INEC no «ignoró» a 52 mil personas en nueva tasa de desempleo

En resumen: Es falso que el INEC hubiera excluido a casi 52.000 personas como parte de la tasa de desempleo del último trimestre del 2019. El Instituto Nacional de Estadística y Censos publicó el indicador este jueves como parte de su Encuesta Continua de Empleo. El dato fue criticado por el diputado independiente Jonathan Prendas en una publicación en redes.

El INEC estimó que la tasa de desempleo fue de 12,4% de la fuerza de trabajo, compuesta por 2,49 millones de personas. El Instituto anunció que alrededor de 309.000 personas estuvieron desempleadas a finales del año pasado.

El mismo día, el diputado Prendas acusó a la institución de haber ignorado a 52.000 personas “que se cansaron de buscar trabajo”. Prendas afirmó que hay 361.000 personas «sin trabajo», pero que el INEC divulgó que eran menos: 309.000 «personas sin trabajo».

El legislador confunde la definición que emplea el INEC para medir el desempleo en el país. El término está apegado al concepto oficial de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

Una persona es desempleada cuando no ha tenido trabajo en la semana previa a la realización de la encuesta. Esa persona también debió estar disponible para trabajar y haber tomado medidas para buscar trabajo pero no lo ha encontrado durante las últimas cuatro semanas.

En cambio, las casi 52.000 personas que Prendas menciona son definidas como «desalentadas». Estas son personas que están disponibles para trabajar pero que han desistido de buscar empleo. Esa población está fuera de la fuerza de trabajo, según la metodología del INEC.

El INEC sí estima la cantidad de personas en esa condición. El Instituto suma esa cifra a la población desempleada para obtener la tasa de desempleo ampliada. Toda esa información se ha calculado en la Encuesta Continua de Empleo y es de acceso público.

Prendas señaló al INEC después de que el 4 de febrero hubiera asegurado en sus redes sociales que el desempleo había llegado al 15%.  La cifra es falsa: el país nunca ha alcanzado esa tasa de desempleo en su versión abierta ni en su versión ampliada.

Doble Check intentó comunicarse telefónicamente con el diputado Prendas, pero no se obtuvo respuesta.

En resumen: Es falso que el INEC hubiera excluido a casi 52.000 personas como parte de la tasa de desempleo del último trimestre del 2019. El Instituto Nacional de Estadística y Censos publicó el indicador este jueves como parte de su Encuesta Continua de Empleo. El dato fue criticado por el diputado independiente Jonathan Prendas en una publicación en redes.

El INEC estimó que la tasa de desempleo fue de 12,4% de la fuerza de trabajo, compuesta por 2,49 millones de personas. El Instituto anunció que alrededor de 309.000 personas estuvieron desempleadas a finales del año pasado.

El mismo día, el diputado Prendas acusó a la institución de haber ignorado a 52.000 personas “que se cansaron de buscar trabajo”. Prendas afirmó que hay 361.000 personas «sin trabajo», pero que el INEC divulgó que eran menos: 309.000 «personas sin trabajo».

El legislador confunde la definición que emplea el INEC para medir el desempleo en el país. El término está apegado al concepto oficial de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

Una persona es desempleada cuando no ha tenido trabajo en la semana previa a la realización de la encuesta. Esa persona también debió estar disponible para trabajar y haber tomado medidas para buscar trabajo pero no lo ha encontrado durante las últimas cuatro semanas.

En cambio, las casi 52.000 personas que Prendas menciona son definidas como «desalentadas». Estas son personas que están disponibles para trabajar pero que han desistido de buscar empleo. Esa población está fuera de la fuerza de trabajo, según la metodología del INEC.

El INEC sí estima la cantidad de personas en esa condición. El Instituto suma esa cifra a la población desempleada para obtener la tasa de desempleo ampliada. Toda esa información se ha calculado en la Encuesta Continua de Empleo y es de acceso público.

Prendas señaló al INEC después de que el 4 de febrero hubiera asegurado en sus redes sociales que el desempleo había llegado al 15%.  La cifra es falsa: el país nunca ha alcanzado esa tasa de desempleo en su versión abierta ni en su versión ampliada.

Doble Check intentó comunicarse telefónicamente con el diputado Prendas, pero no se obtuvo respuesta.

Así es la tasa oficial de desempleo

El INEC publicó la más reciente Encuesta Continua de Empleo (ECE) el jueves 6 de febrero. La encuesta abarcó octubre, noviembre y diciembre del 2019.

El INEC estimó que la tasa de desempleo para ese periodo fue de 12,4% de la fuerza de trabajo, que estaba compuesta por 2,49 millones de personas. El INEC define a la fuerza de trabajo como “personas de 15 años o más que durante el período de referencia participaron en la producción de bienes y servicios económicos o estaban dispuestas a hacerlo”.

La tasa de desempleo de finales del 2019 no tiene diferencias estadísticamente significativas al porcentaje del mismo periodo del 2018. Así lo indicó esa institución en el informe de la ECE.

La acusación de Jonathan Prendas

El diputado independiente del llamado bloque Nueva República, Jonathan Prendas, publicó en sus redes sociales que el INEC ignoró a 52.000 personas “que se cansaron de buscar trabajo”.

Prendas aseguró que el Instituto «reconoce que hay 361 mil personas sin trabajo». El legislador agregó que «el INEC intentó decir hoy que solo 309 mil personas están sin trabajo, ignorando a 52 mil personas que se cansaron de buscar trabajo y hacen lo que sea para ganar plata”.

El legislador hizo esa afirmación un día después de haber asegurado que la tasa de desempleo había llegado a 15%. Entonces no había especificado la fuente del dato o el tipo de información con que había compuesto esa cifra.

Hay 309.000 personas desempleadas

Es falso que el INEC hubiera ignorado a 52.000 personas en su tasa de desempleo. En realidad, Prendas no reconoció la naturaleza de ese indicador.

Es necesario que una persona en edad de trabajar cumpla con tres características simultáneamente para calificar como desempleada. Esa definición está apegada al concepto que emplea la Organización Internacional del Trabajo (OIT):

“Son las personas en la fuerza de trabajo que estaban sin empleo en la semana de referencia, disponibles a participar de la producción de bienes y servicios económicos, buscaron trabajo pero no lo encontraron aunque realizaron medidas concretas de búsqueda durante las últimas cuatro semanas”, indica el informe del INEC.

El INEC también incluye en esa medición a las personas que cumplan esas características, pero que no buscaron empleo en las últimas cuatro semanas porque ya consiguieron y esperan iniciar en los próximos días. También suma a las que esperan el reinicio de operaciones en una actividad suspendida temporalmente o esperan respuesta de búsquedas de trabajo anteriores.

Tales condiciones de análisis permiten que la encuesta amplíe las posibilidades de que una persona sea captada como desempleada, indicó a Doble Check la coordinadora de divulgación estadística del INEC, Pilar Ramos.

Así, 12,4% de la fuerza de trabajo —309.465 personas— cumplió con esas características en el último trimestre del año pasado. Esa fue la cifra que el INEC anunció como la tasa de desempleo.

Se mantiene tasa histórica de desempleo

Costa Rica había alcanzado, hace justo un año, la tasa más alta de desempleo registrada por la ECE: 12%. La encuesta del último trimestre arrojó un valor mayor (12,4%), pero el margen de error del instrumento no permite afirmar que hubiera una diferencia estadísticamente significativa.

Es decir, aunque no se puede afirmar que hubiera aumentado, sí se puede decir que Costa Rica se mantiene en los niveles de desempleo más altos que se han registrado desde julio del 2010, cuando se empezó a aplicar la ECE.

Sí hay 51.641 personas desalentadas, pero es una medición distinta

Las miles de personas que Jonathan Prendas achaca al INEC son definidas como desalentadas. Estas se clasifican en una medición complementaria a la tasa de desempleo.

La población desalentada está fuera de la fuerza de trabajo. Es decir, son personas que “no estuvieron ocupadas en la semana de referencia y que en las cuatro semanas anteriores a la entrevista no realizaron ningún tipo de gestión de búsqueda para conseguir un trabajo”.

Según el INEC, las personas se califican como «desalentadas» cuando responden que no buscaron trabajo porque “no tienen dinero para buscar; se cansaron de buscar; no le dan trabajo por edad, sexo, raza, discapacidad u otro; no hay trabajo en la zona o porque en esta época del año no hay trabajo”.

La Encuesta Continua de Empleo registra a esa población desalentada. Este conteo  puede sumarse con las personas desempleadas en una nueva categoría denominada como desempleo ampliado.

“Mostramos un indicador adicional que puede ser relevante en términos de política pública, porque eventualmente podríamos estar en una situación de contracción muy fuerte donde el desempleo abierto está disminuyendo pero el desempleo desalentado está aumentando. En el fondo, podría ser una estadística complementaria”, explicó Pilar Ramos.

La tasa de desempleo ampliado (desempleados más desalentados) fue de 14,2% para el último trimestre del 2019, número más cercano al 15% que Prendas había denunciado el miércoles.

El diputado declinó revelar su fuente a la prensa luego de esa afirmación. Posteriormente anunció en sus redes que estaba tomando en cuenta también a las personas que habían renunciado a buscar trabajo.

¿Por qué se omite a los desalentados en la tasa oficial de desempleo?

La directora de divulgación estadística del INEC y la coordinadora de la ECE, María Luz Sanarrusia, justificaron el uso oficial de la tasa de desempleo por razones de análisis internacional e histórico. También refirieron que así lo indican los lineamientos de la OIT.

“En términos de desempleo desalentado, llega a ser una estadística que saca el INEC, pero no es el desempleo oficial en tanto estamos captando personas que, desde su percepción o su experiencia, señalan estar disponibles pero no buscan trabajo, no hicieron el hecho concreto y corroborable que señala ser un desempleado abierto”, explicó Ramos.

Según las expertas, las acciones concretas para la búsqueda de trabajo son el elemento que permite identificar a las personas que están presionando en forma activa en el mercado de trabajo.

“[Los desalentados] están apuntando a situaciones donde la persona dice que no buscó trabajo por discriminación o porque no hay trabajo donde vive por su experiencia o su percepción, y por lo tanto no pueden ser considerados dentro de este desempleo abierto con el que internacionalmente se señala y se comparan los países”, añadió la jerarca del INEC.

Jonathan Prendas hace descripción falsa del aborto y la vincula con norma técnica

En resumen: El diputado independiente Jonathan Prendas dijo que la norma técnica para el aborto impune permite el “desmembramiento de bebés o su quema aplicándole un ácido”. Eso es falso.

La norma para el aborto impune —para casos de peligro a la vida o la salud de mujer— no detalla los procedimientos médicos mediante los cuales se ejecuta el aborto. La normativa sí advierte que el procedimiento deberá ejecutarse de manera segura y “mediante el procedimiento médico menos invasivo posible y basado en la evidencia científica actualizada”.

Además, es falso que exista un método de aborto que emplee ácido o que sea necesario el desmembramiento de fetos para ese propósito, como publicó el diputado este martes.

Así lo confirmaron a Doble Check el jefe de Ginecología y Obstetricia del Hospital Rafael Ángel Calderón Guardia, Danilo Medina; y la presidenta de la Asociación Costarricense de Gineco-Obstetricia, María Angélica Vargas. Ella fue designada por el Colegio de Médicos y Cirujanos como voz experta para este chequeo.

Doble Check intentó comunicarse con el legislador Jonathan Prendas y con su asesor de comunicación, pero no se obtuvo respuesta oportunamente.

En resumen: El diputado independiente Jonathan Prendas dijo que la norma técnica para el aborto impune permite el “desmembramiento de bebés o su quema aplicándole un ácido”. Eso es falso.

La norma para el aborto impune —para casos en los que peligre a la vida o la salud de mujer— no detalla los procedimientos médicos mediante los cuales se ejecuta la interrupción del embarazo. La normativa sí advierte que el procedimiento deberá ejecutarse de manera segura y “mediante el procedimiento médico menos invasivo posible y basado en la evidencia científica actualizada”.

Además, es falso que exista un método de aborto que emplee ácido o que sea necesario el desmembramiento de fetos para ese propósito, como publicó el diputado este martes.

Así lo confirmaron a Doble Check el jefe de Ginecología y Obstetricia del Hospital Rafael Ángel Calderón Guardia, Danilo Medina; y la presidenta de la Asociación Costarricense de Gineco-Obstetricia, María Angélica Vargas. Ella fue designada por el Colegio de Médicos y Cirujanos como voz experta para este chequeo.

Doble Check intentó comunicarse con el legislador Jonathan Prendas y con su asesor de comunicación, pero no se obtuvo respuesta oportunamente.

¿Qué dijo el diputado Jonathan Prendas?

En diciembre pasado, el Poder Ejecutivo aprobó por medio de un decreto la norma técnica para la interrupción del embarazo en casos de peligro a la vida o la salud de la mujer. El procedimiento está permitido según el artículo 121 del Código Penal desde 1970 bajo el término de aborto impune.

El diputado independiente del llamado bloque Nueva República, Jonathan Prendas, ha mostrado su oposición a la norma. El jueves anterior presentó una acción de inconstitucionalidad en contra de esta.

Este martes, el legislador publicó en redes sociales que se opone a esa reglamentación porque “permitiría el desmembramiento del bebé o su quema aplicándole un ácido”.

Aborto no requiere “desmembramiento” o uso de ácido

Doble Check consultó al jefe de Ginecología y Obstetricia del Hospital Rafael Ángel Calderón Guardia, Danilo Medina; y al Colegio de Médicos y Cirujanos de Costa Rica, que designó como voz especialista para este chequeo a María Angélica Vargas. Ella es presidenta de la Asociación Costarricense de Gineco-Obstetricia (AOGCR).

Ambos especialistas negaron la existencia de un procedimiento médico que requiera el uso de ácido para ocasionar un aborto. Además, Vargas y Medina aseguraron que el desmembramiento de fetos es una percepción incorrecta del aborto como proceso médico.

Los especialistas describieron la existencia de dos categorías generales de aborto: por medio de medicamentos (sin necesidad de cirugía) que inducen la dilatación del cuello uterino o por medio de procedimientos quirúrgicos. El uso de cada uno depende de cuán avanzado sea el embarazo o de la condición de la mujer.

Vargas añadió que los especialistas médicos deben agotar otras opciones antes de recurrir a procedimientos quirúrgicos como el legrado. Este procedimiento emplea instrumentos médicos para remover el contenido del útero. La presidenta de la AOGCR recalcó que, en esos casos, los médicos deben evitar cualquier fragmentación de tejidos, pues representa un peligro para la mujer.

“Si eso sucede en el útero [fragmentación], se corre el riesgo de que los fragmentos rompan el útero. Estaríamos poniendo en riesgo a la mujer en lugar de protegerla, que es lo que se busca con el aborto terapéutico”, aseguró Vargas.

Medina añadió que la presencia de fragmentos del feto o de la placenta después de un aborto terapéutico es un asunto de “extrema vigilancia médica”.

Norma no determina métodos para aborto impune

Por otro lado, es falso que la norma técnica que decretó el gobierno determine cuáles procedimientos específicos deben emplearse para interrumpir un embarazo por riesgo a la vida o la salud de la mujer.

La norma sí advierte que el aborto impune debe hacerse de manera segura y en acatamiento con “los más altos niveles de calidad”. El punto 8.1 de la reglamentación indica que debe emplearse “el procedimiento médico menos invasivo posible y basado en la evidencia científica actualizada”. También agrega que este debe ser el más adecuado para la condición presente de la mujer.

Además, dicha reglamentación exige que el procedimiento solo podrá aplicarse en hospitales y clínicas “que cuenten con la infraestructura, el equipamiento y los recursos necesarios”, así como la aprobación de protocolos por parte del Ministerio de Salud.

Norma técnica de aborto impune divide opiniones, pero una mayoría sí la apoya

En resumen: La mayoría de la ciudadanía costarricense afirma estar enterada del tema de la norma técnica para el aborto en casos de peligro a la vida o la salud de la madre, y la mayor parte de esa población está a favor de que el presidente de la República, Carlos Alvarado, aprobara su vigencia.

Así lo muestra la Primera Encuesta Nacional sobre Derechos Humanos en Costa Rica, investigación estadística que fue publicada el martes pasado y que estuvo a cargo del Sistema de Naciones Unidas, la Defensoría de los Habitantes y el Centro de Investigación y Estudios Políticos de la Universidad de Costa Rica (UCR).

Encuestas de opinión pública del 2018 que son representativas para casi la totalidad del país también mostraban una mayoría de apoyo hacia el aborto en casos de peligro a la vida y la salud de las mujeres, causales contemplados en el Código Penal desde 1970 bajo el término de aborto impune.

En resumen: La mayoría de la ciudadanía costarricense afirma estar enterada del tema de la norma técnica para el aborto en casos de peligro a la vida o la salud de la madre, y la mayor parte de esa población está a favor de que el presidente de la República, Carlos Alvarado, aprobara su vigencia.

Así lo muestra la Primera Encuesta Nacional sobre Derechos Humanos en Costa Rica, investigación estadística que fue publicada el martes pasado y que estuvo a cargo del Sistema de Naciones Unidas, la Defensoría de los Habitantes y el Centro de Investigación y Estudios Políticos de la Universidad de Costa Rica (UCR).

Encuestas de opinión pública del 2018 que son representativas para casi la totalidad del país también mostraban una mayoría de apoyo hacia el aborto en casos de peligro a la vida y la salud de las mujeres, causales contemplados en el Código Penal desde 1970 bajo el término de aborto impune.

Opositores a la norma técnica dicen ser mayoría

Este jueves, el Poder Ejecutivo aprobó por medio de un decreto la norma técnica para la interrupción del embarazo en casos de peligro a la vida o la salud de la mujer, la cual está permitida en el artículo 121 del Código Penal desde 1970 bajo el término de aborto impune.

Previamente a la firma de ese decreto, el martes, el Ministerio de Salud envió la norma a consulta obligatoria ante la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS). La decisión del Ejecutivo ha sido cuestionada por diputados antiaborto de la Asamblea Legislativa y por la cúpula de la iglesia católica desde entonces.

Algunos de esos cuestionamientos instaban al presidente de la República, Carlos Alvarado, a detener la firma de la norma técnica apelando a la cantidad de gente que se opone a dicho reglamento.

Por ejemplo, la diputada de la Unidad Social Cristiana (PUSC), Shirley Díaz, publicó en su perfil de Facebook que “miles de costarricenses le dijimos [al presidente] el pasado 1 de diciembre que no ocupamos una norma técnica”, refiriéndose a una marcha organizada ese día en el centro de San José.

Este viernes, el obispo de Tilarán y Liberia, Manuel Eugenio Salazar, también criticó la firma de esa norma técnica debido a que “cualquier tipo de reglamentación debe respetar el sentir del pueblo costarricense”.

El diputado del autodenominado bloque Nueva República, Jonathan Prendas, afirmó a CRHoy que “estamos convencidos de que la mayoría de la población está en contra de la norma”, según consta en un artículo que ese medio publicó este sábado.

Doble Check intentó comunicarse por vía telefónica con el diputado Prendas, dado que él hizo la afirmación más específica en cuanto a la cantidad de personas opuestas a la norma técnica. Sin embargo, no se obtuvo respuesta oportunamente.

Apoyo a norma técnica para causales de aborto impune es mayor

Las investigaciones estadísticas de dominio público revelan que la mayoría de la ciudadanía costarricense está a favor del aborto en casos de peligro a la vida y la salud de la mujer y de la implementación de una norma técnica para regular ese procedimiento médico.

La investigación de opinión pública más reciente que ha medido el apoyo a la norma técnica para el aborto impune es la Primera Encuesta Nacional sobre Derechos Humanos en Costa Rica, que fue publicada el martes pasado.

Dicha investigación fue realizada por el Centro de Investigación y Estudios Políticos de la Universidad de Costa Rica (CIEP), la Defensoría de los Habitantes y el Sistema de Naciones Unidas. La encuesta fue aplicada a una muestra aleatoria de 1.178 personas mayores de edad del 31 de octubre al 11 de noviembre de este año por medio de llamadas por teléfono móvil. De ese modo, los resultados son representativos para casi la totalidad del país en sexo, grupos de edad y niveles de educación, con un margen de error de 2,85 puntos porcentuales hacia arriba y abajo de cada cifra.

Según ese instrumento de medición, casi 76% de la población tiene conocimiento de la norma técnica para el aborto por peligro a la vida o la salud de la mujer. Dentro de ese sector que afirmó estar enterado, una mayoría de casi 58% dijo que está a favor de que el presidente firme la norma técnica.

Resultados de la Primera Encuesta Nacional sobre Derechos Humanos en Costa Rica en cuanto al conocimiento y el apoyo a la norma técnica para el aborto en caso de peligro o salud para la mujer.

El CIEP también midió la opinión pública hacia el aborto en caso de peligro a la salud de la mujer en su encuesta de agosto del 2018, que también tenía resultados representativos para casi la totalidad del país (margen de error de 3,7 puntos porcentuales).

 

El CIEP preguntó: “¿Creen que se justificaría la interrupción del embarazo, o sea, un aborto, cuando peligra la salud de la madre?” En aquel momento, 55% de la muestra respondió que estaba a favor y 45% dijo estar en contra.

 

Adicionalmente, la Escuela de Estadística de la Universidad de Costa Rica publicó en diciembre pasado la investigación Actualidades 2018, una encuesta de opinión pública realizada de cara a cara a personas mayores de edad en residencias particulares de todo el país, con resultados representativos para 100% de las viviendas de Costa Rica y un margen de error de 3 puntos porcentuales.

Dicha investigación también midió actitudes hacia el aborto por distintas circunstancias. De ese modo, 57% de las personas dijo estar a favor del aborto si está en peligro la vida de la mujer, frente a 30% de personas en desacuerdo. Por otro lado, 49,6% de la muestra afirmó que está de acuerdo con el aborto cuando la salud de la mujer está en peligro, y 39% dijo estar en contra.

Sin embargo, la encuesta Actualidades 2018 halló un rechazo mayoritario para otras causales de aborto. Los porcentajes más grandes de desacuerdo se hallaron frente al aborto “si la familia no tiene recursos para mantener más hijos” (81,6%)  y “si la mujer lo decide por cualquier motivo” (78,7%).

Cabe destacar que, a pesar del apoyo mayoritario que muestran las mediciones estadísticas disponibles, la Sala Constitucional ha advertido que permitir el reconocimiento de derechos humanos en cuanto exista apoyo de una mayoría es una práctica discriminatoria. Así lo recalcó esa entidad en la resolución Nº 13313 – 2010, donde anuló un proceso para la preparación de un referendo donde se pretendía dejar a votación popular un proyecto legislativo de uniones de hecho para parejas homosexuales.

En aquel momento, la Sala Constitucional concluyó que dicho referendo «se transforma, a la postre, en una clara y evidente práctica discriminatoria, por cuanto, supone someter al dictamen de una mayoría si un grupo minoritario obtiene o no el reconocimiento de ciertos derechos –aunque sean de origen legal o infra constitucional-«.

 

Jonathan Prendas infló cinco veces el superávit del Inamu como argumento para cerrarlo

En resumen: El diputado del bloque independiente Nueva República, Jonathan Prendas, sobredimensionó cinco veces el superávit del Instituto Nacional de la Mujer (Inamu). El legislador hizo una suma incorrecta de los datos reportados por la institución entre los años 2014 y 2019. Prendas sumó uno por uno los superávits registrados en dicho período, sin tomar en cuenta que estas cifras corresponden a dineros que se trasladan año con año y no a nuevas erogaciones.

El diputado escribió en Twitter que el superávit había sumado los ₡56.000 millones en ese período. En realidad, el monto acumulado por la institución hasta la fecha —según datos de la Contraloría General de la República (CGR)— es de ₡10.613 millones.

Prendas utilizó el dato como una justificación para “cerrar el Inamu”. Desde su punto de vista, existe una “gran ineficiencia en perjuicio de las mujeres”.

Según las autoridades del Instituto, el superávit acumulado no solo es inferior de lo que Prendas afirmó en sus redes sociales. El monto de más de ₡10.000 millones reportado para el 2010 contempla también una porción de ₡6.677 millones para proyectos de infraestructura que ya se encuentran en marcha (un albergue y las sedes Central, de Limón y de Puntarenas). El resto del dinero, aseguraron, está comprometido con proyectos aprobados por el Ministerio de Planificación (Mideplan).

En resumen: El diputado del bloque independiente Nueva República, Jonathan Prendas, sobredimensionó cinco veces el superávit del Instituto Nacional de la Mujer (Inamu). El legislador hizo una suma incorrecta de los datos reportados por la institución entre los años 2014 y 2019. Prendas sumó uno por uno los superávits registrados en dicho período, sin tomar en cuenta que estas cifras corresponden a dineros que se trasladan año con año y no a nuevas erogaciones.

El diputado escribió en Twitter que el superávit había sumado los ₡56.000 millones en ese período. En realidad, el monto acumulado por la institución hasta la fecha —según datos de la Contraloría General de la República (CGR)— es de ₡10.613 millones.

Prendas utilizó el dato como una justificación para “cerrar el Inamu”. Desde su punto de vista, existe una “gran ineficiencia en perjuicio de las mujeres”.

Según las autoridades del Instituto, el superávit acumulado no solo es inferior de lo que Prendas afirmó en sus redes sociales. El monto de más de ₡10.000 millones reportado para el 2019 contempla también una porción de ₡6.677 millones para proyectos de infraestructura que ya se encuentran en marcha (un albergue y las sedes Central, de Limón y de Puntarenas). El resto del dinero, aseguraron, está comprometido con proyectos aprobados por el Ministerio de Planificación (Mideplan).

La afirmación

El diputado Jonathan Prendas manifestó en sus redes sociales que el Instituto Nacional de la Mujer (Inamu) ha acumulado un superávit de ₡56.000 millones entre 2014 y 2019. “En 6 años (2014-2019) su superávit fue de 56 mil millones de colones, lo cual demuestra su GRAN ineficiencia en perjuicio de las mujeres”, escribió en Twitter.

También dijo algo similar durante la discusión del presupuesto nacional en la sesión del Plenario legislativo del jueves pasado. Prendas mencionó, uno por uno, los superávits registrados por el Inamu desde 2014 y señaló que “por eso plantea también su transformación en algo más integral, más visión social, más visión país, según la Constitución, que es el Instituto de la Familia y a Equidad Social”.

¿Cómo sobredimensionó Prendas el superávit?

Los superávits mencionados por el diputado del bloque independiente Nueva República —afín al excandidato Fabricio Alvarado—  se asemejan muchísimo a los que registra el Sistema de Información sobre Planes y Presupuestos (SIP) de la CGR. Sin embargo, el cálculo que realizó al sumarlos fue incorrecto. Los superávits no pueden sumarse de forma independiente, pues muchas veces son montos que simplemente se trasladan de un año a otro.

Según los datos de la Contraloría, los superávits reportados por el Inamu desde el año 2014 han sido de ₡8.833 millones en 2014, ₡15.911 millones en 2015, ₡9.251 millones en 2016, ₡9.050 millones en 2017, ₡8.786 millones en 2018 y ₡10.613 millones en lo que va de 2019. No obstante, esas cifras no se pueden sumar porque se reasignan año con año.

Así lo permite la Ley de la Administración Financiera de la República y Presupuestos Públicos. La única restricción es que ese dinero no se puede usar para pagar gastos corrientes (como salarios).

Por ejemplo, el Inamu dijo haber presupuestado ₡21.432,56 millones en 2019: 59% de los recursos que le asigna la Ley de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares (Desaf), y 41% de los superávits remanentes que no se desperdician o se pierden.

Es decir, si en 2014 el superávit institucional fue de  ¢8.833 millones y en 2019 es de ₡10.915 millones, hasta ahora el monto solo habría crecido en poco más de ₡2.000 millones. Este crecimiento sería todavía menor (poco más de ¢1.000 millones) si se toma en cuenta el efecto de la inflación.

El Inamu afirmó a Doble Check que ya tiene comprometidos ₡6.677 millones de ese superávit. Este dinero se destinará a cuatro obras de infraestructura: un albergue y las sedes Central, de Limón y de Puntarenas. Con esos edificios, el Instituto estima ahorros anuales de ₡1.000 millones en alquileres y gastos afines.

El resto del dinero está ligado a proyectos de capital social en desarrollo, debidamente aprobados por el Ministerio de Planificación (Mideplan). Así lo explicó la directora administrativa de la institución, Zaida Barboza,

Este medio intentó contactar al diputado Prendas. El legislador no contestó las llamadas ni los mensajes de texto que se le enviaron. Tampoco fue posible localizarlo a través de su asesor de prensa.

¿El Instituto de la Familia?

El diputado Jonathan Prendas argumenta que es necesario transformar el Inamu en un nuevo organismo autónomo de derecho público: el Instituto para la Familia y la Equidad de Género (IFEG).

Prendas aboga por un proyecto de ley que presentó el excandidato presidencial Fabricio Alvarado, quien dejó el texto cuando fue diputado de Restauración Nacional (PRN).

Se trata del expediente 20.126, el cual también contó con la firma del exdiputado Óscar López, de Accesibilidad Sin Exclusión (PASE) y se encuentra en corriente legislativa desde el año 2016.

Entre otras cosas, el proyecto plantea que el Instituto desarrolle sus acciones a través de una junta directiva con representación de los ministerios de Trabajo y de Salud, el Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS), el Instituto Nacional de Aprendizaje (INA) y el Patronato Nacional de la Infancia (PANI). También contaría con un representante de «organizaciones sociales» que trabajen en favor de la familia y la equidad de género y que estén registradas ante la entidad.

En sus intervenciones contra el Inamu, Prendas también ha mencionado los resultados de un informe sobre Control Interno 2018-2019. Sin embargo, ese documento se publicó en noviembre de 2018 y corresponde al seguimiento de acciones rezagadas de un plan de mejora institucional. El texto «no refleja la gestión institucional per se», afirmó el Inamu.

 

Colaboró Daniel Salazar

Medio del presidente de Nueva República había divulgado otros cuatro artículos falsos

En resumen: El sitio web, Diario La Carta, propiedad de Francisco Prendas, presidente del partido Nueva República, había divulgado varios artículos engañosos y falsos desde su lanzamiento, a finales de mayo de 2019.

Desde entonces, el medio destacó que el Gobierno crearía una agencia de empleo sin empleos (a pesar de que el plan de gobierno anunciaba la creación de 3.000 trabajos). Afirmó que la pastilla del día después es abortiva (información desmentida por la OMS y verificada previamente por Doble Check). Publicó que el gobierno estaba endeudando al país por $350 millones y $500 millones más (las operaciones no significaban endeudamiento adicional, sino un cambio en la fuente de financiamiento).

Esas informaciones falsas se suman al artículo ya desmentido por el periodista Cristian Cambronero, Delfino.cr, La Nación, Semanario Universidad, CRHoy, entre otros medios. El Ejecutivo ha rechazado desde este martes en la noche que hubiera tomado la decisión o tenga un plan de aumentar la tasa del impuesto sobre el Valor Agregado de un 13% a un 16%.

El medio no firma sus artículos, y suele replicar información divulgada previamente por otros medios de comunicación. En temas de conflicto, la página suele presentar una sola posición, sin dar balance informativo a sus publicaciones. Algunos pasajes de sus notas son de difícil comprensión, y la mayoría de fuentes políticas en sus artículos son actores del partido Nueva República.

Aunque el sitio no tiene una descripción de sus integrantes ni formas de contacto, su página de Facebook sí incluye un teléfono y un correo electrónico. En su descripción de Facebook se describen como un medio de información “asertiva y colmada de valores positivos.”

Doble Check trató de conversar telefónicamente, sin éxito, con Francisco Prendas la tarde del jueves y la mañana del viernes. También se le envió un mensaje por Whatsapp que quedó sin respuesta.

En resumen: El sitio web, Diario La Carta, propiedad de Francisco Prendas, presidente del partido Nueva República, había divulgado varios artículos engañosos y falsos desde su lanzamiento, a finales de mayo de 2019.

Desde entonces, el medio destacó que el Gobierno crearía una agencia de empleo sin empleos (a pesar de que el plan de gobierno anunciaba la creación de 3.000 trabajos). Afirmó que la pastilla del día después es abortiva (información desmentida por la OMS y verificada previamente por Doble Check). Publicó que el gobierno estaba endeudando al país por $350 millones y $500 millones más (las operaciones no significaban endeudamiento adicional, sino un cambio en la fuente de financiamiento).

Esas informaciones falsas se suman al artículo ya desmentido por el periodista Cristian Cambronero, Delfino.cr, La Nación, Semanario Universidad, CRHoy, entre otros medios. El Ejecutivo ha rechazado desde este martes en la noche que hubiera tomado la decisión o tenga un plan de aumentar la tasa del impuesto sobre el Valor Agregado de un 13% a un 16%.

El medio no firma sus artículos, y suele replicar información divulgada previamente por otros medios de comunicación. En temas de conflicto, la página suele presentar una sola posición, sin dar balance informativo a sus publicaciones. Algunos pasajes de sus notas son de difícil comprensión, y la mayoría de fuentes políticas en sus artículos son actores del partido Nueva República.

Aunque el sitio no tiene una descripción de sus integrantes ni formas de contacto, su página de Facebook sí incluye un teléfono y un correo electrónico. En su descripción de Facebook se describen como un medio de información “asertiva y colmada de valores positivos.”

Doble Check trató de conversar telefónicamente, sin éxito, con Francisco Prendas la tarde del jueves y la mañana del viernes. También se le envió un mensaje por Whatsapp que quedó sin respuesta.

1. Falso: «Gobierno PAC promete agencia de empleos sin empleos»

Un artículo publicado el 11 de junio asegura que el Gobierno promete una “agencia de empleos sin empleos”. El artículo hace referencia a la creación del Sistema Nacional de Empleo (SNE), que articula los servicios de empleo del Gobierno y que contempla la creación de una Agencia Nacional de Empleo, a cargo del Instituto Nacional de Aprendizaje. Según aseguró el presidente Carlos Alvarado, esa propuesta permitiría la creación de alrededor de 3000 empleos, a partir de junio.

¿La propuesta del gobierno funcionará? No lo sabemos, porque no podemos chequear el futuro. Resulta falso, sin embargo, asegurar que la propuesta del Ejecutivo para la Agencia de Empleos no contempla la creación de nuevos trabajos.

El artículo usa como única fuente declaraciones de la legisladora de Nueva República, Carmen Chan.

2. «Falso: Pastilla del día después es abortiva»

Este mito lo hemos desmentido en otras ocasiones. Existe un elevado consenso médico que descarta un efecto abortivo en la “píldora del día después”. Así lo ha ratificado la Organización Mundial de la Salud (OMS) desde hace más de una década.

El artículo de Diario La Carta, cita al médico cirujano Claudio Slon, en declaraciones al programa radial Vecinos, de Fabricio Alvarado, Francisco Prendas y Mónica Araya. El texto indica que “la pastilla interrumpe el proceso hormonal que desata el cuerpo una vez que el óvulo está fecundado y ese efecto en cadena desde la concepción se ve interrumpido cuando el endometrio, en lugar de ser el espacio predilecto para que crezca y se desarrolle el futuro bebé, más bien la pastilla provoca que sea un ambiente hostil y el cuerpo lo desecho”.

En realidad, las píldoras anticonceptivas de emergencia tienen un efecto que se limita al proceso de ovulación y no intervienen después de la fecundación o del embarazo. El consenso descarta el efecto antiimplantatorio. Es decir, no son abortivas. Puede leer más sobre el tema en los artículos:

3. Falso: «Costa Rica se endeuda por $350 millones más»

El artículo del 2 de julio hace referencia a un préstamo de $350 millones firmado entre el gobierno y el Banco Interamericano de Desarrollo.

Es falso indicar que el préstamo constituye un aumento de $350 millones en la deuda del país. En realidad, según indicó la jerarca de Hacienda, la gestión solo provoca un cambio en la fuente de financiamiento.

Según indicó Melvin Quirós, director de crédito público a Doble Check, «estas operaciones no representan un mayor endeudamiento al que ya se encuentra planificado en el Presupuesto Ordinario de la República 2019. Dada la naturaleza de estas operaciones, lo que se pretende es sustituir el financiamiento interno ya aprobado en el Presupuesto 2019 por el financiamiento de las operaciones externas con multilaterales».

4. Falso: «Gobierno logra más deuda para el país»

El artículo del 27 de mayo hace referencia a un crédito de $500 millones del Banco de Desarrollo de América Latina (CAF). Según Hacienda, estos fondos no pueden considerarse nueva deuda para el país, dado que ya se encontraban contemplados en el Presupuesto Nacional. Como se indicó en en el chequeo anterior, estos movimientos sí son operaciones nuevas de Hacienda pero no alteran los números. La deuda permanece tal y como se planificó.