Es falso que huelga de 69 días motivó la creación del aguinaldo

El derecho a recibir el decimotercer mes de salario en Costa Rica, conocido como aguinaldo, no se creó gracias a una huelga nacional de 69 días en 1954.

Una imagen que se usa para divulgar estas falsedades históricas circula, al menos, desde hace casi un año. Albino Vargas, presidente de la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados, compartió esa imagen el pasado 13 de setiembre. La publicación se acompaña además con una fotografía que parece referir a una huelga en Honduras en 1954.

Aunque los comparte, Vargas no es el autor de la falsa relación. La imagen pertenece originalmente a una publicación hecha hace un año en el perfil de Facebook de una persona privada que parece que reside en Costa Rica. Ella, a su vez, comparte otra imagen que pertenece a otra información viral que se divulgó en redes hondureñas de Facebook sobre la huelga que sí ocurrió en 1954 en ese país.

El derecho al aguinaldo sí se ganó coincidentemente en ese año en Costa Rica mediante la Ley de Pago de Aguinaldo para los Servidores Públicos (Ley 1835). El incentivo no se extendió a los asalariados de la empresa privada hasta octubre de 1959 (Ley 2412).

El historiador Vladimir de la Cruz explicó a Doble Check que ambos progresos en los derechos de las personas trabajadoras se dieron a través de leyes en la Asamblea Legislativa y no mediante protestas ciudadanas para su creación.

De la Cruz agrega que fue el entonces diputado (y luego presidente) Luis Alberto Monge quien tuvo la iniciativa hacer una ley para extender el decimotercer mes a todas las personas asalariadas. El historiador afirma que es común el error de atribuirle el logro al expresidente Mario Echandi, por haberse firmado durante su mandato. Sin embargo, Echandi incluso había vetado la ley. Los diputados resellaron el proyecto cuando el Ejecutivo se los devolvió.

[NOTA ACTUALIZADA]

El derecho a recibir el decimotercer mes de salario en Costa Rica, conocido como aguinaldo, no se creó gracias a una huelga nacional de 69 días en 1954.

Una imagen que se usa para divulgar estas falsedades históricas circula, al menos, desde hace casi un año. Albino Vargas, presidente de la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados, compartió esa imagen el pasado 13 de setiembre. La publicación se acompaña además con una fotografía que parece referir a una huelga en Honduras en 1954.

Aunque los comparte, Vargas no es el autor de la falsa relación. La imagen pertenece originalmente a una publicación hecha hace un año en el perfil de Facebook de una persona privada que parece que reside en Costa Rica. Ella, a su vez, comparte otra imagen que pertenece a otra información viral que se divulgó en redes hondureñas de Facebook sobre la huelga que sí ocurrió en 1954 en ese país.

Esta publicación de Facebook ligó erróneamente una huelga en Honduras con la aprobación del aguinaldo en Costa Rica. Albino Vargas compartió la información errónea en Twitter.

El derecho al aguinaldo sí se ganó coincidentemente en ese año en Costa Rica mediante la Ley de Pago de Aguinaldo para los Servidores Públicos (Ley 1835). El incentivo no se extendió a los asalariados de la empresa privada hasta octubre de 1959 (Ley 2412).

El historiador Vladimir de la Cruz explicó a Doble Check que ambos progresos en los derechos de las personas trabajadoras se dieron a través de leyes en la Asamblea Legislativa y no mediante protestas ciudadanas para su creación.

De la Cruz agrega que fue el entonces diputado (y luego presidente) Luis Alberto Monge quien tuvo la iniciativa hacer una ley para extender el decimotercer mes a todas las personas asalariadas. El historiador afirma que es común el error de atribuirle el logro al expresidente Mario Echandi, por haberse firmado durante su mandato. Sin embargo, Echandi incluso había vetado la ley. Los diputados resellaron el proyecto cuando el Ejecutivo se los devolvió.

La huelga que sí existió

En el país sí se vivió una protesta social para el respeto del derecho al aguinaldo, pero fue en 1959, cuando las leyes ya habían sido aprobadas.

En 1959 hubo una huelga general de trabajadores bananeros contra la United Fruit Company. La compañía frutera se negó a pagar el recién aprobado aguinaldo para las personas asalariadas del sector privado. Esta negativa provocó que sus trabajadores de la Zona Sur mantuvieran el movimiento por 26 días sin salario. (Otra fuente señala que fueron 27 días).

Finalmente, el Estado se hizo cargo del pago del aguinaldo a los trabajadores. La compañía bananera asumió el compromiso laboral hasta cuatro años después, según un recuento del docente universitario Javier Olivares.

Doble Check intentó conversar con Albino Vargas sobre la refutación de la información que compartió. No hubo una respuesta oportuna de su parte tras llamarlo a su teléfono y escribirle por Whatsapp.

Lea más sobre la historia del aguinaldo en este artículo que había publicado Vladimir de la Cruz en La República.

Lea sobre la huelga por el aguinaldo de los trabajadores bananeros en 1959 en este artículo de Javier Olivares.

Lea este artículo de opinión del exlíder sindical Gilbert Brown, en donde recapitula cómo se ganó el derecho al aguinaldo.

Nota del redactor/editor: Un primer enfoque de esta verificación informaba en su titular: «Derecho al aguinaldo no se ganó por la vía de la huelga». Después de justificadas críticas de lectores y lectoras concordamos con que ese título inducía a error.
La frase invitaba a una inferencia excesiva y equivocada: que las huelgas no tuvieron relevancia para cimentar el ejercicio y el respeto del derecho al aguinaldo. Ofrecemos disculpas por ello.
Este segundo enfoque se limita a verificar la existencia de una huelga nacional de 69 días para la creación del aguinaldo en Costa Rica, lo cual es falso según la información recopilada.
Intentaremos ejercer exámenes más cuidadosos en el futuro. Agradecemos a las personas que nos siguen y que se involucran activamente en analizar la información que publicamos.

 

Algunos medios y políticos reportan erróneamente sobre orden de la Contraloría a la CCSS

Varios medios y figuras políticas divulgaron información errónea sobre una orden que extendió hoy la Contraloría General de la República a la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS).

Uno de los errores fue afirmar que la orden se refería a la obligatoriedad de cumplir con la regla fiscal. En esta confusión cayeron la cuenta oficial de la bancada del Partido Unidad Social Cristiana en Twitter, así como informaciones publicadas por Noticias Repretel y Noticias Monumental.

En realidad, la orden de la Contraloría se refiere a un asunto completamente separado: la ilegitimidad de los acuerdos entre la Caja y los sindicatos de salud en temas de incentivos salariales. La regla fiscal es otra cosa. Tiene que ver con un límite a la inversión de las instituciones según el endeudamiento del país. La Sala Constitucional ya había definido que los regímenes que sostienen la CCSS están por encima de esta restricción de la reforma fiscal.

La segunda es una mala interpretación. Varias figuras del Partido Unidad Social Cristiana afirmaron en Twitter que la Contraloría declaró la nulidad de los acuerdos que habían sido tomados por la CCSS y los sindicatos en febrero y agosto.

Es cierto que la CGR emitió su orden a raíz de una solicitud de nulidad presentada por la bancada socialcristiana. Sin embargo, la Contraloría expresamente evita conceder tal nulidad. La institución justifica esta posición en que ni siquiera reconoce los acuerdos entre la Caja y los sindicatos como un “acto administrativo”. Es decir, ni siquiera existía un acto por anular en primer lugar.

Eso sí, para fines prácticos, el resultado parece ser idéntico. La Contraloría le ordena a la Caja obviar los acuerdos hechos con los sindicatos y acatar las disposiciones de empleo público contenidas en la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas. Estas están en un apartado distinto que el de la regla fiscal.

En resumen: Varios medios y figuras políticas divulgaron información errónea sobre una orden que extendió hoy la Contraloría General de la República a la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS).

Uno de los errores fue afirmar que la orden se refería a la obligatoriedad de cumplir con la regla fiscal. En esta confusión cayeron la cuenta oficial de la bancada del Partido Unidad Social Cristiana en Twitter, así como informaciones publicadas por Noticias Repretel y Noticias Monumental.

En realidad, la orden de la Contraloría se refiere a un asunto completamente separado: la ilegitimidad de los acuerdos entre la Caja y los sindicatos de salud en temas de incentivos salariales. La regla fiscal es otra cosa. Tiene que ver con un límite a la inversión de las instituciones según el endeudamiento del país. La Sala Constitucional ya había definido que los regímenes que sostienen la CCSS están por encima de esta restricción de la reforma fiscal.

La segunda es una mala interpretación. Varias figuras del Partido Unidad Social Cristiana afirmaron en Twitter que la Contraloría declaró la nulidad de los acuerdos que habían sido tomados por la CCSS y los sindicatos en febrero y agosto.

Es cierto que la CGR emitió su orden a raíz de una solicitud de nulidad presentada por la bancada socialcristiana. Sin embargo, la Contraloría expresamente evita conceder tal nulidad. La institución justifica esta posición en que ni siquiera reconoce los acuerdos entre la Caja y los sindicatos como un “acto administrativo”. Es decir, ni siquiera existía un acto por anular en primer lugar.

Eso sí, para fines prácticos, el resultado parece ser idéntico. La Contraloría le ordena a la Caja obviar los acuerdos hechos con los sindicatos y acatar las disposiciones de empleo público contenidas en la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas. Estas están en un apartado distinto que el de la regla fiscal.

El conflicto

La Contraloría estudió una denuncia presentada por siete diputados del PUSC el 13 de agosto. Los legisladores buscaban anular dos acuerdos entre el gobierno y los sindicatos de salud.

Un acuerdo había sido tomado en febrero. Su principal punto era que el cálculo de las anualidades se seguiría haciendo con base en un porcentaje y no como un monto nominal para los empleados contratados en la Caja al momento de la entrada en vigencia del plan fiscal. El uso de un monto nominal había sido justamente uno de los cambios dispuestos en la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas.

El otro acuerdo, del 12 de agosto, le había puesto fin a la huelga en este sector. El acuerdo indicaba que los empleados continuarían recibiendo sus incentivos con base en un cálculo porcentual a menos que un tribunal contencioso determinara la invalidez del acuerdo de febrero.

Ese proceso podría tardar años. Por ello, los diputados socialcristianos pidieron la intervención de la Contraloría. Tras la orden emitida hoy por la institución, varias figuras políticas de la Unidad se manifestaron satisfechas. Sin embargo, aunque el resultado fue el deseado, sus manifestaciones son erróneas. La Contraloría no emitió una nulidad.

Quienes erróneamente divulgaron esta interpretación fueron la diputada María Inés Solís, su colega Rodolfo Peña y el analista político Juan Carlos Hidalgo.

Al final, la Contraloría defiende las intenciones originales del plan fiscal en materia de empleo público. En corto, le ordena a la Caja que obvie los acuerdos y que aplique la ley, en cuenta el cálculo de los incentivos como un monto nominal y no como porcentaje para todos sus empleados, nuevos y antiguos.

Lo que dijo la CGR

La Contraloría indicó que los acuerdos no pueden ser considerados como actos administrativos. Las razones expuestas se resumen así:

  1. Los actos administrativos deben ser unilaterales. Los acuerdos fueron multilaterales y no exclusivos de la Administración en ejercicio de sus competencias.
  2. El contenido de los acuerdos es diverso y no indica la normativa que lo sustenta.
  3. La metodología de cálculo para el pago de ciertos incentivos salariales no es en sí misma un derecho adquirido.

La CGR razona que los acuerdos no tienen las características de un “acto administrativo”. Por ello no puede ordenar la nulidad de los acuerdos, ni tampoco la CCSS puede hacer una declaratoria de lesividad (es decir, someter los acuerdos a un proceso contencioso) porque no hay tal acto.

Es decir, la Contraloría dice que todos están hablando en el aire. Lea aquí el oficio completo de la Contraloría.

La regla fiscal no tiene nada que ver

En todo este asunto no entra la regla fiscal. Este es un límite presupuestario que se incluyó en la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas. La regla restringe el gasto corriente en las entidades estatales no financieras en relación con el porcentaje de endeudamiento reflejado en el Presupuesto Nacional.

Una de las polémicas más encendidas durante la discusión del plan fiscal era si la CCSS entraba en esta limitación. El asunto fue resuelto parcialmente por la Sala Constitucional, cuando resolvió que los tres principales regímenes que sustentan a la institución están libres de acatar esa disposición del plan fiscal.

Hacienda, por su parte, anunció que examinará cada año el presupuesto de la Caja. Ello le permitirá diferenciar aquellas partidas que no estén financiadas por esos regímenes. Doble Check está investigando cuál es el porcentaje del presupuesto de la institución que no está financiado por las fuentes exentas de la regla.

La cuenta oficial de la bancada del PUSC confundió los conceptos tratados hoy por la Contraloría, y afirmó en Twitter que se refería a la regla fiscal. Lo mismo sucedió con los medios Noticias Monumental y Noticias Repretel.

Doble Check contactó a Randall Rivera, director de Monumental, y con el periodista de Repretel, Fernando Brenes. Ambos periodistas reconocieron la falla. Rivera atribuyó la información a un error humano y afirmó que habían hecho las correcciones correspondientes, tanto al aire como en su sitio web.

Nota del editor: Una versión anterior de esta nota incluía a la diputada liberacionista Silvia Hernández como una de las personas que habían asumido que la orden de la Contraloría implicaba un mandato de acatar la regla fiscal. La diputada sí se refirió a la regla fiscal pero en un contexto más amplio, que Doble Check no leyó adecuadamente. Por ello se eliminó la referencia a la diputada.

El juez que dictó la ilegalidad en la huelga del MEP no plagió su sentencia

En resumen:  El medio “Fortuna TV Noticias” divulgó este miércoles una publicación que sugería que la declaratoria de ilegalidad de la huelga en el Ministerio de Educación Pública (MEP) había sido “escrita sobre un formato de una huelga argentina” y que “había arrastrado los nombres de esas provincias”.

Adicional a esa publicación (que al cierre de esta edición se ha compartido 628 veces), algunos comentarios en la publicación y en chats de docentes de whatsapp, divulgaron el rumor de que el juez era hijo del Oficial Mayor del MEP. Varios lectores de DobleCheck nos solicitaron revisar esta información en comentarios y mensajes privados.

Las dos afirmaciones son falsas.

El medio Fortuna TV Noticias divulgó este miércoles una publicación que sugería que la declaratoria de ilegalidad de la huelga en el Ministerio de Educación Pública (MEP) había sido “escrita sobre un formato de una huelga argentina” y que “había arrastrado los nombres de esas provincias”.

En los comentarios, figuran usuarios que intuyeron que la sentencia, firmada por el juez Víctor Orozco Zárate, había plagiado un documento argentino.

Captura de pantalla de publicación de Fortuna TV

Adicional a esa publicación (que al cierre de esta nota se ha compartido 628 veces), algunos comentarios en la página y en chats de docentes de Whatsapp, divulgaron el rumor de que el juez era hijo del Oficial Mayor del MEP. Varios lectores de Doble Check nos solicitaron revisar esta información en comentarios y mensajes privados.

Las dos afirmaciones son falsas. Efectivamente la sentencia menciona un caso argentino, pero no lo plagia, sino que lo cita debidamente. El juez que firmó la sentencia tampoco figura como hijo del actual Oficial Mayor del MEP.

“La huelga argentina”

La declaratoria de ilegalidad de la huelga firmada el 28 de noviembre contiene una cita del Comité de Libertad Sindical del Consejo de Administración de la Organización Internacional del Trabajo.

Captura de pantalla de cita de la sentencia acerca del Comité de Libertad Sindical del Consejo de Administración de la OIT.

El párrafo indica cómo, para este caso particular, se consideró que las actividades que realiza «el personal obrero de maestranza y servicios» se encuentran «dentro de los servicios esenciales». El documento alega que el suministro de alimentos a los alumnos y la limpieza de los establecimientos tienen carácter de servicio esencial.

En derecho es normal que un juez cite jurisprudencia de otros países (es decir, resoluciones anteriores) sobre los casos que atiende. Esta práctica se llama «derecho comparado».

Para comprobar si esta sentencia contiene plagios, verificamos el documento completo en la plataforma Turnitin, un servicio en línea de detección de plagios. La plataforma encontró media centena de coincidencias en la sentencia, pero todas estuvieron debidamente citadas.

Descargue aquí la sentencia revisada en Turnitin.

¿Conflicto de interés?

También nos consultaron si el juez Orozco Zárate es hijo del Oficial Mayor del MEP. No encontramos relación familiar entre ellos.

Ni Gerardo Azofeifa Rodríguez (actual Oficial Mayor del MEP), ni Víctor Hugo Orozco Delgado (Director Regional de Cartago y Oficial Mayor del MEP hasta el 2014) aparecen en los registros públicos con vínculos familiares con el juez Orozco.