Diputado Gustavo Viales critica postergación de meta fiscal aunque él tiene parte de la responsabilidad

El diputado Gustavo Viales, de Liberación Nacional, cuestionó que el presidente Carlos Alvarado presentara proyecciones de déficit fiscal menos alentadoras a las comunicadas meses antes por el Ministerio de Hacienda. Sin embargo, el diputado omite un dato clave. Cambios apoyados por él mismo son responsables, en parte, de que surgiera esa incongruencia.

El diputado publicó un meme en Twitter el 6 de mayo. La publicación afirmaba que la ministra había pronosticado en junio del 2018 que, de aprobarse el plan fiscal, el déficit primario para el 2020 sería de 0,4%. Viales comparó que Alvarado dijo en su informe del 2 de mayo que ese déficit sería de 1,1% para ese mismo año. (El déficit primario es el porcentaje de exceso de gastos sobre los ingresos del Estado).

Viales no menciona que, entre junio y mayo, el plan fiscal que se discutía en la Asamblea se recortó y, por tanto, redujo su potencial de recaudación. El plan original del gobierno pretendía percibir 1,72% del Producto Interno Bruto (PIB) en impuestos, mientras que la versión aprobada quedó en 1,29%. Buena parte de las reformas que debilitaron la recaudación fueron apoyadas por el diputado en la comisión que discutió la reforma.

Además, hubo aspectos internos y externos que incidieron en el cambio del pronóstico de déficit, según el Ministerio de Hacienda. Primero, el crecimiento económico del país fue menor al esperado debido a factores internacionales; y segundo, hubo una recaudación de impuestos más baja debido a ese bajo crecimiento.

Consultado al respecto, el diputado afirmó que su mensaje pretende ser una llamada de atención contra el gobierno, no por el tema de la reducción en los ingresos, sino por lo que considera una falta de señales en cuanto al recorte del gasto. Este reclamo no fue explícito en su mensaje en redes.

El meme publicado por Viales tiene además una imprecisión y una inferencia vacía. Por un lado, dice que la ministra había anunciado que para el año 2021 ya no habría déficit. En realidad, la ministra lo había pronosticado para el 2022. Asimismo, el presidente Alvarado nunca hizo mención al año 2021 en su informe. Por ello, traer a colación el 2021 no venía al caso.

En resumen: El diputado Gustavo Viales, de Liberación Nacional, cuestionó que el presidente Carlos Alvarado presentara proyecciones de déficit fiscal menos alentadoras a las comunicadas meses antes por el Ministerio de Hacienda. El cambio que señala es cierto, pero el diputado omite un dato clave. Cambios apoyados por él mismo son responsables, en parte, de que surgiera esa incongruencia.

El diputado publicó un meme en Twitter el 6 de mayo. La publicación afirmaba que la ministra había pronosticado en junio del 2018 que, de aprobarse el plan fiscal, el déficit primario para el 2020 sería de 0,4%. Viales comparó que Alvarado dijo en su informe del 2 de mayo que ese déficit sería de 1,1% para ese mismo año. (El déficit primario es el porcentaje de exceso de gastos sobre los ingresos del Estado).

Viales no menciona que, entre junio y mayo, el plan fiscal que se discutía en la Asamblea se recortó y, por tanto, redujo su potencial de recaudación. El plan original del gobierno pretendía percibir 1,72% del Producto Interno Bruto (PIB) en impuestos, mientras que la versión aprobada quedó en 1,29%. Buena parte de las reformas que debilitaron la recaudación fueron apoyadas por el diputado en la comisión que discutió la reforma.

Además, hubo aspectos internos y externos que incidieron en el cambio del pronóstico de déficit, según el Ministerio de Hacienda. Primero, el crecimiento económico del país fue menor al esperado debido a factores internacionales; y segundo, hubo una recaudación de impuestos más baja debido a ese bajo crecimiento.

Consultado al respecto, el diputado afirmó que su mensaje pretende ser una llamada de atención contra el gobierno, no por el tema de la reducción en los ingresos, sino por lo que considera una falta de señales en cuanto al recorte del gasto. Este reclamo no fue explícito en su mensaje en redes.

El meme publicado por Viales tiene además una imprecisión y una inferencia vacía. Por un lado, dice que la ministra había anunciado que para el año 2021 ya no habría déficit. En realidad, la ministra lo había pronosticado para el 2022. Asimismo, el presidente Alvarado nunca hizo mención al año 2021 en su informe. Por ello, traer a colación el 2021 no venía al caso.

¿Cómo surgió la polémica?

El presidente Carlos Alvarado presentó su informe a la Asamblea Legislativa el pasado 2 de mayo. En él, expuso los pronósticos de déficit según los datos del Programa Macroeconómico 2019-2020, del Banco Central. Para el 2020, Alvarado dijo que el gobierno espera un déficit de 1,1% del Producto Interno Bruto (PIB).

Días después, el diputado liberacionista Gustavo Viales publicó una imagen en Twitter en donde denunciaba una incongruencia entre lo expresado por Alvarado y datos que habían sido expuestos por la ministra Rocío Aguilar en un oficio de junio del 2018 para la Asamblea Legislativa.En aquel documento de junio, la ministra pronosticaba que el déficit bajaría a 0,4% para el 2020 si se aprobaba la legislación. Según dijo Viales a Doble Check, la información de Hacienda serviría de insumo para que los diputados tomaran decisiones sobre posibles modificaciones al plan fiscal que se discutía entonces.

 

Imagen publicada por el diputado Gustavo Viales el 6 de mayo como respuesta al informe presidencial ante la Asamblea Legislativa.

El plan fiscal fue la principal medida económica impulsada en el primer año de gobierno de Carlos Alvarado, y fue aprobada con modificaciones sustantivas el 3 de diciembre.

Viales reclama que la promesa era eliminar el déficit para el 2021. En realidad, Aguilar proyectaba una eliminación del déficit para el 2022, y no como afirmó el diputado. Por ello hay una imprecisión en su mensaje.

Proyección del déficit por Hacienda con y sin plan fiscal, según el oficio enviado a la Asamblea Legislativa en junio pasado.

Además, en su informe del 2 de mayo, el presidente Alvarado no se refirió a la meta para el 2021 o el 2022, sino que se limitó al 2020. El diputado lo interpreta como una omisión intencional para no reconocer que no se cumplirá la meta planteada originalmente, según dijo a Doble Check.

Aparte de estas incongruencias, el reclamo principal de Viales es que la proyección de Hacienda en junio del 2018 es de siete décimas inferior a la anunciada ahora por Alvarado. ¿Por qué el diputado es en parte responsable por el pronóstico modificado?

¿Cómo cambió el plan fiscal?

Las proyecciones de cuánto percibirá el Estado de más o de menos por impuestos dependen de la producción del país o, mejor dicho, de cuánto se pronostica que producirá el país. Este número se expresa en las proyecciones del Producto Interno Bruto (PIB). En el contexto del plan fiscal, el monto esperado de ingresos por impuestos también varió con respecto a los cambios que los diputados hicieran.

Hacienda siguió el rastreo de cambios que provocaron los impactos más importantes en la recaudación proyectada según el plan fiscal. Por ejemplo, la reducción del impuesto a canasta básica tributaria; se eliminó el impuesto a las utilidades de las cooperativas; se ajustó el tributo a las tasas para asociaciones solidaristas, cooperativas, mutuales y remesas al exterior; la educación privada quedó exenta y se modificaron las imposiciones a los medicamentos.

Modificaciones al plan fiscal hechas por la Asamblea Legislativa, según el recuento del Ministerio de Hacienda.

Los cambios representaron una reducción de 0,43 puntos porcentuales del PIB en la recaudación esperada. Como parte de la comisión del plan fiscal, Viales fue uno de los diputados con cuyo aval se hizo esa reducción en casi todas las mociones. La única excepción fue el impuesto a la educación privada, que fue promovido desde la representación de la Unidad Social Cristiana.

Los cambios en la legislación fueron uno de los factores por los que las proyecciones dadas por la ministra en junio del 2018 son distintos a los expuestos por Carlos Alvarado en mayo pasado, según explicó el ministerio. Doble Check compartió la explicación de Hacienda con el investigador en temas económicos, Rudolf Lucke, y con el viceministro de Ingresos, Fernando Rodríguez. Ambos la encuentran satisfactoria.

¿Qué dice el diputado?

En entrevista con Doble Check, Viales dijo percibir que los diputados han entregado herramientas adecuadas para que el Estado perciba más ingresos. Sin embargo, él estima que no han existido señales claras de recorte en el gasto del Estado por parte del gobierno. Dice que de ahí se deriva el interés de su publicación, aunque no fue explícito en aquel momento.

«Yo creo que el porqué de que no se vaya a cumplir la expectativa tiene más que ver con las medidas de recorte de gasto», dice el diputado.

Se le consultó al diputado si su despacho ha hecho los cálculos de cuánto ha sido el impacto de estas medidas que afirma que no se han implementado. Viales reconoció que no, pero al mismo tiempo afirmó que «es evidente (el impacto)». «El (proyecto para la reforma al) empleo público no lo enviaron (a la Asamblea) en enero, y obviamente se va a retrasar», ejemplificó.

El viceministro de Ingresos, Fernando Rodríguez, difiere del impacto que los recortes en gastos puedan tener en el corto plazo. Consultado por Doble Check, el economista afirmó que los controles de gastos como los propuestos en empleo público no tendrían un impacto significativo a dos o tres años, sino a unos 20, cuando se vea un cambio generacional en las planillas estatales. Es decir, no afectarían las proyecciones en el déficit al 2021.

En cuanto a los ingresos, Viales reconoce que el plan fiscal fue disminuido en su capacidad de recaudación. Sin embargo, también afirma que la Asamblea aprobó fondos que no estaban contemplados en el plan inicial de Hacienda, como la norma de subcapitalización y la amnistía tributaria. A criterio de Viales, ahí existió una compensación con lo recortado.

Rodríguez coincide en que la amnistía sí provee recursos frescos. No obstante, advierte que el fisco solo recibe el dinero una vez, por lo que no compensa un recorte en los impuestos propuestos. Si se baja el porcentaje de impuestos en un plan, ese representará un dinero que el Estado deja de percibir periódicamente. Con respecto a la norma de subcapitalización, el economista calcula que los fondos percibidos no serán tan significativos.

Crecimiento y recaudación

¿Fueron los cambios en el plan fiscal los únicos que incidieron en el cambio de las proyecciones fiscales? Para nada.

Lo primero que hay que saber sobre las proyecciones del Producto Interno Bruto (sobre las cuales se hacen las proyecciones de déficit) es que estas se actualizan periódicamente con base en los cambios de las realidades económicas. Estos reajustes son habituales en la evaluación macroeconómica, explicó Rudolf Lucke, del Instituto de Investigaciones en Ciencias Económicas de la Universidad de Costa Rica. Es decir, ya de cajón existen cambios en las proyecciones aunque no hubieran factores internos o externos inesperados.

Ahora, además de los reajustes, sí hubo factores inesperados que operaron en la economía costarricense del último año.

Además de los cambios al plan fiscal, hubo una reducción en el optimismo macroeconómico entre el momento en que la ministra de Hacienda presentó su plan a los diputados y el informe presidencial ante la Asamble Legislativa. De hecho, Fernando Rodríguez opina que los pronósticos de Hacienda fueron demasiado optimistas.

Información enviada por Hacienda, sostiene que hubo eventos internos y externos que afectaron los pronósticos. Por un lado, la huelga del sector público del 2018 habría disminuido en 0,4 puntos porcentuales el crecimiento económico del país, que para ese año alcanzó 2,7%, según datos del Programa Macroeconómico 2019-2020, del Banco Central.

¿Cuáles fueron los motivos externos de esta falta de crecimiento? El Banco menciona una cinco: a) aumento de las tasas de interés internacionales; b) aversión al riesgo de inversionistas que provocó la salida de capitales desde mercados emergentes; c) las tensiones comerciales entre Estados Unidos y otras grandes economías; d) la crisis sociopolítica en Nicaragua; e) y el aumento en precios de materias primas, lo que presionaría la inflación en Costa Rica.

El resultado directo de esa falta de crecimiento se expresó en el país en una baja en la recaudación de impuestos, según Hacienda. Esta recaudación menor es de aproximadamente 1% del PIB (₡300.000 millones), lo que finalmente terminó cambiando las proyecciones iniciales publicadas por el ministerio.

Falso: eutanasia en Holanda no está limitada solo para sus ciudadanos

En resumen: es falso que la ley de los Países Bajos restringe la eutanasia solo para ciudadanos de ese país, tal como afirmó la diputada independiente del bloque “Nueva República”, Ivonne Acuña.

La eutanasia y el suicidio asistido fueron despenalizados en Holanda desde el 2002 cuando estos sean facilitados por personal médico.

La ley holandesa solo permite el procedimiento a personas que sufran de un dolor insoportable y cuyo padecimiento sea incurable.  Además, debe haber una autorización expresa y “en conciencia completa” del solicitante.

Contrario a lo afirmado por la diputada Acuña ante el medio de comunicación elmundo.cr, la legislación de los Países Bajos carece de una restricción basada en la ciudadanía o el estado de residencia de la persona que requiera la terminación de su vida.

En su sitio oficial en Internet, el gobierno holandés estipula que el médico tratante debe decidir si es posible ese tipo de procedimientos en casos de personas no residentes que han llegado recientemente a esa nación, con base en un “conocimiento suficiente” del historial médico del solicitante.

En resumen: Es falso que la ley de los Países Bajos restrinja la eutanasia solo para ciudadanos de ese país, tal como afirmó la diputada independiente del bloque “Nueva República”, Ivonne Acuña.

La eutanasia y el suicidio asistido fueron despenalizados en Holanda desde el 2002 cuando estos sean facilitados por personal médico.

La ley holandesa solo permite el procedimiento a personas que sufran de un dolor insoportable y cuyo padecimiento sea incurable.  Además, debe haber una autorización expresa y “en conciencia completa” del solicitante.

Contrario a lo afirmado por la diputada Acuña ante el medio de comunicación elmundo.cr, la legislación de los Países Bajos carece de una restricción basada en la ciudadanía o el estado de residencia de la persona que requiera la terminación de su vida.

En su sitio oficial en Internet, el gobierno holandés estipula que el médico tratante debe decidir si es posible ese tipo de procedimientos en casos de personas no residentes que han llegado recientemente a esa nación. Esa aprobación debe hacerse con base en un “conocimiento suficiente” del historial médico de la persona que la pide.

Acuña aseguró que compartiría con Doble Check su fuente de información, pero no lo ha hecho oportunamente. Se actualizará esta información si fuera necesario.

El comentario de Acuña

Esta semana, el medio digital elmundo.cr divulgó la reacción de la diputada Ivonne Acuña ante el propuesta de una Ley sobre Eutanasia y Muerte Digna, que fue presentado el pasado 1 de mayo por la legisladora del Partido Acción Ciudadana (PAC), Paola Vega.

Según consta en la nota de ese medio, Acuña cuestionó la falta de definiciones de la propuesta, como “el contenido presupuestario, los alcances del proyecto y  a quién está dirigido”.

Como ejemplo, la diputada independiente dijo que “Holanda en su regulación para poder dar el servicio de eutanasia estipula que el servicio es dado solamente a ciudadanos holandeses y precisamente para evitar que otras personas de otros países vengan a hacer uso de ese servicio”.

Captura de pantalla de la nota publicada en elmundo.cr

Por eso, la diputada independiente dijo que, de aprobarse el proyecto en Costa Rica, “vamos a tener turismo homicida y suicida en este país”.

Efectivamente, la iniciativa de ley para permitir la eutanasia en Costa Rica (tramitada bajo el expediente 21.383) carece de una limitación con base en la ciudadanía o el estado de residencia de la persona solicitante, confirmó a Doble Check la diputada Paola Vega.

Los límites que existen en Holanda (y los que no)

A partir del 2002, la legislación de los Países Bajos fue la primera en el mundo que despenalizó la eutanasia y el suicidio asistido.

En su sitio oficial en Internet, el gobierno holandés define que la eutanasia es un procedimiento “realizado por un médico tratante al administrar una dosis fatal de un fármaco apropiado, por solicitud expresa del paciente”. La legislación de ese país considera el suicidio asistido como una situación donde un médico proporciona el fármaco y el paciente se lo administra a sí mismo.

Tales procedimientos son regulados por medio de la Ley de terminación de la vida y suicidio asistido.

Dicha ley estipula una serie de condiciones para que la terminación de la vida por petición sea legal:

  1. Debe ser realizada por un profesional médico. Los médicos no están obligados a realizar el procedimiento.
  2. El médico tratante debe estar convencido de que la solicitud del paciente es voluntaria y bien considerada.
  3. El sufrimiento del paciente ha sido considerado como prolongado e insoportable.
  4. El médico tratante debe informar al paciente de su situación y de sus posibilidades.
  5. El paciente mantiene la convicción de que no hay otra situación razonable para su estado.
  6. El paciente debe ser evaluado por otro médico independiente, quien tiene que revisar por escrito el cumplimiento de las condiciones requeridas.
  7. La eutanasia o el suicidio asistido deben realizarse con un cuidado apropiado.

Además, el médico tratante debe notificar posteriormente la aplicación del procedimiento ante un comité evaluador.

La ley  holandesa establece que la terminación de la vida bajo esos límites puede ser solicitada por personas mayores de 12 años de edad. Sin embargo, el consentimiento de los padres de familia o los guardianes legales es obligatorio hasta los 16 años.

En casos de personas de 16 y 17 años, esa autorización no es obligatoria pero es requerido que la familia o los guardianes estén involucrados en la toma de las decisiones. Después de la mayoría de edad (18 años), las personas pueden solicitar la terminación de la vida sin involucramiento familiar.

La ley que regula la terminación de la vida por petición en Holanda carece de algún estatuto que limite el procedimiento con base en la ciudadanía o el estado de residencia de la persona solicitante.

En su plataforma informativa oficial, el gobierno holandés advierte que los médicos tratantes en casos de eutanasia y suicidio asistido deben tener información suficiente para evaluar la viabilidad del procedimiento en cada caso.

Así, las autoridades de Holanda aseguran que el personal médico puede decidir si facilita o no el procedimiento a personas no residentes que llegaron recientemente al país, con base en un “conocimiento suficiente” del historial médico del solicitante.

Cierto: Costa Rica es de los países más desiguales del mundo, según el Banco Mundial

En resumen: Es correcto indicar que Costa Rica es uno de los países más desiguales del mundo, según el Banco Mundial. La organización emplea el Coeficiente de Gini para comparar la desigualdad económica entre casi una centena de países del globo. De hecho, el país ha venido observando un grave crecimiento en su desigualdad económica especialmente desde la última década.

Una imagen compartida en varias publicaciones en redes sociales, sitúa a Costa Rica como el noveno país más desigual del mundo, acompañado de los casos latinoamericanos de Chile, Panamá, Brasil, Colombia, Honduras y Haití. Aunque no se cita la fuente, los datos que utiliza provienen de un estudio de 2016 del Banco Mundial que emplea información del 2013 para comparar la desigualdad económica en 101 países.

Eso sí, la lista del estudio NO contempla los indicadores de varias decenas de países, entre los que se incluyen naciones como Venezuela, Afganistán, Cuba, Libia, Puerto Rico, Trinidad y Tobago, Suriname o Belice, por lo que no es correcto incluirlos en la comparación.

En resumen: Es correcto indicar que Costa Rica es uno de los países más desiguales del mundo, según el Banco Mundial. La organización emplea el Coeficiente de Gini para comparar la desigualdad económica entre casi una centena de países del globo. De hecho, el país ha venido observando un grave crecimiento en su desigualdad económica especialmente desde la última década.

Una imagen compartida en varias publicaciones en redes sociales, sitúa a Costa Rica como el noveno país más desigual del mundo, acompañado de los casos latinoamericanos de Chile, Panamá, Brasil, Colombia, Honduras y Haití. Aunque no se cita la fuente, los datos que utiliza provienen de un estudio de 2016 del Banco Mundial que emplea información del 2013 para comparar la desigualdad económica en 101 países.

Eso sí, la lista del estudio NO contempla los indicadores de varias decenas de países, entre los que se incluyen naciones como Venezuela, Afganistán, Cuba, Libia, Puerto Rico, Trinidad y Tobago, Suriname o Belice, por lo que no es correcto incluirlos en la comparación.

La lista

Una recopilación de países pone a Costa Rica como el noveno país más desigual del mundo, según el Banco Mundial. La afirmación ha sido reiterada en varias ocasiones en Facebook, en Twitter, e incluso había sido mencionada en el Plenario Legislativo por el diputado de Restauración Nacional,  Eduardo Cruickshank. La imagen fue por primera vez citada en la red de noticias Biobiochile.cl en el artículo «Aparece Chile: estos son los 10 países más desiguales del mundo”.

La afirmación es correcta, y puede revisarse en la página 104 de la publicación Taking on inequality, del Banco Mundial, hecha en el 2016. Esa publicación usa datos de 2013, y se basa en información para 101 países.

«El país más desigual del mundo es Sudáfrica, seguido por Haití, cada uno de los cuales supera en 60 el Índice de Gini. Otro país subsahariano de África (Ruanda) y siete otros países de Latinoamérica y el Caribe (Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Honduras, México y Panamá), conforman el top diez de los países más desiguales del mundo)”, indica la sección.

Qué son el índice y el coeficiente de Gini

El coeficiente de Gini es uno de los indicadores económicos empleados para estimar la desigualdad de ingresos en un país. Se expresa de 0 a 1 (donde 0 representa la extrema igualdad, y 1 representa la extrema desigualdad en un país o un grupo de personas). El índice de Gini procede del mismo cálculo, multiplicado por cien (donde 0 muestra la igualdad más alta posible, y 100 se refiere a la mayor desigualdad posible).

En el mundo el índice de Gini promedio se aproxima a 38. Ese indicador fue de 49,3 para Costa Rica en el 2013, el año del cual se toman los datos para el estudio.

El caso de Costa Rica

En abril de 2018 la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE, un club de —mayoritariamente— países ricos, al que Costa Rica procura entrar) publicó su estudio económico para Costa Rica.

La OCDE resaltó que el país ha tenido un progreso social alto y que los indicadores de pobreza son positivos en comparación con el resto de la región latinoamericana. Sin embargo, la Organización también destacó que la desigualdad en el país es mayor que la del promedio de sus países integrantes, y va en aumento.

La desigualdad crece, la pobreza por ingresos está casi estancada y el ingreso de los trabajadores no mejora para los sectores más vulnerables del país.  De hecho, los niveles de desigualdad en Costa Rica son similares a los de hace cuarenta años. Durante los noventa el país gozaba de niveles de desigualdad menores que los de Estados Unidos y en 1994 alcanzó los mejores datos de equidad de toda la región latinoamericana.

Sin embargo, los avances se empezaron a revertir en el 2006 y se agravaron más durante la crisis económica del 2008. Ya para el 2015 el ingreso promedio del 10% más rico del país era 32 veces superior que el del 10% más pobre (esa relación era de 27 veces en el 2010). En comparación, la diferencia entre el promedio de los países de la OCDE es 9,6 veces.

Otro factor agrava la situación: mientras que Latinoamérica ha observado su desigualdad bajar, Costa Rica la ha mantenido en aumento.

Evolución de la desigualdad en Costa Rica y Latinoamérica

 

¿Qué provoca esa desigualdad?

En síntesis, hay varios elementos, pero parte de los responsables son el alto desempleo, la alta informalidad y las diferencias salariales.

Un estudio de la OCDE para el período 2010-2014 sostiene que uno de los principales disparadores de la desigualdad en el país son los salarios para funcionarios calificados del sector público, especialmente en las instituciones que están fuera del gobierno central.

“Las altas remuneraciones de los empleados públicos resultan de la combinación de numerosos incentivos complementarios que varían de un empleado a otro, así como de una multiplicidad de convenciones colectivas interrelacionadas y leyes que vinculan los aumentos salariales de un grupo a otro. (…) Esto hace que la remuneración de los empleados públicos sea excesivamente compleja, poco clara, no equitativa y difícil de controlar, especialmente ante la falta de una base de datos integrada sobre el empleo público y de un tope al gasto total en salarios del sector público”, señaló también la OCDE.

Hay otros factores relacionados. La última Encuesta Continua de Empleo destaca que la informalidad en el país llegó a un 44,9% en el último trimestre del 2018. Según el Informe del Estado de la Nación y la OCDE, eso representa una “fuente persistente de desigualdades”, además de un obstáculo a la productividad.

Entre toda la lista de malas noticias, hay una buena. La desigualdad en Costa Rica sería mucho mayor de no ser por los servicios de atención médica y de educación, según la OCDE. Aunque Costa Rica tiene un peor coeficiente de Gini que Perú o que México, la organización estima que —al final— la distribución del ingreso es más equitativa en Costa Rica, gracias ese tipo de beneficios.

Tribunal no declaró inocente a Óscar Arias por caso Crucitas, como dijo diputada del PLN

En resumen: Es falso afirmar que los tribunales de justicia hayan señalado la inexistencia de un delito en el proceso contra el expresidente Óscar Arias Sánchez por el caso de la mina Crucitas, tal como publicó la diputada del Partido Liberación Nacional (PLN), Yorleny León.

El Juzgado Penal de Hacienda y de la Función Pública no declaró inocente o culpable al expresidente. En realidad, ese órgano determinó la prescripción de las querellas en contra del exmandatario, por lo que se dictó sobreseimiento definitivo.

La prescripción se dio porque las acciones legales en contra de Arias se presentaron fuera del plazo permitido por la ley: por los cargos de prevaricato, el tribunal indicó que el plazo venció desde el 14 de diciembre del 2016, y la acusación de cohecho prescribió desde el 8 de mayo de ese mismo año.

El tribunal solo se limitó a descartar los procesos por haberse vencido su plazo, y abstuvo de hacer más pronunciamientos sobre Arias Sánchez en la sentencia. En ningún momento el tribunal determinó que el expresidente cometió un delito o no.

La diputada León admitió haberse equivocado al usar “un concepto técnico”.

En resumen: Es falso afirmar que los tribunales de justicia hayan señalado la inexistencia de un delito en el proceso contra el expresidente Óscar Arias Sánchez por el caso de la mina Crucitas, tal como publicó la diputada del Partido Liberación Nacional (PLN), Yorleny León.

El Juzgado Penal de Hacienda y de la Función Pública no declaró inocente o culpable al expresidente. En realidad, ese órgano determinó la prescripción de las querellas en contra del exmandatario, por lo que se dictó sobreseimiento definitivo.

La prescripción se dio porque las acciones legales en contra de Arias se presentaron fuera del plazo permitido por la ley. El tribunal indicó que el plazo venció desde el 14 de diciembre del 2016 para los cargos de prevaricato, y la acusación de cohecho había prescrito desde el 8 de mayo de ese mismo año.

El tribunal solo se limitó a descartar los procesos por haberse vencido su plazo, y se abstuvo de hacer más pronunciamientos sobre Arias Sánchez en la sentencia. En ningún momento el tribunal determinó que el expresidente cometió un delito o no.

La diputada León admitió posteriormente haberse equivocado al usar “un concepto técnico”.

¿Qué es el “caso Crucitas”?

En su segundo mandato, en octubre del 2008, Óscar Arias firmó un decreto que declaró de interés público la operación de la mina de oro Crucitas, en la zona norte del país, a cargo de la empresa canadiense Industrias Infinito.

Dicho decreto, así como permisos de la Secretaría Técnica Nacional (SETENA) sobre impacto ambiental, fueron anulados en el 2010 por el Tribunal Contencioso Administrativo. El tribunal encontró una serie de irregularidades en su implementación, lo cual desplomó el proyecto minero.

En ese momento, el Contencioso remitió su dictamen al Ministerio Público “para que allí se determine seguir una causa penal” en contra de Arias y otros miembros de su gabinete. En 2011, la Sala Primera ratificó la sentencia del Contencioso que anuló la concesión a Industrias Infinito.

Sin embargo, la Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción solicitó desestimar la causa contra el exmandatario en septiembre del 2014, al considerar que no existían pruebas suficientes para una imputación.

Por este caso, el exministro de Ambiente del gabinete de Arias, Roberto Dobles, fue condenado a 3 años de prisión en 2015, por el delito de prevaricato.

Fue a finales de 2018 cuando la Fiscala General, Emilia Navas, acusó penalmente al exmandatario. Los cargos fueron prevaricato y cohecho. El caso estaba en etapa de audiencias para evaluar si era llevado a juicio.

Lo que dijo la diputada

Este viernes, la diputada liberacionista, Yorleny León, retuiteó una noticia del diario La Nación que se titula: “Óscar Arias sobreseído por prescripción en caso Crucitas”.

Le legisladora acompañó la publicación con este comentario: «Los Tribunales de Justicia nuevamente señalan que no hay delito en el proceso contra el expresidente Arias por el caso Crucitas, y dictan el sobreseimiento definitivo. Es una lástima que el Ministerio Público haya gastado tiempo y dinero en una causa que estaba prescrita”.

Aún así, esa afirmación es falsa.

Lo que dice la sentencia realmente

Por solicitud de sus abogados defensores, el tribunal dictó sobreseimiento definitivo a favor de Óscar Arias por los delitos de prevaricato y cohecho porque se vencieron los plazos para investigar tales acusaciones.

Declarar el sobreseimiento de una acusación penal por la prescripción de los hechos imputados no implica que la persona acusada sea inocente o culpable. Con ese dictamen, el tribunal solamente determina que está fuera del plazo para llevar las acusaciones a juicio.

El contenido del dictamen fue divulgado por distintos medios de comunicación y por la defensa legal del exmandatario. Doble Check también tuvo acceso a una copia de la sentencia.

El tribunal indicó que el plazo para llevar a juicio los cargos de prevaricato venció el 14 de diciembre del 2016, pues la pena máxima para ese delito es de seis años, que comenzaron a contar desde el fallo del Contencioso en el 2010.

En cuanto a la acusación de cohecho, la jueza Carla Bonilla Ballestero indicó que prescribió desde el 8 de mayo del 2016. Ese delito también tiene una pena máxima de seis años de cárcel, y se determinó que el plazo para interponer una querella inició el 8 de mayo de 2010, cuando concluyó el mandato de Arias.

Incluso, la sentencia narra que la defensa del exmandatario le solicitó al tribunal un sobreseimiento en razón de que el delito de cohecho no se cometió, alegando que la Fiscalía no había aportado pruebas suficientes desde el 2014.

El juzgado declaró improcedente tal petición, dado que “el hecho de que no se haya logrado contar con la prueba requerida […] es un elemento que dista mucho de pretender alegar que el hecho no se dio o no fue cometido por el encartado”. El tribunal añadió que “se requiere contar con grado de certeza para ello y no nos encontramos ante tal supuesto”.

A partir de la declaración de sobreseimiento, el tribunal se abstuvo de pronunciamientos adicionales sobre Arias. Es decir: la sentencia no entra en la cancha de absolver o culpar al expresidente sobre su rol en el caso de Crucitas.

Diputada rectifica

Horas más tarde del mismo viernes, Yorleny León admitió que se equivocó sobre “un concepto técnico” al decir que el tribunal dictó que “no hubo delito” en el proceso contra Óscar Arias por Crucitas.

Es falso que el gobierno está dando casas a refugiados nicaragüenses

En resumen: Diario Extra indujo al error al titular que “Gobierno garantiza casas para nicas”, tal como lo hizo en un artículo sobre los nicaragüenses que han buscado refugio en Costa Rica por la crisis política en ese país, que inició en abril del 2018.

En realidad, el Gobierno no puede brindar viviendas a las personas nicaragüenses que han buscado refugio en Costa Rica, según los estatutos y registros de distintas instituciones públicas.

La mayoría de recursos para ayudar a solicitantes de refugio nicaragüenses ha provenido del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), pero estos no son parte del presupuesto nacional.

Por otro lado, el Estado puede brindar otros beneficios socioeconómicos a solicitantes de refugio, como asignaciones familiares y becas educativas, solo si en el núcleo familiar hay menores de edad, pues se prima el bienestar del niño antes de su estado migratorio.

Sin embargo, registros facilitados a Doble Check muestran que, a pesar del aumento de solicitudes de refugio, el gasto estatal para la atención de esa población es una fracción ínfima de la ayuda social facilitada durante el 2018.

En resumen: Diario Extra indujo al error al titular que “Gobierno garantiza casas para nicas”, tal como lo hizo en un artículo sobre los nicaragüenses que han buscado refugio en Costa Rica por la crisis política en ese país, que inició en abril del 2018.

En realidad, el Gobierno no puede brindar viviendas a las personas nicaragüenses que han buscado refugio en Costa Rica, según los estatutos y registros de distintas instituciones públicas.

La mayoría de recursos para ayudar a solicitantes nicaragüenses de refugio ha provenido del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur), pero estos no son parte del Presupuesto Nacional.

Por otro lado, el Estado puede brindar otros beneficios socioeconómicos a solicitantes de refugio. Por ejemplo, pueden dar asignaciones familiares y becas educativas solo si en el núcleo familiar hay menores de edad, pues se prima el bienestar del niño antes de su estado migratorio.

Sin embargo, registros facilitados a Doble Check muestran que, a pesar del aumento de solicitudes de refugio, el gasto estatal para la atención de esa población es una fracción ínfima de la ayuda social facilitada durante el 2018.

Titular engañoso

El pasado 4 de febrero, Diario Extra publicó una noticia titulada como “Gobierno garantiza casas para nicas”. El artículo se refería a una declaración del ministro de Seguridad, Michael Soto, sobre la existencia de albergues clandestinos para solicitantes nicaragüenses de refugio.

En uno de sus párrafos, el artículo consigna que el ministro dijo que Seguridad ha identificado varias casas que funcionan como refugios improvisados para migrantes, pero que “no hay ningún indicio de que dichos centros funcionen como estaciones de entrenamiento militar”.

Esa fue la única “garantía” que hay de un jerarca del Gobierno en la nota.

Sin embargo, las reacciones más destacadas de la noticia en Facebook evidencian que el titular indujo al error. El título dio a entender que el Gobierno está dando viviendas a los nicaragüenses que buscan refugio.

Reacciones destacadas de la nota que publicó Diario Extra

Dicha lectura es incorrecta por varias razones.

La primera es que la afirmación del jerarca apunta a una dirección distinta. El ministro confirmó a Doble Check:

En una conferencia [de prensa], lo que indiqué es que hay casas en el país que nicaragüenses las alquilan, las convierten en cuarterías y les dan hospedaje a sus coterráneos, les ayudan con su alimentación mientras se estabilizan. No es una cuestión de que el gobierno está tolerando o facilitando casas para que la gente se hospede o para grupos subversivos; de ninguna manera vamos a permitir eso”.

Reglamento cierra opciones

La segunda razón que refuta la interpretación del titular de Extra la dio el Banco Hipotecario de la Vivienda (BANHVI), encargado del financiamiento de los bonos de vivienda estatales. El reglamento operativo de esa institución no admite a solicitantes de refugio o refugiados.

Hay siete requisitos para acceder a un bono de vivienda. Estas condiciones están relacionadas con las características del núcleo familiar y los recursos económicos de quien solicita el beneficio. Una de esas exigencias es ser costarricense o contar con residencia legalizada y permanente en el país.

“Para acreditar el estatus migratorio, el documento requerido es cédula de residencia” específicamente. Los refugiados y los solicitantes de refugio tienen otro tipo de documento y no pueden optar por el bono. Así lo explicó el BANHVI por medio de su área de Comunicación.

Cabe recordar la diferencia entre una persona migrante y una refugiada. Según la Ley General de Migración y Extranjería:

Se entenderá como refugiado a la persona que:
1) Debido a fundados temores de ser perseguida por motivos de raza, religión, nacionalidad, género, pertenencia a determinado grupo u opiniones políticas, se encuentre fuera del país de su nacionalidad y no pueda o, por causa de dichos temores, no quiera acogerse a la protección de tal país.
2) Al carecer de nacionalidad y por hallarse fuera del país donde antes tenía su residencia habitual, no pueda o, por causa de dichos temores, no quiera regresar a él.

Por otra parte, no existe una definición jurídica uniforme de ‘migrante’. Sin embargo, el Acnur considera que la ‘migración’ implica un proceso voluntario de alguien que cruza una frontera en busca de mejores oportunidades económicas.

Ayuda internacional

Hay que tener claro que solicitar refugio es distinto a ser refugiado.

Una persona puede solicitar refugio en Costa Rica por medio de la Dirección General de Migración y Extranjería, pero cada petición pasa por un proceso de evaluación que puede tardar meses. El solicitante recibe un carné provisional mientras esa evaluación se hace. Si la solicitud fuera aceptada, se convierte en un refugiado con su carné respectivo.

La condición de solicitante de refugio garantiza que la persona no será devuelta o expulsada del país mientras se determina la legitimidad de su petición.

Migración y Extranjería confirmó que más de 26.000 personas solicitaron refugio en Costa Rica desde mediados del 2018, después del estallido de la crisis en Nicaragua. La mayoría de peticiones provino de ciudadanos de ese país (poco más de 23.000), pero solo tres de esas solicitudes fueron aprobadas el año pasado.

El año anterior, la Unidad de Refugio de esa institución recibió $700.000 del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), “para hacer frente al incremento de solicitudes de refugio, que se estaba dando desde el año 2016”, respondió el área de prensa de Migración y Extranjería.

Tales recursos fueron empleados para la apertura de un nuevo edificio para la Unidad de Refugio, para ampliar su capacidad de atención diaria, así como la contratación de 30 profesionales en derecho y personal administrativo, confirmaron ACNUR y Migración.

Aparte de ese financiamiento, “la Unidad de Refugio trabajó con los recursos asignados para su trabajo cotidiano sin recurrir en gastos extraordinarios”, afirmó dicha institución.

En total, Acnur señaló a Doble Check que su marco de cooperación se amplió en Costa Rica con $1 millón para atender la llegada de solicitantes de refugio nicaragüenses. Sumado al apoyo a Migración y Extranjería, los recursos también se emplearon en la apertura de una oficina en Upala para coordinar la asistencia humanitaria en la zona norte del país. También se creó un centro de información para refugiados y solicitantes de refugio.

Además, ACNUR destinó esos fondos a sus agencias socias. Estas ofrecen servicios de apoyo legal y socioeconómico, atención psicológica y capacitaciones para personas que buscan refugio en Costa Rica. “Desde abril de 2018 hasta la fecha, el Acnur y sus agencias socias han registrado a 7.710 nicaragüenses en nuestros programas”, afirmó esa entidad.

Los fondos provienen del presupuesto regular del Acnur; es decir, no son fondos públicos del Gobierno. “El presupuesto regular del Acnur se conforma principalmente de las donaciones de los Estados Miembros de las Naciones Unidas”, añadió la institución”.

Doble Check también solicitó información a la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) sobre recursos asignados para la atención de nicaragüenses, pero no se obtuvo respuesta.

Otros beneficios, pero limitados

El Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS) afirmó a Doble Check que la asignación de beneficios socioeconómicos de esa institución a solicitantes de refugio solo podría darse a familias con menores de edad. Así se hace también con migrantes irregulares.

En general, el IMAS destinó menos de 6% de sus recursos a la atención de 21.101 nicaragüenses el año pasado. De ese total, la mayoría son residentes permanentes, y solo 2.961 personas estaban en la categoría de “persona extranjera”, en la que se incluye a migrantes con estatus irregular o solicitantes de refugio.

Fuente: IMAS.

La mayoría de recursos a nicaragüenses en general se destinaron a asignaciones familiares, becas educativas Avancemos y seguridad alimentaria, según los registros facilitados por el área de prensa del IMAS.

El IMAS también tiene un convenio con Acnur para la atención de refugiados desde el 2017. Por medio de ese acuerdo, 415 nicaragüenses fueron alcanzados el año pasado, pero casi la totalidad de ese grupo ya tenía refugio aprobado o residencia permanente.

Fuente: IMAS.

Por otro lado, Casa Presidencial indicó que no ha destinado recursos directamente para la atención de solicitantes de refugio nicaragüenses.

Hasta la fecha, la Comisión Nacional de Emergencias (CNE) solo ha colaborado con cuatro tiendas de campaña para los Centros de Atención Temporal de Migrantes (Catem), que fueron donadas por los Estados Unidos y que se otorgaron en calidad de préstamo, según el Ministerio de la Presidencia. Esos centros están ubicados en La Cruz (Guanacaste) y en Golfito (Puntarenas), y atienden a migrantes de distintas nacionalidades.

Así, no sobra recomendar que lea más allá del título de las noticias, y si usted es quien los redacta, hágalos con más cuidado.