Diputados gastaron casi ₡415 millones en gasolina durante este período legislativo

En resumen: La enorme mayoría de los legisladores han aprovechado más de la mitad de la gasolina que la Asamblea Legislativa pone a su disposición cada mes.  Este gasto ha representado unos ₡415 millones para la Asamblea Legislativa desde mayo de 2018 hasta octubre del 2020.

Solo dos diputados se han abstenido de usar la gasolina que sus compañeros han usado a discresión. Se trata de los diputados Wagner Jiménez (del Partido Liberación Nacional) y Carolina Hidalgo (del Partido Acción Ciudadana), que reportan un gasto de cero colones por ese concepto.

En el extremo opuesto están Dragos Dolanescu (independiente) y Xiomara Rodríguez (Restauración Nacional), quienes han gastado unos ₡9,5 millones desde mayo del 2018. Ambos encabezan la lista, pero la tendencia generalizada en la Asamblea apunta hacia el aprovechamiento del recurso. Otros trece legisladores superan los 9 millones.

Las personas que ocupan una diputación tienen derecho a un promedio mensual de unos ₡250.000 para gasolina de uso discresional. El monto representa el pago de 500 litros de combustible.

Este artículo es un complemento a la verificación «Beneficio de gasolina para diputados tiene los menores controles entre supremos jerarcas«. Esa publicación compila los lineamientos para el uso de gasolina y vehículos en el Estado costarricense.

En resumen: La enorme mayoría de los legisladores han aprovechado más de la mitad de la gasolina que la Asamblea Legislativa pone a su disposición cada mes.  Este gasto ha representado unos ₡415 millones para desde mayo del 2018 hasta octubre del 2020.

Solo dos diputados se han abstenido de usar la gasolina que sus compañeros han usado a discresión. Se trata de los diputados Wagner Jiménez (del Partido Liberación Nacional) y Carolina Hidalgo (del Partido Acción Ciudadana). Ambos reportan un gasto de cero colones por ese concepto.

En el extremo opuesto están Dragos Dolanescu (independiente) y Xiomara Rodríguez (Restauración Nacional). Ellos han gastado unos ₡9,5 millones desde mayo del 2018. El diputado y la diputada encabezan la lista, pero la tendencia generalizada apunta hacia el aprovechamiento del recurso. Otros trece legisladores superan los 9 millones.

Las personas que ocupan una diputación tienen derecho a un promedio mensual de unos ₡250.000 para gasolina de uso discresional. El monto representa el pago de 500 litros de combustible.

Este artículo es un complemento a la verificación «Beneficio de gasolina para diputados tiene los menores controles entre supremos jerarcas«. Esa publicación compila los lineamientos para el uso de gasolina y vehículos en el Estado costarricense.

Así gastaron los diputados: los que más gastaron

29 diputados y diputadas han gastado más de un 90% de la gasolina que han tenido disponible.

La tendencia no tiene bandera política ni edad: destacan especialmente los casos del independiente Dragos Donalescu (quien «desaprovechó» únicamente ₡423 colones, tras haber gastado ₡9.517.027 desde el 2018) y del legislador del Partido Restauración Nacional Melvin Núñez (que tiene un saldo libre de ₡3.600 colones, tras gastar  ₡9.470.468 por ese concepto).

Donalescu (quien más ha hecho uso del recurso discrecional) afirmó a Doble Check «no ser un diputado de escritorio». El diputado dijo emplear ese dinero para realizar giras por todo el país, especialmente en la provincia de Alajuela.

«Hay meses donde consumo más de los 500 litros que me dan en la Asamblea y para cumplir con el calendario de visitas, y este lo cubro con recursos de mi propio bolsillo. Desde que inicié como diputado, ni una sola vez he utilizado los vehículos ni los choferes de la Asamblea para mis giras. Utilizo mi automóvil», dijo a este medio.

El derecho está contemplado en el artículo 5 de la ley de Remuneración de los Diputados de la Asamblea Legislativa. La normativa establece que los legisladores disponen de una cuota mensual de 500 litros de combustible para uso discrecional en vehículos automotores.

El director ejecutivo del Congreso, Antonio Ayales, afirma que este dinero corresponde a una «ayuda técnica, como las computadoras en una oficina, para que puedan desempeñar su labor». 

«Actualmente hay un sistema de una tarjeta de débito del BCR. Nosotros le depositamos el valor promedio de los 500 litros de gasolina y el diputado paga con la tarjeta, que es exclusivamente para combustible. Hay varios diputados que tienen un montón de millones acumulados. El treinta de abril del 2022, cuando el diputado deja de ser diputado la plata restante pasa a la Caja Única del Estado», dijo Ayales a Doble Check. 

El gasto de ese dinero en gasolina es totalmente discrecional. Cada diputado puede ceder parte de ese dinero a sus asesores y asesoras, u a otras organizaciones que puedan hacer uso de ese combustible.

La Dirección Ejecutiva de la Asamblea remitió a Doble Check el desglose de gastos.

Los que menos gastaron

Solo dos diputados gastaron cero de los casi nueve millones depositados individualmente para gastos en gasolina. Se trata de la oficialista Carolina Hidalgo y el liberacionista Wagner Jiménez.

Hidalgo dice que su decisión de no gastar ese dinero está relacionada con un ahorro de los recursos de la Asamblea Legislativa. También afirma que se debe a que ella acostumbra usar bicicleta o el transporte público para trasladarse. Indicó que el dinero para giras sale de su propio bolsillo.

Doble Check contactó al diputado Jiménez, pero al cierre de edición no se recibió respuesta.

Iniciativas para recortar el gasto

Existen dos iniciativas relacionadas con el recorte o reajuste del gasto de gasolina de parte de los diputados. Así lo informó el Departamento de Servicios Parlamentarios

El expediente 21.891 (Ley para el traslado solidario del combustible de diputados y diputadas para la atención del Covid-19) es una iniciativa de la diputada oficialista Paola Vega. El expediente se encuentra en discusión en  Comisión Permanente Ordinaria de Asuntos Económicos.

La iniciativa de la diputada Vega pretende direccionar el dinero al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. El cambio se mantendría al menos hasta seis meses después de que termine la declaratoria de emergencia nacional por la COVID-19.
«Yo creo que el problema está en que el uso del combustible es discrecional. Si fuera que el uso es para financiar giras y labores de trabajo, sería una tónica distinta. Si no se elimina la gasolina, por lo menos que se establezca algún tipo de control sobre su uso», dijo la diputada.

Vega ha gastado un 84% (ocho millones de colones) de lo que ha recibido por concepto de gasolina desde el 2018. Ella asegura que dona ese dinero.

«En el caso mío lo que hago es donarla, especialmente a la Cruz Roja y a otras organizaciones comunales. Creo que varios compañeros también hacen donaciones, porque además –como es acumulativo– son muchos los litros de gasolina que quedan en la cuenta y que, incluso, pueden perderse al finalizar el período».

La Asamblea también discute el proyecto 22.236 (Ley de contribución solidaria de los diputados y diputadas para la atención de la emergencia sanitaria provocada por la enfermedad COVID-19), de la liberacionista Franggi Nicolás.

El proyecto no se refiere específicamente al gasto del combustible, pero sí establece una reforma a la Ley de Remuneración de los Diputados de la Asamblea para reducir en un 58% la suma devengada por conceptos de gastos de representación, para contribuir con los gastos ocasionados por la pandemia de la COVID-19 en el país.

No es cierto que rebaja a remuneraciones afectará a diputados, como dijo ministra Garrido a #NoComaCuento

La Ministra de Planificación Pilar Garrido afirmó a #NoComaCuento, de La Nación, que el proyecto de ley que el gobierno presentó para reducir las remuneraciones en el sector público sí incluye rebajas a los diputados. La redacción del texto no permite afirmar eso.

Garrido hizo la afirmación como parte de una verificación de #NoComaCuento, que pretendía desmentir a Albino Vargas. El líder sindical había publicado un tuit el 13 de julio que afirmaba que “la rebaja salarial no incluye a los diputados ni a las diputadas”.

¿Por qué el proyecto no incluye a las y los diputados? El texto del Ejecutivo pretende reducir las jornadas de los trabajadores con remuneraciones mayores a ₡1,5 millones. Es decir, el texto no ordena el recorte directo de las remuneraciones o salarios, sino –más bien– la reducción de las jornadas. Ello consecuentemente conlleva a recortar remuneraciones, pero no las de los diputados.

Los congresistas no tienen una jornada definida ni una relación laboral. Así lo explicaron el director ejecutivo de la Asamblea Legislativa, Antonio Ayales, y el exmagistrado de la Sala II Rolando Vega.

No es posible recortar la jornada de los miembros del Congreso porque esa figura no existe para este tipo de servidor público. Un diputado o una diputada no tiene horario, ni cobra horas extra ni puede ser despedido. Tampoco se le puede recortar el tiempo que dedica a sus funciones, pues tiene la obligación legal de atender permanentemente «requerimientos propios de su investidura en cualquier tiempo y lugar».

Doble Check compartió sus hallazgos con Garrido. La ministra insistió en que el proyecto afectaba todas las remuneraciones del sector público, pero no respondió directamente a la imposibilidad de reducir la jornada de los congresistas.

La Ministra de Planificación Pilar Garrido afirmó a #NoComaCuento, de La Nación, que el proyecto de ley que el gobierno presentó para reducir las remuneraciones en el sector público sí incluye rebajas a los diputados. La redacción del texto no permite afirmar eso.

Garrido hizo la afirmación como parte de una verificación de #NoComaCuento, que pretendía desmentir a Albino Vargas. El líder sindical había publicado un tuit el 13 de julio que afirmaba que “la rebaja salarial no incluye a los diputados ni a las diputadas”.

¿Por qué el proyecto no incluye a las y los diputados? El texto del Ejecutivo pretende reducir las jornadas de los trabajadores con remuneraciones mayores a ₡1,5 millones. Es decir, el texto no ordena el recorte directo de las remuneraciones o salarios, sino –más bien– la reducción de las jornadas. Ello consecuentemente conlleva a recortar remuneraciones, pero no las de los diputados.

Los congresistas no tienen una jornada definida ni una relación laboral. Así lo explicaron el director ejecutivo de la Asamblea Legislativa, Antonio Ayales, y el exmagistrado de la Sala II Rolando Vega.

No es posible recortar la jornada de los miembros del Congreso porque esa figura no existe para este tipo de servidor público. Un diputado o una diputada no tiene horario, ni cobra horas extra ni puede ser despedido. Tampoco se le puede recortar el tiempo que dedica a sus funciones, pues tiene la obligación legal de atender permanentemente «requerimientos propios de su investidura en cualquier tiempo y lugar».

Doble Check compartió sus hallazgos con Garrido. La ministra insistió en que el proyecto afectaba todas las remuneraciones del sector público, pero no respondió directamente a la imposibilidad de reducir la jornada de los congresistas.

¿Qué dijeron Albino Vargas, Pilar Garrido y No Coma Cuento?

El 13 de julio, el líder sindical Albino Vargas publicó en twitter :

¡Qué bonito! La rebaja salarial NO INCLUYE A LOS DIPUTADOS NI A LAS DIPUTADAS. Diz que ellos tienen un régimen distinto al cual se llaman «dietas». ¿Será posible tal cinismo político?…

No Coma Cuento publicó una verificación al respecto dos días después titulada “#NoComaCuento: Albino Vargas difunde información falsa sobre proyecto de rebaja salarial a empleados públicos”. En ella, la jerarca de Planificación Pilar Garrido desmiente a Albino Vargas y asegura que el proyecto del Ejecutivo sí impacta a los diputados.

“Todos los poderes de la República y las autoridades somos parte. Están incorporadas todas aquellas personas servidoras públicas que ganan más de ¢1,5 millones”, dijo a La Nación. “Los diputados sí están regulados por la Ley de Salarios de la Administración Pública. Por ende, comprende a los mismos. El rebajo aplica a que se les reduce, al final, el 15% del total de su remuneración bruta”, agrega su cita.

El 20 de julio La Nación publicó un derecho de respuesta a Albino Vargas. El líder sindical se basó en un intercambio de Garrido con el diputado José María Villalta en la Asamblea Legislativa.  «Queda claro que ni la ANEP ni mi persona difundimos información falsa», concluyó el sindicalista.

¿Qué dice el proyecto del Ejecutivo?

La controversia entre Vargas y de Garrido está centrada en el término que se usa para describir las retribuciones económicas de los diputados: dietas, salarios o remuneraciones.

Antes de eso, ¿qué dice el proyecto que el Ejecutivo presentó a la Asamblea Legislativa?

El texto, presentado bajo el expediente 22.081 con el nombre de “Ley de Reducción de Jornadas en el Sector Público” propone en su artículo primero:

“Las instituciones públicas comprendidas en el artículo 26 de la Ley de Salarios de la Administración Pública, Ley No. 2166, de 9 de octubre de 1957, por un plazo improrrogable de doce meses, a partir de la entrada en vigencia de la presente ley, deberán reducir en un quince por ciento (15%), las jornadas de trabajo del personal que reciba una remuneración bruta mensual de al menos un millón quinientos mil colones (¢ 1.500.000) por su jornada ordinaria de trabajo”.

El texto no ordena directamente la reducción de remuneraciones, sino –más bien– de jornadas de los trabajadores públicos.

Los demás artículos se refieren a qué instituciones corresponde aplicar las reducciones y cuáles son las dependencias eximidas de la medida (cuerpos de Policía, Bomberos, Ministerio de Salud, Caja Costarricense de Seguro Social, Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias y centros penitenciarios). No hay ningún artículo que mencione a los diputados.

¿Tienen los diputados jornada?

El Director Ejecutivo de la Asamblea Legislativa, Antonio Ayales, aseguró a Doble Check que el proyecto del gobierno no incluye a los diputados, pues ellos no tienen jornada.

“Los diputados son escogidos por elección popular, por tanto, no son considerados funcionarios públicos, a pesar de trabajar en el primer Poder de la República, no tienen una jornada laboral como sí la tienen el resto de funcionarios públicos que trabajan en la Asamblea, no tienen un salario como el resto de funcionarios, no son parte de la estructura administrativa de la Asamblea ni siquiera están sujetos al Reglamento Autónomo de la institución” dijo a Doble Check.

No se les puede rebajar una jornada que no tienen. Un diputado viene y se va a la hora que quiere, no tiene que rendirle cuentas a nadie en la administración de a qué hora llega o se va de la Asamblea”, concluyó Ayales.

Su criterio coincide con su criterio el exmagistrado de la Sala II Rolando Vega.

Los diputados no están sujetos a una jornada. No tienen un contrato de trabajo ni tienen que cumplir un horario determinado. Tampoco pueden cobrar horas extra, ni tienen un control de supervisión o de fiscalización. No hay una relación laboral, propiamente dicha”.

Aún si la tuvieran, la ley 7352 de Remuneración de Diputados de la Asamblea Legislativa obliga a los diputados a estar disponibles permanentemente para atender sus funciones.

“ Fíjase la remuneración de los diputados a la Asamblea Legislativa, atendiendo los siguientes principios: (…) b- El cumplimiento de sus deberes y obligaciones, como miembros del Poder Legislativo, implica para los diputados la permanente disposición de atender requerimientos propios de su investidura en cualquier tiempo y lugar”.

Doble Check consultó sobre este tema a la jerarca Pilar Garrido, pero no respondió directamente a nuestras preguntas. Sus respuestas completas están disponibles aquí y aquí.

La jerarca declaró su disposición de enmendar eventualmente el texto para que «cumpla con el espíritu de reducir jornadas a los empleados de todo el sector público».

Las dietas, los salarios y las remuneraciones

Vargas argumenta que las razones por las que la rebaja no aplica a los legisladores es porque ellos y ellas tienen dietas, y no salarios. Según Vargas, el proyecto está enfocado en la reducción de salarios y –al no incluir dietas– los congresistas no están incluidos en la iniciativa.

Aunque la crítica de Vargas sí tiene fundamento, sus razones para justificar la denuncia son discutibles.

Por ejemplo, la Procuraduría General de la República había opinado en mayo de 2002 que la retribución que reciben los legisladores no puede considerarse una dieta ni un salario. El término correcto para referirse a las retribuciones de los diputados, según este criterio, es “remuneración”.

Ése es justamente el término que emplea el proyecto del Ejecutivo cuando indica que se deberán reducir “las jornadas de trabajo del personal que reciba una remuneración bruta mensual”.

Tras una consulta de Doble Check, Garrido sí se refirió a las retribuciones de los legisladores como “dietas”, pero aseveró que ese término estaba incluido dentro del término más amplio de “remuneraciones”.

«Las dietas son solamente un componente de lo que se le cancela a los diputados de manera mensual, ese monto total tiene el nombre de ‘remuneración’, según el artículo 1 de la Ley 6961. El artículo 1 del proyecto de ley, menciona que serán las remuneraciones las que deben disminuirse en un 15% de modo que, al recibir los diputados remuneraciones, están comprendidos por ese artículo 1. Remuneración es el género. Salario o dieta son especies de ese mismo género, de tal modo que ambos conceptos caben en dicho género”, afirmó.

A pesar de esta argumentación, Garrido no se refirió a si podía recortarse la jornada de un diputado, a pesar de que no tienen una jornada.

Ejecutivo sí acreditó 82 personas para la COP25 (pero solo pagó los gastos de 11)

El Gobierno de la República sí acreditó 82 personas para asistir a la cumbre internacional sobre cambio climático, COP25, como publicó el Diario Extra en su portada de este lunes.

Sin embargo, el Ejecutivo solo canceló (total o parcialmente) los gastos de 11 de esas personas. Tres diputados hicieron reproches públicos en sus redes sociales ante la nota informativa.

Esos diputados fueron el fabricista Ignacio Alpízar, la liberacionista Paola Valladares y el socialcristiano Pedro Muñoz. Este último solo hizo una insinuación, pues publicó «¡Continúa la fiesta!», al compartir la noticia en Twitter.

Valladares calificó como «inaudita» la autorización a 82 funcionarios públicos para asistir al mismo evento. El dato está errado, pues de las 82 personas, solo 34 son funcionarios públicos, según datos del Ejecutivo.

Alpízar aseguró que todos los ticos estamos regalándole a 82 personas un viaje a España”. Esa afirmación también está equivocada. Primeramente, solo se acreditaron 34 funcionarios públicos. La participación de ocho de esas personas no implicó gastos de viaje, pues correspondía a funcionarios de la Embajada de Costa Rica en España. Para las 26 acreditaciones restantes, 18 de los viajes fueron financiados, total o parcialmente, por entidades financieras, organizaciones no gubernamentales y cooperantes internacionales. Solo ocho corrieron enteramente a cargo del Estado, y otros tres fueron financiados parcialmente con dinero público.

Resumen: El Gobierno de la República sí acreditó 82 personas para asistir a la cumbre internacional sobre cambio climático, COP25, como publicó el Diario Extra en su portada de este lunes.

Sin embargo, el Ejecutivo solo canceló (total o parcialmente) los gastos de 11 de esas personas. Tres diputados hicieron reproches públicos en sus redes sociales que parten de presunciones equivocadas que no estaban presentes en la nota informativa.

Esos diputados fueron el fabricista Ignacio Alpízar, la liberacionista Paola Valladares y el socialcristiano Pedro Muñoz. Este último solo hizo una insinuación, pues publicó «¡Continúa la fiesta!», al compartir la noticia en Twitter.

Valladares calificó como «inaudita» la autorización a 82 funcionarios públicos para asistir al mismo evento. El dato está errado, pues de las 82 personas, solo 34 son funcionarios públicos, según datos del Ejecutivo.

Alpízar aseguró que todos los ticos estamos regalándole a 82 personas un viaje a España”. Esa afirmación también está equivocada.

Solo se acreditaron 34 funcionarios públicos. Únicamente ocho de las participaciones corrieron enteramente a cargo del Estado, y otras tres fueron financiadas parcialmente con dinero público. La participación de otras ocho personas no implicó gastos de viaje, pues correspondía a funcionarios de la Embajada de Costa Rica en España. El resto de los casos fueron financiados, total o parcialmente, por entidades financieras, organizaciones no gubernamentales y cooperantes internacionales.

Las afirmaciones

Tres diputados reaccionaron indignados ante la portada de Diario Extra. El periódico informó que el Gobierno acreditó a 82 personas para asistir a la cumbre internacional sobre cambio climático, COP25.

Ignacio Alpízar, del bloque Nueva República (BINR), afirmó que “todos los ticos estamos regalándole a 82 personas un viaje a España”.

El PAC armó su paseo de fin de año con su dinero y el mío ¿Dónde quedó el discurso de la contención del gasto? Todo…

Publicado por Ignacio Alpízar – Diputado en Lunes, 9 de diciembre de 2019

Paola Valladares, del Partido Liberación Nacional (PLN), calificó como “inaudito, irresponsable e inmoral” que se use el encuentro en España como un “un “Club de Viajes o el viaje de la Fiesta de la Alegría del Ejecutivo”.

#AMBIENTALISTOSEl COP 25, se convirtió en el viaje de la “Fiesta de la Alegría”Me parece inaudito, irresponsable e…

Publicado por Paola Valladares Diputada 2018 – 2022 en Lunes, 9 de diciembre de 2019

Y Pedro Muñoz, del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), compartió en Twitter la publicación de Diario Extra con un comentario: “¡Continúa la fiesta!” y calificó el viaje como “un relajo”.

De ellos, Valladares además calificó que «no era de recibo que este país haya autorizado a 82 funcionarios públicos a asistir a la COP25 en España».

Las publicaciones de los diputados y la diputada parecen partir de presunciones equivocadas. Los congresistas no tomaron en cuenta que la publicación de Diario Extra fue omisa en varios aspectos. El medio sí informó sobre las 82 acreditaciones; sin embargo, no dijo cuántas personas viajaron desde el país, cuántas participaciones fueron financiadas por el Estado, ni cuántos de los asistentes acreditados eran funcionarios de Gobierno.

Dato por dato

El Poder Ejecutivo explicó a Doble Check que solo pagó totalmente ocho de las 82 participaciones en la COP25.

Ellos fueron el presidente Alvarado; la jefa negociadora alterna para Cambio Climático, Ana Patricia Villalobos; la ministra consejero y cónsul, Giovanna Valverde. Además pagó los gastos de la asesora presidencial Yuliana Ramírez; la asesora de comunicación Noelia Rodríguez; el fotógrafo y productor Ricardo Prado; el funcionario del INA,  Mario Alberto Regidor; y la jefa del departamento de Ambiente y Salud de la Municipalidad de Curridabat, Sofía Pérez.

Además, pagó parcialmente la participación de otros tres funcionarios: la viceministra de Relaciones Exteriores, Lorena Aguilar; la viceministra de Juventud, Margareth Solano; y el jefe de despacho de la vicecanciller, William Calvo.

Otro dato que facilitó el Ejecutivo fue que solo 34 de las 82 personas acreditadas son funcionarios de Gobierno y que, de ellas, ocho ya residen en España como funcionarias de la embajada costarricense en ese país. El resto son representantes de la sociedad civil, miembros del equipo negociador o de la delegación de apoyo.

¿Y qué dijeron los diputados de esto?

Doble Check compartió los datos con los dos diputados y la diputada.

Paola Valladares aclaró que su señalamiento apuntaba al abandono de puestos de trabajo en el país. La diputada opinó que asistieron demasiados jerarcas. Sin embargo, la congresista sí corrigió su publicación en Facebook, en la que inicialmente decía que todos los participantes eran funcionarios del Ejecutivo.

Por su parte, Pedro Muñoz expresó dudas adicionales con respecto a las fuentes de financiamiento externo para los funcionarios. Ignacio Alpízar no respondió oportunamente.

Este medio pidió al Ejecutivo un desglose total de los financiamientos aportados por entidades internacionales y ONG. Sin embrago, no se recibió la respuesta hasta el cierre de esta nota. La información se actualizará oportunamente.

Nota del editor: Esta información fue editada, pues originalmente se consignaba que el Estado había pagado parcialmente los gastos de cuatro funcionarios, cuando en realidad fueron tres.

 

Dieta de diputados no pagará IVA (si lo hiciera, la pagaría usted)

En resumen: Es engañoso afirmar que Hacienda no cobrará IVA a las dietas de los diputados como una medida para “protegerlos” del pago de impuestos.

Un artículo de El Guardián CR asegura que Hacienda decidió no cobrarle IVA a dietas de los Diputados. La nota agrega que esa medida abre una ventana para que liberales independientes eviten pagar IVA.

Es cierto que las dietas de los diputados no pagan IVA. Sin embargo, el texto parte de una premisa engañosa. Si las dietas de los diputados pagaran IVA, el Estado debería aumentar su presupuesto del rubro de dietas en un 13% para poder costear el pago de ese tributo. Esto sucede porque el IVA lo paga quien contrata el servicio y no quien lo ofrece.

Además, los diputados no prestan un servicio profesional, que es una condición básica para el cobro del impuesto al valor agregado. Esa es la razón por la que las dietas (tanto en el sector público como privado) no están gravadas con ese impuesto.

Eso sí: los diputados sí continúan pagando el impuesto de renta, como lo deja claro El Guardián CR en su artículo.

En resumen: Es engañoso afirmar que Hacienda no cobrará IVA a las dietas de los diputados como una medida para “protegerlos” del pago de impuestos.

Un artículo de El Guardián CR asegura que Hacienda decidió no cobrarle IVA a dietas de los Diputados. La nota agrega que esa medida abre una ventana para que liberales independientes eviten pagar IVA.

Es cierto que las dietas de los diputados no pagan IVA. Sin embargo, el texto parte de una premisa engañosa. Si las dietas de los diputados pagaran IVA, el Estado debería aumentar su presupuesto del rubro de dietas en un 13% para poder costear el pago de ese tributo. Esto sucede porque el IVA lo paga quien contrata el servicio y no quien lo ofrece.

Además, los diputados no prestan un servicio profesional, que es una condición básica para el cobro del impuesto al valor agregado. Esa es la razón por la que las dietas (tanto en el sector público como privado) no están gravadas con ese impuesto.

Eso sí: los diputados sí continúan pagando el impuesto de renta, como lo deja claro El Guardián CR en su artículo.

Las dietas no pagan IVA

La Dirección General de Tributación (DGT) acordó el 20 de agosto pasado que las dietas no están sujetas al impuesto sobre el valor agregado. Las dietas son “entendidas como los servicios de dirección que brindan las personas físicas que son miembros de juntas directivas u órganos de dirección de las personas físicas o jurídicas”.

El pronunciamiento de la DGT surge como respuesta de Hacienda a las consultas de la firma Deloitte.

Según Hacienda, el Impuesto al Valor Agregado grava al comprador final de un servicio o de un bien. El impuesto identifica como recaudadores a los que realizan actividades que implican ordenar factores de producción, materiales humanos, distribuirlos, comercializarlos o venderlos. Para la cartera, las dietas de un miembro de una junta directiva no son un “precio” por la prestación de un producto o servicio.

Según Nogui Acosta, viceministro de Hacienda, existen importantes diferencias entre una persona que cobra dieta y una que realiza un servicio profesional.

“Es muy diferente un profesional que hace sus estudios, su trabajo, a una persona que forma parte de una Junta Directiva. Yo gano una dieta por ir a una sesión de junta. Si no voy no gano dieta. Desde el punto de vista de la prestación de un servicio, en realidad no tengo un contrato, ni un informe que entregar. El nombramiento de junta es una decisión colegiada de la empresa, cosa diferente si me contratan por un servicio profesional para que le presente un informe a la empresa, con una serie de deberes y un plazo”, dijo Acosta.

La posición de Tributación rectifica una interpretación previa dirigida a Radiográfica Costarricense. Aquella disposición indicaba que las dietas no eran salarios y que cualquier pago que no fuera un salario debía pagar IVA.

“La consulta de Radiográfica iba a enfocada para que definieramos si las dietas son remuneración o no. No lo son. Por default, todo lo que no es relación administrativa o laboral —como un salario— tiene que pagar IVA. El análisis fue un poco ligero de tributación, no tomamos en cuenta que el inciso del artículo que exime el pago de remuneraciones señala dos tipos de remuneraciones”, explicó Acosta a Doble Check.

¿Qué pasaría si las dietas de los diputados pagaran IVA?

Fuera de la discusión sobre si los diputados ofrecen o no un servicio profesional, ¿qué pasaría si las dietas de los diputados pagaran IVA, como sugiere El Guardián?

Inicialmente, los diputados habrían tenido que inscribirse ante Tributación como profesionales que realizan una actividad. También tendrían que emitir facturas por sus servicios. El Estado también habría tenido que incrementar su presupuesto destinado a dietas en un 13% para pagarles ese porcentaje de IVA que habrían tenido que retener y trasladar al propio Estado.

“La gente no entiende a veces que el IVA es un impuesto que lo paga el consumidor final”, explicó Acosta a Doble Check.

El Guardián aporta una información similar casi al final de un editorial titulado ¿Y por qué los Diputados no pagan IVA?

“No obstante parece lógico que ellos no paguen, pues con el nuevo sistema uno se convierte en un simple recaudador, por lo cual los Diputados podrían incrementar el gasto al sumar en su factura el Impuesto al Valor Agregado. Y eso lo pagaríamos todos, no ellos, salvo que ellos mismos concientan (sic) deducir de su jugoso salario el IVA”.

Aún así, asegura El Guardián, la medida permitiría la trazabilidad el IVA en las dietas de los diputados. Para Hacienda, la trazabilidad se genera porque se pueden identificar todos los pasos de la cadena de valor, pero en este caso no existe una cadena de valor.

El Guardián CR

El artículo informativo de El Guardián CR también agrega que eximir las dietas del pago del IVA abre otros portillos legales.

“De esta forma se abre una ventana para que liberales independientes eviten pagar el IVA a pesar de prestar básicamente servicios profesionales sin relación laboral, como lo son las Dietas, o para ello deberán integrar una Junta Directiva, de lo contrario pagarán renta e IVA”.

El viceministro Acosta rechazó esa interpretación y resaltó que esa conducta constituiría un fraude. El jerarca afirmó que Hacienda supervisa todas las actividades de los diferentes profesionales sujetos al impuesto.

Doble Check contactó al director del medio, Richard Molina, quien accedió a conversar y ofreció su explicación pero no autorizó su publicación. Después de esta charla, el periodista cambió la redacción del último párrafo de su nota que ahora se pregunta, con ironía:

“De esta forma, nos preguntamos, se abre una ventana para que liberales independientes eviten pagar el IVA a pesar de prestar básicamente servicios profesionales sin relación laboral, como lo son las Dietas, o para ello deberán integrar una Junta Directiva, de lo contrario pagarán renta e IVA. (Ironía). (sic)”

Falso: nuevo edificio de la Asamblea no se construye con más de 57 curules (pero número puede ampliarse)

Varias publicaciones en redes sociales aseguran que el nuevo edificio de la Asamblea Legislativa «ya se construye con más 84 curules» (sic). La información es falsa.

Según confirmó Antonio Ayales, Director Ejecutivo de la Asamblea Legislativa, el nuevo edificio del Congreso está pensado para instalar 57 curules, aunque existe espacio para instalar el doble (es decir, 114). La cifra de 84 es falsa, mírese por donde se mire.

A pesar de que el número de curules podría crecer, el proyecto solo contempla espacio para 57 despachos (oficinas) para los diputados. Es decir, si los diputados deciden aumentar el número de legisladores, también tendrían que resolver dónde se instalarían las nuevas oficinas, para las que no hay espacio en el nuevo edificio.

En resumen: Varias publicaciones en redes sociales aseguran que el nuevo edificio de la Asamblea Legislativa «ya se construye con más 84 curules» (sic). La información es falsa.

Según confirmó Antonio Ayales, Director Ejecutivo de la Asamblea Legislativa, el nuevo edificio del Congreso está pensado para instalar 57 curules, aunque existe espacio para instalar el doble (es decir, 114). La cifra de 84 es falsa, mírese por donde se mire.

A pesar de que el número de curules podría crecer, el proyecto solo contempla espacio para 57 despachos (oficinas) para los diputados. Es decir, si los diputados deciden aumentar el número de legisladores, también tendrían que resolver dónde se instalarían las nuevas oficinas, para las que no hay espacio en el nuevo edificio.

57 curules, con posibilidad de crecer

Varias publicaciones en Facebook dijeron este lunes, de forma incorrecta, que el nuevo Plenario de la Asamblea Legislativa estaba siendo construído con 84 curules.

El dato falso probablemente proviene de una confusión con un proyecto de ley —aún en discusión en el Congreso— que plantea cambios en el sistema de elección de los diputados. Según ese proyecto, Costa Rica eligiría 84 diputados cada cuatro años. La iniciativa busca dividir el país en 42 distritos electorales y no en siete en provincias (esto permitiría una mayor representatividad de los diputados con sus respectivos territorios). Otros 42 diputados se eligirían por medio de una lista nacional cerrada. El proyecto, sin embargo, no ha sido aprobado todavía. De hecho, ni siquiera ha entrado en comisión.

La discusión de este proyecto no tiene relación con la construcción del nuevo edificio para la Asamblea Legislativa.

El director ejecutivo de la Asamblea, Antonio Ayales, explicó que las nuevas instalaciones del Congreso tendrían espacio para colocar hasta el doble de curules de las que existen actualmente, pero no el doble de oficinas. Actualmente, solo se prevé la instalación de 57 curules.

«Solo hay espacio para 57 despachos. Si aumenta el número, habría que tomar una decisión, completamente política. Habría que expropiar hacia el oeste o construir un nuevo edificio (…) Pero eso no se está considerando», dijo a Doble Check.

Según Ayales, la nueva Asamblea Legislativa será entregada el 31 de enero del 2020. Un reciente presupuesto calcula un costo máximo de hasta ₡86.000 millones.

«Los presupuestos anteriores no contemplaban el equipamiento. Sin embargo, esperamos que el gasto baje y se recorte en casi $3 millone», explicó Ayales. Según el director se prevé descartar costos como las cámaras de televisión, un túnel que conectaba los edificios, algunos gastos en equipo de sonido y grabación, entre otros.

Proyección de la vista de la sala de sesiones del futuro parlamento, en la cual aparecen más escaños de los que se instalarán en realidad.

Posterior a la publicación de una primera versión de esta nota llegó a nuestro conocimiento una imagen con una proyección del nuevo espacio para plenario en la cual se veían más de 57 espacios para los diputados.  Ayales confirmó que esta imagen fue diseñada por el arquitecto a cargo de la obra. No obstante, aunque en esa proyección aparecen más escaños, solo se instalarán los 57.

Nota del editor: Esta publicación fue actualizada para incluir la referencia a una imagen en la que aparecen más de 57 escaños.