Diputado Gustavo Viales critica postergación de meta fiscal aunque él tiene parte de la responsabilidad

El diputado Gustavo Viales, de Liberación Nacional, cuestionó que el presidente Carlos Alvarado presentara proyecciones de déficit fiscal menos alentadoras a las comunicadas meses antes por el Ministerio de Hacienda. Sin embargo, el diputado omite un dato clave. Cambios apoyados por él mismo son responsables, en parte, de que surgiera esa incongruencia.

El diputado publicó un meme en Twitter el 6 de mayo. La publicación afirmaba que la ministra había pronosticado en junio del 2018 que, de aprobarse el plan fiscal, el déficit primario para el 2020 sería de 0,4%. Viales comparó que Alvarado dijo en su informe del 2 de mayo que ese déficit sería de 1,1% para ese mismo año. (El déficit primario es el porcentaje de exceso de gastos sobre los ingresos del Estado).

Viales no menciona que, entre junio y mayo, el plan fiscal que se discutía en la Asamblea se recortó y, por tanto, redujo su potencial de recaudación. El plan original del gobierno pretendía percibir 1,72% del Producto Interno Bruto (PIB) en impuestos, mientras que la versión aprobada quedó en 1,29%. Buena parte de las reformas que debilitaron la recaudación fueron apoyadas por el diputado en la comisión que discutió la reforma.

Además, hubo aspectos internos y externos que incidieron en el cambio del pronóstico de déficit, según el Ministerio de Hacienda. Primero, el crecimiento económico del país fue menor al esperado debido a factores internacionales; y segundo, hubo una recaudación de impuestos más baja debido a ese bajo crecimiento.

Consultado al respecto, el diputado afirmó que su mensaje pretende ser una llamada de atención contra el gobierno, no por el tema de la reducción en los ingresos, sino por lo que considera una falta de señales en cuanto al recorte del gasto. Este reclamo no fue explícito en su mensaje en redes.

El meme publicado por Viales tiene además una imprecisión y una inferencia vacía. Por un lado, dice que la ministra había anunciado que para el año 2021 ya no habría déficit. En realidad, la ministra lo había pronosticado para el 2022. Asimismo, el presidente Alvarado nunca hizo mención al año 2021 en su informe. Por ello, traer a colación el 2021 no venía al caso.

En resumen: El diputado Gustavo Viales, de Liberación Nacional, cuestionó que el presidente Carlos Alvarado presentara proyecciones de déficit fiscal menos alentadoras a las comunicadas meses antes por el Ministerio de Hacienda. El cambio que señala es cierto, pero el diputado omite un dato clave. Cambios apoyados por él mismo son responsables, en parte, de que surgiera esa incongruencia.

El diputado publicó un meme en Twitter el 6 de mayo. La publicación afirmaba que la ministra había pronosticado en junio del 2018 que, de aprobarse el plan fiscal, el déficit primario para el 2020 sería de 0,4%. Viales comparó que Alvarado dijo en su informe del 2 de mayo que ese déficit sería de 1,1% para ese mismo año. (El déficit primario es el porcentaje de exceso de gastos sobre los ingresos del Estado).

Viales no menciona que, entre junio y mayo, el plan fiscal que se discutía en la Asamblea se recortó y, por tanto, redujo su potencial de recaudación. El plan original del gobierno pretendía percibir 1,72% del Producto Interno Bruto (PIB) en impuestos, mientras que la versión aprobada quedó en 1,29%. Buena parte de las reformas que debilitaron la recaudación fueron apoyadas por el diputado en la comisión que discutió la reforma.

Además, hubo aspectos internos y externos que incidieron en el cambio del pronóstico de déficit, según el Ministerio de Hacienda. Primero, el crecimiento económico del país fue menor al esperado debido a factores internacionales; y segundo, hubo una recaudación de impuestos más baja debido a ese bajo crecimiento.

Consultado al respecto, el diputado afirmó que su mensaje pretende ser una llamada de atención contra el gobierno, no por el tema de la reducción en los ingresos, sino por lo que considera una falta de señales en cuanto al recorte del gasto. Este reclamo no fue explícito en su mensaje en redes.

El meme publicado por Viales tiene además una imprecisión y una inferencia vacía. Por un lado, dice que la ministra había anunciado que para el año 2021 ya no habría déficit. En realidad, la ministra lo había pronosticado para el 2022. Asimismo, el presidente Alvarado nunca hizo mención al año 2021 en su informe. Por ello, traer a colación el 2021 no venía al caso.

¿Cómo surgió la polémica?

El presidente Carlos Alvarado presentó su informe a la Asamblea Legislativa el pasado 2 de mayo. En él, expuso los pronósticos de déficit según los datos del Programa Macroeconómico 2019-2020, del Banco Central. Para el 2020, Alvarado dijo que el gobierno espera un déficit de 1,1% del Producto Interno Bruto (PIB).

Días después, el diputado liberacionista Gustavo Viales publicó una imagen en Twitter en donde denunciaba una incongruencia entre lo expresado por Alvarado y datos que habían sido expuestos por la ministra Rocío Aguilar en un oficio de junio del 2018 para la Asamblea Legislativa.En aquel documento de junio, la ministra pronosticaba que el déficit bajaría a 0,4% para el 2020 si se aprobaba la legislación. Según dijo Viales a Doble Check, la información de Hacienda serviría de insumo para que los diputados tomaran decisiones sobre posibles modificaciones al plan fiscal que se discutía entonces.

 

Imagen publicada por el diputado Gustavo Viales el 6 de mayo como respuesta al informe presidencial ante la Asamblea Legislativa.

El plan fiscal fue la principal medida económica impulsada en el primer año de gobierno de Carlos Alvarado, y fue aprobada con modificaciones sustantivas el 3 de diciembre.

Viales reclama que la promesa era eliminar el déficit para el 2021. En realidad, Aguilar proyectaba una eliminación del déficit para el 2022, y no como afirmó el diputado. Por ello hay una imprecisión en su mensaje.

Proyección del déficit por Hacienda con y sin plan fiscal, según el oficio enviado a la Asamblea Legislativa en junio pasado.

Además, en su informe del 2 de mayo, el presidente Alvarado no se refirió a la meta para el 2021 o el 2022, sino que se limitó al 2020. El diputado lo interpreta como una omisión intencional para no reconocer que no se cumplirá la meta planteada originalmente, según dijo a Doble Check.

Aparte de estas incongruencias, el reclamo principal de Viales es que la proyección de Hacienda en junio del 2018 es de siete décimas inferior a la anunciada ahora por Alvarado. ¿Por qué el diputado es en parte responsable por el pronóstico modificado?

¿Cómo cambió el plan fiscal?

Las proyecciones de cuánto percibirá el Estado de más o de menos por impuestos dependen de la producción del país o, mejor dicho, de cuánto se pronostica que producirá el país. Este número se expresa en las proyecciones del Producto Interno Bruto (PIB). En el contexto del plan fiscal, el monto esperado de ingresos por impuestos también varió con respecto a los cambios que los diputados hicieran.

Hacienda siguió el rastreo de cambios que provocaron los impactos más importantes en la recaudación proyectada según el plan fiscal. Por ejemplo, la reducción del impuesto a canasta básica tributaria; se eliminó el impuesto a las utilidades de las cooperativas; se ajustó el tributo a las tasas para asociaciones solidaristas, cooperativas, mutuales y remesas al exterior; la educación privada quedó exenta y se modificaron las imposiciones a los medicamentos.

Modificaciones al plan fiscal hechas por la Asamblea Legislativa, según el recuento del Ministerio de Hacienda.

Los cambios representaron una reducción de 0,43 puntos porcentuales del PIB en la recaudación esperada. Como parte de la comisión del plan fiscal, Viales fue uno de los diputados con cuyo aval se hizo esa reducción en casi todas las mociones. La única excepción fue el impuesto a la educación privada, que fue promovido desde la representación de la Unidad Social Cristiana.

Los cambios en la legislación fueron uno de los factores por los que las proyecciones dadas por la ministra en junio del 2018 son distintos a los expuestos por Carlos Alvarado en mayo pasado, según explicó el ministerio. Doble Check compartió la explicación de Hacienda con el investigador en temas económicos, Rudolf Lucke, y con el viceministro de Ingresos, Fernando Rodríguez. Ambos la encuentran satisfactoria.

¿Qué dice el diputado?

En entrevista con Doble Check, Viales dijo percibir que los diputados han entregado herramientas adecuadas para que el Estado perciba más ingresos. Sin embargo, él estima que no han existido señales claras de recorte en el gasto del Estado por parte del gobierno. Dice que de ahí se deriva el interés de su publicación, aunque no fue explícito en aquel momento.

«Yo creo que el porqué de que no se vaya a cumplir la expectativa tiene más que ver con las medidas de recorte de gasto», dice el diputado.

Se le consultó al diputado si su despacho ha hecho los cálculos de cuánto ha sido el impacto de estas medidas que afirma que no se han implementado. Viales reconoció que no, pero al mismo tiempo afirmó que «es evidente (el impacto)». «El (proyecto para la reforma al) empleo público no lo enviaron (a la Asamblea) en enero, y obviamente se va a retrasar», ejemplificó.

El viceministro de Ingresos, Fernando Rodríguez, difiere del impacto que los recortes en gastos puedan tener en el corto plazo. Consultado por Doble Check, el economista afirmó que los controles de gastos como los propuestos en empleo público no tendrían un impacto significativo a dos o tres años, sino a unos 20, cuando se vea un cambio generacional en las planillas estatales. Es decir, no afectarían las proyecciones en el déficit al 2021.

En cuanto a los ingresos, Viales reconoce que el plan fiscal fue disminuido en su capacidad de recaudación. Sin embargo, también afirma que la Asamblea aprobó fondos que no estaban contemplados en el plan inicial de Hacienda, como la norma de subcapitalización y la amnistía tributaria. A criterio de Viales, ahí existió una compensación con lo recortado.

Rodríguez coincide en que la amnistía sí provee recursos frescos. No obstante, advierte que el fisco solo recibe el dinero una vez, por lo que no compensa un recorte en los impuestos propuestos. Si se baja el porcentaje de impuestos en un plan, ese representará un dinero que el Estado deja de percibir periódicamente. Con respecto a la norma de subcapitalización, el economista calcula que los fondos percibidos no serán tan significativos.

Crecimiento y recaudación

¿Fueron los cambios en el plan fiscal los únicos que incidieron en el cambio de las proyecciones fiscales? Para nada.

Lo primero que hay que saber sobre las proyecciones del Producto Interno Bruto (sobre las cuales se hacen las proyecciones de déficit) es que estas se actualizan periódicamente con base en los cambios de las realidades económicas. Estos reajustes son habituales en la evaluación macroeconómica, explicó Rudolf Lucke, del Instituto de Investigaciones en Ciencias Económicas de la Universidad de Costa Rica. Es decir, ya de cajón existen cambios en las proyecciones aunque no hubieran factores internos o externos inesperados.

Ahora, además de los reajustes, sí hubo factores inesperados que operaron en la economía costarricense del último año.

Además de los cambios al plan fiscal, hubo una reducción en el optimismo macroeconómico entre el momento en que la ministra de Hacienda presentó su plan a los diputados y el informe presidencial ante la Asamble Legislativa. De hecho, Fernando Rodríguez opina que los pronósticos de Hacienda fueron demasiado optimistas.

Información enviada por Hacienda, sostiene que hubo eventos internos y externos que afectaron los pronósticos. Por un lado, la huelga del sector público del 2018 habría disminuido en 0,4 puntos porcentuales el crecimiento económico del país, que para ese año alcanzó 2,7%, según datos del Programa Macroeconómico 2019-2020, del Banco Central.

¿Cuáles fueron los motivos externos de esta falta de crecimiento? El Banco menciona una cinco: a) aumento de las tasas de interés internacionales; b) aversión al riesgo de inversionistas que provocó la salida de capitales desde mercados emergentes; c) las tensiones comerciales entre Estados Unidos y otras grandes economías; d) la crisis sociopolítica en Nicaragua; e) y el aumento en precios de materias primas, lo que presionaría la inflación en Costa Rica.

El resultado directo de esa falta de crecimiento se expresó en el país en una baja en la recaudación de impuestos, según Hacienda. Esta recaudación menor es de aproximadamente 1% del PIB (₡300.000 millones), lo que finalmente terminó cambiando las proyecciones iniciales publicadas por el ministerio.

Falso: eutanasia en Holanda no está limitada solo para sus ciudadanos

En resumen: es falso que la ley de los Países Bajos restringe la eutanasia solo para ciudadanos de ese país, tal como afirmó la diputada independiente del bloque “Nueva República”, Ivonne Acuña.

La eutanasia y el suicidio asistido fueron despenalizados en Holanda desde el 2002 cuando estos sean facilitados por personal médico.

La ley holandesa solo permite el procedimiento a personas que sufran de un dolor insoportable y cuyo padecimiento sea incurable.  Además, debe haber una autorización expresa y “en conciencia completa” del solicitante.

Contrario a lo afirmado por la diputada Acuña ante el medio de comunicación elmundo.cr, la legislación de los Países Bajos carece de una restricción basada en la ciudadanía o el estado de residencia de la persona que requiera la terminación de su vida.

En su sitio oficial en Internet, el gobierno holandés estipula que el médico tratante debe decidir si es posible ese tipo de procedimientos en casos de personas no residentes que han llegado recientemente a esa nación, con base en un “conocimiento suficiente” del historial médico del solicitante.

En resumen: Es falso que la ley de los Países Bajos restrinja la eutanasia solo para ciudadanos de ese país, tal como afirmó la diputada independiente del bloque “Nueva República”, Ivonne Acuña.

La eutanasia y el suicidio asistido fueron despenalizados en Holanda desde el 2002 cuando estos sean facilitados por personal médico.

La ley holandesa solo permite el procedimiento a personas que sufran de un dolor insoportable y cuyo padecimiento sea incurable.  Además, debe haber una autorización expresa y “en conciencia completa” del solicitante.

Contrario a lo afirmado por la diputada Acuña ante el medio de comunicación elmundo.cr, la legislación de los Países Bajos carece de una restricción basada en la ciudadanía o el estado de residencia de la persona que requiera la terminación de su vida.

En su sitio oficial en Internet, el gobierno holandés estipula que el médico tratante debe decidir si es posible ese tipo de procedimientos en casos de personas no residentes que han llegado recientemente a esa nación. Esa aprobación debe hacerse con base en un “conocimiento suficiente” del historial médico de la persona que la pide.

Acuña aseguró que compartiría con Doble Check su fuente de información, pero no lo ha hecho oportunamente. Se actualizará esta información si fuera necesario.

El comentario de Acuña

Esta semana, el medio digital elmundo.cr divulgó la reacción de la diputada Ivonne Acuña ante el propuesta de una Ley sobre Eutanasia y Muerte Digna, que fue presentado el pasado 1 de mayo por la legisladora del Partido Acción Ciudadana (PAC), Paola Vega.

Según consta en la nota de ese medio, Acuña cuestionó la falta de definiciones de la propuesta, como “el contenido presupuestario, los alcances del proyecto y  a quién está dirigido”.

Como ejemplo, la diputada independiente dijo que “Holanda en su regulación para poder dar el servicio de eutanasia estipula que el servicio es dado solamente a ciudadanos holandeses y precisamente para evitar que otras personas de otros países vengan a hacer uso de ese servicio”.

Captura de pantalla de la nota publicada en elmundo.cr

Por eso, la diputada independiente dijo que, de aprobarse el proyecto en Costa Rica, “vamos a tener turismo homicida y suicida en este país”.

Efectivamente, la iniciativa de ley para permitir la eutanasia en Costa Rica (tramitada bajo el expediente 21.383) carece de una limitación con base en la ciudadanía o el estado de residencia de la persona solicitante, confirmó a Doble Check la diputada Paola Vega.

Los límites que existen en Holanda (y los que no)

A partir del 2002, la legislación de los Países Bajos fue la primera en el mundo que despenalizó la eutanasia y el suicidio asistido.

En su sitio oficial en Internet, el gobierno holandés define que la eutanasia es un procedimiento “realizado por un médico tratante al administrar una dosis fatal de un fármaco apropiado, por solicitud expresa del paciente”. La legislación de ese país considera el suicidio asistido como una situación donde un médico proporciona el fármaco y el paciente se lo administra a sí mismo.

Tales procedimientos son regulados por medio de la Ley de terminación de la vida y suicidio asistido.

Dicha ley estipula una serie de condiciones para que la terminación de la vida por petición sea legal:

  1. Debe ser realizada por un profesional médico. Los médicos no están obligados a realizar el procedimiento.
  2. El médico tratante debe estar convencido de que la solicitud del paciente es voluntaria y bien considerada.
  3. El sufrimiento del paciente ha sido considerado como prolongado e insoportable.
  4. El médico tratante debe informar al paciente de su situación y de sus posibilidades.
  5. El paciente mantiene la convicción de que no hay otra situación razonable para su estado.
  6. El paciente debe ser evaluado por otro médico independiente, quien tiene que revisar por escrito el cumplimiento de las condiciones requeridas.
  7. La eutanasia o el suicidio asistido deben realizarse con un cuidado apropiado.

Además, el médico tratante debe notificar posteriormente la aplicación del procedimiento ante un comité evaluador.

La ley  holandesa establece que la terminación de la vida bajo esos límites puede ser solicitada por personas mayores de 12 años de edad. Sin embargo, el consentimiento de los padres de familia o los guardianes legales es obligatorio hasta los 16 años.

En casos de personas de 16 y 17 años, esa autorización no es obligatoria pero es requerido que la familia o los guardianes estén involucrados en la toma de las decisiones. Después de la mayoría de edad (18 años), las personas pueden solicitar la terminación de la vida sin involucramiento familiar.

La ley que regula la terminación de la vida por petición en Holanda carece de algún estatuto que limite el procedimiento con base en la ciudadanía o el estado de residencia de la persona solicitante.

En su plataforma informativa oficial, el gobierno holandés advierte que los médicos tratantes en casos de eutanasia y suicidio asistido deben tener información suficiente para evaluar la viabilidad del procedimiento en cada caso.

Así, las autoridades de Holanda aseguran que el personal médico puede decidir si facilita o no el procedimiento a personas no residentes que llegaron recientemente al país, con base en un “conocimiento suficiente” del historial médico del solicitante.

5 chequeos al nuevo presidente de la Asamblea Legislativa

Este 2 de mayo, después del informe que dio Carlos Alvarado, sobre su primer año de gobierno, la palabra la tomó el nuevo presidente de la Asamblea Legislativa, Carlos Ricardo Benavides, del Partido Liberación Nacional (PLN).

En Doble Check, hicimos un chequeo en vivo de las afirmaciones hechas por el Presidente de la República. Así, tampoco íbamos a quedarnos con el clavo sobre la precisión del discurso que dio Benavides, que fue recién electo el pasado 1 de mayo para presidir el directorio legislativo durante el periodo 2019-2020.

El resultado: Benavides aportó cinco datos concretos que pueden verificarse, aunque dos de estos son falsos o imprecisos por falta de contexto

El diputado liberacionista y nuevo presidente de la Asamblea Legislativa, Carlos Ricardo Benavides, leyó un discurso como respuesta al informe que dio Carlos Alvarado sobre su primer año de gobierno este 2 de mayo.

En Doble Check, hicimos un chequeo en vivo de las afirmaciones hechas por el Presidente de la República. Así, tampoco íbamos a quedarnos con el clavo sobre la precisión del discurso que dio Benavides, quien fue recién electo el pasado 1 de mayo para presidir el directorio legislativo durante el periodo 2019-2020.

El resultado: Benavides aportó cinco datos concretos que pueden verificarse, aunque dos de estos son falsos o imprecisos por falta de contexto.

“La pérdida del empleo viene dándose desde la administración anterior y en la actual, de junio a diciembre de 2018, según el INEC, más de 88.000 empleos se han perdido”

Chequeo: El dato es falso, pues no se perdieron empleos. De hecho, entre junio y diciembre de 2018 aumentó levemente la cantidad de empleos en el país. Lo correcto habría sido decir que aumentó el desempleo en 88.000 personas (una cifra histórica), pues el mercado laboral no pudo absorber a todas las personas que buscaron empleo en ese período. Es decir, no se perdieron empleos existentes, sino que no se crearon suficientes empleos nuevos.

Usemos una metáfora para entender el fenómeno. Imagine que usted trabaja en una empresa en la que laboran 100 trabajadores. Afuera de la empresa hay 10 personas haciendo fila para ser contratadas. Imagine que la empresa decide contratar a 2 de las personas que estaban haciendo fila. Es decir, ahora hay 102 empleados. Sin embargo, en ese tiempo, la fila se hizo mucho más grande y aumentó a 20 personas.

La pregunta es: ¿se perdieron empleos? No. Más bien ahora hay dos personas más trabajando en la empresa: no han despedido a nadie. ¿Aumentó la fila? Sí.

Sucede lo mismo para Costa Rica. En el período que subraya Benavides (de junio a diciembre de 2018)  la cantidad de personas empleadas pasó de 2.160.036 personas a 2.165.323 trabajadores. La cantidad de empleos aumentó en 5.287 puestos de trabajo. No hay pérdida de empleo.

Eso sí, siguiendo con la metáfora, “la fila se hizo más grande”. Benavides emplea mal el dato pero la cifra es correcta. El número de personas desempleadas aumentó en 88.773. Muchas más personas salieron a buscar empleo del que fue generado.

Ya habíamos publicado un artículo sobre este mismo tema. En el último trimestre del 2018 el país mostró su peor tasa de desempleo desde el 2010. Sin embargo, como acabamos de explicar, eso no implica que se hayan destruído empleos.

“Desde hace varios años, Costa Rica tiene índices de crecimiento económico bastante modestos. Según el Banco Mundial, este año creceremos tan solo un 2,7%”.

Chequeo: La afirmación es cierta. El Banco Mundial proyecta que Costa Rica tendrá un crecimiento económico equivalente a 2,7% del Producto Interno Bruto (PIB) para el año 2019.

Esa institución también proyecta que ese crecimiento será de 2,8% en el 2020 y de 3% en el año siguiente.

En su más reciente informe de Prospectos Económicos Globales, el Banco Mundial señala que “una reciente legislación de reforma fiscal en Costa Rica aumentará los ingresos hacendarios y debería mejorar la motivación de inversión”.

Eso sí, el Banco Central de Costa Rica (BCCR) tiene proyecciones distintas: un crecimiento de la economía costarricense de 3,2% en el 2019 y 3,0% en el 2020. Así lo indica esa entidad en el Programa Macroeconómico  para ese periodo.

El Banco Central reconoce que su proyección para este año es superior al crecimiento del 2018 (2,7%), aunque advierte que esa estimación está por debajo del crecimiento potencial para Costa Rica, que esa institución calculó en 3,5%.

“La ampliación de la carretera San José – San Ramón que envolvió a este país en una discusión nacional, han pasado 6 años desde que se retiró la concesión (…) Parece evidente que este gobierno, logrará, la concreción de 17 obras impostergables lo cual celebramos, pero no se concretará esta ruta”.

Chequeo: Este pronóstico tiene fundamento. No podemos chequear el futuro, pero el Plan Nacional de Desarrollo efectivamente descarta la finalización de la obra San José-San Ramón. En concreto, la meta del gobierno es que al 2022 se logrará un “30% de la ampliación y mejoramiento del Corredor Vial San José – San Ramón”, obra de la que será responsable el Consejo Nacional de Vialidad. El Plan proyecta que en el 2020 la obra tendrá un avance del 5%.

“Actualmente más de 85.000 menores de 24 años se encuentran sin empleo. Ellos componen más del 30% del total de la población desempleada en el país”

Chequeo: El dato es impreciso porque tiene una omisión importante. Según el INEC, ese número representa únicamente a los menores de 24 años sin estudios universitarios. En realidad, las cifras nacionales de desempleo para todos los menores de esa edad son mucho mayores.

En el último trimestre de 2018 se observan 126.100 menores de 24 años desempleados (un promedio de 99.591 en todo el 2018). Ellos representan más del 40% de los desempleados del país, según la Encuesta Continua de Empleo del Instituto Nacional de Estadística y Censos.

El despacho de Benavides dijo a Doble Check que su fuente fue una publicación de La Nación, que contempla los datos del INEC sobre jóvenes sin estudios universitarios. Como indicamos, los datos de desempleo entre todos los jóvenes son mucho mayores.

“Desgraciadamente, la pobreza se elevó hasta el 21,1% en el 2018 y la pobreza extrema pasó del 5,7% al 6,3% en el mismo período. Esto es verdaderamente dramático. Estamos hablando de 50 mil costarricenses más, que se encuentran bajo la línea de pobreza”.

Chequeo: La afirmación es cierta. Tales cifras se desprenden de la Encuesta Nacional de Hogares (ENAHO) del 2018, realizada por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC).

La pobreza en Costa Rica aumentó de 20% de la población en 2017 a 21,1% en el 2018, después de una tendencia a la baja que se registraba desde el 2014.

Ese aumento interanual significó que 49.666 personas más quedaron bajo la línea de pobreza el año pasado, para un total de 1.150.000 personas. El presidente del directorio legislativo redondeó la cifra de personas adicionales en pobreza, pero tiene razón.

El discurso de Carlos Alvarado verificado por Doble Check

Verificamos 12 de las afirmaciones del presidente Carlos Alvarado: algunas son falsas, otras son medias verdades, y otras son aciertos. Léalas aquí.

Doble Check verificó las afirmaciones del presidente Carlos Alvarado en su discurso ante la Asamblea Legislativa. Este es el resultado.

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«Según los datos del Banco Central, el déficit primario -indicador que expresa el balance entre ingresos y los gastos del sector público- alcanzó un 3% del PIB en 2017, pero a partir de 2018 ha seguido una trayectoria a la baja, llegando a 2,4% del PIB el año anterior, y se proyecta que bajaría a 2,1% este año y 1,2% el año siguiente».

Chequeo: La afirmación es cierta, pero el presidente omitió una alerta del Banco Central de Costa Rica (BCCR) sobre el aumento en el endeudamiento del Estado.

El déficit primario es un indicador que excluye el gasto en intereses del Gobierno Central, por lo que provee “un mejor indicador del esfuerzo del ajuste fiscal”, según el BCCR. Ese indicador descendió en el último año. El BCCR atribuye la disminución en el déficit primario a medidas de contención del gasto tomadas por el Ministerio de Hacienda a mediados del 2018, así como a los rendimientos de la amnistía tributaria que abrió la ley de reforma fiscal. Además, la institución prevé que “el déficit primario seguiría cayendo” con las magnitudes que cita Alvarado. La información está disponible en el Programa Macroeconómico 2019-2020 del BCCR.

Eso sí, tal proyección depende de la aplicación de medidas que incluyen la reforma fiscal, y supone que, entre el 2019 y el 2020, el Gobierno podrá colocar bonos de deuda en los mercados internacionales hasta por $1.500 millones cada año.

A pesar del resultado positivo en cuanto a déficit primario, el BCCR advierte que la razón de la deuda del Gobierno respecto al Producto Interno Bruto (PIB) pasó de 48,7% en 2017 a 53,6% el año pasado. Con respecto a este tema, el mandatario únicamente expresó su preocupación por los altos intereses que paga el Estado por la deuda.

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«La región (Pacífico Central) presenta una tasa de desempleo con alta concentración en mujeres».

Chequeo: El dato es cierto. El presidente omite mencionar la tendencia creciente de desempleo del Pacífico Central, que hoy reporta un porcentaje de 16,6%.  Hoy, esa tasa de desempleo es la mayor entre todas las regiones.

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«Parte de las mejoras de gestión institucional se enmarcan en el proceso de ingreso de Costa Rica a la OCDE. A hoy el país ha logrado avanzar con la aprobación de 13 comités. El más recientemente aprobado fue el 17 de abril».

Chequeo: El logro es engañoso, pues se presenta el número acumlado. El país sí lleva aprobados 13 comités de ingreso a la OCDE, pero solo uno de ellos (el de Gobernanza Pública) fue logrado en el primer año de la administración Alvarado.

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«En turismo, Costa Rica fue capaz de superar por primera vez los 3 millones de llegadas internacionales en 2018, y el crecimiento de la actividad se ha fortalecido en estos doce meses al lograr 62.000 nuevos asientos a través de 6 líneas aéreas».

Chequeo: Es falso que el crecimiento de las llegadas internacionales se hubieran fortalecido. En realidad, el período 2017-2018 registra la cuarta menor variación en la cantidad de visitas internacionales desde el 2000 (un aumento de 1,92%). La cifra es mucho menor al crecimiento promedio del 6% que el país ha presentado desde el 2000. Es decir, en 15 de los últimos 18 años hemos visto mayores aumentos en la entrada de visitas internacionales.

En los años 2003, 2004, 2005, 2007 y 2016, Costa Rica experimentó aumentos en la cantidad de visitas internacionales superiores al 10%. El crecimiento en el periodo 2017-2018 es de los peores observados: solo superado por el del 2017 (1,18%), 2002 (-1,6%) y 2008 (-8%).

Cabe rescatar que el Instituto Costarricense de Turismo no reporta datos de turistas, sino de llegadas internacionales.

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«Este año, el MEP ha entregado 21 centros educativos nuevos y 81 proyectos de mejora de instalaciones que van desde la construcción de aulas, bibliotecas, pabellones o sustitución de techos. También se creó un sistema de atención de órdenes sanitarias abordando a la fecha 199 de ellas».

Chequeo: El dato es correcto según lo confirma la Dirección de Infraestructura y Equipamiento Educativo (DIEE). Estos proyectos han beneficiado a 31.500 estudiantes y representan una inversión de ¢22.580 millones. Por su parte, las 199 órdenes sanitarias abordadas generaron una inversión de ¢76,2 millones. También, por primera vez, se ha creado un sistema de categorización de órdenes sanitarias para atenderlas de acuerdo a su gravedad.

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«Parar lograr la conectividad que requiere la educación moderna nos hemos comprometido a formar la Red Educativa del Bicentenario. Su objetivo es conectar los 4.659 centros educativos públicos del país y las oficinas del MEP en una única red de banda ancha, mediante fibra óptica de alta velocidad, creando un ambiente digital para la educación. La meta es cumplir este año con la conexión de los primeros 600 centros y antes de concluir el gobierno tener la red completa».

Chequeo: Esta es una proyección y aún no tiene ejecución. Según indicó el Ministerio de Educación a Doble Check, el Ministerio de Ciencia y Tecnología y la Fundación Omar Dengo realizaron la contratación del diseño de la Red Educativa del Bicentenario. Sin embargo, aún no se ha realizado la conexión de ningún centro educativo en el país.

 

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«En 2017, la exclusión en secundaria fue de 7,2% y en primaria de 0,7%. Tras las acciones tomadas durante el último trimestre del curso lectivo 2018, incluso en un contexto de huelga, la exclusión escolar fue de 3,5% en secundaria y 0,2% en primaria, lo cual representa una reducción a la mitad».

Chequeo: La afirmación es cierta según los datos del Ministerio de Educación Pública. Sin embargo, aunque se evidencia una tendencia a la baja, la exclusión en las escuelas nocturnas sigue siendo elevada, pues se ubica en 14,1%, mientras que en los colegios nocturnos alcanza el 13,2%.

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«Luego de estos casi 365 días de dirigir el país, hay tareas pendientes en materia de saneamiento de las finanzas públicas y la eficiencia del Estado, pero podemos decir que Costa Rica fue capaz de estabilizar su economía y lograr mayor confianza y tranquilidad».

Chequeo: La afirmación es discutible. El pesimismo ha retrocedido, pero sigue habiendo mucha desconfianza en la economía. En noviembre pasado, el Índice de Confianza de los Consumidores (ICC) fue de 28,2 puntos (en una escala de cero a 100) y se convirtió en el más bajo encontrado desde el año 2002 (fecha de la primera encuesta). Tres meses después, en febrero del 2019, el ICC evidencia una recuperación, pues aumentó a 34,8 puntos (6,6 puntos de aumento). Este repunte de la confianza, y el nivel alcanzado, significa que los consumidores perciben menos pesimismo hacia la economía nacional, aunque su magnitud todavía está lejos de reflejar optimismo.

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El presidente Carlos Alvarado Quesada afirmó que la desaceleración económica se ha reducido. En realidad, esto es parcialmente cierto. Fotografía: Laura Rodríguez.

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«Los últimos datos del Índice Mensual de Actividad Económica indican que el proceso de desaceleración que afectó a la economía en el segundo semestre del 2018 se ha detenido, mostrando una leve recuperación en la actividad económica».

Chequeo: Esta afirmación es parcialmente correcta. Al analizar el nivel de actividad económica vista por la tasa de crecimiento interanual del (IMAE) por industria al mes de enero, se observa que efectivamente en los últimos dos meses del año las tasas de aceleración del indicador han sido positivas, sin embargo únicamente en el sector financiero registra una mejoría considerable con respecto a los doce meses anteriores; no obstante la gran mayoría de los sectores de la economía registran al mes de enero tasas de crecimiento interanuales inferiores al 3%.

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«En materia de homicidios, Costa Rica logró bajar la tasa en 2018 con relación al año 2017. La reducción que inició en junio anterior nos llevó a cerrar el año 2018 con una tasa de homicidios de 11,7 por cada 100.000 habitantes, frente a 12,1 en el año anterior, quebrando una tendencia al alza que venía desde el año 2014. En el presente año continúa la tendencia a la baja, al 29 de abril tenemos 44 homicidios menos que en el mismo periodo del año anterior».

Chequeo: La afirmación es cierta. La tasa registrada en el 2018 es de 11,7 por cada 100.000 habitantes. Eso sí, el logro significa regresar a una tasa similar a la de 2015 (11,5) o 2016 (11,8), la cual es calificada como violencia endémica por la Organización Mundial de la Salud (con niveles superiores a 10 homicidios por cada 100.000 habitantes).

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«En cuanto a los delitos contra la propiedad, mientras que en el primer trimestre del 2018 se registraron 14.729 denuncias, en el mismo periodo de 2019 se tenían 13.526, lo que implica en una disminución de 8,2% en delitos tales como hurtos, tacha de vehículos, asaltos y robos a viviendas».

Chequeo: La información es cierta, pero esconde un número negativo. El presidente agrupa los datos de los delitos contra la propiedad. Ello oculta que la tasa de asaltos viene en aumento. Doble Check estimó la tasa de asaltos, hurtos y robos por cada 100.000 habitantes acumulada de mayo a abril, y encontró una tendencia al alza en la cantidad de asaltos.

Entre mayo de 2017 y abril de 2018 la tasa de asaltos era de 629. Entre mayo de 2018 y abril de 2019 subió a 660.

El investigador del Centro de Investigación y Estudios Políticos de la UCR, Jesús Guzmán, pone en contexto: «En cuanto a los delitos, las estadísticas del Poder Judicial indican que en el primer trimestre de 2018 (01 de enero al 31 de marzo) ocurrieron 14.607 delitos contra la propiedad (robo, hurto, tacha de vehículos, asalto y robo de vehículos) y en el primer trimestre 13.729 delitos contra la propiedad. Esto implica una reducción de 878 delitos, es decir un 6.01% menos entre ambos periodos».

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Consenso médico descarta efecto abortivo de «píldora del día después»

En resumen:

La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha ratificado desde hace más de una década que las píldoras anticonceptivas de emergencia —conocidas como “píldora del día después”— tienen un efecto que se limita al proceso de ovulación y no intervienen después de la fecundación o del embarazo. Es decir, no son abortivas.

Ese consenso médico es compartido por gremios internacionales de ginecología, obstetricia y planificación familiar, a partir de la evaluación de la evidencia científica disponible.

La Conferencia Episcopal de Costa Rica expresó ayer su oposición a la comercialización del medicamento en el país. Sin especificar la fuente, su comunicado afirmaba que «diversos científicos han afirmado que la misma [la píldora] puede impedir la implantación del cigoto en el endometrio». Ese pronunciamiento concuerda con una nota informativa publicada en el periódico Eco Católico de su edición del 7 de abril. La nota sostiene que el Ministerio de Salud “ignora el efecto abortivo” de ese medicamento, pues apunta que Estados Unidos ha reconocido que el medicamento puede evitar la implantación de un embrión en el útero, paso clave para que suceda un embarazo.

La oposición a la venta de ese anticonceptivo en Costa Rica achaca que, por la alegada presencia de ese efecto, el mecanismo de acción del medicamento es abortivo. Esta posición ha buscado respaldo en la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA, por su nombre en inglés) de Estados Unidos. Desde 1999 esta agencia requiere que las etiquetas de los anticonceptivos de emergencia indiequen que uno de los métodos de acción puede ser impedir la implantación.
Esta posición riñe con el concenso científico basado en las evidencias médicas más recientes. De hecho, una investigación del 2012 de The New York Times reveló que el proceso para incluir esta indicación en las etiquetas de la FDA careció de una discusión de evidencia científica. Asimismo, el artículo indicó que investigaciones posteriores no han encontrado el efecto inhibitorio de la implantación.

El Departamento de Salud y Servicios Humanos —principal rector de salud en Estados Unidos y organismo al que pertenece la FDA— sostiene en su sitio de Internet que el efecto de la píldora anticonceptiva de emergencia está centrado en retrasar la ovulación. La institución no hace atribuciones a efectos en la implantación del óvulo fecundado y cita investigaciones que descartan ese efecto.

En resumen: La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha ratificado desde hace más de una década que las píldoras anticonceptivas de emergencia —conocidas como “píldora del día después”— tienen un efecto que se limita al proceso de ovulación y no intervienen después de la fecundación o del embarazo. Es decir, no son abortivas.

Ese consenso médico es compartido por gremios internacionales de ginecología, obstetricia y planificación familiar, a partir de la evaluación de la evidencia científica disponible.

La Conferencia Episcopal de Costa Rica expresó ayer su oposición a la comercialización del medicamento en el país. Sin especificar la fuente, su comunicado afirmaba que «diversos científicos han afirmado que la misma [la píldora] puede impedir la implantación del cigoto en el endometrio». Ese pronunciamiento concuerda con una nota informativa publicada en el periódico Eco Católico de su edición del 7 de abril. La nota sostiene que el Ministerio de Salud “ignora el efecto abortivo” de ese medicamento, pues apunta que Estados Unidos ha reconocido que el medicamento puede evitar la implantación de un embrión en el útero, paso clave para que suceda un embarazo.


La oposición a la venta de ese anticonceptivo en Costa Rica achaca que, por la alegada presencia de ese efecto, el mecanismo de acción del medicamento es abortivo. Esta posición ha buscado respaldo en la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA, por su nombre en inglés) de Estados Unidos. Desde 1999 esta agencia requiere que las etiquetas de los anticonceptivos de emergencia indiquen que uno de los métodos de acción puede ser impedir la implantación.

Esta posición riñe con el consenso científico basado en las evidencias médicas más recientes. De hecho, una investigación del 2012 de The New York Times reveló que el proceso para incluir esta indicación en las etiquetas de la FDA careció de una discusión de evidencia científica específica sobre ese efecto. Asimismo, el artículo indicó que investigaciones posteriores no han encontrado el efecto inhibitorio de la implantación.

El Departamento de Salud y Servicios Humanos —principal rector de salud en Estados Unidos y organismo al que pertenece la FDA— sostiene en su sitio de Internet que el efecto de la píldora anticonceptiva de emergencia está centrado en retrasar la ovulación. La institución no hace atribuciones a efectos en la implantación del óvulo fecundado y cita investigaciones que descartan ese efecto.

Píldora sin efecto después de la fecundación

Las píldoras anticonceptivas de emergencia no funcionan si una mujer ya está embarazada. Es decir, si el embrión se implantó en el útero. El medicamento tampoco puede impedir la implantación del embrión, según distintos consensos científicos basados en la evidencia disponible.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha ratificado desde hace más de una década que la píldora “del día después” previene o retrasa que un óvulo salga de los ovarios. Así se evita que el óvulo se encuentre con los espermatozoides.

Este medicamento está compuesto por levonorgestrel. Esta es una hormona sintética empleada en píldoras anticonceptivas desde hace más de 30 años. Su uso corresponde a casos de emergencia después de tener relaciones sexuales riesgosas (porque no se empleó protección o porque hubo un fallo en otro anticonceptivo, como la ruptura del condón).

El Ministerio de Salud anunció ayer, jueves, la aprobación del registro del anticonceptivo de emergencia y su venta en el país sin la necesidad de receta médica.

La OMS, principal rectora de salud en el mundo, ha refutado que los anticonceptivos de emergencia tengan efectividad después de que el espermatozoide se une con el óvulo, antes o después de adherirse al útero.

“Existe evidencia sólida para afirmar que el mecanismo de acción de las píldoras anticonceptivas de emergencia es sobre el proceso de ovulación”, respondió a Doble Check la Organización Panamericana de la Salud (OPS), ente regional de la OMS, por medio de su vocera de prensa.

El impedimento a la implantación del óvulo fecundado aparece catalogado como “idea equivocada” sobre los anticonceptivos de emergencia en la edición actualizada de Planificación Familiar del 2018, publicación revisada y editada por la OMS, la Universidad Johns Hopkins y la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID).

A ese consenso científico también se han sumado el Consorcio Internacional sobre Anticoncepción de Emergencia (ICEC) y la Federación Internacional de Ginecología y Obstetricia (FIGO).

Estas dos últimas instituciones también han reconocido que la píldora “podría” afectar la movilidad de los espermatozoides al hacer más espesa la mucosa cervical de las mujeres. Sin embargo, advirtieron posteriormente que la evidencia científica sobre ese efecto aún es contradictoria.

El ministro de Salud, Daniel Salas, también descartó que al medicamento se le puedan atribuir efectos abortivos por su mecanismo de acción. “Lo que [el medicamento] hace es inhibir la ovulación, o bien, retarda o impide el paso del espermatozoide”, dijo el jerarca en conferencia de prensa este jueves.

El jefe de ginecología y obstetricia del Hospital Rafael Ángel Calderón Guardia, Danilo Medina, también coincidió con el criterio de la OMS en entrevista con Doble Check sobre los efectos de ese medicamento.

¿Por qué la FDA mantiene en sus etiquetas una afirmación contraria al consenso internacional?

El anticonceptivo de emergencia que el gobierno costarricense permitió es similar a productos como Plan B y otros genéricos disponibles en Estados Unidos desde 1999. Fue entonces cuando la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) de ese país permitió su venta en su mercado.

Además de autorizar su distribución, la FDA se encargó de dictar la descripción que acompaña al producto en su empaque con base en la información dispuesta por el fabricante de la píldora al momento de registrarla.

Así describe la FDA el mecanismo de acción de la píldora Plan B en su sitio oficial en Internet: “Plan B actúa primariamente al detener la salida del óvulo del ovario. Puede prevenir la unión de la esperma y el óvulo (fertilización). Si la fertilización ocurre, Plan B puede prevenir que un óvulo fertilizado se adhiera al útero (implantación). Si un óvulo fertilizado ha sido implantado antes de tomar Plan B, Plan B no funcionará”.

Entonces, la  FDA requiere desde 1999 que los empaques de las píldoras de levonorgestrel en Estados Unidos indiquen que puede impedir la implantación, a pesar de los criterios actualizados de la OMS que indican lo contrario.

La decisión de esa agencia estadounidense sobresale en los debates alrededor del aborto y la contraconcepción en Estados Unidos y en Latinoamérica, desde grupos y figuras políticas que consideran que impedir la implantación de un óvulo fecundado constituye un aborto.

Precisamente, el Eco Católico afirmó que “en países donde el aborto es legal, como en los Estados Unidos, sí se reconoce el efecto anidatorio o anti-implantatorio de dicho fármaco”.

Nota publicada por el Eco Católico el 7 de abril del 2019.

Sin embargo, hay varios “pero” en esa afirmación.

En el 2012, una investigación de New York Times revisó el proceso de aprobación que hizo la FDA para Plan B en 1999. El periódico estadounidense calificó la descripción propuesta por la FDA como “especulativa”, pues esta afirmó que la píldora “teóricamente podría prevenir el embarazo al interferir con un número de procesos fisiológicos”, donde se incluía la ovulación y la implantación en el útero.

El medio de comunicación indicó que revisó cientos de páginas del proceso llevado por la FDA para aprobar la píldora y no halló que la agencia discutiera evidencia sobre el efecto de implantación en aquel momento. Una especialista de la OMS en esa época añadió al Times que la investigación sobre la píldora en esos años estaba centrada en su eficacia más que en sus métodos de acción.

En el mismo artículo, una representante de la FDA reconoció a New York Times que “los datos emergentes sobre Plan B sugieren que no inhibe la implantación”. Los resultados de ese reportaje motivaron a los Institutos Nacionales de Salud (NIH), órgano gubernamental de investigación médica de ese país, a eliminar de su portal de Internet afirmaciones que relacionaran la píldora con efectos antimplantatorios.

Ante una consulta de Doble Check, esa agencia únicamente contestó que “la FDA revisa y evalúa la literatura científica y los datos proporcionados por los patrocinadores de fármacos o disponibles de otra manera. Si ese proceso fuera a proveer a la FDA con información adicional que garantice un cambio en el etiquetado para los anticonceptivos de emergencia de levonorgestrel, nosotros tomaremos acciones apropiadas en ese momento”.

Doble Check también entrevistó a una exfuncionaria de la FDA en materia de comunicación para comprender el proceso de aprobación de las píldoras de levonorgestrel en ese país.

Tomar una posición definitiva de cara a presiones sociales y con distintas perspectivas científicas de los datos existentes puede ser un reto para la mayoría de organizaciones”, reconoció la exvocera de la FDA, quien añadió que la agencia se enfrentó a “una considerable cantidad de información a considerar” sobre la píldora.

“La determinación regulatoria a la que llegó la FDA con el fabricante refleja la interpretación de la agencia de los datos en aquel momento y su entendimiento sobre cómo el producto trabajaba basado en esa información”, añadió la exfuncionaria de esa agencia bajo la condición de reserva de su nombre.

Otra posición expuesta por el gobierno de Estados Unidos

Otro hecho en contra de la afirmación de la Conferencia Episcopal y del Eco Católico es que la posición de la FDA sobre la píldora anticonceptiva de emergencia no es la única expuesta desde entidades gubernamentales de Estados Unidos.

El Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS por sus siglas en inglés), homólogo de un ministerio de salud pública de Estados Unidos, no incluye algún efecto en la implantación del óvulo fecundado en su descripción de los mecanismos de acción de ese medicamento.

“Investigaciones muestran que las píldoras anticonceptivas de emergencia trabajan mayormente al prevenir o retrasar la ovulación. Menos comúnmente, los anticonceptivos de emergencia pueden prevenir la fecundación si la ovulación ya ha sucedido”, resume la HHS.

La institución no incluye atribuciones sobre impedimentos en la implantación del óvulo fecundado en su descripción del método de acción de la píldora. Para dicha definición, la HHS adjunta dos investigaciones científicas, realizadas en 2013 y 2014, donde se descarta que el levonorgestrel impida la implantación del óvulo fecundado en el útero. Tales investigaciones analizan distintos estudios clínicos donde se evalúa el proceso de fecundación por medio de pruebas in vitro (en ambientes controlados) e in vivo (en organismos).

La HHS respondió a Doble Check, por medio de una representante, que su plataforma “provee información de salud confiable y actualizada a las mujeres”, y que trabajó junto con la FDA para la revisión de ese contenido y que también redirecciona a los usuarios hacia la información de esa agencia.

Nota del editor: Doble Check no usa fuentes anónimas para la verificación de informaciones. En este caso se usó una fuente on background debido a que la información provista por la exfuncionaria no pesó en la verficación o refutación del contradictorio. Su información se usó para la comprensión del modo de trabajo de una agencia extranjera como la FDA.