Beneficio de gasolina para diputados tiene los menores controles entre supremos jerarcas

En resumen: La diputada del Partido Acción Ciudadana (PAC), Paola Vega, propuso una reforma de ley para pausar el subsidio de gasolina de uso discrecional a los legisladores. “Los otros Poderes no reciben 500 litros de gasolina gratis por mes”, afirmó Vega a finales de noviembre en Twitter ante la reacción de otros colegas. Eso es cierto, pero obvia gastos por rubros similares en otros poderes.

Revisamos el uso de vehículos y combustibles en el Poder Ejecutivo, Judicial y el Tribunal Supremo de Elecciones. Es correcto que magistrados, ministros y el Presidente de la República no reciben un saldo de unos ₡300.000 por mes para gastarlo libremente en gasolina.

La afirmación de Vega, aunque cierta, omite que esos puestos sí tienen vehículos de uso discrecional con chofer, cuyos gastos por gasolina son cubiertos por sus instituciones.  El subsidio no es tan obsequioso como en el caso de diputados.

El subsidio de gasolina para los diputados es el que tiene menos controles. Los legislaroes pueden usar la gasolina discrecional para distintos vehículos, en diligencias personales o hasta donarla a terceros. Un diputado también podría pagar por otros servicios en la gasolinera sin que el Congreso pueda percatarse.

En resumen: La diputada del Partido Acción Ciudadana (PAC), Paola Vega, propuso una reforma de ley para pausar el beneficio de gasolina de uso discrecional a los legisladores. “Los otros Poderes no reciben 500 litros de gasolina gratis por mes”, afirmó Vega a finales de noviembre en Twitter ante la reacción de otros colegas. Eso es cierto, pero obvia gastos por rubros similares en esos otros poderes.

Revisamos el uso de vehículos y combustibles en el Poder Ejecutivo, Judicial y el Tribunal Supremo de Elecciones. Es correcto que magistrados, ministros y el Presidente de la República no reciben un saldo de unos ₡300.000 por mes para gastarlo libremente en gasolina.

La afirmación de Vega, aunque cierta, omite que esos puestos sí tienen vehículos de uso discrecional con chofer, cuyos gastos por gasolina son cubiertos por sus instituciones.  El beneficio no es tan obsequioso como en el caso de diputados.

La gasolina comprada por diputados con dinero del Estado es la que tiene menos controles. Los legisladores pueden usar la gasolina discrecional para distintos vehículos, en diligencias personales o hasta donarla a terceros. Un diputado también podría pagar por otros servicios en la gasolinera sin que el Congreso pueda percatarse.

Conflicto por proyecto de ley

A finales de marzo pasado, la diputada Paola Vega presentó un proyecto de ley para eliminar temporalmente el beneficio de gasolina de uso discrecional que reciben los 57 congresistas cada mes.

Vega propone que ese beneficio se elimine mientras esté vigente la declaratoria de estado emergencia nacional por la COVID-19, y hasta seis meses después de su derogatoria. La legisladora plantea que el dinero empleado para esa gasolina se destine al programa temporal de personas desempleadas por la pandemia.

Entre el 2018 y el 2020, el Estado ha dedicado poco más de ₡417 millones para ese combustible. Así se desprende de datos de la Asamblea Legislativa.

Vega ha criticado que no existe voluntad política en el Congreso para pausar el beneficio.

La legisladora justificó su propuesta de ley como un gesto simbólico ante la crisis que enfrenta el país por la pandemia. La diputada justificó que el combustible discrecional de los legisladores no es comparable al de otros jerarcas, ya que parte de la función de estos es realizar giras con motivos político-partidarios, mientras que otros jerarcas emplean su transporte para su función pública.

Vega afirmó que “sabe” de jerarcas de otros poderes que “abusan del recurso” de transporte discrecional, pero no señaló casos puntuales.

¿Qué dijo la diputada Vega?

Noticias Monumental difundió el 18 de noviembre que legisladores “condicionan renunciar a combustible gratis a que medida se aplique en otros poderes de la República”. Ante esa noticia, Paola Vega publicó en Twitter que “los otros Poderes no reciben 500 litros de gasolina gratis por mes…”.

Eso es cierto, pero sería incorrecto asumir que el Estado no incurre en ningún gasto.

 

¿Cómo funciona el beneficio de gasolina del Congreso?

Cada una de las personas que ocupan una diputación dispone de 500 litros de gasolina por mes para usarlo a su gusto. La administración del Congreso le deposita a cada diputado el equivalente de ese monto en colones (unos ₡300.000) en una tarjeta de débito del Banco de Costa Rica. Esta tarjeta solo puede usarse en gasolineras.

El director ejecutivo del Congreso, Antonio Ayales, recalcó un criterio de la Procuraduría General de la República del 2012 que describe ese beneficio como una “ayuda técnica” que está “estrechamente vinculada al ejercicio efectivo del cargo de diputado”.

La Asamblea Legislativa carece de un control sobre el uso de todos esos recursos. Los legisladores pueden emplear la gasolina para distintos vehículos, en diligencias personales o hasta donarla a terceros. Un legislador podría pagar por otros servicios en la gasolinera sin que la Asamblea se percate. Así lo reconoció Ayales a Doble Check.

El Congreso también tiene 17 vehículos y diez choferes en su unidad de Transportes. Este recurso es empleado por todos los funcionarios legislativos para distintas labores. Los diputados pueden solicitar ese transporte oficial para giras comunales, pero la gasolina empleada en esos recorridos se descuenta de los 500 litros que reciben cada mes.

Solamente quien ocupa la presidencia del directorio legislativo tiene reservado un vehículo de la Asamblea Legislativa para uso discrecional, con gasolina y chofer incluidos.

¿Otros jerarcas también reciben gasolina discrecional?

Sí, pero las condiciones son diferentes que en la Asamblea Legislativa.

Los otros poderes de la República disponen de vehículos de uso discrecional para sus princiales jerarcas, con choferes y gasolina cubiertos por esas instituciones.

Transporte discrecional en el Poder Judicial

El Poder Judicial asigna vehículos de uso discrecional a los 22 magistrados y magistradas de la Corte Suprema de Justicia y a quien lidere la Fiscalía General. Los carros tienen asignado un chofer con una jornada de trabajo de 12 horas, aunque el automotor en sí carece de horario de uso. Estos tienen placas particulares y carecen de distintivos oficiales.

Los vehículos discrecionales del Poder Judicial incluyen 300 litros de combustible que paga la institución, los cuales solo pueden ser empleados en esos vehículos. Si el jerarca supera ese límite, debe pagar el resto de bolsillo propio. Así lo detalló el Poder Judicial a Doble Check por medio de su área de Comunicación.

El Poder Judicial detalló que ese suministro de combustible se da con una tarjeta prepago vinculada a cada jerarca. El personal de una gasolinera debe verificar el número de placa y la persona debe registrar en el datáfono su clave personal vinculada a la tarjeta.

“Por otra parte, el sistema de control de consumo de combustible lleva un registro de cada compra, tanto en términos monetarios como de cantidad de litros dispensados y kilometraje registrado al momento de la compra”, detalló la institución.

Vehículos discrecionales del Poder Ejecutivo

El Poder Ejecutivo tiene carros de uso discrecional para el presidente y los dos vicepresidentes de la República y para los ministros de gobierno. Casa Presidencial indicó a Doble Check que esos vehículos no tienen restricciones de combustible, horario de uso o recorrido, conforme a la Ley de Tránsito. Esos automotores tampoco tienen distintivos oficiales.

Casa Presidencial recalcó por medio de una respuesta oficial que sus vehículos de uso discrecional tienen el objetivo de “facilitar y mejorar el desempeño de sus funciones”, tal como indica el Reglamento interno sobre el uso de vehículos de la Presidencia de la República y del Ministerio de la Presidencia.

La Unidad de Protección Presidencial coordina los choferes y horarios de esos vehículos. El combustible está asignado a esa unidad por la Dirección de Transportes de Casa Presidencial.

“Dado que no se dispone del mecanismo de cuotas de combustible por jerarca, el gasto se da directamente según las necesidades de traslado que se presenten para el cumplimiento de las funciones de los jerarcas, de acuerdo con la normativa y a la disponibilidad de recursos de la institución”, indicó Casa Presidencial.

El reglamento interno de esa entidad estipula que cada funcionario es responsable de la “custodia, mentenimiento, uso racional y conservación” de su vehículo discrecional. El área de Transportes debe “ejercer controles en cuanto reparación y mantenimiento” de los automotores, así como su debido registro.

La única restricción que determina ese reglamento expresamente para los vehículos discrecionales de los jerarcas del Poder Ejecutivo es que está prohibida su asignación para el uso de familiares de los mandatarios.

¿Y en el Tribunal Supremo de Elecciones?

Los nueve magistrados y magistradas del Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) también cuentan con vehículos con combustible incluido por la institución. Solo los automotores de los tres magistrados propietarios del TSE cuentan con chofer, con un horario de 12 horas.

La unidad de comunicación del TSE respondió a Doble Check que esos vehículos “no están sujetos a las mismas restricciones de los demás vehículos oficiales, en cuanto a combustible, horario de operación ni recorrido, sino que están sujetos al criterio de la persona funcionaria a la que le es asignada la unidad”, justificados en la Ley de Tránsito.

 

(Des)empleo en pesca de arrastre: ¿cuán confiables son los datos disponibles?

En resumen: Solo existe un estudio formal que calcula el impacto directo de la pesca de arrastre en el empleo de Puntarenas. Esa investigación de la Universidad Nacional (UNA) estimaba 590 empleos en el 2015. Tiene la limitación de que se calculó dos años después de la prohibición de la actividad, cuando solo quedaban 27 licencias activas.

Durante las discusiones para la aprobación de la ley también se enunciaron cifras contradictorias de beneficiados que rondaban entre las 3.000 y 5.000 empleos. Esas cifras proceden de cálculos informales hechos por el sector camaronero. Las estimaciones se hicieron sin un método replicable por lo que no pudieron ser corroboradas por Doble Check.

La diputada Carmen Chan también indicó erróneamente que la prohibición de la pesca de arrastre en el 2013 había dejado más de «3.000 desempleados». La legisladora hizo una lectura incorrecta de un acta de Incopesca. El documento se basa en el estudio de la UNA, y proyectaba que 3.110 personas era la suma de trabajadores afectados por esa prohibición más sus familiares.

Los cálculos informales «a la alta» fueron usados por políticos y empresarios a favor de la reanudación de la actividad. El cálculo formal del 2015 fue usado por agrupaciones y políticos en contra de la práctica pesquera de arrastre.

La Asamblea Legislativa aprobó con 28 votos a favor el proyecto de ley para revivir esa práctica de pesca en el país. Aquello ocurrió el pasado 22 de octubre. El presidente de la República, Carlos Alvarado, vetó la iniciativa ocho días después.

En resumen: Solo existe un estudio formal que calcula el impacto directo de la pesca de arrastre en el empleo de Puntarenas. Esa investigación de la Universidad Nacional (UNA) estimaba 590 empleos en el 2015. Tiene la limitación de que se calculó dos años después de la prohibición de la actividad, cuando solo quedaban 27 licencias activas.

Durante las discusiones para la aprobación de la ley también se enunciaron cifras contradictorias de beneficiados que rondaban entre las 3.000 y 5.000 empleos. Esas cifras proceden de cálculos informales hechos por el sector camaronero. Las estimaciones se hicieron sin un método replicable por lo que no pudieron ser corroboradas por Doble Check.

La diputada Carmen Chan también indicó erróneamente que la prohibición de la pesca de arrastre en el 2013 había dejado más de «3.000 desempleados». La legisladora hizo una lectura incorrecta de un acta de Incopesca. El documento se basa en el estudio de la UNA, y proyectaba que 3.110 personas era la suma de trabajadores afectados por esa prohibición más sus familiares.

Los cálculos informales «a la alta» fueron usados por políticos y empresarios a favor de la reanudación de la actividad. El cálculo formal del 2015 fue usado por agrupaciones y políticos en contra de la práctica pesquera de arrastre.

La Asamblea Legislativa aprobó con 28 votos a favor el proyecto de ley para revivir esa práctica de pesca en el país. Aquello ocurrió el pasado 22 de octubre. El presidente de la República, Carlos Alvarado, vetó la iniciativa ocho días después.

Único estudio disponible

Un conjunto de 117 asociaciones de pesca artesanal, municipalidades, cámaras de turismo y grupos ambientalistas y comunales publicó en La Nación un campo pagado el pasado 23 de octubre. El mensaje le pedía al Presidente de la República el veto de la ley que pretendía revivir la pesca de arrastre semiindustrial de camarón en Costa Rica.

“Esta actividad beneficiará a un pequeño sector que, según datos de la Universidad Nacional de 2015, generó solamente 590 empleos directos que no son de calidad, perpetuando y feminizando la pobreza”, afirmaba ese grupo de organizaciones en el campo pagado.

Solicitud de veto presidencial publicada en un campo pagado en La Nación el 23 de octubre del 2020.

El estudio mencionado en esa petición es la única investigación disponible que ha medido la fuerza laboral de la pesca de arrastre semiindustrial de camarón en Costa Rica. El análisis fue realizado en el 2015 por la Escuela de Economía de la Universidad Nacional (UNA). Dicho estudio fue editado y publicado por la Fundación MarViva en el 2016. Esa fue una de las organizaciones que solicitó el veto presidencial.

Esa investigación caracterizó las condiciones socioeconómicas de ese sector en la costa del Pacífico de Costa Rica. El estudio concluyó que las 27 licencias activas que operaban en aquel momento generaban 590 empleos directos. El documento puntualiza que “más del 80% [de esos empleos] son de mala calidad, pues no alcanzan el salario mínimo de ley”.

Métodos de cálculo

¿Cómo se calculó esa población? Según el estudio, “se utilizaron datos de la Caja Costarricense del Seguro Social, entrevistas a representantes de Cámaras y Asociaciones de esta pesquería, expertos y expropietarios de embarcaciones, así como datos del Incopesca, Ministerio de Hacienda y del Banco Central”.

Doble Check conversó con el director del estudio, Martín Parada. El economista explicó a Doble Check que el equipo de investigación hizo un mapeo de las zonas donde operaba la flota camaronera y dos talleres con especialistas que integraban la cadena productiva.

“Ahí participaron los mismos camaroneros, porque ellos nos dieron un aproximado de la población, dadas las 27 licencias y las embarcaciones”, afirmó Parada. El economísta era entonces el coordinador del programa de sectores productivos, competitividad y desarrollo de la Escuela de Economía de la UNA.

Parada indicó a Doble Check que la investigación definió como empleo directo de ese tipo de pesca el trabajo de las peladoras de camarones, la tripulación de los barcos (capitán, cocinero y pescadores) y los dueños de las licencias.

“Se hizo un estimado de los trabajadores que participaban en la tripulación y eran 195 en aquel momento. Sobre las peladoras, [los empresarios camaroneros] llegaron a un consenso entre ellos que podían ser unas 400”, detalló Parada.

A partir de ese total, el equipo de la UNA estructuró una encuesta con una muestra de 130 personas del sector. El instrumento examinó características de la cadena productiva como ingresos, nivel educativo y estructura familiar de los participantes.

Limitación del estudio

Dicho estudio tiene una limitación. La Sala Constitucional prohibió la pesca de arrastre de camarón en el 2013. La corte ordenó mantener la restricción mientras no existieran estudios técnicos para validar el reinicio de la actividad y la disminución de capturas incidentales de fauna marina. La prohibición impidió la emisión de licencias de pesca nuevas o la renovación de permisos existentes. El estudio de la UNA del 2015 se hizo cuando solo quedaban 27 licencias vigentes en el país.

Otro informe de MarViva del 2010 indica que en aquel año había 46 licencias activas. Ese informe carece de información sobre la cantidad de empleos generados para entonces. Por ello no hay cálculo de los beneficios en empleo cuando la actividad tenía mayor vigor en el país.

Estimación desde sector camaronero

Uno de los principales promotores del proyecto que busca la reactivación de la pesca de arrastre fue Carlos Ricardo Benavides, diputado del Partido Liberación Nacional (PLN) y expresidente del directorio legislativo. El legislador defendió la aprobación de la iniciativa al afirmar que “las estimaciones más cortas de generación de empleo de esto se ubican entre las 4.000 y 5.000 personas”. Así lo dijo el pasado 27 de octubre en el programa radial Hablando Claro, días después de que la Asamblea Legislativa aprobara la iniciativa con 28 votos a favor.

Esa estimación proviene de un cálculo que carece de un análisis que pueda ser verificado.

Doble Check le solicitó a Benavides la fuente de esa estimación. El diputado remitió atribuciones hechas a la Cámara Puntarenense de Pescadores (CAMAPUN). Una de esas afirmaciones se registró en el informe de una investigación de junio del 2019 titulada “Mujeres vinculadas al sector pesquero en Puntarenas: un caso sobre la feminización de la pobreza”. Fundación Arias para la Paz y Australian Aid publicaron ese informe.

El estudio atribuye la siguiente afirmación a “un representante” de CAMAPUN sin mencionar su nombre:

“El tema del camarón es complicado, se ha dicho que entre 3 mil y 5 mil personas están perdiendo su ingreso para la familia entre empleo directo e indirecto, desde que sale el camaronero, los que trabajan en la ferretería, los que trabajan en verdulería, los que trabajan en mantenimiento, los transportistas, entre otros. Eso es desempleo, es una cadena, en Puntarenas la economía está paralizada”.

Cálculo «a mano alzada»

Doble Check se comunicó con Roy Carranza, presidente de CAMAPUN. El empresario dijo a Doble Check que las estimaciones realizadas por esa cámara sobre el empleo derivado de la pesca de arrastre de camarón han sido “empíricas”, por lo que no pueden ser verificadas. “Ha sido empíricamente porque nosotros no somos estadísticos”, dijo Carranza. Él fue propietario de dos licencias de pesca de arrastre.

Carranza afirmó que esa cámara estimó que el voto de la Sala Constitucional del 2013 afectó a 3.050 personas o empresas que tenían empleos directos e indirectos con la actividad. “Sabemos que, a la fecha, ese cálculo es muchísimo mayor”, opinó.

El director del estudio de la UNA sobre empleos de la flota camaronera, Martín Parada, advirtió que esas estimaciones “son los datos que recibíamos nosotros previamente al estudio”, pero que no hay evidencia para sustentarlos.

“Creo que en esa cifra se está hablando de los servicios de apoyo a la cadena productiva, pero los servicios de apoyo no solo sirven para la flota pesquera. Por ejemplo, una ferretería que le da servicio a la flota pesquera en los materiales que ocupa pero le vende materiales a otra gente. No se le puede atribuir a la flota pesquera esos empleos como directos en Puntarenas”, dijo Parada.

El investigador de la UNA considera que las estimaciones hechas por el sector camaronero sobreestiman el subempleo y los empleos indirectos. “El efecto socioeconómico no ha sido bien valorado [en ese cálculo] y se utilizan datos a mano alzada”, agregó Parada.

Diputada citó dato de Incopesca incorrectamente

La diputada independiente, Carmen Chan, afirmó que el impedimento establecido por la Sala Constitucional a la pesca de arrastre de camarón dejó a “3.000 personas desempleadas en Puntarenas”. Eso lo afirmó el pasado 21 de octubre en el plenario legislativo durante la votación del proyecto de ley que pretendía revivir esa actividad.

La cifra de 3.000 “personas desempleadas” proviene de una lectura incorrecta.

El despacho de Carmen Chan respondió a Doble Check que “el dato de las más de 3.000 personas desempleadas pues dependen de la pesca de camarón” está referido en el acta 46-2017 del Instituto Costarricense de Pesca y Acuicultura (Incopesca). En esa acta, la junta directiva de esa entidad evaluó posibles consideraciones para una reforma legal “para la pesca sostenible del camarón”.

“Se ha logrado establecer la existencia de una situación crítica que enfrentan la pesca de arrastre de camarón, las personas dedicadas a esta actividad y sus familias, lo cual se convierte en una amenaza para su principal medio de vida, ya sea porque trabajan directamente en la pesca de arrastre o son dependientes para la mayoría de sus necesidades de alguien que trabaja en la actividad, llegándose a estimar una población de 3.110 personas que dependen de la pesca del camarón”, indica el acta de Incopesca.

El acta de esa institución no se refiere específicamente a más de 3.000 personas desempleadas. Por el contrario, parece hacer una suma de las personas dedicadas a la actividad y de sus familias. El acta de Incopesca remite ese cálculo a la fuerza laboral identificada por el estudio de la Escuela de Economía de la UNA en el 2015. Esa investigación estimó un promedio de cinco personas por familia entre los trabajadores asociados directamente a la actividad.

Atribución en artículo de AmeliaRueda.com

El diputado Carlos Ricardo Benavides también justificó sus estimaciones de empleos por pesca de arrastre con base en un artículo del medio digital AmeliaRueda.com de finales del 2017.

Ese texto afirma que, según Incopesca, “hay 3.756 personas vinculadas a la actividad a lo largo del Pacífico y Caribe costarricense que quedarían en condición de vulnerabilidad ante una prohibición total de la pesca de arrastre”.

La cifra es similar a la estimación citada en el acta de Incopesca que refirió la diputada Carmen Chan. El cálculo difiere por 646 personas más y no se especifica el tipo de vinculación con la pesca de arrastre.

Doble Check contactó al redactor de ese artículo, Luis Ramírez. El periodista indicó: “En ese tiempo estuve haciendo varias notas sobre la pesca de arrastre y revisé varios informes y estudios de Incopesca”. Agregó que no recordaba la fuente específica.

Doble Check intentó precisar con Incopesca los cálculos indicados en esa nota de prensa que refirió Benavides. También intentó verificar el cálculo en el acta de junta directiva que empleó Carmen Chan. La institución declinó brindar declaraciones por “respeto” al veto presidencial de la ley que pretendía revivir la pesca de arrastre de camarón en el país.

Declaraciones de medio estadounidense revelan como falsa una refutación de CRHoy

El medio estadounidense U.S. News & World Report confirmó a Doble Check que Costa Rica sí aparecía en su lista de Mejores Países para Invertir en el 2019. La información contradice lo afirmado por una publicación que hizo el diario digital CRHoy ayer, jueves.

CRHoy publicó que Casa Presidencial había creado una noticia falsa sobre el atractivo del país. Presidencia había divulgado el 10 de enero que “en la lista de los mejores países para invertir en 2019, Costa Rica ocupó el tercer lugar a nivel mundial, antecedido únicamente por Uruguay y Arabia Saudita”.

Dicha lista de Mejores Países para Invertir es publicada anualmente por el medio estadounidense U.S. News & World Report, BAV Group y la escuela Wharton de la Universidad de Pennsylvania, de Estados Unidos.

La refutación de CRHoy surgió porque el medio estadounidense publicó su nueva lista para el 2020 el 15 de enero, cinco días después del comunicado de Presidencia. En ese listado ya no aparece Costa Rica. CRHoy, además, afirmó expresamente que el país tampoco aparecía en el 2019, lo cual es falso.

La vocera de U.S. News & World Report confirmó a Doble Check que los resultados del informe del 2019 —que empleó Casa Presidencial y donde sí estaba Costa Rica— fueron sustituidos por la lista de este año en su plataforma.

Aún así, Casa Presidencial sí hizo una afirmación falsa con respecto al escalafón. La lista de Mejores Países para Invertir para el 2019 fue publicada desde enero de ese año, pero Presidencia afirmó que el informe se había publicado en diciembre.

La información de CRHoy se basó en una publicación en redes del economista Eli Feinzaig. Él se corrigió el jueves en su cuenta de Twitter, donde reconoció que Costa Rica sí estuvo en el ranking de mejores países para invertir del 2019. Eso sí, expresó reservas sobre la confusión generada por la página y sobre la decisión de Presidencia de publicar una noticia vieja.

Doble Check se comunicó con el periodista que redactó el artículo de CRHoy, Carlos Mora. El redactor afirmó que mantiene en firme su refutación.

En resumen: El medio estadounidense U.S. News & World Report confirmó a Doble Check que Costa Rica sí aparecía en su lista de Mejores Países para Invertir en el 2019. La información contradice lo afirmado por una publicación que hizo el diario digital CRHoy ayer, jueves.

CRHoy publicó que Casa Presidencial había creado una noticia falsa sobre el atractivo del país. Presidencia había divulgado el 10 de enero que “en la lista de los mejores países para invertir en 2019, Costa Rica ocupó el tercer lugar a nivel mundial, antecedido únicamente por Uruguay y Arabia Saudita”.

Dicha lista de Mejores Países para Invertir es publicada anualmente por el medio estadounidense U.S. News & World Report, BAV Group y la escuela Wharton de la Universidad de Pennsylvania, de Estados Unidos.

La refutación de CRHoy surgió porque el medio estadounidense publicó su nueva lista para el 2020 el 15 de enero, cinco días después del comunicado de Presidencia. En ese listado ya no aparece Costa Rica. CRHoy, además, afirmó expresamente que el país tampoco aparecía en el 2019, lo cual es falso.

La vocera de U.S. News & World Report confirmó a Doble Check que los resultados del informe del 2019 —que empleó Casa Presidencial y donde sí estaba Costa Rica— fueron sustituidos por la lista de este año en su plataforma.

Aún así, Casa Presidencial sí hizo una afirmación falsa con respecto al escalafón. La lista de Mejores Países para Invertir para el 2019 fue publicada desde enero de ese año, pero Presidencia afirmó que el informe se había publicado en diciembre.

La información de CRHoy se basó en una publicación en redes del economista Eli Feinzaig. Él se corrigió el jueves en su cuenta de Twitter, donde reconoció que Costa Rica sí estuvo en el ranking de mejores países para invertir del 2019. Eso sí, expresó reservas sobre la confusión generada por la página y sobre la decisión de Presidencia de publicar una noticia vieja.

Doble Check se comunicó con el periodista que redactó el artículo de CRHoy, Carlos Mora. El redactor afirmó que mantiene en firme su refutación.

¿Qué dijo Casa Presidencial?

El pasado 10 de enero, Casa Presidencial divulgó un comunicado que tituló: “Costa Rica: tercer mejor destino de inversión en el mundo”.

El comunicado afirmaba en su primer párrafo que “en la lista de los mejores países para invertir en 2019, Costa Rica ocupó el tercer lugar a nivel mundial, antecedido únicamente por Uruguay y Arabia Saudita”. Casa Presidencial añadió que dicha lista fue publicada en diciembre pasado.

Tal información fue replicada entre el 10 y el 13 de enero por distintos medios de comunicación, como Amelia Rueda, Multimedios, AM Prensa, La República y Forbes Centroamérica. Algunos de esos medios adjuntaron el hipervínculo del ranking, que estaba disponible en el sitio de Internet de U.S. News & World Report.

La editora de datos de U.S. News & World Report, Deidre McPhillips, confirmó a Doble Check que Costa Rica sí ocupó el tercer puesto en su lista de mejores países para invertir en el 2019 entre un grupo de 29 naciones, solo superada por Uruguay y Arabia Saudita. Al 10 de enero, fecha en que Casa Presidencial hizo su publicación, ese era el conteo más reciente.

La plataforma de U.S. News & World Report mostraba la lista de ‘Mejores Países para Invertir’ del 2019 hasta el 15 de enero de este año. Costa Rica ocupó el tercer lugar en ese conteo. La plataforma fue actualizada con los resultados del 2020 cinco días después de la publicación de Casa Presidencial. Fuente: imagen recuperada por Wayback Machine.

Sin embargo, Casa Presidencial dio un dato falso sobre cuán reciente era esa lista. El reporte del 2019 no fue publicado en diciembre pasado, como dijo Casa Presidencial. McPhillips indicó que la lista estuvo disponible desde enero de ese año.

Casa Presidencial respondió a Doble Check que su comunicado fue redactado por la Coalición Costarricense de Iniciativas de Desarrollo (CINDE). Uno de los delegados de comunicación de esa organización, Carlos Morales, afirmó a Doble Check que la indicación de esa fecha se basó en una revisión de la plataforma de U.S. News & World Report. El funcionario admitió que desconoce la fuente específica.

Chequeo erróneo de CRHoy

El jueves 16 de enero, CRHoy publicó un artículo que pretendía refutar el anuncio que Casa Presidencial hizo la semana anterior. Dicho medio alega que “Casa Presidencial creó noticia falsa sobre atractivo del país”, y añade que esa denuncia la había hecho el economista, Eli Feinzaig, este miércoles en redes sociales.

CRHoy describe que Presidencia utilizó como fuente “una publicación de la revista U.S. News & World Report”. Sin embargo, omite que la lista citada por el gobierno corresponde al año 2019.

El medio digital refiere a sus lectores al sitio en Internet de U.S. News & World Report, en su lista de Mejores Países para Invertir. “Como usted mismo puede ver, Costa Rica no figura en el listado. El tercer puesto realmente lo ostenta el Reino Unido, precedido por Tailandia y Croacia”, afirma CRHoy en su artículo.

Sin embargo, esa plataforma divulga actualmente el análisis del año 2020, el cual fue publicado el miércoles 15 de enero. En esa nueva lista, compuesta por 25 naciones, Costa Rica fue excluida. Así lo confirmó la editora de datos de U.S. News & World Report, Deidre McPhillips.

La directora de comunicación estratégica de esa organización, Enxhi Myslymi, aclaró a Doble Check que los datos del 2019 fueron sustituidos por los de este año, pero se conservó la misma dirección del portal en Internet.

Una revisión de esa dirección web por medio de la herramienta Wayback Machine también confirma que esta sí contenía el ranking del 2019 antes de este miércoles. La misma dirección también ha contenido los datos de los años 2018, 2017 y 2016, aunque estos fueron sustituidos anualmente por listas más recientes.

 

«Nuestros rankings son refrescados cada año. En un esfuerzo por tener la información más actualizada en nuestro sitio, la sección de Mejores Países siempre dará prominencia a la información del año en curso», afirmó Myslymi.

La publicación de U.S. News & World Report señala expresamente  que los datos actuales corresponden al año 2020. Además, advierte que “solo un país del 2019 permanece en el top 5 de los mejores países para invertir”. Esa nación es India.

CRHoy basó su nota en una denuncia en redes hecha por el economista Eli Feinzaig. Él reconoció el jueves en Twitter que Casa Presidencial “no se inventó el dato”. Sin embargo pero advirtió que “la presentación del informe por parte de U.S. News & World Report se presta a confusión”. Feinzaig también criticó que Presidencia pasara como nueva una noticia «añeja», dado que la lista que incluía a Costa Rica era de inicios del año pasado.

La publicación original de Feinzaig había sido refutada el jueves por el proyecto #NoComaCuento, de La Nación.

Por otra parte, CRHoy afirmó expresamente que el país no formó parte de la lista del 2019, lo cual es falso. El medio publica: «Hay que decir que en su sitio web la revista que la Presidencia utilizó como fuente también tiene los ranking de los años 2016, 2017, 2018 y 2019 en esos Costa Rica tampoco ocupa los puestos que dijo la Presidencia». Doble Check no tiene confirmación sobre este punto, pero el medio parece haber consultado las calificaciones generales y no la lista específica para el tema de inversión, donde solo está disponible la versión del 2020.

Doble Check se comunicó brevemente el jueves con el periodista que redactó el artículo de CRHoy, Carlos Mora. El dijo que sí había consultado directamente a U.S. News & World Report, pero que no obtuvo respuesta. Esa diligencia no está consignada en la nota. El periodista afirmó a Doble Check que mantiene en firme su refutación.

Una lista volátil

La lista de Mejores Países para Invertir es una parte de Best Countries (Mejores Países). Esa medición, más general, también la desarrollan U.S. News & World Report, BAV Group y la escuela Wharton de la Universidad de Pennsylvania cada año.

En la comparación general de este año, Costa Rica está ubicada en el puesto 40 de 73 naciones. En el 2019, Costa Rica fue la nación 44 de un total de 80.

Por su lado, la lista de Mejores Países para Invertir del 2020 se basó en encuestas realizadas globalmente a más de 6.000 personas tomadoras de decisiones en el área de negocios. Esas personas calificaron cada nación con ocho características: corrupción, dinamismo, estabilidad económica, emprendimiento, ambiente fiscal favorable, fuerza laboral hábil y experiencia tecnológica.

“Los países son excluidos de este ranking cuando esas percepciones difieren significativamente de la visión promedio en alto grado”, explicó a Doble Check la editora de datos de U.S. News & World Report, Deidre McPhillips.

Entre los años 2016 y 2020, el tope de los 10 mejores países para invertir según ese análisis ha sido volátil. Hay 16 naciones que, en estos cuatro años, solo han aparecido una vez allí, por ejemplo Costa Rica, Reino Unido, Dinamarca, Italia, Chile, Israel, Uruguay o Luxemburgo. Solo un país ha permanecido en el top 10 durante esos cuatro años: India, aunque ha ostentado diferentes puestos.

Así lo muestran las listas de esos años, las cuales fueron facilitadas por U.S. News & World Report  a Doble Check o recuperadas por medio de la herramienta Wayback Machine.

 

Colaboró el periodista Daniel Salazar Murillo* 

Carlos Alvarado expuso dos datos falsos en discursos ante la ONU

En resumen: El presidente Carlos Alvarado compartió dos datos falsos sobre economía ambiental. Las afirmaciones las hizo en dos de los discursos que leyó ante Naciones Unidas: uno de ellos ante la Asamblea General de las Naciones Unidas y otro en la Cumbre de Acción Climática.

El primer dato falso ha sido un chequeo reiterado de Doble Check. Es falso que Costa Rica hubiera pasado de una cobertura forestal de un 20%, en la década de los 80, a una superior al 50% en la actualidad. Los datos disponibles permiten afirmar que Costa Rica nunca redujo su cobertura forestal a menos de un 40%.

El segundo se refiere al parque vehicular eléctrico de Costa Rica. Alvarado afirmó que la cantidad de vehículos eléctricos había aumentado en un 500% en el último año. El dato es falso: en realidad, el dato correcto es que Costa Rica aumentó de esa manera su flota vehicular eléctrica en los últimos cinco años. Esta información ya había sido verificada por Ojo al Clima.

Contactamos a Casa Presidencial y nos refirieron los datos en los que se confirma el error en el discurso de Alvarado. No obtuvimos respuesta oportuna sobre la admisión y el origen del error.

En resumen: El presidente Carlos Alvarado compartió dos datos falsos sobre economía ambiental. Las afirmaciones las hizo en dos de los discursos que leyó ante Naciones Unidas: uno de ellos ante la Asamblea General de las Naciones Unidas y otro en la Cumbre de Acción Climática.

El primer dato falso ha sido un chequeo reiterado de Doble Check. Es falso que Costa Rica hubiera pasado de una cobertura forestal de un 20%, en la década de los 80, a una superior al 50% en la actualidad. Los datos disponibles permiten afirmar que Costa Rica nunca redujo su cobertura forestal a menos de un 40%.

El segundo se refiere al parque vehicular eléctrico de Costa Rica. Alvarado afirmó que la cantidad de vehículos eléctricos había aumentado en un 500% en el último año. El dato es falso: en realidad, el dato correcto es que Costa Rica aumentó de esa manera su flota vehicular eléctrica en los últimos cinco años. Esta información ya había sido verificada por Ojo al Clima.

Contactamos a Casa Presidencial y nos refirieron los datos en los que se confirma el error en el discurso de Alvarado. No obtuvimos respuesta oportuna sobre la admisión y el origen del error.

Cobertura forestal

El presidente afirmó ante la Asamblea General de la ONU que Costa Rica tuvo apenas un 20% de territorios ocupados por bosques en los años 80.

“…sí es posible revertir procesos de deforestación, donde pasamos de una cobertura forestal de un 20% en los años 80 a tener hoy más de un 50% de forestal”.

El dato dicho por el mandatario no solo replica un mito ampliamente divulgado, sino que también lo exagera.

Doble Check ya ha refutado esta afirmación en varias ocasiones. El dato se basa en un estudio de 1985 que afirmaba que para 1983 el territorio cubierto por bosques en el país era del 26%. Según la información científica disponible más recientemente, la cobertura forestal de Costa Rica nunca ha descendido a menos de un 40%.

El investigador Arturo Sánchez-Azofeifa afirma que Costa Rica “habría sido una pradera” si en 1983 hubiera tenido solo 26% de cobertura forestal. Ese porcentaje representa prácticamente el territorio de bosques que son parques nacionales o reservas biológicas.

Sí es cierto que Costa Rica tiene una cobertura boscosa actual de más del 50% de su territorio, como lo dijo Alvarado. La última publicación del Ministerio de Ambiente indica que el porcentaje es del 52,4%.

El dato falso de que Costa Rica duplicó su cobertura forestal en un período de 30 años fue divulgado primero en junio por Procomer al replicar una nota de un medio digital español. Después fue repetido en agosto por Casa Presidencial al compartir un video con el dato falso divulgado por el Foro Económico Mundial. La refutación a Alvarado es nuestra tercera refutación del dato.

Flota vehicular sí aumentó 500%… pero en cinco años

El segundo dato falso fue leído en la Cumbre de Acción Climática, y había sido chequeado primero por Ojo al Clima. La frase del presidente indica:

«En el último año hemos dotado de una infraestructura de recarga todo el territorio nacional, y la flota vehicular ha crecido en un 500%, pero la flota vehicular eléctrica.»

El dato es falso. Es cierto que Costa Rica aumentó su flota vehicular eléctrica en un 500%, pero eso sucedió en cinco años, no en uno.

Doble Check solicitó a Casa Presidencial la fuente del dato compartido por el presidente Alvarado. La oficina de prensa indicó que el dato procede de las estadísticas de movilidad eléctrica del MINAE.

El presidente Carlos Alvarado participó el 23 de setiembre en la Cumbre de Acción Climática. Allí compartió logros y metas de Costa Rica en materia ambiental.

Costa Rica pasó de tener 312 automóviles eléctricos en el 2018 a 618 en agosto de 2019. Es decir, en el último año hubo un aumento de un 105%.

La variación a la que se refiere el presidente ocurrió en los últimos cinco años, no en el último año. En el 2015, Costa Rica contaba con apenas 105 automóviles eléctricos: un aumento de un 508%, comparado con los datos más recientes.

Hay otro detalle importante: los datos de Alvarado no se refieren a la flota vehicular, sino específicamente a los automóviles. Si se consideran motos y otro tipo de vehículos, los aumentos son más modestos (de un 27% para el último año, y de un 172% para el último quinquenio).

Ojo al Clima también discute que sea cierta la frase “en el último año hemos dotado de una infraestructura de recarga todo el territorio nacional”. De hecho, en los listados de puntos de recarga de vehículos eléctricos en Costa Rica puede apreciarse que esos centros aún no cubren los 82 cantones del país, y que en Limón apenas se dispone de tres estaciones de este tipo.

 

Nota del editor: Esta nota fue actualizada en cuestiones de estilo para mejorar la claridad en su lectura.

Es falso que el gobierno colocó francotirador durante protesta en Limón

Es falso que hubiera un «francotirador» del gobierno apostado en el techo de la Casa de la Cultura de Limón durante las protestas ciudadanas de ayer en esa provincia.

Doble Check comprobó que las personas que subieron al techo de ese edificio durante el sábado fueron una cuadrilla de técnicos que intentó reparar el aire acondicionado de dicho edificio, así como un coordinador técnico del Sistema Nacional de Radio y Televisión (Sinart), entidad a cargo de la transmisión televisiva de la actividad.

Varios usuarios de redes sociales divulgaron el rumor del falso francotirador cuando compartieron imágenes en las que se observa la silueta de un hombre en el techo del edificio. Los perfiles de Facebook de Radio Control Music Puerto y Radio y Televisión RN estuvieron entre los principales propaladores de la información falsa.

Es falso que hubiera un «francotirador» del gobierno apostado en el techo de la Casa de la Cultura de Limón durante las protestas ciudadanas de ayer en esa provincia.

Doble Check comprobó que las personas que subieron al techo de ese edificio durante el sábado fueron una cuadrilla de técnicos que intentó reparar el aire acondicionado de dicho edificio, así como un coordinador técnico del Sistema Nacional de Radio y Televisión (Sinart), entidad a cargo de la transmisión televisiva de la actividad.

Varios usuarios de redes sociales divulgaron el rumor del falso francotirador cuando compartieron imágenes en las que se observa la silueta de un hombre en el techo del edificio. Los perfiles de Facebook de Radio Control Music Puerto y Radio y Televisión RN estuvieron entre los principales propaladores de la información falsa.

 

Ayer, el Consejo de Gobierno sesionó a las 6:30 de la tarde en la Casa de la Cultura de Limón. Decenas de manifestantes se habían agrupado en las afueras de la Casa de la Cultura de Limón desde las 5 p. m.

La presencia de hombres en el techo del edificio durante el sábado se debió, en primer lugar, a que una cuadrilla de cuatro personas intentó infructuosamente reparar el sistema de aire acondicionado del lugar antes de que empezara el Consejo de Gobierno. Así lo confirmó Randy Gordon, vicepresidente de la Cámara de Comercio, Industria y Turismo de Limón, que tuvo la iniciativa de la reparación. El representante comunal contó que, días antes, ocurrió un robo de cable que afectó el sistema.

El jerarca de la Dirección de Inteligencia y Seguridad (DIS), Eduardo Trejos, confirmó el dato. También lo hizo la directora de Comunicación de Casa Presidencial, Laura Valenciano.

Valenciano agregó que no fue posible la reparación oportuna del sistema de aire acondicionado, por lo que la sesión del Consejo de Gobierno se realizó solo con la ventilación de abanicos.

Trabajadores intentaron infructuosamente de reparar el sistema de aire acondicionado en la Casa de la Cultura de Limón, desde la mañana del sábado. Imagen facilitada por Casa Presidencial.

Además, este domingo, el medio de comunicación El Guardián CR publicó una nota donde informaba de que la persona fotografiada en la imagen que se difundió falsamente en redes sociales era un técnico del Sistema Nacional de Radio y Televisión (Sinart).

Esa información fue confirmada a Doble Check por José Carlos Chávez, realizador de transmisión del Consejo de Gobierno del sábado, y por Lorna Chacón, presidenta ejecutiva de Sinart. «La silueta corresponde al señor Keylor Madrigal, quien es el coordinador técnico de Trece Costa Rica Televisión», afirmó Chacón.

Chávez explicó que el técnico subió al techo alrededor de las 5:30 p. m. para instalar la antena del transmisor para emitir la señal del enlace televisivo.

Tarde de protestas

El mandatario, Carlos Alvarado, entró en el edificio en medio de una nutrida escolta policial. Los manifestantes principalmente reclamaron por la proyectada reducción en la planilla de Japdeva. El miércoles anterior la Asamblea Legislativa había aprobado, en primer debate, un proyecto en este sentido.

Esta protesta en particular se unió a los gritos de reclamos históricos por la alta inseguridad ciudadana y el desempleo en la provincia.

Nota del editor: Este artículo fue actualizado a las 8 p. m. del domingo 1 de septiembre para agregar las confirmaciones de los funcionarios de Sinart.