Sala IV no ha dado «luz verde» a ingesta de cloro industrial para curar COVID-19

En resumen: Es falso que la Sala Constitucional hubiera declarado con lugar un recurso de amparo en el que se defiende el consumo de un cloro de uso industrial para tratar el COVID-19.

El perfil llamado “Los Ignorantes” difundió el pasado martes que aplaudían una “resolución” que “da a lugar la denuncia” contra del Ministerio de Salud “por no autorizar las pruebas y el uso del dióxido de cloro en pacientes con COVID-19”. La plataforma adjuntó en la publicación un documento de tres páginas emitido por la Sala Constitucional el 18 de agosto pasado. La página Radio Control Music Puerto hizo una afirmación similar al afirmar que la Sala había dado «luz verde» al dióxido de cloro.

Ambas interpretaciones son incorrectas.

En realidad, el documento es un trámite conocido como resolución de curso. Este es un procedimiento de rutina donde la Sala Constitucional solicita la reacción de la entidad aludida en una denuncia.

La denuncia original había sido interpuesta por un hombre de apellidos Bello Muñoz.  El Ministerio de Salud deberá ahora enviar un informe donde argumente su criterio ante los señalamientos. La Sala Constitucional revisará esa respuesta antes de emitir una resolución de fondo.

El documento difundido en redes sociales no es una resolución de fondo que “dé lugar” a la denuncia de Bello Muñoz. La Sala Constitucional aún no ha dictado una sentencia que defienda o refute los reclamos del denunciante o la gestión del Ministerio de Salud.

“La resolución de curso es un procedimiento de trámite. La Sala Constitucional no ha emitido ningún criterio sobre lo que plantea el recurso”, aclaró esa institución a Doble Check.

Alerta sanitaria por venta y uso de dióxido de cloro

El Ministerio de Salud emitió una alerta sanitaria a finales de junio por la venta no autorizada de clorito de sodio y su descomposición en dióxido de cloro como supuestas curas para el COVID-19. Estas son sustancias químicas empleadas para desinfección de superficies y blanqueamiento de papel, entre otros usos industriales.

Salud alertó que esas sustancias sí representan un riesgo para la salud pública. La institución argumentó que “no existe evidencia científica que respalde el uso de estas sustancias contra el COVID-19 u otras enfermedades” y que, por lo tanto, los compuestos “no son reconocidos como medicamentos por este Ministerio ni por ninguna agencia sanitaria internacional”.

El dióxido de cloro también se usa para potabilizar agua industrialmente. La publicación de Los Ignorantes insinúa la inocuidad del dióxido de cloro en la salud debido a este uso. Esta insinuación también es engañosa.

La entidad rectora de salud advirtió que la ingestión de esas sustancias puede causar efectos adversos. Por ejemplo, el ministerio advirtió la posibilidad de “irritación de la boca, el esófago y el estómago, con un cuadro digestivo irritativo severo, con la presencia de náuseas, vómitos y diarreas. Además, pueden presentarse complicaciones respiratorias y graves trastornos hematológicos, cardiovasculares y renales”.

Una verificación de Doble Check hecha por investigadores y docentes de la Escuela de Medicina de la UCR concluyó que no existe evidencia científica documentada sobre los supuestos efectos curativos del dióxido de cloro.

Documento no es una sentencia. Solo es un trámite

El perfil llamado “Los Ignorantes” difundió en la noche de este martes que aplaudían una “resolución” que “da a lugar” una denuncia contra del Ministerio de Salud “por no autorizar las pruebas y el uso del dióxido de cloro en pacientes con COVID-19”. La plataforma adjuntó un documento de tres páginas emitido por la Sala Constitucional el 18 de agosto pasado. La publicación ha tenido miles de reacciones a la mañana de este miércoles.

Otro perfil, llamado Radio Control Music Puerto afirmó falsamente que la Sala le había dado «luz verde» a la sustancia en Costa Rica.

Esas interpretaciones del documento son falsas.

El documento citado forma parte del proceso de trámite de un recurso amparo interpuesto a inicios de agosto por un hombre de apellidos Bello Muñoz en contra del Ministerio de Salud. Bello Muñoz reclama que la entidad rectora de salud pública “se ha opuesto sin ningún tipo de fundamento o análisis científico válido al uso de dióxido de clorito (sic.) para combatir el COVID-19”.

Entre otras cosas, el redactor del recurso de amparo exige que se le ordene al Ministerio de Salud el uso experimental de esos productos desinfectantes para tratar el COVID-19.

La denuncia fue acogida para estudio por la Sala Constitucional al cumplir los requisitos básicos y está a la espera de una resolución de fondo. “No se ha dictado sentencia”, aclaró la Sala Constitucional a Doble Check por medio de su representante de comunicación.

El documento difundido en redes sociales es un trámite rutinario conocido como resolución de curso. Este es un documento formal mediante el cual la Sala Constitucional acoge el recurso de amparo para su respectivo estudio y le solicita al Ministerio de Salud –como autoridad aludida en este caso– referirse a los reclamos planteados por el autor del recurso de amparo.

La Sala Constitucional explicó a Doble Check que “la solicitud de informes a la autoridad recurrida es un proceso usual y que se regula en los artículos 43 y 44 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional”. La misiva indica que el Ministerio de Salud debe responder la consulta de la Sala dentro de tres días hábiles posteriores a la notificación de la solicitud de criterio.

Los magistrados y magistradas aún no han abordado el fondo de los reclamos:

“La resolución de curso es un procedimiento de trámite. La Sala Constitucional no ha emitido ningún criterio sobre lo que plantea el recurso”, reiteró esa institución.

“Una vez que la sentencia del recurso que se tramita bajo el expediente 20-014253-0007-CO se dicte y notifique a las partes, será de acceso público y cualquier persona podrá consultarla”, añadió el área de comunicación de la Sala Constitucional.

Los Ignorantes es un proyecto audiovisual vinculado al productor Naranjo y a Robert Beers, asesor legislativo de la diputada independiente Ivonne Acuña. Ese perfil ha sido plataforma recurrente de desinformación sobre la pandemia de COVID-19. Doble Check contactó a Naranjo para exponer los hallazgos de esta verificación, pero no se obtuvo respuesta oportunamente.

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