Resumen: El Gobierno de la República sí acreditó 82 personas para asistir a la cumbre internacional sobre cambio climático, COP25, como publicó el Diario Extra en su portada de este lunes.
Sin embargo, el Ejecutivo solo canceló (total o parcialmente) los gastos de 11 de esas personas. Tres diputados hicieron reproches públicos en sus redes sociales que parten de presunciones equivocadas que no estaban presentes en la nota informativa.
Esos diputados fueron el fabricista Ignacio Alpízar, la liberacionista Paola Valladares y el socialcristiano Pedro Muñoz. Este último solo hizo una insinuación, pues publicó “¡Continúa la fiesta!”, al compartir la noticia en Twitter.
Valladares calificó como “inaudita” la autorización a 82 funcionarios públicos para asistir al mismo evento. El dato está errado, pues de las 82 personas, solo 34 son funcionarios públicos, según datos del Ejecutivo.
Alpízar aseguró que “todos los ticos estamos regalándole a 82 personas un viaje a España”. Esa afirmación también está equivocada.
Solo se acreditaron 34 funcionarios públicos. Únicamente ocho de las participaciones corrieron enteramente a cargo del Estado, y otras tres fueron financiadas parcialmente con dinero público. La participación de otras ocho personas no implicó gastos de viaje, pues correspondía a funcionarios de la Embajada de Costa Rica en España. El resto de los casos fueron financiados, total o parcialmente, por entidades financieras, organizaciones no gubernamentales y cooperantes internacionales.
Las afirmaciones
Tres diputados reaccionaron indignados ante la portada de Diario Extra. El periódico informó que el Gobierno acreditó a 82 personas para asistir a la cumbre internacional sobre cambio climático, COP25.
Ignacio Alpízar, del bloque Nueva República (BINR), afirmó que “todos los ticos estamos regalándole a 82 personas un viaje a España”.
https://www.facebook.com/IgnacioAlpizarDiputado/photos/a.751614435036497/1213887635475839/?type=3&theater
Paola Valladares, del Partido Liberación Nacional (PLN), calificó como “inaudito, irresponsable e inmoral” que se use el encuentro en España como un “un “Club de Viajes o el viaje de la Fiesta de la Alegría del Ejecutivo”.
https://www.facebook.com/PaolaValladaresRosado/photos/a.951070938358832/1715146411951277/?type=3&theater
Y Pedro Muñoz, del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), compartió en Twitter la publicación de Diario Extra con un comentario: “¡Continúa la fiesta!” y calificó el viaje como “un relajo”.
¡Continúa la fiesta! 😥🤔😥 pic.twitter.com/bvgtti1U7m
— Pedro Muñoz (@PedroMunoz_cr) December 9, 2019
De ellos, Valladares además calificó que “no era de recibo que este país haya autorizado a 82 funcionarios públicos a asistir a la COP25 en España”.
Las publicaciones de los diputados y la diputada parecen partir de presunciones equivocadas. Los congresistas no tomaron en cuenta que la publicación de Diario Extra fue omisa en varios aspectos. El medio sí informó sobre las 82 acreditaciones; sin embargo, no dijo cuántas personas viajaron desde el país, cuántas participaciones fueron financiadas por el Estado, ni cuántos de los asistentes acreditados eran funcionarios de Gobierno.
Dato por dato
El Poder Ejecutivo explicó a Doble Check que solo pagó totalmente ocho de las 82 participaciones en la COP25.
Ellos fueron el presidente Alvarado; la jefa negociadora alterna para Cambio Climático, Ana Patricia Villalobos; la ministra consejero y cónsul, Giovanna Valverde. Además pagó los gastos de la asesora presidencial Yuliana Ramírez; la asesora de comunicación Noelia Rodríguez; el fotógrafo y productor Ricardo Prado; el funcionario del INA, Mario Alberto Regidor; y la jefa del departamento de Ambiente y Salud de la Municipalidad de Curridabat, Sofía Pérez.
Además, pagó parcialmente la participación de otros tres funcionarios: la viceministra de Relaciones Exteriores, Lorena Aguilar; la viceministra de Juventud, Margareth Solano; y el jefe de despacho de la vicecanciller, William Calvo.
Otro dato que facilitó el Ejecutivo fue que solo 34 de las 82 personas acreditadas son funcionarios de Gobierno y que, de ellas, ocho ya residen en España como funcionarias de la embajada costarricense en ese país. El resto son representantes de la sociedad civil, miembros del equipo negociador o de la delegación de apoyo.
¿Y qué dijeron los diputados de esto?
Doble Check compartió los datos con los dos diputados y la diputada.
Paola Valladares aclaró que su señalamiento apuntaba al abandono de puestos de trabajo en el país. La diputada opinó que asistieron demasiados jerarcas. Sin embargo, la congresista sí corrigió su publicación en Facebook, en la que inicialmente decía que todos los participantes eran funcionarios del Ejecutivo.
Por su parte, Pedro Muñoz expresó dudas adicionales con respecto a las fuentes de financiamiento externo para los funcionarios. Ignacio Alpízar no respondió oportunamente.
Este medio pidió al Ejecutivo un desglose total de los financiamientos aportados por entidades internacionales y ONG. Sin embrago, no se recibió la respuesta hasta el cierre de esta nota. La información se actualizará oportunamente.
Nota del editor: Esta información fue editada, pues originalmente se consignaba que el Estado había pagado parcialmente los gastos de cuatro funcionarios, cuando en realidad fueron tres.
