Ejecutivo sí acreditó 82 personas para la COP25 (pero solo pagó los gastos de 11)

El Gobierno de la República sí acreditó 82 personas para asistir a la cumbre internacional sobre cambio climático, COP25, como publicó el Diario Extra en su portada de este lunes.

Sin embargo, el Ejecutivo solo canceló (total o parcialmente) los gastos de 11 de esas personas. Tres diputados hicieron reproches públicos en sus redes sociales ante la nota informativa.

Esos diputados fueron el fabricista Ignacio Alpízar, la liberacionista Paola Valladares y el socialcristiano Pedro Muñoz. Este último solo hizo una insinuación, pues publicó «¡Continúa la fiesta!», al compartir la noticia en Twitter.

Valladares calificó como «inaudita» la autorización a 82 funcionarios públicos para asistir al mismo evento. El dato está errado, pues de las 82 personas, solo 34 son funcionarios públicos, según datos del Ejecutivo.

Alpízar aseguró que todos los ticos estamos regalándole a 82 personas un viaje a España”. Esa afirmación también está equivocada. Primeramente, solo se acreditaron 34 funcionarios públicos. La participación de ocho de esas personas no implicó gastos de viaje, pues correspondía a funcionarios de la Embajada de Costa Rica en España. Para las 26 acreditaciones restantes, 18 de los viajes fueron financiados, total o parcialmente, por entidades financieras, organizaciones no gubernamentales y cooperantes internacionales. Solo ocho corrieron enteramente a cargo del Estado, y otros tres fueron financiados parcialmente con dinero público.

Resumen: El Gobierno de la República sí acreditó 82 personas para asistir a la cumbre internacional sobre cambio climático, COP25, como publicó el Diario Extra en su portada de este lunes.

Sin embargo, el Ejecutivo solo canceló (total o parcialmente) los gastos de 11 de esas personas. Tres diputados hicieron reproches públicos en sus redes sociales que parten de presunciones equivocadas que no estaban presentes en la nota informativa.

Esos diputados fueron el fabricista Ignacio Alpízar, la liberacionista Paola Valladares y el socialcristiano Pedro Muñoz. Este último solo hizo una insinuación, pues publicó «¡Continúa la fiesta!», al compartir la noticia en Twitter.

Valladares calificó como «inaudita» la autorización a 82 funcionarios públicos para asistir al mismo evento. El dato está errado, pues de las 82 personas, solo 34 son funcionarios públicos, según datos del Ejecutivo.

Alpízar aseguró que todos los ticos estamos regalándole a 82 personas un viaje a España”. Esa afirmación también está equivocada.

Solo se acreditaron 34 funcionarios públicos. Únicamente ocho de las participaciones corrieron enteramente a cargo del Estado, y otras tres fueron financiadas parcialmente con dinero público. La participación de otras ocho personas no implicó gastos de viaje, pues correspondía a funcionarios de la Embajada de Costa Rica en España. El resto de los casos fueron financiados, total o parcialmente, por entidades financieras, organizaciones no gubernamentales y cooperantes internacionales.

Las afirmaciones

Tres diputados reaccionaron indignados ante la portada de Diario Extra. El periódico informó que el Gobierno acreditó a 82 personas para asistir a la cumbre internacional sobre cambio climático, COP25.

Ignacio Alpízar, del bloque Nueva República (BINR), afirmó que “todos los ticos estamos regalándole a 82 personas un viaje a España”.

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Publicado por Ignacio Alpízar – Diputado en Lunes, 9 de diciembre de 2019

Paola Valladares, del Partido Liberación Nacional (PLN), calificó como “inaudito, irresponsable e inmoral” que se use el encuentro en España como un “un “Club de Viajes o el viaje de la Fiesta de la Alegría del Ejecutivo”.

#AMBIENTALISTOSEl COP 25, se convirtió en el viaje de la “Fiesta de la Alegría”Me parece inaudito, irresponsable e…

Publicado por Paola Valladares Diputada 2018 – 2022 en Lunes, 9 de diciembre de 2019

Y Pedro Muñoz, del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), compartió en Twitter la publicación de Diario Extra con un comentario: “¡Continúa la fiesta!” y calificó el viaje como “un relajo”.

De ellos, Valladares además calificó que «no era de recibo que este país haya autorizado a 82 funcionarios públicos a asistir a la COP25 en España».

Las publicaciones de los diputados y la diputada parecen partir de presunciones equivocadas. Los congresistas no tomaron en cuenta que la publicación de Diario Extra fue omisa en varios aspectos. El medio sí informó sobre las 82 acreditaciones; sin embargo, no dijo cuántas personas viajaron desde el país, cuántas participaciones fueron financiadas por el Estado, ni cuántos de los asistentes acreditados eran funcionarios de Gobierno.

Dato por dato

El Poder Ejecutivo explicó a Doble Check que solo pagó totalmente ocho de las 82 participaciones en la COP25.

Ellos fueron el presidente Alvarado; la jefa negociadora alterna para Cambio Climático, Ana Patricia Villalobos; la ministra consejero y cónsul, Giovanna Valverde. Además pagó los gastos de la asesora presidencial Yuliana Ramírez; la asesora de comunicación Noelia Rodríguez; el fotógrafo y productor Ricardo Prado; el funcionario del INA,  Mario Alberto Regidor; y la jefa del departamento de Ambiente y Salud de la Municipalidad de Curridabat, Sofía Pérez.

Además, pagó parcialmente la participación de otros tres funcionarios: la viceministra de Relaciones Exteriores, Lorena Aguilar; la viceministra de Juventud, Margareth Solano; y el jefe de despacho de la vicecanciller, William Calvo.

Otro dato que facilitó el Ejecutivo fue que solo 34 de las 82 personas acreditadas son funcionarios de Gobierno y que, de ellas, ocho ya residen en España como funcionarias de la embajada costarricense en ese país. El resto son representantes de la sociedad civil, miembros del equipo negociador o de la delegación de apoyo.

¿Y qué dijeron los diputados de esto?

Doble Check compartió los datos con los dos diputados y la diputada.

Paola Valladares aclaró que su señalamiento apuntaba al abandono de puestos de trabajo en el país. La diputada opinó que asistieron demasiados jerarcas. Sin embargo, la congresista sí corrigió su publicación en Facebook, en la que inicialmente decía que todos los participantes eran funcionarios del Ejecutivo.

Por su parte, Pedro Muñoz expresó dudas adicionales con respecto a las fuentes de financiamiento externo para los funcionarios. Ignacio Alpízar no respondió oportunamente.

Este medio pidió al Ejecutivo un desglose total de los financiamientos aportados por entidades internacionales y ONG. Sin embrago, no se recibió la respuesta hasta el cierre de esta nota. La información se actualizará oportunamente.

Nota del editor: Esta información fue editada, pues originalmente se consignaba que el Estado había pagado parcialmente los gastos de cuatro funcionarios, cuando en realidad fueron tres.

 

Dieta de diputados no pagará IVA (si lo hiciera, la pagaría usted)

En resumen: Es engañoso afirmar que Hacienda no cobrará IVA a las dietas de los diputados como una medida para “protegerlos” del pago de impuestos.

Un artículo de El Guardián CR asegura que Hacienda decidió no cobrarle IVA a dietas de los Diputados. La nota agrega que esa medida abre una ventana para que liberales independientes eviten pagar IVA.

Es cierto que las dietas de los diputados no pagan IVA. Sin embargo, el texto parte de una premisa engañosa. Si las dietas de los diputados pagaran IVA, el Estado debería aumentar su presupuesto del rubro de dietas en un 13% para poder costear el pago de ese tributo. Esto sucede porque el IVA lo paga quien contrata el servicio y no quien lo ofrece.

Además, los diputados no prestan un servicio profesional, que es una condición básica para el cobro del impuesto al valor agregado. Esa es la razón por la que las dietas (tanto en el sector público como privado) no están gravadas con ese impuesto.

Eso sí: los diputados sí continúan pagando el impuesto de renta, como lo deja claro El Guardián CR en su artículo.

En resumen: Es engañoso afirmar que Hacienda no cobrará IVA a las dietas de los diputados como una medida para “protegerlos” del pago de impuestos.

Un artículo de El Guardián CR asegura que Hacienda decidió no cobrarle IVA a dietas de los Diputados. La nota agrega que esa medida abre una ventana para que liberales independientes eviten pagar IVA.

Es cierto que las dietas de los diputados no pagan IVA. Sin embargo, el texto parte de una premisa engañosa. Si las dietas de los diputados pagaran IVA, el Estado debería aumentar su presupuesto del rubro de dietas en un 13% para poder costear el pago de ese tributo. Esto sucede porque el IVA lo paga quien contrata el servicio y no quien lo ofrece.

Además, los diputados no prestan un servicio profesional, que es una condición básica para el cobro del impuesto al valor agregado. Esa es la razón por la que las dietas (tanto en el sector público como privado) no están gravadas con ese impuesto.

Eso sí: los diputados sí continúan pagando el impuesto de renta, como lo deja claro El Guardián CR en su artículo.

Las dietas no pagan IVA

La Dirección General de Tributación (DGT) acordó el 20 de agosto pasado que las dietas no están sujetas al impuesto sobre el valor agregado. Las dietas son “entendidas como los servicios de dirección que brindan las personas físicas que son miembros de juntas directivas u órganos de dirección de las personas físicas o jurídicas”.

El pronunciamiento de la DGT surge como respuesta de Hacienda a las consultas de la firma Deloitte.

Según Hacienda, el Impuesto al Valor Agregado grava al comprador final de un servicio o de un bien. El impuesto identifica como recaudadores a los que realizan actividades que implican ordenar factores de producción, materiales humanos, distribuirlos, comercializarlos o venderlos. Para la cartera, las dietas de un miembro de una junta directiva no son un “precio” por la prestación de un producto o servicio.

Según Nogui Acosta, viceministro de Hacienda, existen importantes diferencias entre una persona que cobra dieta y una que realiza un servicio profesional.

“Es muy diferente un profesional que hace sus estudios, su trabajo, a una persona que forma parte de una Junta Directiva. Yo gano una dieta por ir a una sesión de junta. Si no voy no gano dieta. Desde el punto de vista de la prestación de un servicio, en realidad no tengo un contrato, ni un informe que entregar. El nombramiento de junta es una decisión colegiada de la empresa, cosa diferente si me contratan por un servicio profesional para que le presente un informe a la empresa, con una serie de deberes y un plazo”, dijo Acosta.

La posición de Tributación rectifica una interpretación previa dirigida a Radiográfica Costarricense. Aquella disposición indicaba que las dietas no eran salarios y que cualquier pago que no fuera un salario debía pagar IVA.

“La consulta de Radiográfica iba a enfocada para que definieramos si las dietas son remuneración o no. No lo son. Por default, todo lo que no es relación administrativa o laboral —como un salario— tiene que pagar IVA. El análisis fue un poco ligero de tributación, no tomamos en cuenta que el inciso del artículo que exime el pago de remuneraciones señala dos tipos de remuneraciones”, explicó Acosta a Doble Check.

¿Qué pasaría si las dietas de los diputados pagaran IVA?

Fuera de la discusión sobre si los diputados ofrecen o no un servicio profesional, ¿qué pasaría si las dietas de los diputados pagaran IVA, como sugiere El Guardián?

Inicialmente, los diputados habrían tenido que inscribirse ante Tributación como profesionales que realizan una actividad. También tendrían que emitir facturas por sus servicios. El Estado también habría tenido que incrementar su presupuesto destinado a dietas en un 13% para pagarles ese porcentaje de IVA que habrían tenido que retener y trasladar al propio Estado.

“La gente no entiende a veces que el IVA es un impuesto que lo paga el consumidor final”, explicó Acosta a Doble Check.

El Guardián aporta una información similar casi al final de un editorial titulado ¿Y por qué los Diputados no pagan IVA?

“No obstante parece lógico que ellos no paguen, pues con el nuevo sistema uno se convierte en un simple recaudador, por lo cual los Diputados podrían incrementar el gasto al sumar en su factura el Impuesto al Valor Agregado. Y eso lo pagaríamos todos, no ellos, salvo que ellos mismos concientan (sic) deducir de su jugoso salario el IVA”.

Aún así, asegura El Guardián, la medida permitiría la trazabilidad el IVA en las dietas de los diputados. Para Hacienda, la trazabilidad se genera porque se pueden identificar todos los pasos de la cadena de valor, pero en este caso no existe una cadena de valor.

El Guardián CR

El artículo informativo de El Guardián CR también agrega que eximir las dietas del pago del IVA abre otros portillos legales.

“De esta forma se abre una ventana para que liberales independientes eviten pagar el IVA a pesar de prestar básicamente servicios profesionales sin relación laboral, como lo son las Dietas, o para ello deberán integrar una Junta Directiva, de lo contrario pagarán renta e IVA”.

El viceministro Acosta rechazó esa interpretación y resaltó que esa conducta constituiría un fraude. El jerarca afirmó que Hacienda supervisa todas las actividades de los diferentes profesionales sujetos al impuesto.

Doble Check contactó al director del medio, Richard Molina, quien accedió a conversar y ofreció su explicación pero no autorizó su publicación. Después de esta charla, el periodista cambió la redacción del último párrafo de su nota que ahora se pregunta, con ironía:

“De esta forma, nos preguntamos, se abre una ventana para que liberales independientes eviten pagar el IVA a pesar de prestar básicamente servicios profesionales sin relación laboral, como lo son las Dietas, o para ello deberán integrar una Junta Directiva, de lo contrario pagarán renta e IVA. (Ironía). (sic)”

Falso: nuevo edificio de la Asamblea no se construye con más de 57 curules (pero número puede ampliarse)

Varias publicaciones en redes sociales aseguran que el nuevo edificio de la Asamblea Legislativa «ya se construye con más 84 curules» (sic). La información es falsa.

Según confirmó Antonio Ayales, Director Ejecutivo de la Asamblea Legislativa, el nuevo edificio del Congreso está pensado para instalar 57 curules, aunque existe espacio para instalar el doble (es decir, 114). La cifra de 84 es falsa, mírese por donde se mire.

A pesar de que el número de curules podría crecer, el proyecto solo contempla espacio para 57 despachos (oficinas) para los diputados. Es decir, si los diputados deciden aumentar el número de legisladores, también tendrían que resolver dónde se instalarían las nuevas oficinas, para las que no hay espacio en el nuevo edificio.

En resumen: Varias publicaciones en redes sociales aseguran que el nuevo edificio de la Asamblea Legislativa «ya se construye con más 84 curules» (sic). La información es falsa.

Según confirmó Antonio Ayales, Director Ejecutivo de la Asamblea Legislativa, el nuevo edificio del Congreso está pensado para instalar 57 curules, aunque existe espacio para instalar el doble (es decir, 114). La cifra de 84 es falsa, mírese por donde se mire.

A pesar de que el número de curules podría crecer, el proyecto solo contempla espacio para 57 despachos (oficinas) para los diputados. Es decir, si los diputados deciden aumentar el número de legisladores, también tendrían que resolver dónde se instalarían las nuevas oficinas, para las que no hay espacio en el nuevo edificio.

57 curules, con posibilidad de crecer

Varias publicaciones en Facebook dijeron este lunes, de forma incorrecta, que el nuevo Plenario de la Asamblea Legislativa estaba siendo construído con 84 curules.

El dato falso probablemente proviene de una confusión con un proyecto de ley —aún en discusión en el Congreso— que plantea cambios en el sistema de elección de los diputados. Según ese proyecto, Costa Rica eligiría 84 diputados cada cuatro años. La iniciativa busca dividir el país en 42 distritos electorales y no en siete en provincias (esto permitiría una mayor representatividad de los diputados con sus respectivos territorios). Otros 42 diputados se eligirían por medio de una lista nacional cerrada. El proyecto, sin embargo, no ha sido aprobado todavía. De hecho, ni siquiera ha entrado en comisión.

La discusión de este proyecto no tiene relación con la construcción del nuevo edificio para la Asamblea Legislativa.

El director ejecutivo de la Asamblea, Antonio Ayales, explicó que las nuevas instalaciones del Congreso tendrían espacio para colocar hasta el doble de curules de las que existen actualmente, pero no el doble de oficinas. Actualmente, solo se prevé la instalación de 57 curules.

«Solo hay espacio para 57 despachos. Si aumenta el número, habría que tomar una decisión, completamente política. Habría que expropiar hacia el oeste o construir un nuevo edificio (…) Pero eso no se está considerando», dijo a Doble Check.

Según Ayales, la nueva Asamblea Legislativa será entregada el 31 de enero del 2020. Un reciente presupuesto calcula un costo máximo de hasta ₡86.000 millones.

«Los presupuestos anteriores no contemplaban el equipamiento. Sin embargo, esperamos que el gasto baje y se recorte en casi $3 millone», explicó Ayales. Según el director se prevé descartar costos como las cámaras de televisión, un túnel que conectaba los edificios, algunos gastos en equipo de sonido y grabación, entre otros.

Proyección de la vista de la sala de sesiones del futuro parlamento, en la cual aparecen más escaños de los que se instalarán en realidad.

Posterior a la publicación de una primera versión de esta nota llegó a nuestro conocimiento una imagen con una proyección del nuevo espacio para plenario en la cual se veían más de 57 espacios para los diputados.  Ayales confirmó que esta imagen fue diseñada por el arquitecto a cargo de la obra. No obstante, aunque en esa proyección aparecen más escaños, solo se instalarán los 57.

Nota del editor: Esta publicación fue actualizada para incluir la referencia a una imagen en la que aparecen más de 57 escaños.

¿Hay herederos de pensiones de exdiputados fallecidos?

En resumen: Hay una leyenda popular que dice que los diputados se pensionan al terminar su periodo en Cuesta de Moras. La leyenda es falsa pero tiene una base real. Así solía ser, y no solo eso: todavía hay beneficiarios de esas pensiones que no son exdiputados sino sus familiares.

Hay una leyenda popular que dice que los diputados se pensionan al terminar su periodo en Cuesta de Moras. La leyenda es falsa pero tiene una base real. Así solía ser, y no solo eso: todavía hay beneficiarios de esas pensiones que no son exdiputados sino sus familiares.

Proyecto golpeará al narco… y tal vez algunas garantías constitucionales

En resumen: La diputada Zoila Rosa Volio dice que la última versión de un esperado proyecto para quitarle bienes y ganancias al crimen organizado repara un posible vicio constitucional que tenía la iniciativa. Chequeamos su afirmación, y según dos críticos a versiones anteriores del proyecto, la respuesta es: más o menos.
En resumen: La diputada Zoila Rosa Volio dice que la última versión de un esperado proyecto para quitarle bienes y ganancias al crimen organizado repara un posible vicio constitucional que tenía la iniciativa. Chequeamos su afirmación, y según dos críticos a versiones anteriores del proyecto, la respuesta es: más o menos.
El proyecto de ley para golpear los capitales mafiosos nació con un supuesto pecado original: obligaba al acusado de tener una fortuna mal habida a comprobar su inocencia. Eso se llama inversión de la carga de la prueba.
En un Estado de Derecho, la cosa funciona al revés: para condenar, el Estado siempre debe comprobar que un acusado es culpable. Ya lo hemos visto en tele: toda persona es inocente hasta que se demuestre lo contrario.
La diputada de Integración Nacional, Zoila Rosa Volio, admitió en el programa Matices que las encarnaciones anteriores del proyecto (llamado Ley especial de extinción de dominio) solían volver la tortilla probatoria: toda persona acusada de amasar una fortuna ilegal era culpable hasta que se demostrara lo contrario. La legisladora agregó que el problema se arregló en la última versión del texto.
No podemos chequear si el proyecto es inconstitucional: todavía no somos magistrados de la Sala IV👨🏽‍⚖️.
Sí podemos examinar la afirmación de la diputada, dado que ella se refiere directamente a las críticas que había levantado el proyecto.
Una académica y un abogado constitucionalista que habían criticado duramente la iniciativa coinciden en que el proyecto mejoró. Lo más importante es que ahora sí dice que el Estado es el responsable de aportar las pruebas contra un acusado. Eso sí, ambas personas señalan varias ambigüedades y carencias que, a sus ojos, hacen que el proyecto todavía renquee en cuanto a garantías constitucionales.

¿Qué se dijo en la radio?

La diputada Zoila Rosa Volio lanzó en Matices la siguiente afirmación, en respuesta a una objeción presentada en el mismo programa por el abogado constitucionalista Fabián Volio:

“En todos los proyectos anteriores existía esa reversión de la carga de la prueba, pero en el artículo 44 [del nuevo texto] se habla específicamente que el Ministerio Público tiene la responsabilidad de identificar, recolectar y aportar los medios de prueba que respalden y fundamenten la acción de extinción de dominio”.

Texto del artículo 44 del proyecto de ley, en donde dispone que es la responsabilidad del Estado aportar las pruebas.
Tanto Fabián Volio como la jueza y académica Rosaura Chinchilla coinciden en que efectivamente esta precisión mejora el proyecto, pero tienen varias anotaciones.
Volio ha expresado su oposición reiterada al proyecto en diversos medios de comunicación, y por diversos temas.
La voz de Chinchilla es especialmente relevante en este tema porque ella es coordinadora de la Maestría en Ciencias Penales de la Universidad de Costa Rica, la cual había elaborado un estudio muy crítico a una versión anterior del proyecto. Ese estudio señala varios vicios más, sobre los cuales la académica no ahondó, pues solamente chequeamos la afirmación de la diputada Volio sobre la inversión en la carga de la prueba.

¿Qué le falta a la iniciativa a ojos de sus críticos?

Hablemos “a lo legal”.
El proyecto, según la lectura de Chinchilla, no dice qué pasa en caso de duda. ¿Qué pasa si el Estado no puede probar que yo hubiera obtenido mi carro producto del narco? ¿Siempre me lo quita? Chinchilla dice:

“La carga de la prueba a cargo del Estado implica que, en caso de duda (principio de inocencia) debe estarse a lo más favorable al administrado, pero aquí no se incluye ninguna disposición sobre ese tema”.

Es decir, el proyecto debería dejar claro que un “tal vez” no es suficiente para fallar en mi contra.
Chinchilla dice que también hay ambigüedad en pasajes del texto en donde habla sobre el derecho del acusado de aportar pruebas para probar la legalidad de sus bienes. “El que tenga la posibilidad de ofrecer prueba no puede llegar a interpretarse como que si no lo hace pierde no solo el derecho sino el bien”.
Es decir, el Estado no debería quitarme mi carro solo porque yo no aporté pruebas de que fue obtenido por medios legales. Otra vez, la responsabilidad es del Estado de probar que sí se obtuvo ilegalmente.
El abogado Fabián Volio sí se extendió un poco más en sus críticas cuando conversamos con él. Antes que la inversión de la carga de la prueba, él critica que el texto no expresa que se debe probar la conducta delictiva. Es decir, el proyecto no dice que el Estado deba probar que el acusado es, por ejemplo, un narcotraficante para poder quitarle sus bienes.

“Si el propósito de la acusación es probar que una propiedad fue comprada con dinero mal habido, primero se tiene que probar la conducta, pero resulta que el proyecto de ley no lo dice así”.

Según Volio, los diputados mejoraron el artículo con respecto a la inversión de la carga de la prueba, pero es omiso porque no indica que la Fiscalía debe probar ante el juez la conducta delictiva que produciría que al acusado le quiten sus bienes.

¿Por qué es importante este enredo legal?

Primero: el proyecto en sí es importante. La potestad del Estado de quitarle los bienes y ganancias a las mafias que operan en el país no solo ayuda a las finanzas públicas, sino que empobrece a los delincuentes, que tendrán menos recursos para seguir operando.
Segundo: ningún proyecto, por bienintencionado que sea, debería poner en riesgo garantías constitucionales. La erosión de un derecho constitucional –aunque sea para tratar de golpear a los Caro Quinteros del país– es una erosión de los derechos de todas y todos.

Proyecto accidentado

El proyecto de Ley especial de extinción de dominio es una cosa rara por varios motivos. Por un lado, todo el mundo parece estar de acuerdo en su importancia, pero ha habido mucha pelea en cuanto a cómo debería funcionar.
En el último episodio, por ejemplo, el enfrentamiento fue entre los diputados que dictaminaron el proyecto contra la Fiscalía y el Instituto Costarricense sobre Drogas (ICD). El encontronazo se dio por la inclusión o exclusión de una serie de delitos del alcance de la ley. Esa discusión, sin embargo, se da en las ramas del proyecto de ley y lo que nos ocupa aquí es la raíz.
Después de una turbulenta historia, con varios episodios polémicos y muchas críticas, lo último es que el proyecto ya fue dictaminado positivamente por la comisión especial en la Asamblea Legislativa. Los diputados de la comisión, que estuvieron en el programa de Matices que ocupa este chequeo, dijeron que las enmiendas y mejoras podrán ser incorporadas durante la discusión en Plenario, aunque hay voces que preferirían que el proyecto se siga discutiendo en comisión.