No es cierto que rebaja a remuneraciones afectará a diputados, como dijo ministra Garrido a #NoComaCuento

La Ministra de Planificación Pilar Garrido afirmó a #NoComaCuento, de La Nación, que el proyecto de ley que el gobierno presentó para reducir las remuneraciones en el sector público sí incluye rebajas a los diputados. La redacción del texto no permite afirmar eso.

Garrido hizo la afirmación como parte de una verificación de #NoComaCuento, que pretendía desmentir a Albino Vargas. El líder sindical había publicado un tuit el 13 de julio que afirmaba que “la rebaja salarial no incluye a los diputados ni a las diputadas”.

¿Por qué el proyecto no incluye a las y los diputados? El texto del Ejecutivo pretende reducir las jornadas de los trabajadores con remuneraciones mayores a ₡1,5 millones. Es decir, el texto no ordena el recorte directo de las remuneraciones o salarios, sino –más bien– la reducción de las jornadas. Ello consecuentemente conlleva a recortar remuneraciones, pero no las de los diputados.

Los congresistas no tienen una jornada definida ni una relación laboral. Así lo explicaron el director ejecutivo de la Asamblea Legislativa, Antonio Ayales, y el exmagistrado de la Sala II Rolando Vega.

No es posible recortar la jornada de los miembros del Congreso porque esa figura no existe para este tipo de servidor público. Un diputado o una diputada no tiene horario, ni cobra horas extra ni puede ser despedido. Tampoco se le puede recortar el tiempo que dedica a sus funciones, pues tiene la obligación legal de atender permanentemente «requerimientos propios de su investidura en cualquier tiempo y lugar».

Doble Check compartió sus hallazgos con Garrido. La ministra insistió en que el proyecto afectaba todas las remuneraciones del sector público, pero no respondió directamente a la imposibilidad de reducir la jornada de los congresistas.

La Ministra de Planificación Pilar Garrido afirmó a #NoComaCuento, de La Nación, que el proyecto de ley que el gobierno presentó para reducir las remuneraciones en el sector público sí incluye rebajas a los diputados. La redacción del texto no permite afirmar eso.

Garrido hizo la afirmación como parte de una verificación de #NoComaCuento, que pretendía desmentir a Albino Vargas. El líder sindical había publicado un tuit el 13 de julio que afirmaba que “la rebaja salarial no incluye a los diputados ni a las diputadas”.

¿Por qué el proyecto no incluye a las y los diputados? El texto del Ejecutivo pretende reducir las jornadas de los trabajadores con remuneraciones mayores a ₡1,5 millones. Es decir, el texto no ordena el recorte directo de las remuneraciones o salarios, sino –más bien– la reducción de las jornadas. Ello consecuentemente conlleva a recortar remuneraciones, pero no las de los diputados.

Los congresistas no tienen una jornada definida ni una relación laboral. Así lo explicaron el director ejecutivo de la Asamblea Legislativa, Antonio Ayales, y el exmagistrado de la Sala II Rolando Vega.

No es posible recortar la jornada de los miembros del Congreso porque esa figura no existe para este tipo de servidor público. Un diputado o una diputada no tiene horario, ni cobra horas extra ni puede ser despedido. Tampoco se le puede recortar el tiempo que dedica a sus funciones, pues tiene la obligación legal de atender permanentemente «requerimientos propios de su investidura en cualquier tiempo y lugar».

Doble Check compartió sus hallazgos con Garrido. La ministra insistió en que el proyecto afectaba todas las remuneraciones del sector público, pero no respondió directamente a la imposibilidad de reducir la jornada de los congresistas.

¿Qué dijeron Albino Vargas, Pilar Garrido y No Coma Cuento?

El 13 de julio, el líder sindical Albino Vargas publicó en twitter :

¡Qué bonito! La rebaja salarial NO INCLUYE A LOS DIPUTADOS NI A LAS DIPUTADAS. Diz que ellos tienen un régimen distinto al cual se llaman «dietas». ¿Será posible tal cinismo político?…

No Coma Cuento publicó una verificación al respecto dos días después titulada “#NoComaCuento: Albino Vargas difunde información falsa sobre proyecto de rebaja salarial a empleados públicos”. En ella, la jerarca de Planificación Pilar Garrido desmiente a Albino Vargas y asegura que el proyecto del Ejecutivo sí impacta a los diputados.

“Todos los poderes de la República y las autoridades somos parte. Están incorporadas todas aquellas personas servidoras públicas que ganan más de ¢1,5 millones”, dijo a La Nación. “Los diputados sí están regulados por la Ley de Salarios de la Administración Pública. Por ende, comprende a los mismos. El rebajo aplica a que se les reduce, al final, el 15% del total de su remuneración bruta”, agrega su cita.

El 20 de julio La Nación publicó un derecho de respuesta a Albino Vargas. El líder sindical se basó en un intercambio de Garrido con el diputado José María Villalta en la Asamblea Legislativa.  «Queda claro que ni la ANEP ni mi persona difundimos información falsa», concluyó el sindicalista.

¿Qué dice el proyecto del Ejecutivo?

La controversia entre Vargas y de Garrido está centrada en el término que se usa para describir las retribuciones económicas de los diputados: dietas, salarios o remuneraciones.

Antes de eso, ¿qué dice el proyecto que el Ejecutivo presentó a la Asamblea Legislativa?

El texto, presentado bajo el expediente 22.081 con el nombre de “Ley de Reducción de Jornadas en el Sector Público” propone en su artículo primero:

“Las instituciones públicas comprendidas en el artículo 26 de la Ley de Salarios de la Administración Pública, Ley No. 2166, de 9 de octubre de 1957, por un plazo improrrogable de doce meses, a partir de la entrada en vigencia de la presente ley, deberán reducir en un quince por ciento (15%), las jornadas de trabajo del personal que reciba una remuneración bruta mensual de al menos un millón quinientos mil colones (¢ 1.500.000) por su jornada ordinaria de trabajo”.

El texto no ordena directamente la reducción de remuneraciones, sino –más bien– de jornadas de los trabajadores públicos.

Los demás artículos se refieren a qué instituciones corresponde aplicar las reducciones y cuáles son las dependencias eximidas de la medida (cuerpos de Policía, Bomberos, Ministerio de Salud, Caja Costarricense de Seguro Social, Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias y centros penitenciarios). No hay ningún artículo que mencione a los diputados.

¿Tienen los diputados jornada?

El Director Ejecutivo de la Asamblea Legislativa, Antonio Ayales, aseguró a Doble Check que el proyecto del gobierno no incluye a los diputados, pues ellos no tienen jornada.

“Los diputados son escogidos por elección popular, por tanto, no son considerados funcionarios públicos, a pesar de trabajar en el primer Poder de la República, no tienen una jornada laboral como sí la tienen el resto de funcionarios públicos que trabajan en la Asamblea, no tienen un salario como el resto de funcionarios, no son parte de la estructura administrativa de la Asamblea ni siquiera están sujetos al Reglamento Autónomo de la institución” dijo a Doble Check.

No se les puede rebajar una jornada que no tienen. Un diputado viene y se va a la hora que quiere, no tiene que rendirle cuentas a nadie en la administración de a qué hora llega o se va de la Asamblea”, concluyó Ayales.

Su criterio coincide con su criterio el exmagistrado de la Sala II Rolando Vega.

Los diputados no están sujetos a una jornada. No tienen un contrato de trabajo ni tienen que cumplir un horario determinado. Tampoco pueden cobrar horas extra, ni tienen un control de supervisión o de fiscalización. No hay una relación laboral, propiamente dicha”.

Aún si la tuvieran, la ley 7352 de Remuneración de Diputados de la Asamblea Legislativa obliga a los diputados a estar disponibles permanentemente para atender sus funciones.

“ Fíjase la remuneración de los diputados a la Asamblea Legislativa, atendiendo los siguientes principios: (…) b- El cumplimiento de sus deberes y obligaciones, como miembros del Poder Legislativo, implica para los diputados la permanente disposición de atender requerimientos propios de su investidura en cualquier tiempo y lugar”.

Doble Check consultó sobre este tema a la jerarca Pilar Garrido, pero no respondió directamente a nuestras preguntas. Sus respuestas completas están disponibles aquí y aquí.

La jerarca declaró su disposición de enmendar eventualmente el texto para que «cumpla con el espíritu de reducir jornadas a los empleados de todo el sector público».

Las dietas, los salarios y las remuneraciones

Vargas argumenta que las razones por las que la rebaja no aplica a los legisladores es porque ellos y ellas tienen dietas, y no salarios. Según Vargas, el proyecto está enfocado en la reducción de salarios y –al no incluir dietas– los congresistas no están incluidos en la iniciativa.

Aunque la crítica de Vargas sí tiene fundamento, sus razones para justificar la denuncia son discutibles.

Por ejemplo, la Procuraduría General de la República había opinado en mayo de 2002 que la retribución que reciben los legisladores no puede considerarse una dieta ni un salario. El término correcto para referirse a las retribuciones de los diputados, según este criterio, es “remuneración”.

Ése es justamente el término que emplea el proyecto del Ejecutivo cuando indica que se deberán reducir “las jornadas de trabajo del personal que reciba una remuneración bruta mensual”.

Tras una consulta de Doble Check, Garrido sí se refirió a las retribuciones de los legisladores como “dietas”, pero aseveró que ese término estaba incluido dentro del término más amplio de “remuneraciones”.

«Las dietas son solamente un componente de lo que se le cancela a los diputados de manera mensual, ese monto total tiene el nombre de ‘remuneración’, según el artículo 1 de la Ley 6961. El artículo 1 del proyecto de ley, menciona que serán las remuneraciones las que deben disminuirse en un 15% de modo que, al recibir los diputados remuneraciones, están comprendidos por ese artículo 1. Remuneración es el género. Salario o dieta son especies de ese mismo género, de tal modo que ambos conceptos caben en dicho género”, afirmó.

A pesar de esta argumentación, Garrido no se refirió a si podía recortarse la jornada de un diputado, a pesar de que no tienen una jornada.

Ejecutivo sí acreditó 82 personas para la COP25 (pero solo pagó los gastos de 11)

El Gobierno de la República sí acreditó 82 personas para asistir a la cumbre internacional sobre cambio climático, COP25, como publicó el Diario Extra en su portada de este lunes.

Sin embargo, el Ejecutivo solo canceló (total o parcialmente) los gastos de 11 de esas personas. Tres diputados hicieron reproches públicos en sus redes sociales ante la nota informativa.

Esos diputados fueron el fabricista Ignacio Alpízar, la liberacionista Paola Valladares y el socialcristiano Pedro Muñoz. Este último solo hizo una insinuación, pues publicó «¡Continúa la fiesta!», al compartir la noticia en Twitter.

Valladares calificó como «inaudita» la autorización a 82 funcionarios públicos para asistir al mismo evento. El dato está errado, pues de las 82 personas, solo 34 son funcionarios públicos, según datos del Ejecutivo.

Alpízar aseguró que todos los ticos estamos regalándole a 82 personas un viaje a España”. Esa afirmación también está equivocada. Primeramente, solo se acreditaron 34 funcionarios públicos. La participación de ocho de esas personas no implicó gastos de viaje, pues correspondía a funcionarios de la Embajada de Costa Rica en España. Para las 26 acreditaciones restantes, 18 de los viajes fueron financiados, total o parcialmente, por entidades financieras, organizaciones no gubernamentales y cooperantes internacionales. Solo ocho corrieron enteramente a cargo del Estado, y otros tres fueron financiados parcialmente con dinero público.

Resumen: El Gobierno de la República sí acreditó 82 personas para asistir a la cumbre internacional sobre cambio climático, COP25, como publicó el Diario Extra en su portada de este lunes.

Sin embargo, el Ejecutivo solo canceló (total o parcialmente) los gastos de 11 de esas personas. Tres diputados hicieron reproches públicos en sus redes sociales que parten de presunciones equivocadas que no estaban presentes en la nota informativa.

Esos diputados fueron el fabricista Ignacio Alpízar, la liberacionista Paola Valladares y el socialcristiano Pedro Muñoz. Este último solo hizo una insinuación, pues publicó «¡Continúa la fiesta!», al compartir la noticia en Twitter.

Valladares calificó como «inaudita» la autorización a 82 funcionarios públicos para asistir al mismo evento. El dato está errado, pues de las 82 personas, solo 34 son funcionarios públicos, según datos del Ejecutivo.

Alpízar aseguró que todos los ticos estamos regalándole a 82 personas un viaje a España”. Esa afirmación también está equivocada.

Solo se acreditaron 34 funcionarios públicos. Únicamente ocho de las participaciones corrieron enteramente a cargo del Estado, y otras tres fueron financiadas parcialmente con dinero público. La participación de otras ocho personas no implicó gastos de viaje, pues correspondía a funcionarios de la Embajada de Costa Rica en España. El resto de los casos fueron financiados, total o parcialmente, por entidades financieras, organizaciones no gubernamentales y cooperantes internacionales.

Las afirmaciones

Tres diputados reaccionaron indignados ante la portada de Diario Extra. El periódico informó que el Gobierno acreditó a 82 personas para asistir a la cumbre internacional sobre cambio climático, COP25.

Ignacio Alpízar, del bloque Nueva República (BINR), afirmó que “todos los ticos estamos regalándole a 82 personas un viaje a España”.

El PAC armó su paseo de fin de año con su dinero y el mío ¿Dónde quedó el discurso de la contención del gasto? Todo…

Publicado por Ignacio Alpízar – Diputado en Lunes, 9 de diciembre de 2019

Paola Valladares, del Partido Liberación Nacional (PLN), calificó como “inaudito, irresponsable e inmoral” que se use el encuentro en España como un “un “Club de Viajes o el viaje de la Fiesta de la Alegría del Ejecutivo”.

#AMBIENTALISTOSEl COP 25, se convirtió en el viaje de la “Fiesta de la Alegría”Me parece inaudito, irresponsable e…

Publicado por Paola Valladares Diputada 2018 – 2022 en Lunes, 9 de diciembre de 2019

Y Pedro Muñoz, del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), compartió en Twitter la publicación de Diario Extra con un comentario: “¡Continúa la fiesta!” y calificó el viaje como “un relajo”.

De ellos, Valladares además calificó que «no era de recibo que este país haya autorizado a 82 funcionarios públicos a asistir a la COP25 en España».

Las publicaciones de los diputados y la diputada parecen partir de presunciones equivocadas. Los congresistas no tomaron en cuenta que la publicación de Diario Extra fue omisa en varios aspectos. El medio sí informó sobre las 82 acreditaciones; sin embargo, no dijo cuántas personas viajaron desde el país, cuántas participaciones fueron financiadas por el Estado, ni cuántos de los asistentes acreditados eran funcionarios de Gobierno.

Dato por dato

El Poder Ejecutivo explicó a Doble Check que solo pagó totalmente ocho de las 82 participaciones en la COP25.

Ellos fueron el presidente Alvarado; la jefa negociadora alterna para Cambio Climático, Ana Patricia Villalobos; la ministra consejero y cónsul, Giovanna Valverde. Además pagó los gastos de la asesora presidencial Yuliana Ramírez; la asesora de comunicación Noelia Rodríguez; el fotógrafo y productor Ricardo Prado; el funcionario del INA,  Mario Alberto Regidor; y la jefa del departamento de Ambiente y Salud de la Municipalidad de Curridabat, Sofía Pérez.

Además, pagó parcialmente la participación de otros tres funcionarios: la viceministra de Relaciones Exteriores, Lorena Aguilar; la viceministra de Juventud, Margareth Solano; y el jefe de despacho de la vicecanciller, William Calvo.

Otro dato que facilitó el Ejecutivo fue que solo 34 de las 82 personas acreditadas son funcionarios de Gobierno y que, de ellas, ocho ya residen en España como funcionarias de la embajada costarricense en ese país. El resto son representantes de la sociedad civil, miembros del equipo negociador o de la delegación de apoyo.

¿Y qué dijeron los diputados de esto?

Doble Check compartió los datos con los dos diputados y la diputada.

Paola Valladares aclaró que su señalamiento apuntaba al abandono de puestos de trabajo en el país. La diputada opinó que asistieron demasiados jerarcas. Sin embargo, la congresista sí corrigió su publicación en Facebook, en la que inicialmente decía que todos los participantes eran funcionarios del Ejecutivo.

Por su parte, Pedro Muñoz expresó dudas adicionales con respecto a las fuentes de financiamiento externo para los funcionarios. Ignacio Alpízar no respondió oportunamente.

Este medio pidió al Ejecutivo un desglose total de los financiamientos aportados por entidades internacionales y ONG. Sin embrago, no se recibió la respuesta hasta el cierre de esta nota. La información se actualizará oportunamente.

Nota del editor: Esta información fue editada, pues originalmente se consignaba que el Estado había pagado parcialmente los gastos de cuatro funcionarios, cuando en realidad fueron tres.

 

El discurso de Carlos Alvarado verificado por Doble Check

Verificamos 12 de las afirmaciones del presidente Carlos Alvarado: algunas son falsas, otras son medias verdades, y otras son aciertos. Léalas aquí.

Doble Check verificó las afirmaciones del presidente Carlos Alvarado en su discurso ante la Asamblea Legislativa. Este es el resultado.

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«Según los datos del Banco Central, el déficit primario -indicador que expresa el balance entre ingresos y los gastos del sector público- alcanzó un 3% del PIB en 2017, pero a partir de 2018 ha seguido una trayectoria a la baja, llegando a 2,4% del PIB el año anterior, y se proyecta que bajaría a 2,1% este año y 1,2% el año siguiente».

Chequeo: La afirmación es cierta, pero el presidente omitió una alerta del Banco Central de Costa Rica (BCCR) sobre el aumento en el endeudamiento del Estado.

El déficit primario es un indicador que excluye el gasto en intereses del Gobierno Central, por lo que provee “un mejor indicador del esfuerzo del ajuste fiscal”, según el BCCR. Ese indicador descendió en el último año. El BCCR atribuye la disminución en el déficit primario a medidas de contención del gasto tomadas por el Ministerio de Hacienda a mediados del 2018, así como a los rendimientos de la amnistía tributaria que abrió la ley de reforma fiscal. Además, la institución prevé que “el déficit primario seguiría cayendo” con las magnitudes que cita Alvarado. La información está disponible en el Programa Macroeconómico 2019-2020 del BCCR.

Eso sí, tal proyección depende de la aplicación de medidas que incluyen la reforma fiscal, y supone que, entre el 2019 y el 2020, el Gobierno podrá colocar bonos de deuda en los mercados internacionales hasta por $1.500 millones cada año.

A pesar del resultado positivo en cuanto a déficit primario, el BCCR advierte que la razón de la deuda del Gobierno respecto al Producto Interno Bruto (PIB) pasó de 48,7% en 2017 a 53,6% el año pasado. Con respecto a este tema, el mandatario únicamente expresó su preocupación por los altos intereses que paga el Estado por la deuda.

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«La región (Pacífico Central) presenta una tasa de desempleo con alta concentración en mujeres».

Chequeo: El dato es cierto. El presidente omite mencionar la tendencia creciente de desempleo del Pacífico Central, que hoy reporta un porcentaje de 16,6%.  Hoy, esa tasa de desempleo es la mayor entre todas las regiones.

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«Parte de las mejoras de gestión institucional se enmarcan en el proceso de ingreso de Costa Rica a la OCDE. A hoy el país ha logrado avanzar con la aprobación de 13 comités. El más recientemente aprobado fue el 17 de abril».

Chequeo: El logro es engañoso, pues se presenta el número acumlado. El país sí lleva aprobados 13 comités de ingreso a la OCDE, pero solo uno de ellos (el de Gobernanza Pública) fue logrado en el primer año de la administración Alvarado.

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«En turismo, Costa Rica fue capaz de superar por primera vez los 3 millones de llegadas internacionales en 2018, y el crecimiento de la actividad se ha fortalecido en estos doce meses al lograr 62.000 nuevos asientos a través de 6 líneas aéreas».

Chequeo: Es falso que el crecimiento de las llegadas internacionales se hubieran fortalecido. En realidad, el período 2017-2018 registra la cuarta menor variación en la cantidad de visitas internacionales desde el 2000 (un aumento de 1,92%). La cifra es mucho menor al crecimiento promedio del 6% que el país ha presentado desde el 2000. Es decir, en 15 de los últimos 18 años hemos visto mayores aumentos en la entrada de visitas internacionales.

En los años 2003, 2004, 2005, 2007 y 2016, Costa Rica experimentó aumentos en la cantidad de visitas internacionales superiores al 10%. El crecimiento en el periodo 2017-2018 es de los peores observados: solo superado por el del 2017 (1,18%), 2002 (-1,6%) y 2008 (-8%).

Cabe rescatar que el Instituto Costarricense de Turismo no reporta datos de turistas, sino de llegadas internacionales.

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«Este año, el MEP ha entregado 21 centros educativos nuevos y 81 proyectos de mejora de instalaciones que van desde la construcción de aulas, bibliotecas, pabellones o sustitución de techos. También se creó un sistema de atención de órdenes sanitarias abordando a la fecha 199 de ellas».

Chequeo: El dato es correcto según lo confirma la Dirección de Infraestructura y Equipamiento Educativo (DIEE). Estos proyectos han beneficiado a 31.500 estudiantes y representan una inversión de ¢22.580 millones. Por su parte, las 199 órdenes sanitarias abordadas generaron una inversión de ¢76,2 millones. También, por primera vez, se ha creado un sistema de categorización de órdenes sanitarias para atenderlas de acuerdo a su gravedad.

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«Parar lograr la conectividad que requiere la educación moderna nos hemos comprometido a formar la Red Educativa del Bicentenario. Su objetivo es conectar los 4.659 centros educativos públicos del país y las oficinas del MEP en una única red de banda ancha, mediante fibra óptica de alta velocidad, creando un ambiente digital para la educación. La meta es cumplir este año con la conexión de los primeros 600 centros y antes de concluir el gobierno tener la red completa».

Chequeo: Esta es una proyección y aún no tiene ejecución. Según indicó el Ministerio de Educación a Doble Check, el Ministerio de Ciencia y Tecnología y la Fundación Omar Dengo realizaron la contratación del diseño de la Red Educativa del Bicentenario. Sin embargo, aún no se ha realizado la conexión de ningún centro educativo en el país.

 

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«En 2017, la exclusión en secundaria fue de 7,2% y en primaria de 0,7%. Tras las acciones tomadas durante el último trimestre del curso lectivo 2018, incluso en un contexto de huelga, la exclusión escolar fue de 3,5% en secundaria y 0,2% en primaria, lo cual representa una reducción a la mitad».

Chequeo: La afirmación es cierta según los datos del Ministerio de Educación Pública. Sin embargo, aunque se evidencia una tendencia a la baja, la exclusión en las escuelas nocturnas sigue siendo elevada, pues se ubica en 14,1%, mientras que en los colegios nocturnos alcanza el 13,2%.

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«Luego de estos casi 365 días de dirigir el país, hay tareas pendientes en materia de saneamiento de las finanzas públicas y la eficiencia del Estado, pero podemos decir que Costa Rica fue capaz de estabilizar su economía y lograr mayor confianza y tranquilidad».

Chequeo: La afirmación es discutible. El pesimismo ha retrocedido, pero sigue habiendo mucha desconfianza en la economía. En noviembre pasado, el Índice de Confianza de los Consumidores (ICC) fue de 28,2 puntos (en una escala de cero a 100) y se convirtió en el más bajo encontrado desde el año 2002 (fecha de la primera encuesta). Tres meses después, en febrero del 2019, el ICC evidencia una recuperación, pues aumentó a 34,8 puntos (6,6 puntos de aumento). Este repunte de la confianza, y el nivel alcanzado, significa que los consumidores perciben menos pesimismo hacia la economía nacional, aunque su magnitud todavía está lejos de reflejar optimismo.

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El presidente Carlos Alvarado Quesada afirmó que la desaceleración económica se ha reducido. En realidad, esto es parcialmente cierto. Fotografía: Laura Rodríguez.

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«Los últimos datos del Índice Mensual de Actividad Económica indican que el proceso de desaceleración que afectó a la economía en el segundo semestre del 2018 se ha detenido, mostrando una leve recuperación en la actividad económica».

Chequeo: Esta afirmación es parcialmente correcta. Al analizar el nivel de actividad económica vista por la tasa de crecimiento interanual del (IMAE) por industria al mes de enero, se observa que efectivamente en los últimos dos meses del año las tasas de aceleración del indicador han sido positivas, sin embargo únicamente en el sector financiero registra una mejoría considerable con respecto a los doce meses anteriores; no obstante la gran mayoría de los sectores de la economía registran al mes de enero tasas de crecimiento interanuales inferiores al 3%.

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«En materia de homicidios, Costa Rica logró bajar la tasa en 2018 con relación al año 2017. La reducción que inició en junio anterior nos llevó a cerrar el año 2018 con una tasa de homicidios de 11,7 por cada 100.000 habitantes, frente a 12,1 en el año anterior, quebrando una tendencia al alza que venía desde el año 2014. En el presente año continúa la tendencia a la baja, al 29 de abril tenemos 44 homicidios menos que en el mismo periodo del año anterior».

Chequeo: La afirmación es cierta. La tasa registrada en el 2018 es de 11,7 por cada 100.000 habitantes. Eso sí, el logro significa regresar a una tasa similar a la de 2015 (11,5) o 2016 (11,8), la cual es calificada como violencia endémica por la Organización Mundial de la Salud (con niveles superiores a 10 homicidios por cada 100.000 habitantes).

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«En cuanto a los delitos contra la propiedad, mientras que en el primer trimestre del 2018 se registraron 14.729 denuncias, en el mismo periodo de 2019 se tenían 13.526, lo que implica en una disminución de 8,2% en delitos tales como hurtos, tacha de vehículos, asaltos y robos a viviendas».

Chequeo: La información es cierta, pero esconde un número negativo. El presidente agrupa los datos de los delitos contra la propiedad. Ello oculta que la tasa de asaltos viene en aumento. Doble Check estimó la tasa de asaltos, hurtos y robos por cada 100.000 habitantes acumulada de mayo a abril, y encontró una tendencia al alza en la cantidad de asaltos.

Entre mayo de 2017 y abril de 2018 la tasa de asaltos era de 629. Entre mayo de 2018 y abril de 2019 subió a 660.

El investigador del Centro de Investigación y Estudios Políticos de la UCR, Jesús Guzmán, pone en contexto: «En cuanto a los delitos, las estadísticas del Poder Judicial indican que en el primer trimestre de 2018 (01 de enero al 31 de marzo) ocurrieron 14.607 delitos contra la propiedad (robo, hurto, tacha de vehículos, asalto y robo de vehículos) y en el primer trimestre 13.729 delitos contra la propiedad. Esto implica una reducción de 878 delitos, es decir un 6.01% menos entre ambos periodos».

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