Jonathan Prendas hace descripción falsa del aborto y la vincula con norma técnica

En resumen: El diputado independiente Jonathan Prendas dijo que la norma técnica para el aborto impune permite el “desmembramiento de bebés o su quema aplicándole un ácido”. Eso es falso.

La norma para el aborto impune —para casos de peligro a la vida o la salud de mujer— no detalla los procedimientos médicos mediante los cuales se ejecuta el aborto. La normativa sí advierte que el procedimiento deberá ejecutarse de manera segura y “mediante el procedimiento médico menos invasivo posible y basado en la evidencia científica actualizada”.

Además, es falso que exista un método de aborto que emplee ácido o que sea necesario el desmembramiento de fetos para ese propósito, como publicó el diputado este martes.

Así lo confirmaron a Doble Check el jefe de Ginecología y Obstetricia del Hospital Rafael Ángel Calderón Guardia, Danilo Medina; y la presidenta de la Asociación Costarricense de Gineco-Obstetricia, María Angélica Vargas. Ella fue designada por el Colegio de Médicos y Cirujanos como voz experta para este chequeo.

Doble Check intentó comunicarse con el legislador Jonathan Prendas y con su asesor de comunicación, pero no se obtuvo respuesta oportunamente.

En resumen: El diputado independiente Jonathan Prendas dijo que la norma técnica para el aborto impune permite el “desmembramiento de bebés o su quema aplicándole un ácido”. Eso es falso.

La norma para el aborto impune —para casos en los que peligre a la vida o la salud de mujer— no detalla los procedimientos médicos mediante los cuales se ejecuta la interrupción del embarazo. La normativa sí advierte que el procedimiento deberá ejecutarse de manera segura y “mediante el procedimiento médico menos invasivo posible y basado en la evidencia científica actualizada”.

Además, es falso que exista un método de aborto que emplee ácido o que sea necesario el desmembramiento de fetos para ese propósito, como publicó el diputado este martes.

Así lo confirmaron a Doble Check el jefe de Ginecología y Obstetricia del Hospital Rafael Ángel Calderón Guardia, Danilo Medina; y la presidenta de la Asociación Costarricense de Gineco-Obstetricia, María Angélica Vargas. Ella fue designada por el Colegio de Médicos y Cirujanos como voz experta para este chequeo.

Doble Check intentó comunicarse con el legislador Jonathan Prendas y con su asesor de comunicación, pero no se obtuvo respuesta oportunamente.

¿Qué dijo el diputado Jonathan Prendas?

En diciembre pasado, el Poder Ejecutivo aprobó por medio de un decreto la norma técnica para la interrupción del embarazo en casos de peligro a la vida o la salud de la mujer. El procedimiento está permitido según el artículo 121 del Código Penal desde 1970 bajo el término de aborto impune.

El diputado independiente del llamado bloque Nueva República, Jonathan Prendas, ha mostrado su oposición a la norma. El jueves anterior presentó una acción de inconstitucionalidad en contra de esta.

Este martes, el legislador publicó en redes sociales que se opone a esa reglamentación porque “permitiría el desmembramiento del bebé o su quema aplicándole un ácido”.

Aborto no requiere “desmembramiento” o uso de ácido

Doble Check consultó al jefe de Ginecología y Obstetricia del Hospital Rafael Ángel Calderón Guardia, Danilo Medina; y al Colegio de Médicos y Cirujanos de Costa Rica, que designó como voz especialista para este chequeo a María Angélica Vargas. Ella es presidenta de la Asociación Costarricense de Gineco-Obstetricia (AOGCR).

Ambos especialistas negaron la existencia de un procedimiento médico que requiera el uso de ácido para ocasionar un aborto. Además, Vargas y Medina aseguraron que el desmembramiento de fetos es una percepción incorrecta del aborto como proceso médico.

Los especialistas describieron la existencia de dos categorías generales de aborto: por medio de medicamentos (sin necesidad de cirugía) que inducen la dilatación del cuello uterino o por medio de procedimientos quirúrgicos. El uso de cada uno depende de cuán avanzado sea el embarazo o de la condición de la mujer.

Vargas añadió que los especialistas médicos deben agotar otras opciones antes de recurrir a procedimientos quirúrgicos como el legrado. Este procedimiento emplea instrumentos médicos para remover el contenido del útero. La presidenta de la AOGCR recalcó que, en esos casos, los médicos deben evitar cualquier fragmentación de tejidos, pues representa un peligro para la mujer.

“Si eso sucede en el útero [fragmentación], se corre el riesgo de que los fragmentos rompan el útero. Estaríamos poniendo en riesgo a la mujer en lugar de protegerla, que es lo que se busca con el aborto terapéutico”, aseguró Vargas.

Medina añadió que la presencia de fragmentos del feto o de la placenta después de un aborto terapéutico es un asunto de “extrema vigilancia médica”.

Norma no determina métodos para aborto impune

Por otro lado, es falso que la norma técnica que decretó el gobierno determine cuáles procedimientos específicos deben emplearse para interrumpir un embarazo por riesgo a la vida o la salud de la mujer.

La norma sí advierte que el aborto impune debe hacerse de manera segura y en acatamiento con “los más altos niveles de calidad”. El punto 8.1 de la reglamentación indica que debe emplearse “el procedimiento médico menos invasivo posible y basado en la evidencia científica actualizada”. También agrega que este debe ser el más adecuado para la condición presente de la mujer.

Además, dicha reglamentación exige que el procedimiento solo podrá aplicarse en hospitales y clínicas “que cuenten con la infraestructura, el equipamiento y los recursos necesarios”, así como la aprobación de protocolos por parte del Ministerio de Salud.

Norma técnica de aborto impune divide opiniones, pero una mayoría sí la apoya

En resumen: La mayoría de la ciudadanía costarricense afirma estar enterada del tema de la norma técnica para el aborto en casos de peligro a la vida o la salud de la madre, y la mayor parte de esa población está a favor de que el presidente de la República, Carlos Alvarado, aprobara su vigencia.

Así lo muestra la Primera Encuesta Nacional sobre Derechos Humanos en Costa Rica, investigación estadística que fue publicada el martes pasado y que estuvo a cargo del Sistema de Naciones Unidas, la Defensoría de los Habitantes y el Centro de Investigación y Estudios Políticos de la Universidad de Costa Rica (UCR).

Encuestas de opinión pública del 2018 que son representativas para casi la totalidad del país también mostraban una mayoría de apoyo hacia el aborto en casos de peligro a la vida y la salud de las mujeres, causales contemplados en el Código Penal desde 1970 bajo el término de aborto impune.

En resumen: La mayoría de la ciudadanía costarricense afirma estar enterada del tema de la norma técnica para el aborto en casos de peligro a la vida o la salud de la madre, y la mayor parte de esa población está a favor de que el presidente de la República, Carlos Alvarado, aprobara su vigencia.

Así lo muestra la Primera Encuesta Nacional sobre Derechos Humanos en Costa Rica, investigación estadística que fue publicada el martes pasado y que estuvo a cargo del Sistema de Naciones Unidas, la Defensoría de los Habitantes y el Centro de Investigación y Estudios Políticos de la Universidad de Costa Rica (UCR).

Encuestas de opinión pública del 2018 que son representativas para casi la totalidad del país también mostraban una mayoría de apoyo hacia el aborto en casos de peligro a la vida y la salud de las mujeres, causales contemplados en el Código Penal desde 1970 bajo el término de aborto impune.

Opositores a la norma técnica dicen ser mayoría

Este jueves, el Poder Ejecutivo aprobó por medio de un decreto la norma técnica para la interrupción del embarazo en casos de peligro a la vida o la salud de la mujer, la cual está permitida en el artículo 121 del Código Penal desde 1970 bajo el término de aborto impune.

Previamente a la firma de ese decreto, el martes, el Ministerio de Salud envió la norma a consulta obligatoria ante la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS). La decisión del Ejecutivo ha sido cuestionada por diputados antiaborto de la Asamblea Legislativa y por la cúpula de la iglesia católica desde entonces.

Algunos de esos cuestionamientos instaban al presidente de la República, Carlos Alvarado, a detener la firma de la norma técnica apelando a la cantidad de gente que se opone a dicho reglamento.

Por ejemplo, la diputada de la Unidad Social Cristiana (PUSC), Shirley Díaz, publicó en su perfil de Facebook que “miles de costarricenses le dijimos [al presidente] el pasado 1 de diciembre que no ocupamos una norma técnica”, refiriéndose a una marcha organizada ese día en el centro de San José.

Este viernes, el obispo de Tilarán y Liberia, Manuel Eugenio Salazar, también criticó la firma de esa norma técnica debido a que “cualquier tipo de reglamentación debe respetar el sentir del pueblo costarricense”.

El diputado del autodenominado bloque Nueva República, Jonathan Prendas, afirmó a CRHoy que “estamos convencidos de que la mayoría de la población está en contra de la norma”, según consta en un artículo que ese medio publicó este sábado.

Doble Check intentó comunicarse por vía telefónica con el diputado Prendas, dado que él hizo la afirmación más específica en cuanto a la cantidad de personas opuestas a la norma técnica. Sin embargo, no se obtuvo respuesta oportunamente.

Apoyo a norma técnica para causales de aborto impune es mayor

Las investigaciones estadísticas de dominio público revelan que la mayoría de la ciudadanía costarricense está a favor del aborto en casos de peligro a la vida y la salud de la mujer y de la implementación de una norma técnica para regular ese procedimiento médico.

La investigación de opinión pública más reciente que ha medido el apoyo a la norma técnica para el aborto impune es la Primera Encuesta Nacional sobre Derechos Humanos en Costa Rica, que fue publicada el martes pasado.

Dicha investigación fue realizada por el Centro de Investigación y Estudios Políticos de la Universidad de Costa Rica (CIEP), la Defensoría de los Habitantes y el Sistema de Naciones Unidas. La encuesta fue aplicada a una muestra aleatoria de 1.178 personas mayores de edad del 31 de octubre al 11 de noviembre de este año por medio de llamadas por teléfono móvil. De ese modo, los resultados son representativos para casi la totalidad del país en sexo, grupos de edad y niveles de educación, con un margen de error de 2,85 puntos porcentuales hacia arriba y abajo de cada cifra.

Según ese instrumento de medición, casi 76% de la población tiene conocimiento de la norma técnica para el aborto por peligro a la vida o la salud de la mujer. Dentro de ese sector que afirmó estar enterado, una mayoría de casi 58% dijo que está a favor de que el presidente firme la norma técnica.

Resultados de la Primera Encuesta Nacional sobre Derechos Humanos en Costa Rica en cuanto al conocimiento y el apoyo a la norma técnica para el aborto en caso de peligro o salud para la mujer.

El CIEP también midió la opinión pública hacia el aborto en caso de peligro a la salud de la mujer en su encuesta de agosto del 2018, que también tenía resultados representativos para casi la totalidad del país (margen de error de 3,7 puntos porcentuales).

 

El CIEP preguntó: “¿Creen que se justificaría la interrupción del embarazo, o sea, un aborto, cuando peligra la salud de la madre?” En aquel momento, 55% de la muestra respondió que estaba a favor y 45% dijo estar en contra.

 

Adicionalmente, la Escuela de Estadística de la Universidad de Costa Rica publicó en diciembre pasado la investigación Actualidades 2018, una encuesta de opinión pública realizada de cara a cara a personas mayores de edad en residencias particulares de todo el país, con resultados representativos para 100% de las viviendas de Costa Rica y un margen de error de 3 puntos porcentuales.

Dicha investigación también midió actitudes hacia el aborto por distintas circunstancias. De ese modo, 57% de las personas dijo estar a favor del aborto si está en peligro la vida de la mujer, frente a 30% de personas en desacuerdo. Por otro lado, 49,6% de la muestra afirmó que está de acuerdo con el aborto cuando la salud de la mujer está en peligro, y 39% dijo estar en contra.

Sin embargo, la encuesta Actualidades 2018 halló un rechazo mayoritario para otras causales de aborto. Los porcentajes más grandes de desacuerdo se hallaron frente al aborto “si la familia no tiene recursos para mantener más hijos” (81,6%)  y “si la mujer lo decide por cualquier motivo” (78,7%).

Cabe destacar que, a pesar del apoyo mayoritario que muestran las mediciones estadísticas disponibles, la Sala Constitucional ha advertido que permitir el reconocimiento de derechos humanos en cuanto exista apoyo de una mayoría es una práctica discriminatoria. Así lo recalcó esa entidad en la resolución Nº 13313 – 2010, donde anuló un proceso para la preparación de un referendo donde se pretendía dejar a votación popular un proyecto legislativo de uniones de hecho para parejas homosexuales.

En aquel momento, la Sala Constitucional concluyó que dicho referendo «se transforma, a la postre, en una clara y evidente práctica discriminatoria, por cuanto, supone someter al dictamen de una mayoría si un grupo minoritario obtiene o no el reconocimiento de ciertos derechos –aunque sean de origen legal o infra constitucional-«.

 

Diputada propone limitar aborto impune con argumento falso e incompleto

En resumen: La diputada independiente del bloque Nueva República, Ivonne Acuña, propone eliminar la posibilidad del aborto en casos de riesgo para la salud de la madre, pues alega que la salud es un «concepto jurídico indeterminado». Eso es falso.

Acuña impulsa un proyecto de ley para que la interrupción del embarazo se permita únicamente para evitar un peligro a la vida de la madre. El Código Penal permite actualmente el aborto cuando peligren tanto la vida como la salud de la mujer y cuando ese método no hubiera podido ser evitado por otros medios.

La legisladora también argumenta que «la protección de la salud forma parte intrínseca del derecho de la vida». Agrega que esa protección ha sido reconocida por la Sala Constitucional. Esa afirmación está incompleta.

La Sala Constitucional sí ha reconocido que el derecho a la salud se deriva del derecho a la vida. Sin embargo, la legisladora omite que el tribunal también considera la salud como un derecho autónomo y con su propio contenido esencial.

Además, el derecho a la salud en Costa Rica es un concepto plenamente definido. Así se desprende tanto de votos vinculantes de la Sala como del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, al que Costa Rica está suscrito.

En resumen: La diputada independiente del bloque Nueva República, Ivonne Acuña, propone eliminar la posibilidad del aborto en casos de riesgo para la salud de la madre, pues alega que la salud es un «concepto jurídico indeterminado». Eso es falso.

Acuña impulsa un proyecto de ley para que la interrupción del embarazo se permita únicamente para evitar un peligro a la vida de la madre. El Código Penal permite actualmente el aborto cuando peligren tanto la vida como la salud de la mujer y cuando ese método no hubiera podido ser evitado por otros medios.

La legisladora también argumenta que «la protección de la salud forma parte intrínseca del derecho de la vida». Agrega que esa protección ha sido reconocida por la Sala Constitucional. Esa afirmación está incompleta.

La Sala Constitucional sí ha reconocido que el derecho a la salud se ha derivado del derecho a la vida. Sin embargo, la legisladora omite que el tribunal también considera la salud como un derecho autónomo y con su propio contenido esencial.

Además, el derecho a la salud en Costa Rica es un concepto plenamente definido. Así se desprende tanto de votos vinculantes de la Sala como del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, al que Costa Rica está suscrito y que la Sala emplea como base para su jurisprudencia.

¿Cuándo se permite el aborto en la ley?

En Costa Rica, el Código Penal de 1970 estableció la figura del aborto impune en su artículo 121:

 

«No es punible el aborto practicado con consentimiento de la mujer por un médico o por una obstétrica autorizada, cuando no hubiere sido posible la intervención del primero, si se ha hecho con el fin de evitar un peligro para la vida o la salud de la madre y éste no ha podido ser evitado por otros medios».

Lo que dice Ivonne Acuña y su proyecto de ley

El pasado 21 de octubre, la diputada independiente Ivonne Acuña presentó, junto a otros legisladores, el proyecto de ley N.º 21.661 para eliminar de la excepción de impunidad del aborto el peligro para la salud de la mujer.

Según la propuesta, el artículo se limitaría así: «No es punible el aborto practicado por un médico con el consentimiento de la mujer, si se ha hecho con el fin de evitar un peligro grave e inminente para la vida de la madre y este peligro no ha podido ser evitado por otros medios.»

La legisladora afirmó en su perfil de Facebook que «el proyecto tiene la intención de suprimir los conceptos jurídicos indeterminados, por ejemplo de la definición del concepto de la salud». El texto de la iniciativa señala que «el legislador tiene ante la ciudadanía el deber de suprimir los conceptos jurídicos imprecisos».

En un artículo de Noticias Monumental, Acuña justificó que «sacamos el término ‘salud’ bajo el entendido de que la Sala Constitucional ha sido reiterada en decir que la protección de la salud forma parte intrínseca del derecho de la vida. Es decir, al decir que cuando la vida de la mujer peligre, se entiende que es su salud».

De manera similar, el texto del proyecto de ley indica que «nuestra jurisprudencia constitucional ha reconocido la relevancia del derecho a la salud, como parte esencial del derecho a la vida».

Argumento falso e incompleto

Es cierto que la Sala Constitucional ha reconocido que el derecho a la salud se origina del derecho a la vida. Sin embargo, la diputada Acuña omite que ese tribunal advierte que la salud es un derecho autónomo y esencial en sí mismo. Acuña también omite que la Sala Constitucional ha definido el derecho a la salud en su jurisprudencia con base en tratados internacionales suscritos por Costa Rica.

Una de las referencias más recientes es la resolución Nº 05560 – 2019, de marzo pasado, donde se ordenó a la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS) la creación de un sistema de gestión integrado para solventar problemas en las listas de espera.

En los argumentos de esa resolución, el tribunal subraya que «esta Sala Constitucional en múltiples sentencias ha desarrollado el derecho a la salud», y da referencia a distintas sentencias del año 2011 al 2019. La resolución cita textualmente la definición que ha desarrollado en esa jurisprudencia:

«Si bien es cierto que el derecho a la salud ha sido derivado del derecho a la vida y a un ambiente saludable y ecológicamente equilibrado por su interrelación con esos derechos, no podemos dejar de lado que este derecho fundamental es un derecho autónomo y con su propio contenido esencial«, reiteró la Sala en marzo pasado.

El tribunal constitucional basa principalmente su definición sobre el derecho a la salud en el artículo 12 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, firmado en la Asamblea General de la Organización de Naciones Unidas (ONU) en 1976, y donde Costa Rica es firmante.

«En efecto, en dicho instrumento internacional de derechos humanos se establece claramente el derecho de toda persona al disfrutar del más alto nivel posible de salud física y mental, por lo que el Estado y sus instituciones tienen el deber de asegurar la plena efectividad de ese derecho a través de una serie de acciones positivas y del ejercicio de las potestades de regulación, fiscalización y de policía sanitaria», afirma la resolución de la Sala.

De esa manera, la Sala Constitucional advierte que dicho deber significa «la  prevención y el tratamiento efectivo de enfermedades, así como la creación de condiciones que aseguren a todos la asistencia médica y servicios médicos de calidad en caso de enfermedad». Dicho tribunal añade que el derecho a la salud comprende «la disponibilidad de servicios y programas de salud en cantidad suficiente para los usuarios de estos servicios y destinatarios de estos programas».

La Sala Constitucional también recalca que la garantía de accesibilidad a los servicios y programas de salud es parte de ese derecho. Según ese tribunal, la accesibilidad tiene cuatro dimensiones: la no discriminación en el acceso a los servicios de salud, la accesibilidad física, la accesibilidad económica y la accesibilidad a la información.

Como parte del concepto del derecho a la salud, la Sala reconoce que los servicios de salud pública deben ser «respetuosos con la ética médica, culturalmente apropiados, dirigidos a la mejora de la salud de los pacientes, confidenciales» y la calidad de la base científica y médica de los servicios.

La coordinadora de la Maestría de Ciencias Penales de la Universidad de Costa Rica (UCR), Rosaura Chinchilla, aclaró a Doble Check que «en términos generales, si existe una normativa en un tratado, [la salud] deja de ser un concepto jurídico indeterminado porque el contenido lo llena el tratado». Además, Chinchilla recalcó que una definición dada por la Sala Constitucional en su jurisprudencia es vinculante, según el artículo 13 de la Ley de Jurisdicción Constitucional.

Este viernes, Doble Check informó de estos hallazgos a la diputada Ivonne Acuña y solicitó su reacción. Sin embargo, no se obtuvo respuesta oportunamente.

 

 

 

 

 

Mujeres en Costa Rica sí mueren por embarazos, aunque el diputado Jonathan Prendas diga lo contrario

En resumen: Una mujer sí puede morir debido a un embarazo, aunque el diputado Jonathan Prendas haya dicho lo contrario.

Solo en Costa Rica, casi 400 mujeres han fallecido en los últimos 18 años por enfermedades atribuibles directamente o potenciadas por el embarazo.

Las afecciones previas de la madre pueden agravarse por el embarazo, pero también hay enfermedades ocasionadas directamente por estar en ese período. Algunas de esas enfermedades, como la preeclampsia severa y la eclampsia (estados hipertensivos ocasionados por el embarazo) le quitaron la vida a 39 mujeres entre el 2000 y el 2019.

También es falso que en todos los casos sea posible tratar una enfermedad de la madre y continuar con el embarazo, a pesar de la calidad de los servicios médicos en el país.

Tanto el presidente del Colegio de Médicos (al que el propio Prendas citó, de forma incorrecta), como la Coordinadora del Sistema Nacional de Evaluación y Análisis de la Mortalidad Materna e Infantil y el jefe de Ginecobstetricia del Hospital Calderón Guardia, desmintieron al legislador en entrevista con Doble Check.

En resumen: Una mujer sí puede perder la vida debido a un embarazo, aunque el diputado Jonathan Prendas haya dicho lo contrario.

Solo en Costa Rica, casi 400 mujeres han fallecido en los últimos 18 años por enfermedades atribuibles directamente o potenciadas por el embarazo.

Las afecciones previas de la madre pueden agravarse por el embarazo, pero también hay enfermedades ocasionadas directamente por estar en ese estado. Algunas de esas enfermedades, como la preeclampsia severa y la eclampsia (estados hipertensivos ocasionados por el embarazo) le quitaron la vida a 39 mujeres entre el 2000 y el 2017. 

También es falso que en todos los casos sea posible tratar una enfermedad de la madre y continuar con el embarazo, a pesar de la calidad de los servicios médicos en el país.

Tanto el presidente del Colegio de Médicos (al que el propio Prendas citó, de forma incorrecta), como la Coordinadora del Sistema Nacional de Evaluación y Análisis de la Mortalidad Materna e Infantil y el jefe de Ginecobstetricia del Hospital Calderón Guardia, desmintieron al legislador en entrevistas con Doble Check.

La cita de Prendas

El lunes 28 de enero el diputado Jonathan Prendas afirmó:

“En Costa Rica no es necesaria la instauración de una norma por aborto porque no hay un caso, una enfermedad, una intervención en la cual la mujer pueda perder la vida producto de un embarazo”.

Su afirmación fue hecha en un debate en Telenoticias.  Prendas repitió la cita luego en la Asamblea Legislativa durante la presentación de un proyecto de ley que prohibiría «todos los procedimientos o técnicas que su normal desarrollo y crecimiento», refiriéndose al embrión y al feto.

“La única excepción que se da es cuando se da fuera del útero, y es el embarazo ectópico tubárico que, en este caso, no se practica un aborto, sino que salpinsectomía (sic, en realidad es salpingectomía), eso significa que se cortan las trompas de falopio donde se alojó el embrión y que no va a vivir más de dos meses y que, por ende, al rescatar la vida de la mamá, deja en término la vida del no nacido, que no va a vivir más de dos meses”, agregó.

Prendas dijo que basó su punto de vista sobre los riesgos del embarazo en el criterio del presidente del Colegio de Médicos y Cirujanos, Andrés Castillo.

“El Colegio de Médicos de Costa Rica da garantía y certeza de que no es necesario una norma de aborto, porque lo que se está estableciendo en Costa Rica y a nivel internacional es que ya cualquier enfermedad que pueda tener la mujer es tratable en un 100%, por lo tanto puede llegar a término el embarazo y solventarse la salud de la mujer”, dijo Prendas.

Expertos desmienten al diputado

Los especialistas consultados por Doble Check coincidieron en que la muerte de una mujer embarazada puede ocasionarse por afecciones previas que se agravan en el embarazo o debido a enfermedades ocasionadas directamente por estar en ese estado.

Uno de esos expertos es Danilo Medina, jefe de ginecología y obstetricia del Hospital Rafael Ángel Calderón Guardia.

“Puede ser que una mujer, siendo sana, desarrolle una enfermedad hipertensiva del embarazo, y resulta que la enfermedad hipertensiva en el embarazo es lo que causa más mortalidad, tanto en Costa Rica como en el mundo”, explicó Medina.

El experto del Calderón Guardia dio otros ejemplos: “Igual con la diabetes gestacional, donde una mujer puede ser sana y durante el embarazo se genera la diabetes. Si la persona tiene un embarazo ectópico, evidentemente puede morir por ese motivo. O si tiene un aborto inminente pero quedó  retenido y empieza a sangrar de forma importante, aunque el bebé esté vivo, el sangrado abundante con anemia puede matar a la mujer. Entonces, lo que estaba diciendo el señor este [Jonathan Prendas] está fuera de contexto”, aseguró Medina.

Las enfermedades que padecen las mujeres antes de estar embarazadas también son un riesgo que puede ocasionar la muerte. “Hay enfermedades que se pueden ver empeoradas durante el embarazo y la persona, por no tener educación, por no planificar o por no estar en un sistema de salud que prevenga, va a quedar embarazada y puede generar un trastorno”, agregó el doctor Medina.

Presidente del Colegio de Médicos rebate a Prendas

El presidente del Colegio de Médicos también se mostró en desacuerdo ante las palabras del diputado Prendas, a pesar de que este lo empleara como referente en su entrevista a Telenoticias.

Castillo negó rotundamente que pueda tratarse “cualquier enfermedad” de la mujer y continuar con el embarazo en todos los casos, como dijo el diputado.

“Eso no es correcto ni adecuado. Es una opinión del señor diputado que el Colegio no puede avalar en ningún momento, ni yo como médico”, afirmó Castillo a Doble Check.

El doctor Castillo aseguró que hay “una gran cantidad” de enfermedades y patologías que existen ligadas directamente al embarazo, y descartó que todas puedan ser tratables “sin ningún problema”, como comentó Prendas.

“No, absolutamente no: hay condiciones en donde uno puede tratar de hacer el esfuerzo de salvar las dos vidas, pero hay momentos en que ya no hay posibilidades y hay que tomar la decisión y proceder [a detener el embarazo]”.

Castillo comentó que la posibilidad de tratar una enfermedad de una mujer embarazada depende de la gravedad y las características de cada caso. Por ejemplo, si la mujer tiene cáncer, la viabilidad de continuar la gestación depende de la parte del cuerpo donde esté localizado el cáncer. “Al momento que la mujer está embarazada y tenga un cáncer de cuello uterino, de la matriz, no se le puede tratar y no se le puede dar chance de que termine el embarazo”, aseguró Castillo.

Los datos: «Sí hay muertes, y las vigilamos»

De hecho, justo para atender el problema de la mortalidad materna existe un Sistema Nacional de Evaluación y Análisis de la Mortalidad Marterna e Infantil, que coordina la doctora Laura Velasquez, que conversó con Doble Check.

“Nosotros llevamos las estadísticas a nivel nacional y tenemos comisiones a lo largo del país. Investigamos cada una de las muertes maternas que ocurren para detectar oportunidades de mejora en el acceso a los servicios. Sí hay enfermedades que se agravan durante el embarazo o que también se presentan en el momento del embarazo. Sí hay muertes, y las vigilamos”, dice Velásquez.

Durante el 2018 se registraron diez muertes de mujeres durante el embarazo, el parto y el puerperio (los siguientes 42 días después del parto), a partir de datos preliminares. Entre el 2000 y el 2017 se han registrado 386 decesos durante estas etapas, según puede consultarse en la página del Instituto Nacional de Estadística y Censos. 

No todos ellos son producto del embarazo: en algunos casos el embarazo complica enfermedades preexistentes (las más comunes del sistema circulatorio y el respiratorio), pero hay otros en donde el embarazo sí funciona como disparador de la patología que ocasiona el fallecimiento.

La preeclampsia es la tercera causa de muertes entre las mujeres que están en esta condición. Esa patología ocurre solo durante el embarazo. Entre el 2000 y el 2017, el INEC reporta el fallecimiento de 29 mujeres por dicha complicación, que genera hipertensión arterial (presión alta) y otros problemas.

 

“Las (muertes) que más se presentan, que hemos detectado, son las hemorragias posparto, infecciones y los estados hipertensivos del embarazo (como la preeclamsia). Esos se nos han venido repitiendo año tras año”, cerró la doctora Velásquez.

Mayoría del país apoya el aborto terapéutico, pero rechaza otros tipos

En resumen: Contrario a la afirmación hecha por la diputada Mileyde Alvarado, de Restauración Nacional (PRN), el país carece de una actitud única de rechazo al aborto.

Lo cierto es que hay una actitud dividida sobre el aborto en Costa Rica: la mayoría de personas está de acuerdo con su aplicación en casos donde esté en peligro la vida o la salud de la madre, razones que están contempladas de forma explícita en el Código Penal para hacer un aborto legalmente.

También, en el país se han registrado actitudes iguales de apoyo y rechazo ante el aborto si el feto tiene malformaciones incompatibles con la vida.

Así lo señalan las encuestas más recientes sobre actitudes hacia el aborto, que fueron hechas a mediados y finales del 2018 por el Centro de Investigación y Estudios Políticos y la Escuela de Estadística de la Universidad de Costa Rica (UCR). Hasta la fecha no se ha llevado a cabo una encuesta que evalúe las actitudes de la población específicamente sobre la norma técnica que prepara el Ejecutivo.

Los mismos estudios de la UCR le dan parte de razón a la diputada Alvarado, pues evidencian que la mayor parte de las personas en el país rechaza ese procedimiento médico para embarazos en niñas, en embarazos producto de una violación, por razones económicas o en casos donde la mujer decide por cualquier motivo.

En resumen: Contrario a la afirmación hecha por la diputada Mileyde Alvarado, de Restauración Nacional (PRN), el país carece de una actitud única de rechazo al aborto.

Lo cierto es que hay una actitud dividida sobre el aborto en Costa Rica: la mayoría de personas está de acuerdo con su aplicación en casos donde esté en peligro la vida o la salud de la madre, razones que están contempladas de forma explícita en el Código Penal para hacer un aborto legalmente.

También, en el país se han registrado actitudes iguales de apoyo y rechazo ante el aborto si el feto tiene malformaciones incompatibles con la vida.

Así lo señalan las encuestas más recientes sobre actitudes hacia el aborto, que fueron hechas a mediados y finales del 2018 por el Centro de Investigación y Estudios Políticos y la Escuela de Estadística de la Universidad de Costa Rica (UCR). Hasta la fecha no se ha llevado a cabo una encuesta que evalúe las actitudes de la población específicamente sobre la norma técnica que prepara el Ejecutivo.

Los mismos estudios de la UCR le dan parte de razón a la diputada Alvarado, pues evidencian que la mayor parte de las personas en el país rechaza ese procedimiento médico para embarazos en niñas, en embarazos producto de una violación, por razones económicas o en casos donde la mujer decide por cualquier motivo.

Qué dijo la diputada

El pasado lunes 21 de enero, la Asamblea Legislativa aprobó una moción en la que le pide al Poder Ejecutivo que detenga el desarrollo de una norma técnica para regular el aborto impune.

El aborto en Costa Rica es legal en casos donde peligre la vida y la salud de la madre. Así lo establece el artículo 121 del Código Penal:

“No es punible el aborto practicado con consentimiento de la mujer por un médico (…) si se ha hecho con el fin de evitar un peligro para la vida o la salud de la madre”.

Sin embargo, el país carece de un reglamento o norma para la aplicación de ese procedimiento médico, y precisamente, la moción de los diputados solicita al Poder Ejecutivo abstenerse de “emitir o ampliar vía decreto, interpretación, regulación, protocolo, reforma legal o cualquier norma” la interpretación legal del aborto impune.

Para justificar su rechazo a la creación de una norma técnica, la diputada Mileyde Alvarado (PRN), hizo el siguiente comentario en una entrevista del canal televisivo del Congreso ese mismo día:

“Si se le hiciera la encuesta a muchos costarricenses (sobre la norma técnica), ellos estarían diciendo que no. (…) La mayor parte de los costarricenses creemos en la vida y no en la muerte del inocente”.

Por vía telefónica, la diputada indicó que, con esa frase, quiso decir que una mayoría de personas en Costa Rica está en contra del aborto.

“Considero yo que los costarricenses, la mayor parte, el porcentaje alto, está defendiendo la vida de aquel que no ha nacido, porque vida es desde el momento de nuestra concepción. (…) Un alto porcentaje de los costarricenses, y hablo a favor de ellos, que apoyamos que no se dé esta técnica”.

¿Apoyo a la norma técnica?

Hay que agarrar con pinzas la primera parte del comentario de la legisladora: “Si se le hiciera la encuesta a muchos costarricenses [sobre la norma técnica], ellos estarían diciendo que no”.

Hasta el momento, no hay una encuesta pública que haya medido cuánta gente en Costa Rica estaría a favor o en contra de que el Poder Ejecutivo implemente un reglamento para el aborto impune.

Aún así, la diputada Alvarado aseguró que la mayoría del país estaría en contra de ese protocolo.

Doble Check le consultó a la legisladora sobre la fuente de ese dato, Alvarado dijo: “Yo asumo que la mayoría de los costarricenses no desea que se abra este portillo, porque esto constituiría una antesala al aborto libre”.

—¿En qué se basa esta apreciación suya?

”En que siempre he defendido la vida, y que siempre defenderé la vida”, añadió Alvarado.

—¿Pero el partido tiene encuestas propias, hay alguna encuesta que haya revisado?

“Sí, claro. No, La Nación hizo una encuesta y dio un 55% apoyaba el aborto y un 45…daba la información de La Nación. No tengo el dato exacto”, contestó la diputada.

Esto es falso. La encuesta a la que Alvarado se refirió es del Centro de Investigación y Estudios Políticos (CIEP) de la UCR, de agosto del 2018, y que La Nación divulgó. Dicho estudio no midió el apoyo a una norma técnica, sino al procedimiento en sí cuando peligre la salud de la madre.

No sobra dejar claro que la mayoría de personas entrevistadas estuvo de acuerdo con el aborto para tales situaciones.

Casos con apoyo

La segunda parte del comentario de Mileyde Alvarado fue: “La mayor parte de los costarricenses creemos en la vida y no en la muerte del inocente”.

Sí existen encuestas representativas que han medido las actitudes hacia el aborto en Costa Rica. Una de esas encuestas es, precisamente, la que el CIEP publicó en agosto del 2018.

En esa medición, se preguntó: “¿Creen que se justificaría la interrupción del embarazo, o sea, un aborto, cuando peligra la salud de la madre?” Una mayoría de 55% respondió que sí, y un 45% restante mostró desacuerdo.

El estudio de dominio público más reciente sobre este tema es Actualidades 2018, que la Escuela de Estadística de la UCR publicó en diciembre pasado. Dicha encuesta fue más específica, pues preguntó actitudes hacia el aborto en distintas circunstancias.

El aborto como opción si la vida de la madre está en peligro recibe el mayor apoyo entre los costarricenses según esa encuesta: 57% está de acuerdo con el procedimiento y 30% está en contra.

En cuanto al aborto en caso de que esté en peligro la salud de la madre, casi 50% de las personas muestra apoyo, comparado a 39% que se muestra en desacuerdo.

Esas son las instancias permitidas textualmente en el Código Penal para un aborto terapéutico: para evitar un peligro a la vida o la salud de la madre.

Al considerar el margen de error de 3 puntos de la encuesta, se llega a empate técnico entre defensores y detractores del aborto cuando el feto tiene malformaciones incompatibles con la vida.

Así, la encuesta Actualidades 2018 sí registra un aval mayoritario hacia el aborto en Costa Rica, pero solo bajo ciertos contextos.

Casos con rechazo

En contraste, dicho estudio también evidencia rechazo mayoritario en el país hacia otras circunstancias para el aborto.

Los porcentajes más grandes de repudio están frente al aborto “si la familia no tiene recursos para mantener más hijos” y “si la mujer lo decide por cualquier motivo”.

El desacuerdo hacia el aborto también es mayoría ante embarazos en niñas o en embarazos que son producto de una violación.

Según la encuesta de la Escuela de Estadística, el comentario de Mileyde Alvarado es preciso en tales casos.