La deforestación y las amenazas al refugio natural y los territorios indígenas en el Caribe Sur no son un problema reciente, se han arrastrado por alrededor de 30 años con un agravamiento progresivo que resiste la avalancha de denuncias.
La cotidianidad de la zona sur del país, específicamente en la Reserva Nacional Gandoca-Manzanillo y territorios Kéköldi, la marcan las luchas. Estos reclamos de la ciudadanía responden a una protección de sus recursos naturales, ecosistemas y territorios frente al despejo de sus zonas verdes para construcciones ilegítimas.
A pesar de la trayectoria de la problemática, en 2019 se da un giro en el tema cuando la Sala Constitucional hace el reconocimiento de los derechos de esta zona costera en la Ley 9223.
El acta hace constar una nueva demarcación de los límites de la Reserva de algunas tierras anteriormente arrebatadas. Sin embargo, la división no sale en papel ya que nunca se hizo efectiva las mediciones físicas, volviéndose una oportunidad para que ‘desarrolladores’ actúen sobre terrenos del refugio que ‘aún no han sido reclamados como parte del mismo’.
Por el incumplimiento de la delimitación junto con las licencias irresponsables de obrar sobre estos terrenos, se está perdiendo una importante parte del bosque costero, humedales y hábitats en manos de la tala para la construcción.
LAS DENUNCIAS SE ENFRENTAN A LA INEFICACIA INSTITUCIONAL
A pesar de que el problema radica en la destrucción ambiental, varias de sus raíces salen del accionar, o la falta de este, de las instituciones públicas. Según agrupaciones ciudadanas ambientales y los habitantes indígenas de la zona, el Ministerio de Ambiente y Energía (MINAE) falla cuando no procede con la medición de terreno que corresponde.
Quienes observan y reclaman denotan una complicidad entre gobiernos de turno e instituciones inmersas al proceder con los permisos de uso de tierra, deforestación y construcción de los terrenos ‘desalojados’ de la Reserva. Mientras que es considerado inconstitucional disminuir el territorio de un área protegida, en un promedio estimado de 300 hectáreas de la zona se levantan hoteles, piscinas, restaurantes y establecimientos similares.
El Plan Regulador Costero también tiene un papel en la situación cuando llega a enmendar el uso de las ‘tierras libres’ para la explotación turística que resulta poco sostenible. “[El] Plan Regulador llega a legitimizar la construcción y destrucción de antes de la existencia de un Plan para ’solventar’”. (Selva Baker, Talamanca Siempre Verde)
Otras entidades como el INVU, SETENA y la Procuraduría General de la República no se han responsabilizado, sin dejar de lado que ninguna otra institución parece interesada en hacer la medición.
“Este caos ambiental, deforestación, pérdida de bosque, pérdida de humedales, pérdida de mantos acuíferos, todo esta es culpa de que estamos desprotegidos porque el sistema no nos está protegiendo” – Marta Castro, COVIRENA.
LA COSTA RICA… ¿VERDE?
Los hechos nos comprometen como país al ser incoherentes con el posicionamiento de protección a la naturaleza y biodiversidad del que nos enorgullecemos ante el mundo. Se trata de zonas importantes parte del Patrimonio Nacional del Estado que han pasado de atraer el turismo, a ser destruidas en su nombre.
Esta suplantación de biodiversidad por hoteles tiene matices de gentrificación que no sólo irrumpen en el hogar de un sinfín de especies, también de grupos humanos. Se trata del desplazamiento de comunidades indígenas, especialmente la Kéköldi, a la que han empujado principalmente de las zonas costeras justo por el atractivo de la zona.
Edward Stewart, miembro representante de la comunidad, relata un panorama en el que se les limita el acceso a zonas que históricamente les pertenecen, en que reciben amenazas de no-indígenas y denuncias provenientes de los mismos extranjeros con el fin de proteger sus ‘derechos sobre las costas’. Al igual que la escasez de agua que se vive y la presión a ceder lo poco que les llega al turismo.
De manera similar, presentaron denuncias y se topan con una falta de atención e inmediatez que les ata las manos frente a las personas desarrolladoras en sus terrenos.
La comunidad defensora del territorio de la reserva persiste en la lucha por el poco bosque que queda haciendo el llamado de atención a las instituciones para que hagan su trabajo y controlen la situación. Resaltan que estas denuncias de construcción no nacen de una resistencia al desarrollo, pero recalcan la importancia de que sea un proceso con sostenibilidad, medidas y respeto.
Conozca más sobre el tema en esta entrevista del programa Comunidad 870.
