Cierto: Costa Rica es de los países más desiguales del mundo, según el Banco Mundial

En resumen: Es correcto indicar que Costa Rica es uno de los países más desiguales del mundo, según el Banco Mundial. La organización emplea el Coeficiente de Gini para comparar la desigualdad económica entre casi una centena de países del globo. De hecho, el país ha venido observando un grave crecimiento en su desigualdad económica especialmente desde la última década.

Una imagen compartida en varias publicaciones en redes sociales, sitúa a Costa Rica como el noveno país más desigual del mundo, acompañado de los casos latinoamericanos de Chile, Panamá, Brasil, Colombia, Honduras y Haití. Aunque no se cita la fuente, los datos que utiliza provienen de un estudio de 2016 del Banco Mundial que emplea información del 2013 para comparar la desigualdad económica en 101 países.

Eso sí, la lista del estudio NO contempla los indicadores de varias decenas de países, entre los que se incluyen naciones como Venezuela, Afganistán, Cuba, Libia, Puerto Rico, Trinidad y Tobago, Suriname o Belice, por lo que no es correcto incluirlos en la comparación.

En resumen: Es correcto indicar que Costa Rica es uno de los países más desiguales del mundo, según el Banco Mundial. La organización emplea el Coeficiente de Gini para comparar la desigualdad económica entre casi una centena de países del globo. De hecho, el país ha venido observando un grave crecimiento en su desigualdad económica especialmente desde la última década.

Una imagen compartida en varias publicaciones en redes sociales, sitúa a Costa Rica como el noveno país más desigual del mundo, acompañado de los casos latinoamericanos de Chile, Panamá, Brasil, Colombia, Honduras y Haití. Aunque no se cita la fuente, los datos que utiliza provienen de un estudio de 2016 del Banco Mundial que emplea información del 2013 para comparar la desigualdad económica en 101 países.

Eso sí, la lista del estudio NO contempla los indicadores de varias decenas de países, entre los que se incluyen naciones como Venezuela, Afganistán, Cuba, Libia, Puerto Rico, Trinidad y Tobago, Suriname o Belice, por lo que no es correcto incluirlos en la comparación.

La lista

Una recopilación de países pone a Costa Rica como el noveno país más desigual del mundo, según el Banco Mundial. La afirmación ha sido reiterada en varias ocasiones en Facebook, en Twitter, e incluso había sido mencionada en el Plenario Legislativo por el diputado de Restauración Nacional,  Eduardo Cruickshank. La imagen fue por primera vez citada en la red de noticias Biobiochile.cl en el artículo “Aparece Chile: estos son los 10 países más desiguales del mundo”.

La afirmación es correcta, y puede revisarse en la página 104 de la publicación Taking on inequality, del Banco Mundial, hecha en el 2016. Esa publicación usa datos de 2013, y se basa en información para 101 países.

“El país más desigual del mundo es Sudáfrica, seguido por Haití, cada uno de los cuales supera en 60 el Índice de Gini. Otro país subsahariano de África (Ruanda) y siete otros países de Latinoamérica y el Caribe (Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Honduras, México y Panamá), conforman el top diez de los países más desiguales del mundo)”, indica la sección.

Qué son el índice y el coeficiente de Gini

El coeficiente de Gini es uno de los indicadores económicos empleados para estimar la desigualdad de ingresos en un país. Se expresa de 0 a 1 (donde 0 representa la extrema igualdad, y 1 representa la extrema desigualdad en un país o un grupo de personas). El índice de Gini procede del mismo cálculo, multiplicado por cien (donde 0 muestra la igualdad más alta posible, y 100 se refiere a la mayor desigualdad posible).

En el mundo el índice de Gini promedio se aproxima a 38. Ese indicador fue de 49,3 para Costa Rica en el 2013, el año del cual se toman los datos para el estudio.

El caso de Costa Rica

En abril de 2018 la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE, un club de —mayoritariamente— países ricos, al que Costa Rica procura entrar) publicó su estudio económico para Costa Rica.

La OCDE resaltó que el país ha tenido un progreso social alto y que los indicadores de pobreza son positivos en comparación con el resto de la región latinoamericana. Sin embargo, la Organización también destacó que la desigualdad en el país es mayor que la del promedio de sus países integrantes, y va en aumento.

La desigualdad crece, la pobreza por ingresos está casi estancada y el ingreso de los trabajadores no mejora para los sectores más vulnerables del país.  De hecho, los niveles de desigualdad en Costa Rica son similares a los de hace cuarenta años. Durante los noventa el país gozaba de niveles de desigualdad menores que los de Estados Unidos y en 1994 alcanzó los mejores datos de equidad de toda la región latinoamericana.

Sin embargo, los avances se empezaron a revertir en el 2006 y se agravaron más durante la crisis económica del 2008. Ya para el 2015 el ingreso promedio del 10% más rico del país era 32 veces superior que el del 10% más pobre (esa relación era de 27 veces en el 2010). En comparación, la diferencia entre el promedio de los países de la OCDE es 9,6 veces.

Otro factor agrava la situación: mientras que Latinoamérica ha observado su desigualdad bajar, Costa Rica la ha mantenido en aumento.

Evolución de la desigualdad en Costa Rica y Latinoamérica

 

¿Qué provoca esa desigualdad?

En síntesis, hay varios elementos, pero parte de los responsables son el alto desempleo, la alta informalidad y las diferencias salariales.

Un estudio de la OCDE para el período 2010-2014 sostiene que uno de los principales disparadores de la desigualdad en el país son los salarios para funcionarios calificados del sector público, especialmente en las instituciones que están fuera del gobierno central.

“Las altas remuneraciones de los empleados públicos resultan de la combinación de numerosos incentivos complementarios que varían de un empleado a otro, así como de una multiplicidad de convenciones colectivas interrelacionadas y leyes que vinculan los aumentos salariales de un grupo a otro. (…) Esto hace que la remuneración de los empleados públicos sea excesivamente compleja, poco clara, no equitativa y difícil de controlar, especialmente ante la falta de una base de datos integrada sobre el empleo público y de un tope al gasto total en salarios del sector público”, señaló también la OCDE.

Hay otros factores relacionados. La última Encuesta Continua de Empleo destaca que la informalidad en el país llegó a un 44,9% en el último trimestre del 2018. Según el Informe del Estado de la Nación y la OCDE, eso representa una “fuente persistente de desigualdades”, además de un obstáculo a la productividad.

Entre toda la lista de malas noticias, hay una buena. La desigualdad en Costa Rica sería mucho mayor de no ser por los servicios de atención médica y de educación, según la OCDE. Aunque Costa Rica tiene un peor coeficiente de Gini que Perú o que México, la organización estima que —al final— la distribución del ingreso es más equitativa en Costa Rica, gracias ese tipo de beneficios.

Tribunal no declaró inocente a Óscar Arias por caso Crucitas, como dijo diputada del PLN

En resumen: Es falso afirmar que los tribunales de justicia hayan señalado la inexistencia de un delito en el proceso contra el expresidente Óscar Arias Sánchez por el caso de la mina Crucitas, tal como publicó la diputada del Partido Liberación Nacional (PLN), Yorleny León.

El Juzgado Penal de Hacienda y de la Función Pública no declaró inocente o culpable al expresidente. En realidad, ese órgano determinó la prescripción de las querellas en contra del exmandatario, por lo que se dictó sobreseimiento definitivo.

La prescripción se dio porque las acciones legales en contra de Arias se presentaron fuera del plazo permitido por la ley: por los cargos de prevaricato, el tribunal indicó que el plazo venció desde el 14 de diciembre del 2016, y la acusación de cohecho prescribió desde el 8 de mayo de ese mismo año.

El tribunal solo se limitó a descartar los procesos por haberse vencido su plazo, y abstuvo de hacer más pronunciamientos sobre Arias Sánchez en la sentencia. En ningún momento el tribunal determinó que el expresidente cometió un delito o no.

La diputada León admitió haberse equivocado al usar “un concepto técnico”.

En resumen: Es falso afirmar que los tribunales de justicia hayan señalado la inexistencia de un delito en el proceso contra el expresidente Óscar Arias Sánchez por el caso de la mina Crucitas, tal como publicó la diputada del Partido Liberación Nacional (PLN), Yorleny León.

El Juzgado Penal de Hacienda y de la Función Pública no declaró inocente o culpable al expresidente. En realidad, ese órgano determinó la prescripción de las querellas en contra del exmandatario, por lo que se dictó sobreseimiento definitivo.

La prescripción se dio porque las acciones legales en contra de Arias se presentaron fuera del plazo permitido por la ley. El tribunal indicó que el plazo venció desde el 14 de diciembre del 2016 para los cargos de prevaricato, y la acusación de cohecho había prescrito desde el 8 de mayo de ese mismo año.

El tribunal solo se limitó a descartar los procesos por haberse vencido su plazo, y se abstuvo de hacer más pronunciamientos sobre Arias Sánchez en la sentencia. En ningún momento el tribunal determinó que el expresidente cometió un delito o no.

La diputada León admitió posteriormente haberse equivocado al usar “un concepto técnico”.

¿Qué es el “caso Crucitas”?

En su segundo mandato, en octubre del 2008, Óscar Arias firmó un decreto que declaró de interés público la operación de la mina de oro Crucitas, en la zona norte del país, a cargo de la empresa canadiense Industrias Infinito.

Dicho decreto, así como permisos de la Secretaría Técnica Nacional (SETENA) sobre impacto ambiental, fueron anulados en el 2010 por el Tribunal Contencioso Administrativo. El tribunal encontró una serie de irregularidades en su implementación, lo cual desplomó el proyecto minero.

En ese momento, el Contencioso remitió su dictamen al Ministerio Público “para que allí se determine seguir una causa penal” en contra de Arias y otros miembros de su gabinete. En 2011, la Sala Primera ratificó la sentencia del Contencioso que anuló la concesión a Industrias Infinito.

Sin embargo, la Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción solicitó desestimar la causa contra el exmandatario en septiembre del 2014, al considerar que no existían pruebas suficientes para una imputación.

Por este caso, el exministro de Ambiente del gabinete de Arias, Roberto Dobles, fue condenado a 3 años de prisión en 2015, por el delito de prevaricato.

Fue a finales de 2018 cuando la Fiscala General, Emilia Navas, acusó penalmente al exmandatario. Los cargos fueron prevaricato y cohecho. El caso estaba en etapa de audiencias para evaluar si era llevado a juicio.

Lo que dijo la diputada

Este viernes, la diputada liberacionista, Yorleny León, retuiteó una noticia del diario La Nación que se titula: “Óscar Arias sobreseído por prescripción en caso Crucitas”.

Le legisladora acompañó la publicación con este comentario: “Los Tribunales de Justicia nuevamente señalan que no hay delito en el proceso contra el expresidente Arias por el caso Crucitas, y dictan el sobreseimiento definitivo. Es una lástima que el Ministerio Público haya gastado tiempo y dinero en una causa que estaba prescrita”.

Aún así, esa afirmación es falsa.

Lo que dice la sentencia realmente

Por solicitud de sus abogados defensores, el tribunal dictó sobreseimiento definitivo a favor de Óscar Arias por los delitos de prevaricato y cohecho porque se vencieron los plazos para investigar tales acusaciones.

Declarar el sobreseimiento de una acusación penal por la prescripción de los hechos imputados no implica que la persona acusada sea inocente o culpable. Con ese dictamen, el tribunal solamente determina que está fuera del plazo para llevar las acusaciones a juicio.

El contenido del dictamen fue divulgado por distintos medios de comunicación y por la defensa legal del exmandatario. Doble Check también tuvo acceso a una copia de la sentencia.

El tribunal indicó que el plazo para llevar a juicio los cargos de prevaricato venció el 14 de diciembre del 2016, pues la pena máxima para ese delito es de seis años, que comenzaron a contar desde el fallo del Contencioso en el 2010.

En cuanto a la acusación de cohecho, la jueza Carla Bonilla Ballestero indicó que prescribió desde el 8 de mayo del 2016. Ese delito también tiene una pena máxima de seis años de cárcel, y se determinó que el plazo para interponer una querella inició el 8 de mayo de 2010, cuando concluyó el mandato de Arias.

Incluso, la sentencia narra que la defensa del exmandatario le solicitó al tribunal un sobreseimiento en razón de que el delito de cohecho no se cometió, alegando que la Fiscalía no había aportado pruebas suficientes desde el 2014.

El juzgado declaró improcedente tal petición, dado que “el hecho de que no se haya logrado contar con la prueba requerida […] es un elemento que dista mucho de pretender alegar que el hecho no se dio o no fue cometido por el encartado”. El tribunal añadió que “se requiere contar con grado de certeza para ello y no nos encontramos ante tal supuesto”.

A partir de la declaración de sobreseimiento, el tribunal se abstuvo de pronunciamientos adicionales sobre Arias. Es decir: la sentencia no entra en la cancha de absolver o culpar al expresidente sobre su rol en el caso de Crucitas.

Diputada rectifica

Horas más tarde del mismo viernes, Yorleny León admitió que se equivocó sobre “un concepto técnico” al decir que el tribunal dictó que “no hubo delito” en el proceso contra Óscar Arias por Crucitas.

Es falso que el gobierno está dando casas a refugiados nicaragüenses

En resumen: Diario Extra indujo al error al titular que “Gobierno garantiza casas para nicas”, tal como lo hizo en un artículo sobre los nicaragüenses que han buscado refugio en Costa Rica por la crisis política en ese país, que inició en abril del 2018.

En realidad, el Gobierno no puede brindar viviendas a las personas nicaragüenses que han buscado refugio en Costa Rica, según los estatutos y registros de distintas instituciones públicas.

La mayoría de recursos para ayudar a solicitantes de refugio nicaragüenses ha provenido del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), pero estos no son parte del presupuesto nacional.

Por otro lado, el Estado puede brindar otros beneficios socioeconómicos a solicitantes de refugio, como asignaciones familiares y becas educativas, solo si en el núcleo familiar hay menores de edad, pues se prima el bienestar del niño antes de su estado migratorio.

Sin embargo, registros facilitados a Doble Check muestran que, a pesar del aumento de solicitudes de refugio, el gasto estatal para la atención de esa población es una fracción ínfima de la ayuda social facilitada durante el 2018.

En resumen: Diario Extra indujo al error al titular que “Gobierno garantiza casas para nicas”, tal como lo hizo en un artículo sobre los nicaragüenses que han buscado refugio en Costa Rica por la crisis política en ese país, que inició en abril del 2018.

En realidad, el Gobierno no puede brindar viviendas a las personas nicaragüenses que han buscado refugio en Costa Rica, según los estatutos y registros de distintas instituciones públicas.

La mayoría de recursos para ayudar a solicitantes nicaragüenses de refugio ha provenido del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur), pero estos no son parte del Presupuesto Nacional.

Por otro lado, el Estado puede brindar otros beneficios socioeconómicos a solicitantes de refugio. Por ejemplo, pueden dar asignaciones familiares y becas educativas solo si en el núcleo familiar hay menores de edad, pues se prima el bienestar del niño antes de su estado migratorio.

Sin embargo, registros facilitados a Doble Check muestran que, a pesar del aumento de solicitudes de refugio, el gasto estatal para la atención de esa población es una fracción ínfima de la ayuda social facilitada durante el 2018.

Titular engañoso

El pasado 4 de febrero, Diario Extra publicó una noticia titulada como “Gobierno garantiza casas para nicas”. El artículo se refería a una declaración del ministro de Seguridad, Michael Soto, sobre la existencia de albergues clandestinos para solicitantes nicaragüenses de refugio.

En uno de sus párrafos, el artículo consigna que el ministro dijo que Seguridad ha identificado varias casas que funcionan como refugios improvisados para migrantes, pero que “no hay ningún indicio de que dichos centros funcionen como estaciones de entrenamiento militar”.

Esa fue la única “garantía” que hay de un jerarca del Gobierno en la nota.

Sin embargo, las reacciones más destacadas de la noticia en Facebook evidencian que el titular indujo al error. El título dio a entender que el Gobierno está dando viviendas a los nicaragüenses que buscan refugio.

Reacciones destacadas de la nota que publicó Diario Extra

Dicha lectura es incorrecta por varias razones.

La primera es que la afirmación del jerarca apunta a una dirección distinta. El ministro confirmó a Doble Check:

En una conferencia [de prensa], lo que indiqué es que hay casas en el país que nicaragüenses las alquilan, las convierten en cuarterías y les dan hospedaje a sus coterráneos, les ayudan con su alimentación mientras se estabilizan. No es una cuestión de que el gobierno está tolerando o facilitando casas para que la gente se hospede o para grupos subversivos; de ninguna manera vamos a permitir eso”.

Reglamento cierra opciones

La segunda razón que refuta la interpretación del titular de Extra la dio el Banco Hipotecario de la Vivienda (BANHVI), encargado del financiamiento de los bonos de vivienda estatales. El reglamento operativo de esa institución no admite a solicitantes de refugio o refugiados.

Hay siete requisitos para acceder a un bono de vivienda. Estas condiciones están relacionadas con las características del núcleo familiar y los recursos económicos de quien solicita el beneficio. Una de esas exigencias es ser costarricense o contar con residencia legalizada y permanente en el país.

“Para acreditar el estatus migratorio, el documento requerido es cédula de residencia” específicamente. Los refugiados y los solicitantes de refugio tienen otro tipo de documento y no pueden optar por el bono. Así lo explicó el BANHVI por medio de su área de Comunicación.

Cabe recordar la diferencia entre una persona migrante y una refugiada. Según la Ley General de Migración y Extranjería:

Se entenderá como refugiado a la persona que:
1) Debido a fundados temores de ser perseguida por motivos de raza, religión, nacionalidad, género, pertenencia a determinado grupo u opiniones políticas, se encuentre fuera del país de su nacionalidad y no pueda o, por causa de dichos temores, no quiera acogerse a la protección de tal país.
2) Al carecer de nacionalidad y por hallarse fuera del país donde antes tenía su residencia habitual, no pueda o, por causa de dichos temores, no quiera regresar a él.

Por otra parte, no existe una definición jurídica uniforme de ‘migrante’. Sin embargo, el Acnur considera que la ‘migración’ implica un proceso voluntario de alguien que cruza una frontera en busca de mejores oportunidades económicas.

Ayuda internacional

Hay que tener claro que solicitar refugio es distinto a ser refugiado.

Una persona puede solicitar refugio en Costa Rica por medio de la Dirección General de Migración y Extranjería, pero cada petición pasa por un proceso de evaluación que puede tardar meses. El solicitante recibe un carné provisional mientras esa evaluación se hace. Si la solicitud fuera aceptada, se convierte en un refugiado con su carné respectivo.

La condición de solicitante de refugio garantiza que la persona no será devuelta o expulsada del país mientras se determina la legitimidad de su petición.

Migración y Extranjería confirmó que más de 26.000 personas solicitaron refugio en Costa Rica desde mediados del 2018, después del estallido de la crisis en Nicaragua. La mayoría de peticiones provino de ciudadanos de ese país (poco más de 23.000), pero solo tres de esas solicitudes fueron aprobadas el año pasado.

El año anterior, la Unidad de Refugio de esa institución recibió $700.000 del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), “para hacer frente al incremento de solicitudes de refugio, que se estaba dando desde el año 2016”, respondió el área de prensa de Migración y Extranjería.

Tales recursos fueron empleados para la apertura de un nuevo edificio para la Unidad de Refugio, para ampliar su capacidad de atención diaria, así como la contratación de 30 profesionales en derecho y personal administrativo, confirmaron ACNUR y Migración.

Aparte de ese financiamiento, “la Unidad de Refugio trabajó con los recursos asignados para su trabajo cotidiano sin recurrir en gastos extraordinarios”, afirmó dicha institución.

En total, Acnur señaló a Doble Check que su marco de cooperación se amplió en Costa Rica con $1 millón para atender la llegada de solicitantes de refugio nicaragüenses. Sumado al apoyo a Migración y Extranjería, los recursos también se emplearon en la apertura de una oficina en Upala para coordinar la asistencia humanitaria en la zona norte del país. También se creó un centro de información para refugiados y solicitantes de refugio.

Además, ACNUR destinó esos fondos a sus agencias socias. Estas ofrecen servicios de apoyo legal y socioeconómico, atención psicológica y capacitaciones para personas que buscan refugio en Costa Rica. “Desde abril de 2018 hasta la fecha, el Acnur y sus agencias socias han registrado a 7.710 nicaragüenses en nuestros programas”, afirmó esa entidad.

Los fondos provienen del presupuesto regular del Acnur; es decir, no son fondos públicos del Gobierno. “El presupuesto regular del Acnur se conforma principalmente de las donaciones de los Estados Miembros de las Naciones Unidas”, añadió la institución”.

Doble Check también solicitó información a la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) sobre recursos asignados para la atención de nicaragüenses, pero no se obtuvo respuesta.

Otros beneficios, pero limitados

El Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS) afirmó a Doble Check que la asignación de beneficios socioeconómicos de esa institución a solicitantes de refugio solo podría darse a familias con menores de edad. Así se hace también con migrantes irregulares.

En general, el IMAS destinó menos de 6% de sus recursos a la atención de 21.101 nicaragüenses el año pasado. De ese total, la mayoría son residentes permanentes, y solo 2.961 personas estaban en la categoría de “persona extranjera”, en la que se incluye a migrantes con estatus irregular o solicitantes de refugio.

Fuente: IMAS.

La mayoría de recursos a nicaragüenses en general se destinaron a asignaciones familiares, becas educativas Avancemos y seguridad alimentaria, según los registros facilitados por el área de prensa del IMAS.

El IMAS también tiene un convenio con Acnur para la atención de refugiados desde el 2017. Por medio de ese acuerdo, 415 nicaragüenses fueron alcanzados el año pasado, pero casi la totalidad de ese grupo ya tenía refugio aprobado o residencia permanente.

Fuente: IMAS.

Por otro lado, Casa Presidencial indicó que no ha destinado recursos directamente para la atención de solicitantes de refugio nicaragüenses.

Hasta la fecha, la Comisión Nacional de Emergencias (CNE) solo ha colaborado con cuatro tiendas de campaña para los Centros de Atención Temporal de Migrantes (Catem), que fueron donadas por los Estados Unidos y que se otorgaron en calidad de préstamo, según el Ministerio de la Presidencia. Esos centros están ubicados en La Cruz (Guanacaste) y en Golfito (Puntarenas), y atienden a migrantes de distintas nacionalidades.

Así, no sobra recomendar que lea más allá del título de las noticias, y si usted es quien los redacta, hágalos con más cuidado.

Planillas de instituciones sociales crecieron, pero no como dice Ivonne Acuña

En resumen: La diputada independiente Ivonne Acuña divulgó que la cantidad de puestos laborales aumentó en instituciones públicas del sector social durante los últimos 4 años. Aunque la mayoría de los señalamientos de Acuña son verdaderos, la diputada también compartió una cifra totalmente falsa.

La diputada acertó los datos que compartió del Instituto Nacional de Desarrollo Rural (Inder), el Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS), el Instituto Nacional de la Mujer (Inamu) y el Patronato Nacional de la Infancia (PANI). En el último cuatrienio, la planilla en esas instituciones creció entre 9% y 60%.

Sin embargo, Acuña dijo que la planilla de la Dirección Nacional de Desarrollo de la Comunidad (Dinadeco) aumentó 93% durante los últimos 4 años. El dato es falso: no hubo apertura de nuevas plazas en Dinadeco en el periodo señalado por la legisladora, según los registros de esa institución.

En resumen: La diputada independiente Ivonne Acuña divulgó que la cantidad de puestos laborales aumentó en instituciones públicas del sector social durante los últimos 4 años. Aunque la mayoría de los señalamientos de Acuña son verdaderos, la diputada también compartió una cifra totalmente falsa.

La diputada acertó los datos que compartió del Instituto Nacional de Desarrollo Rural (Inder), el Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS), el Instituto Nacional de la Mujer (Inamu) y el Patronato Nacional de la Infancia (PANI). En el último cuatrienio, la planilla en esas instituciones creció entre 9% y 60%.

Sin embargo, Acuña dijo que la planilla de la Dirección Nacional de Desarrollo de la Comunidad (Dinadeco) aumentó 93% durante los últimos 4 años. El dato es falso: no hubo apertura de nuevas plazas en Dinadeco en el periodo señalado por la legisladora, según los registros de esa institución.

Los datos ciertos

En la sesión legislativa del pasado 19 de noviembre, la diputada Ivonne Acuña dijo que se había puesto a “estudiar el tema de creación de plazas y nombramientos en algunas instituciones autónomas del sector social”, ya que la Asamblea Legislativa estaba discutiendo el presupuesto del Gobierno del 2019.

“Ciertamente se requiere aumentar la inversión basado en evidencia, y mejorar los resultados para lograr erradicar la pobreza extrema y brindar mejores y oportunos servicios de salud a la ciudadanía”, dijo la diputada.

Luego, Acuña presentó una serie de datos sobre el crecimiento de planillas en instituciones públicas de labor social:

En este estudio encontré que, de mayo del 2014 a mayo del 2018, la planilla de IMAS aumentó en un 35%; eso es casi 300 funcionarios más. La planilla del Inamu aumentó en un 40,52%. ¡La planilla de Dinadeco aumentó en un 93%! Prácticamente, se duplicó. La planilla del PANI aumentó en un 55,50%; esto es 459 funcionarios más. En el Inder, la planilla aumentó casi en un 10%”.

La mayoría de esos datos son ciertos o muy cercanos a la verdad, según los registros de Recursos Humanos de cada entidad a diciembre del año pasado.

Por ejemplo, Acuña dijo que la planilla del PANI creció 55.50%. Según esa institución, su cantidad de puestos laborales aumentó 60% en el último cuatrienio, para un total de 1326 personas empleadas.

La diputada también acertó los datos que compartió sobre el IMAS y el Inamu: el aumento de plazas en esas instituciones fue de 36% y 41%, respectivamente.

Así se comportaron las planillas de las instituciones públicas mencionadas por Ivonne Acuña entre los años 2014-2018 (Fuente: Recursos Humanos de cada entidad).

Igualmente, Acuña estuvo cerca del aumento de planilla en el Inder: la legisladora dijo que se abrieron 10% más plazas en los últimos cuatro años, y los registros facilitados por esa entidad indican que la cantidad de empleados aumentó casi 9%.

En el Inamu y en el Inder, el aumento de la planilla se dio mayormente por la apertura de plazas temporales por servicios especiales.

“Las plazas por servicios especiales son aprobadas por un tiempo determinado, generalmente por un año  y por un proyecto específico. En el momento en que la autoridad presupuestaria no las apruebe, no se puede continuar con el nombramiento de los funcionarios”, explicó el área de Recursos Humanos del Inder.

El dato falso

El único dato de la diputada Acuña que contradice los registros institucionales está relacionado con Dinadeco.

La legisladora independiente anunció en el Plenario que la planilla en dicha institución se infló 93% en el pasado cuatrienio. Sin embargo, la respuesta de Dinadeco a una consulta de Doble Check es que su número de empleados se mantuvo igual: 153 plazas.

El área de Recursos Humanos de Dinadeco especificó que la última vez que tuvieron nuevos puestos laborales fue en el 2010, cuando se habilitaron siete plazas para promoción social y administración.

Se intentó contactar a Ivonne Acuña, pero no contestó los mensajes enviados por Whatsapp. Tampoco contestó oportunamente un mensaje de correo electrónico. Su despacho comunicó que la diputada está en Estados Unidos y que no podían contestar consultas sin su autorización.

Diputados hacen “teléfono chocho” e inflan gastos del MOPT

En resumen: El diputado Walter Muñoz, del Partido Integración Nacional (PIN), denunció que los presupuestos extraordinarios del Gobierno para el 2018 destinan ₡20.000 millones en consultorías para el Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT).

Esa afirmación es incorrecta. Los dos presupuestos extraordinarios del Gobierno Central para este año –y que fueron aprobados por el Congreso– registran menos de la mitad de la cifra que Muñoz denunció: ₡9.179 millones.

Luego se armó un “teléfono chocho” con ese dato en el Plenario.

Después de que Muñoz soltara aquel número en la sesión del 27 de noviembre, el diputado Dragos Dolanescu, del Partido Republicano Socialcristiano (PRSC), difundió la misma cifra en Facebook pero cambió la interpretación sobre los recursos. El legislador dijo que esos ₡20.000 millones son el dinero que el Gobierno gastará en consultorías del MOPT en toda su Administración.

Eso también es incorrecto. Aunque el MOPT prevé ejecutar $3.000 millones para infraestructura vial durante la presente Administración, aún no se ha publicado un dato concreto sobre cuánto se destinará en total a consultorías y asesorías profesionales.

En resumen: El diputado Walter Muñoz, del Partido Integración Nacional (PIN), denunció que los presupuestos extraordinarios del Gobierno para el 2018 destinan ₡20.000 millones en consultorías para el Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT).

Esa afirmación es incorrecta. Los dos presupuestos extraordinarios del Gobierno Central para este año –y que fueron aprobados por el Congreso– registran menos de la mitad de la cifra que Muñoz denunció: ₡9.179 millones.

Luego se armó un “teléfono chocho” con ese dato en el Plenario.

Después de que Muñoz soltara aquel número en la sesión del 27 de noviembre, el diputado Dragos Dolanescu, del Partido Republicano Socialcristiano (PRSC), difundió la misma cifra en Facebook pero cambió la interpretación sobre los recursos. El legislador dijo que esos ₡20.000 millones son el dinero que el Gobierno gastará en consultorías del MOPT en toda su Administración.

Eso también es incorrecto. Aunque el MOPT prevé ejecutar $3.000 millones para infraestructura vial durante la presente Administración, aún no se ha publicado un dato concreto sobre cuánto se destinará en total a consultorías y asesorías profesionales.

¿Por qué se armó teléfono chocho?

El pasado 27 de noviembre, el diputado Dragos Dolanescu criticó el presupuesto del MOPT en una transmisión de video en Facebook que se compartió más de 1.700 veces:

“Un tema que saca el doctor [Walter] Muñoz muy, pero muy interesante: ¿saben cuánto se nos van a ir a todos los costarricenses en asesorías? ₡20.000 millones. Así como lo oyen: estamos quebrados, le vamos a pasar un paquetazo de impuestos a los pobres y a la clase media, y nos vamos a gastar ₡20.000 millones en consultorías sobre carreteras”, dijo Dolanescu.

La cifra nos dejó la ceja igual a la de La Roca, así que llamamos al diputado el pasado miércoles. 

Dolanescu respondió inmediatamente que él hizo referencia a las palabras de Walter Muñoz, pero que la cifra correspondía al gasto en consultorías y asesorías para infraestructura que gastará el MOPT en esta Administración.

Los ₡20.000 millones habían sido mencionados en el Plenario por el diputado Muñoz horas antes de que Dolanescu hiciera su video en Facebook, pero explicado de manera distinta.

En la sesión del 27 de noviembre, Muñoz dijo lo siguiente:

₡20.000 millones, lo que en el presupuesto anterior extraordinario le dejamos aprobado al gobierno: ₡20.000 millones en asesorías y consultorías en el tema de infraestructura”, dijo el diputado del PIN.

Entonces, en una misma tarde, dos legisladores denunciaron un mismo número, pero con interpretaciones distintas.

¿Cuánto se le aprobó al MOPT para consultorías?

Aunque la interpretación sea distinta, ambos diputados distribuyeron una cifra imprecisa.

Walter Muñoz afirmó que el presupuesto extraordinario del Gobierno para el 2018 incluye ₡20.000 millones que el MOPT gastará en consultorías profesionales.

Sin embargo, los dos presupuestos extraordinarios que se aprobaron este año solo suman ₡9.179 millones para servicios de consultorías y asesorías profesionales.

Las llamadas consultorías y asesorías se agrupan en la subpartida presupuestaria de “servicios de gestión y apoyo”, según el Clasificador por objeto del gasto del sector público, que publica el Ministerio de Hacienda.

En dicha subpartida, las instituciones del sector público registran los servicios profesionales y técnicos que le pagan a personas físicas y jurídicas por trabajos específicos.

Esos servicios se agrupan en distintas categorías: informática, salud, ingeniería, y ciencias económicas y sociales. También hay una subcategoría de servicios generales, pero esta agrupa el pago de trabajos misceláneos, como conserjes o guardias de seguridad.

El presupuesto de este año del MOPT, con todas sus actualizaciones a noviembre, asciende los ₡948.000 millones, de los cuales destina un total de ₡10.943 millones a servicios profesionales.

Puede leer aquí el Primer Presupuesto Extraordinario y el Segundo Presupuesto Extraordinario del 2018

¿De dónde sale el dato de Walter Muñoz, entonces?

El miércoles pasado, se le pidió telefónicamente una aclaración al diputado Walter Muñoz, pero señaló que el indicado para la consulta era su asesor, Róger Bejarano.

Bejarano justificó que los ₡20.000 millones en asesorías que denunció el diputado del PIN corresponden a la suma de varias cifras, no solo las del presupuesto extraordinario.

Diapositiva de la presentación sobre obras que el MOPT planea desarrollar durante el actual gobierno, expuesta por el ministro Rodolfo Méndez ante la comisión legislativa de infraestructura.

Además de los rubros que registran los presupuestos extraordinarios de este año, Bejarano dijo que él sumó $3.5 millones de un estudio de factibilidad para la carretera de San José-Río Frío, y $5 millones presupuestados para empezar el proyecto de ampliación de la carretera San José-Cartago.

Esas son cifras que el ministro del MOPT, Rodolfo Méndez, expuso a la comisión de infraestructura del Congreso el pasado 13 de noviembre.

Sin embargo, tales cifras solo forman parte de una exposición que hizo el ministro sobre obras de infraestructura que su cartera tiene previstas para la presente Administración.

Incluso, sobre los $5 millones de la carretera a Cartago que el asesor legislativo incluyó en su cálculo, el ministro dijo en la presentación solamente que “en realidad lo que tenemos es $5 millones del presupuesto de este año, que reservamos para Cartago, y ya eso es suficiente para empezar el trámite de licitación”.

Se hizo una consulta al MOPT sobre esos los montos que encajó Bejarano en su cálculo pero no hubo respuesta oportuna.

Aún así, las palabras del Méndez infieren que los $5 millones para la carretera a Cartago ya están incluidos en el presupuesto de este año, aunque no especificó si los recursos se emplearían en consultorías.

En cuanto al estudio de factibilidad de $3.5 millones para la carretera San José-Río Frío, desconocemos si ya está en el presupuesto de este año. Si lo estuviera, Bejarano está haciendo una doble suma para llegar a su número. Y en caso de no estarlo, el asesor sumó una cifra no presupuestada, y el diputado para quien trabaja la difundió como parte del presupuesto extraordinario. Ambas sumas inducen a error.

Captura de pantalla del acta del 13 de noviembre del 2018 de la comisión legislativa de infraestructura, donde el Ministro del MOPT presentó los proyectos que el Gobierno tiene planeados.

Bueno, ¿cuánto va a gastar el MOPT en consultorías en este gobierno?

Dragos Dolanescu divulgó equivocadamente la cifra de los ₡20.000 millones como el presupuesto que gastará la presente Administración en consultorías del MOPT durante sus cuatro años de gobierno.

Sin embargo, su propia fuente desmiente esa afirmación: Muñoz estaba refiriéndose solamente al presupuesto extraordinario del 2018 y no al total que gastará la administración Alvarado Quesada.

Según la exposición que hizo el Ministro del MOPT a la Asamblea Legislativa, este gobierno proyecta que ejecutará $3.000 millones en infraestructura, aunque no especificó cuánto se destinará al pago de servicios profesionales.

Al menos para el próximo año, el presupuesto que propuso el Gobierno prevé poco más de ₡3.500 millones de servicios de gestión y apoyo para el MOPT, aunque la mayoría (₡2.440 millones) son para servicios no profesionales. Es decir que son poco más de ₡1.000 millones los que están contemplados como asesorías.

Así que el gasto en consultorías del MOPT podría ser más o menos que el monto que cree Dolanescu para este gobierno. Daremos la respuesta si el MOPT nos contesta (ojo a la indirecta 🔪).