Cierto: Costa Rica no cuenta con suficientes datos públicos para medir la riqueza

En resumen: El Instituto de Investigaciones Sociales (ISS) fue blanco de varias refutaciones. Uno de sus estudios en proceso usó una revista de negocios centroamericana como fuente para calcular la magnitud de las mayores fortunas de Costa Rica. La fuente era falaz y el instituto replicó sus datos sin fundamento.

¿Hay otras formas de acercarnos a los estratos más altos de prosperidad en el país?

La estadística es una forma de aproximación, pero se queda corta. El INEC nos dice que el ingreso promedio mensual del 10% de los hogares más ricos del país es de unos ₡2,4 millones. ¿A cuánto corresponde el ingreso del 0,1% más rico? ¿A dos veces esa cifra? ¿A cien veces? Eso no lo sabemos porque es un estrato que suele escapar al alcance de las encuestas.

¿Qué hay de los aportes a la Caja Costarricense del Seguro Social? Ellos solo indican ingresos formales, y solo son accesibles para salarios públicos. Otro acercamiento podría venir de las declaraciones de impuestos, pero la ley protege su confidencialidad. Otra vía: si supiéramos quiénes son los beneficiarios finales de las empresas más rentables del país también podríamos tener un acceso indirecto a la magnitud de la acumulación de capital. Esa información tampoco está disponible públicamente.

La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) se ha referido al asunto. La organización ha dicho que los pocos datos privados en manos del Estado aún son insuficientes para conocer los volúmenes de la riqueza en el país. También señala que Costa Rica todavía necesita mejoras en las herramientas que permitan identificar quiénes controlan el capital de las personas jurídicas.

El Estado sí tiene una base de datos pormenorizada de los ingresos de cerca de 1,4 millones de hogares en el país, pero no son los hogares más prósperos los que están registrados en el Sinirube. De los hogares más ricos prácticamente no conocemos nada.

En medio de la polémica del IIS, el instituto justificó el uso de la revista de negocios FORBES Centroamérica. Alegó una “opacidad” de otras fuentes de información sobre la acumulación de riqueza en Costa Rica. El instituto se equivocó al confiar en una fuente inadecuada, pero su argumento de fondo es correcto. Costa Rica no tiene suficientes datos públicos para saber cuán ricos son sus ricos.

En resumen: Una investigación en proceso del Instituto de Investigaciones Sociales (ISS) fue blanco de varias refutaciones. El estudio usó una revista de negocios centroamericana como fuente para calcular la magnitud de las mayores fortunas de Costa Rica. La fuente era falaz y el instituto replicó sus datos sin fundamento.

¿Hay otras formas de acercarnos a los estratos más altos de prosperidad en el país?

La estadística es una forma de aproximación, pero se queda corta. El INEC nos dice que el ingreso promedio mensual del 10% de los hogares más ricos del país es de unos ₡2,4 millones. ¿A cuánto corresponde el ingreso del 0,1% más rico? ¿A dos veces esa cifra? ¿A cien veces? Eso no lo sabemos porque es un estrato que suele escapar al alcance de las encuestas.

¿Qué hay de los aportes a la Caja Costarricense del Seguro Social? Ellos solo indican ingresos formales, y solo son accesibles para salarios públicos. Otro acercamiento podría venir de las declaraciones de impuestos, pero la ley protege su confidencialidad. Otra vía: si supiéramos quiénes son los beneficiarios finales de las empresas más rentables del país también podríamos tener un acceso indirecto a la magnitud de la acumulación de capital. Esa información tampoco está disponible públicamente.

La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) se ha referido al asunto. La organización ha dicho que los pocos datos privados en manos del Estado aún son insuficientes para conocer los volúmenes de la riqueza en el país. También señala que Costa Rica todavía necesita mejoras en las herramientas que permitan identificar quiénes controlan el capital de las personas jurídicas.

El Estado sí tiene una base de datos pormenorizada de los ingresos de cerca de 1,4 millones de hogares en el país, pero no son los hogares más prósperos los que están registrados en el Sinirube. De los hogares más ricos prácticamente no conocemos nada.

En medio de la polémica del IIS, el instituto justificó el uso de la revista de negocios FORBES Centroamérica. Alegó una “opacidad” de otras fuentes de información sobre la acumulación de riqueza en Costa Rica. El instituto se equivocó al confiar en una fuente inadecuada, pero su argumento de fondo es correcto. Costa Rica no tiene suficientes datos públicos para saber cuán ricos son sus ricos.

 

¿Qué dijo el ISS con respecto al acceso a datos sobre riqueza?

Un estudio en proceso del IIS fue usado como fuente de varias publicaciones en las que se señalaba el nombre de tres personas como las más adineradas del país. El centro falló al verificar la validez de su fuente original: la revista FORBES Centroamérica. La información no tenía fundamento.

El centro de investigación aseguró en un comunicado que hay “poca o nula información de carácter público sobre la riqueza”. El rector de la Universidad de Costa Rica, Carlos Araya, adujo argumentos similares en una circular.

 

¿Puede el Estado medir la riqueza de una persona?

No es posible medirla con exactitud. Las estimaciones sí pueden ser más certeras cuanto más acceso a información tenga el Estado sobre bienes e ingresos. Así lo expresó el exviceministro de Ingresos, Fernando Rodríguez, aunque apuntó que podría haber limitaciones.

“Por ejemplo, siempre puede haber valores registrados en paraísos fiscales. No es una ciencia exacta”, apuntó.

Costa Rica recibió recomendaciones sobre transparencia fiscal por parte de la OCDE durante más de una década. Su último informe sobre el tema concluyó que el país obtuvo mejoras sustanciales.

Uno de los cambios recientes es el registro centralizado que recopila información sobre los beneficiarios finales del dinero que producen todas las entidades legales. La OCDE aún no revisa su operación. Eso sí, adelantó que tiene varias deficiencias sobre la legalidad del registro y la información disponible en el país.

Doble Check consultó a Zayda Manatta, jefa de la Secretaría del Foro Global de la OCDE sobre Transparencia e Intercambio de Información para propósitos impositivos. Ella resaltó algunas de las deficiencias expresadas en el último informe:

  • La legislación contra el lavado de dinero solamente cubre a las personas frísicas dueñas de acciones. Falla en identificar a los verdaderos dueños o beneficiarios reales del capital de las empresas.
  • La ley contra el fraude fiscal le permite a las entidades legales que no identifiquen a sus dueños legales extranjeros. En su lugar, permite que registren los nombres de sus administradores. En el caso de los fideicomisos, para la OCDE es incierto si esta ley requiere la identificación de cualquier otra persona que ejerza control.

La OCDE también afirmó en su Análisis de la Política Fiscal que la “evasión fiscal en Costa Rica es generalizada. Los ingresos fiscales que se pierden a consecuencia de la evasión fiscal son muy elevados, en particular en el ámbito de las empresas”.

Medidas complementarias

Para el exviceministro Rodríguez, la estructura impositiva en Costa Rica tampoco favorece la identificación de quién está detrás de la riqueza. Más allá del estándar de la OCDE, se necesitaría migrar a un modelo de renta global, indica el economista.

Rodríguez opina que para el Estado no es suficiente contar con información acerca de los accionistas y las sociedades: cualquier persona podría ocultarse detrás de otros sujetos. En su lugar, sugiere que todas las personas físicas reporten sus activos, pasivos e ingresos. Ello permitiría identificar quiénes se benefician de cada bien o capital.

Según el exviceministro, además de ser confidenciales, la declaración de impuestos también son muy escuetas. “Aquí se llena una página, en otros países son nueve o más”.

 

Información accionaria en Costa Rica es confidencial

El registro de accionistas en Costa Rica permitirá al Estado calcular de mejor manera la magnitud de la riqueza personal. Sin embargo, los y las ciudadanas, periodistas, y académicos no tendrán acceso a él.

La publicidad de esta información no es un estándar internacional. Sin embargo, sí hay casos de apertura. Países como como Reino Unido , Bulgaria, Dinamarca o antiguos paraísos fiscales como Luxemburgo, ofrecen información pública y de acceso libre sobre accionistas y beneficiarios finales de las compañías.

Más transparencia, menos corrupción

Una organización como Global Witness impulsa este tipo de conocimiento público. La organización civil internacional argumenta que la información no es solo clave para los ciudadanos, también es vital para los otros gobiernos. La organización dijo a Doble Check por medio de un correo electrónico:

«La transparencia pública y completa acerca de la información de los beneficiarios finales es vital para detener el rol de opacidad entre compañías anónimas involucradas en acciones de lavado de dinero y en corrupción. Desde los Papeles de Panamá hasta otros numerosos escándalos han demostrado cómo los criminales y los corruptos ocultan sus identidades detrás de compañías anónimas para ocultar grandes sumas de riqueza ilegal alrededor del mundo».

El sistema financiero permite con facilidad crear capas de compañías de papel que cruzan fronteras y jurisdicciones. Eso, indica la organización, hace imposible saber quién está detrás del dinero.

«Si logramos sacar esta información de las sombras, el público, los medios de comunicación, la sociedad civil –así como los gobiernos– podremos seguir el dinero y llamar a esas organizaciones a rendir cuentas», indicó la organización a Doble Check.

Ya otras organizaciones han llamado la atención sobre este tema. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos subrayaba en marzo de 2018  que la falta de transparencia facilita la corrupción e impide el control ciudadano. La entidad  recomendaba a los Estados «establecer obligaciones de transparencia activa» en relación con «la identidad de las personas jurídicas y naturales involucradas en la gestión de empresas del sector privado«. El caso Claude Reyes vs otros en Chile de la Corte Interamericana de Derechos Humanos también aborda este problema.

Los estándares de la OCDE no requieren que la información sobre empresas sea accesible al público. Eso sí, la organización tiene claro que los ciudadanos y periodistas pueden contribuir a aumentar la transparencia para asuntos impositivos.

«Permitir al público acceder a alguna información (como los registros acerca de beneficiarios finales sobre empresas o fideicomisos) podría permitir un mayor escrutinio acerca de la precisión de la información (siempre que se provea de datos que se puedan buscar fácilmente y leer desde computadoras sin ningún costo). El acceso abierto a esta información atraerá la atención de académicos, organizaciones civiles y periodistas», sugiere Zayda Manatta, jefa de la Secretaría del Foro Global de la OCDE.

Ese escrutinio puede contribuir a una identificación más activa de los datos inadecuados, dijo Manatta. También permitiría una detección más efectiva de la evasión de impuestos o el lavado de dinero. «En la Unión Europea, los Estados Miembros han decidido dar público acceso a los registros de beneficiarios finales para evitar el lavado de dinero (recital n°30 de la 5th European AML Directive -n°2018/843-)», ejemplifica la experta.  La transparencia de esta información podría tener un costo deseable en la reputación de personas relacionadas con empresas vinculadas al lavado de dinero o el financiamiento del terrorismo.

«Todas esas ventajas deben de pesarse contra el riesgo que algunos beneficiarios finales puedan percibir ante una mayor disponibilidad de la información. Estas personas podrían preferir que no exista tanta información disponible, o tratarían de cambiar su involucramiento a través de estructuras mucho más complejas», dijo.

 

¿A cuál información sí tenemos acceso?

Un ciudadano, periodista o investigador en Costa Rica no puede acceder a la lista de accionistas de una empresa. Mucho menos a sus beneficiarios finales. La única información parcialmente pública está relacionada con las juntas directivas de las compañías. ¿Qué otra información existe?

Encuestas

Hay acceso público a los datos recolectados por el Instituto de Estadística y Censos en la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares, por ejemplo. Con ellos se puede medir el nivel de desigualdad del país. Esa información tiene varias limitaciones: en primer lugar, es  anónima.

Además, un análisis realizado por la Cepal señala un posible sesgo en los datos por la improbabilidad de que los percentiles de hogares más ricos sean seleccionados en una muestra aleatoria. También indican su propensión a rechazar la encuesta y la posibilidad de subregistro en las declaraciones. Ese subregistro podría llevar a subestimaciones en los cálculos sobre la desigualdad.

La Cepal recomienda el uso combinado de la encuesta con datos tributarios obtenidos de las autoridades fiscales. Este método combinado ayudaría a obtener mediciones más precisas sobre la desigualdad y la distribución del ingreso en los hogares más ricos de cada país. Por esta razón, la comisión aconseja a los gobiernos la divulgación de esta información.

Estados financieros

Las empresas que cotizan en la bolsa de valores deben publicar sus balances anuales. Existe una mayor transparencia con este tipo de compañías, como Fifco, pero son una minoría dentro del parque empresarial del país. Se trata de apenas 58 empresas, incluidas entidades estatales.

Esta información también es limitada a la hora de medir riquezas particulares porque los datos públicos no están asociados a los accionistas. Los beneficiarios, además, posiblemente puedan tener inversiones, ingresos o capital de otras fuentes.

Eduardo Rojas, exgerente de negocios del INS Valores Puesto de Bolsa y docente de administración pública en la UCR, agregó otras limitaciones. Por ejemplo, el mercado costarricense no funciona con la misma agresividad que en los países de renta alta. Esos países obtienen una mayor cantidad información financiera de las empresas que participan en la bolsa.

 

¿Favorece el sistema impositivo a los más ricos?

Es difícil responder a esa pregunta tajantemente, pero hay algunas pistas.

Por ejemplo, la OCDE también ha señalado que el sistema impositivo de Costa Rica no favorece a la redistribución de la riqueza. La revisión de políticas tributarias que la organización hizo a Costa Rica en el 2017 concluyó que “el Impuesto de Renta a Personas Físicas no contribuye a reducir la desigualdad entre los ingresos. Aun cuando este impuesto está diseñado como progresivo, en la práctica eleva muy poco los ingresos con influencia en la distribución de los ingresos”.

El principal problema es que la recaudación por renta a personas físicas es baja en comparación con el resto de países de la organización.

El impuesto máximo con el que se gravan las rentas altas (mayores a ₡1,2 millones) es de un 15% en Costa Rica. En el resto de la OCDE es de 43,6% en promedio. En Suecia, por ejemplo, llega a un extremo de 57%.

“(Esa) limitada recaudación que se obtiene es uno de los factores que explican la diferencia tan pequeña entre los coeficientes de Gini antes y después de impuestos y transferencias en Costa Rica, en comparación con otros países”, dice la organización.

Irlanda o Finlandia, por ejemplo, reducen la desigualdad a casi la mitad después de aplicar impuestos y prestaciones. Costa Rica logra efectos mínimos (de apenas un 3,8%), tras hacer lo mismo.

Nota del editor: Doble Check es un proyecto financiado por la Universidad de Costa Rica. El Instituto de Investigaciones Sociales también pertenece a esta casa de enseñanza. La información en esta nota se trabajó con independencia de esta relación, pero se considera necesario transparentar un conflicto de interés de cara a nuestra audiencia.

Publicación en redes del IIS-UCR adelantó datos incorrectos para señalar a personas más ricas del país

En resumen: Dos investigadores del Instituto de Investigaciones Sociales de la UCR se basaron en la revista FORBES Centroamérica para señalar la fortuna de las que supuestamente son las tres personas más ricas en Costa Rica. Esa fuente de información fue falaz.

El dato replicado por los académicos Lorenzo Ramírez y Francisco Robles no corresponde a fortunas personales en ninguno de los casos. Así lo confirmó FORBES Centroamérica a Doble Check.

Los investigadores asumieron incorrectamente que FORBES Centroamérica muestra datos equivalentes a los de la versión estadounidense de la publicación. Esta versión sí suele emplearse como una fuente secundaria en publicaciones sobre riqueza e inequidad.

Los estándares de investigación periodística entre FORBES y FORBES Centroamérica son distintos. FORBES (en su versión original) sí pretende mostrar las fortunas netas de las personas más ricas del planeta. FORBES Centroamérica muestra capitales e ingresos empresariales de algunas de las compañías más grandes de la región. Su listado es falaz al personalizar la lista y presentarla  como “Los empresarios más ricos de la región”.

Los investigadores no verificaron la manera en que FORBES Centroamérica llegó a sus estimaciones y replicaron cifras engañosas. Ellos están en lo correcto cuando señalan la escasez de fuentes para conocer el volumen de las mayores fortunas en Costa Rica. No hay una fuente pública disponible que permita confirmar o refutar que las personas señaladas por el ISS sean las más ricas del país.

En resumen: Dos investigadores del Instituto de Investigaciones Sociales de la UCR se basaron en la revista FORBES Centroamérica para señalar la fortuna de las que supuestamente son las tres personas más ricas en Costa Rica. Esa fuente de información fue falaz.

El dato replicado por los académicos Lorenzo Ramírez y Francisco Robles no corresponde a fortunas personales en ninguno de los casos. Así lo confirmó FORBES Centroamérica a Doble Check.

Los investigadores asumieron incorrectamente que FORBES Centroamérica muestra datos equivalentes a los de la versión estadounidense de la publicación. Esta versión sí suele emplearse como una fuente secundaria en publicaciones sobre riqueza e inequidad.

Los estándares de investigación periodística entre FORBES y FORBES Centroamérica son distintos. FORBES (en su versión original) sí pretende mostrar las fortunas netas de las personas más ricas del planeta. FORBES Centroamérica muestra capitales e ingresos empresariales de algunas de las compañías más grandes de la región. Su listado es falaz al personalizar la lista y presentarla  como “Los empresarios más ricos de la región”.

Los investigadores no verificaron la manera en que FORBES Centroamérica llegó a sus estimaciones y replicaron cifras engañosas. Ellos están en lo correcto cuando señalan la escasez de fuentes para conocer el volumen de las mayores fortunas en Costa Rica. No hay una fuente pública disponible que permita confirmar o refutar que las personas señaladas por el IIS sean las más ricas del país.

¿Cuál fue la polémica?

La controversia surgió de una investigación en proceso de dos académicos del Instituto de Investigaciones Sociales de la UCR. Sus hallazgos preliminares se usaron como una base para una publicación en redes.

El IIS usó datos del INEC y de la revista FORBES Centroamérica para sustentar esta afirmación. Esta última fuente fue inadecuada.

Los avances de esa investigación inconclusa también se divulgaron en Semanario Universidad y en un video del programa Desde la U.

En los reportajes, los académicos señalaron a Rodolfo Jiménez Borbón, a Carlos Cerdas y a Steve Aronson como las personas más ricas en el país. Así aparecen en la lista de FORBES Centroamérica del 2019.

Las publicaciones pretendían demostrar la brecha de desigualdad en el país. El mismo instituto comparó los montos sumados de las fortunas publicadas en la revista con los ingresos de las personas de menores ingresos en el país, según datos del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC).

La publicación de Desde la U provocó una respuesta en video de la empresa Florida Ice and Farm Company (Fifco), cuyo representante legal es Jiménez. Entre otras afirmaciones, el video refutó que Jiménez fuera el dueño del capital de la empresa. Doble Check contactó a Fifco para aclarar información adicional y para informarle sobre algunas precisiones a su mensaje que son abordadas en otro chequeo.

Aronson también reaccionó. El empresario declaró en una carta al rector de la UCR, Carlos Araya, que desde el 2009 está desvinculado del Grupo Britt, la empresa listada en FORBES Centroamérica. Doble Check conversó con Aronson, y el empresario afirmó que tampoco había tenido noticia de la publicación de la revista regional.

El Consejo Científico del IIS reaccionó con una respuesta pública ante la refutación de Fifco. El texto insistió en la validez de las fuentes consultadas. El IIS llamó la atención a que la COVID-19 ha incrementado las brechas económicas en el país, lo que requiere generar nuevas propuestas fiscales. También explica que su intención fue “contribuir al debate público y transparente sobre la desigualdad social, la distribución del ingreso y la justicia tributaria”.

¿Cuál fue el error?

Los investigadores  no verificaron los datos de una publicación que terminó siendo engañosa. FORBES Centroamérica publicó “Los empresarios más ricos de la región 2019” en mayo de ese año.

La revista informó a Doble Check de que usó los estados financieros de Fifco S. A. para referirse a la fortuna de Jiménez. Para Cerdas, se basó en una publicación de la calificadora Fitch Ratings de febrero del 2019 para la Constructora MECO. Una proyección de ventas para el Grupo Britt publicada en una nota de prensa de El País, de España, se usó para el dato de Aronson.

Estos datos son engañosos porque solo hablan sobre el rendimiento empresarial. Las fortunas de las personas señaladas son desconocidas. La revista regional también comete un error –y los académicos del IIS lo secundan– al señalar a Steve Aronson como propietario de la empresa Britt.

Los ingresos de las empresas están asignados a los empresarios por FORBES Centroamérica incluso antes de deducir los costos de ventas y los impuestos.

Doble Check se comunicó con el editor de la publicación Hugo Salvatierra, quien no era editor para la publicación del 2019. Él remitió una respuesta del periodista que hizo la recopilación de ese año. El reportero dijo que la información quedaba clara en la ficha metodológica de la revista. Afirma que las cifras corresponden a las ganancias y activos de las empresas de las personas listadas:

“No quiere decir que ese dinero sea de ellos como tal”.

La explicación impresa en la revista no incluye esa aclaración. Por el contrario, la contradice:

“El listado (…) fue elaborado con la información de sus empresas y negocios disponible en medios impresos, electrónicos y digitales, así como los informes anuales de FORBES de 2017 y 2018. El listado agrupa a los empresarios más importantes de la zona, ordenados de acuerdo con sus activos, ingresos e inversiones más recientes”.

FORBES ≠ FORBES Centroamérica

FORBES Centroamérica es una publicación editada por la empresa mexicana Media Business Generators. La revista opera a través de un acuerdo de licencia con FORBES Media LLC.

Ambas publicaciones parecen tener criterios distintos en rigurosidad. La publicación original de FORBES, de Estados Unidos, sí pretende acercarse a la fortuna neta y personal de los millonarios listados en sus publicaciones.

Doble Check trató de comunicarse infructuosamente con FORBES. La revista bosqueja su método de recopilación de información en una nota aclaratoria sobre su lista de las personas más ricas en Estados Unidos en el 2019.

“Cuando nos es posible nos reunimos en persona con miembros y candidatos de FORBES 400, o hablamos con ellos por teléfono. También entrevistamos a sus empleados, administradores, rivales, pares y abogados”, dice la publicación.

La revista afirma que usa documentos bursátiles, registros judiciales, registros de sucesiones y artículos de prensa. Agrupa distintos tipos de propiedades: acciones, tierra, arte, yates, aviones, joyería, colecciones de automóviles, etc. También restan las deudas y las donaciones.

En contraste, FORBES Centroamérica trabajó con estándares más simples. Para los casos de la región, la revista únicamente se fijó en la información disponible de grandes empresas. Por ejemplo, le adjudicó a Rodolfo Jiménez ingresos por $1.160 millones, cuando esta cifra corresponde a las ventas totales de Fifco antes de costos y de impuestos, según sus estados financieros del 2018.

El Consejo Científico del IIS había defendido el uso de su fuente original en una carta publicada tras la refutación de Fifco.  “FORBES Centroamérica realiza sus cálculos con base al valor de las ventas de las empresas o de sus inversiones. En su reporte global FORBES Centroamérica por ejemplo, calcula los ingresos de Jeff Bezos o Bill Gates, en parte según valor de mercado de Amazon o Microsoft”.

Los ejemplos señalados, contrario a su intención, señalan las diferencias en la precisión de los datos usados entre el reporte regional y la revista estadounidense.

Sigamos el ejemplo. FORBES calculó que la fortuna neta de Jeff Bezos (el empresario más rico del mundo) ascendía a $114.000 millones en el 2019. Si la revista estadounidense hubiera reportado su cálculo como FORBES Centroamérica, habría podido asignarle a Bezos un ingreso anual de $280.520 millones, que fue el monto por las ventas totales de la empresa Amazon durante ese año.

Investigadores responden

Doble Check compartió sus hallazgos con los investigadores a cargo del estudio: Francisco Robles y Lorenzo Ramírez. Los académicos explicaron que confiaron en la explicación metodológica ofrecida por la revista regional. También se fiaron en la publicación debido a que FORBES Centroamérica ha divulgado estos escalafones desde el 2014, y no habían tenido noticia de que sus cálculos hubieran sido refutados.

Robles recalcó que su intención nunca fue dañar la reputación de empresas o personas. Ramírez concedió que su error pudo haber sido publicar un dato de una investigación inconclusa. Según el investigador, el dato de Forbes podrá terminar con una importancia diluida –o nula– entre muchas otras fuentes de información de un estudio publicado.

Los investigadores hacen un detallado descargo a las críticas en un comunicado. En él advierten que el Instituto no fue responsable de la producción del reportaje que circuló en Desde la U que propició la respuesta de Fifco.

Sobre el video universitario, los investigadores escribieron:

“Algunos detalles de la investigación fueron generalizados y sujetos a imprecisión por parte del medio que los reportó, y luego utilizados para cuestionar el estudio que se encuentra en curso. Además, es importante reconocer las diferencias entre el proceso y el resultado de una investigación, así como entre la investigación y el trato que el medio universitario le dio a la información”.

Desde la U es una producción periodística de la Oficina de Divulgación e Información (ODI) de la UCR. La directora de la oficina, Gabriela Mayorga, dijo a Doble Check que «todo producto de comunicación que produce la ODI tiene el respaldo de la unidad académica para la que se elabora, y este caso no fue la excepción».

La directora del informativo, María Peña, coincidió con Mayorga. Desde la U es un programa noticioso de divulgación del quehacer de la UCR y, en este caso, Peña destacó el interés público del tema abordado por el IIS. «El trabajo que se realiza desde la ODI es de divulgación sobre el quehacer de la institución en sus múltiples áreas, no hacemos reporteo adicional, ni investigación independiente», dijo Peña.

Al margen de esta disputa institucional, Robles y Ramírez expresaron su frustración por la falta de datos disponibles para conocer la magnitud de la riqueza del 1% de las personas más ricas del país. Por ello abogan por una mayor transparencia de este tipo de datos en el país.

“Ahora nos damos cuenta de que no es un dato exacto, pues lo corregimos y seguimos para adelante, pero el problema de la desigualdad va a seguir ahí”, expresó Robles.

Gran contribuyente, cero ganancias

El reportaje de Desde la U señala el dato de que la empresa Fifco apareció en la lista de 196 grandes contribuyentes que reportaron cero ganancias entre el 2009 y el 2018. También sostiene que la empresa se acogió a la amnistía tributaria del 2019. Los datos son correctos pero carecen de contexto.

Primero, hablemos de la lista de grandes contribuyentes. Cuando se publicó la lista en diciembre del 2018, varias fuentes insinuaron que aquel era un listado de evasores. La lista no da suficientes elementos para sostener esa acusación.

En el caso de Fifco, la empresa aparecía por ser una empresa controladora (holding company). Algunas subsidiarias aparecían por no haber dado ganancias en algunos períodos. Estas apariciones no indican que todas las empresas del grupo empresarial no hubieran declarado ganancias y pagado impuestos como un todo. La lista omite las subsidiarias del grupo que se consideran grandes contribuyentes y que sí reportaron ingresos y ganancias.

Durante los 10 años que abarca la lista de grandes contribuyentes, la compañía Fifco pagó al fisco, de su propio bolsillo,  ₡278.000 millones.

La lista sí incluía 96 empresas que estaban siendo fiscalizadas, según afirmó Hacienda al momento de divulgarla. El ministerio reclamaba entonces ₡560.000 millones a esas compañías en procesos que estaban en distinto nivel de avance. El nombre de las empresas no se hizo público.

Doble Check había hecho un trabajo sobre este tema cuando se divulgó la lista.

Amnistía

La amnistía que se aprobó como parte de la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas («plan fiscal») en el 2018 reportó ₡207.300 millones al Estado en un período de tres meses.

La ley le permitió a Fifco terminar una disputa con el Estado por pago de impuestos. Cuatro de las empresas del grupo se acogieron a la amnistía, según una lista divulgada por el Ministerio de Hacienda luego de que la Sala Constitucional se lo ordenara.

La compañía pagó una cantidad prácticamente igual a la que el Estado le condonó. Fifco pagó ₡3.275 millones, mientras que el Estado renunció a reclamar ₡3.278 millones en intereses y multas.

Cerca de unas 20.000 empresas se acercaron a Tributación para cancelar los montos adeudados. El detalle completo está disponible aquí.

La amnistía tributaria formó parte del plan fiscal que se discutió duramente en el 2018. La iniciativa levantó críticas de diputados. El plan se aprobó finalmente con una mayoría de 34 legisladores en diciembre de aquel año.

El Ministerio de Hacienda la justificó en su momento como “un mecanismo de recaudación y recuperación de recursos adeudados de manera inmediata, sin costo financiero, que obliga al pago total de la deuda principal,  condona intereses y un porcentaje por sanciones”.

Doble Check también había explicado las formas en que los contribuyentes pueden demorar hasta por diez años los procesos de reclamo de impuestos por parte del Estado.

Costa Rica sí tiene una marcada desigualdad económica

Además de las notas de prensa que usaron al IIS como fuente, el instituto publicó una imagen en redes en donde señaló que “3 ticos ganan lo que 2 millones de ticos ganan juntos”. La afirmación carece de fundamento por lo expresado anteriormente.

Eso sí, el IIS usa datos sin fundamento para señalar un problema que sí es real en el país: la desigualdad en ingresos.

El IIS pretende mostrar las diferencias entre los superricos y el resto de la población. Para ello faltan datos, pero sí es posible conocer la desigualdad entre sectores más amplios. Costa Rica ha sido el único país incapaz de reducir significativamente su desigualdad en los ingresos de sus hogares entre el 2002 y el 2018 entre 15 países de América Latina. Así lo señala la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal).

Para el 2015, el ingreso promedio del 10% más rico del país era 32 veces superior que el del 10% más pobre, según la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). Los países miembros de esa organización mantenían esa diferencia en un promedio de 9,6 veces. Doble Check había reportado esos datos en una verificación anterior.

El alto desempleo y las diferencias salariales son dos de los elementos que señala la OCDE como causas de los altos índices de desigualdad. Por ejemplo, señala particularmente las diferencias salariales entre funcionarios públicos calificados, principalmente en instituciones descentralizadas.

La alta informalidad en el país también es responsable de las asimetrías en los ingresos. Ese indicador ronda el 40% de las personas ocupadas según la última Encuesta Continua de Empleo del INEC.

La Cepal ha señalado que “reducir la desigualdad no es solo un imperativo para el desarrollo social y para la garantía de los derechos de las personas; es también una condición para la sostenibilidad del crecimiento económico”.

Esa comisión ha señalado las ineficiencias producidas por la desigualdad. “Cuanto más elevada es la desigualdad de ingresos, menor es la productividad, lo que cuestiona el postulado, tan común en la teoría económica, de que la desigualdad sería necesaria para estimular el aumento de la productividad y, por ende, el crecimiento económico”.

Nota del editor: Una versión original de esta nota indicaba que el error señalado se había originado en una campaña en redes y no en una publicación individual. Además se editó la nota para consignar los nombres de los investigadores en la entrada del artículo.
Doble Check es un proyecto financiado por la Universidad de Costa Rica. El Instituto de Investigaciones Sociales también pertenece a esta casa de enseñanza. La información en esta nota se trabajó con independencia de esta relación, pero se considera necesario transparentar un conflicto de interés de cara a nuestra audiencia.

Presidente del BCCR hizo comparación engañosa del IVA de países nórdicos

En resumen: El presidente del Banco Central de Costa Rica (BCCR), Rodrigo Cubero, hizo una comparación imprecisa al afirmar que los países escandinavos “han confiado fundamentalmente” en tributos al consumo como el Impuesto al Valor Agregado (IVA).

Es cierto que los países nórdicos o escandinavos (Dinamarca, Finlandia, Islandia, Noruega y Suecia) captan más ingresos por medio de impuestos al consumo de bienes y servicios que Costa Rica y el promedio de las naciones de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) si la comparación se hace en proporciones del Producto Interno Bruto (PIB) de cada nación.

Sin embargo, es falso que esas naciones europeas dependan fundamentalmente de tributos al consumo de bienes y servicios o del IVA. En realidad, sus principales fuentes de recursos son los impuestos a ingresos personales y ganancias corporativas. Así lo muestran los datos de estructuras tributarias recopilados por la OCDE.

Los impuestos a ingresos personales y corporativos también brindan la mayor cantidad de recursos al calcularse como proporciones del Producto Interno Bruto (PIB) de esas naciones. En ambos cálculos, los ingresos por tributos a bienes y servicios quedan en un segundo lugar.

Rodrigo Cubero reconoció en una respuesta oficial a Doble Check que “la afirmación cuestionada, en efecto, no es enteramente precisa”. El jerarca afirmó que su comparación se refería a las estructuras fiscales de los países escandinavos frente a Costa Rica y el promedio de la OCDE.

Aún así, Cubero dijo otra imprecisión al asegurar a Doble Check que la suma de los impuestos sobre bienes y servicios representa un porcentaje mayor de la recaudación total en los países nórdicos. En realidad, los ingresos en Costa Rica por medio de esos tributos constituye una porción mayor de la recaudación total en comparación a las estructuras de los países nórdicos.

En resumen: El presidente del Banco Central de Costa Rica (BCCR), Rodrigo Cubero, hizo una comparación imprecisa al afirmar que los países escandinavos “han confiado fundamentalmente” en tributos al consumo como el Impuesto al Valor Agregado (IVA).

Es cierto que los países nórdicos o escandinavos (Dinamarca, Finlandia, Islandia, Noruega y Suecia) captan más ingresos por medio de impuestos al consumo de bienes y servicios que Costa Rica y el promedio de las naciones de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) si la comparación se hace en proporciones del Producto Interno Bruto (PIB) de cada nación.

Sin embargo, es falso que esas naciones europeas dependan fundamentalmente de tributos al consumo de bienes y servicios o del IVA. En realidad, sus principales fuentes de recursos son los impuestos a ingresos personales y ganancias corporativas. Así lo muestran los datos de estructuras tributarias recopilados por la OCDE.

Los impuestos a ingresos personales y corporativos también brindan la mayor cantidad de recursos al calcularse como proporciones del Producto Interno Bruto (PIB) de esas naciones. En ambos cálculos, los ingresos por tributos a bienes y servicios quedan en un segundo lugar.

Rodrigo Cubero reconoció en una respuesta oficial a Doble Check que “la afirmación cuestionada, en efecto, no es enteramente precisa”. El jerarca afirmó que su comparación se refería a las estructuras fiscales de los países escandinavos frente a Costa Rica y el promedio de la OCDE.

Aún así, Cubero dijo otra imprecisión al asegurar a Doble Check que la suma de los impuestos sobre bienes y servicios representa un porcentaje mayor de la recaudación total en los países nórdicos. En realidad, los ingresos en Costa Rica por medio de esos tributos constituye una porción mayor de la recaudación total en comparación a las estructuras de los países nórdicos.

¿Qué dijo el presidente del BCCR?

El presidente del Banco Central de Costa Rica (BCCR), Rodrigo Cubero, participó en un seminario virtual organizado por Lead University el pasado 21 de mayo. El jerarca afirmó que “los países que tienen estados de bienestar muy bien estructurados, como los países escandinavos, han confiado fundamentalmente en impuestos al consumo, el IVA”.

Así consta en un artículo publicado en el diario La Nación el pasado 26 de mayo. Cubero sugirió la posibilidad de aumentar el IVA a mediano o largo plazo en Costa Rica como una medida para financiar la seguridad social ante la crisis económica ocasionada por la pandemia de COVID-19.

“En el contexto de la estructura tributaria, a mí me parece que un impuesto que tiene potencial para aumentarse en el medio y largo plazo es el IVA, porque es un impuesto que genera menos distorsiones y menos desincentivos sobre el crecimiento económico”, agregó Cubero según La Nación.

Afirmación es falsa en lo interno de cada país

Un impuesto como el IVA es una carga al consumo, es decir, el Estado recauda una fracción del precio que paga cualquier comprador de un bien o servicio. Cubero dijo que los estados nórdicos «confían fundamentalmente» en ese tipo de ingresos. Lo cierto es que se apoyan principalmente en tributos como nuestro impuesto sobre la renta, que pesa sobre los ingresos personales y las ganancias de las empresas.

La OCDE compara anualmente los ingresos fiscales de sus miembros de dos maneras: como proporciones del Producto Interno Bruto (PIB) de cada país y en porcentajes de la recaudación total.

Las estructuras tributarias de los países nórdicos o escandinavos (Dinamarca, Finlandia, Islandia, Noruega y Suecia) dependen fundamentalmente de impuestos a ingresos personales y ganancias corporativas. Así lo muestran los datos de estructuras tributarias recopilados por la OCDE en ambos cálculos en un informe publicado en el 2019.

En el 2018, esas naciones percibieron entre 14,9% y 27,9% de su PIB por medio de impuestos a los ingresos personales y ganancias corporativas.

Todos esos países aumentaron sus porcentajes de ingresos por tributos a las ganancias corporativas entre 0,8 y 2,3 puntos porcentuales del PIB entre 1990 y el 2017, mientras que el porcentaje de recursos por impuestos a los ingresos personales disminuyó o fue muy similar.

De ese modo,  es falso que el financiamiento de esas naciones europeas dependen fundamentalmente de tributos al consumo de bienes y servicios. Los ingresos por esos rubros están en un segundo plano.

¿Cuándo es cierta la comparación?

La comparación del presidente del BCCR es cierta cuando la recaudación por impuestos al consumo en los países nórdicos se compara como proporción del PIB frente a la recaudación de Costa Rica y el promedio general de la OCDE. Cubero respondió a Doble Check que su afirmación del 21 de mayo «no es enteramente imprecisa» y que debió referirse a esa comparación específica.

Mientras Costa Rica recaudó 8,7% de su PIB en ese tipo de tributos en el 2018 y el promedio de la OCDE era 11,1%, las naciones nórdicas captaron entre 11,7% y 14,7% de su PIB ese mismo año. Así lo muestran los registros de la OCDE y datos facilitados por el BCCR a Doble Check.

También es cierto que los países nórdicos han aumentado sus ingresos por IVA entre 0,2 y 2 puntos porcentuales del PIB desde 1990 y hasta el 2017. Sin embargo, la carga general de impuestos al consumo de bienes y servicios disminuyó o se mantuvo estable durante ese periodo.

En el 2017, los países nórdicos se ubicaban entre las naciones de la OCDE que más recursos recaudaban por medio de impuestos al consumo como proporción del PIB, aunque eran superados por Grecia (15,5%) y Hungría (16,4%).

Otra afirmación incorrecta

Rodrigo Cubero añadió en su respuesta a Doble Check que “en general los impuestos al consumo de bienes y servicios representan una mayor proporción de la recaudación total en los países escandinavos que en Costa Rica y que en el promedio de países de la OCDE”. Eso es falso.

Aunque es cierto que el IVA en esos países representa un mayor porcentaje de su recaudación total, la suma de todos los impuestos sobre bienes y servicios es una porción mayor de la estructura fiscal de Costa Rica. Así lo muestra un gráfico aportado a Doble Check por el propio Cubero.

Todos los impuestos sobre bienes y servicios en Costa Rica representaron 36,4% de la recaudación total del país en el 2018. En contraste, la suma de esos tributos en los países nórdicos fue menor: de 28% a 33,7% de su recaudación total.

Puede revisar la respuesta completa del presidente del Banco Central, Rodrigo Cubero, en este enlace.

Comisión legislativa no aprobó subir impuestos a tiquetes de cine (en realidad bajarían)

Es falso que un proyecto de ley aprobado en una comisión de la Asamblea Legislativa aumentará los impuestos a los tiquetes de cine y de teatro en un 6%, como lo indicó la exdiputada Natalia Díaz. En realidad, el proyecto bajará esos impuestos.

Hoy, los tiquetes hoy son gravados con un impuesto del 6% en cabeceras de provincia (y de un 3% en distritos fuera de ellas). El proyecto pretende disminuirlo a un 1,5%.

La afirmación de Díaz es incorrecta. Eso sí, la nueva ley agregaría un nuevo impuesto de un 1,5% a los servicios de televisión por cable y de streaming, como Netflix. El aumento en la carga impositiva, afirman los impulsores del proyecto, permitiría mejorar el financiamiento del Fondo de Fomento para el Centro de Cine (El Fauno), el Teatro Nacional y la Compañía Nacional de Teatro, entre otras instituciones dedicadas a la cultura.

Es falso que un proyecto de ley aprobado en una comisión de la Asamblea Legislativa aumentará los impuestos a los tiquetes de cine y de teatro a un 6%, como lo indicó la exdiputada Natalia Díaz. En realidad, el proyecto bajará esos impuestos.

Hoy, los tiquetes hoy son gravados con un impuesto del 6% en cabeceras de provincia (y de un 3% en distritos fuera de ellas). El proyecto pretende disminuirlo a un 1,5%.

La afirmación de Díaz es incorrecta. Eso sí, la nueva ley agregaría un nuevo impuesto de un 1,5% a los servicios de televisión por cable y de streaming, como Netflix. El aumento en la carga impositiva, afirman los impulsores del proyecto, permitiría mejorar el financiamiento del Fondo de Fomento para el Centro de Cine (El Fauno), el Teatro Nacional y la Compañía Nacional de Teatro, entre otras instituciones dedicadas a la cultura.

La publicación de Díaz

Una publicación en redes sociales de la exlegisladora libertaria Natalia Díaz asegura que la Comisión de Ciencia y Tecnología de la Asamblea Legislativa aprobó un proyecto “que propone implementar un impuesto del 6% a los tiquetes de cine”.

“Esta ley suma otro impuesto a la lista de más de 100 impuestos que existen actualmente en Costa Rica. Cada día el costo de vida sube, crece el desempleo, y nos obligan a pagar mas (sic) impuestos”

Captura de pantalla de la cuenta de Facebook de la exdiputada Natalia Díaz.

La exdiputada se refiere al expediente 20661, Ley de Cinematografía y Audiovisual, que ingresó por primera vez al Congreso en el año 2017, pero cuyo trámite apenas se reactivó apenas esta semana, con la aprobación y el dictamen de un nuevo texto sustitutivo.

¿Cómo cambiarán los tiquetes al cine?

Actualmente, los impuestos para los tiquetes de cine y de teatro se encuentran normados por el Reglamento N° 5961-H. La normativa establece los lineamientos para la aplicación del impuesto sobre los espectáculos públicos.

Dicho reglamento establece que todos los espectáculos públicos deberán pagar un impuesto del 6% sobre el valor total de los ingresos brutos obtenidos en cada presentación. También ordena una imposición reducida del 3% para aquellas funciones de cine y de teatro que se realicen en distritos que no sean cabeceras de provincia.

Con el texto aprobado este jueves, el impuesto sería modificado y pasaría a ser de un 1,5%. Ese porcentaje se aplicaría de forma generalizada, tanto para funciones que se realicen en cabeceras de provincia como fuera de ellas.

Nuevas cargas

A pesar de la disminución en el tributo para salas de cine y teatro, el proyecto también establece un nuevo impuesto. Se trata de un porcentaje igual (1,5%) sobre el consumo de “películas, series, documentales y demás contenidos de vídeo de entretenimiento, en formato digital”. Este impuesto se cobraría sobre los servicios de pago por suscripción, incluidos los servicios de cable y las plataformas digitales.

Estas indicaciones sí son nuevas en el proyecto. La versión inicial —que se presentó cuando Díaz todavía era diputada— sí proponía generalizar el impuesto hasta un 6%, tanto para los espectáculos de cine y de teatro como para los servicios de suscripción y alquiler.
Doble Check contactó a Díaz. La exdiputada reconoció que su publicación incluyó “un error en el monto” y añadió que corregiría la publicación hecha en sus redes sociales. “Efectivamente hay un error en el monto. Si bien hay una disminución del impuesto, se amplía la base a servicios de alto consumo. Le agradezco porque nos permite corregir”, respondió, a través de un mensaje de texto.

La nueva ley de Cine

El proyecto de Ley de de Cinematografía y Audiovisual es una iniciativa que se presentó bajo el expediente 20-661 en 2017. Contó con la firma de 21 congresistas de seis fracciones de las nueve que componían el Congreso en aquel entonces (PLN, PAC, PUSC, PRN, FA y PRC).

No obstante, el proyecto no logró conjuntar las voluntades suficientes para ser aprobado antes de mayo de 2018. Quedó pausado ante el cambio de cuatrienio (y de legisladores).

Su discusión entonces no se retomó hasta el 28 de octubre pasado, cuando el Plenario legislativo acordó reenviarlo a la Comisión de Ciencia y Tecnología. Su objetivo era encontrar una nueva redacción que fuera más satisfactoria para todas las partes, incluidos los sectores involucrados.

Esa nueva versión es la que recientemente dictaminó la comisión y que ahora pasará al estudio del Plenario legislativo.
Sobre este proyecto, el diputado oficialista Enrique Sánchez indicó que contiene varias reformas relacionadas con el fomento al cine. Entre los cambios destacó el financiamiento de ley para el Fondo para el Fomento Audiovisual y Cinematográfica (El Fauno).

Este fondo recibiría un 20% de los ingresos por la nueva carga impositiva. Sánchez destacó este hecho porque “actualmente ese financiamiento no existe por ley y tiene un presupuesto bastante bajo (¢250 millones, según la página oficial del Centro de Cine)”.

Según el diputado, ahora el impuesto permitiría financiar este proyecto, gravando a todo el sector que negocia con la producción audiovisual y no únicamente al cine y las obras de teatro, como estableció la ley en 1948.

“Lo que estamos haciendo es reduciendo ese impuesto y aumentando la base de contribuyentes”, indicó.

Pasar de una carga del 6% a una del 1,5% fue definido como el mayor cambio hecho al proyecto, en palabras de los diputados Pablo Heriberto Abarca, del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), y Wagner Jiménez, del Partido Liberación Nacional (PLN). Ambos votaron afirmativamente el texto, en la Comisión de Ciencia y Tecnología.

Además del 20% para El Fauno, el texto establece que un 40% del impuesto sería direccionado al Teatro Nacional, un 22% a la Compañía Nacional de Teatro, un 9% al Museo de Arte Costarricense y un 9% al Instituto Nacional de la Música. Estas entidades ya recibían porcentajes del gravamen y ahora aumentarían su recaudación, por el aumento de la base imponible a plataformas de streaming y cableras.

Datos de la Superintendencia de Telecomunicaciones documentaron la existencia de 31 proveedores de servicios de televisión por suscripción. Hay 25 de televisión por cable, cinco de televisión por medios inalámbricos y dos por Internet (IPTV). Ellos reúnen 883.883 suscripciones.

Según indicó el diputado Sánchez, la nueva redacción se consultó con todos estos sectores involucrados y tiene “bastante contexto” en el Congreso.

El texto ahora deberá pasar al Plenario legislativo, donde se abrirá el espacio para que los 57 diputados propongan sus últimos cambios al texto y luego puedan votarlo afirmativa o negativamente.

17 chequeos a preguntas comunes sobre el IVA y la reforma fiscal

Chequeamos memes, artículos y mensajes comunes divulgados en redes sociales acerca de la entrada en vigencia del IVA.

Este primero de julio empezará a regir la principal transformación tributaria de Costa Rica en las últimas décadas. Al filo de la entrada en vigencia del Impuesto al Valor Agregado, chequeamos algunas de las consultas de los lectores, memes y artículos más comunes acerca de la entrada en vigencia del IVA y la reforma fiscal. Para estos chequeos contamos con la ayuda del Director General de Tributación, Carlos Vargas, y el departamento de prensa del Ministerio de Hacienda.

1.La electricidad pagará impuestos a partir de este primero de julio. 

Parcialmente cierto. El consumo está exento hasta los 280 kilowatts: si se supera esa cifra, entonces el impuesto se cobra sobre la totalidad.

Originalmente, durante la discusión de proyecto de ley, Hacienda hizo estimaciones sobre qué proporción de los costarricenses terminaría pagando el impuesto, a partir de su consumo promedio. Según la entidad, solo alrededor de un 20% de la población terminaría pagándolo. Algo similar sucede con los treinta metros cúbicos, para el consumo de agua.

“Hay que recordar que en el caso de energía ya hoy paga impuesto de ventas (una tarifa de un 5% con un mínimo exento más pequeño -de 250 kilowatts-. La ley lo incrementó a 280 y al 13%”.

Si el consumo de electricidad es comercial, no está exento, pero es un crédito tributario y es deducible.

2. El agua empezará a pagar impuestos a partir de este primero de julio.

Parcialmente cierto. Hoy en día el agua no está sujeta al impuesto de ventas. A partir del 1 de julio se aplicará un impuesto de un 13%,  siempre que haya consumos mayores a los 30 metros cúbicos. El impuesto se cobra sobre la totalidad. (Es decir, si usted consume 31 metros cúbicos, se cobrará el impuesto sobre los 31).

3) Información falsa de Teletica: los consumos de agua y electricidad pagarán impuestos, aunque estén exonerados

Es falso que los consumos de electricidad y agua exonerados pagarán impuestos

Falso. Información publicada por varios medios de comunicación y algunas informaciones en redes sociales sostienen que los costarricenses sí pagarán impuestos por electricidad y agua aún cuando sus servicios se encuentren exonerados. Las publicaciones indicaban que el impuesto sí se cobraría indirectamente a través del cobro de los servicios como la tarifa hídrica, el alcantarillado y los hidrantes.

Según Carlos Vargas, esos rubros son contraprestaciones de naturaleza tributaria que -según el artículo 9, inciso nueve- no están sujetos.

“Artículo 9. Inciso 9. No estarán sujetos al impuesto: El suministro de bienes y prestaciones de servicios realizados directamente por los entes públicos, sin contraprestación o mediante contraprestación de naturaleza tributaria”

4) Los alquileres sí pagarán impuestos

Parcialmente cierto. Los arrendamientos de vivienda estarán exentos siempre que el monto sea inferior a 1,5 salarios base (669.300). Si se excede ese monto, el impuesto se cobra sobre la totalidad del alquiler.

El impuesto se paga sobre el alquiler específico, es decir: si la persona que le alquila a usted una casa tiene tres alquileres de 400.000 que suman 1.200.000 no tiene que pagar el impuesto, pues cada alquiler es menor a la cifra gravable.

En el caso de micro y pequeñas empresas, aquellas que estén registradas ante el MEIC gozan de un mínimo exento equivalente al del alquiler residencial. Si la empresa paga un monto superior a los 669.300, debe pagar el impuesto sobre la totalidad. Sin embargo, si -eventualmente- la empresa tuviera que pagar el IVA, ese pago se considera un crédito deducible.

5) Cierto: Transporte de estudiantes sí pagará IVA del 13%

Los servicios sujetos a fijación tarifaria por parte de Aresep están exentos del pago del impuesto (según el artículo 8). Las busetas no tienen tarifa regulada por Aresep, por lo que deben pagar el impuesto del 13%.

Transporte de estudiantes sí pagará IVA
Transporte de estudiantes sí pagará IVA

El transporte especial puede ser considerado para un derecho a crédito si es parte del proceso de producción (traslado de turistas, por ejemplo). No existe derecho a crédito si es un consumo de naturaleza personal, como el traslado de estudiantes.

6) A partir de primero de julio usted tendrá que pagar más por su teléfono

Falso. Ya tiene un impuesto de ventas del 13%. Pasará a tener el mismo impuesto con el IVA.

7) Las medicinas empezarán a pagar impuestos con el IVA

Cierto. Los medicamentos están gravados con el 2% del IVA. El servicio médico está gravado con el 4%, pero si se paga con tarjeta (de crédito o débito), el impuesto no se cobra. El control se hace por medio de la factura: no hay que hacer ningún trámite para gozar de la exoneración. El impuesto no aplica para transferencias electrónicas, pues -por secreto bancario- Hacienda no puede controlar la transacción.

8) Productos veterinarios pagarán impuestos

Verdad a medias. Durante el primer año están exonerados (hasta el 30 de junio del año 2020). Posteriormente, se gravarán con el 1% del IVA.

9) El gimnasio y la visita al estilista está gravado

Cierto. Estará gravado con el 13% del IVA. Actualmente no tiene impuesto de ventas.

10) Falso: «Si usted va al cine/eventos/mecánico/restaurante frecuentemente ahora… IVA»

La mayoría de información de este meme es falsa: esos servicios (ir al cine, participar en eventos, ir al mecánico) ya tenían impuesto de ventas del 13%, y se mantendrán igual (artículo 1 de la ley 6826 vigente). Sucede lo mismo con cantinas, centros nocturnos, hoteles, talleres de pintura de vehículos, parqueos, cable, internet, revelado y copias fotográficas, servicios de bodegajes, servicios de lavandería, espectáculos públicos, servicios publicitarios, transmisión de programas de televisión por cable, correduría de bienes raíces, servicios de agencias aduanales, mudanzas, imprentas, lavado y encerado de vehículos.

La única parte cierta de este meme es la relacionada con el estilista y los cortes de cabello: esos servicios (que antes no pagaban ventas) sí pagarán el IVA.

La mayoría de información contenida en este meme es falsa: a excepción del estilista, estos servicios ya tenían impuesto de ventas

 

11) Servicios financieros:

No pagan IVA, pero sí pagan renta. El artículo 8 de la ley indica que hay una serie de servicios que están exentos, como las comisiones e intereses derivadas de préstamos, los créditos de descuento de facturas (factureo), el arrendamiento financiero (leasing financiero), las transferencias de dinero, los retiros de dinero, la compra de divisas y las comisiones de tarjeta de crédito y débito, las comisiones de operadoras de pensiones, entre otras.

Hay servicios relacionados con las operaciones financieras que sí están gravadas: por ejemplo, las cajas de seguridad (que, en realidad, son alquileres).

12) Seguros

Los seguros están gravados, con excepción de los seguros personales, riesgos de trabajo, agropecuarios y de vivienda de interés social. Los seguros personales tienen tarifa reducida del 2%.

13) Falso: Medios de comunicación sí pagarán impuestos

Los medios de comunicación sí están gravados con el impuesto del 13%, a excepción de las radioemisoras culturales.

Según Tributación, los medios de comunicación si están gravados

14) Falso: “Un empresario que invierte en la bolsa de valores no tendrá que pagar impuestos por las ganancias que recibe, mientras que una persona que ahorra en una cooperativa o en una asociación sí deberá pagar impuestos por las ganancias que recibe”

Las inversiones en títulos hoy ya están gravadas: lo que puede variar es la tarifa en función de dónde se compren.

Si un empresario adquiere títulos, los títulos no pagan IVA, pero sí renta. Con pocas excepciones (como la compra de títulos en colones al Banco Popular, o el Banhvi: que están exentos), la mayoría de títulos pagaban el 8% de renta. Con la reforma fiscal pasarían a pagar el 15%.

Las cuentas de ahorro (sean en una cooperativa o en una asociación) están exentas por el artículo 28 bis. Existen algunos supuestos donde se generan ahorros especiales que no son cuentas de ahorro o cuentas corrientes que, de acuerdo con la reforma, sí estarían pagando. Por ejemplo, algunas cooperativas hacen títulos de inversión: como no es una cuenta de ahorro, propiamente, paga impuesto.

15) Certificado de plazo pagarán impuestos

Verdad a medias. No se les cobra IVA, pero tienen que pagar renta -hoy pagan 8%, pero pagarán el 15% con la entrada en vigencia de la nueva ley-.

16) Los clubes no pagarán impuestos

Verdad a medias. Las cuotas de afiliación a los clubes sí pagarán el IVA del 13% (actualmente no lo estaban pagando). Lo que no pagan impuestos son las cuotas de mantenimiento, pero -según Hacienda- eso no responde a ningún lobby del Indoor Club.

“Ellos no hicieron ningún lobby ni aceptamos ningún lobby. En realidad lo que hicimos fue decir lo que dice la ley. Ellos preguntaron y nosotros contestamos”, dijo Vargas a Doble Check.

Clubes no pagarán impuestos por cuotas de mantenimiento, pero afiliaciones sí pagarán IVA

“Las cuotas de mantenimiento son pagos que se realizan para generar un acumulado de recursos que se dedica al mantenimiento de los bienes.Allí no se genera la contraprestación de ningún servicio. Cuando el club paga el mantenimiento de las instalaciones (la pintura, el mantenimiento de de las piscinas, etcétera), ellos deben pagar el IVA. El IVA se paga en el momento en el que ellos pagan el mantenimiento, pero no se cobra el impuesto a las cuotas de mantenimiento”, dijo Vargas.

17) «Hacienda cobrará 360 colones por minuto para aclarar dudas»

Verdad a medias. La central telefónica sigue siendo gratuita: de hecho, está reconfigurada. Actualmente el 2539-4000 está dispuesto solo para consultas tributarias y se reconfiguró el menú de servicios. Ese número es gratuito para todo tipo de consultas.

El servicio 900 900 1234, que es el que cuesta 360 colones por minuto, es únicamente para consultas de factura electrónica. El usuario tiene las dos opciones: llamar a la vía gratuita (en la que se pueden hacer consultas sobre factura electrónica) y la de pago. También se pueden hacer preguntas presencialmente. El Ministerio también tiene una página de preguntas frecuentes con videos de autoayuda, infografías, entre otros servicios.

Nota del editor: Se eliminó la frase «Si el consumo de electricidad es comercial, no está exento, pero es un crédito tributario y es deducible» del segundo punto acerca del consumo de agua, puesto -aunque es correcto-  no correspondía a la sección. También se corrigió el titular, puesto que el artículo contiene 17 chequeos, no 16.