena parte de este rubro se le exime al impuesto sobre la renta a salarios, como el aguinaldo, el salario escolar y pensiones (0,37%). Otra porción se le exime los intereses a ciertos títulos valores del mercado financiero (0,36%).

Es posible que se pueda reducir el déficit fiscal si se redujeran algunas exoneraciones, pero es falso que todas las exoneraciones se otorgan a “grupos poderosos”.

El Programa Estado de la Nación (PEN) ha llamado la atención sobre el desorden que existe en el país en el otorgamiento y vigencia de exoneraciones en el país. Por ejemplo, el Ministerio de Hacienda no tiene un registro oficial de cada una de las exoneraciones fiscales vigentes.

Doble Check preguntó a Pilar Cisneros acerca de esta afirmación. Ella indicó que el dato procede de un artículo publicado por un economista y político en un medio nacional. Doble Check no encontró la referencia.

“Cuando usted debe comprimir el mensaje para que dure solo unos pocos minutos, es difícil o casi imposible incluir detalles que mejorarían mucho la precisión del mensaje general”, contestó, por correo electrónico.

Salarios públicos y privados

Afirmación: «Hoy los ingresos promedio del sector público son tres veces más altos que en el sector privado, una situación que –según la OCDE– hace de Costa Rica uno de los países con mayor desigualdad en el mundo».

El cálculo es engañoso. Es cierto que existe una diferencia, pero el dato que usa Cisneros para explicarla exagera las desigualdades. En realidad, la diferencia está exagerada en cinco veces.

Es correcto que existe una disparidad de tres veces entre el ingreso promedio de los trabajadores públicos y privados. Según los datos del segundo trimestre de la Encuesta Continua de Empleo del INEC, el ingreso mensual promedio para un trabajador público es de ₡1.067.085, mientras que para un trabajador del sector privado es de ₡348.260. Los dos datos deben tomarse con pinzas.

Como ya lo explicó Doble Check el año pasado, hay muchas diferencias entre el perfil de la mayoría de empleados públicos y privados que provocan que un promedio a rajatabla pueda ser sesgado. Esas diferencias ocurren en la jornada laboral, en el nivel educativo, en la informalidad, entre otras variables. Ellas terminan distorsionando los cálculos.

Por ejemplo, la mayoría de trabajadores en el sector público (63%) tiene un título universitario. En el sector privado eso solo ocurre para un 17% de los trabajadores. Eso tiene un efecto en sus salarios y genera que el salario promedio de un trabajador privado sea menor.

La distribución de jornadas también influye. Nueve de cada 10 trabajadores en el sector público reportan jornadas normales de 40 horas o más. En el sector privado esa cifra es más reducida: 74%. Esta diferencia provoca que el promedio salarial del sector privado sea menor, pues considera una buena proporción de los salarios de personas que trabajaron menos de 40 horas.

La informalidad es otro elemento que explica por qué la comparación a rajatabla con promedios no es precisa. Un primer cálculo que nos permitiría comparar las dos poblaciones con mayor precisión sería tomar el salario por hora de un trabajador con título universitario y empleo formal. En el sector público, ese salario por hora sería de ₡8.080, mientras que en el privado sería de ₡4.232. La diferencia se acortó.

Aún así, ese cálculo no resulta suficiente. Hay muchas otras diferencias que deben considerarse.  El año pasado, mediante un método estadístico llamado regresión lineal, mostramos cómo la diferencia salarial entre los empleados públicos y privados no es de tres veces, como repite Pilar Cisneros. La diferencia es de un 32%, y se ha mantenido durante prácticamente la última década. Puede leer más detalles aquí.

Sí es cierto que la OCDE ha señalado que esta desigualdad, en contraste con otros países, el sector público contribuye a la desigualdad de ingresos. Según la OCDE “supone la mayor contribución a la desigualdad de ingresos”.

En una respuesta a Doble Check, Cisneros señaló que no encontró ninguna fuente que le permitiera hacer comparaciones equivalentes. Destacó que, de cualquier manera, la diferencia sigue existiendo.

«Lo que me queda clarísimo es que los salarios del sector público tienden a ser mucho mayores que los del sector privado, no necesariamente por los sueldos base en sí, sino por la enorme distorsión que causan los pluses y recontrapluses aplicados en la administración pública».

Cisneros aportó un dato de la Contraloría General de la República (CGR) que Doble Check ha publicado con anterioridad. Las memorias anuales de la Contraloría suelen incorporar un cálculo sobre cuántas veces se paga más en pluses que en salarios base.

Según el análisis de Presupuestos Públicos de la CGR del 2020, por cada 1.000 colones que se pagan en salarios base en el sector público, se pagan otros 1.080 en incentivos. Pero en instituciones descentralizadas como la Junta de Protección Social se pagan 2.160 en incentivos.

Esas afirmaciones son correctas: la principal fuente de desigualdad en salarios dentro del sector público son los distintos esquemas de pluses salariales.

¿Costa Rica no logra reducir su pobreza?

Afirmación: ¿Por qué, aunque invertimos un 2,8% del PIB para reducir la pobreza, no logramos reducirla? 

Pilar Cisneros reitera una afirmación popular entre políticos, medios de comunicación y círculos académicos. Esta es engañosa si no la ubicamos en el tiempo. Contrario a lo dicho por Cisneros, Costa Rica sí ha visto reducciones en la pobreza y la pobreza extrema.

Nos basamos en el estudio La tendencia de largo plazo de la pobreza en Costa Rica: 1987-2017, de los economistas Andrés Fernández y Ronulfo Jimenez. Entre el 2006 y 2017 sí hubo una tendencia de reducción de la pobreza. La afirmación de Cisneros acerca de un estancamiento en la pobreza es cierta únicamente para algunos períodos: 1987-1992 y 1994-2006. También lo es para el 2010-2017.

Cisneros omitió señalar algún periodo en particular. ¿Por qué es necesario hacerlo?

Las mediciones históricas del INEC sobre pobreza no pueden cotejarse entre sí. El propio instituto ha advertido acerca de la no comparabilidad de esta medición para períodos largos.

El estudio de Academia de Centroamérica enlista una serie de inconvenientes al comparar todos los datos históricos oficiales del INEC. Durante las últimas décadas, las metodologías han cambiado profundamente: la canasta básica que se usa para definir la línea de pobreza y las estimaciones para saber cuántos ingresos subdeclaraban los hogares en las entrevistas cambiaron a través de varias metodologías. Además, en algunos años, el INEC descartó en sus mediciones a los hogares que no declaraban sus ingresos, algo que ya no ocurre.

Para poder tener una serie comparable, los economistas trabajaron con ocho tipos de metodologías que permitieran mostrar cómo han variado los niveles de pobreza en Costa Rica. En todos se observó una caída en la pobreza entre el 2006 y 2017, aunque sí hubo un estancamiento desde el 2010.

Pilar Cisneros nos dijo que sí estaba consciente sobre los cambios en la metodología. Dijo que para ella es suficiente usar como parámetro los últimos diez años en donde la variación ha sido nula –según sus palabras–. También mostró preocupación por el crecimiento de la pobreza por efecto del COVID-19.

El estudio de Fernández y Jiménez explora a mayor profundidad una de esas series por ser la que más se asemeja a las prácticas estadísticas del INEC de la actualidad. Con ella, concluye que en el 2017 Costa Rica tenía un nivel de pobreza 48% menor al que se tenía en 1987.

Hoy el país es un 30% menos pobre que hace veintitrés años (1994). Pero sin lugar a dudas, este logro es de mayor importancia cuando se toma en cuenta que son los hogares en la peor condición de pobreza, la extrema, los que más se han reducido, ya que en el año 2017 representaban menos de la mitad de lo que fueron en el año 1987”, concluye el estudio.

Sistemas en Hacienda

Afirmación: El Ministerio de Hacienda tiene más de 50 sistemas de cómputo obsoletos y pocos auditores para controlar a los grandes evasores. 

Cierto.

El 2 de junio de 2020 el Ministro de Hacienda Elián Villegas presentó a la Asamblea Legislativa un proyecto de ley para financiar un préstamo que permitiría el desarrollo de la “Hacienda Digital para el Bicentenario” (expediente 22016).

En el texto el Ejecutivo reconoce que sus 59 sistemas “no están integrados, obsoletos y requieren un importante trabajo adicional para la consolidación de datos, complicando y entorpeciendo el intercambio de información entre las aplicaciones y dificultando la formación de una vista integrada de los datos de los contribuyentes e identificación de los riesgos”.

Según el proyecto de ley, los principales sistemas de información tienen una edad promedio de 19 años. Uno de los más importantes, el Sistema de la Administración Tributaria, tiene 26 años. Otros, como el Sistema Integrado de Gestión de la Administración Financiera,  implementado en el año 2003, con una edad de 17 años.

La Contraloría General de la República afirmó en septiembre del 2020 que el Ministerio de Hacienda dispone de 10 herramientas dispersas y de escaso uso. “Por ejemplo, las herramientas Matriz de Riesgo Tributario y TIMON no reportan consultas para el período que se tiene disponibilidad de datos, así como el Cubo de control extensivo el cual solo ha sido utilizado por un usuario”.

La alternativa, sugiere el gobierno, es el reemplazo de los sistemas actuales, para lo que sugiere la aprobación del proyecto de ley en el Congreso.  Según la CGR, su tiempo estimado de implementación será de 5 o 6 años.

La deuda y el presupuesto

Afirmación: Casi la mitad del presupuesto es solo para pagar las deudas. 

Cierto. El Servicio de la Deuda Pública corresponde a un 42,3% del presupuesto del Gobierno de la República en discusión para el 2021. En el 2020 representó un 38,2%.

 

Desempleo durante pandemia

Afirmación: El virus dejó a 1 de cada 4 costarricenses sin empleo. 

Cierto.  La tasa de desempleo en Costa Rica es de un 24% según la Encuesta Continua de Empleo del INEC para el II Trimestre de 2020. El dato es de un 23,2% para el último trimestre móvil disponible (de Julio a Agosto de 2020).

Arias Sánchez y el déficit del 2010

Afirmación:  Óscar Arias logró un superávit fiscal en sus dos últimos años, pero como -según él- había que poner a Costa Rica a caminar de nuevo tras la crisis mundial del 2008, Arias disparó el gasto público y cerró el 2010 con el superávit más alto de América latina (5,5% del PIB) . La cantidad de empleos públicos subió un 20%.

Es cierto que el Gobierno Central de Costa Rica tuvo el déficit fiscal más alto de América Latina en el 2010, motivado por un incremento en el gasto público. Las estadísticas compiladas por la CEPAL de déficit fiscal pueden consultarse aquí.

El Informe del Estado de la Nación del 2011 indica que en el 2010 los gastos del Gobierno Central crecieron en un 26,8%. ¿Cuáles? Principalmente remuneraciones y pensiones. Al mismo tiempo, los ingresos solo crecieron en un 15,5%.

Según el informe, el rubro de remuneraciones y pensiones explica más de la mitad (53%) del aumento en los gastos corrientes del Gobierno Central en el 2009 y 2010. El informe llamó la atención sobre la gravedad de esos aumentos. Ellos constituían un crecimiento en el gasto inercial del sector público.

“En el caso de las remuneraciones el impulso provino de un aumento en la planilla y los salarios,  cuyo principal factor explicativo es el reciente ciclo político-electoral. (…)  Casi el 40% de los empleos que se crearon en esta categoría en el 2009 correspondió al sector público. El aumento que experimentó el empleo público en 2009 y 2010 se dio sobre todo en la educación. Le sigue el sector salud, donde la CCSS da cuenta del 81,5% de la expansión registrada”.

En sus informes, el PEN también señala la responsabilidad del Poder Legislativo en el otorgamiento de estos beneficios. Su Informe Estado de la Nación 2018 indica:

“Hasta abril de 2018 existían 1.339 exoneraciones vigentes, de las cuales un 46% se consideran indefinidas, porque en la norma respectiva no se especifica el impuesto afectado. Además, el 59% no tiene mecanismos de control y el 78% no tiene plazo de vigencia, lo cual infringe el Código de Procedimientos Parlamentarios”.

Cierto: Costa Rica no cuenta con suficientes datos públicos para medir la riqueza

En resumen: El Instituto de Investigaciones Sociales (ISS) fue blanco de varias refutaciones. Uno de sus estudios en proceso usó una revista de negocios centroamericana como fuente para calcular la magnitud de las mayores fortunas de Costa Rica. La fuente era falaz y el instituto replicó sus datos sin fundamento.

¿Hay otras formas de acercarnos a los estratos más altos de prosperidad en el país?

La estadística es una forma de aproximación, pero se queda corta. El INEC nos dice que el ingreso promedio mensual del 10% de los hogares más ricos del país es de unos ₡2,4 millones. ¿A cuánto corresponde el ingreso del 0,1% más rico? ¿A dos veces esa cifra? ¿A cien veces? Eso no lo sabemos porque es un estrato que suele escapar al alcance de las encuestas.

¿Qué hay de los aportes a la Caja Costarricense del Seguro Social? Ellos solo indican ingresos formales, y solo son accesibles para salarios públicos. Otro acercamiento podría venir de las declaraciones de impuestos, pero la ley protege su confidencialidad. Otra vía: si supiéramos quiénes son los beneficiarios finales de las empresas más rentables del país también podríamos tener un acceso indirecto a la magnitud de la acumulación de capital. Esa información tampoco está disponible públicamente.

La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) se ha referido al asunto. La organización ha dicho que los pocos datos privados en manos del Estado aún son insuficientes para conocer los volúmenes de la riqueza en el país. También señala que Costa Rica todavía necesita mejoras en las herramientas que permitan identificar quiénes controlan el capital de las personas jurídicas.

El Estado sí tiene una base de datos pormenorizada de los ingresos de cerca de 1,4 millones de hogares en el país, pero no son los hogares más prósperos los que están registrados en el Sinirube. De los hogares más ricos prácticamente no conocemos nada.

En medio de la polémica del IIS, el instituto justificó el uso de la revista de negocios FORBES Centroamérica. Alegó una “opacidad” de otras fuentes de información sobre la acumulación de riqueza en Costa Rica. El instituto se equivocó al confiar en una fuente inadecuada, pero su argumento de fondo es correcto. Costa Rica no tiene suficientes datos públicos para saber cuán ricos son sus ricos.

En resumen: Una investigación en proceso del Instituto de Investigaciones Sociales (ISS) fue blanco de varias refutaciones. El estudio usó una revista de negocios centroamericana como fuente para calcular la magnitud de las mayores fortunas de Costa Rica. La fuente era falaz y el instituto replicó sus datos sin fundamento.

¿Hay otras formas de acercarnos a los estratos más altos de prosperidad en el país?

La estadística es una forma de aproximación, pero se queda corta. El INEC nos dice que el ingreso promedio mensual del 10% de los hogares más ricos del país es de unos ₡2,4 millones. ¿A cuánto corresponde el ingreso del 0,1% más rico? ¿A dos veces esa cifra? ¿A cien veces? Eso no lo sabemos porque es un estrato que suele escapar al alcance de las encuestas.

¿Qué hay de los aportes a la Caja Costarricense del Seguro Social? Ellos solo indican ingresos formales, y solo son accesibles para salarios públicos. Otro acercamiento podría venir de las declaraciones de impuestos, pero la ley protege su confidencialidad. Otra vía: si supiéramos quiénes son los beneficiarios finales de las empresas más rentables del país también podríamos tener un acceso indirecto a la magnitud de la acumulación de capital. Esa información tampoco está disponible públicamente.

La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) se ha referido al asunto. La organización ha dicho que los pocos datos privados en manos del Estado aún son insuficientes para conocer los volúmenes de la riqueza en el país. También señala que Costa Rica todavía necesita mejoras en las herramientas que permitan identificar quiénes controlan el capital de las personas jurídicas.

El Estado sí tiene una base de datos pormenorizada de los ingresos de cerca de 1,4 millones de hogares en el país, pero no son los hogares más prósperos los que están registrados en el Sinirube. De los hogares más ricos prácticamente no conocemos nada.

En medio de la polémica del IIS, el instituto justificó el uso de la revista de negocios FORBES Centroamérica. Alegó una “opacidad” de otras fuentes de información sobre la acumulación de riqueza en Costa Rica. El instituto se equivocó al confiar en una fuente inadecuada, pero su argumento de fondo es correcto. Costa Rica no tiene suficientes datos públicos para saber cuán ricos son sus ricos.

 

¿Qué dijo el ISS con respecto al acceso a datos sobre riqueza?

Un estudio en proceso del IIS fue usado como fuente de varias publicaciones en las que se señalaba el nombre de tres personas como las más adineradas del país. El centro falló al verificar la validez de su fuente original: la revista FORBES Centroamérica. La información no tenía fundamento.

El centro de investigación aseguró en un comunicado que hay “poca o nula información de carácter público sobre la riqueza”. El rector de la Universidad de Costa Rica, Carlos Araya, adujo argumentos similares en una circular.

 

¿Puede el Estado medir la riqueza de una persona?

No es posible medirla con exactitud. Las estimaciones sí pueden ser más certeras cuanto más acceso a información tenga el Estado sobre bienes e ingresos. Así lo expresó el exviceministro de Ingresos, Fernando Rodríguez, aunque apuntó que podría haber limitaciones.

“Por ejemplo, siempre puede haber valores registrados en paraísos fiscales. No es una ciencia exacta”, apuntó.

Costa Rica recibió recomendaciones sobre transparencia fiscal por parte de la OCDE durante más de una década. Su último informe sobre el tema concluyó que el país obtuvo mejoras sustanciales.

Uno de los cambios recientes es el registro centralizado que recopila información sobre los beneficiarios finales del dinero que producen todas las entidades legales. La OCDE aún no revisa su operación. Eso sí, adelantó que tiene varias deficiencias sobre la legalidad del registro y la información disponible en el país.

Doble Check consultó a Zayda Manatta, jefa de la Secretaría del Foro Global de la OCDE sobre Transparencia e Intercambio de Información para propósitos impositivos. Ella resaltó algunas de las deficiencias expresadas en el último informe:

  • La legislación contra el lavado de dinero solamente cubre a las personas frísicas dueñas de acciones. Falla en identificar a los verdaderos dueños o beneficiarios reales del capital de las empresas.
  • La ley contra el fraude fiscal le permite a las entidades legales que no identifiquen a sus dueños legales extranjeros. En su lugar, permite que registren los nombres de sus administradores. En el caso de los fideicomisos, para la OCDE es incierto si esta ley requiere la identificación de cualquier otra persona que ejerza control.

La OCDE también afirmó en su Análisis de la Política Fiscal que la “evasión fiscal en Costa Rica es generalizada. Los ingresos fiscales que se pierden a consecuencia de la evasión fiscal son muy elevados, en particular en el ámbito de las empresas”.

Medidas complementarias

Para el exviceministro Rodríguez, la estructura impositiva en Costa Rica tampoco favorece la identificación de quién está detrás de la riqueza. Más allá del estándar de la OCDE, se necesitaría migrar a un modelo de renta global, indica el economista.

Rodríguez opina que para el Estado no es suficiente contar con información acerca de los accionistas y las sociedades: cualquier persona podría ocultarse detrás de otros sujetos. En su lugar, sugiere que todas las personas físicas reporten sus activos, pasivos e ingresos. Ello permitiría identificar quiénes se benefician de cada bien o capital.

Según el exviceministro, además de ser confidenciales, la declaración de impuestos también son muy escuetas. “Aquí se llena una página, en otros países son nueve o más”.

 

Información accionaria en Costa Rica es confidencial

El registro de accionistas en Costa Rica permitirá al Estado calcular de mejor manera la magnitud de la riqueza personal. Sin embargo, los y las ciudadanas, periodistas, y académicos no tendrán acceso a él.

La publicidad de esta información no es un estándar internacional. Sin embargo, sí hay casos de apertura. Países como como Reino Unido , Bulgaria, Dinamarca o antiguos paraísos fiscales como Luxemburgo, ofrecen información pública y de acceso libre sobre accionistas y beneficiarios finales de las compañías.

Más transparencia, menos corrupción

Una organización como Global Witness impulsa este tipo de conocimiento público. La organización civil internacional argumenta que la información no es solo clave para los ciudadanos, también es vital para los otros gobiernos. La organización dijo a Doble Check por medio de un correo electrónico:

«La transparencia pública y completa acerca de la información de los beneficiarios finales es vital para detener el rol de opacidad entre compañías anónimas involucradas en acciones de lavado de dinero y en corrupción. Desde los Papeles de Panamá hasta otros numerosos escándalos han demostrado cómo los criminales y los corruptos ocultan sus identidades detrás de compañías anónimas para ocultar grandes sumas de riqueza ilegal alrededor del mundo».

El sistema financiero permite con facilidad crear capas de compañías de papel que cruzan fronteras y jurisdicciones. Eso, indica la organización, hace imposible saber quién está detrás del dinero.

«Si logramos sacar esta información de las sombras, el público, los medios de comunicación, la sociedad civil –así como los gobiernos– podremos seguir el dinero y llamar a esas organizaciones a rendir cuentas», indicó la organización a Doble Check.

Ya otras organizaciones han llamado la atención sobre este tema. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos subrayaba en marzo de 2018  que la falta de transparencia facilita la corrupción e impide el control ciudadano. La entidad  recomendaba a los Estados «establecer obligaciones de transparencia activa» en relación con «la identidad de las personas jurídicas y naturales involucradas en la gestión de empresas del sector privado«. El caso Claude Reyes vs otros en Chile de la Corte Interamericana de Derechos Humanos también aborda este problema.

Los estándares de la OCDE no requieren que la información sobre empresas sea accesible al público. Eso sí, la organización tiene claro que los ciudadanos y periodistas pueden contribuir a aumentar la transparencia para asuntos impositivos.

«Permitir al público acceder a alguna información (como los registros acerca de beneficiarios finales sobre empresas o fideicomisos) podría permitir un mayor escrutinio acerca de la precisión de la información (siempre que se provea de datos que se puedan buscar fácilmente y leer desde computadoras sin ningún costo). El acceso abierto a esta información atraerá la atención de académicos, organizaciones civiles y periodistas», sugiere Zayda Manatta, jefa de la Secretaría del Foro Global de la OCDE.

Ese escrutinio puede contribuir a una identificación más activa de los datos inadecuados, dijo Manatta. También permitiría una detección más efectiva de la evasión de impuestos o el lavado de dinero. «En la Unión Europea, los Estados Miembros han decidido dar público acceso a los registros de beneficiarios finales para evitar el lavado de dinero (recital n°30 de la 5th European AML Directive -n°2018/843-)», ejemplifica la experta.  La transparencia de esta información podría tener un costo deseable en la reputación de personas relacionadas con empresas vinculadas al lavado de dinero o el financiamiento del terrorismo.

«Todas esas ventajas deben de pesarse contra el riesgo que algunos beneficiarios finales puedan percibir ante una mayor disponibilidad de la información. Estas personas podrían preferir que no exista tanta información disponible, o tratarían de cambiar su involucramiento a través de estructuras mucho más complejas», dijo.

 

¿A cuál información sí tenemos acceso?

Un ciudadano, periodista o investigador en Costa Rica no puede acceder a la lista de accionistas de una empresa. Mucho menos a sus beneficiarios finales. La única información parcialmente pública está relacionada con las juntas directivas de las compañías. ¿Qué otra información existe?

Encuestas

Hay acceso público a los datos recolectados por el Instituto de Estadística y Censos en la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares, por ejemplo. Con ellos se puede medir el nivel de desigualdad del país. Esa información tiene varias limitaciones: en primer lugar, es  anónima.

Además, un análisis realizado por la Cepal señala un posible sesgo en los datos por la improbabilidad de que los percentiles de hogares más ricos sean seleccionados en una muestra aleatoria. También indican su propensión a rechazar la encuesta y la posibilidad de subregistro en las declaraciones. Ese subregistro podría llevar a subestimaciones en los cálculos sobre la desigualdad.

La Cepal recomienda el uso combinado de la encuesta con datos tributarios obtenidos de las autoridades fiscales. Este método combinado ayudaría a obtener mediciones más precisas sobre la desigualdad y la distribución del ingreso en los hogares más ricos de cada país. Por esta razón, la comisión aconseja a los gobiernos la divulgación de esta información.

Estados financieros

Las empresas que cotizan en la bolsa de valores deben publicar sus balances anuales. Existe una mayor transparencia con este tipo de compañías, como Fifco, pero son una minoría dentro del parque empresarial del país. Se trata de apenas 58 empresas, incluidas entidades estatales.

Esta información también es limitada a la hora de medir riquezas particulares porque los datos públicos no están asociados a los accionistas. Los beneficiarios, además, posiblemente puedan tener inversiones, ingresos o capital de otras fuentes.

Eduardo Rojas, exgerente de negocios del INS Valores Puesto de Bolsa y docente de administración pública en la UCR, agregó otras limitaciones. Por ejemplo, el mercado costarricense no funciona con la misma agresividad que en los países de renta alta. Esos países obtienen una mayor cantidad información financiera de las empresas que participan en la bolsa.

 

¿Favorece el sistema impositivo a los más ricos?

Es difícil responder a esa pregunta tajantemente, pero hay algunas pistas.

Por ejemplo, la OCDE también ha señalado que el sistema impositivo de Costa Rica no favorece a la redistribución de la riqueza. La revisión de políticas tributarias que la organización hizo a Costa Rica en el 2017 concluyó que “el Impuesto de Renta a Personas Físicas no contribuye a reducir la desigualdad entre los ingresos. Aun cuando este impuesto está diseñado como progresivo, en la práctica eleva muy poco los ingresos con influencia en la distribución de los ingresos”.

El principal problema es que la recaudación por renta a personas físicas es baja en comparación con el resto de países de la organización.

El impuesto máximo con el que se gravan las rentas altas (mayores a ₡1,2 millones) es de un 15% en Costa Rica. En el resto de la OCDE es de 43,6% en promedio. En Suecia, por ejemplo, llega a un extremo de 57%.

“(Esa) limitada recaudación que se obtiene es uno de los factores que explican la diferencia tan pequeña entre los coeficientes de Gini antes y después de impuestos y transferencias en Costa Rica, en comparación con otros países”, dice la organización.

Irlanda o Finlandia, por ejemplo, reducen la desigualdad a casi la mitad después de aplicar impuestos y prestaciones. Costa Rica logra efectos mínimos (de apenas un 3,8%), tras hacer lo mismo.

Nota del editor: Doble Check es un proyecto financiado por la Universidad de Costa Rica. El Instituto de Investigaciones Sociales también pertenece a esta casa de enseñanza. La información en esta nota se trabajó con independencia de esta relación, pero se considera necesario transparentar un conflicto de interés de cara a nuestra audiencia.

Dieta de diputados no pagará IVA (si lo hiciera, la pagaría usted)

En resumen: Es engañoso afirmar que Hacienda no cobrará IVA a las dietas de los diputados como una medida para “protegerlos” del pago de impuestos.

Un artículo de El Guardián CR asegura que Hacienda decidió no cobrarle IVA a dietas de los Diputados. La nota agrega que esa medida abre una ventana para que liberales independientes eviten pagar IVA.

Es cierto que las dietas de los diputados no pagan IVA. Sin embargo, el texto parte de una premisa engañosa. Si las dietas de los diputados pagaran IVA, el Estado debería aumentar su presupuesto del rubro de dietas en un 13% para poder costear el pago de ese tributo. Esto sucede porque el IVA lo paga quien contrata el servicio y no quien lo ofrece.

Además, los diputados no prestan un servicio profesional, que es una condición básica para el cobro del impuesto al valor agregado. Esa es la razón por la que las dietas (tanto en el sector público como privado) no están gravadas con ese impuesto.

Eso sí: los diputados sí continúan pagando el impuesto de renta, como lo deja claro El Guardián CR en su artículo.

En resumen: Es engañoso afirmar que Hacienda no cobrará IVA a las dietas de los diputados como una medida para “protegerlos” del pago de impuestos.

Un artículo de El Guardián CR asegura que Hacienda decidió no cobrarle IVA a dietas de los Diputados. La nota agrega que esa medida abre una ventana para que liberales independientes eviten pagar IVA.

Es cierto que las dietas de los diputados no pagan IVA. Sin embargo, el texto parte de una premisa engañosa. Si las dietas de los diputados pagaran IVA, el Estado debería aumentar su presupuesto del rubro de dietas en un 13% para poder costear el pago de ese tributo. Esto sucede porque el IVA lo paga quien contrata el servicio y no quien lo ofrece.

Además, los diputados no prestan un servicio profesional, que es una condición básica para el cobro del impuesto al valor agregado. Esa es la razón por la que las dietas (tanto en el sector público como privado) no están gravadas con ese impuesto.

Eso sí: los diputados sí continúan pagando el impuesto de renta, como lo deja claro El Guardián CR en su artículo.

Las dietas no pagan IVA

La Dirección General de Tributación (DGT) acordó el 20 de agosto pasado que las dietas no están sujetas al impuesto sobre el valor agregado. Las dietas son “entendidas como los servicios de dirección que brindan las personas físicas que son miembros de juntas directivas u órganos de dirección de las personas físicas o jurídicas”.

El pronunciamiento de la DGT surge como respuesta de Hacienda a las consultas de la firma Deloitte.

Según Hacienda, el Impuesto al Valor Agregado grava al comprador final de un servicio o de un bien. El impuesto identifica como recaudadores a los que realizan actividades que implican ordenar factores de producción, materiales humanos, distribuirlos, comercializarlos o venderlos. Para la cartera, las dietas de un miembro de una junta directiva no son un “precio” por la prestación de un producto o servicio.

Según Nogui Acosta, viceministro de Hacienda, existen importantes diferencias entre una persona que cobra dieta y una que realiza un servicio profesional.

“Es muy diferente un profesional que hace sus estudios, su trabajo, a una persona que forma parte de una Junta Directiva. Yo gano una dieta por ir a una sesión de junta. Si no voy no gano dieta. Desde el punto de vista de la prestación de un servicio, en realidad no tengo un contrato, ni un informe que entregar. El nombramiento de junta es una decisión colegiada de la empresa, cosa diferente si me contratan por un servicio profesional para que le presente un informe a la empresa, con una serie de deberes y un plazo”, dijo Acosta.

La posición de Tributación rectifica una interpretación previa dirigida a Radiográfica Costarricense. Aquella disposición indicaba que las dietas no eran salarios y que cualquier pago que no fuera un salario debía pagar IVA.

“La consulta de Radiográfica iba a enfocada para que definieramos si las dietas son remuneración o no. No lo son. Por default, todo lo que no es relación administrativa o laboral —como un salario— tiene que pagar IVA. El análisis fue un poco ligero de tributación, no tomamos en cuenta que el inciso del artículo que exime el pago de remuneraciones señala dos tipos de remuneraciones”, explicó Acosta a Doble Check.

¿Qué pasaría si las dietas de los diputados pagaran IVA?

Fuera de la discusión sobre si los diputados ofrecen o no un servicio profesional, ¿qué pasaría si las dietas de los diputados pagaran IVA, como sugiere El Guardián?

Inicialmente, los diputados habrían tenido que inscribirse ante Tributación como profesionales que realizan una actividad. También tendrían que emitir facturas por sus servicios. El Estado también habría tenido que incrementar su presupuesto destinado a dietas en un 13% para pagarles ese porcentaje de IVA que habrían tenido que retener y trasladar al propio Estado.

“La gente no entiende a veces que el IVA es un impuesto que lo paga el consumidor final”, explicó Acosta a Doble Check.

El Guardián aporta una información similar casi al final de un editorial titulado ¿Y por qué los Diputados no pagan IVA?

“No obstante parece lógico que ellos no paguen, pues con el nuevo sistema uno se convierte en un simple recaudador, por lo cual los Diputados podrían incrementar el gasto al sumar en su factura el Impuesto al Valor Agregado. Y eso lo pagaríamos todos, no ellos, salvo que ellos mismos concientan (sic) deducir de su jugoso salario el IVA”.

Aún así, asegura El Guardián, la medida permitiría la trazabilidad el IVA en las dietas de los diputados. Para Hacienda, la trazabilidad se genera porque se pueden identificar todos los pasos de la cadena de valor, pero en este caso no existe una cadena de valor.

El Guardián CR

El artículo informativo de El Guardián CR también agrega que eximir las dietas del pago del IVA abre otros portillos legales.

“De esta forma se abre una ventana para que liberales independientes eviten pagar el IVA a pesar de prestar básicamente servicios profesionales sin relación laboral, como lo son las Dietas, o para ello deberán integrar una Junta Directiva, de lo contrario pagarán renta e IVA”.

El viceministro Acosta rechazó esa interpretación y resaltó que esa conducta constituiría un fraude. El jerarca afirmó que Hacienda supervisa todas las actividades de los diferentes profesionales sujetos al impuesto.

Doble Check contactó al director del medio, Richard Molina, quien accedió a conversar y ofreció su explicación pero no autorizó su publicación. Después de esta charla, el periodista cambió la redacción del último párrafo de su nota que ahora se pregunta, con ironía:

“De esta forma, nos preguntamos, se abre una ventana para que liberales independientes eviten pagar el IVA a pesar de prestar básicamente servicios profesionales sin relación laboral, como lo son las Dietas, o para ello deberán integrar una Junta Directiva, de lo contrario pagarán renta e IVA. (Ironía). (sic)”

17 chequeos a preguntas comunes sobre el IVA y la reforma fiscal

Chequeamos memes, artículos y mensajes comunes divulgados en redes sociales acerca de la entrada en vigencia del IVA.

Este primero de julio empezará a regir la principal transformación tributaria de Costa Rica en las últimas décadas. Al filo de la entrada en vigencia del Impuesto al Valor Agregado, chequeamos algunas de las consultas de los lectores, memes y artículos más comunes acerca de la entrada en vigencia del IVA y la reforma fiscal. Para estos chequeos contamos con la ayuda del Director General de Tributación, Carlos Vargas, y el departamento de prensa del Ministerio de Hacienda.

1.La electricidad pagará impuestos a partir de este primero de julio. 

Parcialmente cierto. El consumo está exento hasta los 280 kilowatts: si se supera esa cifra, entonces el impuesto se cobra sobre la totalidad.

Originalmente, durante la discusión de proyecto de ley, Hacienda hizo estimaciones sobre qué proporción de los costarricenses terminaría pagando el impuesto, a partir de su consumo promedio. Según la entidad, solo alrededor de un 20% de la población terminaría pagándolo. Algo similar sucede con los treinta metros cúbicos, para el consumo de agua.

“Hay que recordar que en el caso de energía ya hoy paga impuesto de ventas (una tarifa de un 5% con un mínimo exento más pequeño -de 250 kilowatts-. La ley lo incrementó a 280 y al 13%”.

Si el consumo de electricidad es comercial, no está exento, pero es un crédito tributario y es deducible.

2. El agua empezará a pagar impuestos a partir de este primero de julio.

Parcialmente cierto. Hoy en día el agua no está sujeta al impuesto de ventas. A partir del 1 de julio se aplicará un impuesto de un 13%,  siempre que haya consumos mayores a los 30 metros cúbicos. El impuesto se cobra sobre la totalidad. (Es decir, si usted consume 31 metros cúbicos, se cobrará el impuesto sobre los 31).

3) Información falsa de Teletica: los consumos de agua y electricidad pagarán impuestos, aunque estén exonerados

Es falso que los consumos de electricidad y agua exonerados pagarán impuestos

Falso. Información publicada por varios medios de comunicación y algunas informaciones en redes sociales sostienen que los costarricenses sí pagarán impuestos por electricidad y agua aún cuando sus servicios se encuentren exonerados. Las publicaciones indicaban que el impuesto sí se cobraría indirectamente a través del cobro de los servicios como la tarifa hídrica, el alcantarillado y los hidrantes.

Según Carlos Vargas, esos rubros son contraprestaciones de naturaleza tributaria que -según el artículo 9, inciso nueve- no están sujetos.

“Artículo 9. Inciso 9. No estarán sujetos al impuesto: El suministro de bienes y prestaciones de servicios realizados directamente por los entes públicos, sin contraprestación o mediante contraprestación de naturaleza tributaria”

4) Los alquileres sí pagarán impuestos

Parcialmente cierto. Los arrendamientos de vivienda estarán exentos siempre que el monto sea inferior a 1,5 salarios base (669.300). Si se excede ese monto, el impuesto se cobra sobre la totalidad del alquiler.

El impuesto se paga sobre el alquiler específico, es decir: si la persona que le alquila a usted una casa tiene tres alquileres de 400.000 que suman 1.200.000 no tiene que pagar el impuesto, pues cada alquiler es menor a la cifra gravable.

En el caso de micro y pequeñas empresas, aquellas que estén registradas ante el MEIC gozan de un mínimo exento equivalente al del alquiler residencial. Si la empresa paga un monto superior a los 669.300, debe pagar el impuesto sobre la totalidad. Sin embargo, si -eventualmente- la empresa tuviera que pagar el IVA, ese pago se considera un crédito deducible.

5) Cierto: Transporte de estudiantes sí pagará IVA del 13%

Los servicios sujetos a fijación tarifaria por parte de Aresep están exentos del pago del impuesto (según el artículo 8). Las busetas no tienen tarifa regulada por Aresep, por lo que deben pagar el impuesto del 13%.

Transporte de estudiantes sí pagará IVA
Transporte de estudiantes sí pagará IVA

El transporte especial puede ser considerado para un derecho a crédito si es parte del proceso de producción (traslado de turistas, por ejemplo). No existe derecho a crédito si es un consumo de naturaleza personal, como el traslado de estudiantes.

6) A partir de primero de julio usted tendrá que pagar más por su teléfono

Falso. Ya tiene un impuesto de ventas del 13%. Pasará a tener el mismo impuesto con el IVA.

7) Las medicinas empezarán a pagar impuestos con el IVA

Cierto. Los medicamentos están gravados con el 2% del IVA. El servicio médico está gravado con el 4%, pero si se paga con tarjeta (de crédito o débito), el impuesto no se cobra. El control se hace por medio de la factura: no hay que hacer ningún trámite para gozar de la exoneración. El impuesto no aplica para transferencias electrónicas, pues -por secreto bancario- Hacienda no puede controlar la transacción.

8) Productos veterinarios pagarán impuestos

Verdad a medias. Durante el primer año están exonerados (hasta el 30 de junio del año 2020). Posteriormente, se gravarán con el 1% del IVA.

9) El gimnasio y la visita al estilista está gravado

Cierto. Estará gravado con el 13% del IVA. Actualmente no tiene impuesto de ventas.

10) Falso: «Si usted va al cine/eventos/mecánico/restaurante frecuentemente ahora… IVA»

La mayoría de información de este meme es falsa: esos servicios (ir al cine, participar en eventos, ir al mecánico) ya tenían impuesto de ventas del 13%, y se mantendrán igual (artículo 1 de la ley 6826 vigente). Sucede lo mismo con cantinas, centros nocturnos, hoteles, talleres de pintura de vehículos, parqueos, cable, internet, revelado y copias fotográficas, servicios de bodegajes, servicios de lavandería, espectáculos públicos, servicios publicitarios, transmisión de programas de televisión por cable, correduría de bienes raíces, servicios de agencias aduanales, mudanzas, imprentas, lavado y encerado de vehículos.

La única parte cierta de este meme es la relacionada con el estilista y los cortes de cabello: esos servicios (que antes no pagaban ventas) sí pagarán el IVA.

La mayoría de información contenida en este meme es falsa: a excepción del estilista, estos servicios ya tenían impuesto de ventas

 

11) Servicios financieros:

No pagan IVA, pero sí pagan renta. El artículo 8 de la ley indica que hay una serie de servicios que están exentos, como las comisiones e intereses derivadas de préstamos, los créditos de descuento de facturas (factureo), el arrendamiento financiero (leasing financiero), las transferencias de dinero, los retiros de dinero, la compra de divisas y las comisiones de tarjeta de crédito y débito, las comisiones de operadoras de pensiones, entre otras.

Hay servicios relacionados con las operaciones financieras que sí están gravadas: por ejemplo, las cajas de seguridad (que, en realidad, son alquileres).

12) Seguros

Los seguros están gravados, con excepción de los seguros personales, riesgos de trabajo, agropecuarios y de vivienda de interés social. Los seguros personales tienen tarifa reducida del 2%.

13) Falso: Medios de comunicación sí pagarán impuestos

Los medios de comunicación sí están gravados con el impuesto del 13%, a excepción de las radioemisoras culturales.

Según Tributación, los medios de comunicación si están gravados

14) Falso: “Un empresario que invierte en la bolsa de valores no tendrá que pagar impuestos por las ganancias que recibe, mientras que una persona que ahorra en una cooperativa o en una asociación sí deberá pagar impuestos por las ganancias que recibe”

Las inversiones en títulos hoy ya están gravadas: lo que puede variar es la tarifa en función de dónde se compren.

Si un empresario adquiere títulos, los títulos no pagan IVA, pero sí renta. Con pocas excepciones (como la compra de títulos en colones al Banco Popular, o el Banhvi: que están exentos), la mayoría de títulos pagaban el 8% de renta. Con la reforma fiscal pasarían a pagar el 15%.

Las cuentas de ahorro (sean en una cooperativa o en una asociación) están exentas por el artículo 28 bis. Existen algunos supuestos donde se generan ahorros especiales que no son cuentas de ahorro o cuentas corrientes que, de acuerdo con la reforma, sí estarían pagando. Por ejemplo, algunas cooperativas hacen títulos de inversión: como no es una cuenta de ahorro, propiamente, paga impuesto.

15) Certificado de plazo pagarán impuestos

Verdad a medias. No se les cobra IVA, pero tienen que pagar renta -hoy pagan 8%, pero pagarán el 15% con la entrada en vigencia de la nueva ley-.

16) Los clubes no pagarán impuestos

Verdad a medias. Las cuotas de afiliación a los clubes sí pagarán el IVA del 13% (actualmente no lo estaban pagando). Lo que no pagan impuestos son las cuotas de mantenimiento, pero -según Hacienda- eso no responde a ningún lobby del Indoor Club.

“Ellos no hicieron ningún lobby ni aceptamos ningún lobby. En realidad lo que hicimos fue decir lo que dice la ley. Ellos preguntaron y nosotros contestamos”, dijo Vargas a Doble Check.

Clubes no pagarán impuestos por cuotas de mantenimiento, pero afiliaciones sí pagarán IVA

“Las cuotas de mantenimiento son pagos que se realizan para generar un acumulado de recursos que se dedica al mantenimiento de los bienes.Allí no se genera la contraprestación de ningún servicio. Cuando el club paga el mantenimiento de las instalaciones (la pintura, el mantenimiento de de las piscinas, etcétera), ellos deben pagar el IVA. El IVA se paga en el momento en el que ellos pagan el mantenimiento, pero no se cobra el impuesto a las cuotas de mantenimiento”, dijo Vargas.

17) «Hacienda cobrará 360 colones por minuto para aclarar dudas»

Verdad a medias. La central telefónica sigue siendo gratuita: de hecho, está reconfigurada. Actualmente el 2539-4000 está dispuesto solo para consultas tributarias y se reconfiguró el menú de servicios. Ese número es gratuito para todo tipo de consultas.

El servicio 900 900 1234, que es el que cuesta 360 colones por minuto, es únicamente para consultas de factura electrónica. El usuario tiene las dos opciones: llamar a la vía gratuita (en la que se pueden hacer consultas sobre factura electrónica) y la de pago. También se pueden hacer preguntas presencialmente. El Ministerio también tiene una página de preguntas frecuentes con videos de autoayuda, infografías, entre otros servicios.

Nota del editor: Se eliminó la frase «Si el consumo de electricidad es comercial, no está exento, pero es un crédito tributario y es deducible» del segundo punto acerca del consumo de agua, puesto -aunque es correcto-  no correspondía a la sección. También se corrigió el titular, puesto que el artículo contiene 17 chequeos, no 16.

Diputado Gustavo Viales critica postergación de meta fiscal aunque él tiene parte de la responsabilidad

El diputado Gustavo Viales, de Liberación Nacional, cuestionó que el presidente Carlos Alvarado presentara proyecciones de déficit fiscal menos alentadoras a las comunicadas meses antes por el Ministerio de Hacienda. Sin embargo, el diputado omite un dato clave. Cambios apoyados por él mismo son responsables, en parte, de que surgiera esa incongruencia.

El diputado publicó un meme en Twitter el 6 de mayo. La publicación afirmaba que la ministra había pronosticado en junio del 2018 que, de aprobarse el plan fiscal, el déficit primario para el 2020 sería de 0,4%. Viales comparó que Alvarado dijo en su informe del 2 de mayo que ese déficit sería de 1,1% para ese mismo año. (El déficit primario es el porcentaje de exceso de gastos sobre los ingresos del Estado).

Viales no menciona que, entre junio y mayo, el plan fiscal que se discutía en la Asamblea se recortó y, por tanto, redujo su potencial de recaudación. El plan original del gobierno pretendía percibir 1,72% del Producto Interno Bruto (PIB) en impuestos, mientras que la versión aprobada quedó en 1,29%. Buena parte de las reformas que debilitaron la recaudación fueron apoyadas por el diputado en la comisión que discutió la reforma.

Además, hubo aspectos internos y externos que incidieron en el cambio del pronóstico de déficit, según el Ministerio de Hacienda. Primero, el crecimiento económico del país fue menor al esperado debido a factores internacionales; y segundo, hubo una recaudación de impuestos más baja debido a ese bajo crecimiento.

Consultado al respecto, el diputado afirmó que su mensaje pretende ser una llamada de atención contra el gobierno, no por el tema de la reducción en los ingresos, sino por lo que considera una falta de señales en cuanto al recorte del gasto. Este reclamo no fue explícito en su mensaje en redes.

El meme publicado por Viales tiene además una imprecisión y una inferencia vacía. Por un lado, dice que la ministra había anunciado que para el año 2021 ya no habría déficit. En realidad, la ministra lo había pronosticado para el 2022. Asimismo, el presidente Alvarado nunca hizo mención al año 2021 en su informe. Por ello, traer a colación el 2021 no venía al caso.

En resumen: El diputado Gustavo Viales, de Liberación Nacional, cuestionó que el presidente Carlos Alvarado presentara proyecciones de déficit fiscal menos alentadoras a las comunicadas meses antes por el Ministerio de Hacienda. El cambio que señala es cierto, pero el diputado omite un dato clave. Cambios apoyados por él mismo son responsables, en parte, de que surgiera esa incongruencia.

El diputado publicó un meme en Twitter el 6 de mayo. La publicación afirmaba que la ministra había pronosticado en junio del 2018 que, de aprobarse el plan fiscal, el déficit primario para el 2020 sería de 0,4%. Viales comparó que Alvarado dijo en su informe del 2 de mayo que ese déficit sería de 1,1% para ese mismo año. (El déficit primario es el porcentaje de exceso de gastos sobre los ingresos del Estado).

Viales no menciona que, entre junio y mayo, el plan fiscal que se discutía en la Asamblea se recortó y, por tanto, redujo su potencial de recaudación. El plan original del gobierno pretendía percibir 1,72% del Producto Interno Bruto (PIB) en impuestos, mientras que la versión aprobada quedó en 1,29%. Buena parte de las reformas que debilitaron la recaudación fueron apoyadas por el diputado en la comisión que discutió la reforma.

Además, hubo aspectos internos y externos que incidieron en el cambio del pronóstico de déficit, según el Ministerio de Hacienda. Primero, el crecimiento económico del país fue menor al esperado debido a factores internacionales; y segundo, hubo una recaudación de impuestos más baja debido a ese bajo crecimiento.

Consultado al respecto, el diputado afirmó que su mensaje pretende ser una llamada de atención contra el gobierno, no por el tema de la reducción en los ingresos, sino por lo que considera una falta de señales en cuanto al recorte del gasto. Este reclamo no fue explícito en su mensaje en redes.

El meme publicado por Viales tiene además una imprecisión y una inferencia vacía. Por un lado, dice que la ministra había anunciado que para el año 2021 ya no habría déficit. En realidad, la ministra lo había pronosticado para el 2022. Asimismo, el presidente Alvarado nunca hizo mención al año 2021 en su informe. Por ello, traer a colación el 2021 no venía al caso.

¿Cómo surgió la polémica?

El presidente Carlos Alvarado presentó su informe a la Asamblea Legislativa el pasado 2 de mayo. En él, expuso los pronósticos de déficit según los datos del Programa Macroeconómico 2019-2020, del Banco Central. Para el 2020, Alvarado dijo que el gobierno espera un déficit de 1,1% del Producto Interno Bruto (PIB).

Días después, el diputado liberacionista Gustavo Viales publicó una imagen en Twitter en donde denunciaba una incongruencia entre lo expresado por Alvarado y datos que habían sido expuestos por la ministra Rocío Aguilar en un oficio de junio del 2018 para la Asamblea Legislativa.En aquel documento de junio, la ministra pronosticaba que el déficit bajaría a 0,4% para el 2020 si se aprobaba la legislación. Según dijo Viales a Doble Check, la información de Hacienda serviría de insumo para que los diputados tomaran decisiones sobre posibles modificaciones al plan fiscal que se discutía entonces.

 

Imagen publicada por el diputado Gustavo Viales el 6 de mayo como respuesta al informe presidencial ante la Asamblea Legislativa.

El plan fiscal fue la principal medida económica impulsada en el primer año de gobierno de Carlos Alvarado, y fue aprobada con modificaciones sustantivas el 3 de diciembre.

Viales reclama que la promesa era eliminar el déficit para el 2021. En realidad, Aguilar proyectaba una eliminación del déficit para el 2022, y no como afirmó el diputado. Por ello hay una imprecisión en su mensaje.

Proyección del déficit por Hacienda con y sin plan fiscal, según el oficio enviado a la Asamblea Legislativa en junio pasado.

Además, en su informe del 2 de mayo, el presidente Alvarado no se refirió a la meta para el 2021 o el 2022, sino que se limitó al 2020. El diputado lo interpreta como una omisión intencional para no reconocer que no se cumplirá la meta planteada originalmente, según dijo a Doble Check.

Aparte de estas incongruencias, el reclamo principal de Viales es que la proyección de Hacienda en junio del 2018 es de siete décimas inferior a la anunciada ahora por Alvarado. ¿Por qué el diputado es en parte responsable por el pronóstico modificado?

¿Cómo cambió el plan fiscal?

Las proyecciones de cuánto percibirá el Estado de más o de menos por impuestos dependen de la producción del país o, mejor dicho, de cuánto se pronostica que producirá el país. Este número se expresa en las proyecciones del Producto Interno Bruto (PIB). En el contexto del plan fiscal, el monto esperado de ingresos por impuestos también varió con respecto a los cambios que los diputados hicieran.

Hacienda siguió el rastreo de cambios que provocaron los impactos más importantes en la recaudación proyectada según el plan fiscal. Por ejemplo, la reducción del impuesto a canasta básica tributaria; se eliminó el impuesto a las utilidades de las cooperativas; se ajustó el tributo a las tasas para asociaciones solidaristas, cooperativas, mutuales y remesas al exterior; la educación privada quedó exenta y se modificaron las imposiciones a los medicamentos.

Modificaciones al plan fiscal hechas por la Asamblea Legislativa, según el recuento del Ministerio de Hacienda.

Los cambios representaron una reducción de 0,43 puntos porcentuales del PIB en la recaudación esperada. Como parte de la comisión del plan fiscal, Viales fue uno de los diputados con cuyo aval se hizo esa reducción en casi todas las mociones. La única excepción fue el impuesto a la educación privada, que fue promovido desde la representación de la Unidad Social Cristiana.

Los cambios en la legislación fueron uno de los factores por los que las proyecciones dadas por la ministra en junio del 2018 son distintos a los expuestos por Carlos Alvarado en mayo pasado, según explicó el ministerio. Doble Check compartió la explicación de Hacienda con el investigador en temas económicos, Rudolf Lucke, y con el viceministro de Ingresos, Fernando Rodríguez. Ambos la encuentran satisfactoria.

¿Qué dice el diputado?

En entrevista con Doble Check, Viales dijo percibir que los diputados han entregado herramientas adecuadas para que el Estado perciba más ingresos. Sin embargo, él estima que no han existido señales claras de recorte en el gasto del Estado por parte del gobierno. Dice que de ahí se deriva el interés de su publicación, aunque no fue explícito en aquel momento.

«Yo creo que el porqué de que no se vaya a cumplir la expectativa tiene más que ver con las medidas de recorte de gasto», dice el diputado.

Se le consultó al diputado si su despacho ha hecho los cálculos de cuánto ha sido el impacto de estas medidas que afirma que no se han implementado. Viales reconoció que no, pero al mismo tiempo afirmó que «es evidente (el impacto)». «El (proyecto para la reforma al) empleo público no lo enviaron (a la Asamblea) en enero, y obviamente se va a retrasar», ejemplificó.

El viceministro de Ingresos, Fernando Rodríguez, difiere del impacto que los recortes en gastos puedan tener en el corto plazo. Consultado por Doble Check, el economista afirmó que los controles de gastos como los propuestos en empleo público no tendrían un impacto significativo a dos o tres años, sino a unos 20, cuando se vea un cambio generacional en las planillas estatales. Es decir, no afectarían las proyecciones en el déficit al 2021.

En cuanto a los ingresos, Viales reconoce que el plan fiscal fue disminuido en su capacidad de recaudación. Sin embargo, también afirma que la Asamblea aprobó fondos que no estaban contemplados en el plan inicial de Hacienda, como la norma de subcapitalización y la amnistía tributaria. A criterio de Viales, ahí existió una compensación con lo recortado.

Rodríguez coincide en que la amnistía sí provee recursos frescos. No obstante, advierte que el fisco solo recibe el dinero una vez, por lo que no compensa un recorte en los impuestos propuestos. Si se baja el porcentaje de impuestos en un plan, ese representará un dinero que el Estado deja de percibir periódicamente. Con respecto a la norma de subcapitalización, el economista calcula que los fondos percibidos no serán tan significativos.

Crecimiento y recaudación

¿Fueron los cambios en el plan fiscal los únicos que incidieron en el cambio de las proyecciones fiscales? Para nada.

Lo primero que hay que saber sobre las proyecciones del Producto Interno Bruto (sobre las cuales se hacen las proyecciones de déficit) es que estas se actualizan periódicamente con base en los cambios de las realidades económicas. Estos reajustes son habituales en la evaluación macroeconómica, explicó Rudolf Lucke, del Instituto de Investigaciones en Ciencias Económicas de la Universidad de Costa Rica. Es decir, ya de cajón existen cambios en las proyecciones aunque no hubieran factores internos o externos inesperados.

Ahora, además de los reajustes, sí hubo factores inesperados que operaron en la economía costarricense del último año.

Además de los cambios al plan fiscal, hubo una reducción en el optimismo macroeconómico entre el momento en que la ministra de Hacienda presentó su plan a los diputados y el informe presidencial ante la Asamble Legislativa. De hecho, Fernando Rodríguez opina que los pronósticos de Hacienda fueron demasiado optimistas.

Información enviada por Hacienda, sostiene que hubo eventos internos y externos que afectaron los pronósticos. Por un lado, la huelga del sector público del 2018 habría disminuido en 0,4 puntos porcentuales el crecimiento económico del país, que para ese año alcanzó 2,7%, según datos del Programa Macroeconómico 2019-2020, del Banco Central.

¿Cuáles fueron los motivos externos de esta falta de crecimiento? El Banco menciona una cinco: a) aumento de las tasas de interés internacionales; b) aversión al riesgo de inversionistas que provocó la salida de capitales desde mercados emergentes; c) las tensiones comerciales entre Estados Unidos y otras grandes economías; d) la crisis sociopolítica en Nicaragua; e) y el aumento en precios de materias primas, lo que presionaría la inflación en Costa Rica.

El resultado directo de esa falta de crecimiento se expresó en el país en una baja en la recaudación de impuestos, según Hacienda. Esta recaudación menor es de aproximadamente 1% del PIB (₡300.000 millones), lo que finalmente terminó cambiando las proyecciones iniciales publicadas por el ministerio.