Es falso que solo Costa Rica pague salario durante huelgas, como dijo Telenoticias

En resumen: Es falso que Costa Rica sea el único país del mundo donde se pagan los salarios a trabajadores mientras están en huelga. Así lo divulgó Telenoticias.

A inicios de setiembre pasado, ese noticiero publicó una información titulada como «Estudio: Costa Rica es el único país del mundo que paga salario a trabajadores en huelga». Telenoticias añadió que «en todos los demás países, mientras los trabajadores están en paro, no reciben pago».

El noticiero atribuyó esas afirmaciones a un análisis del director en Costa Rica de la firma de abogados BDS Asesores, Marco Durante.

Sin embargo, Durante advirtió a Doble Check que su análisis solamente incluyó algunos países de Europa Occidental, Centroamérica, México, República Dominicana, Colombia y Perú. Durante aseguró que sus conclusiones no pueden generalizarse a todas las naciones del mundo, tal como hizo Telenoticias.

Existe otro estudio de la Organización Internacional de Empleadores, del 2017. El análisis permite inferir que el pago a los trabajadores durante periodos de huelga sí es inusual en distintos países analizados. Eso sí, ese estudio lanza información contradictoria en al menos dos casos con respecto al análisis de BDS Asesores.

Doble Check sí pudo confirmar la existencia de, al menos, un país latinoamericano cuya legislación también permite que se perciba el salario simultáneamente a la realización de una huelga: Bolivia.

En resumen: Es falso que Costa Rica sea el único país del mundo donde se pagan los salarios a trabajadores mientras están en huelga. Así lo había divulgado Telenoticias.

A inicios de setiembre pasado, ese noticiero publicó una información titulada: «Estudio: Costa Rica es el único país del mundo que paga salario a trabajadores en huelga». Telenoticias añadió que «en todos los demás países, mientras los trabajadores están en paro, no reciben pago».

El noticiario atribuyó esas afirmaciones a un análisis del director en Costa Rica de la firma de abogados BDS Asesores, Marco Durante.

Sin embargo, Durante advirtió a Doble Check que su análisis solamente incluyó algunos países de Europa Occidental, Centroamérica, México, República Dominicana, Colombia y Perú. Durante aseguró que sus conclusiones no pueden generalizarse a todas las naciones del mundo, tal como hizo Telenoticias.

Existe otro estudio de la Organización Internacional de Empleadores, del 2017. El análisis permite inferir que el pago a los trabajadores en periodos de huelga sí es inusual en distintos países analizados. Eso sí, ese estudio lanza información contradictoria en al menos dos casos con respecto al análisis de BDS Asesores.

Doble Check sí pudo confirmar la existencia de, al menos, un país latinoamericano cuya legislación también permite que se perciba el salario simultáneamente a la realización de una huelga desde el primer día de paro: Bolivia.

¿Cómo se regula el salario durante huelgas en Costa Rica?

La Reforma Procesal Laboral del 2016 plasmó en el Código de Trabajo de Costa Rica que «la terminación de los contratos de trabajo o, en su defecto, el rebajo salarial o cualquier tipo de sanción, solo será procedente a partir de la declaratoria de ilegalidad de la huelga», según el artículo 379.

Esa norma se basó en el voto N°10832-2011 de la Sala Constitucional, del año 2011. Así lo refirió a Doble Check el abogado laborista Mauricio Castro. Él participó en la redacción de la Reforma Procesal Laboral y propuso el artículo 379 en el texto.

El Tribunal de Apelaciones de Trabajo del Primer Circuito Judicial emitió una sentencia al respecto a finales del 2018. La resolución sostuvo que esos rebajos salariales no pueden hacerse desde antes de la declaración de ilegalidad de una huelga. La instancia judicial dispuso: «La aplicación de sanciones disciplinarias y rebajos salariales […] no podrán realizarse de forma retroactiva, únicamente a futuro y a partir de la firmeza de esta sentencia, una vez operado el aviso de 24 horas previsto por la legislación procesal para efectos de concertar el reinicio de las actividades».

El 10 de septiembre pasado, un grupo de diputados envió a consulta a la Sala Constitucional el proyecto de Ley para brindar seguridad jurídica sobre la huelga y sus procedimientos. La iniciativa propone la suspensión de salarios desde el momento en que se inicia la huelga.

El proyecto consta en el expediente legislativo número 21.049. La iniciativa fue aprobada en primer debate a inicios de septiembre, cuando Telenoticias publicó su artículo.

Estudio de BDS Asesores no abarca todo el mundo

En su artículo, Telenoticias afirmó que «Costa Rica es el único país del mundo donde no se suspenden los salarios a los trabajadores mientras están en huelga». «En todos los demás países, mientras los trabajadores están en paro, no reciben pago. Así lo asegura un estudio en Derecho Laboral realizado por expertos en esta materia», añadió.

La noticia también afirmó que «sólo en Costa Rica los trabajadores pueden pasar hasta meses en huelga, como la pasada contra el plan fiscal y a nadie se le rebaja el salario, a menos de que la huelga se declare ilegal». El artículo agregó que «mientras tanto, en el resto del mundo lo normal es que al trabajador que se va a huelga se le suspende el salario desde el primer día que no trabaja».

La nota también fue compartida por la Cámara de Industrias de Costa Rica en su perfil de Facebook.

El programa televisivo se basó en un análisis de la firma BDS Asesores. El socio director de la compañía, Marco Durante, presentó el estudio. «Paradójicamente, Costa Rica es la única legislación que se conoce en la que los trabajadores, durante el tiempo de huelga, están percibiendo un salario», afirmó Durante en Telenoticias.

Sin embargo, Durante aclaró a Doble Check que su análisis no incluyó a todos los países del mundo. De Europa, el estudio hacía referencia a Italia, Francia, Alemania, España, Reino Unido, Bélgica, Países Bajos, Suecia y Noruega. Los países americanos que BDS Asesores incluyó en su comparación fueron México, Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Panamá, República Dominicana, Colombia, Chile, y Perú.

«El estudio nuestro se limitó a la legislación comparada más usual a la que nosotros tenemos acceso gracias a la red a la que nosotros pertenecemos. [El análisis] en todo el mundo, eso es imposible«, advirtió Durante a Doble Check.

La nota de Telenoticias menciona a esos países, pero solo como ejemplos. El noticiero omitió que esas eran las únicas naciones a las que podía compararse a Costa Rica, según BDS Asesores.

Doble Check contactó a la redactora del artículo, Yessenia Alvarado. La periodista respondió: «Nos basamos en la información que nos dio el señor Durante, quien nos indicó que había realizado el estudio». El abogado insistió a Doble Check que su estudio no fue mundial.

Otro estudio choca con resultados de BDS Asesores

Doble Check tuvo acceso a otro estudio que comparó la reglamentación de la huelga en 40 países. El documento se llama «Resultados de la encuesta sobre la huelga en los países miembro de la OIE«. La Organización Internacional de Empleadores (OIE), cuya sede está en Suiza, hizo el análisis.

Los gremios de empleadores privados de cada nación suministraron los insumos para el estudio. Por ejemplo, la organización proveedora de datos sobre Costa Rica fue la Unión Costarricense de Cámaras y Asociaciones del Sector Empresarial Privado (UCCAEP).

El estudio concluye que «como norma general, el empleador no paga el salario a los huelguistas durante la acción colectiva». Sin embargo, también recalca que «en algunos países la legislación, la jurisprudencia y la práctica da a los huelguistas derecho a percibir su salario durante la acción colectiva», donde señala los casos de Brasil, Bolivia, Costa Rica, Guatemala, Ecuador, Zambia y México (si el Tribunal del Trabajo determina que la causa de la huelga es la conducta del empleador, pero en ningún caso por huelgas solidarias).

Así, el informe de la OIE parece chocar en los casos de Guatemala y México con la comparación de BDS Asesores.

Marco Durante dijo estar enterado de la existencia de ese informe de la OIE. El abogado opinó que algunos pasajes son confusos en su redacción. Por ejemplo, el estudio ubica a Brasil en la lista de países donde se paga el salario durante la huelga. Sin embargo, también aparece en la recopilación de naciones donde los pagos se suspenden durante los movimientos de paro.

Durante comunicó a Doble Check con el socio de BDS Asesores en Guatemala, Randolf Castellanos. El abogado explicó que la legislación de ese país permite la suspensión de salarios durante la huelga. También permite su devolución a los trabajadores, pero solo si el movimiento es declarado legal y justo.

El abogado Durante reconoció que su comparación no distinguió si los países analizados reconocen la devolución posterior de los salarios en caso de que la legitimidad de la huelga sea reconocida legalmente. Doble Check pidió una versión escrita del análisis de BDS Asesores. Durante contestó que este «no fue plasmado en un documento».

Doble Check también intentó comunicarse con la vocera de la Organización Internacional de Empleadores en Suiza. También envió consultas a la embajada de México en Costa Rica, y a dos abogados laboristas de México. No se obtuvo respuesta oportuna en ninguno de estos casos.

Bolivia permite pago de salario en período de huelga

Doble Check sí pudo confirmar que la legislación de Bolivia —como indica la OIE en su estudio del 2017— permite que las huelgas se realicen con el pago simultáneo de los salarios desde el primer día de huelga. Estas son condiciones similares a las de Costa Rica.

Ese país prevé en su legislación que los trabajadores deben completar un proceso de conciliación y arbitraje antes de convocar a una huelga. Ese es el requisito legal para que se les pague el salario durante el movimiento.

«La Ley General del Trabajo (1942) y su Decreto Reglamentario establecen que una huelga es legal y, por tanto, sin descuentos, cuando fracasaron las gestiones de conciliación y arbitraje en la negociación del pliego de peticiones de los trabajadores. Si la decisión final de este proceso, llamada laudo arbitral, es desfavorable a los trabajadores, entonces, estos pueden declarar la huelga sin la suspensión de sus salarios«, explicó a Doble Check Bruno Rojas, investigador del Centro de Estudios para el Desarrollo Laboral y Agrario (CEDLA) de Bolivia.

El especialista Ricardo Paredes había plasmado una crítica en 1992 a esa disposición en la legislación boliviana. Paredes fue asesor del Instituto de Harvard para el Desarrollo Internacional para la Unidad de Análisis de Políticas Sociales y Económicas (UDAPE) de Bolivia.

«Un problema que existe en la legislación boliviana vigente que agudiza las medidas tomadas por las partes y que reduce la capacidad de la huelga de flexibilizar las posiciones es que los empresarios deben pagar los salarios a los trabajadores durante el período de la misma o declarar el lock-out, que según se entiende, es el cierre total de la empresa. Así, si el empresario no declara el lock-out, al mantenerse el pago de salarios se elimina el incentivo de los trabajadores a flexibilizar sus posiciones durante la huelga», concluyó Paredes.

Sin embargo, el investigador Bruno Rojas advirtió que el proceso de conciliación y arbitraje para iniciar la huelga en Bolivia generalmente es difícil de cumplir. Existen varios obstáculos burocráticos que pueden presentarse, y la huelga podría declararse ilegal sin esos requisitos cumplidos. Rojas recalcó que «generalmente, la huelga en Bolivia es declarada ilegal, dando lugar al descuentos de los salarios» o a la negociación de formas de reponer los días de paro.

Además, el artículo 118 de la Ley General de Trabajo de Bolivia prohíbe «la suspensión del trabajo en los servicios de carácter público». Esta prohibición propicia que movimientos de empleados de administración pública, servicios de agua potable, sanidad y comunicaciones también sean declarados como ilegales, agregó Rojas.

«La radicalidad en los conflictos y lo intrincado de los procesos previos para llegar a la huelga hacen que, en la actualidad, la gran mayoría de las huelgas en Bolivia sean ilegales. No obstante, pasa a ser frecuentemente el mismo Estado quien, con una actitud errática induce al pago de salarios para finalizar el conflicto», señaló el análisis de Paredes y el Instituto de Harvard para el Desarrollo Internacional en la década de 1990.

El periodista boliviano Ronald Catari, miembro de la Red Latinoamericana de Jóvenes Periodistas, también señaló a Doble Check que en las huelgas ilegales en ese país «casi siempre existe un acuerdo en que se debe pagar lo descontado».

El problema con las comparaciones

¿Por qué es inusual entre los países que exista una norma que garantice el pago de salarios hasta que la huelga no sea declarada ilegal? Doble Check le pidió su criterio al abogado laborista Mauricio Castro. Él participó en la redacción de la Reforma Procesal Laboral y fue quien propuso ese artículo en cuestión.

Castro reconoce que es complicado hacer una comparación de normas jurídicas entre países que tienen culturas jurídicas distintas.

En términos laborales, el abogado hace una clasificación gruesa de dos tipos de países. Están aquellos que tienen una cultura jurídica, política y social que entiende el conflicto entre empleadores y trabajadores como un fenómeno ordinario. Por otra parte, están los países que ven el conflicto como algo nocivo. Castro opina que Costa Rica pertenece a esa segunda tradición de países. En estos Estados no hay mecanismos propicios para prevenir y gestionar los conflictos laborales, dice el abogado.

Bajo esta lógica, Castro advierte que sí podría ser excepcional la norma costarricense que garantiza el pago de salarios hasta que una huelga fuera declarada ilegal. Sin embargo, advierte que la norma podría ser inusual porque existe otra amplia tradición de países que legitiman la huelga, la negociación y la resolución de conflictos colectivos. En esos países no sería necesaria la norma porque hay vías más ágiles para solucionar conflictos.

“En todos esos otros países (que legitiman la huelga) no vas a encontrar, y posiblemente no se justifique, una norma que impida el rebajo de salarios hasta que la huelga se declare ilegal porque la huelga normalmente tiene una menor duración y dispara esos mecanismos institucionales de negociación y de solución de conflictos”, dice Castro.

Es falso que huelga de 69 días motivó la creación del aguinaldo

El derecho a recibir el decimotercer mes de salario en Costa Rica, conocido como aguinaldo, no se creó gracias a una huelga nacional de 69 días en 1954.

Una imagen que se usa para divulgar estas falsedades históricas circula, al menos, desde hace casi un año. Albino Vargas, presidente de la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados, compartió esa imagen el pasado 13 de setiembre. La publicación se acompaña además con una fotografía que parece referir a una huelga en Honduras en 1954.

Aunque los comparte, Vargas no es el autor de la falsa relación. La imagen pertenece originalmente a una publicación hecha hace un año en el perfil de Facebook de una persona privada que parece que reside en Costa Rica. Ella, a su vez, comparte otra imagen que pertenece a otra información viral que se divulgó en redes hondureñas de Facebook sobre la huelga que sí ocurrió en 1954 en ese país.

El derecho al aguinaldo sí se ganó coincidentemente en ese año en Costa Rica mediante la Ley de Pago de Aguinaldo para los Servidores Públicos (Ley 1835). El incentivo no se extendió a los asalariados de la empresa privada hasta octubre de 1959 (Ley 2412).

El historiador Vladimir de la Cruz explicó a Doble Check que ambos progresos en los derechos de las personas trabajadoras se dieron a través de leyes en la Asamblea Legislativa y no mediante protestas ciudadanas para su creación.

De la Cruz agrega que fue el entonces diputado (y luego presidente) Luis Alberto Monge quien tuvo la iniciativa hacer una ley para extender el decimotercer mes a todas las personas asalariadas. El historiador afirma que es común el error de atribuirle el logro al expresidente Mario Echandi, por haberse firmado durante su mandato. Sin embargo, Echandi incluso había vetado la ley. Los diputados resellaron el proyecto cuando el Ejecutivo se los devolvió.

[NOTA ACTUALIZADA]

El derecho a recibir el decimotercer mes de salario en Costa Rica, conocido como aguinaldo, no se creó gracias a una huelga nacional de 69 días en 1954.

Una imagen que se usa para divulgar estas falsedades históricas circula, al menos, desde hace casi un año. Albino Vargas, presidente de la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados, compartió esa imagen el pasado 13 de setiembre. La publicación se acompaña además con una fotografía que parece referir a una huelga en Honduras en 1954.

Aunque los comparte, Vargas no es el autor de la falsa relación. La imagen pertenece originalmente a una publicación hecha hace un año en el perfil de Facebook de una persona privada que parece que reside en Costa Rica. Ella, a su vez, comparte otra imagen que pertenece a otra información viral que se divulgó en redes hondureñas de Facebook sobre la huelga que sí ocurrió en 1954 en ese país.

Esta publicación de Facebook ligó erróneamente una huelga en Honduras con la aprobación del aguinaldo en Costa Rica. Albino Vargas compartió la información errónea en Twitter.

El derecho al aguinaldo sí se ganó coincidentemente en ese año en Costa Rica mediante la Ley de Pago de Aguinaldo para los Servidores Públicos (Ley 1835). El incentivo no se extendió a los asalariados de la empresa privada hasta octubre de 1959 (Ley 2412).

El historiador Vladimir de la Cruz explicó a Doble Check que ambos progresos en los derechos de las personas trabajadoras se dieron a través de leyes en la Asamblea Legislativa y no mediante protestas ciudadanas para su creación.

De la Cruz agrega que fue el entonces diputado (y luego presidente) Luis Alberto Monge quien tuvo la iniciativa hacer una ley para extender el decimotercer mes a todas las personas asalariadas. El historiador afirma que es común el error de atribuirle el logro al expresidente Mario Echandi, por haberse firmado durante su mandato. Sin embargo, Echandi incluso había vetado la ley. Los diputados resellaron el proyecto cuando el Ejecutivo se los devolvió.

La huelga que sí existió

En el país sí se vivió una protesta social para el respeto del derecho al aguinaldo, pero fue en 1959, cuando las leyes ya habían sido aprobadas.

En 1959 hubo una huelga general de trabajadores bananeros contra la United Fruit Company. La compañía frutera se negó a pagar el recién aprobado aguinaldo para las personas asalariadas del sector privado. Esta negativa provocó que sus trabajadores de la Zona Sur mantuvieran el movimiento por 26 días sin salario. (Otra fuente señala que fueron 27 días).

Finalmente, el Estado se hizo cargo del pago del aguinaldo a los trabajadores. La compañía bananera asumió el compromiso laboral hasta cuatro años después, según un recuento del docente universitario Javier Olivares.

Doble Check intentó conversar con Albino Vargas sobre la refutación de la información que compartió. No hubo una respuesta oportuna de su parte tras llamarlo a su teléfono y escribirle por Whatsapp.

Lea más sobre la historia del aguinaldo en este artículo que había publicado Vladimir de la Cruz en La República.

Lea sobre la huelga por el aguinaldo de los trabajadores bananeros en 1959 en este artículo de Javier Olivares.

Lea este artículo de opinión del exlíder sindical Gilbert Brown, en donde recapitula cómo se ganó el derecho al aguinaldo.

Nota del redactor/editor: Un primer enfoque de esta verificación informaba en su titular: «Derecho al aguinaldo no se ganó por la vía de la huelga». Después de justificadas críticas de lectores y lectoras concordamos con que ese título inducía a error.
La frase invitaba a una inferencia excesiva y equivocada: que las huelgas no tuvieron relevancia para cimentar el ejercicio y el respeto del derecho al aguinaldo. Ofrecemos disculpas por ello.
Este segundo enfoque se limita a verificar la existencia de una huelga nacional de 69 días para la creación del aguinaldo en Costa Rica, lo cual es falso según la información recopilada.
Intentaremos ejercer exámenes más cuidadosos en el futuro. Agradecemos a las personas que nos siguen y que se involucran activamente en analizar la información que publicamos.

 

Algunos medios y políticos reportan erróneamente sobre orden de la Contraloría a la CCSS

Varios medios y figuras políticas divulgaron información errónea sobre una orden que extendió hoy la Contraloría General de la República a la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS).

Uno de los errores fue afirmar que la orden se refería a la obligatoriedad de cumplir con la regla fiscal. En esta confusión cayeron la cuenta oficial de la bancada del Partido Unidad Social Cristiana en Twitter, así como informaciones publicadas por Noticias Repretel y Noticias Monumental.

En realidad, la orden de la Contraloría se refiere a un asunto completamente separado: la ilegitimidad de los acuerdos entre la Caja y los sindicatos de salud en temas de incentivos salariales. La regla fiscal es otra cosa. Tiene que ver con un límite a la inversión de las instituciones según el endeudamiento del país. La Sala Constitucional ya había definido que los regímenes que sostienen la CCSS están por encima de esta restricción de la reforma fiscal.

La segunda es una mala interpretación. Varias figuras del Partido Unidad Social Cristiana afirmaron en Twitter que la Contraloría declaró la nulidad de los acuerdos que habían sido tomados por la CCSS y los sindicatos en febrero y agosto.

Es cierto que la CGR emitió su orden a raíz de una solicitud de nulidad presentada por la bancada socialcristiana. Sin embargo, la Contraloría expresamente evita conceder tal nulidad. La institución justifica esta posición en que ni siquiera reconoce los acuerdos entre la Caja y los sindicatos como un “acto administrativo”. Es decir, ni siquiera existía un acto por anular en primer lugar.

Eso sí, para fines prácticos, el resultado parece ser idéntico. La Contraloría le ordena a la Caja obviar los acuerdos hechos con los sindicatos y acatar las disposiciones de empleo público contenidas en la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas. Estas están en un apartado distinto que el de la regla fiscal.

En resumen: Varios medios y figuras políticas divulgaron información errónea sobre una orden que extendió hoy la Contraloría General de la República a la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS).

Uno de los errores fue afirmar que la orden se refería a la obligatoriedad de cumplir con la regla fiscal. En esta confusión cayeron la cuenta oficial de la bancada del Partido Unidad Social Cristiana en Twitter, así como informaciones publicadas por Noticias Repretel y Noticias Monumental.

En realidad, la orden de la Contraloría se refiere a un asunto completamente separado: la ilegitimidad de los acuerdos entre la Caja y los sindicatos de salud en temas de incentivos salariales. La regla fiscal es otra cosa. Tiene que ver con un límite a la inversión de las instituciones según el endeudamiento del país. La Sala Constitucional ya había definido que los regímenes que sostienen la CCSS están por encima de esta restricción de la reforma fiscal.

La segunda es una mala interpretación. Varias figuras del Partido Unidad Social Cristiana afirmaron en Twitter que la Contraloría declaró la nulidad de los acuerdos que habían sido tomados por la CCSS y los sindicatos en febrero y agosto.

Es cierto que la CGR emitió su orden a raíz de una solicitud de nulidad presentada por la bancada socialcristiana. Sin embargo, la Contraloría expresamente evita conceder tal nulidad. La institución justifica esta posición en que ni siquiera reconoce los acuerdos entre la Caja y los sindicatos como un “acto administrativo”. Es decir, ni siquiera existía un acto por anular en primer lugar.

Eso sí, para fines prácticos, el resultado parece ser idéntico. La Contraloría le ordena a la Caja obviar los acuerdos hechos con los sindicatos y acatar las disposiciones de empleo público contenidas en la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas. Estas están en un apartado distinto que el de la regla fiscal.

El conflicto

La Contraloría estudió una denuncia presentada por siete diputados del PUSC el 13 de agosto. Los legisladores buscaban anular dos acuerdos entre el gobierno y los sindicatos de salud.

Un acuerdo había sido tomado en febrero. Su principal punto era que el cálculo de las anualidades se seguiría haciendo con base en un porcentaje y no como un monto nominal para los empleados contratados en la Caja al momento de la entrada en vigencia del plan fiscal. El uso de un monto nominal había sido justamente uno de los cambios dispuestos en la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas.

El otro acuerdo, del 12 de agosto, le había puesto fin a la huelga en este sector. El acuerdo indicaba que los empleados continuarían recibiendo sus incentivos con base en un cálculo porcentual a menos que un tribunal contencioso determinara la invalidez del acuerdo de febrero.

Ese proceso podría tardar años. Por ello, los diputados socialcristianos pidieron la intervención de la Contraloría. Tras la orden emitida hoy por la institución, varias figuras políticas de la Unidad se manifestaron satisfechas. Sin embargo, aunque el resultado fue el deseado, sus manifestaciones son erróneas. La Contraloría no emitió una nulidad.

Quienes erróneamente divulgaron esta interpretación fueron la diputada María Inés Solís, su colega Rodolfo Peña y el analista político Juan Carlos Hidalgo.

Al final, la Contraloría defiende las intenciones originales del plan fiscal en materia de empleo público. En corto, le ordena a la Caja que obvie los acuerdos y que aplique la ley, en cuenta el cálculo de los incentivos como un monto nominal y no como porcentaje para todos sus empleados, nuevos y antiguos.

Lo que dijo la CGR

La Contraloría indicó que los acuerdos no pueden ser considerados como actos administrativos. Las razones expuestas se resumen así:

  1. Los actos administrativos deben ser unilaterales. Los acuerdos fueron multilaterales y no exclusivos de la Administración en ejercicio de sus competencias.
  2. El contenido de los acuerdos es diverso y no indica la normativa que lo sustenta.
  3. La metodología de cálculo para el pago de ciertos incentivos salariales no es en sí misma un derecho adquirido.

La CGR razona que los acuerdos no tienen las características de un “acto administrativo”. Por ello no puede ordenar la nulidad de los acuerdos, ni tampoco la CCSS puede hacer una declaratoria de lesividad (es decir, someter los acuerdos a un proceso contencioso) porque no hay tal acto.

Es decir, la Contraloría dice que todos están hablando en el aire. Lea aquí el oficio completo de la Contraloría.

La regla fiscal no tiene nada que ver

En todo este asunto no entra la regla fiscal. Este es un límite presupuestario que se incluyó en la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas. La regla restringe el gasto corriente en las entidades estatales no financieras en relación con el porcentaje de endeudamiento reflejado en el Presupuesto Nacional.

Una de las polémicas más encendidas durante la discusión del plan fiscal era si la CCSS entraba en esta limitación. El asunto fue resuelto parcialmente por la Sala Constitucional, cuando resolvió que los tres principales regímenes que sustentan a la institución están libres de acatar esa disposición del plan fiscal.

Hacienda, por su parte, anunció que examinará cada año el presupuesto de la Caja. Ello le permitirá diferenciar aquellas partidas que no estén financiadas por esos regímenes. Doble Check está investigando cuál es el porcentaje del presupuesto de la institución que no está financiado por las fuentes exentas de la regla.

La cuenta oficial de la bancada del PUSC confundió los conceptos tratados hoy por la Contraloría, y afirmó en Twitter que se refería a la regla fiscal. Lo mismo sucedió con los medios Noticias Monumental y Noticias Repretel.

Doble Check contactó a Randall Rivera, director de Monumental, y con el periodista de Repretel, Fernando Brenes. Ambos periodistas reconocieron la falla. Rivera atribuyó la información a un error humano y afirmó que habían hecho las correcciones correspondientes, tanto al aire como en su sitio web.

Nota del editor: Una versión anterior de esta nota incluía a la diputada liberacionista Silvia Hernández como una de las personas que habían asumido que la orden de la Contraloría implicaba un mandato de acatar la regla fiscal. La diputada sí se refirió a la regla fiscal pero en un contexto más amplio, que Doble Check no leyó adecuadamente. Por ello se eliminó la referencia a la diputada.

El juez que dictó la ilegalidad en la huelga del MEP no plagió su sentencia

En resumen:  El medio “Fortuna TV Noticias” divulgó este miércoles una publicación que sugería que la declaratoria de ilegalidad de la huelga en el Ministerio de Educación Pública (MEP) había sido “escrita sobre un formato de una huelga argentina” y que “había arrastrado los nombres de esas provincias”.

Adicional a esa publicación (que al cierre de esta edición se ha compartido 628 veces), algunos comentarios en la publicación y en chats de docentes de whatsapp, divulgaron el rumor de que el juez era hijo del Oficial Mayor del MEP. Varios lectores de DobleCheck nos solicitaron revisar esta información en comentarios y mensajes privados.

Las dos afirmaciones son falsas.

El medio Fortuna TV Noticias divulgó este miércoles una publicación que sugería que la declaratoria de ilegalidad de la huelga en el Ministerio de Educación Pública (MEP) había sido “escrita sobre un formato de una huelga argentina” y que “había arrastrado los nombres de esas provincias”.

En los comentarios, figuran usuarios que intuyeron que la sentencia, firmada por el juez Víctor Orozco Zárate, había plagiado un documento argentino.

Captura de pantalla de publicación de Fortuna TV

Adicional a esa publicación (que al cierre de esta nota se ha compartido 628 veces), algunos comentarios en la página y en chats de docentes de Whatsapp, divulgaron el rumor de que el juez era hijo del Oficial Mayor del MEP. Varios lectores de Doble Check nos solicitaron revisar esta información en comentarios y mensajes privados.

Las dos afirmaciones son falsas. Efectivamente la sentencia menciona un caso argentino, pero no lo plagia, sino que lo cita debidamente. El juez que firmó la sentencia tampoco figura como hijo del actual Oficial Mayor del MEP.

“La huelga argentina”

La declaratoria de ilegalidad de la huelga firmada el 28 de noviembre contiene una cita del Comité de Libertad Sindical del Consejo de Administración de la Organización Internacional del Trabajo.

Captura de pantalla de cita de la sentencia acerca del Comité de Libertad Sindical del Consejo de Administración de la OIT.

El párrafo indica cómo, para este caso particular, se consideró que las actividades que realiza «el personal obrero de maestranza y servicios» se encuentran «dentro de los servicios esenciales». El documento alega que el suministro de alimentos a los alumnos y la limpieza de los establecimientos tienen carácter de servicio esencial.

En derecho es normal que un juez cite jurisprudencia de otros países (es decir, resoluciones anteriores) sobre los casos que atiende. Esta práctica se llama «derecho comparado».

Para comprobar si esta sentencia contiene plagios, verificamos el documento completo en la plataforma Turnitin, un servicio en línea de detección de plagios. La plataforma encontró media centena de coincidencias en la sentencia, pero todas estuvieron debidamente citadas.

Descargue aquí la sentencia revisada en Turnitin.

¿Conflicto de interés?

También nos consultaron si el juez Orozco Zárate es hijo del Oficial Mayor del MEP. No encontramos relación familiar entre ellos.

Ni Gerardo Azofeifa Rodríguez (actual Oficial Mayor del MEP), ni Víctor Hugo Orozco Delgado (Director Regional de Cartago y Oficial Mayor del MEP hasta el 2014) aparecen en los registros públicos con vínculos familiares con el juez Orozco.