Docentes no «abandonaron» capacitaciones del MEP aunque dejaran de contar para su salario

En resumen: La cantidad de docentes que asistieron a capacitaciones del Ministerio de Educación Pública en el 2019 aumentó levemente con respecto a los dos años anteriores. El diario La Nación, valiéndose de datos erróneos que le había proporcionado el ministerio, había publicado que estos funcionarios «abandonan» esos cursos porque dejaron de contar para elevar sus salarios.

El artículo, publicado el 23 de enero,  aseguró que la modificación del incentivo por carrera profesional motivó una disminución en la asistencia de docentes a capacitaciones del Instituto de Desarrollo Profesional.

La reforma fiscal aprobada a finales de 2018 impuso el cambio. Este implica que los puntos para acceder a este incentivo salarial se reconocerían a los servidores públicos siempre y cuando las capacitaciones no hubieran sido sufragadas por las instituciones públicas.

La afirmación publicada por La Nación es incorrecta. Así se concluye según un segundo conjunto de datos corregidos por el MEP.

En resumen: La cantidad de docentes que asistieron a capacitaciones del Ministerio de Educación Pública en el 2019 aumentó levemente con respecto a los dos años anteriores. El diario La Nación, valiéndose de datos erróneos que le había proporcionado el ministerio, había publicado que estos funcionarios «abandonan» esos cursos porque dejaron de contar para elevar sus salarios.

El artículo, publicado el 23 de enero,  aseguró que la modificación del incentivo por carrera profesional motivó una disminución en la asistencia de docentes a capacitaciones del Instituto de Desarrollo Profesional.

La reforma fiscal aprobada a finales de 2018 impuso el cambio. Este implica que los puntos para acceder a este incentivo salarial se reconocerían a los servidores públicos siempre y cuando las capacitaciones no hubieran sido sufragadas por las instituciones públicas.

La afirmación publicada por La Nación es incorrecta. Así se concluye según un segundo conjunto de datos corregidos por el MEP.

¿Qué publicó La Nación?

La Nación se basó en datos errados del MEP. El diario aseguró que la asistencia de docentes a capacitaciones y cursos impartidos por el ministerio disminuyó entre los años 2016 y 2019. En el artículo se atribuyó la reducción a la Ley de Fortalecimiento de Finanzas Públicas. La norma señala en su  artículo 53 que el incentivo por carrera profesional “se reconocerá a los servidores públicos siempre y cuando estas (las capacitaciones) no hayan sido sufragadas por las instituciones públicas”.

La Nación afirmó que la asistencia de docentes a capacitaciones decayó de 57.792 en 2016 a 24.117 en 2019, según datos del MEP.

El diario reafirma su hipótesis con base en una afirmación que la viceministra académica, Melania Brenes, había hecho en octubre del 2019. La Nación cita: “Hemos estado experimentando este año una gran baja en el interés de los docentes de asistir a nuestras convocatorias porque ya no valen para puntos de carrera, lo tienen claro”. El diario extrajo la afirmación del acta de la sesión N° 57-2019 (p. 78 y 79) del Consejo Superior de Educación (CSE) que se llevó a cabo el 10 de octubre del 2019.

No obstante, existen dos fallas en la afirmación. 

Datos defectuosos

La oficina de prensa del MEP confirmó a Doble Check que los datos proporcionados inicialmente a La Nación son erróneos.

Hay diferencias en todos los periodos entre la información reportada por La Nación y la suministrada posteriormente a Doble Check.

El MEP no pudo indicar con precisión cómo se originaron los datos falsos que envió al diario. Tanto la oficina de prensa del MEP como la viceministra académica Melania Brenes, conjeturaron que el error pudo haberse dado al aplicar algún filtro por variable. 

«Los datos enviados a La Nación son imprecisos porque se agregaron o no se agregaron variables en su cálculo» puntualizó Brenes.

El ministerio aseguró a Doble Check que los datos corregidos contienen todas las capacitaciones docentes impartidas por el IDP, sin aplicar ningún filtro.

El MEP aclaró un asunto adicional. A partir del 2017, los datos de asistencia a capacitaciones se recopilan en bases de datos y se reportan al Centro de Capacitación y Desarrollo (CECADES) del Servicio Civil. Adujeron que esta modernización ha favorecido la generación de datos más fiables.

Esta contabilización “se hacía manualmente” antes del 2017. El MEP afirmó que aquello solía favorecer la aparición de errores.

La viceministra Brenes aseguró que «con las matrices de datos que cuenta el Instituto de Desarrollo Profesional para 2015 y 2016 no es posible determinar la cantidad de docentes que han sido capacitados, debido a que en los años anteriores a 2017 la información se mantenía agregada en la totalidad de funcionarios».

Es decir, solo a partir del 2017 se cuenta con el filtro específico de capacitaciones impartidas específicamente a docentes.

Brenes agregó que cualquier tendencia se puede trazar únicamente a partir del 2017.  Por ello, la comparación aparecida en La Nación es inadecuada, pues describe el comportamiento desde el 2016 hasta el 2019.

Premisa de La Nación no se sostenía, incluso con los datos defectuosos

Aún si se usaran los datos erróneos dados por el MEP, no es posible verificar la afirmación de que la disminución de la asistencia de docentes a capacitaciones se hubiera debido a la reforma fiscal de 2018. Las mayores disminuciones en la asistencia se dieron antes de la aprobación de la reforma, no luego de esta.

Doble Check contactó a la periodista Daniela Cerdas, autora del artículo. La redactora aseguró que la publicación se basó en las palabras pronunciadas por la viceministra Melania Brenes en el Consejo Superior de Educación (CSE).

No obstante, la afirmación de la ministra en el acta –y consecuentemente el titular de La Nación– no se sostiene con ninguno de los conjuntos de datos otorgados por el ministerio. Incluso, según los datos corregidos, la asistencia de docentes a capacitaciones en 2019 aumentó levemente si se la compara a los dos años anteriores.

Doble Check intentó entrevistarse con la viceministra Brenes para consultarle sobre esta afirmación. Sin embargo, solamente fue posible contactarla de manera escrita y no se refirió a su afirmación de octubre.

¿Reforma fiscal modificó asistencia a capacitaciones del MEP? 

Doble Check consultó al MEP si existía respaldo para ligar el cambio en los incentivos con la asistencia de docentes a capacitaciones. La viceministra Brenes contestó vía correo electrónico, pero no dio una respuesta directa.

Doble Check no pudo encontrar ninguna evidencia de esta relación. La afirmación de Brenes en el Consejo Superior de Educación carece de sustento.

La preocupación expresada por la viceministra en el CSU hacía un énfasis distinto al enfocado por La Nación. Según la jerarca, los docentes supuestamente estaban prefiriendo cursos externos a los del MEP que sí cuentan para sumar puntos de carrera profesional, «pero que no necesariamente siguen la visión de las necesidades específicas de las carreras».

La directora del Instituto de Desarrollo Profesional (IDP), Karla Thomas, aseguró a Doble Check que “es muy pronto para decir categóricamente que la reforma ha influido, porque se dio relativamente hace poco (…)”.

La directora alertó sobre la necesidad de regular la calidad de las capacitaciones externas al IDP a las que asisten los docentes y funcionarios del MEP.

“Es una preocupación del IDP porque en este momento no hay un control de calidad de la oferta capacitaciones que crece cada día más. Se está trabajando la creación de un sello de calidad para los cursos que cumplan con los estándares” aseguró Thomas.

Educación no tendrá el presupuesto más alto de la historia en 2020. Será el más bajo en siete años

El presupuesto de educación para el 2020 no será el más alto de la historia, como lo informó La Nación este lunes en portada. Por el contrario, es el más bajo desde el 2013.

La Nación usó como referencia un gráfico de tendencia de los últimos siete años de inversión en educación aportado por la Contraloría General de la República (CGR). Sin embargo, la visualización tiene dos omisiones.

Por un lado, los datos históricos de la Contraloría hasta el 2018 no corresponden a presupuestos asignados, sino al presupuesto ejecutado en educación para cada año. La omisión induce a error porque históricamente hay subejecuciones presupuestarias. Ello hace inadecuado comparar un gasto real con uno esperado. El origen de los datos se indicaba en el pie del gráfico de la CGR, pero La Nación no lo reportó.

Por otra parte, la información de la Contraloría tiene una segunda omisión. Por primera vez, el presupuesto en educación incluirá las partidas del Instituto Nacional de Aprendizaje (INA) y del programa Red de Cuido. Ambas partidas han estado incluidas en presupuestos nacionales anteriores, pero por primera vez aparecen expresamente como inversión en educación. El gráfico compara un presupuesto de 2020 aumentado por estas partidas comparado con el de otros años en los que no se contemplaban, a pesar de que sí existían esos gastos para el Estado.

Incluyendo red de cuido e INA, el presupuesto del 2020 en Educación será equivalente al 7,4% del PIB. Esta cifra es la más baja en siete años: es inferior a la presentada en cualquier año comprendido entre el 2014 y 2019. Por ejemplo, si se aplica la misma metodología, la inversión en educación habría llegado a un pico de 8,3% del PIB en el 2017.

En resumen: El presupuesto de educación para el 2020 no será el más alto de la historia, como lo informó La Nación este lunes en portada. Por el contrario, es el más bajo desde el 2013.

La Nación usó como referencia un gráfico de tendencia de los últimos siete años de inversión en educación aportado por la Contraloría General de la República (CGR). Sin embargo, la visualización tiene dos omisiones.

Por un lado, los datos históricos de la Contraloría hasta el 2018 no corresponden a presupuestos asignados, sino al presupuesto ejecutado en educación para cada año. La omisión induce a error porque históricamente hay subejecuciones presupuestarias. Ello hace inadecuado comparar un gasto real con uno esperado. El origen de los datos se indicaba en el pie del gráfico de la CGR, pero La Nación no lo reportó.

Por otra parte, la información de la Contraloría tiene una segunda omisión. Por primera vez, el presupuesto en educación incluirá las partidas del Instituto Nacional de Aprendizaje (INA) y del programa Red de Cuido. Ambas partidas han estado incluidas en presupuestos nacionales anteriores, pero por primera vez aparecen expresamente como inversión en educación. El gráfico compara un presupuesto de 2020 aumentado por estas partidas comparado con el de otros años en los que no se contemplaban, a pesar de que sí existían esos gastos para el Estado.

Incluyendo red de cuido e INA, el presupuesto del 2020 en Educación será equivalente al 7,4% del PIB. Esta cifra es la más baja en siete años: es inferior a la presentada en cualquier año comprendido entre el 2014 y 2019. Por ejemplo, si se aplica la misma metodología, la inversión en educación habría llegado a un pico de 8,3% del PIB en el 2017.

El artículo de La Nación

El diario asegura que «nunca antes, desde la reforma constitucional del 2011 que elevó del 6% al 8% del PIB el aporte obligatorio del Estado a la educación, se había alcanzado una cifra tan elevada».

El diario usa como referencia el Informe Técnico del Proyecto de Ley del Presupuesto Ordinario y Extraordinario de la República de la CGR que incluye en su página 74 el siguiente gráfico:

Informe Técnico de la Contraloría General de la República: Proyecto de Ley de Presupuesto de la República 2020
Informe Técnico de la Contraloría General de la República: Proyecto de Ley de Presupuesto de la República 2020

“De parte nuestra no se realizó ningún cálculo de suma de presupuestos ni de porcentajes del PIB, se utilizaron exactamente los montos y cifras que nos proporcionó la CGR”, dijo Sofía Chinchilla, periodista del artículo a Doble Check.

 

Los montos y porcentajes exactos se los solicitamos a la Contraloría. (…) La única intervención que hicimos en los datos, fue para deflatar los montos, con el IPC a enero de cada año desde 2012 hasta 2019.”

La Nación, sin embargo, obtiene una conclusión errónea a partir de los datos. En primer lugar, la nota al pie del gráfico de la CGR indica que los datos para el período 2014-2018 se refieren a presupuestos ejecutados, no a los presupuestos asignados. La Nación no indica esto en su texto.

Esto es importante, debido a que la subejecución en el sector de educación desinfla los montos y provoca que la inversión del 2020 (de la que aún no sabemos cuánto se ejecutará realmente) parezca mucho más elevada. Por ejemplo, en el 2018 el presupuesto asignado fue de 2.666.048 millones para el MEP pero, según la memoria anual de la CGR, se ejecutó una cifra menor, equivalente a 2.438.169 millones (un 91,5% de lo presupuestado). Esa última cifra fue la empleada por La Nación.

El gráfico de la Contraloría también indujo a error. La visualización de la Contraloría no indica que, a diferencia de todos los otros años en el gráfico, los datos del 2020 incluyen el presupuesto del INA y de la Red de Cuido dentro de la inversión en educación.

En el 2020 el presupuesto para el MEP y las universidades públicas, únicamente, corresponderá a un 6,9% del PIB. Incluir esas dos instituciones provoca que aumente a un 7,4% del PIB.

La Nación sí indica esto en su artículo. En el cuerpo de la nota, la información explica: «La exjerarca (refiriéndose a la exministra de Hacienda Rocío Aguilar) también citó la inclusión del presupuesto del Instituto Nacional de Aprendizaje (INA) como parte del financiamiento de la educación pública».

Este dato anula la veracidad del titular de la nota.

La inversión en educación: nuestros cálculos

¿Qué pasaría si usáramos una misma metodología para comparar los datos de todos los años?

Haremos dos cálculos: el primero es una recopilación de los presupuestos asignados en educación para el MEP (que incluye las transferencias a las universidades públicas), el INA y la Red de Cuido. El segundo cálculo es una recopilación de los presupuestos asignados del MEP, únicamente. En ambos casos solo trabajaremos con presupuestos asignados (no ejecutados). Estos son los únicos que permiten una comparación apropiada.

El gráfico de la Contraloría y el artículo de La Nación ocultan que la inversión en educación, como porcentaje del PIB, está —en realidad— cayendo.

Si se considera la Red de Cuido y el INA, la inversión en educación del 2020 será de un 7,4% del PIB, muy inferior a la presentada en años anteriores. Por ejemplo, manteniendo esta forma de cálculo, nuestras estimaciones muestran que en el 2017 se había alcanzado la inversión histórica más importante en educación, equivalente a un 8,3% del PIB.

La tendencia que anotamos con nuestros cálculos coincide con un estudio del Instituto de Investigaciones en Ciencias Económicas de la UCR publicado en junio de 2018, el cual que presenta la misma estimación.

En realidad, la inversión asignada en el MEP (excluyendo INA y Red de Cuido) en el 2020 será equivalente a un 6,92% del PIB. Para encontrar una cifra inferior a esa hay que devolverse al 2012, cuando se presupuestó un 6,78% del PIB.

En síntesis, aplicando una misma metodología para todos los años, el presupuesto del 2020 no logra ser el más alto de la historia. La afirmación tampoco es correcta aún si se analizan los datos nominalmente y se traen a valor presente, como hizo La Nación.

La caída en la inversión

El Ministerio de Educación y las transferencias a las Universidades Públicas tuvieron un aumento de un 0,8% en su presupuesto nominal del 2020 si se lo compara con el presupuesto del 2019. Sin embargo, en la práctica, eso  constituye un recorte si se considera la inflación, o si se realiza el análisis como porcentaje del PIB.

Las principales áreas afectadas en los presupuestos de educación durante estos dos últimos años  se encuentran en los niveles preuniversitarios. Si se excluyeran las transferencias a las universidades públicas, el MEP experimentó una variación real de -3% en el período 2018-2019 . En el 2019-2020 también habrá una caída real de 1,3%.

Revisamos la estructura programática del Presupuesto Nacional para el Ministerio de Educación. Para el 2020, los sectores de «Enseñanza preescolar, 1er y 2do ciclo», «3er ciclo y educación diversificada académica» experimentaron recortes en casi ₡6.700 millones con respecto al 2019.

Uno de los recortes específicos involucra el cierre del Fondo Nacional de Becas (FONABE), cuyo presupuesto decreció en un 72,8%. Esto no significa que se hubiera eliminado el programa de becas estudiantiles. Las funciones de esa entidad serán asumidas por el Instituto Mixto de Ayuda Social.

Hubo otra línea presupuestaria que se redujo casi a la mitad. Esta fue «Otras obras, adiciones y mejoras en las Direcciones Regionales de Educación» en el apartado de «Gasto de Capital».

Diferencia entre carteras

Un intercambio entre el Ministerio de Educación y el Ministerio de Hacienda a mediados del 2019 da cuenta de un conflicto entre ambas carteras. El 10 de abril de 2019, Hacienda le había remitido al exministro de Educación, Edgar Mora, un comunicado de techo presupuestario. La misiva le indicaba al entonces jerarca de Educación que «el gasto presupuestario máximo» para su cartera en el 2020 debería ser de ₡2.648.412 millones: un monto exactamente igual al del 2019. Eso, en la práctica, constituía un recorte al presupuesto de educación, pues la inflación esperada se estimaba en un 3% (± 1 p.p.).

Oficio facilitado por el departamento de prensa del Ministerio de Hacienda

El 27 de junio de 2019, el exministro  Mora dirigió un oficio a la exministra de Hacienda, Rocío Aguilar. En él, Mora señalaba su preocupación ante la caída en recursos que experimentaría el ministerio a su cargo durante el 2020. El oficio enviado por Mora revela su preocupación sobre los recortes y su posible impacto en las metas del Plan Nacional de Desarrollo.

Mora, además, le subraya a la exministra Aguilar que el MEP cumplió con el techo presupuestario que Hacienda había solicitado. Pero el exministro advirtió que esas limitaciones dejaron descubiertos varios ejes. Entre ellos, Mora enuncia “los recursos adicionales que debería recibir el MEP en caso de que se desee avanzar, aunque sea con parte de las metas del Plan Nacional de Desarrollo del próximo año”. Mora agrega que el MEP no había tenido crecimiento en sus presupuestos en el 2019.

Oficio facilitado por el departamento de prensa del Ministerio de Educación Pública

El exministro también solicitaba recursos adicionales para las universidades públicas y para la Junta de Pensiones del Magisterio. El jerarca alegó que ese faltante «no pudo presupuestarse de manera completa, dada la estrechez del techo presupuestario».

Mora y su viceministra Amparo Pacheco renunciaron el 1.º julio de 2019, dos días hábiles después de enviar la solicitud de recursos adicionales. La dimisión ocurrió durante un período de manifestaciones sociales hechas por grupos estudiantiles, sindicales y de transportistas que pedían la destitución del ministro. Su anuncio se vinculó públicamente con esas demandas. El recorte a los recursos de educación que se discutía precisamente en ese momento no trascendió públicamente hasta ahora.

Hacienda no respondió a la carta de Mora hasta el 31 de julio de 2019, en un nuevo oficio enviado a la nueva ministra Guiselle Cruz.

En la respuesta, Hacienda obvia la petición de recursos de Mora. El ministerio no aporta ningún recurso nuevo para responder a sus solicitudes. Hacienda no toca  en su oficio el tema de las metas para el Plan Nacional de Desarrollo ni el dinero para las universidades públicas.

El oficio únicamente solicita que el Ministerio de Educación «subsane las inconsistencias señaladas» ante la falta de recursos para la Junta de Pensiones del Magisterio. El ministerio advirtió que, de lo contrario, «se procederá a realizar el ajuste correspondiente a criterio de esta dirección».

Doble Check consultó al exministro Édgar Mora sobre estas diferencias con la cartera de Hacienda y sobre su salida del gobierno. Mora concedió indirectamente que su renuncia fue solicitada por Casa Presidencial, y que no fue por iniciativa propia. Cuando se le consultó si su salida tuvo relación con el recorte presupuestario, su respuesta se limitó a un «no lo sé».

Consultada al respecto, Casa Presidencial negó que la renuncia obedeciera a las diferencias en temas presupuestarios.

Mora, por su parte, alegó desconocer los recortes que se practicaron al presupuesto del 2020. El exministro afirmó que su versión original pretendía avanzar con nueve líneas en el Plan Nacional de Desarrollo. El exministro afirmó: «Estas y otras líneas de mejora son incompatibles con un presupuesto de cero crecimiento o de decrecimiento, como lo mencioné con claridad en la nota que remití al Ministerio de Hacienda».

Doble Check contactó a la exministra de Hacienda, Rocío Aguilar, para consultarle sobre este tema. Según Aguilar, Hacienda no tuvo injerencia directa en el detalle de qué se recortó en el presupuesto del MEP. La cartera solo se encargó de verificar el cumplimiento de los techos presupuestarios, dice la exjerarca.

«Desde el Ministerio de Hacienda se fija un límite, un techo. No le corresponde al Ministerio de Hacienda ir a cada una de las instituciones, ese ejercicio se hace directamente con Presidencia. Desde ahí se fueron asignando los recursos», dijo. 

Aguilar agregó que no es inusual observar solicitudes adicionales de recursos, como la enviada por Mora, y que las restricciones presupuestarias al MEP obedecen al cumplimiento de la Regla Fiscal.

«Todas las instituciones, sin excepción, incluyendo el Ministerio de Hacienda, todas, aspiran o aspiramos a una serie de recursos. Sin embargo, a la hora en que hay que adjudicar esos recursos,  dados los límites que existían -en particular el límite de la Regla Fiscal-, en su mayoría -yo diría, sin excepción- se recortaron», cerró. 

 

La desigualdad en los salarios de la UCR, explicada

¿Cómo gasta la Universidad de Costa Rica (UCR) su presupuesto en salarios? Políticos, medios de comunicación y la misma UCR han tratado de responder esta pregunta en las últimas semanas.
Entre todo el mar de información hay un dato en el que pocos han reparado: hay una profunda desigualdad en la distribución de salarios de la UCR. Esta inequidad hace que haya una brecha entre una minoría que recibe lo que normalmente se consideran salarios muy altos, y la gran mayoría de los funcionarios.

En este video, esperamos poder explicarle cómo pesan los incentivos como las anualidades en las brechas salariales de la U.

¿Cómo gasta la Universidad de Costa Rica (UCR) su presupuesto en salarios? Políticos, medios de comunicación y la misma UCR han tratado de responder esta pregunta en las últimas semanas.
Entre todo el mar de información hay un dato en el que pocos han reparado: hay una profunda desigualdad en la distribución de salarios de la UCR. Esta inequidad hace que haya una brecha entre una minoría que recibe lo que normalmente se consideran salarios muy altos, y la gran mayoría de los funcionarios.

En este video, esperamos poder explicarle cómo pesan los incentivos como las anualidades en las brechas salariales de la U.

Fuentes y metodología

Doble Check es un proyecto de la Universidad de Costa Rica financiado por la Oficina de Divulgación e Información de la institución. A pesar de ello, los contenidos de este artículo y este video no fueron coordinados con la Universidad. Sí se compartieron los hallazgos con el vicerrector de Administración, Carlos Araya Leandro, como un ejercicio de balance que realizamos con todas nuestras fuentes aludidas antes de cualquier publicación.

Este análisis emplea bases de datos públicas disponibles en el sitio web de la Universidad de Costa Rica. En particular, se empleó la base de datos de salarios de setiembre de 2019, disponible en este enlace.

El análisis también se basa en los informes El pago del incentivo de anualidades en la Universidad de Costa Rica: análisis y recomendaciones publicado en agosto de 2015 por la Comisión para el Análisis del Sistema de Administración de Salarios, la presentación de la vicerrectoría Financiamiento de las instituciones de educación superior estatal de junio de 2019 y el Informe Final de Investigación del Mercado de Salarios para la Universidad de Costa Rica de febrero de 2015 del Insituto de Investigaciones en Ciencias Económicas.
Por último, se hace mención al informe Desafíos en la creación de valor público de las Universidades Estatales, de la Contraloría General de la República.

La Nación responde

El análisis de Doble Check incluyó una nota publicada el 30 de octubre por La Nación. El diario contrasta otra información que había expuesto la Universidad de Costa Rica algunos días antes con respecto a la distribución de salario de la institución. Dentro de su análisis, el diario publicó incorrectamente el siguiente párrafo:

La información es incorrecta porque en ningún caso hay una «mayoría» de empleados en las condiciones expuestas por La Nación. Los datos correctos son los siguientes:

 

  • La cantidad de personas que ganan menos de un millón y que trabajan menos de un tiempo completo son 3.458. Dentro de este grupo, la cantidad de personas que recibe un salario superior a los ¢663.772 son 460 (13%).
  • La cantidad de personas que ganan menos de un millón (sin importar su tiempo o jornada) son 4.636. Dentro de ese grupo, 1.237 ganan más de  ¢663.772 (27%).
  • La cantidad de personas que trabajan menos de un tiempo completo en la Universidad son 3.757. De ellas, 759 ganan más de  ¢663.772  (20%).

 

Doble Check compartió sus hallazgos con la periodista Daniela Cerdas, de La Nación. La periodista agradeció la observación y comunicó que ya habían enmendado la publicación. El párrafo en cuestión eliminó la referencia a la «mayoría» y lo cambió por «algunos».

 

La Nación exagera en cinco veces la diferencia entre salarios públicos y privados

Un artículo del diario La Nación resaltó que el salario promedio de un funcionario público en Costa Rica es de ₡371.563, mientras que el de uno público es de ₡1.030.200. La relación es de casi tres veces lo que lo que gana uno privado.

La información fue replicada luego por exdiputados o formadores de opinión pública, como Pilar Cisneros. Al presentar esos datos, el diaro exageró en cinco veces la diferencia entre los salarios promedio de ambos tipos de trabajadores.

Aunque los datos que el artículo emplea se calcularon correctamente, su uso no es adecuado. El método del promedio simple no permite comparar dos perfiles de trabajadores tan distintos. Así, La Nación muestra en sus datos una diferencia porcentual de 177%. Doble Check obtuvo una diferencia de un 32%, mediante una regresión lineal.

En este video explicamos porqué las jornadas, la educación, la formalidad y otro tipo de elementos no permiten comparar «a brocha gorda» los salarios de los trabajadores del sector público y del privado, y cómo podemos hacer un cálculo más preciso.

Un artículo del diario La Nación resaltó que el salario promedio de un funcionario privado en Costa Rica es de ₡371.563, mientras que el de uno público es de ₡1.030.200. La relación es de casi tres veces lo que lo que gana uno privado.

La información fue replicada luego por exdiputados o formadores de opinión pública, como Pilar Cisneros. Al presentar esos datos, el diaro exageró en cinco veces la diferencia entre los salarios promedio de ambos tipos de trabajadores.

Aunque los datos que el artículo emplea se calcularon correctamente, su uso no es adecuado. El método del promedio simple no permite comparar dos perfiles de trabajadores tan distintos. Así, La Nación muestra en sus datos una diferencia porcentual de 177%. Doble Check obtuvo una diferencia de un 32%, mediante una regresión lineal.

En este video explicamos porqué las jornadas, la educación, la formalidad y otro tipo de elementos no permiten comparar «a brocha gorda» los salarios de los trabajadores del sector público y del privado, y cómo podemos hacer un cálculo más preciso.

 

La versión de La Nación

El autor de la nota de La Nación fue el periodista Juan Córdoba.  Doble Check compartió sus hallazgos con él. El periodista reconoció que nuestras observaciones son correctas. También dice que él sí advirtió en su artículo que había diferencias entre los dos sectores, como la formalidad y educación. Eso es correcto.

«Los comentarios son importantes; sin embargo, las advertencias que Doble Check realiza se mencionan al lector en la publicación.

«Es correcto que la mayoría de la masa de trabajadores públicos son profesionales, lo que aumenta el costo de la planilla. También es correcto mencionar que en el sector privado la informalidad es alta, cuando en el Gobierno es casi nula. Ambos aspectos marcan una realidad en el sector privado que no puede ser obviada», dijo. 

¿Cómo hicimos nuestros cálculos?

Todos los cálculos acerca de las jornadas, formalidad o estudios para los trabajadores en el sector privado y público son promedios simples calculados empleando los datos del II Trimestre de la Encuesta Continua de Empleo para el 2019 del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC).

Sin embargo, es adecuado contar con promedios condicionados que permitan aislar el efecto de las diferentes variables (formalidad, educación, jornadas, entre otros), hasta encontrar con la verdadera diferencia entre promedios. Es por ello que Doble Check emplea un modelo de regresión lineal.

Doble Check empleó la variable del «Ingreso Bruto Principal», que es la misma empleada por el INEC y por La Nación. Sin embargo, se empleó la variable del ingreso por hora, para evitar cualquier efecto relacionado con las desigualdades en jornadas laborales. Dicha variable solo contempla el ingreso bruto corriente del empleo principal. Se aplicaron filtros para incluir solamente personas ocupadas con ingresos conocidos mayores a cero. No se incluyeron a personas ocupadas no remuneradas.

El estudio empleó también las variables: Sector institucional (para conocer si el trabajador es público o privado), Nivel Educativo, Formalidad, Clasificación de grupo de ocupación, grupo de horas efectivas, tiempo de laborar, especialidad en el área de formación académica, sexo y edad.

Las estimaciones se basan en un modelo de regresión Gaussiana con función de enlace identidad. De acuerdo con los criterios de información de Akaike y Bayesiana, el modelo ajusta de una mejor manera los datos de la ECE que el modelo de regresión Gamma con funciones de enlace identidad o logarítmica.

El modelo muestra un ajuste de la suma de cuadrados de la regresión del 64% .

Dichos cálculos fueron repetidos para las encuestas del tercer trimestre del año 2010 (fecha de inicio de aplicación de la encuesta) y el segundo trimestre del año 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 y 2018. Como puede observarse, los cálculos muestran una tendencia similar a lo largo de las encuestas.

Agradecemos al estadístico y economista Andrés Fernández por su colaboración en la elaboración de esta regresión lineal. 

 

El PANI sí es accionista de La Nación… desde 1951

En resumen: Es correcta una información compartida por el exdiputado libertario Otto Guevara en la que indica que el Patronato Nacional de la Infancia (PANI) es accionista del diario La Nación. Sin embargo, esa no es la historia completa. En realidad, el PANI es accionista de La Nación debido a una donación hecha en 1951 […]

En resumen: Es correcta una información compartida por el exdiputado libertario Otto Guevara en la que indica que el Patronato Nacional de la Infancia (PANI) es accionista del diario La Nación.

Sin embargo, esa no es la historia completa. En realidad, el PANI es accionista de La Nación debido a una donación hecha en 1951 por  Amparo López-Calleja (es decir, una donación realizada apenas cinco años después de la fundación del matutino).

El Patronato mantiene sus acciones en La Nación pues, según la institución, esos títulos le permiten tener dividendos cercanos a los ₡252.000 al año. En total, el valor de la inversión del PANI en el periódico por estas acciones es de ¢ 50.402.000.

La donación

Según confirmó Óscar Cascante, del departamento Financiero Contable del PANI, las acciones que tiene la institución son un legado de la filántropa Amparo López-Calleja (quien se identificaba a sí misma coo Amparo de Zeledón), que se hizo vigente en 1951 (un par de décadas después de que el PANI empezara a funcionar).

La donación de López-Calleja proviene de su testamento y fue efectiva en el año 1951. Según el documento, la filántropa dejó “3 centésimas de las acciones para una campaña vigorosa contra el teatro inmoral que tanto daño le ha hecho al país (especialmente al cine nacional)”.

No encontramos información que explique por qué Zeledón habría querido que el PANI usara los fondos de los dividendos en La Nación para “luchar vigorosamente contra el teatro inmoral”. Sin embargo, la tesis El Patronato Nacional de la Infancia: creación y evolución, 1930-1980 de Marta Brenes y Efraín Mejía arroja algunas luces y señala que en 1949 el PANI firmó un convenio con la Asociación Conservatorio Castella para adquirir un cinematógrafo educativo que se dio en arrendamiento al centro educativo.

De hecho, Amparo López-Calleja (cubana de nacimiento) fue miembro de la Junta Directiva del PANI, y sus aportes a la infancia en la época fueron clave. Por ejemplo, López-Calleja presidió La Gota de Leche, una organización que asistía económicamente a niñas y niños pobres y dar asilo a huérfanos.

Según Cascante, del departamento Financiero del PANI, el monto que la institución recibe por el legado de la filántropa es poco significativo.

“Recibimos dividendos de casi ₡252.000 al año, y van en caída”, agregó Cascante. “Para un presupuesto de ₡101 mil millones, que es lo que tiene el PANI eso casi no es nada”, dijo.

Los accionistas

La información de Otto Guevara estaba basada en publicación divulgada en la edición impresa del miércoles 20 de marzo de La Nación. La publicación responde a la ley 6220 que obliga a los medios de difusión (incluidos periódicos, agencias de publicidad y medios de radio y televisión) a publicar sus listas de accionistas. Puede ver el listado de accionistas de La Nación del 2019 en este enlace.

A pesar de la participación accionaria del PANI en La Nación, la entidad asegura que “no participa en las reuniones de accionistas” y su única actividad en el medio es ser “receptora de los dividendos ganados”. Además, la entidad asegura que planea tomar medidas a corto plazo para vender las acciones donadas a la institución.

Aunque la lista de accionistas de La Nación registra 786 personas físicas y jurídicas como accionistas, la empresa está controlada en un 49% por un mismo grupo familiar, según aparece en su sitio web.

Jaime Manuel Jiménez Solera participa en varias sociedades que reúnen una participación total accionaria del 24,15% del grupo. Su primo, Manuel Francisco Jiménez Echeverría participa directa e indirectamente (a través de sociedades) con un 10.41%.

En 1981 Marisia Jiménez Echeverría (hermana de Manuel Francisco) contrajo matrimonio con Pedro Antonio Abreu Mc Donough (hoy divorciados). Él y su hijo controlan también un 14,26% de la participación accionaria. Las relaciones familiares se comprobaron a partir de consultas en el Registro Civil.

Entre otros grupos de accionistas integrados a la lista, se incluye Marín Raventós S. A., en la que Nuria Marín Raventós -esposa del excandidato presidencial Antonio Álvarez- participa en la Junta Directiva como secretaria.