Educación no tendrá el presupuesto más alto de la historia en 2020. Será el más bajo en siete años

El presupuesto de educación para el 2020 no será el más alto de la historia, como lo informó La Nación este lunes en portada. Por el contrario, es el más bajo desde el 2013.

La Nación usó como referencia un gráfico de tendencia de los últimos siete años de inversión en educación aportado por la Contraloría General de la República (CGR). Sin embargo, la visualización tiene dos omisiones.

Por un lado, los datos históricos de la Contraloría hasta el 2018 no corresponden a presupuestos asignados, sino al presupuesto ejecutado en educación para cada año. La omisión induce a error porque históricamente hay subejecuciones presupuestarias. Ello hace inadecuado comparar un gasto real con uno esperado. El origen de los datos se indicaba en el pie del gráfico de la CGR, pero La Nación no lo reportó.

Por otra parte, la información de la Contraloría tiene una segunda omisión. Por primera vez, el presupuesto en educación incluirá las partidas del Instituto Nacional de Aprendizaje (INA) y del programa Red de Cuido. Ambas partidas han estado incluidas en presupuestos nacionales anteriores, pero por primera vez aparecen expresamente como inversión en educación. El gráfico compara un presupuesto de 2020 aumentado por estas partidas comparado con el de otros años en los que no se contemplaban, a pesar de que sí existían esos gastos para el Estado.

Incluyendo red de cuido e INA, el presupuesto del 2020 en Educación será equivalente al 7,4% del PIB. Esta cifra es la más baja en siete años: es inferior a la presentada en cualquier año comprendido entre el 2014 y 2019. Por ejemplo, si se aplica la misma metodología, la inversión en educación habría llegado a un pico de 8,3% del PIB en el 2017.

En resumen: El presupuesto de educación para el 2020 no será el más alto de la historia, como lo informó La Nación este lunes en portada. Por el contrario, es el más bajo desde el 2013.

La Nación usó como referencia un gráfico de tendencia de los últimos siete años de inversión en educación aportado por la Contraloría General de la República (CGR). Sin embargo, la visualización tiene dos omisiones.

Por un lado, los datos históricos de la Contraloría hasta el 2018 no corresponden a presupuestos asignados, sino al presupuesto ejecutado en educación para cada año. La omisión induce a error porque históricamente hay subejecuciones presupuestarias. Ello hace inadecuado comparar un gasto real con uno esperado. El origen de los datos se indicaba en el pie del gráfico de la CGR, pero La Nación no lo reportó.

Por otra parte, la información de la Contraloría tiene una segunda omisión. Por primera vez, el presupuesto en educación incluirá las partidas del Instituto Nacional de Aprendizaje (INA) y del programa Red de Cuido. Ambas partidas han estado incluidas en presupuestos nacionales anteriores, pero por primera vez aparecen expresamente como inversión en educación. El gráfico compara un presupuesto de 2020 aumentado por estas partidas comparado con el de otros años en los que no se contemplaban, a pesar de que sí existían esos gastos para el Estado.

Incluyendo red de cuido e INA, el presupuesto del 2020 en Educación será equivalente al 7,4% del PIB. Esta cifra es la más baja en siete años: es inferior a la presentada en cualquier año comprendido entre el 2014 y 2019. Por ejemplo, si se aplica la misma metodología, la inversión en educación habría llegado a un pico de 8,3% del PIB en el 2017.

El artículo de La Nación

El diario asegura que «nunca antes, desde la reforma constitucional del 2011 que elevó del 6% al 8% del PIB el aporte obligatorio del Estado a la educación, se había alcanzado una cifra tan elevada».

El diario usa como referencia el Informe Técnico del Proyecto de Ley del Presupuesto Ordinario y Extraordinario de la República de la CGR que incluye en su página 74 el siguiente gráfico:

Informe Técnico de la Contraloría General de la República: Proyecto de Ley de Presupuesto de la República 2020
Informe Técnico de la Contraloría General de la República: Proyecto de Ley de Presupuesto de la República 2020

“De parte nuestra no se realizó ningún cálculo de suma de presupuestos ni de porcentajes del PIB, se utilizaron exactamente los montos y cifras que nos proporcionó la CGR”, dijo Sofía Chinchilla, periodista del artículo a Doble Check.

 

Los montos y porcentajes exactos se los solicitamos a la Contraloría. (…) La única intervención que hicimos en los datos, fue para deflatar los montos, con el IPC a enero de cada año desde 2012 hasta 2019.”

La Nación, sin embargo, obtiene una conclusión errónea a partir de los datos. En primer lugar, la nota al pie del gráfico de la CGR indica que los datos para el período 2014-2018 se refieren a presupuestos ejecutados, no a los presupuestos asignados. La Nación no indica esto en su texto.

Esto es importante, debido a que la subejecución en el sector de educación desinfla los montos y provoca que la inversión del 2020 (de la que aún no sabemos cuánto se ejecutará realmente) parezca mucho más elevada. Por ejemplo, en el 2018 el presupuesto asignado fue de 2.666.048 millones para el MEP pero, según la memoria anual de la CGR, se ejecutó una cifra menor, equivalente a 2.438.169 millones (un 91,5% de lo presupuestado). Esa última cifra fue la empleada por La Nación.

El gráfico de la Contraloría también indujo a error. La visualización de la Contraloría no indica que, a diferencia de todos los otros años en el gráfico, los datos del 2020 incluyen el presupuesto del INA y de la Red de Cuido dentro de la inversión en educación.

En el 2020 el presupuesto para el MEP y las universidades públicas, únicamente, corresponderá a un 6,9% del PIB. Incluir esas dos instituciones provoca que aumente a un 7,4% del PIB.

La Nación sí indica esto en su artículo. En el cuerpo de la nota, la información explica: «La exjerarca (refiriéndose a la exministra de Hacienda Rocío Aguilar) también citó la inclusión del presupuesto del Instituto Nacional de Aprendizaje (INA) como parte del financiamiento de la educación pública».

Este dato anula la veracidad del titular de la nota.

La inversión en educación: nuestros cálculos

¿Qué pasaría si usáramos una misma metodología para comparar los datos de todos los años?

Haremos dos cálculos: el primero es una recopilación de los presupuestos asignados en educación para el MEP (que incluye las transferencias a las universidades públicas), el INA y la Red de Cuido. El segundo cálculo es una recopilación de los presupuestos asignados del MEP, únicamente. En ambos casos solo trabajaremos con presupuestos asignados (no ejecutados). Estos son los únicos que permiten una comparación apropiada.

El gráfico de la Contraloría y el artículo de La Nación ocultan que la inversión en educación, como porcentaje del PIB, está —en realidad— cayendo.

Si se considera la Red de Cuido y el INA, la inversión en educación del 2020 será de un 7,4% del PIB, muy inferior a la presentada en años anteriores. Por ejemplo, manteniendo esta forma de cálculo, nuestras estimaciones muestran que en el 2017 se había alcanzado la inversión histórica más importante en educación, equivalente a un 8,3% del PIB.

La tendencia que anotamos con nuestros cálculos coincide con un estudio del Instituto de Investigaciones en Ciencias Económicas de la UCR publicado en junio de 2018, el cual que presenta la misma estimación.

En realidad, la inversión asignada en el MEP (excluyendo INA y Red de Cuido) en el 2020 será equivalente a un 6,92% del PIB. Para encontrar una cifra inferior a esa hay que devolverse al 2012, cuando se presupuestó un 6,78% del PIB.

En síntesis, aplicando una misma metodología para todos los años, el presupuesto del 2020 no logra ser el más alto de la historia. La afirmación tampoco es correcta aún si se analizan los datos nominalmente y se traen a valor presente, como hizo La Nación.

La caída en la inversión

El Ministerio de Educación y las transferencias a las Universidades Públicas tuvieron un aumento de un 0,8% en su presupuesto nominal del 2020 si se lo compara con el presupuesto del 2019. Sin embargo, en la práctica, eso  constituye un recorte si se considera la inflación, o si se realiza el análisis como porcentaje del PIB.

Las principales áreas afectadas en los presupuestos de educación durante estos dos últimos años  se encuentran en los niveles preuniversitarios. Si se excluyeran las transferencias a las universidades públicas, el MEP experimentó una variación real de -3% en el período 2018-2019 . En el 2019-2020 también habrá una caída real de 1,3%.

Revisamos la estructura programática del Presupuesto Nacional para el Ministerio de Educación. Para el 2020, los sectores de «Enseñanza preescolar, 1er y 2do ciclo», «3er ciclo y educación diversificada académica» experimentaron recortes en casi ₡6.700 millones con respecto al 2019.

Uno de los recortes específicos involucra el cierre del Fondo Nacional de Becas (FONABE), cuyo presupuesto decreció en un 72,8%. Esto no significa que se hubiera eliminado el programa de becas estudiantiles. Las funciones de esa entidad serán asumidas por el Instituto Mixto de Ayuda Social.

Hubo otra línea presupuestaria que se redujo casi a la mitad. Esta fue «Otras obras, adiciones y mejoras en las Direcciones Regionales de Educación» en el apartado de «Gasto de Capital».

Diferencia entre carteras

Un intercambio entre el Ministerio de Educación y el Ministerio de Hacienda a mediados del 2019 da cuenta de un conflicto entre ambas carteras. El 10 de abril de 2019, Hacienda le había remitido al exministro de Educación, Edgar Mora, un comunicado de techo presupuestario. La misiva le indicaba al entonces jerarca de Educación que «el gasto presupuestario máximo» para su cartera en el 2020 debería ser de ₡2.648.412 millones: un monto exactamente igual al del 2019. Eso, en la práctica, constituía un recorte al presupuesto de educación, pues la inflación esperada se estimaba en un 3% (± 1 p.p.).

Oficio facilitado por el departamento de prensa del Ministerio de Hacienda

El 27 de junio de 2019, el exministro  Mora dirigió un oficio a la exministra de Hacienda, Rocío Aguilar. En él, Mora señalaba su preocupación ante la caída en recursos que experimentaría el ministerio a su cargo durante el 2020. El oficio enviado por Mora revela su preocupación sobre los recortes y su posible impacto en las metas del Plan Nacional de Desarrollo.

Mora, además, le subraya a la exministra Aguilar que el MEP cumplió con el techo presupuestario que Hacienda había solicitado. Pero el exministro advirtió que esas limitaciones dejaron descubiertos varios ejes. Entre ellos, Mora enuncia “los recursos adicionales que debería recibir el MEP en caso de que se desee avanzar, aunque sea con parte de las metas del Plan Nacional de Desarrollo del próximo año”. Mora agrega que el MEP no había tenido crecimiento en sus presupuestos en el 2019.

Oficio facilitado por el departamento de prensa del Ministerio de Educación Pública

El exministro también solicitaba recursos adicionales para las universidades públicas y para la Junta de Pensiones del Magisterio. El jerarca alegó que ese faltante «no pudo presupuestarse de manera completa, dada la estrechez del techo presupuestario».

Mora y su viceministra Amparo Pacheco renunciaron el 1.º julio de 2019, dos días hábiles después de enviar la solicitud de recursos adicionales. La dimisión ocurrió durante un período de manifestaciones sociales hechas por grupos estudiantiles, sindicales y de transportistas que pedían la destitución del ministro. Su anuncio se vinculó públicamente con esas demandas. El recorte a los recursos de educación que se discutía precisamente en ese momento no trascendió públicamente hasta ahora.

Hacienda no respondió a la carta de Mora hasta el 31 de julio de 2019, en un nuevo oficio enviado a la nueva ministra Guiselle Cruz.

En la respuesta, Hacienda obvia la petición de recursos de Mora. El ministerio no aporta ningún recurso nuevo para responder a sus solicitudes. Hacienda no toca  en su oficio el tema de las metas para el Plan Nacional de Desarrollo ni el dinero para las universidades públicas.

El oficio únicamente solicita que el Ministerio de Educación «subsane las inconsistencias señaladas» ante la falta de recursos para la Junta de Pensiones del Magisterio. El ministerio advirtió que, de lo contrario, «se procederá a realizar el ajuste correspondiente a criterio de esta dirección».

Doble Check consultó al exministro Édgar Mora sobre estas diferencias con la cartera de Hacienda y sobre su salida del gobierno. Mora concedió indirectamente que su renuncia fue solicitada por Casa Presidencial, y que no fue por iniciativa propia. Cuando se le consultó si su salida tuvo relación con el recorte presupuestario, su respuesta se limitó a un «no lo sé».

Consultada al respecto, Casa Presidencial negó que la renuncia obedeciera a las diferencias en temas presupuestarios.

Mora, por su parte, alegó desconocer los recortes que se practicaron al presupuesto del 2020. El exministro afirmó que su versión original pretendía avanzar con nueve líneas en el Plan Nacional de Desarrollo. El exministro afirmó: «Estas y otras líneas de mejora son incompatibles con un presupuesto de cero crecimiento o de decrecimiento, como lo mencioné con claridad en la nota que remití al Ministerio de Hacienda».

Doble Check contactó a la exministra de Hacienda, Rocío Aguilar, para consultarle sobre este tema. Según Aguilar, Hacienda no tuvo injerencia directa en el detalle de qué se recortó en el presupuesto del MEP. La cartera solo se encargó de verificar el cumplimiento de los techos presupuestarios, dice la exjerarca.

«Desde el Ministerio de Hacienda se fija un límite, un techo. No le corresponde al Ministerio de Hacienda ir a cada una de las instituciones, ese ejercicio se hace directamente con Presidencia. Desde ahí se fueron asignando los recursos», dijo. 

Aguilar agregó que no es inusual observar solicitudes adicionales de recursos, como la enviada por Mora, y que las restricciones presupuestarias al MEP obedecen al cumplimiento de la Regla Fiscal.

«Todas las instituciones, sin excepción, incluyendo el Ministerio de Hacienda, todas, aspiran o aspiramos a una serie de recursos. Sin embargo, a la hora en que hay que adjudicar esos recursos,  dados los límites que existían -en particular el límite de la Regla Fiscal-, en su mayoría -yo diría, sin excepción- se recortaron», cerró. 

 

Controlaría rechazó los presupuestos de las ‘U’ públicas (pero no por «incumplir la regla fiscal»)

Resumen: Sí. Es cierto que la Controlaría General de la República (CGR) archivó sin trámite los presupuestos presentados por las universidades públicas para el año 2020. Pero no es cierto que hubiera sido por «incumplir la regla fiscal». Así lo indicaron el periódico La Nación, el diario digital CRHoy.com y el semanario Universidad.

El archivo de los cinco presupuestos se debió a que las casas de enseñanza no presentaron una constancia formal de que hubiesen cumplido los límites de la regla fiscal. Sin embargo, la CGR asegura que el problema no es que hubiera existido un incumplimiento, sino que no se pudo constatar.

Medios como Delfino.cr y Amelia Rueda sí publicaron la noticia de forma correcta. Ambos sitios señalaron que el rechazo se debió a problemas de procedimiento, como indicó la Contraloría. Así lo hizo también La Nación en una versión corregida de su nota.

La entidad fiscalizadora comunicó su decisión mediante un comunicado de prensa. «Pese a diversas gestiones al respecto y ante la omisión de la certificación de la Secretaría Técnica de la Autoridad Presupuestaria (STEP) de que las universidades cumplen con la regla fiscal, la Contraloría debe archivar sin trámite el presupuesto inicial de las cinco universidades y del Conare (Consejo Nacional de Rectores) para el año 2020», fue lo que dijo la CGR en su correo electrónico.

Esta decisión obligaría a las cinco universidades públicas y al Conare a trabajar en 2020 con el presupuesto del año en curso.

Resumen: Sí. Es cierto que la Controlaría General de la República (CGR) archivó sin trámite los presupuestos presentados por las universidades públicas para el año 2020. Pero no es cierto que hubiera sido por «incumplir la regla fiscal». Así lo indicaron el periódico La Nación, el diario digital CRHoy.com y el semanario Universidad.

El archivo de los cinco presupuestos se debió a que las casas de enseñanza no presentaron una constancia formal de que hubiesen cumplido los límites de la regla fiscal. Sin embargo, la CGR asegura que el problema no es que hubiera existido un incumplimiento, sino que no se pudo constatar.

Medios como Delfino.cr y Amelia Rueda sí publicaron la noticia de forma correcta. Ambos sitios señalaron que el rechazo se debió a problemas de procedimiento, como indicó la Contraloría. Así lo hizo también La Nación en una versión corregida de su nota.

La entidad fiscalizadora comunicó su decisión mediante un comunicado de prensa. «Pese a diversas gestiones al respecto y ante la omisión de la certificación de la Secretaría Técnica de la Autoridad Presupuestaria (STEP) de que las universidades cumplen con la regla fiscal, la Contraloría debe archivar sin trámite el presupuesto inicial de las cinco universidades y del Conare (Consejo Nacional de Rectores) para el año 2020», fue lo que dijo la CGR en su correo electrónico.

Esta decisión obligaría a las cinco universidades públicas y al Conare a trabajar en 2020 con el presupuesto del año en curso.

¿«Por incumplir la regla fiscal»?

El periódico La Nación, el diario digital CRHoy.com y el semanario Universidad publicaron esta mañana que la Contraloría General de la República (CGR) decidió archivar sin trámite el presupuesto de las cinco universidades públicas del país «por incumplir la regla fiscal».

«Las universidades públicas presentaron un plan de gastos para el 2020 que incumple con la regla fiscal contenida en la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas», escribió La Nación.

«Contraloría ordena a U públicas trabajar 2020 con presupuesto del 2019 por incumplir regla fiscal», tituló CRHoy.

«Ajuste será necesario luego de que la Contraloría General de la República rechazara el presupuesto presentado por las cinco universidades públicas y el Conare por no cumplir con la Regla Fiscal», escribió Universidad.

Estas afirmaciones se difundieron en redes sociales. Allí fueron replicadas por figuras políticas. Entre ellas estuvieron el socialcristiano Pablo Heriberto Abarca y la liberacionista Yorleny León.

¿Y dónde está el error?

La información publicada por los medios partió de una premisa errónea. Los tres dieron por un hecho que las universidades públicas incumplieron la regla fiscal. Sin embargo, ese dato no ha sido comprobado por un ente independiente (y ese es precisamente el problema).

De hecho, la CGR archivó los presupuestos porque no tenía esa constancia. El documento era un requisito formal para darle trámite a la aprobación de todos los planes de gastos.

Según la Contraloría, las universidades debían enviar sus presupuestos antes del 30 de septiembre a la Secretaría Técnica de la Administración Presupuestaria (STAP). Este organismo debía determinar si cumplían o no con la regla fiscal.

La CGR dijo que eso finalmente no ocurrió, pues las universidades decidieron no presentar sus presupuestos a la STAP. Así lo confirmaron las universidades a través del oficio N.° OF-CNR-2015-2019.

Más tarde, en el oficio OF-CNR-312-2019, agregaron que no presentaron sus presupuestos debido a un trámite legal, pues actualmente gestionan una acción de inconstitucionalidad contra varios artículos de la reforma fiscal. Desde el punto de vista universitario, esto suspendía la aplicación de cualquier norma.

Además, señalaron que el procedimiento presupuestario es distinto para las universidades y se basa en artículos constitucionales, por lo que «no puede ser modificado ni condicionado por la Ley N°9635».

Doble Check consultó al rector de la Universidad de Costa Rica (UCR), Henning Jensen, sobre este diferendo. El jerarca indicó que las universidades sí cumplieron la regla fiscal. Eso sí, reconoció que incumplieron normas de procedimiento.

«No certificamos nuestros presupuestos y no lo hicimos porque lo consideramos contrario a la ley», detalló. Según Jensen, la STAP no tiene control sobre las universidades públicas, que están «exentas» de esa autoridad.

La visión de las universidades se contrapone a la de la CGR. La Contraloríaconsidera que el trámite debió realizarse y por eso ni siquiera entró a revisar los planes presupuestarios enviados por las instituciones. Según la CGR, que existan artículos impugnados «no significa que la norma no esté vigente y por tanto debe ser acatada».

¿Y en qué quedamos entonces?

Con o sin diferendos legales, la CGR siempre debe aprobar los presupuestos de las institucionales cada año.

En caso de no contar con ese visto bueno, las instituciones deben afrontar los gastos del año entrante con el mismo plan presupuestario que recibió la aprobación del año en curso. Eso es lo que ocurrirá a partir del 1 de enero con las ‘U’ públicas.

Es incorrecto adelantar criterio y afirmar que las instituciones incumplieron con la regla fiscal, como lo hicieron varios medios. Doble Check se comunicó con los periodistas encargados de esas informaciones.

Luis Valverde, de CRHoy, aclaró que la información sí está completa en el cuerpo de la nota. El periodista alegó escasez de espacio para justificar el titular publicado.

Daniela Cerdas, de La Nación,  dijo que la nota era parte de una información en constante actualización, y solicitó que enviáramos nuestras consultas por correo electrónico.

Monserrat Cordero, de Universidad, reconoció haber cometido un error de redacción, y destacó que posteriormente en la nota aparece la información correctamente. La periodista dijo que corregiría la información.

Nota del editor: Doble Check es una iniciativa creada y financiada desde la Oficina de Divulgación e Información de la Universidad de Costa Rica. El proyecto tiene independencia editorial de la institución, y no se coordinó con sus autoridades para generar este contenido. Sin embargo, reconocemos la existencia de un conflicto de interés de cara a que los presupuestos universitarios financian el proyecto. Lamentamos no haber hecho esta aclaración cuando se publicó esta nota por primera vez.
Este texto se actualizó a las 6:05 p.m., pues inicialmente se afirmó que el rector Henning Jensen seguía siendo presidente de Conare. Jensen dejó ese puesto recién el 10 de diciembre pasado.

Colaboraron Darío Chinchilla y Daniel Salazar.

Algunos medios y políticos reportan erróneamente sobre orden de la Contraloría a la CCSS

Varios medios y figuras políticas divulgaron información errónea sobre una orden que extendió hoy la Contraloría General de la República a la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS).

Uno de los errores fue afirmar que la orden se refería a la obligatoriedad de cumplir con la regla fiscal. En esta confusión cayeron la cuenta oficial de la bancada del Partido Unidad Social Cristiana en Twitter, así como informaciones publicadas por Noticias Repretel y Noticias Monumental.

En realidad, la orden de la Contraloría se refiere a un asunto completamente separado: la ilegitimidad de los acuerdos entre la Caja y los sindicatos de salud en temas de incentivos salariales. La regla fiscal es otra cosa. Tiene que ver con un límite a la inversión de las instituciones según el endeudamiento del país. La Sala Constitucional ya había definido que los regímenes que sostienen la CCSS están por encima de esta restricción de la reforma fiscal.

La segunda es una mala interpretación. Varias figuras del Partido Unidad Social Cristiana afirmaron en Twitter que la Contraloría declaró la nulidad de los acuerdos que habían sido tomados por la CCSS y los sindicatos en febrero y agosto.

Es cierto que la CGR emitió su orden a raíz de una solicitud de nulidad presentada por la bancada socialcristiana. Sin embargo, la Contraloría expresamente evita conceder tal nulidad. La institución justifica esta posición en que ni siquiera reconoce los acuerdos entre la Caja y los sindicatos como un “acto administrativo”. Es decir, ni siquiera existía un acto por anular en primer lugar.

Eso sí, para fines prácticos, el resultado parece ser idéntico. La Contraloría le ordena a la Caja obviar los acuerdos hechos con los sindicatos y acatar las disposiciones de empleo público contenidas en la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas. Estas están en un apartado distinto que el de la regla fiscal.

En resumen: Varios medios y figuras políticas divulgaron información errónea sobre una orden que extendió hoy la Contraloría General de la República a la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS).

Uno de los errores fue afirmar que la orden se refería a la obligatoriedad de cumplir con la regla fiscal. En esta confusión cayeron la cuenta oficial de la bancada del Partido Unidad Social Cristiana en Twitter, así como informaciones publicadas por Noticias Repretel y Noticias Monumental.

En realidad, la orden de la Contraloría se refiere a un asunto completamente separado: la ilegitimidad de los acuerdos entre la Caja y los sindicatos de salud en temas de incentivos salariales. La regla fiscal es otra cosa. Tiene que ver con un límite a la inversión de las instituciones según el endeudamiento del país. La Sala Constitucional ya había definido que los regímenes que sostienen la CCSS están por encima de esta restricción de la reforma fiscal.

La segunda es una mala interpretación. Varias figuras del Partido Unidad Social Cristiana afirmaron en Twitter que la Contraloría declaró la nulidad de los acuerdos que habían sido tomados por la CCSS y los sindicatos en febrero y agosto.

Es cierto que la CGR emitió su orden a raíz de una solicitud de nulidad presentada por la bancada socialcristiana. Sin embargo, la Contraloría expresamente evita conceder tal nulidad. La institución justifica esta posición en que ni siquiera reconoce los acuerdos entre la Caja y los sindicatos como un “acto administrativo”. Es decir, ni siquiera existía un acto por anular en primer lugar.

Eso sí, para fines prácticos, el resultado parece ser idéntico. La Contraloría le ordena a la Caja obviar los acuerdos hechos con los sindicatos y acatar las disposiciones de empleo público contenidas en la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas. Estas están en un apartado distinto que el de la regla fiscal.

El conflicto

La Contraloría estudió una denuncia presentada por siete diputados del PUSC el 13 de agosto. Los legisladores buscaban anular dos acuerdos entre el gobierno y los sindicatos de salud.

Un acuerdo había sido tomado en febrero. Su principal punto era que el cálculo de las anualidades se seguiría haciendo con base en un porcentaje y no como un monto nominal para los empleados contratados en la Caja al momento de la entrada en vigencia del plan fiscal. El uso de un monto nominal había sido justamente uno de los cambios dispuestos en la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas.

El otro acuerdo, del 12 de agosto, le había puesto fin a la huelga en este sector. El acuerdo indicaba que los empleados continuarían recibiendo sus incentivos con base en un cálculo porcentual a menos que un tribunal contencioso determinara la invalidez del acuerdo de febrero.

Ese proceso podría tardar años. Por ello, los diputados socialcristianos pidieron la intervención de la Contraloría. Tras la orden emitida hoy por la institución, varias figuras políticas de la Unidad se manifestaron satisfechas. Sin embargo, aunque el resultado fue el deseado, sus manifestaciones son erróneas. La Contraloría no emitió una nulidad.

Quienes erróneamente divulgaron esta interpretación fueron la diputada María Inés Solís, su colega Rodolfo Peña y el analista político Juan Carlos Hidalgo.

Al final, la Contraloría defiende las intenciones originales del plan fiscal en materia de empleo público. En corto, le ordena a la Caja que obvie los acuerdos y que aplique la ley, en cuenta el cálculo de los incentivos como un monto nominal y no como porcentaje para todos sus empleados, nuevos y antiguos.

Lo que dijo la CGR

La Contraloría indicó que los acuerdos no pueden ser considerados como actos administrativos. Las razones expuestas se resumen así:

  1. Los actos administrativos deben ser unilaterales. Los acuerdos fueron multilaterales y no exclusivos de la Administración en ejercicio de sus competencias.
  2. El contenido de los acuerdos es diverso y no indica la normativa que lo sustenta.
  3. La metodología de cálculo para el pago de ciertos incentivos salariales no es en sí misma un derecho adquirido.

La CGR razona que los acuerdos no tienen las características de un “acto administrativo”. Por ello no puede ordenar la nulidad de los acuerdos, ni tampoco la CCSS puede hacer una declaratoria de lesividad (es decir, someter los acuerdos a un proceso contencioso) porque no hay tal acto.

Es decir, la Contraloría dice que todos están hablando en el aire. Lea aquí el oficio completo de la Contraloría.

La regla fiscal no tiene nada que ver

En todo este asunto no entra la regla fiscal. Este es un límite presupuestario que se incluyó en la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas. La regla restringe el gasto corriente en las entidades estatales no financieras en relación con el porcentaje de endeudamiento reflejado en el Presupuesto Nacional.

Una de las polémicas más encendidas durante la discusión del plan fiscal era si la CCSS entraba en esta limitación. El asunto fue resuelto parcialmente por la Sala Constitucional, cuando resolvió que los tres principales regímenes que sustentan a la institución están libres de acatar esa disposición del plan fiscal.

Hacienda, por su parte, anunció que examinará cada año el presupuesto de la Caja. Ello le permitirá diferenciar aquellas partidas que no estén financiadas por esos regímenes. Doble Check está investigando cuál es el porcentaje del presupuesto de la institución que no está financiado por las fuentes exentas de la regla.

La cuenta oficial de la bancada del PUSC confundió los conceptos tratados hoy por la Contraloría, y afirmó en Twitter que se refería a la regla fiscal. Lo mismo sucedió con los medios Noticias Monumental y Noticias Repretel.

Doble Check contactó a Randall Rivera, director de Monumental, y con el periodista de Repretel, Fernando Brenes. Ambos periodistas reconocieron la falla. Rivera atribuyó la información a un error humano y afirmó que habían hecho las correcciones correspondientes, tanto al aire como en su sitio web.

Nota del editor: Una versión anterior de esta nota incluía a la diputada liberacionista Silvia Hernández como una de las personas que habían asumido que la orden de la Contraloría implicaba un mandato de acatar la regla fiscal. La diputada sí se refirió a la regla fiscal pero en un contexto más amplio, que Doble Check no leyó adecuadamente. Por ello se eliminó la referencia a la diputada.