Información inexacta creó rumor de que nueva ley privatizará la CCSS

No hay evidencia de que una reforma a la ley de concesiones vaya a privatizar la Caja Costarricense del Seguro Social. Así se desprende de una revisión de la reforma aprobada en mayo y de la propia Ley General de Concesión de Obras Públicas y Servicios Públicos, que data de 1998. Aclaraciones de la diputada que promovió la reforma y de Casa Presidencial apoyan esa refutación.

Los sindicatos de salud alertan sobre la presunta privatización basados en una lectura inexacta de un artículo periodístico de Sinart Costa Rica Noticias. La noticia está basada en declaraciones del 18 de julio de la diputada liberacionista, Silvia Hernández. La legisladora afirmó que “la reforma habilita que otros tipos de inversión puedan contribuir al desarrollo de una obra pública: hospitales, centros penitenciarios, escuelas, o el mantenimiento de una obra ya construída”.

En mayo se aprobó una reforma a la Ley General de Concesión de Obras Públicas y Servicios Públicos. El gremio Siprocimeca, por ejemplo, advirtió que esa reforma “permitirá también a la empresa privada asumir el mantenimiento y administración de obras como centros penitenciarios, escuelas y hasta hospitales». En otro comunicado, el sindicato añadió que la reforma permitiría la “privatización en la administración de centros de salud en la Caja; aunque ya estén construidos”. El presidente de la Unión Médica Nacional, Edwin Solano, hizo declaraciones similares en varios eventos.

Sin embargo, el artículo 2 de la ley exceptúa explícitamente la concesión de servicios de salud, así como electricidad y telecomunicaciones.

El departamento legal de Casa Presidencial reafirmó a Doble Check que la lectura de los sindicatos es falsa al indicar que el reciente cambio a la legislación dejó intacta las excepciones del artículo 2.

Por su parte, la diputada Hernández también aclaró a Doble Check que la reforma que promovió nunca varió el alcance de la ley de concesiones, pues sigue excluyendo los servicios de salud. La diputada señaló que su afirmación en prensa se refería a temas de desarrollo y mantenimiento de infraestructura en salud, y no a la prestación de los servicios.

En resumen: No hay evidencia de que una reforma a la ley de concesiones vaya a privatizar la Caja Costarricense del Seguro Social. Así se desprende de una revisión de la reforma aprobada en mayo y de la propia Ley General de Concesión de Obras Públicas y Servicios Públicos, que data de 1998. Aclaraciones de la diputada que promovió la reforma y de Casa Presidencial apoyan esa refutación.

Los sindicatos de salud alertan sobre la presunta privatización basados en una lectura inexacta de un artículo periodístico de Sinart Costa Rica Noticias. La noticia está basada en declaraciones del 18 de julio de la diputada liberacionista, Silvia Hernández. La legisladora afirmó que “la reforma habilita que otros tipos de inversión puedan contribuir al desarrollo de una obra pública: hospitales, centros penitenciarios, escuelas, o el mantenimiento de una obra ya construída”.

En mayo se aprobó una reforma a la Ley General de Concesión de Obras Públicas y Servicios Públicos. El gremio Siprocimeca, por ejemplo, advirtió que esa reforma “permitirá también a la empresa privada asumir el mantenimiento y administración de obras como centros penitenciarios, escuelas y hasta hospitales». En otro comunicado, el sindicato añadió que la reforma permitiría la “privatización en la administración de centros de salud en la Caja; aunque ya estén construidos”. El presidente de la Unión Médica Nacional, Edwin Solano, hizo declaraciones similares en varios eventos.

Sin embargo, el artículo 2 de la ley exceptúa explícitamente la concesión de servicios de salud, así como electricidad y telecomunicaciones.

El departamento legal de Casa Presidencial reafirmó a Doble Check que la lectura de los sindicatos es falsa, al indicar que el reciente cambio a la legislación dejó intacta las excepciones del artículo 2.

Por su parte, la diputada Hernández también aclaró a Doble Check que la reforma que promovió nunca varió el alcance de la ley de concesiones, pues sigue excluyendo los servicios de salud. La diputada señaló que su afirmación en prensa se refería a temas de desarrollo y mantenimiento de infraestructura en salud, y no a la prestación de los servicios.

Las afirmaciones sindicales

El sindicato Siprocimeca ha hecho varias publicaciones en donde se afirma una intención gubernamental de privatizar los servicios de la Caja. Un comunicado, titulado «7 razones para ir a huelga», destaca:

“El Gobierno quiere privatizar la Caja Costarricense del Seguro Social, para hacer un negocio millonario con la salud del pueblo. Sabía usted( sic) que se acaba de firmar la reforma de la Ley General de Concesión de Obras Públicas con Servicios Públicos, que permitirá también a la empresa privada asumir el mantenimiento y administración de otras obras como centros penitenciarios, escuelas y hasta hospitales. La Caja es nuestro principal baluarte y le pertenece al

pueblo, luchemos para que esta noble institución no sea privatizada.”

En otra publicación afirman:

“Asimismo, (los diputados) aprobaron una reforma a la Ley General de Concesiones (N°7762) que permite la privatización en la administración de centros de salud en la Caja; aunque ya estén construidos”.

El presidente de la Unión Médica Nacional. Edwin Solano, también hizo declaraciones al respecto:

“Ya los diputados firmaron una reforma a la ley de contratación pública privada en la que dice, en ese mismo lado que la empresa privada puede administrar hospitales. Entonces, debo decirle al señor presidente ejecutivo de la CCSS que nosotros tenemos claro por qué le estamos diciendo al pueblo que se quiere privatizar la institución.”

Solano afirmó también al día siguiente:

“Ya en la Asamblea Legislativa hay proyectos de ley para permitir que la empresa privada administre escuelas, administre cárceles y hospitales. Si eso no es privatizar, que me lo digan. Y le pregunto al señor presidente ejecutivo qué ha querido decir cuando dice que es mentira que se ha querido privatizar la Caja”

Rumor de privatización a partir de reforma legal reciente es falso

La ley 9.701 fue aprobada por la Asamblea Legislativa y firmada por el presidente Carlos Alvarado hace casi un mes. La norma reescribe 5 artículos de la ley de Concesión de Obras Públicas.

Uno de los cambios más importantes es la reforma al primer artículo de la ley. Antes, el gobierno solo tenía dos figuras de concesión: la concesión de obra pública (el Estado decide que una empresa construya y conserve alguna obra), y la concesión de obra con servicio público (el Estado decide que una empresa construya, conserve y además explote la obra durante algún tiempo).

La reforma introduce una tercera modalidad: la optimización de activos de infraestructura. Esta última opción se abre cuando ya existe una obra que se pone en manos de una empresa privada para que pueda operarla, mantenerla y explotarla durante algún tiempo determinado.

La reforma, sin embargo, nunca alteró el artículo dos de la ley de Concesión de Obras Públicas que expresamente decía:

“Toda obra y su explotación son susceptibles de concesión cuando existan razones de interés público, que deberán constar en el expediente mediante acto razonado. Se exceptúan de la aplicación de esta Ley las telecomunicaciones, la electricidad y los servicios de salud

Origen del rumor

¿De dónde surge la premisa sindical sobre la privatización de la CCSS? Marvin Atencio, secretario general de Siprocimeca, compartió con Doble Check el artículo de Costa Rica Noticias titulado «Empresa Privada podrá administrar obras públicas como escuelas o cárceles«.

En él, la diputada proponente del proyecto de ley afirmó: “(Con la reforma) no estamos hablando solo de carreteras. La reforma que yo hago habilita otros tipos de inversión (…) como son pensiones, por ejemplo, puedan contribuir al desarrollo de una obra pública en general: hospitales, centros penitenciarios, escuelas inclusive, o el mantenimiento de una obra ya construida».

Ni la diputada, ni el artículo periodístico aclaran que ella se refería específicamente a la infraestructura cuando hablaba de hospitales. Eso pudo inducir a error a los sindicatos.

Aclaraciones a la noticia

En declaraciones a Doble Check, Hernández afirmó:

“La reforma que presenté no varía el alcance de la ley de concesiones que ya excluye servicios de salud. Sí se puede realizar infraestructura en temas de salud y a eso me referí. Por ejemplo, hacer edificios y adquisición de equipos, para que el personal de salud se concentre en el servicio y no ande tapando goteras”, dijo.

El departamento legal de Casa Presidencial también descartó la lectura sindical y destacó que los proyectos de concesión que se encuentran planteados solo se circunscriben a la infraestructura de transporte:

“Es falso que la ley Nº 9701 privatice servicios de salud. El artículo 2 de la Ley General de Concesiones expresamente exceptúa su aplicación en telecomunicaciones, electricidad y servicios de salud. La reforma a la ley no varía sus alcances ni las restricciones a la figura de la concesión (…) no modificó el tipo de servicios que se pueden dar en concesión. Simplemente estableció que sobre los ya permitidos se pueden concesionar activos que ya existen”.

Doble Check procuró buscó comentarios sobre estas aclaraciones con Marvin Atencio, de Siprocimeca, y con Edwin Solano, de la Unión Médica Nacional. Los líderes sindicales argumentaron no poder dar respuesta, pues se encontraban en negociaciones con la CCSS.

En declaraciones a Doble Check, la periodista de Costa Rica Noticias Melany Corrales explicó que su artículo se basó exclusivamente en las declaraciones de la diputada liberacionista.

¿Y las escuelas y las cárceles?

Doble Check consultó a Casa Presidencial si la reforma a la ley abre la puerta para que el sector privado pueda participar en la administración de escuelas y cárceles, pero aún no ha recibido respuesta.

Al respecto, Hernández afirmó que —teóricamente— sí sería posible ver concesiones en este tipo de obras de infraestructura. Su opinión es que eso sería poco probable, puesto que las obras concesionables que usualmente se han hecho en el país han sido carreteras o infraestructura de transporte.

“¿Podría eventualmente darse? Sí, claro que sí. Pero en la práctica no es atractivo para que un tercero esté interesado”, dijo. “Pero hay que recordar que en el marco de una concesión, el activo siempre es del Estado, nunca lo pierde”, agregó la diputada.

Doble Check tratará de hallar una fuente independiente que brinde un análisis al respecto.

La huelga en salud

Los sindicatos del sector salud se han mantenido en huelga durante toda esta semana. Aunque la privatización ha sido uno de los principales temores externados por los trabajadores, no es el único.

Los gremios han insistido en que la publicación de dos decretos del Ejecutivo violan una serie de acuerdos firmados en febrero. Estos convenios pretendían proteger los derechos adquiridos de los empleados con respecto al pago de anualidades y otros pluses salariales. El Presidente Ejecutivo de la Caja Costarricense de Seguro Social, Román Macaya, concedió hoy en entrevista con Hablando Claro que algunos de los puntos en donde se había llegado a un acuerdo desde febrero, fueron afectados con un decreto posterior que los contradecía. Doble Check está realizando varias consultas sobre este tema a entes oficiales y sindicales para poder realizar nuevas verificaciones.

Píldora “del día después” no pone en riesgo la vida de las mujeres

En resumen: Las píldoras anticonceptivas de emergencia —también llamadas “del día después”— no representan un riesgo para la vida de las mujeres, y sus efectos secundarios son leves y poco frecuentes.

El 28 de marzo pasado, Noticias Repretel divulgó argumentos de personas opuestas a la venta de la píldora anticonceptiva que consideran que el medicamento “podría poner en riesgo la vida de las mujeres” y que es “un daño físico”.

Ambas afirmaciones son falsas: no hay un riesgo conocido para la vida o la salud de las mujeres por emplear anticoncepción de emergencia.

Así lo indican la Organización Mundial de la Salud (OMS) y especialistas en farmacología, obstetricia y ginecología consultados por Doble Check.

En resumen: La píldora anticonceptiva de emergencia —también llamada “del día después”— no representan un riesgo para la vida de las mujeres, y sus efectos secundarios son leves y poco frecuentes.

El 28 de marzo pasado, Noticias Repretel divulgó argumentos de personas opuestas a la venta de la píldora anticonceptiva que consideran que el medicamento “podría poner en riesgo la vida de las mujeres” y que es “un daño físico”.

Ambas afirmaciones son falsas: no hay un riesgo conocido para la vida o la salud de las mujeres por emplear anticoncepción de emergencia.

Así lo indican la Organización Mundial de la Salud (OMS) y especialistas en farmacología, obstetricia y ginecología consultados por Doble Check.

Reacción a posible llegada de la pastilla

El Ministerio de Salud anunció que la empresa farmacéutica Geodon Richter PLC, de Hungría, solicitó el registro para comercializar un anticonceptivo de emergencia conocido como “píldora del día después”, el cual está compuesto por levonorgestrel, una hormona sintética.

Salud evalúa permitir el uso de ese producto con receta médica, y también para casos de violaciones por medio de la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS).

Ante esa noticia, en su edición del pasado 29 de marzo, Noticias Repretel consignó la opinión de personas que están a favor y en contra de la distribución de ese medicamento en el país.

El presentador del noticiero dijo que los opositores “opinan que la posible incorporación de esta píldora a la CCSS, a farmacias y hospitales privados podría poner en riesgo la vida de las mujeres”.

Posteriormente, el noticiero presentó a Grace Mora, que se identificó como “activista pro vida” y que dijo:

“Esa pastilla no debe ser para los costarricenses, porque pienso que la gente se puede aprovechar y puede salir más cara la medicina que la enfermedad, porque eso es un daño moral, espiritual y físico para la mujer”.

Consideramos que las implicaciones morales o espirituales de la pastilla son opiniones. Sin embargo, el riesgo físico para la vida y la salud de las mujeres que la activista le achaca a la pastilla sí es un hecho verificable.

Así, tales afirmaciones son falsas: no se han encontrado efectos adversos por el uso de métodos anticonceptivos de emergencia que representen un riesgo para la vida o la salud de las mujeres. La información de Noticias Repretel solo presenta dos posiciones en el debate sobre su aprobación, pero omite dejar clara la inocuidad del medicamento.

Con base en la revisión de la evidencia científica disponible, la Organización Mundial de la Salud (OMS) ha ratificado la seguridad de la píldora en toda mujer o niña en edad de procrear, pues se ha demostrado que “no tiene ninguna contraindicación médica ni tampoco ningún límite de edad”, indica la OMS en sus documentos oficiales.

Efectos secundarios leves y temporales

Además de la pastilla de levonorgestrel, hay tres tipos más de anticonceptivos de urgencia: píldoras que contienen acetato de ulipistral, dispositivos intrauterinos de cobre, y píldoras anticonceptivas orales combinadas (conocido como método Yuzpe, de acceso en Costa Rica).

Estos métodos pueden aplicarse hasta cinco días después de relaciones sexuales sin protección o cuando los anticonceptivos de rutina fallaron (si el condón se rompió, por ejemplo). La eficacia de las alternativas de emergencia depende del ciclo menstrual de la mujer y de cuán inmediato sea su uso después de la relación sexual riesgosa, según las recomendaciones de la OMS.

Esa institución estipula que los anticonceptivos de emergencia tienen efectos secundarios como náuseas, dolor abdominal, fatiga, dolor de cabeza, sensibilidad en las mamas, mareos y vómito, que pueden presentarse en los días posteriores al uso del medicamento.

Las usuarias de esos métodos también han reportado cambios leves en la regularidad de la menstruación o sangrado irregular durante uno o dos días después de emplear el producto, según indica la edición del 2018 de Planificación Familiar, publicación revisada y editada por la OMS, la Universidad Johns Hopkins y la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID).

Sin embargo, el ente de salud destaca que tales reacciones son leves y se limitan a días posteriores al uso del anticonceptivo, por lo que no se requiere tratamiento adicional. Además, la OMS estima que tales reacciones se presentan en una minoría de casos, con base en la evidencia disponible.

“Las consecuencias físicas por el uso de la píldora son prácticamente nulas y los efectos son iguales o un poco mayores que cualquier anticonceptivo oral: son sumamente pasajeros”, afirmó Danilo Medina, jefe de ginecología y obstetricia del Hospital Rafael Ángel Calderón Guardia.

La OMS recomienda el uso de otros anticonceptivos de emergencia antes que el método Yuzpe, ya que los mareos y el vómito son más comunes con esa alternativa.

“La ingesta de cualquier método anticonceptivo tiene reacciones secundarias por su carga hormonal. Como la dosis es más alta en los métodos de emergencia, el efecto secundario puede ser mayor que con otras pastillas anticonceptivas orales”, explicó Victoria Hall, directora del Centro de Información de Medicamentos (CIMED) de la UCR.

Por eso, la especialista en Farmacia destacó que esos métodos deben emplearse únicamente en casos de urgencia.

La literatura científica disponible también ha descartado que los anticonceptivos de emergencia ocasionen infertilidad o efectos en el feto si el embarazo se da a pesar de aplicar el método.