Cierto: Costa Rica no cuenta con suficientes datos públicos para medir la riqueza

En resumen: El Instituto de Investigaciones Sociales (ISS) fue blanco de varias refutaciones. Uno de sus estudios en proceso usó una revista de negocios centroamericana como fuente para calcular la magnitud de las mayores fortunas de Costa Rica. La fuente era falaz y el instituto replicó sus datos sin fundamento.

¿Hay otras formas de acercarnos a los estratos más altos de prosperidad en el país?

La estadística es una forma de aproximación, pero se queda corta. El INEC nos dice que el ingreso promedio mensual del 10% de los hogares más ricos del país es de unos ₡2,4 millones. ¿A cuánto corresponde el ingreso del 0,1% más rico? ¿A dos veces esa cifra? ¿A cien veces? Eso no lo sabemos porque es un estrato que suele escapar al alcance de las encuestas.

¿Qué hay de los aportes a la Caja Costarricense del Seguro Social? Ellos solo indican ingresos formales, y solo son accesibles para salarios públicos. Otro acercamiento podría venir de las declaraciones de impuestos, pero la ley protege su confidencialidad. Otra vía: si supiéramos quiénes son los beneficiarios finales de las empresas más rentables del país también podríamos tener un acceso indirecto a la magnitud de la acumulación de capital. Esa información tampoco está disponible públicamente.

La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) se ha referido al asunto. La organización ha dicho que los pocos datos privados en manos del Estado aún son insuficientes para conocer los volúmenes de la riqueza en el país. También señala que Costa Rica todavía necesita mejoras en las herramientas que permitan identificar quiénes controlan el capital de las personas jurídicas.

El Estado sí tiene una base de datos pormenorizada de los ingresos de cerca de 1,4 millones de hogares en el país, pero no son los hogares más prósperos los que están registrados en el Sinirube. De los hogares más ricos prácticamente no conocemos nada.

En medio de la polémica del IIS, el instituto justificó el uso de la revista de negocios FORBES Centroamérica. Alegó una “opacidad” de otras fuentes de información sobre la acumulación de riqueza en Costa Rica. El instituto se equivocó al confiar en una fuente inadecuada, pero su argumento de fondo es correcto. Costa Rica no tiene suficientes datos públicos para saber cuán ricos son sus ricos.

En resumen: Una investigación en proceso del Instituto de Investigaciones Sociales (ISS) fue blanco de varias refutaciones. El estudio usó una revista de negocios centroamericana como fuente para calcular la magnitud de las mayores fortunas de Costa Rica. La fuente era falaz y el instituto replicó sus datos sin fundamento.

¿Hay otras formas de acercarnos a los estratos más altos de prosperidad en el país?

La estadística es una forma de aproximación, pero se queda corta. El INEC nos dice que el ingreso promedio mensual del 10% de los hogares más ricos del país es de unos ₡2,4 millones. ¿A cuánto corresponde el ingreso del 0,1% más rico? ¿A dos veces esa cifra? ¿A cien veces? Eso no lo sabemos porque es un estrato que suele escapar al alcance de las encuestas.

¿Qué hay de los aportes a la Caja Costarricense del Seguro Social? Ellos solo indican ingresos formales, y solo son accesibles para salarios públicos. Otro acercamiento podría venir de las declaraciones de impuestos, pero la ley protege su confidencialidad. Otra vía: si supiéramos quiénes son los beneficiarios finales de las empresas más rentables del país también podríamos tener un acceso indirecto a la magnitud de la acumulación de capital. Esa información tampoco está disponible públicamente.

La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) se ha referido al asunto. La organización ha dicho que los pocos datos privados en manos del Estado aún son insuficientes para conocer los volúmenes de la riqueza en el país. También señala que Costa Rica todavía necesita mejoras en las herramientas que permitan identificar quiénes controlan el capital de las personas jurídicas.

El Estado sí tiene una base de datos pormenorizada de los ingresos de cerca de 1,4 millones de hogares en el país, pero no son los hogares más prósperos los que están registrados en el Sinirube. De los hogares más ricos prácticamente no conocemos nada.

En medio de la polémica del IIS, el instituto justificó el uso de la revista de negocios FORBES Centroamérica. Alegó una “opacidad” de otras fuentes de información sobre la acumulación de riqueza en Costa Rica. El instituto se equivocó al confiar en una fuente inadecuada, pero su argumento de fondo es correcto. Costa Rica no tiene suficientes datos públicos para saber cuán ricos son sus ricos.

 

¿Qué dijo el ISS con respecto al acceso a datos sobre riqueza?

Un estudio en proceso del IIS fue usado como fuente de varias publicaciones en las que se señalaba el nombre de tres personas como las más adineradas del país. El centro falló al verificar la validez de su fuente original: la revista FORBES Centroamérica. La información no tenía fundamento.

El centro de investigación aseguró en un comunicado que hay “poca o nula información de carácter público sobre la riqueza”. El rector de la Universidad de Costa Rica, Carlos Araya, adujo argumentos similares en una circular.

 

¿Puede el Estado medir la riqueza de una persona?

No es posible medirla con exactitud. Las estimaciones sí pueden ser más certeras cuanto más acceso a información tenga el Estado sobre bienes e ingresos. Así lo expresó el exviceministro de Ingresos, Fernando Rodríguez, aunque apuntó que podría haber limitaciones.

“Por ejemplo, siempre puede haber valores registrados en paraísos fiscales. No es una ciencia exacta”, apuntó.

Costa Rica recibió recomendaciones sobre transparencia fiscal por parte de la OCDE durante más de una década. Su último informe sobre el tema concluyó que el país obtuvo mejoras sustanciales.

Uno de los cambios recientes es el registro centralizado que recopila información sobre los beneficiarios finales del dinero que producen todas las entidades legales. La OCDE aún no revisa su operación. Eso sí, adelantó que tiene varias deficiencias sobre la legalidad del registro y la información disponible en el país.

Doble Check consultó a Zayda Manatta, jefa de la Secretaría del Foro Global de la OCDE sobre Transparencia e Intercambio de Información para propósitos impositivos. Ella resaltó algunas de las deficiencias expresadas en el último informe:

  • La legislación contra el lavado de dinero solamente cubre a las personas frísicas dueñas de acciones. Falla en identificar a los verdaderos dueños o beneficiarios reales del capital de las empresas.
  • La ley contra el fraude fiscal le permite a las entidades legales que no identifiquen a sus dueños legales extranjeros. En su lugar, permite que registren los nombres de sus administradores. En el caso de los fideicomisos, para la OCDE es incierto si esta ley requiere la identificación de cualquier otra persona que ejerza control.

La OCDE también afirmó en su Análisis de la Política Fiscal que la “evasión fiscal en Costa Rica es generalizada. Los ingresos fiscales que se pierden a consecuencia de la evasión fiscal son muy elevados, en particular en el ámbito de las empresas”.

Medidas complementarias

Para el exviceministro Rodríguez, la estructura impositiva en Costa Rica tampoco favorece la identificación de quién está detrás de la riqueza. Más allá del estándar de la OCDE, se necesitaría migrar a un modelo de renta global, indica el economista.

Rodríguez opina que para el Estado no es suficiente contar con información acerca de los accionistas y las sociedades: cualquier persona podría ocultarse detrás de otros sujetos. En su lugar, sugiere que todas las personas físicas reporten sus activos, pasivos e ingresos. Ello permitiría identificar quiénes se benefician de cada bien o capital.

Según el exviceministro, además de ser confidenciales, la declaración de impuestos también son muy escuetas. “Aquí se llena una página, en otros países son nueve o más”.

 

Información accionaria en Costa Rica es confidencial

El registro de accionistas en Costa Rica permitirá al Estado calcular de mejor manera la magnitud de la riqueza personal. Sin embargo, los y las ciudadanas, periodistas, y académicos no tendrán acceso a él.

La publicidad de esta información no es un estándar internacional. Sin embargo, sí hay casos de apertura. Países como como Reino Unido , Bulgaria, Dinamarca o antiguos paraísos fiscales como Luxemburgo, ofrecen información pública y de acceso libre sobre accionistas y beneficiarios finales de las compañías.

Más transparencia, menos corrupción

Una organización como Global Witness impulsa este tipo de conocimiento público. La organización civil internacional argumenta que la información no es solo clave para los ciudadanos, también es vital para los otros gobiernos. La organización dijo a Doble Check por medio de un correo electrónico:

«La transparencia pública y completa acerca de la información de los beneficiarios finales es vital para detener el rol de opacidad entre compañías anónimas involucradas en acciones de lavado de dinero y en corrupción. Desde los Papeles de Panamá hasta otros numerosos escándalos han demostrado cómo los criminales y los corruptos ocultan sus identidades detrás de compañías anónimas para ocultar grandes sumas de riqueza ilegal alrededor del mundo».

El sistema financiero permite con facilidad crear capas de compañías de papel que cruzan fronteras y jurisdicciones. Eso, indica la organización, hace imposible saber quién está detrás del dinero.

«Si logramos sacar esta información de las sombras, el público, los medios de comunicación, la sociedad civil –así como los gobiernos– podremos seguir el dinero y llamar a esas organizaciones a rendir cuentas», indicó la organización a Doble Check.

Ya otras organizaciones han llamado la atención sobre este tema. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos subrayaba en marzo de 2018  que la falta de transparencia facilita la corrupción e impide el control ciudadano. La entidad  recomendaba a los Estados «establecer obligaciones de transparencia activa» en relación con «la identidad de las personas jurídicas y naturales involucradas en la gestión de empresas del sector privado«. El caso Claude Reyes vs otros en Chile de la Corte Interamericana de Derechos Humanos también aborda este problema.

Los estándares de la OCDE no requieren que la información sobre empresas sea accesible al público. Eso sí, la organización tiene claro que los ciudadanos y periodistas pueden contribuir a aumentar la transparencia para asuntos impositivos.

«Permitir al público acceder a alguna información (como los registros acerca de beneficiarios finales sobre empresas o fideicomisos) podría permitir un mayor escrutinio acerca de la precisión de la información (siempre que se provea de datos que se puedan buscar fácilmente y leer desde computadoras sin ningún costo). El acceso abierto a esta información atraerá la atención de académicos, organizaciones civiles y periodistas», sugiere Zayda Manatta, jefa de la Secretaría del Foro Global de la OCDE.

Ese escrutinio puede contribuir a una identificación más activa de los datos inadecuados, dijo Manatta. También permitiría una detección más efectiva de la evasión de impuestos o el lavado de dinero. «En la Unión Europea, los Estados Miembros han decidido dar público acceso a los registros de beneficiarios finales para evitar el lavado de dinero (recital n°30 de la 5th European AML Directive -n°2018/843-)», ejemplifica la experta.  La transparencia de esta información podría tener un costo deseable en la reputación de personas relacionadas con empresas vinculadas al lavado de dinero o el financiamiento del terrorismo.

«Todas esas ventajas deben de pesarse contra el riesgo que algunos beneficiarios finales puedan percibir ante una mayor disponibilidad de la información. Estas personas podrían preferir que no exista tanta información disponible, o tratarían de cambiar su involucramiento a través de estructuras mucho más complejas», dijo.

 

¿A cuál información sí tenemos acceso?

Un ciudadano, periodista o investigador en Costa Rica no puede acceder a la lista de accionistas de una empresa. Mucho menos a sus beneficiarios finales. La única información parcialmente pública está relacionada con las juntas directivas de las compañías. ¿Qué otra información existe?

Encuestas

Hay acceso público a los datos recolectados por el Instituto de Estadística y Censos en la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares, por ejemplo. Con ellos se puede medir el nivel de desigualdad del país. Esa información tiene varias limitaciones: en primer lugar, es  anónima.

Además, un análisis realizado por la Cepal señala un posible sesgo en los datos por la improbabilidad de que los percentiles de hogares más ricos sean seleccionados en una muestra aleatoria. También indican su propensión a rechazar la encuesta y la posibilidad de subregistro en las declaraciones. Ese subregistro podría llevar a subestimaciones en los cálculos sobre la desigualdad.

La Cepal recomienda el uso combinado de la encuesta con datos tributarios obtenidos de las autoridades fiscales. Este método combinado ayudaría a obtener mediciones más precisas sobre la desigualdad y la distribución del ingreso en los hogares más ricos de cada país. Por esta razón, la comisión aconseja a los gobiernos la divulgación de esta información.

Estados financieros

Las empresas que cotizan en la bolsa de valores deben publicar sus balances anuales. Existe una mayor transparencia con este tipo de compañías, como Fifco, pero son una minoría dentro del parque empresarial del país. Se trata de apenas 58 empresas, incluidas entidades estatales.

Esta información también es limitada a la hora de medir riquezas particulares porque los datos públicos no están asociados a los accionistas. Los beneficiarios, además, posiblemente puedan tener inversiones, ingresos o capital de otras fuentes.

Eduardo Rojas, exgerente de negocios del INS Valores Puesto de Bolsa y docente de administración pública en la UCR, agregó otras limitaciones. Por ejemplo, el mercado costarricense no funciona con la misma agresividad que en los países de renta alta. Esos países obtienen una mayor cantidad información financiera de las empresas que participan en la bolsa.

 

¿Favorece el sistema impositivo a los más ricos?

Es difícil responder a esa pregunta tajantemente, pero hay algunas pistas.

Por ejemplo, la OCDE también ha señalado que el sistema impositivo de Costa Rica no favorece a la redistribución de la riqueza. La revisión de políticas tributarias que la organización hizo a Costa Rica en el 2017 concluyó que “el Impuesto de Renta a Personas Físicas no contribuye a reducir la desigualdad entre los ingresos. Aun cuando este impuesto está diseñado como progresivo, en la práctica eleva muy poco los ingresos con influencia en la distribución de los ingresos”.

El principal problema es que la recaudación por renta a personas físicas es baja en comparación con el resto de países de la organización.

El impuesto máximo con el que se gravan las rentas altas (mayores a ₡1,2 millones) es de un 15% en Costa Rica. En el resto de la OCDE es de 43,6% en promedio. En Suecia, por ejemplo, llega a un extremo de 57%.

“(Esa) limitada recaudación que se obtiene es uno de los factores que explican la diferencia tan pequeña entre los coeficientes de Gini antes y después de impuestos y transferencias en Costa Rica, en comparación con otros países”, dice la organización.

Irlanda o Finlandia, por ejemplo, reducen la desigualdad a casi la mitad después de aplicar impuestos y prestaciones. Costa Rica logra efectos mínimos (de apenas un 3,8%), tras hacer lo mismo.

Nota del editor: Doble Check es un proyecto financiado por la Universidad de Costa Rica. El Instituto de Investigaciones Sociales también pertenece a esta casa de enseñanza. La información en esta nota se trabajó con independencia de esta relación, pero se considera necesario transparentar un conflicto de interés de cara a nuestra audiencia.

Fifco corrigió al Instituto de Investigaciones Sociales, pero su refutación requiere precisiones

En resumen: La empresa Florida Ice and Farm Company (Fifco) tiene la razón cuando afirma que sus ingresos anuales no pueden atribuirse a su representante legal. Sus argumentos también son convincentes cuando explica por qué aparece –al igual que varias subsidiarias– en una lista publicada en el 2018 que agrupaba grandes contribuyentes que reportaron cero ganancias a Hacienda. También es correcta su afirmación de que sus empresas operativas pagan impuestos.

La respuesta de la empresa surgió ante un reportaje televisivo de Desde la U, transmitido por Canal UCR. La nota periodística usó como fuente una investigación en proceso del Instituto de Investigaciones Sociales (IIS) de la UCR.

Puede consultar el chequeo a esos errores aquí.

La refutación de Fifco es correcta en sus puntos principales, pero la compañía también incurre en algunas imprecisiones.

  • El monto de pago de impuestos divulgado por Fifco es impreciso. Tres cuartos de la cifra publicitada son impuestos pagados por sus consumidores.
  • La empresa dice que el sector empresarial del país es responsable de prácticamente nueve de cada diez empleos en Costa Rica. El dato tiene una base cierta, pero la generalización oculta que cuatro de esos empleos pertenecen al sector informal de la economía.
  • Es falso que cualquier ciudadano pueda llamar a la central telefónica de Hacienda para pedir la información tributaria de Fifco. Tampoco puede hacerlo con cualquier otra empresa, pues es información confidencial.

En resumen: La empresa Florida Ice and Farm Company (Fifco) tiene la razón cuando afirma que sus ingresos anuales no pueden atribuirse a su representante legal. Sus argumentos también son convincentes cuando explica por qué aparece –al igual que varias subsidiarias– en una lista publicada en el 2018 que agrupaba grandes contribuyentes que reportaron cero ganancias a Hacienda. También es correcta su afirmación de que sus empresas operativas pagan impuestos.

La respuesta de la empresa surgió ante un reportaje televisivo de Desde la U, transmitido por Canal UCR. La nota periodística usó como fuente una investigación en proceso del Instituto de Investigaciones Sociales (IIS) de la UCR.

Puede consultar ese chequeo aquí.

La refutación de Fifco es correcta en sus puntos principales, pero la compañía también incurre en algunas imprecisiones.

  • El monto de pago de impuestos divulgado por Fifco es impreciso. Tres cuartos de la cifra publicitada son impuestos pagados por sus consumidores.
  • La empresa dice que el sector empresarial del país es responsable de prácticamente nueve de cada diez empleos en Costa Rica. El dato tiene una base cierta, pero la generalización oculta que cuatro de esos empleos pertenecen al sector informal de la economía.
  • Es falso que cualquier ciudadano pueda llamar a la central telefónica de Hacienda para pedir la información tributaria de Fifco. Tampoco puede hacerlo con cualquier otra empresa, pues es información confidencial.

La empresa pone en controversia algunos de estos hallazgos. Aduce que el monto de impuestos que divulgó es exacto y preciso. También destaca que igualmente su información tributaria puede accederse en sus estados financieros publicados.

¿Cuánto paga Fifco de su propio bolsillo por impuestos?

La directora de relaciones corporativas de Fifco, Gisela Sánchez, informó:

“Si ustedes consultan las declaraciones de renta de las empresas operativas de Fifco entre el 2008 y el 2018, que es el período que señala el estudio no publicado, pueden comprobar que las empresas del grupo pagaron ₡245.000 millones en impuestos, es decir, más de $450 millones pagados en impuestos solo en impuesto sobre la renta, y en total, $2.076 millones”.

Doble Check no encuentra controversia con el dato sobre el impuesto sobre la renta. De hecho, el monto sería mayor si se trajera a valor real a colones actuales según la suma de los montos reportados para cada año. El monto llegaría a ₡278.000 millones.

El problema viene cuando Fifco afirma que pagó, en total, $2.076 millones en impuestos. Esa cifra incluye, en su mayor parte, impuestos que los consumidores de Fifco pagaron a Hacienda, no la propia empresa. La compañía solo fue intermediaria.

Los tributos que la empresa únicamente recaudó son el selectivo de consumo, los específicos a bebidas alcohólicas y no alcohólicas, el impuesto de ventas (ahora al valor agregado), el impuesto al Inder y al Imas. En total, los impuestos que pagaron los consumidores de los productos de Fifco llegaron a los $1.554 millones. Esto representa tres cuartas partes del monto que la empresa publicitó como pagado por ella.

Esta fue una controversia que Doble Check había tratado a finales del 2018. En ese momento, la vocera Gisela Sánchez manifestó que la empresa consideró importante destacar no solo su papel como contribuyente directa, sino como recaudadora, dado el gran volumen de impuestos que canaliza hacia Hacienda.

Tras consultarla para esta verificación, la empresa defiende la precisión de sus cifras. «El desglose de los pagos de impuestos que hacemos, está disponible en nuestros Estados Financieros públicos y auditados en www.fifco.com. En otras ocasiones, hemos aclarado que parte de este monto incluye impuestos retenidos. Es muy valioso reseñar que en el monto total pagado se incluyan y paguen todos los impuestos que corresponden conforme a la ley, lo cual hacemos al 100%, independientemente de si se actúa o no como agente retenedor».

 

¿Cuántos empleados aporta el sector empresarial?

Fifco dice que prácticamente nueve de cada diez empleados trabajan para la empresa privada. El dato es cierto, pero su falta de contexto puede inducir a error.

Es correcto que la mayoría de los empleos se generan en el sector privado. Para el primer trimestre del 2020, un 86% de los trabajadores en Costa Rica pertenecía al sector privado.  Ante una consulta de Doble Check, la empresa refirió a la Encuesta Continua de Empleo del segundo semestre del 2019. El porcentaje es de 83% para el II Trimestre del 2020.

Los tipos de empleo que produce el sector privado son muy disímiles. La mayoría no son generados por empresas como FIFCO.

En primer lugar, no todos los empleos del país son formales. Un 40% son informales. Todos ellos están en el sector privado. Se trata de personas sin seguridad social financiada por su empleador, personas a las que solo se les paga en especie, ayudantes o auxiliares no remunerados, trabajadores independientes, etc.

En segundo lugar, una minoría de los empleos del país proviene de medianas y grandes empresas del sector privado. Las compañías de más de 30 personas que brindan empleos formales representan un 26,7% de los empleos generados en el país.  Eso sí, el porcentaje es significativo: más alto que el 16,7% que genera el sector público.

En resumen, la afirmación de FIFCO es cierta pero debe contextualizarse. El sector privado genera la mayoría de los empleos de Costa Rica, pero casi la mitad de esos trabajos son informales. Dentro de los empleos formales, una buena parte (un 38% de los empleos formales del sector privado) son generados por empresas de menos de 30 personas.

Uno de los grandes grupos de empleo es el sector informal. Cuatro de cada diez empleos en el país son informales. La mayoría de ellos está relacionada con agricultura o ganadería (18% de los empleos informales), comercio (18%), trabajos domésticos (11%) o transporte y almacenamiento (9,5%).

La mayoría de empleos informales en el país existe en organizaciones pequeñas de una a tres personas. Eso sí, hay casi un 4% del empleo informal que se genera en organizaciones o empresas de 30 o más personas. La mayoría de estas empresas se dedica a la agricultura, la ganadería, la silvicultura o la pesca.

Ante la comunicación de estos hallazgos, Fifco omitió referirse específicamente al tema de la informalidad dentro de la cifra publicitada. La empresa repitió su intención de proteger la imagen del sector privado ante lo que describió como «ataques sin fundamento».

 

¿Es posible obtener información tributaria de las empresas?

No, o al menos es muy difícil, a pesar de lo afirmado por Fifco.

La vocera de la empresa dijo:

“¿Cuál es la primera falsedad? Decir que Fifco no paga impuestos. ¡Por supuesto que pagamos impuestos! Con solo llamar al Ministerio de Hacienda es posible que usted pueda comprobar lo que estamos diciendo”.

El IIS nunca afirma categóricamente que Fifco no paga impuestos. Eso sí, la nota de Desde la U parace insinuarlo al traer a colación la aparición de empresas del grupo en una lista de grandes contribuyentes que reportaron cero ganancias y que se publicó en el 2018. También mencionó que la empresa aprovechó la amnistía tributaria del 2018-2019. La insinuación no tiene fundamento.

Sí es posible acceder a los montos reportados por pago y recaudación de impuestos de Fifco a través de sus estados financieros que están publicados en su sitio web. La compañía debe hacer públicos estos informes contables por ser una empresa de capital abierto que cotiza en la bolsa de valores. Es falso que la ciudadanía pueda acceder a sus declaraciones de impuestos si las pidiera al Estado. Tampoco puede acceder a esta información en la gran mayoría de los casos de las empresas del país, pues sus estados financieros no son públicos.

Fifco publica en pantalla el número de la central del Ministerio de Hacienda para hacer consultas, pero la misma institución confirmó a Doble Check que tiene prohibido compartir esos datos por el Código de Normas y Procedimientos Tributarios. Su artículo 117 reza:

“Las informaciones que la Administración Tributaria obtenga de los contribuyentes, responsables y terceros, por cualquier medio, tienen carácter confidencial; y sus funcionarios y empleados no pueden divulgar en forma alguna la cuantía u origen de las rentas, ni ningún otro dato que figure en las declaraciones, ni deben permitir que estas o sus copias, libros o documentos, que contengan extractos o referencia de ellas sean vistos por otras personas que las encargadas en la Administración de velar por el cumplimiento de las disposiciones legales reguladoras de los tributos a su cargo”.

Ese es el motivo por el que la divulgación de este tipo de datos confidenciales ha debido pasar por la Sala Constitucional. La lista de los grandes contribuyentes salió a la luz por un recurso de amparo impulsado por la organización Territorios Seguros. El diputado José María Villalta también ganó un recurso para conocer el detalle de las empresas que se acogieron a la amnistía tributaria del 2018-2019.

La ciudadanía puede acceder a información sobre cuánto recaudó el Estado por impuesto sobre la renta o por el selectivo de consumo, por ejemplos. No puede conocer cuánto pagó una empresa por esos rubros sin intentarlo por vías judiciales.

En su respuesta ante este chequeo, Fifco también refirió a estas resoluciones desde la Sala Constitucional. También volvió a recordar que sus estados financieros son públicos en su sitio web. Su respuesta omitió referirse explícitamente a su aseveración incorrecta de que «con solo llamar al Ministerio de Hacienda es posible que usted pueda comprobar lo que estamos diciendo».

Nota del editor: Doble Check es un proyecto financiado por la Universidad de Costa Rica. El Instituto de Investigaciones Sociales también pertenece a esta casa de enseñanza. La información en esta nota se trabajó con independencia de esta relación, pero se considera necesario transparentar un conflicto de interés de cara a nuestra audiencia.

Publicación en redes del IIS-UCR adelantó datos incorrectos para señalar a personas más ricas del país

En resumen: Dos investigadores del Instituto de Investigaciones Sociales de la UCR se basaron en la revista FORBES Centroamérica para señalar la fortuna de las que supuestamente son las tres personas más ricas en Costa Rica. Esa fuente de información fue falaz.

El dato replicado por los académicos Lorenzo Ramírez y Francisco Robles no corresponde a fortunas personales en ninguno de los casos. Así lo confirmó FORBES Centroamérica a Doble Check.

Los investigadores asumieron incorrectamente que FORBES Centroamérica muestra datos equivalentes a los de la versión estadounidense de la publicación. Esta versión sí suele emplearse como una fuente secundaria en publicaciones sobre riqueza e inequidad.

Los estándares de investigación periodística entre FORBES y FORBES Centroamérica son distintos. FORBES (en su versión original) sí pretende mostrar las fortunas netas de las personas más ricas del planeta. FORBES Centroamérica muestra capitales e ingresos empresariales de algunas de las compañías más grandes de la región. Su listado es falaz al personalizar la lista y presentarla  como “Los empresarios más ricos de la región”.

Los investigadores no verificaron la manera en que FORBES Centroamérica llegó a sus estimaciones y replicaron cifras engañosas. Ellos están en lo correcto cuando señalan la escasez de fuentes para conocer el volumen de las mayores fortunas en Costa Rica. No hay una fuente pública disponible que permita confirmar o refutar que las personas señaladas por el ISS sean las más ricas del país.

En resumen: Dos investigadores del Instituto de Investigaciones Sociales de la UCR se basaron en la revista FORBES Centroamérica para señalar la fortuna de las que supuestamente son las tres personas más ricas en Costa Rica. Esa fuente de información fue falaz.

El dato replicado por los académicos Lorenzo Ramírez y Francisco Robles no corresponde a fortunas personales en ninguno de los casos. Así lo confirmó FORBES Centroamérica a Doble Check.

Los investigadores asumieron incorrectamente que FORBES Centroamérica muestra datos equivalentes a los de la versión estadounidense de la publicación. Esta versión sí suele emplearse como una fuente secundaria en publicaciones sobre riqueza e inequidad.

Los estándares de investigación periodística entre FORBES y FORBES Centroamérica son distintos. FORBES (en su versión original) sí pretende mostrar las fortunas netas de las personas más ricas del planeta. FORBES Centroamérica muestra capitales e ingresos empresariales de algunas de las compañías más grandes de la región. Su listado es falaz al personalizar la lista y presentarla  como “Los empresarios más ricos de la región”.

Los investigadores no verificaron la manera en que FORBES Centroamérica llegó a sus estimaciones y replicaron cifras engañosas. Ellos están en lo correcto cuando señalan la escasez de fuentes para conocer el volumen de las mayores fortunas en Costa Rica. No hay una fuente pública disponible que permita confirmar o refutar que las personas señaladas por el IIS sean las más ricas del país.

¿Cuál fue la polémica?

La controversia surgió de una investigación en proceso de dos académicos del Instituto de Investigaciones Sociales de la UCR. Sus hallazgos preliminares se usaron como una base para una publicación en redes.

El IIS usó datos del INEC y de la revista FORBES Centroamérica para sustentar esta afirmación. Esta última fuente fue inadecuada.

Los avances de esa investigación inconclusa también se divulgaron en Semanario Universidad y en un video del programa Desde la U.

En los reportajes, los académicos señalaron a Rodolfo Jiménez Borbón, a Carlos Cerdas y a Steve Aronson como las personas más ricas en el país. Así aparecen en la lista de FORBES Centroamérica del 2019.

Las publicaciones pretendían demostrar la brecha de desigualdad en el país. El mismo instituto comparó los montos sumados de las fortunas publicadas en la revista con los ingresos de las personas de menores ingresos en el país, según datos del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC).

La publicación de Desde la U provocó una respuesta en video de la empresa Florida Ice and Farm Company (Fifco), cuyo representante legal es Jiménez. Entre otras afirmaciones, el video refutó que Jiménez fuera el dueño del capital de la empresa. Doble Check contactó a Fifco para aclarar información adicional y para informarle sobre algunas precisiones a su mensaje que son abordadas en otro chequeo.

Aronson también reaccionó. El empresario declaró en una carta al rector de la UCR, Carlos Araya, que desde el 2009 está desvinculado del Grupo Britt, la empresa listada en FORBES Centroamérica. Doble Check conversó con Aronson, y el empresario afirmó que tampoco había tenido noticia de la publicación de la revista regional.

El Consejo Científico del IIS reaccionó con una respuesta pública ante la refutación de Fifco. El texto insistió en la validez de las fuentes consultadas. El IIS llamó la atención a que la COVID-19 ha incrementado las brechas económicas en el país, lo que requiere generar nuevas propuestas fiscales. También explica que su intención fue “contribuir al debate público y transparente sobre la desigualdad social, la distribución del ingreso y la justicia tributaria”.

¿Cuál fue el error?

Los investigadores  no verificaron los datos de una publicación que terminó siendo engañosa. FORBES Centroamérica publicó “Los empresarios más ricos de la región 2019” en mayo de ese año.

La revista informó a Doble Check de que usó los estados financieros de Fifco S. A. para referirse a la fortuna de Jiménez. Para Cerdas, se basó en una publicación de la calificadora Fitch Ratings de febrero del 2019 para la Constructora MECO. Una proyección de ventas para el Grupo Britt publicada en una nota de prensa de El País, de España, se usó para el dato de Aronson.

Estos datos son engañosos porque solo hablan sobre el rendimiento empresarial. Las fortunas de las personas señaladas son desconocidas. La revista regional también comete un error –y los académicos del IIS lo secundan– al señalar a Steve Aronson como propietario de la empresa Britt.

Los ingresos de las empresas están asignados a los empresarios por FORBES Centroamérica incluso antes de deducir los costos de ventas y los impuestos.

Doble Check se comunicó con el editor de la publicación Hugo Salvatierra, quien no era editor para la publicación del 2019. Él remitió una respuesta del periodista que hizo la recopilación de ese año. El reportero dijo que la información quedaba clara en la ficha metodológica de la revista. Afirma que las cifras corresponden a las ganancias y activos de las empresas de las personas listadas:

“No quiere decir que ese dinero sea de ellos como tal”.

La explicación impresa en la revista no incluye esa aclaración. Por el contrario, la contradice:

“El listado (…) fue elaborado con la información de sus empresas y negocios disponible en medios impresos, electrónicos y digitales, así como los informes anuales de FORBES de 2017 y 2018. El listado agrupa a los empresarios más importantes de la zona, ordenados de acuerdo con sus activos, ingresos e inversiones más recientes”.

FORBES ≠ FORBES Centroamérica

FORBES Centroamérica es una publicación editada por la empresa mexicana Media Business Generators. La revista opera a través de un acuerdo de licencia con FORBES Media LLC.

Ambas publicaciones parecen tener criterios distintos en rigurosidad. La publicación original de FORBES, de Estados Unidos, sí pretende acercarse a la fortuna neta y personal de los millonarios listados en sus publicaciones.

Doble Check trató de comunicarse infructuosamente con FORBES. La revista bosqueja su método de recopilación de información en una nota aclaratoria sobre su lista de las personas más ricas en Estados Unidos en el 2019.

“Cuando nos es posible nos reunimos en persona con miembros y candidatos de FORBES 400, o hablamos con ellos por teléfono. También entrevistamos a sus empleados, administradores, rivales, pares y abogados”, dice la publicación.

La revista afirma que usa documentos bursátiles, registros judiciales, registros de sucesiones y artículos de prensa. Agrupa distintos tipos de propiedades: acciones, tierra, arte, yates, aviones, joyería, colecciones de automóviles, etc. También restan las deudas y las donaciones.

En contraste, FORBES Centroamérica trabajó con estándares más simples. Para los casos de la región, la revista únicamente se fijó en la información disponible de grandes empresas. Por ejemplo, le adjudicó a Rodolfo Jiménez ingresos por $1.160 millones, cuando esta cifra corresponde a las ventas totales de Fifco antes de costos y de impuestos, según sus estados financieros del 2018.

El Consejo Científico del IIS había defendido el uso de su fuente original en una carta publicada tras la refutación de Fifco.  “FORBES Centroamérica realiza sus cálculos con base al valor de las ventas de las empresas o de sus inversiones. En su reporte global FORBES Centroamérica por ejemplo, calcula los ingresos de Jeff Bezos o Bill Gates, en parte según valor de mercado de Amazon o Microsoft”.

Los ejemplos señalados, contrario a su intención, señalan las diferencias en la precisión de los datos usados entre el reporte regional y la revista estadounidense.

Sigamos el ejemplo. FORBES calculó que la fortuna neta de Jeff Bezos (el empresario más rico del mundo) ascendía a $114.000 millones en el 2019. Si la revista estadounidense hubiera reportado su cálculo como FORBES Centroamérica, habría podido asignarle a Bezos un ingreso anual de $280.520 millones, que fue el monto por las ventas totales de la empresa Amazon durante ese año.

Investigadores responden

Doble Check compartió sus hallazgos con los investigadores a cargo del estudio: Francisco Robles y Lorenzo Ramírez. Los académicos explicaron que confiaron en la explicación metodológica ofrecida por la revista regional. También se fiaron en la publicación debido a que FORBES Centroamérica ha divulgado estos escalafones desde el 2014, y no habían tenido noticia de que sus cálculos hubieran sido refutados.

Robles recalcó que su intención nunca fue dañar la reputación de empresas o personas. Ramírez concedió que su error pudo haber sido publicar un dato de una investigación inconclusa. Según el investigador, el dato de Forbes podrá terminar con una importancia diluida –o nula– entre muchas otras fuentes de información de un estudio publicado.

Los investigadores hacen un detallado descargo a las críticas en un comunicado. En él advierten que el Instituto no fue responsable de la producción del reportaje que circuló en Desde la U que propició la respuesta de Fifco.

Sobre el video universitario, los investigadores escribieron:

“Algunos detalles de la investigación fueron generalizados y sujetos a imprecisión por parte del medio que los reportó, y luego utilizados para cuestionar el estudio que se encuentra en curso. Además, es importante reconocer las diferencias entre el proceso y el resultado de una investigación, así como entre la investigación y el trato que el medio universitario le dio a la información”.

Desde la U es una producción periodística de la Oficina de Divulgación e Información (ODI) de la UCR. La directora de la oficina, Gabriela Mayorga, dijo a Doble Check que «todo producto de comunicación que produce la ODI tiene el respaldo de la unidad académica para la que se elabora, y este caso no fue la excepción».

La directora del informativo, María Peña, coincidió con Mayorga. Desde la U es un programa noticioso de divulgación del quehacer de la UCR y, en este caso, Peña destacó el interés público del tema abordado por el IIS. «El trabajo que se realiza desde la ODI es de divulgación sobre el quehacer de la institución en sus múltiples áreas, no hacemos reporteo adicional, ni investigación independiente», dijo Peña.

Al margen de esta disputa institucional, Robles y Ramírez expresaron su frustración por la falta de datos disponibles para conocer la magnitud de la riqueza del 1% de las personas más ricas del país. Por ello abogan por una mayor transparencia de este tipo de datos en el país.

“Ahora nos damos cuenta de que no es un dato exacto, pues lo corregimos y seguimos para adelante, pero el problema de la desigualdad va a seguir ahí”, expresó Robles.

Gran contribuyente, cero ganancias

El reportaje de Desde la U señala el dato de que la empresa Fifco apareció en la lista de 196 grandes contribuyentes que reportaron cero ganancias entre el 2009 y el 2018. También sostiene que la empresa se acogió a la amnistía tributaria del 2019. Los datos son correctos pero carecen de contexto.

Primero, hablemos de la lista de grandes contribuyentes. Cuando se publicó la lista en diciembre del 2018, varias fuentes insinuaron que aquel era un listado de evasores. La lista no da suficientes elementos para sostener esa acusación.

En el caso de Fifco, la empresa aparecía por ser una empresa controladora (holding company). Algunas subsidiarias aparecían por no haber dado ganancias en algunos períodos. Estas apariciones no indican que todas las empresas del grupo empresarial no hubieran declarado ganancias y pagado impuestos como un todo. La lista omite las subsidiarias del grupo que se consideran grandes contribuyentes y que sí reportaron ingresos y ganancias.

Durante los 10 años que abarca la lista de grandes contribuyentes, la compañía Fifco pagó al fisco, de su propio bolsillo,  ₡278.000 millones.

La lista sí incluía 96 empresas que estaban siendo fiscalizadas, según afirmó Hacienda al momento de divulgarla. El ministerio reclamaba entonces ₡560.000 millones a esas compañías en procesos que estaban en distinto nivel de avance. El nombre de las empresas no se hizo público.

Doble Check había hecho un trabajo sobre este tema cuando se divulgó la lista.

Amnistía

La amnistía que se aprobó como parte de la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas («plan fiscal») en el 2018 reportó ₡207.300 millones al Estado en un período de tres meses.

La ley le permitió a Fifco terminar una disputa con el Estado por pago de impuestos. Cuatro de las empresas del grupo se acogieron a la amnistía, según una lista divulgada por el Ministerio de Hacienda luego de que la Sala Constitucional se lo ordenara.

La compañía pagó una cantidad prácticamente igual a la que el Estado le condonó. Fifco pagó ₡3.275 millones, mientras que el Estado renunció a reclamar ₡3.278 millones en intereses y multas.

Cerca de unas 20.000 empresas se acercaron a Tributación para cancelar los montos adeudados. El detalle completo está disponible aquí.

La amnistía tributaria formó parte del plan fiscal que se discutió duramente en el 2018. La iniciativa levantó críticas de diputados. El plan se aprobó finalmente con una mayoría de 34 legisladores en diciembre de aquel año.

El Ministerio de Hacienda la justificó en su momento como “un mecanismo de recaudación y recuperación de recursos adeudados de manera inmediata, sin costo financiero, que obliga al pago total de la deuda principal,  condona intereses y un porcentaje por sanciones”.

Doble Check también había explicado las formas en que los contribuyentes pueden demorar hasta por diez años los procesos de reclamo de impuestos por parte del Estado.

Costa Rica sí tiene una marcada desigualdad económica

Además de las notas de prensa que usaron al IIS como fuente, el instituto publicó una imagen en redes en donde señaló que “3 ticos ganan lo que 2 millones de ticos ganan juntos”. La afirmación carece de fundamento por lo expresado anteriormente.

Eso sí, el IIS usa datos sin fundamento para señalar un problema que sí es real en el país: la desigualdad en ingresos.

El IIS pretende mostrar las diferencias entre los superricos y el resto de la población. Para ello faltan datos, pero sí es posible conocer la desigualdad entre sectores más amplios. Costa Rica ha sido el único país incapaz de reducir significativamente su desigualdad en los ingresos de sus hogares entre el 2002 y el 2018 entre 15 países de América Latina. Así lo señala la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal).

Para el 2015, el ingreso promedio del 10% más rico del país era 32 veces superior que el del 10% más pobre, según la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). Los países miembros de esa organización mantenían esa diferencia en un promedio de 9,6 veces. Doble Check había reportado esos datos en una verificación anterior.

El alto desempleo y las diferencias salariales son dos de los elementos que señala la OCDE como causas de los altos índices de desigualdad. Por ejemplo, señala particularmente las diferencias salariales entre funcionarios públicos calificados, principalmente en instituciones descentralizadas.

La alta informalidad en el país también es responsable de las asimetrías en los ingresos. Ese indicador ronda el 40% de las personas ocupadas según la última Encuesta Continua de Empleo del INEC.

La Cepal ha señalado que “reducir la desigualdad no es solo un imperativo para el desarrollo social y para la garantía de los derechos de las personas; es también una condición para la sostenibilidad del crecimiento económico”.

Esa comisión ha señalado las ineficiencias producidas por la desigualdad. “Cuanto más elevada es la desigualdad de ingresos, menor es la productividad, lo que cuestiona el postulado, tan común en la teoría económica, de que la desigualdad sería necesaria para estimular el aumento de la productividad y, por ende, el crecimiento económico”.

Nota del editor: Una versión original de esta nota indicaba que el error señalado se había originado en una campaña en redes y no en una publicación individual. Además se editó la nota para consignar los nombres de los investigadores en la entrada del artículo.
Doble Check es un proyecto financiado por la Universidad de Costa Rica. El Instituto de Investigaciones Sociales también pertenece a esta casa de enseñanza. La información en esta nota se trabajó con independencia de esta relación, pero se considera necesario transparentar un conflicto de interés de cara a nuestra audiencia.