En resumen: La diputada Zoila Rosa Volio, del Partido Integración Nacional, y María Inés Solís, del Partido Unidad Social Cristiana, compartieron datos incorrectos sobre la proporción de armas legalmente registradas que han sido usadas en delitos.
Volio publicó recientemente que solo el 0,005% “de los delitos que se cometen con armas de fuego son con armas debidamente inscritas”. Por otra parte, Solís dijo en diciembre que estos correspondían al 0,05%.
Esos porcentajes están muy desinflados. Los datos no se sostienen según información divulgada por el ministro de Seguridad, Michael Soto. Las cifras tampoco concuerdan con la misma información del Organismo de Investigación Judicial usada por la diputada Volio para calcular la proporción.
Un cálculo correcto, según los datos usados por Volio, nos dice que el porcentaje es de casi 11% según las armas vinculadas a un delito y recuperadas entre el 2015 y el 2018. El ministro Soto dijo que, en el caso de otro cálculo reciente hecho con base en las armas vinculadas a homicidios, la proporción de armas registradas usadas en este tipo de crímenes era de un 37%. Este porcentaje era de un 25,8% para las armas usadas en todo tipo de delitos.
Error aritmético
La diputada Volio divulgó en sus redes sociales una información que pretendía desmentir mitos sobre la tenencia de armas legales en Costa Rica y la comisión de delitos. Un meme que compartió el 16 de enero afirmaba la proporción dicha: 0,005% de los delitos son cometidos con armas registradas.
Estaré combatiendo desinformación alrededor de la portación de armas en CR
El portador legal no es el problema, solo quiere poder defenderse en caso de que su vida corra peligro. Las armas en las manos correctas salvan vidas. #NoALaDesinformación #SíALaDefensaLegal pic.twitter.com/6rXEixoJvc
— Zoila Rosa Volio (@zoilarosavolio) 15 de enero de 2019
El despacho de la diputada compartió con Doble Check la fuente original del OIJ donde tomaron el dato. Sin embargo, el cálculo que hizo su despacho está equivocado.
El OIJ afirma que, entre el 2015 y el 2018 se recibieron 36.820 denuncias que involucraron armas de fuego. Solo 442 armas fueron recuperadas por las autoridades, y de esas, 48 estaban registradas a nombre de personas fìsicas o jurídicas.
El primer error de la diputada es sacar cuánto representan 48 armas registradas del total de más de 36.000 denuncias. Primero, se puede suponer que solo una minoría de armas usadas en delitos fueron identificadas por el OIJ, por lo que no se conoce si la totalidad de armas usadas en delitos estaban registradas o no. Además, una misma arma pudo estar vinculada a más de un delito o denuncia. El segundo error es que su despacho sacó erróneamente la proporción pues, incluso bajo su premisa equivocada, la proporción sería de 0,13%, no de 0,005%.
Según los datos, el porcentaje de armas registradas legalmente (48) de entre todas las armas recuperadas (442) que estuvieron vinculadas a una denuncia es del 10,85%. Ese debió ser el dato divulgado por la diputada.
La asesora de Volio, Gloriana Pacheco, afirmó que hicieron la relación con el número total de denuncias debido a que, según consideran, hay un subregistro en la cifra de delitos cometidos con armas de fuego, pues no todos los delitos se reportan. “El mercado ilícito es mucho más grande de lo que imaginamos y por eso usamos ese aproximado con el número total de denuncias. Por lo que no sería exacto ni peciso para enfocar los datos atribuir solo las (armas) que logran decomisar de ese número que es técnicamente mucho más grande pero del que no se tiene conocimiento”.
Nosotros no encontramos lógica en este argumento. No se puede establecer una relación artificial entre dos grupos de datos cuya vinculación directa no se conoce: armas identificadas en la comisión de delitos y el total de denuncias.
Por otra parte, el 11 de diciembre en un intercambio en Twitter, la diputada María Inés Solís había compartido que el porcentaje de armas registradas ligadas a delitos era de un 0,05%. Tratamos de contactar a la diputada para conocer su fuente de información pero no respondió a las consultas oportunamente.
0,05% son los crímenes producidos con armas debidamente inscritas, el resto de armas ilegales.
— María Inés Solís (@misolisq) 11 de diciembre de 2018
Los números del ministro
El ministro Michael Soto habló ante la Comisión de Seguridad y Narcotráfico el 14 de enero para defender las reformas a la ley actual de armas y explosivos. Dentro de las cifras que ofreció, Soto dijo que recientemente el OIJ transfirió 495 armas vinculadas a homicidios al Arsenal Nacional. De estas armas, 183 (37%) tenían sus series visibles y estaban inscritas a nombre de empresas de seguridad o de personas. El resto de las 312 armas no tenían números de serie visibles.
“Presumimos que a esas 312 las limaron porque venían del mercado lícito y pasaron al mercado ilícito”, dijo Soto. Bajo este supuesto del ministro se podría pensar que el número de armas registradas vinculadas a homicidios es más grande, pero el jerarca reconoció que solo hay certeza de aquellas 183 que sí tenían número de serie.
Otra muestra más amplia revelada por Soto indicó que, de 7.830 armas que el Poder Judicial remitió a la Dirección General de Armamento para su custodia por haber sido usadas en delitos (no solo homicidios), se determinó que 2.023 estaban registradas (25,8%).
Ni el informe del Estado de la Violencia Armada en Costa Rica ni el ministro Soto indicaron en cuáles períodos se recuperaron las armas de esos registros. Estamos a la espera de la respuesta del Ministerio de Seguridad para actualizar la información.
Por qué es importante este tema
La Comisión de Seguridad y Narcotráfico de la Asamblea Legislativa discute un proyecto para reformar la ley de armas y explosivos. El tema más explosivo (hablemos a tono con el tema) ha sido la propuesta para limitar la cantidad de armas de fuego que puede registrar una persona: de tres, como aplica en la ley actual, a una.
Según el argumento expuesto por Soto ante la Comisión de Seguridad el 14 de enero, la intención de esta reforma es disminuir la cantidad de armas disponibles en el mercado negro.
“Las armas de los delincuentes provienen en un porcentaje importante del mercado legal. Por ejemplo, entre el 2016 y noviembre del 2018, el OIJ recibió 2.571 denuncias de sustracción de armas”, cita el Estado de la Violencia Armada en Costa Rica, publicado en diciembre.
La lógica tras la reducción del número de armas que pueda tener un ciudadano está en que supuestamente disminuiría a su vez la cantidad de armas susceptibles de ser robadas por el hampa. Además, Soto refirió que hay ciertos grupos criminales que usan a personas sin antecedentes criminales para el registro legal de armas que después serán usadas en crímenes. Entonces, la medida también reduciría la cantidad de armas disponibles que un testaferro podría poner en manos de delincuentes.
En Comisión, la diputada Solís sostuvo que disminuir la cantidad de armas que puede poseer legalmente un ciudadano castiga la regularización. “No es culpa del portador legal de arma y de quien tiene registrada su arma que le hagan el robo de la misma y que termine en el mercado negro porque también (este tipo de robo) le sucede al Estado”, dijo la diputada.
La diputada preguntó a Soto cuántas de las armas identificadas y usadas en delitos le pertenecían originalmente al Estado. El ministro no supo dar el dato en el momento, pero reconoció que el robo de armas oficiales es un problema real. Doble Check está a la espera de que el Ministerio de Seguridad aclare cuál es la proporción de armas que pertenecían al Estado y cuántas a particulares.
Finalmente, en Comisión, primó la tesis de los diputados opositores al nuevo límite en la tenencia de armas. En esta materia, el nuevo proyecto mantiene la ley en su forma actual: tres armas para cada quien.
