En resumen: Diario Extra miente al atribuirle a la Organización de Estados Americanos (OEA) un estudio inexistente en el que basa una información publicada en su portada. El diario tituló el 17 de enero: “Restricción de armas no baja tasa de homicidios“. Nunca cita la fuente original, que no es un estudio científico, sino un artículo periodístico que nada tiene que ver con la OEA. Su nota también está llena de datos desactualizados e imprecisos.
La fuente original es un análisis del 2013 de la fundación Insight Crime. Este artículo es moderado en sus conclusiones, pero Extra usó solo los datos que se alinean con su titular. En ningún sitio afirma que “la restricción de armas no baja tasa de homicidios”, aunque sí dice que, “por sí sola”, haría poco contra el crimen organizado en las zonas más peligrosas de Latinoamérica. Sí conjetura que los límites podrían reducir la delincuencia común y disminuir la violencia ocasional.
El diario nacional no copia esta información. Por el contrario, solo señala la falta de correlación entre la restricción de armas y las tasas de homicidios en seis países de Latinoamérica. Finalmente, cita las opiniones de varios opositores nacionales a la propuesta del Ejecutivo para reducir el número de armas que legalmente puede inscribir una persona.
La nota tampoco buscó el balance con opiniones de las autoridades oficiales.
El viceministro de Seguridad, Eduardo Solano, concedió que no hay datos que muestren una correlación entre políticas de restricción de armas y la baja en los homicidios en Costa Rica. Tanto Solano como un oficial del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo adujeron que señalar esta falta de correlación lleva truco. Ambos dijeron que el aumento o disminución de los homicidios en una sociedad es un fenómeno de muchas causas. La disponibilidad de armas legales es solo un factor.
El jerarca sí destacó la evidencia de que las sociedades en donde hay más armas en circulación es donde hay más homicidios por armas de fuego. Esto tiene sustento.
Doble Check buscó las reacciones de la directora de Diario Extra, Paola Hernández, y del redactor Gustavo Retana, pero no respondieron. Nosotros hicimos un análisis de su nota sección por sección.
Estudio inexistente
El periodista Gustavo Retana cita supuestos datos de la OEA para afirmar que en Latinoamérica es donde existen políticas más estrictas en cuanto a tenencia de armas. Esto es falso, tanto por la afirmación como al aducir que la OEA lo afirme.
La nota cita “expertos internacionales”, pero no los menciona. También dice que estudios hechos en México, Brasil, Venezuela, Honduras, Chile y Uruguay demuestran que no hay correlación entre la disminución de homicidios y la tenencia de armas. Primero, no se han hecho “estudios”, la nota solo se basa en el análisis periodístico hecho por la fundación InSight Crime y firmado por Marguerite Cawley. En segundo lugar, de esta publicación no se podría desprender que la “restricción de armas no baja la tasa de homicidios”. Dice que no se detecta una correlación, lo cual es distinto.
Atribuciones falsas
La nota cita Small Arms Survey, la cual efectivamente es una fuente de consulta para la publicación original que Diario Extra usó como plantilla para la suya. Sin embargo, aunque hay un vocero de la organización en la nota de InSight Crime, Small Arms Survey no ha publicado estudios específicos sobre la relación entre la tenencia legal de armas y los homicidios.
Su memoria anual del 2012 sí se refiere muy tangencialmente el tema. Por ejemplo, cita una experiencia en Brasil en el 2003, y sugiere que el control de armas estatal ayudó a bajar la tasa de homicidios y hospitalizaciones. Igualmente sugiere que una reducción de la inequidad social en Buenos Aires, Argentina, en el 2002, ayudó a bajar los índices de violencia, más que las políticas de control de armas.
Por otra parte, cuando Diario Extra cita: “De los 23 países estudiados, los homicidios superan el 42% del promedio mundial”, esos son datos del 2012 citados por el artículo original en el 2013.
Honduras y Chile
De todos los datos expuestos en la nota de Extra, los de Honduras son los peores, y no necesariamente por Honduras, sino por Extra.
El diario dice que Honduras es el país más peligroso del mundo, según la OEA. Tanto el dato como la atribución son falsos. En los últimos años, Honduras ha bajado a menos de la mitad su tasa de homicidios, pero Extra se quedó con las cifras que publicó InSight Crime en el 2013. Este país hace rato dejó de contar 95 homicidios por cada 100.000 habitantes; el 2018 cerró con una tasa de 42.
La nota de InSight Crime afirmaba también que el país se preparaba para limitar la tenencia civil de armas por persona: de cinco a una. Extra asumió que la limitación se impuso y reportó que se dio “hace pocos años”. La realidad es que la ley se aprobó apenas en setiembre pasado, y la reducción aprobada fue de cinco armas a tres.
Extra también copia el dato de Chile, y afirma que su tasa de homicidios es de 3,3 muertes por cada 100.000 habitantes. El dato correcto es de 2,7 para el 2018.
El diario nacional recoge una supuesta cita del informe de la OEA (recordemos que no hay tal informe) que en realidad es de InSight Crime. En ella se afirma que en Chile se puede tener “una cantidad indeterminada de armas”. Esto es falso, en realidad hay un límite de dos. Si un ciudadano requiriese más hay que inscribirlas como armas deportivas, de cacería o de colección.
México y Brasil
El diario nacional sigue citando a InSight Crime cuando habla de México y Brasil, aunque aquí trató (infructuosamente) de actualizar las cifras.
Para el caso de México, Extra afirma que México registró 15.973 homicidios para una tasa de 11,01 por cada cien mil habitantes en el 2018. Esta fue la cantidad de homicidios únicamente del primer semestre del 2018. En realidad hubo 34.202 personas asesinadas en México en ese año, con una tasa de 23,1.
En Brasil, estos datos también son incorrectos: el diario reportó que la tasa era de 30,3 por cada 100.000 habitantes, cuando en realidad fue de 25, según datos parciales.
Titular no se sostiene
Contrastada contra la información original, y en buena jerga periodística, el titular de Diario Extra se cae.
El análisis de InSight concluye: “Un enfoque regulado probablemente reducirá la posesión de armas y tendrá un impacto en la delincuencia común y la violencia ocasional, pero la legislación de armas, por sí sola, poco hará para controlar a los grupos criminales, responsables de la violencia rampante, en las zonas más peligrosas de la región”.
No entraremos a chequear la última sección de la nota de Diario Extra en donde cita al excandidato presidencial Juan Diego Castro, al activista proarmas Esteban Ruiz y al diputado Gustavo Viales porque todas sus afirmaciones fueron opiniones.
El meollo del asunto
¿Se puede probar una correlación entre los homicidios y las políticas de restricción de armas para la ciudadanía? La respuesta corta es no, pero al limitarnos a este ‘no’ obviamos que la pregunta viene con truco.
El homicidio es un fenómeno multicausal, según Randall Brenes, oficial de Desarrollo Humano y Gobernabilidad del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). Para un estudio es muy difícil establecer una relación directa entre cualquiera de estas causas y las tasas de homicidio.
Es decir, es muy complicado comparar a seis países latinoamericanos solo tomando en cuenta dos variables: tasa de homicidios y leyes de control de armas. La dificultad está en que cada país tiene otras condiciones muy particulares (pobreza, tráfico de drogas, crimen organizado, etc.) que pueden favorecerlos o perjudicarlos.
Brenes solo pudo referir con confianza a un metaanálisis del 2016 publicado en la revista de la Asociación Médica Americana, JAMA Internal Medicine. El estudio sintetiza 34 otras investigaciones científicas que vinculan las variables de homicidios y control de armas en Estados Unidos. La conclusión general es que “la literatura sugiere que las leyes que endurecen la verificación de antecedentes y que requieren de un permiso para comprar un arma de fuego podrían estar entre las estrategias más efectivas (para reducir los homicidios con armas de fuego)”.
El artículo de InSight Crime que Diario Extra usó como plantilla tiene varios argumentos valiosos que el diario nacional decidió obviar. Por ejemplo, un vocero de Small Arms Survey “dijo que la naturaleza altamente concentrada de la violencia armada —en las regiones fronterizas y en los centros de tráfico de drogas, por ejemplo— hace que sea difícil encontrar patrones concluyentes sobre el impacto de la política de control de armas”.
En Costa Rica, el argumento oficial a favor de reducir la cantidad de armas en manos de civiles es que el mercado ilegal se alimenta del mercado legal.
El viceministro de Seguridad, Eduardo Solano, adujo que disminuir la disponibilidad de armas para la ciudadanía reduce un factor de riesgo para la ocurrencia de incidentes violentos. El jerarca adujo que se basan en varios estudios que sí indican una correlación entre sociedades más armadas y mayores tasas de homicidios con armas de fuego. Esta afirmación está sustentada por Small Arms Survey, por ejemplo. Además, afirmó que el proyecto de reforma a la Ley de Armas y Explosivos también incluye mayores controles para las empresas de seguridad.
“Las armas de fuego hay que regularlas y, a nuestro criterio, una persona debe tener el arma de fuego que sea necesaria para su defensa, si opta por esa opción, y nadie necesita más de una”, dijo Solano.
Cifras del Ministerio de Seguridad indican que un 37% de las armas recuperadas desde el 2013 hasta mayo del 2018 y vinculadas a homicidios estuvieron registradas legalmente. No obstante, la mayoría de las armas de fuego recuperadas por las autoridades tienen la serie limada. Por ello no es posible saber si estuvieron registradas en algún momento y en cuál proporción pertenecían al Estado, a empresas de seguridad o a particulares.
Ahí está el talón de Aquiles del Gobierno para abogar por un mayor control para los ciudadanos. Grupos opuestos a la iniciativa de reducir el número de armas que pueda registrar una persona ponen en duda que la respuesta a la violencia sea la reducción de armas para la ciudadanía pues, hasta ahora, el “aporte” de estas armas a los índices de criminalidad es desconocido.
Doble Check ya solicitó los datos a la Dirección de Armamento y está a la espera de los resultados.
