Canasta de Hacienda no es la que más aliviaría el bolsillo de los pobres

En resumen: Es incorrecto indicar que la nueva canasta básica se enfoca en lo que consumen los más pobres, como afirmó el viceministro de ingresos Nogui Acosta.

Hay 82 productos en la canasta de Hacienda que no coinciden con los que más consumen los hogares pobres. La metodología de Hacienda terminó incluyendo productos insignificantes en su economía, como la leche de cabra, la carbolina o la chuleta de pescado. ¿Cómo se explica su inclusión? Casi nadie los compró, pero la mayoría de quienes los adquirieron fueron pobres.

Para armar la lista de productos exonerados, Hacienda no estudia qué consumen los hogares más pobres. Hacienda estudia quién consume un producto. La diferencia es sutil pero importante.

No nos hagamos bolas. Quizás usted sea la persona que más compra palomitas de maíz entre todos los clientes de un supermercado, pero eso no quiere decir que el producto que usted más compra sean palomitas. Sucede lo mismo con Hacienda. La institución integró en la canasta productos que eran consumidos en una proporción considerable por los hogares pobres (las palomitas, si seguimos la analogía), pero no pensó en cuánto pesaban estos productos en la economía del hogar.

Entonces, la afirmación del viceministro es incorrecta porque, de entrada, Hacienda no basa su cálculo en el consumo de los hogares más pobres. Sin embargo, los productos de la lista representan el 73% del gasto en productos alimentarios de esos hogares a pesar de las omisiones de productos relevantes y de las inclusiones de productos económicamente insignificantes.

¿Qué pasaría si la lista de 178 productos alimentarios de Hacienda se depurara con aquellos verdaderamente más consumidos?

Hacienda todavía podría ahorrarle casi ₡20.000 adicionales por año a cada hogar pobre, según estimaciones gruesas que hicimos. Este perdón vendría con un costo.  Exonerarle más a los hogares con menos ingresos implicaría perdonarle todavía más a cada hogar rico (casi ₡70.000 más al año). La razón es que una canasta básica no solo aplica para los pobres, sino para todos los hogares y negocios del país: sin importar su posición económica.

En resumen: Es incorrecto indicar que la nueva canasta básica se enfoca en lo que consumen los más pobres, como afirmó el viceministro de ingresos Nogui Acosta.

Hay 82 productos en la canasta de Hacienda que no coinciden con los que más consumen los hogares pobres. La metodología de Hacienda terminó incluyendo productos insignificantes en su economía, como la leche de cabra, la carbolina o la chuleta de pescado. ¿Cómo se explica su inclusión? Casi nadie los compró, pero la mayoría de quienes los adquirieron fueron pobres.

Para armar la lista de productos exonerados, Hacienda no estudia qué consumen los hogares más pobres. Hacienda estudia quién consume un producto. La diferencia es sutil pero importante.

No nos hagamos bolas. Quizás usted sea la persona que más compra palomitas de maíz entre todos los clientes de un supermercado, pero eso no quiere decir que el producto que usted más compra sean palomitas. Sucede lo mismo con Hacienda. La institución integró en la canasta productos que eran consumidos en una proporción considerable por los hogares pobres (las palomitas, si seguimos la analogía), pero no pensó en cuánto pesaban estos productos en la economía del hogar.

Entonces, la afirmación del viceministro es incorrecta porque, de entrada, Hacienda no basa su cálculo en el consumo de los hogares más pobres. Sin embargo, los productos de la lista representan el 73% del gasto en productos alimentarios de esos hogares a pesar de las omisiones de productos relevantes y de las inclusiones de productos económicamente insignificantes.

¿Qué pasaría si la lista de 178 productos alimentarios de Hacienda se depurara con aquellos verdaderamente más consumidos?

Hacienda todavía podría ahorrarle casi ₡20.000 adicionales por año a cada hogar pobre, según estimaciones gruesas que hicimos. Este perdón vendría con un costo.  Exonerarle más a los hogares con menos ingresos implicaría perdonarle todavía más a cada hogar rico (casi ₡70.000 más al año). La razón es que una canasta básica no solo aplica para los pobres, sino para todos los hogares y negocios del país: sin importar su posición económica.

¿Porqué entró la leche de cabra y la carbolina? ¿Porqué no están las manzanas ni el brócoli?

El viceministro de ingresos de la cartera de Hacienda, Nogui Acosta, afirmó en Telenoticias que la metodología de la canasta básica procuró que «la tarifa preferencial se direccione a lo que efectivamente consumen los grupos de más bajos ingresos». Su afirmación es incorrecta.

La primera razón por la que su afirmación está equivocada es por el método de cálculo. Hacienda hizo su análisis a partir de cada producto y no desde cada hogar. ¿Qué quiere decir esto? Hacienda se fijó en cómo se comportaba el consumo de un producto y quiénes lo consumían. Por el contrario, no se fijó en qué consumía un hogar de los de menos ingresos y cuánto pesaba cada producto en sus gastos.

Veamos un ejemplo real. La Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares (ENIGH) estimó en el 2013 que 1.233 de los casi 1,4 millones de los hogares en Costa Rica compraban y consumían leche de cabra.  Aunque los márgenes de error son muy altos, podemos afirmar que la gran mayoría de los hogares en Costa Rica no compraron leche de cabra. Eso también pasó con los hogares pobres. Solo 620 de los 279.044 hogares pobres en Costa Rica (el primer quintil) dijeron comprar leche de cabra. Es decir, solo el 0,22% de los hogares pobres.

Eso sí, aunque casi nadie compró leche de cabra, la mayoría de los pocos que lo hicieron eran pobres. 620 de los 1.233 hogares que compraron ese producto eran pobres, es decir: prácticamente la mitad. Esa es la razón por la que Hacienda incluyó el producto en la canasta: la mayoría de los que compraron el artículo eran pobres. No importó cuánto pesó este producto en el promedio de gastos de los hogares pobres de Costa Rica. 

En contraposición, veamos las manzanas. Según la encuesta, esa fruta habría sido comprada por 191.600 hogares en Costa Rica, y 15.957 de los hogares que la compraron y consumieron eran pobres. Es decir,  por cada hogar pobre que compró leche de cabra y la consumió, hubo 26 hogares pobres que compraron manzanas. Aún así, Hacienda excluyó la manzana de la canasta, pues los hogares pobres no representaron una proporción considerable de los que habían comprado esa fruta: solo representaban el 8% de los que la habían consumido.

Hacienda no incluyó la manzana, ni el brócoli, ni las galletas, ni otros productos porque la mayoría de la gente que los compraba no era pobre, aunque los pobres sí las consumían en cantidades mayores comparadas con otros productos que sí entraron en la canasta. Hacienda se fija si un producto es consumido por una proporción importante de hogares pobres. No se fija si la compra de ese producto pesó mucho o poco en la billetera de los pobres (según detalló Priscila Piedra, directora general de Hacienda, no existe un porcentaje específico de consumo dentro de los hogares pobres para que un producto entre o no, los cálculos fueron realizados producto por producto).

Veamos el ejemplo del brócoli. Según estos datos de Hacienda, la gran mayoría de los hogares que consumen brócoli son los de mayores ingresos (la barra del extremo derecho, que representa el quinto quintil, es decir, el 20% de los hogares más ricos).

(Datos facilitados por Hacienda. Las tendencias fueron verificadas por Doble Check).

La lógica de Hacienda es eliminarlo de la canasta. Sin embargo, la encuesta nos muestra que alrededor de 4.500 hogares pobres compraron ese producto. Estos son muchísimos más que los que consumieron carbolina (463), naranja agria (885) o chuleta de pescado (1.088), que sí están incluídos en la canasta. De nuevo, los márgenes de error son grandes a este nivel de detalle, pero nos muestran las tendencias en la metodología del Ejecutivo.

Hay casos en donde la metodología de Hacienda es exitosa al descartar alimentos: es decir, el producto es consumido por pocos hogares pobres y la mayoría de los hogares que lo consumen son ricos. Ese es el caso del atún en agua. Mírese por donde se mire, es un producto consumido por el quintil más rico en su mayoría y muy poco consumido por los hogares pobres (apenas 1.500 hogares pobres, dicen comprarlo).

(Datos facilitados por Hacienda. Las tendencias fueron verificadas por Doble Check).

Ahora veamos los casos opuestos: los que deberían beneficiar a los pobres. No nos vamos a fijar si lo consumió un montón de gente o poca. Hacienda tampoco lo hizo. Solo vamos a fijarnos en qué pasa cuando una buena parte de los hogares que compraron el producto fueron pobres. En ese caso, Hacienda sí los incluye.

Este es el consumo de huevos, que están en la canasta. Una buena parte de los hogares que compran huevos son pobres, y por eso Hacienda lo incluye. Además, aunque el Ejecutivo no se fije en ese dato, casi la mitad de los hogares pobres compran y consumen ese producto.

Nosotros conversamos con Hacienda. Su directora general, Priscilla Piedra, nos dijo que, a como ellos interpretan la ley, lo que tienen que hacer es un análisis por producto, no por hogar. El técnico a cargo del estudio, Óscar Fonseca, nos dijo que  los datos no son precisos cuando se analiza el consumo por hogar. Por ejemplo, nos dijo que los hogares suelen decir que consumen menos en cigarrillos y bebidas alcohólicas de lo que en realidad lo hacen. Dice que eso desajusta las proporciones de gasto.

Hacienda dice que su metodología arroja productos que sí fueron comprados en su mayoría por hogares pobres. Pero también concedió que no necesariamente todos son productos que la mayoría de pobres consumen. Eso nos lleva a la segunda pregunta.

¿La Canasta de Hacienda coincide con las canastas más consumidas por los pobres?

Hacienda incluye en su canasta básica 178 productos alimentarios dentro de los 1.169 que podía incluír en la canasta básica. Tendría lógica que los 178 productos más consumidos por los pobres o los 178 productos que más pesan en la billetera de los pobres fueran los que estuvieran exonerados, ¿correcto?

Encontramos que eso no sucede en todos los casos. De hecho, 82 de los 178 productos más consumidos por los pobres no coinciden con la lista. Si hacemos el cálculo con los productos que más cuestan a los pobres (es decir que más pesan en su billetera), encontramos que 77 tampoco coinciden. Entre esos productos están los jugos de frutas empacados, las galletas dulces y saladas, el pan baguette con queso o ajonjolí (el pan normal sí está exonerado), las salsas de tomate, la mayonesa, el filete de pescado y la manzana. (Hay varias consideraciones a tomar en cuenta aquí, y le recomendamos revisar la sección de metodología).

Entonces no. Hacienda no escogió la lista completa de productos que más compran los hogares pobres. Ni la lista de los que pesan más en su billetera. Sin embargo, su metodología le permitió acercarse bastante. Según nuestros cálculos, alrededor de un 73% del gasto en productos alimentarios de los hogares pobres coincide con aquellos productos que están en la canasta básica. Esa es la razón por la que decimos que la cita del viceministro Nogui Acosta es incorrecta, pero no podemos afirmar que la cita es completamente falsa.

En resumen, a pesar de que Hacienda no analizó lo que más consumen los hogares pobres, su metodología le permitió acercarse en un 73% a los productos que más pesan en su billetera.

¿Podemos perdonarle más a los pobres?

La respuesta es que sí, pero sabemos que eso tendría efectos en la recaudación. Si incluyéramos en la canasta de Hacienda los 178 productos más consumidos por los pobres, o los 178 que más pesan en su billetera, perdonaríamos un poco más a los pobres, pero todavía más a los ricos. De paso, Hacienda recaudaría muchísimo menos dinero.

El problema con la canasta básica es que no solo le quita los impuestos a los pobres, sino a todos: a los restaurantes, a los hoteles, a los hogares de clase media, a los hogares ricos: a todos. Al final, es como si los costarricenses también le pagaran a los ricos.

La canasta de Hacienda le perdona alrededor de un 73% de los impuestos que podrían imponerse a los hogares pobres en gastos alimentarios (la cifra perdonada se acercaría a los ₡110.000 anuales por hogar). Es prácticamente lo mismo que perdonaba la canasta básica vieja a los hogares pobres.

Pero podríamos perdonarles más. Tomemos el tope arbitrario de 178 productos alimentarios, basados en el número de productos de la canasta de Hacienda. Si les quitáramos los impuestos a los 178 alimentos que más consumen los hogares pobres, con las manzanas y los otros 81 productos que Hacienda no incluyó, le podríamos perdonar a cada hogar pobre casi ₡129.600 al año.  Si, en lugar de eso, quitáramos los impuestos a los alimentos que más pesan en el bolsillo de los pobres, podríamos perdonarles casi ₡132.000 al año. O sea, en un escenario más beneficioso para su bolsillo, los hogares pobres podrían pagar entre ₡19.000 y ₡22.000 menos por año en comparación con la canasta propuesta por Hacienda.

El problema es que, por perdonarle eso a los pobres, le perdonaríamos mucho más a los ricos. La canasta básica vieja de Hacienda le estaba perdonando a los ricos casi ₡146.000 al año por hogar: un 54% de los impuestos correspondientes a su gasto promedio en alimentos. Con la propuesta de Hacienda, el fisco le perdonaría muchísimo menos: ₡122.000 por año a cada hogar del quintil más rico (un 46% de los impuestos correspondientes a su gasto en alimentos). Sin embargo, si aprobáramos cualquiera de nuestras canastas hipotéticas, le estaríamos perdonando a los ricos entre 179.000 y 188.000 al año.

Priscila Piedra, la directora general de Hacienda, fue enfática al explicar que el Ministerio no armó su canasta pensando en cuánto dejaría de percibir el fisco. Nos dijo que eso lo supieron hasta el final cuando ya tenían su propuesta.

De cualquier forma, la canasta de Hacienda permite a la institución perder solo un 61% de lo que podría recaudar en impuestos a productos alimentarios, frente a los 66% que estaba perdiendo con su canasta vieja, o los 80% que perdería con nuestra canasta hipotética.

¿Perdonarle a los pobres o a los ricos?

¿Qué es preferible? ¿Perdonarle más a los pobres o cobrarle más a los ricos? No tenemos respuesta para esa pregunta: es un asunto de opinión.

¿Usted qué prefiere? Por ejemplo, si la canasta básica no existiera, Hacienda le podría cobrar más a todos los hogares y le podría devolver a los pobres tres, cuatro o cinco veces más de lo que les perdonaría con una canasta. Sin una canasta básica, el Estado recaudaría más, le perdonaría menos a los pobres, y en teoría, tendría más dinero para invertir en programas de erradicación de la pobreza.

El problema es hacerle llegar el dinero a los hogares pobres. ¿El Estado sabe específicamente a qué quintil pertenece cada persona y cuál es su cuenta de banco? Si fuera así, la institución cobraría todos los impuestos y les devolvería el dinero a los pobres. La decisión es un debate entre la practicidad y la eficiencia.

Dos breves chequeos sobre el tema

En el camino, encontramos dos chequeos breves sobre la canasta básica.

  1. Carlos Avendaño afirmó que Hacienda no podía crear una nueva canasta básica hasta que se publicara una nueva Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares. Eso es falso.
El diputado Carlos Avendaño sostuvo en Plenario que Hacienda no debía o podía reformar la lista de productos que conforman la canasta básica pues el artículo 11 inciso 6 sub inciso B de la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas indica que:
«Para todos los efectos, la canasta básica será establecida mediante decreto ejecutivo emitido por el Ministerio de Hacienda y el Ministerio de Economía, Industria y Comercio (MEIC), y será revisada y actualizada cada vez que se publiquen los resultados de una nueva encuesta nacional de ingresos y gastos de los hogares» .
Su afirmación carece de contexto, pues el Transitorio XI de la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas establecía que: 

El Ministerio de Hacienda coordinará con el Ministerio de Economía, Industria y Comercio la promulgación del decreto que contenga la nueva canasta básica tributaria, en un plazo no mayor de 3 meses a partir de la publicación de la ley, hasta tanto no se publique una nueva Canasta Básica Tributaria.

2. La canasta básica no toma factores nutricionales por ley. 

Diversas organizaciones y diputados han reclamado que Hacienda no incluyera factores nutricionales en la conformación de su nueva canasta básica. En realidad, la ley acordada por los diputados establecía que lista de productos con tasa de 1% solo debía realizarse en coordinación con el Ministerio de Hacienda y el Ministerio de Economía, de acuerdo al consumo de los hogares según la encuesta de Ingresos y Gastos del INEC.

Es decir, la ley pide a Hacienda que se base en lo que consumen los hogares pobres, y no en lo que piensa que deberían consumir. Tampoco pide a la institución coordinar con ninguna entidad de nutrición o salud.

Nuestros cálculos

Para nuestros cálculos tomamos como fuente la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares del 2013 del Instituto Nacional de Estadística y Censos para el 2013. Se usaron también las clasificaciones por quintil que allí vienen incorporadas.

Cualquier estimación realizada sobre artículos en la ENIGH debe tomar en cuenta los elevados márgenes de error que pueden tener algunos productos: especialmente los menos consumidos. Esa es la razón por la que hemos destacado que nuestras estimaciones no son totalmente precisas. A pesar de eso, la ENIGH sigue siendo el mejor instrumento disponible para realizar estas estimaciones.

Los datos usados están filtrados por consumo y por pago monetario (es decir, se excluyó el autoconsumo y otros tipos de consumo pues no representaron un gasto económico para las familias). El análisis se limitó a los 1.169 productos alimenticios contenidos en esa encuesta. Se decartaron los alimentos preparados (arroz con pollo, cantonés, etcétera) y aquellos que tienen impuesto selectivo de consumo (como las bebidas azucaradas) y el alcohol. Se empleó el gasto mensual en colones y el número de hogares por decil de ingreso per cápita según artículo o servicio adquirido, a partir una información facilidada por el INEC.

Todos los datos de consumo alimentario contienen esos filtros. Para analizar las posibles recaudaciones se aplicó un 13% de impuesto a cada producto alimenticio que no estuviera exonerado, y un 1% a los productos exonerados. Los montos en colones fueron traídos a valor presente, usando el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de octubre de 2013 y el IPC de marzo de 2019.

Puede descargar las listas de productos exonerados por Hacienda, según el Decreto y según los códigos de la ENIGH. También puede descargar las listas de productos exonerados por Hacienda en la canasta básica antigua aquí . Según indica Hacienda,  la lista antigua no se corresponde en un 100% con la clasificación del INEC, debido a que la metodología utilizada no es la misma. Por último, puede descargar nuestro análisis completo aquí.

 

Nota del editor: Esta nota fue editada para corregir un error en una de las ilustraciones. Además se corrigió la línea «los productos de la lista representan el 73% del gasto en productos alimentarios de esos hogares a pesar de las omisiones de productos relevantes y de las inclusiones de productos económicamente insignificantes», pues erróneamente indicaba «79%».

¿Por qué Hacienda le perdonó “₡14 mil millones” a la Standard Fruit Company?

En resumen. Varios memes en redes sociales basados en artículos de Diario Extra sostienen que «Hacienda regaló 14 mil millones por amnistía tributaria en un juicio que tenía ganado».

Extra también compartió en redes sociales la pregunta «¿Qué opina de que Hacienda perdone 14 mil millones de colones a la multinacional Standart Fruit Company y no siente responsabilidades?”

La información es engañosa. Una parte de la información es cierta: efectivamente, Hacienda perdonó los intereses y un 60% de las sanciones de las deudas del 2006 y 2007 de la Standard Fruit Company.

No podemos saber si se trata de 14 mil millones. El monto que señaló Extra fue un cálculo realizado por el propio periódico y el dato se obtuvo “por fuentes que solicitaron el anonimato”. No podemos confirmarlo (ni saber si es mayor o menor) porque Hacienda alega que la legislación le impide compartir el dato.

Pero esa no es la historia completa. Primero: la condonación de ese dinero se dio durante la aplicación de la amnistía tributaria que la Asamblea Legislativa había aprobado (que se mantiene vigente hasta hoy lunes). Hacienda asegura que el otorgamiento del beneficio de la amnistía se le otorgó a la bananera con fundamento en uno de los incisos que está en la ley.

Segundo: la amnistía no perdona el pago de los impuestos: solo parte de las sanciones e intereses. Según Hacienda, Standart Fruit Company sí pagó los impuestos que debía, además de un 40% de las sanciones y un 100% de los honorarios legales.

¿El aprovechamiento del beneficio de la amnistía fue legítimo por parte de la bananera? La información disponible indica que sí. La compañía se salvó por un pelo, pero sí.

En resumen. Varios memes en redes sociales basados en artículos de Diario Extra sostienen que «Hacienda regaló 14 mil millones por amnistía tributaria en un juicio que tenía ganado».

Extra también compartió en redes sociales la pregunta «¿Qué opina de que Hacienda perdone 14 mil millones de colones a la multinacional Standart Fruit Company y no siente responsabilidades?” (una publicación compartida casi 1.400 veces).

La información es engañosa. Una parte de la información es cierta: efectivamente, Hacienda perdonó los intereses y un 60% de las sanciones de las deudas del 2006 y 2007 de la Standard Fruit Company.

No podemos saber si se trata de 14 mil millones. El monto que señaló Extra fue un cálculo realizado por el propio periódico y el dato se obtuvo “por fuentes que solicitaron el anonimato”. No podemos confirmarlo (ni saber si es mayor o menor) porque Hacienda alega que la legislación le impide compartir el dato.

Pero esa no es la historia completa. Primero: la condonación de ese dinero se dio durante la aplicación de la amnistía tributaria que la Asamblea Legislativa había aprobado (que se mantiene vigente hasta hoy lunes). Hacienda asegura que el otorgamiento del beneficio de la amnistía se le otorgó a la bananera con fundamento en uno de los incisos que está en la ley.

Segundo: la amnistía no perdona el pago de los impuestos: solo parte de las sanciones e intereses. Según Hacienda, Standart Fruit Company sí pagó los impuestos que debía, además de un 40% de las sanciones y un 100% de los honorarios legales.

¿Hacienda «ya tenía ganado el juicio»? ¿El aprovechamiento del beneficio de la amnistía fue legítimo por parte de la bananera? La información disponible indica que sí. La compañía se salvó por un pelo, pero sí.

¿Por qué Hacienda le perdonó “₡14 mil millones” a la Standard Fruit Company?
¿Por qué Hacienda le perdonó “₡14 mil millones” a la Standard Fruit Company?

La amnistía

Este lunes 4 marzo finaliza el plazo de la amnistía fiscal: un proceso puesto en marcha desde diciembre que está contenido en la ley del plan de reforma tributaria que los diputados aprobaron el año pasado.

Como habíamos explicado antes, son las personas físicas y jurídicas las que deciden acogerse a la amnistía voluntariamente. Esa condonación solo incluye intereses y algunas de las multas. No perdona las deudas.

¿Quiénes se pueden acoger? El transitorio VI de la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas establecía varios posibles casos: los que declaran pero no pagan, los que no declararon ni pagaron, los que rectifican declaraciones, entre otras. Incluso se podían acoger las empresas que estuvieran en un proceso contencioso administrativo, apelando el cobro de Hacienda. Este último caso es especialmente importante para el caso de la compañía bananera.

Las únicas empresas que no se podían acoger son las que están en etapa de cobro judicial con la demanda presentada (el inciso h del transitorio VI de la ley).

¿Hacienda ya tenía “el juicio ganado”?

Responder a esa pregunta torna el tema un poco más complejo. El problema con la Standard Fruit Company es que cumplía al mismo tiempo con dos incisos contradictorios.

Por un lado, la empresa ya estaba en etapa de cobro judicial (lo que le impedía acogerse a la amnistía), pero -al mismo tiempo- había iniciado un proceso contencioso administrativo (lo que le permitía acogerse a la amnistía).

¿Cómo se resolvió esa contradicción? Para eso tenemos que devolvernos poco más de un año atrás.

Según Hacienda, el 21 de setiembre del 2017, el juez otorgó una medida cautelar ordenando “la suspensión de la ejecución del cobro de la deuda tributaria determinada en fiscalización” para el caso de la Standard Fruit Company. Es decir, el juez suspendió la posibilidad de entrar a cobro judicial y autorizó a la empresa para que iniciara un proceso contencioso administrativo acompañado de una medida cautelar.

Sin embargo, dos días después (el 23 de setiembre), Hacienda presentó una demanda para iniciar el cobro judicial. ¿Por qué el Estado empezó este proceso si había una orden del juez que lo impedía? La entidad asegura que, para ese momento, no habían recibido la notificación, y que no podían hacer efectiva la demanda si esa medida cautelar estaba activa.

De hecho, el 6 de noviembre de ese año, el Juez Especializado de Cobro ordenó la suspensión del proceso monitorio (es decir, del cobro judicial) conocido bajo el expediente 17-009060-1764-CJ-7.

Es decir, la Standart Fruit Company estaba dentro del inciso f que acuerda que los contribuyentes sí se pueden acoger a la amnistía tributaria si el cobro se encuentra en discusión en sede contencioso administrativa.

Consultamos al decano de la Facultad de Derecho de la Universidad de Costa Rica, Alfredo Chirino, para validar la explicación dada por Hacienda sobre este tipo de procesos. Para el experto, es altamente probable que Hacienda no hubiera recibido la notificación de la medida cautelar.

“Es muy probable que no se le hubiera notificado al Estado. Lo usual es que en un proceso contencioso administrativo tarden hasta dos meses en notificar”, dijo Chirino a Doble Check.

Según Chirino, una medida cautelar puede proteger a la persona para que no se hagan cobros mientras se dirime la cuestión.

¿Cuánto ha recaudado Hacienda por la amnistía?

Según Hacienda, en los primeros tres meses de la amnistía se han recaudado alrededor de 194.000 millones de colones (un dato cercano al 0,5% del Producto Interno Bruto).

Según dijo hoy la jerarca de Hacienda, Rocío Aguilar, al programa radial Hablando Claro, el monto es insuficiente para solucionar los problemas de la deuda del país.

“En realidad nosotros tenemos un equivalente (de déficit) a casi el 12% o el 13% del Producto Interno Bruto (aparte de todos los vencimientos de la deuda). Digamos que si la amnistía es de un medio (0,5% del PIB), solo alcanza para un veintiseisavo. Tenemos un déficit del orden de los mil millones de colones. Esto seguro alcanza como para una semana”, cerró.

Información sobre beneficiarios

Hacienda negó a Doble Check la información sobre el monto perdonado a la Standard Fruit Company. El ministerio adujo una prohibición legal para compartir esta información.

El diputado del Frente Amplio, José María Villalta, ya ha presentado dos recursos de amparo para que Hacienda para revele información completa sobre quiénes serían los beneficiarios de la amnistía, así como el dinero que el Estado dejaría de percibir por los montos perdonados en multas y sanciones.

El 25 de febrero Hacienda le entregó al diputado la lista de beneficiarios potenciales. Posteriormente, el diputado presentó el segundo recurso para que el ministerio revelara aquellas empresas que efectivamente se hubieran acogido. Este está pendiente de resolución.

U Latina no pagó $8 millones de renta de bolsillo propio entre 2014 y 2017

En resumen: La Universidad Latina se atribuyó incorrectamente la transferencia de tributos indirectos, que no provienen de su propio bolsillo, para divulgar que habían pagado $8 millones en impuestos sobre la renta en los años 2014-2017.

La empresa reportó cero utilidades en esos períodos, reveló el Ministerio de Hacienda en diciembre pasado.

Como reacción a ese reporte, el centro educativo publicó en Facebook que “durante el periodo que corresponde al 2014-2017, hemos pagado a la Dirección General de Tributación un monto aproximado de ₡4.605 millones de colones ($8 millones), por concepto de Impuestos sobre la Renta (ISRL)”.

Al ser consultada por Doble Check, la U Latina respondió que la cifra se debe a su responsabilidad legal como agente retenedor de impuestos indirectos de otras personas, como las retenciones al salario de sus empleados o a las remesas al exterior.

Sin embargo, el centro educativo solo retiene y transfiere esos recursos a Hacienda; no son impuestos que provienen del bolsillo propio de la universidad.

La Universidad Latina declinó dar acceso a su información financiera. Las declaraciones tributarias que la empresa hizo a Hacienda en esos años son privadas, por lo que no fue posible constatar el origen específico de los $8 millones.

En resumen: La Universidad Latina se atribuyó incorrectamente la transferencia de tributos indirectos, que no provienen de su propio bolsillo, para divulgar que habían pagado $8 millones en impuestos sobre la renta en los años 2014-2017.

La empresa reportó cero utilidades en esos períodos, reveló el Ministerio de Hacienda en diciembre pasado.

Como reacción a ese reporte, el centro educativo publicó en Facebook que “durante el periodo que corresponde al 2014-2017, hemos pagado a la Dirección General de Tributación un monto aproximado de ₡4.605 millones de colones ($8 millones), por concepto de Impuestos sobre la Renta (ISRL)”.

Al ser consultada por Doble Check, la U Latina respondió que la cifra se debe a su responsabilidad legal como agente retenedor de impuestos indirectos de otras personas, como las retenciones al salario de sus empleados o a las remesas al exterior.

Sin embargo, el centro educativo solo retiene y transfiere esos recursos a Hacienda; no son impuestos que provienen del bolsillo propio de la universidad.

La Universidad Latina declinó dar acceso a su información financiera. Las declaraciones tributarias que la empresa hizo a Hacienda en esos años son privadas, por lo que no fue posible constatar el origen específico de los $8 millones. Es decir, no sabemos a qué corresponde el monto. Sí sabemos a lo que no corresponde: a lo que U Latina afirmó.

Reacción a “la lista”

El 5 de diciembre, el Ministerio de Hacienda publicó una lista de 196 grandes contribuyentes que autoliquidaron cero colones en el impuesto a las utilidades en uno o más períodos entre los años 2008 y 2017.

En la lista estaba Universidad U Latina S. R. L., personería jurídica de la Universidad Latina de Costa Rica, con reportes de cero utilidades entre el 2014 y el 2017.

Ese mismo día, el centro educativo publicó un comunicado de prensa donde afirmaba:

Durante el periodo que corresponde al 2014-2017, hemos pagado a la Dirección General de Tributación un monto aproximado de ₡4.605 millones de colones ($8 millones), por concepto de Impuestos sobre la Renta (ISRL)”.

La publicación del comunicado fue reportada por medios como La República, elperiódicocr, y elmundocr.

Comunicado del 5 de diciembre del 2018 de la U Latina.

El centro de enseñanza repitió la cifra días más tarde, el 7 de diciembre, en un comunicado de prensa más amplio. La empresa omitió en esta versión decir que los $8 millones publicitados fuesen específicamente por pago de impuesto sobre la renta.

La Dirección General de Tributación aclaró a Doble Check que no es posible que un gran contribuyente autoliquide cero en el impuesto sobre las utilidades y que, a la vez, le pague al fisco un monto por concepto de impuesto sobre la renta.

“El contribuyente declara los resultados económicos de su actividad lucrativa y sobre estos resultados debe pagar el impuesto sobre las utilidades. En consecuencia, un contribuyente que autoliquide impuesto 0,  está declarando que no tuvo utilidades en el desarrollo de sus actividades económicas en un periodo fiscal determinado”, explicó Hacienda.

Interpretación imprecisa  

Ante la consulta de Doble Check, la Universidad Latina insistió en que “sí es posible tener cero utilidades y pagar impuestos a la renta por medio de retenciones en la fuente”.

La universidad se explicó así:

La ley del impuesto a la renta contiene varios apartados y conceptos por las diferentes fuentes de donde se pueden originar dichas rentas costarricenses. Una proviene de las utilidades que generan las empresas, pero otras son aquellas de las cuales no somos generadores pero, según lo especifica la misma ley, debemos cumplir con la obligación de retener el impuesto causado. Nos convertimos en responsables solidarios”.

Es cierto que una empresa no solo paga impuestos directos sobre la riqueza que genera. También, actúa como un agente recaudador que custodia y transfiere los impuestos indirectos de otras personas, como sus empleados, o los tributos que son pagados finalmente por sus clientes o consumidores.

La responsabilidad solidaria legal de la empresa sobre los impuestos que retienen no está en discusión. El meollo del asunto es: ¿la empresa pagó los $8 millones o solo sirvió de mediadora entre los contribuyentes y el Estado? Según la información disponible y lo afirmado por la empresa, se infiere lo segundo.

Toda empresa pública o privada  debe actuar como agente de retención o de percepción de impuestos, según el artículo 23 de la Ley del Impuesto sobre la Renta.

“Un ejemplo de retención clásico es la retención cuando se paga salarios. En estos casos, el asalariado es el contribuyente del impuesto y su patrono es el agente de retención.  Como agente de retención, [el patrono] debe declarar y trasladar el impuesto al fisco”, detalló Tributación.

Aparte de los salarios, Hacienda estipula que las retenciones a la fuente por impuesto de renta se aplican a jubilaciones, dietas, remesas, pagarés, valores, remesas al exterior, servicios dados por empresas fuera del país y a los dividendos de los socios.

Así, la afirmación de la U Latina es engañosa.

La Universidad Latina tiene un rol como agente retenedor de impuestos indirectos, pero estos no provienen de su propia riqueza. Otra persona sacó el impuesto de su  bolsillo y el centro educativo se encargó de retenerlo y pasárselo a Hacienda.

Según el director de Tributación Directa, Carlos Vargas, la única manera en que la U Latina podría argumentar que pagó renta de su propio bolsillo por medio de retenciones a la fuente es si pagó impuestos por títulos valores que hubiera adquirido.

Habría que ver si son títulos que le pertenecen a la universidad o si son títulos que emitió la universidad y en los que ellos tuvieron que retener. Por ejemplo, habría que ver si ellos compraron títulos de un banco, o si es que ellos emitieron [títulos de] deuda. Si ellos emiten deuda, en realidad, lo que están haciendo es reteniendo. Si ellos están comprando títulos, a ellos fue a quienes les retuvieron”, explicó Vargas.

No obstante,  en su comunicación con Doble Check, la universidad solo hace referencia a los montos indirectos que esta ha retenido de otros contribuyentes.

A finales del 2018, Doble Check halló un caso similar con Fifco, empresa controladora de Cervecería Costa Rica, que publicó campos pagados donde aseguraba que las compañías de su grupo “pagaron más de 141 mil millones de colones en impuestos en el año 2018”.

El truco estaba en que la compañía incluyó en la misma bolsa los impuestos directos (los que sí provienen de su propia riqueza) y los indirectos (los que vienen del bolsillo de los consumidores). De esa manera, solo una cuarta parte del monto publicitado salió de impuestos al bolsillo propio de la Cervecería.

Respuesta limitada

Además del impuesto a las utilidades, la Universidad Latina debe pagarle a Hacienda con su propio monedero el impuesto a las personas jurídicas y el impuesto de timbre de educación y cultura. “Este último impuesto deben pagarlo las personas jurídicas con base en el monto del capital neto reportado en la declaración del impuesto sobre la renta”, aclaró Tributación.

Desde el pasado 10 de enero, Doble Check solicitó una aclaración a la Universidad Latina sobre la cifra que difundieron en sus comunicados, para aclarar a qué tipo de impuestos se referían.

En dos ocasiones durante enero, la gerente de Comunicación Estratégica y Prensa, Cindy Madrigal, se limitó a contestar que únicamente aquellas notas de prensa eran “la información oficial y formal que estamos facilitando”.

Posteriormente, Doble Check compartió con la empresa que los criterios expuestos por Hacienda chocaban con sus afirmaciones. Se le solicitó una reacción al respecto, la cual no se dio hasta el 7 de febrero.

Cabe destacar que las declaraciones tributarias que la empresa hizo a Hacienda en esos años son privadas. Doble Check le solicitó a la Universidad Latina que compartiera la información financiera que respaldara el monto publicitado, pero el centro educativo no se refirió al respecto. Así, no fue posible constatar el origen específico de los $8 millones.

Puede leer la respuesta completa de la Universidad Latina a Doble Check aquí.

 

 

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