Reincidencia entre reos con tobilleras electrónicas no es del 20,5%

Un artículo y un editorial de La Nación toman como base un informe del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) para afirmar que el 20,5% de los portadores de tobilleras electrónicas volvieron a delinquir. La aseveración no es correcta.

El informe del OIJ se refiere a la cantidad de personas que fueron reportadas como presuntas responsables de hechos delictivos en “pasadas policiales”. La cifra no se refiere a personas de culpabilidad demostrada por cometer nuevos delitos. El mismo Organismo confirmó a Doble Check que el dato no puede usarse como parámetro de reincidencia.

El dato de reincidencia disponible por el Ministerio de Justicia es diez veces menor (2,1%). A diferencia del OIJ, el Ministerio calcula la reincidencia como la cantidad de revocatorias de la tobillera electrónica ordenadas por un juez. Esta revocatoria se da después de que se hubiera comprobado que las personas con tobillera hubieran cometido un nuevo delito.

Los datos del OIJ y del Ministerio son muy distintos en naturaleza y en alcance. Por ello no son comparables. El Ministerio tiene disponibles los datos de revocatorias por la comisión de nuevos delitos solo para los primeros ocho meses del 2019. El informe del OIJ contempla las «pasadas policiales» entre el 27 de febrero del 2017 y el 18 de julio del 2019.

¿Cuál dato es el más preciso? A la fecha, Doble Check espera los datos concretos del Poder Judicial que permitan asegurar cuántas personas figuran como presuntos responsables tras una pasada, cuántos de ellos tienen una causa abierta, por cuáles delitos y si ya han sido declaradas culpables o no. Doble Check también consultó si el supuesto delito fue cometido mientras las personas se encontraban bajo la modalidad de una tobillera electrónica.  La institución, de momento, no aporta esos datos.

En resumen: Un artículo y un editorial de La Nación toman como base un informe del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) para afirmar que el 20,5% de los portadores de tobilleras electrónicas volvieron a delinquir. La aseveración no es correcta.

El informe del OIJ se refiere a la cantidad de personas que fueron reportadas como presuntas responsables de hechos delictivos en “pasadas policiales”. La cifra no se refiere a personas de culpabilidad demostrada por cometer nuevos delitos. El mismo Organismo confirmó a Doble Check que el dato no puede usarse como parámetro de reincidencia.

El dato de reincidencia disponible por el Ministerio de Justicia es diez veces menor (2,1%). A diferencia del OIJ, el Ministerio calcula la reincidencia como la cantidad de revocatorias de la tobillera electrónica ordenadas por un juez. Esta revocatoria se da después de que se hubiera comprobado que las personas con tobillera hubieran cometido un nuevo delito.

Los datos del OIJ y del Ministerio son muy distintos en naturaleza y en alcance. Por ello no son comparables. El Ministerio tiene disponibles los datos de revocatorias por la comisión de nuevos delitos solo para los primeros ocho meses del 2019. El informe del OIJ contempla las «pasadas policiales» entre el 27 de febrero del 2017 y el 18 de julio del 2019.

¿Cuál dato es el más preciso? A la fecha, Doble Check espera los datos concretos del Poder Judicial que permitan asegurar cuántas personas figuran como presuntos responsables tras una pasada, cuántos de ellos tienen una causa abierta, por cuáles delitos y si ya han sido declaradas culpables o no. Doble Check también consultó si el supuesto delito fue cometido mientras las personas se encontraban bajo la modalidad de una tobillera electrónica.  La institución, de momento, no aporta esos datos.

El informe del OIJ

La Nación basa sus informaciones en un informe de la Unidad de Análisis Criminal dirigido a Fiscalía General. El informe no había sido dado a conocer a los periodistas y, según el OIJ, no se trataba de “un reporte cuyo público meta fuera la ciudadanía”.

Doble Check solicitó este informe pero el Organismo rehusó compartirlo. «Como es un documento que puede desencadenar una investigación, no nos podemos referir sobre el mismo», afirmó su oficina de prensa. La institución accedió posteriormente a responder nuestras consultas, pero sin remitir el informe.

La información del OIJ cruza las listas del Ministerio de Justicia de personas con tobilleras electrónicas con las listas del Organismo de “pasadas policiales”. Una “pasada policial” se refiere a casos en los que una persona es detenida. Sin embargo, este evento no implica la culpabilidad del sujeto detenido.

 

«El reporte de OIJ no se refiere o utiliza el término ‘reincidencia’ que tiene una connotación particular y diferente al reporte de causas abiertas durante periodo de portación de sistemas de control electrónico», indicó el OIJ.

El Ministerio de Justicia también considera inadecuado emplear el dato del OIJ como parámetro de reincidencia. Según el Ministerio, el contar con una tobillera electrónica visible podría ser un motivo de sospecha y detención por parte de la Policía, incluso si no hay delito de por medio.

“Consideramos como «reincidencia» las revocatorias del mecanismo en razón de una nueva causa penal; esto es muy distinto a las «pasadas» que reporta el OIJ, puesto que una pasada no significa la apertura de una nueva causa judicial ni mucho menos una condena. En vista del principio de inocencia, únicamente podemos considerar como «reincidentes» a quienes cometan un nuevo delito y se les revoque la medida en razón de ello”, expresó a través de su oficina de prensa.

¿Qué publicó La Nación?

El diario La Nación dedicó una nota informativa al tema, así como un editorial. En la pieza de opinión declara la importancia de esa medida sustitutiva, pero denuncia su mala implementación. La cifra de personas que habrían vuelto a delinquir «es demasiado alta», dice el diario.

El artículo informativo reporta que, según el informe filtrado, 479 de 2.334 personas registraron pasadas entre el 2017 y el 18 de julio de 2019. El medio indica que 114 de esas personas registran entre dos y ocho pasadas policiales, y 238 de los casos se refieren a robo agravado.

La Nación usó en sus informaciones términos como «volvieron a delinquir» y «reincidió». Doble Check se puso en contacto con la autora de la nota, Eillyn Jiménez, para consultarle sobre el uso de estos términos.

«Según el diccionario de la Real Academia Española (RAE), la reincidencia es la «reiteración de una misma culpa o defecto» o «circunstancia agravante de la responsabilidad criminal, que consiste en haber sido el reo condenado antes por un delito análogo al que se le imputa», respondió.

En su nota, La Nación sí reconoce la diferencia entre los números aportados por el OIJ y por el Ministerio de Justicia. El medio expresó que quiso comparar ambas cifras para períodos idénticos y que para ello solicitó la información al Ministerio. Sin embargo, el medio explicó que no la obtuvo oportunamente.

«El dato contemplado en el informe del OIJ dista del brindado por la ministra de Justicia, Marcia González, ante los diputados de la Comisión de Seguridad y Narcotráfico; sin embargo, esto obedece a que ella utilizó solo los datos de este 2019», afirma La Nación.

La explicación del medio sobre la disparidad en las cifras solamente atiende a uno de los motivos de la diferencia: las fechas. El otro, más determinante aún, es el que ya se ha dicho: que los datos tienen naturalezas muy distintas. El del OIJ se refiere a pasadas policiales por la presunta comisión de delitos y el del Ministerio se refiere a la revocación del beneficio por delitos comprobados.

Los datos del Ministerio de Justicia

El Ministerio de Justicia realiza un cálculo distinto y sus datos solo agrupan los registros desde enero hasta agosto del 2019. El reporte concluye que “la reincidencia en esta modalidad llega apenas a un 2,1%”.

“Las revocatorias por nueva causa durante el 2019 corresponden a 37 personas de 1746 personas que en algún momento estuvieron bajo la modalidad de monitoreo electrónico”.

Justicia aporta también este cuadro:

Mes Nueva causa penal

Enero           2

Febrero           6

Marzo           6

Abril           2

Mayo           4

Junio           3

Julio           5

Agosto           9

Según la cartera, la información se calcula a partir de la cantidad de revocatorias de la tobillera electrónica ordenadas por un juez, después de que las personas cometieran un nuevo delito.

¿Cuáles datos son más precisos?

La información disponible no nos permite acercarnos a los datos más precisos. No existe el detalle de información suficiente (o, al menos, no contamos con él) para poder realizar aseveraciones sobre la reincidencia en casos de personas con monitoreo electrónico con base en el informe del OIJ.

Consultamos al OIJ cuáles de las personas que habían sido detenidas en una «pasada» habían sido declaradas culpables. El Organismo dijo no contar con esa información, y alegó que ese no era el motivo del reporte.

Doble Check solicitó al Organismo el desglose de los casos de pasadas, las fechas en que se realizó la pasada, la fecha en que iniciaba y finalizaba el monitoreo electrónico. También se le consultó si a la persona se le abrió un nuevo expediente en sede penal, el tipo de delito y el estado del expediente a la fecha.

Doble Check además consultó si el Organismo entregó sus números usando el número de nuevas causas o el número de personas (una misma persona puede estar involucrada en varias causas). La solicitud deja explícito que no se solicitan identificaciones ni nombres de las personas en cuestión.

Toda la información se refiere al periodo entre el 27 de febrero de 2017 y el 18 de julio pasado. Haremos una actualización en cuanto recibamos la información.

Justicia corrige datos enviados a ONU y Doble Check sobre hacinamiento en cárceles

En resumen:

El hacinamiento carcelario sí fue de poco más de 31% en julio del 2018, como lo afirmó el gobierno en el Examen Periódico Universal en mayo pasado. Sin embargo, el gobierno confundió el año cuando dijo que la sobrepoblación en mayo del 2016 era del 48,1%. En realidad el dato corresponde al mayo del 2017.

Los datos provienen del Ministerio de Justicia y Paz. Esta cartera corrigió la información que había suministrado a la Organización de Naciones Unidas (ONU). También corrigió datos actualizados que había dado a Doble Check, los cuales nos indujeron a error en una publicación de junio pasado.

En mayo, el gobierno de Costa Rica afirmó ante la ONU que “la sobrepoblación en mayo del 2016 era del 48.1%, situándose en julio del 2018 en 31.1%” en total.

La vocería del Ministerio de Justicia y Paz —administrador de las cárceles del país— admitió a Doble Check en aquel momento que «no tenía certeza» de la fuente de ese resultado. «Ningún dato calza con los reportes que tenemos a mano», afirmó la representación del ministerio.

Los datos oficiales dispuestos por Justicia en mayo mostraban un panorama de sobrepoblación carcelario superior al que presentó el gobierno ante la ONU. Así se consignó en una verificación publicada por Doble Check y que hemos retirado a la luz de los datos actualizados.

Después de esa publicación, Casa Presidencial y dicha cartera comunicaron que los registros facilitados a Doble Check eran erróneos y que los resultados presentados a la ONU son verdaderos.

Lo cierto es que el Ministerio de Justicia y Paz cometió errores al facilitar sus datos de sobrepoblación en cárceles, tanto a la ONU y a Doble Check.

En primer lugar, el gobierno de Costa Rica confundió la sobrepoblación de mayo del 2016 con el porcentaje de mayo del 2017 en su informe a la ONU por “un error involuntario”. Así, el resultado del gobierno debió medirse entre mayo del 2017 y julio del 2018.

Por otro lado, el Ministerio de Justicia brindó a Doble Check cifras desactualizadas sobre la capacidad de los centros penitenciarios del país durante el 2018. Estos datos provocaron que nuestro chequeo mostrara una tasa de hacinamiento más elevado para ese periodo.

De ese modo, es cierto que la sobrepoblación en centros de adultos estuvo cerca de 30% en julio del 2018 tal como el gobierno anunció en la ONU, según registros actualizados del Ministerio de Justicia.

Aún así, el gobierno costarricense presentó a la ONU el mes con la tasa más elevada de hacinamiento del 2017 y la comparó con el porcentaje mensual más bajo del 2018. Una comparación interanual entre los mismos meses de cada periodo hubiera arrojado un cambio menos favorecedor al publicitado.

En resumen: El hacinamiento carcelario sí fue de poco más de 31% en julio del 2018, como lo afirmó el gobierno en el Examen Periódico Universal en mayo pasado. Sin embargo, el gobierno confundió el año cuando dijo que la sobrepoblación en mayo del 2016 era del 48,1%. En realidad el dato corresponde a mayo del 2017.

Los datos provienen del Ministerio de Justicia y Paz. Esta cartera corrigió la información que había suministrado a la Organización de Naciones Unidas (ONU). También corrigió datos desactualizados que había dado a Doble Check, los cuales nos indujeron a error en una publicación de junio pasado.

En mayo, el gobierno de Costa Rica afirmó ante la ONU que “la sobrepoblación en mayo del 2016 era del 48.1%, situándose en julio del 2018 en 31.1%” en total.

La vocería del Ministerio de Justicia y Paz —administrador de las cárceles del país— admitió a Doble Check en aquel momento que «no tenía certeza» de la fuente de ese resultado. «Ningún dato calza con los reportes que tenemos a mano», afirmó la representación del ministerio.

Los datos oficiales dispuestos por Justicia en mayo mostraban un panorama de sobrepoblación carcelario superior al que presentó el gobierno ante la ONU. Así se consignó en una verificación publicada por Doble Check y que hemos retirado a la luz de los datos actualizados.

Después de esa publicación, Casa Presidencial y dicha cartera comunicaron que los registros facilitados a Doble Check eran erróneos y que los resultados presentados a la ONU son verdaderos.

Lo cierto es que el Poder Ejecutivo cometió errores al facilitar sus datos de sobrepoblación en cárceles, tanto a la ONU y a Doble Check.

En primer lugar, el gobierno de Costa Rica confundió la sobrepoblación de mayo del 2016 con el porcentaje de mayo del 2017 en su informe a la ONU por “un error involuntario”. Así, el resultado del gobierno debió medirse entre mayo del 2017 y julio del 2018.

Por otro lado, el Ministerio de Justicia brindó a Doble Check cifras desactualizadas sobre la capacidad de los centros penitenciarios del país durante el 2018. Estos datos provocaron que nuestro chequeo mostrara una tasa de hacinamiento más elevada para ese periodo.

De ese modo, es cierto que la sobrepoblación en centros de adultos estuvo cerca de 30% en julio del 2018 tal como el gobierno anunció en la ONU, según registros actualizados del Ministerio de Justicia.

Aún así, el gobierno costarricense presentó a la ONU el mes con la tasa más elevada de hacinamiento del 2017 y la comparó con el porcentaje mensual más bajo del 2018. Una comparación interanual entre los mismos meses de cada periodo hubiera arrojado un cambio menos favorecedor al publicitado.

Primera respuesta de Justicia: “Ningún dato calza”

A mediados de mayo, Costa Rica presentó su Examen Periódico Universal (EPU) frente al Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas en Ginebra, Suiza.

Esa rendición de cuentas estuvo a cargo de la Ministra de Comunicación, Nancy Marín. También contó con la presencia del diputado del Partido Acción Ciudadana (PAC), Enrique Sánchez.

Uno de los resultados que el gobierno de Costa Rica reportó ante la ONU fue una disminución de la sobrepoblación carcelaria entre el 2016 y el 2018:

La sobrepoblación en mayo del 2016 era del 48.1%, situándose en julio del 2018 en 31.1%. La sobrepoblación absoluta en junio del 2016 fue de 3.866 personas, para situarse en julio 2018 en 3.411 personas”.

Ante varias consultas de Doble Check, el Ministerio de Justicia y Paz afirmó en ese momento que «no tiene certeza» de la fuente que empleó el gobierno para su informe ante la ONU. «Ningún dato calza con los reportes que tenemos a mano», dijo a Doble Check la jefa de Prensa de esa institución.

En aquel entonces, Justicia facilitó a Doble Check datos de distintos meses entre el 2016 y el 2019, los cuales mostraban que las tasas de sobrepoblación carcelaria parecían mayores a las que el gobierno comunicó en Suiza. Doble Check publicó una verificación con base en esas cifras el 29 de mayo pasado.

En junio, Casa Presidencial envió una respuesta a Doble Check, donde reafirmaba la veracidad de los datos presentados a la ONU. Este medio solicitó aclaraciones adicionales a Justicia y Paz para revisar la información que había sido solicitada.

Así, fue posible constatar que el área de Comunicación de esa cartera brindó a Doble Check datos desactualizados sobre la capacidad de alojamiento del sistema penitenciario, lo que ocasionó imprecisiones en los resultados que se publicaron.

Hubo “error involuntario” en informe a la ONU

En su respuesta de junio, Casa Presidencial reconoció que “el área técnica que suministró las cifras” cometió un “error involuntario” al decir que la tasa de sobrepoblación fue de 48% en mayo del 2016. En realidad, ese porcentaje era de mayo del 2017, y así consta en los anuarios estadísticos de Justicia y Paz.

Así, el resultado que dio el gobierno a la ONU debe medirse entre mayo del 2017 y julio del 2018.

Justicia dio cifras desactualizadas a Doble Check

El hacinamiento carcelario es un porcentaje basado en la capacidad de alojamiento que tienen las cárceles frente a la población que alberga. Hasta marzo de este año, esa tasa se calculaba únicamente en centros para adultos.

Doble Check solicitó datos al Ministerio de Justicia y Paz sobre capacidad de los centros penales en distintas ocasiones durante el mes de mayo. Esa cartera brindó los cortes de diciembre del 2016 y del 2017; de mayo del 2018; y de enero y mayo del 2019, justificando que eran los registros disponibles.

En ese momento, el área de Prensa de esa institución comunicó que la capacidad del sistema penitenciario en todo el 2018 se mantuvo en el corte del 31 de mayo de ese año: 10.332 espacios. Así, la sobrepoblación carcelaria de adultos se situaba por encima de la tasa de 31% que el gobierno anunció para julio de ese año: los cálculos mostraban que la tasa era de 39% en mayo del 2018 y 49% para diciembre.

Sin embargo, después de la publicación del chequeo, Justicia y Paz señaló que las cifras de capacidad de los centros penales en el 2018 que fueron brindadas a Doble Check estaban desactualizadas.

Esa institución justificó que, en julio del 2018, la capacidad del sistema penitenciario aumentó para albergar 11.387 personas. Ese incremento se debió a la apertura de la Unidad de Atención Integral 20 de Diciembre (640 espacios), el Centro de Atención Integral de Heredia (40 espacios), “más otras mejoras en centros institucionales”, según el ministerio.

La subdirectora de Adaptación Social, Daysi Matamoros, facilitó a Doble Check las cifras de capacidad y población penitenciaria de todos los meses del 2018, que pueden revisarse en este enlace.

Esos registros muestran que, tal como afirmó el gobierno ante la ONU, la tasa de sobrepoblación del sistema carcelario del país estuvo cerca de 30% en julio del 2018, y que aumentó al cierre de ese año hasta llegar a 39% en diciembre.

Desde marzo pasado, el Ministerio de Justicia y Paz modificó el método para calcular la sobrepoblación. Entonces empezó a incluir centros penales juveniles en la estimación del promedio nacional, confirmó la vocería de esa entidad. Dicha inclusión disminuyó automáticamente la sobrepoblación total del país a 29% en mayo del 2019. El motivo de la reducción es que estos son centros con poca población y con excedentes de espacio.

De tal modo, al estimar la sobrepoblación al 1.° de mayo solo con cárceles de adultos, el promedio nacional es de casi 36%.

Por esas razones, la sobrepoblación carcelaria era mayor en el mes en que el gobierno presentó su informe en Suiza.

Meses elegidos dan resultado más favorecedor

Los gráficos muestran que el gobierno costarricense presentó a la ONU una comparación entre el mes con la tasa más elevada de hacinamiento del 2017 y el porcentaje mensual más bajo del 2018, lo cual arroja una disminución de unos 18 puntos porcentuales para ese periodo.

Sin embargo, una comparación interanual entre los mismos meses de cada año hubiera arrojado un cambio menos favorecedor que el publicitado.

Por ejemplo, al tomar la cifra de mayo del 2017 (48%)  frente a la tasa de mayo del 2018 (39%), la disminución hubiera sido de 9 puntos porcentuales.

Del mismo modo, en una comparación entre el mes de cierre de cada año, en diciembre, la diferencia interanual hubiera sido de apenas 5 puntos porcentuales.

¿Por qué se brindaron datos desactualizados?

En una entrevista que concedió el Ministerio de Justicia y Paz a mediados de junio pasado, su encargada de Prensa, Emilia Segura, justificó que esa institución había facilitado a la Cancillería los datos actualizados del 2018 sobre el sistema carcelario, como parte de una rendición de cuentas ante el Subcomité contra la Tortura de la ONU.

Sin embargo, la encargada de Prensa admitió que su departamento “no teníamos conocimiento de que esto [el registro actualizado] se entregó a Cancillería”.

No teníamos conocimiento de que en septiembre del año pasado se había presentado esa documentación a la Cancillería. Nos dimos cuenta cuando estaba publicado [la verificación de Doble Check]”, añadió Segura.

La subdirectora de Adaptación Social, Daysi Matamoros, agregó que esa información no fue brindada a Doble Check “porque no entendimos qué era lo que nos estaba pidiendo”. Las solicitudes de información se hicieron sobre cortes mensuales de capacidad y población del sistema carcelario, pero reafirmó que esos son datos que la institución siempre ha remitido.

Matamoros explicó que, actualmente, Justicia y Paz está revisando la precisión de las metodologías para el conteo de la población penitenciaria y la capacidad real de cada centro.

[Publicación retirada] Gobierno presentó a la ONU datos falsos de hacinamiento carcelario

Nota del editor: Esta nota fue actualizada con nueva información provista por el Ministerio de Justicia. Las correcciones a esta publicación fueron consignadas extensamente en una nota del 24 de agosto del 2019. La conclusión es que el gobierno sí presentó un dato erróneo a la ONU, pues confundió el hacinamiento de mayo del 2016 con el de mayo del 2017. Por otra parte, la sobrepoblación en julio del 2018 sí fue de 31,1%, como afirmó el gobierno en el Examen Periódico Universal. Doble Check había corregido este dato con base en información desactualizada provista por el mismo Ministerio de Justicia al momento de hacer la investigación. Fuimos inducidos a error y lamentamos el resultado. Retiramos esta nota de nuestro sitio pero la dejaremos como referencia a la corrección.

Nota del editor: Esta nota fue actualizada con nueva información provista por el Ministerio de Justicia. Las correcciones a esta publicación fueron consignadas extensamente en una nota del 24 de agosto del 2019. La conclusión es que el gobierno sí presentó un dato erróneo a la ONU, pues confundió el hacinamiento de mayo del 2016 con el de mayo del 2017. Por otra parte, la sobrepoblación en julio del 2018 sí fue de 31,1%, como afirmó el gobierno en el Examen Periódico Universal. Doble Check había corregido este dato con base en información desactualizada provista por el mismo Ministerio de Justicia al momento de hacer la investigación. Fuimos inducidos a error y lamentamos el resultado. Retiramos esta nota de nuestro sitio pero la dejaremos como referencia a la corrección.

En resumen: El gobierno de Costa Rica dio a la Organización de Naciones Unidas (ONU) una imagen falsa de la sobrepoblación en los centros penitenciarios del país.

El pasado 13 de mayo, el gobierno costarricense presentó su Examen Periódico Universal (EPU)  ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU. En ese informe, los representantes de Costa Rica dijeron que la sobrepoblación en mayo del 2016 era del 48,1% y que en julio del 2018 disminuyó a 31,1%”.

La vocería del Ministerio de Justicia y Paz —administrador de las cárceles del país— admitió a Doble Check que «no tiene certeza» de la fuente de ese resultado que el Poder Ejecutivo presentó a la ONU. «Ningún dato calza con los reportes que tenemos a mano», afirmó.

Los datos oficiales dispuestos por esa cartera muestran un panorama distinto al que dibujó el gobierno. En mayo del 2016, la  sobrepoblación carcelaria en el país era de 41%, no de 48%. Dos años después, en mayo del 2018, el porcentaje bajó a 39%. Sin embargo, ese mismo año terminó con una sobrepoblación de 49% en los centros penitenciarios de adultos. No pudimos encontrar ninguna base para el 31% que la delegación oficial reportó en Ginebra como dato para julio de ese año.

Hoy, el dato más reciente nos indica que el hacinamiento es del 36% en cárceles para personas adultas. Esto representa una reducción de cinco puntos porcentuales a los números del 2016. Eso sí, ese nivel todavía se clasifica como «hacinamiento crítico».

¿Qúe dijo el gobierno?

A mediados de este mes, Costa Rica presentó su Examen Periódico Universal (EPU) frente al Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas en Ginebra, Suiza.

Esa rendición de cuentas estuvo a cargo de la Ministra de Comunicación, Nancy Marín. También contó con la presencia del diputado del Partido Acción Ciudadana (PAC), Enrique Sánchez.

Uno de los resultados que el gobierno de Costa Rica reportó ante la ONU fue una disminución de la sobrepoblación carcelaria entre el 2016 y el 2018:

La sobrepoblación en mayo del 2016 era del 48.1%, situándose en julio del 2018 en 31.1%. La sobrepoblación absoluta en junio del 2016 fue de 3.866 personas, para situarse en julio 2018 en 3.411 personas”.

El hacinamiento carcelario es un porcentaje basado en la capacidad de alojamiento que tienen las cárceles frente a la población que alberga. En Doble Check intentamos verificar esa afirmación el 17 de mayo pasado. Los datos facilitados por el Ministerio de Justicia y Paz inicialmente parecían confirmar el resultado que presentó el gobierno en Suiza. No obstante, una revisión detallada de esos registros nos llevó a cuestionar la precisión de los datos y nuestra propia interpretación, por lo que retiramos el chequeo de nuestro sitio en Internet.

Luego de varias solicitudes de datos y aclaraciones,  el Ministerio de Justicia y Paz admitió que  «no tiene certeza» de la fuente que empleó el gobierno para su informe ante la ONU. «Ningún dato calza con los reportes que tenemos a mano», dijo a Doble Check la jefa de Prensa de esa institución.

Los datos del Ministerio de Justicia y Paz permiten calcular que la sobrepoblación en centros penales para adultos era de poco más de 41% en mayo del 2016. Sin embargo, el informe del gobierno ante la ONU consignó erróneamente que ese porcentaje era de 48% en ese mes.

El porcentaje de sobrepoblación más alto del 2016 se registró en febrero según el anuario estadístico de ese periodo: 45,4%, aún alejado del dato mostrado por el gobierno.

El gobierno reportó ante la ONU como un logro que la sobrepoblación disminuyó hasta 31% en junio del 2018. Ese dato tampoco coincide con los registros del sistema penitenciario.

El informe justifica esa disminución debido a que el Ministerio de Justicia y Paz «ha impulsado la creación y operatividad de medidas alternativas a la prisión, entre las que destacan promover la ubicación de población privada de libertad al Nivel Semi Institucional, la Unidad de Monitoreo Electrónico, la Valoración Preliminar, la modificación al artículo 77 de la Ley 82014 (77 bis), y los servicios de utilidad pública mediante la reforma al artículo 56 bis del Código Penal».

Sobrepoblación es mayor que la reportada

Los registros del Ministerio de Justicia al 31 de mayo del 2018 —fecha disponible que se acerca más a la indicada por el gobierno— muestran que la sobrepoblación carcelaria de adultos era de más de 39% y aumentó hasta cerrar ese año con 49%.

Es decir, el gobierno reportó a la ONU que la sobrepoblación bajó 17 puntos porcentuales entre mayo del 2016 y julio del 2018, pero los datos de Justicia y Paz muestran que la disminución entre esas fechas fue apenas de 2 puntos porcentuales: de 41% a 39%.

Además, el 2018 cerró con una tasa de sobrepoblación 18 puntos porcentuales más alta que la reportada ante la ONU, incluso mayor a la registrada en el 2016.

Así lo muestra un cálculo propio de Doble Check con los datos facilitados por Justicia y Paz. La estimación siguió los parámetros indicados por esa institución: 1) limitar el cálculo de sobrepoblación a centros penales para adultos del 2016 al 2018 e 2) incluir en la población total a las personas retenidas por incumplimiento de pensión alimentaria.

Desde marzo pasado, el Ministerio de Justicia y Paz modificó el método para calcular la sobrepoblación. Entonces empezó a incluir centros penales juveniles en la estimación del promedio nacional, confirmó la vocería de esa entidad. Dicha inclusión disminuyó automáticamente la sobrepoblación total del país a 29% en mayo del 2019. El motivo de la reducción es que estos son centros con poca población y con excedentes de espacio.

Al estimar la sobrepoblación al 1.° de mayo solo con cárceles de adultos, el promedio nacional es de casi 36%. Entonces, sí hay una disminución del hacinamiento en los centros penales del país en lo que va del presente año. Eso sí, la situación es más grave de lo que relató el gobierno en Ginebra.

Doble Check también hizo una prueba al calcular las tasas de sobrepoblación del 2016 al 2018 con los centros penales para menores de edad incluidos. Los datos estimados de esa manera tampoco calzan con la afirmación hecha por el gobierno.

Este medio de comunicación solicitó una reacción de Casa Presidencial ante la advertencia de Justicia y Paz de que los datos del Examen Periódico Universal son distintos a los registros oficiales. No se obtuvo una respuesta hasta después de haberse publicado esta información. El gobierno refuta el análisis de Doble Check y aporta nuevos números.

Doble Check no ha podido verificar la veracidad de estos datos. Se publicará una actualización de esta nota tras el análisis.

Centros repletos

Actualmente, 10 centros penitenciarios en Costa Rica padecen sobrepoblación hasta tres veces más alta que el promedio nacional (con la metodología nueva). Los indicadores oscilan entre 32% y 94%.

En su jurisprudencia, la Sala Constitucional ha determinado que un centro penal padece “hacinamiento crítico” cuando hay una sobrepoblación superior a 20%. El parámetro en se basa en las Reglas Mínimas de las Naciones Unidas para el Tratamiento de los Reclusos y a las recomendaciones del Comité Europeo para los Problemas Criminales.

Sobrepoblación individual de cada centro penitenciario al 1 de mayo del 2019, incluidos los centros para población juvenil. Fuente: Ministerio de Justicia y Paz

Por ejemplo, el centro penal Carlos Luis Fallas, de Pococí (Limón), tiene la mayor sobrepoblación del país. Las instalaciones pueden albergar a 762 personas pero están ocupadas por 1.478 privados de libertad. Es decir: por cada espacio donde deberían haber 100 reclusos alojados se han hacinado 194.

El centro Jorge Arturo Montero (La Reforma), que alberga la mayor población penal del país, registra una sobrepoblación de 59,7%. La cárcel alberga actualmente a 3.189 personas, cuando su capacidad oficial es de 1.996 individuos.

 

Nota del editor: Casa Presidencial no respondió oportunamente a una solicitud de información para esta nota. Después de su publicación, Presidencia aportó datos distintos para apoyar la afirmación expuesta inicialmente ante la ONU. El equipo de Doble Check tiene dudas sobre esta nueva información. Se actualizará esta nota en cuanto logremos determinar la confiabilidad de los nuevos datos.