Diputada propone limitar aborto impune con argumento falso e incompleto

En resumen: La diputada independiente del bloque Nueva República, Ivonne Acuña, propone eliminar la posibilidad del aborto en casos de riesgo para la salud de la madre, pues alega que la salud es un «concepto jurídico indeterminado». Eso es falso.

Acuña impulsa un proyecto de ley para que la interrupción del embarazo se permita únicamente para evitar un peligro a la vida de la madre. El Código Penal permite actualmente el aborto cuando peligren tanto la vida como la salud de la mujer y cuando ese método no hubiera podido ser evitado por otros medios.

La legisladora también argumenta que «la protección de la salud forma parte intrínseca del derecho de la vida». Agrega que esa protección ha sido reconocida por la Sala Constitucional. Esa afirmación está incompleta.

La Sala Constitucional sí ha reconocido que el derecho a la salud se deriva del derecho a la vida. Sin embargo, la legisladora omite que el tribunal también considera la salud como un derecho autónomo y con su propio contenido esencial.

Además, el derecho a la salud en Costa Rica es un concepto plenamente definido. Así se desprende tanto de votos vinculantes de la Sala como del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, al que Costa Rica está suscrito.

En resumen: La diputada independiente del bloque Nueva República, Ivonne Acuña, propone eliminar la posibilidad del aborto en casos de riesgo para la salud de la madre, pues alega que la salud es un «concepto jurídico indeterminado». Eso es falso.

Acuña impulsa un proyecto de ley para que la interrupción del embarazo se permita únicamente para evitar un peligro a la vida de la madre. El Código Penal permite actualmente el aborto cuando peligren tanto la vida como la salud de la mujer y cuando ese método no hubiera podido ser evitado por otros medios.

La legisladora también argumenta que «la protección de la salud forma parte intrínseca del derecho de la vida». Agrega que esa protección ha sido reconocida por la Sala Constitucional. Esa afirmación está incompleta.

La Sala Constitucional sí ha reconocido que el derecho a la salud se ha derivado del derecho a la vida. Sin embargo, la legisladora omite que el tribunal también considera la salud como un derecho autónomo y con su propio contenido esencial.

Además, el derecho a la salud en Costa Rica es un concepto plenamente definido. Así se desprende tanto de votos vinculantes de la Sala como del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, al que Costa Rica está suscrito y que la Sala emplea como base para su jurisprudencia.

¿Cuándo se permite el aborto en la ley?

En Costa Rica, el Código Penal de 1970 estableció la figura del aborto impune en su artículo 121:

 

«No es punible el aborto practicado con consentimiento de la mujer por un médico o por una obstétrica autorizada, cuando no hubiere sido posible la intervención del primero, si se ha hecho con el fin de evitar un peligro para la vida o la salud de la madre y éste no ha podido ser evitado por otros medios».

Lo que dice Ivonne Acuña y su proyecto de ley

El pasado 21 de octubre, la diputada independiente Ivonne Acuña presentó, junto a otros legisladores, el proyecto de ley N.º 21.661 para eliminar de la excepción de impunidad del aborto el peligro para la salud de la mujer.

Según la propuesta, el artículo se limitaría así: «No es punible el aborto practicado por un médico con el consentimiento de la mujer, si se ha hecho con el fin de evitar un peligro grave e inminente para la vida de la madre y este peligro no ha podido ser evitado por otros medios.»

La legisladora afirmó en su perfil de Facebook que «el proyecto tiene la intención de suprimir los conceptos jurídicos indeterminados, por ejemplo de la definición del concepto de la salud». El texto de la iniciativa señala que «el legislador tiene ante la ciudadanía el deber de suprimir los conceptos jurídicos imprecisos».

En un artículo de Noticias Monumental, Acuña justificó que «sacamos el término ‘salud’ bajo el entendido de que la Sala Constitucional ha sido reiterada en decir que la protección de la salud forma parte intrínseca del derecho de la vida. Es decir, al decir que cuando la vida de la mujer peligre, se entiende que es su salud».

De manera similar, el texto del proyecto de ley indica que «nuestra jurisprudencia constitucional ha reconocido la relevancia del derecho a la salud, como parte esencial del derecho a la vida».

Argumento falso e incompleto

Es cierto que la Sala Constitucional ha reconocido que el derecho a la salud se origina del derecho a la vida. Sin embargo, la diputada Acuña omite que ese tribunal advierte que la salud es un derecho autónomo y esencial en sí mismo. Acuña también omite que la Sala Constitucional ha definido el derecho a la salud en su jurisprudencia con base en tratados internacionales suscritos por Costa Rica.

Una de las referencias más recientes es la resolución Nº 05560 – 2019, de marzo pasado, donde se ordenó a la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS) la creación de un sistema de gestión integrado para solventar problemas en las listas de espera.

En los argumentos de esa resolución, el tribunal subraya que «esta Sala Constitucional en múltiples sentencias ha desarrollado el derecho a la salud», y da referencia a distintas sentencias del año 2011 al 2019. La resolución cita textualmente la definición que ha desarrollado en esa jurisprudencia:

«Si bien es cierto que el derecho a la salud ha sido derivado del derecho a la vida y a un ambiente saludable y ecológicamente equilibrado por su interrelación con esos derechos, no podemos dejar de lado que este derecho fundamental es un derecho autónomo y con su propio contenido esencial«, reiteró la Sala en marzo pasado.

El tribunal constitucional basa principalmente su definición sobre el derecho a la salud en el artículo 12 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, firmado en la Asamblea General de la Organización de Naciones Unidas (ONU) en 1976, y donde Costa Rica es firmante.

«En efecto, en dicho instrumento internacional de derechos humanos se establece claramente el derecho de toda persona al disfrutar del más alto nivel posible de salud física y mental, por lo que el Estado y sus instituciones tienen el deber de asegurar la plena efectividad de ese derecho a través de una serie de acciones positivas y del ejercicio de las potestades de regulación, fiscalización y de policía sanitaria», afirma la resolución de la Sala.

De esa manera, la Sala Constitucional advierte que dicho deber significa «la  prevención y el tratamiento efectivo de enfermedades, así como la creación de condiciones que aseguren a todos la asistencia médica y servicios médicos de calidad en caso de enfermedad». Dicho tribunal añade que el derecho a la salud comprende «la disponibilidad de servicios y programas de salud en cantidad suficiente para los usuarios de estos servicios y destinatarios de estos programas».

La Sala Constitucional también recalca que la garantía de accesibilidad a los servicios y programas de salud es parte de ese derecho. Según ese tribunal, la accesibilidad tiene cuatro dimensiones: la no discriminación en el acceso a los servicios de salud, la accesibilidad física, la accesibilidad económica y la accesibilidad a la información.

Como parte del concepto del derecho a la salud, la Sala reconoce que los servicios de salud pública deben ser «respetuosos con la ética médica, culturalmente apropiados, dirigidos a la mejora de la salud de los pacientes, confidenciales» y la calidad de la base científica y médica de los servicios.

La coordinadora de la Maestría de Ciencias Penales de la Universidad de Costa Rica (UCR), Rosaura Chinchilla, aclaró a Doble Check que «en términos generales, si existe una normativa en un tratado, [la salud] deja de ser un concepto jurídico indeterminado porque el contenido lo llena el tratado». Además, Chinchilla recalcó que una definición dada por la Sala Constitucional en su jurisprudencia es vinculante, según el artículo 13 de la Ley de Jurisdicción Constitucional.

Este viernes, Doble Check informó de estos hallazgos a la diputada Ivonne Acuña y solicitó su reacción. Sin embargo, no se obtuvo respuesta oportunamente.

 

 

 

 

 

Planillas de instituciones sociales crecieron, pero no como dice Ivonne Acuña

En resumen: La diputada independiente Ivonne Acuña divulgó que la cantidad de puestos laborales aumentó en instituciones públicas del sector social durante los últimos 4 años. Aunque la mayoría de los señalamientos de Acuña son verdaderos, la diputada también compartió una cifra totalmente falsa.

La diputada acertó los datos que compartió del Instituto Nacional de Desarrollo Rural (Inder), el Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS), el Instituto Nacional de la Mujer (Inamu) y el Patronato Nacional de la Infancia (PANI). En el último cuatrienio, la planilla en esas instituciones creció entre 9% y 60%.

Sin embargo, Acuña dijo que la planilla de la Dirección Nacional de Desarrollo de la Comunidad (Dinadeco) aumentó 93% durante los últimos 4 años. El dato es falso: no hubo apertura de nuevas plazas en Dinadeco en el periodo señalado por la legisladora, según los registros de esa institución.

En resumen: La diputada independiente Ivonne Acuña divulgó que la cantidad de puestos laborales aumentó en instituciones públicas del sector social durante los últimos 4 años. Aunque la mayoría de los señalamientos de Acuña son verdaderos, la diputada también compartió una cifra totalmente falsa.

La diputada acertó los datos que compartió del Instituto Nacional de Desarrollo Rural (Inder), el Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS), el Instituto Nacional de la Mujer (Inamu) y el Patronato Nacional de la Infancia (PANI). En el último cuatrienio, la planilla en esas instituciones creció entre 9% y 60%.

Sin embargo, Acuña dijo que la planilla de la Dirección Nacional de Desarrollo de la Comunidad (Dinadeco) aumentó 93% durante los últimos 4 años. El dato es falso: no hubo apertura de nuevas plazas en Dinadeco en el periodo señalado por la legisladora, según los registros de esa institución.

Los datos ciertos

En la sesión legislativa del pasado 19 de noviembre, la diputada Ivonne Acuña dijo que se había puesto a “estudiar el tema de creación de plazas y nombramientos en algunas instituciones autónomas del sector social”, ya que la Asamblea Legislativa estaba discutiendo el presupuesto del Gobierno del 2019.

“Ciertamente se requiere aumentar la inversión basado en evidencia, y mejorar los resultados para lograr erradicar la pobreza extrema y brindar mejores y oportunos servicios de salud a la ciudadanía”, dijo la diputada.

Luego, Acuña presentó una serie de datos sobre el crecimiento de planillas en instituciones públicas de labor social:

En este estudio encontré que, de mayo del 2014 a mayo del 2018, la planilla de IMAS aumentó en un 35%; eso es casi 300 funcionarios más. La planilla del Inamu aumentó en un 40,52%. ¡La planilla de Dinadeco aumentó en un 93%! Prácticamente, se duplicó. La planilla del PANI aumentó en un 55,50%; esto es 459 funcionarios más. En el Inder, la planilla aumentó casi en un 10%”.

La mayoría de esos datos son ciertos o muy cercanos a la verdad, según los registros de Recursos Humanos de cada entidad a diciembre del año pasado.

Por ejemplo, Acuña dijo que la planilla del PANI creció 55.50%. Según esa institución, su cantidad de puestos laborales aumentó 60% en el último cuatrienio, para un total de 1326 personas empleadas.

La diputada también acertó los datos que compartió sobre el IMAS y el Inamu: el aumento de plazas en esas instituciones fue de 36% y 41%, respectivamente.

Así se comportaron las planillas de las instituciones públicas mencionadas por Ivonne Acuña entre los años 2014-2018 (Fuente: Recursos Humanos de cada entidad).

Igualmente, Acuña estuvo cerca del aumento de planilla en el Inder: la legisladora dijo que se abrieron 10% más plazas en los últimos cuatro años, y los registros facilitados por esa entidad indican que la cantidad de empleados aumentó casi 9%.

En el Inamu y en el Inder, el aumento de la planilla se dio mayormente por la apertura de plazas temporales por servicios especiales.

“Las plazas por servicios especiales son aprobadas por un tiempo determinado, generalmente por un año  y por un proyecto específico. En el momento en que la autoridad presupuestaria no las apruebe, no se puede continuar con el nombramiento de los funcionarios”, explicó el área de Recursos Humanos del Inder.

El dato falso

El único dato de la diputada Acuña que contradice los registros institucionales está relacionado con Dinadeco.

La legisladora independiente anunció en el Plenario que la planilla en dicha institución se infló 93% en el pasado cuatrienio. Sin embargo, la respuesta de Dinadeco a una consulta de Doble Check es que su número de empleados se mantuvo igual: 153 plazas.

El área de Recursos Humanos de Dinadeco especificó que la última vez que tuvieron nuevos puestos laborales fue en el 2010, cuando se habilitaron siete plazas para promoción social y administración.

Se intentó contactar a Ivonne Acuña, pero no contestó los mensajes enviados por Whatsapp. Tampoco contestó oportunamente un mensaje de correo electrónico. Su despacho comunicó que la diputada está en Estados Unidos y que no podían contestar consultas sin su autorización.