Diputada propone limitar aborto impune con argumento falso e incompleto

En resumen: La diputada independiente del bloque Nueva República, Ivonne Acuña, propone eliminar la posibilidad del aborto en casos de riesgo para la salud de la madre, pues alega que la salud es un «concepto jurídico indeterminado». Eso es falso.

Acuña impulsa un proyecto de ley para que la interrupción del embarazo se permita únicamente para evitar un peligro a la vida de la madre. El Código Penal permite actualmente el aborto cuando peligren tanto la vida como la salud de la mujer y cuando ese método no hubiera podido ser evitado por otros medios.

La legisladora también argumenta que «la protección de la salud forma parte intrínseca del derecho de la vida». Agrega que esa protección ha sido reconocida por la Sala Constitucional. Esa afirmación está incompleta.

La Sala Constitucional sí ha reconocido que el derecho a la salud se deriva del derecho a la vida. Sin embargo, la legisladora omite que el tribunal también considera la salud como un derecho autónomo y con su propio contenido esencial.

Además, el derecho a la salud en Costa Rica es un concepto plenamente definido. Así se desprende tanto de votos vinculantes de la Sala como del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, al que Costa Rica está suscrito.

En resumen: La diputada independiente del bloque Nueva República, Ivonne Acuña, propone eliminar la posibilidad del aborto en casos de riesgo para la salud de la madre, pues alega que la salud es un «concepto jurídico indeterminado». Eso es falso.

Acuña impulsa un proyecto de ley para que la interrupción del embarazo se permita únicamente para evitar un peligro a la vida de la madre. El Código Penal permite actualmente el aborto cuando peligren tanto la vida como la salud de la mujer y cuando ese método no hubiera podido ser evitado por otros medios.

La legisladora también argumenta que «la protección de la salud forma parte intrínseca del derecho de la vida». Agrega que esa protección ha sido reconocida por la Sala Constitucional. Esa afirmación está incompleta.

La Sala Constitucional sí ha reconocido que el derecho a la salud se ha derivado del derecho a la vida. Sin embargo, la legisladora omite que el tribunal también considera la salud como un derecho autónomo y con su propio contenido esencial.

Además, el derecho a la salud en Costa Rica es un concepto plenamente definido. Así se desprende tanto de votos vinculantes de la Sala como del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, al que Costa Rica está suscrito y que la Sala emplea como base para su jurisprudencia.

¿Cuándo se permite el aborto en la ley?

En Costa Rica, el Código Penal de 1970 estableció la figura del aborto impune en su artículo 121:

 

«No es punible el aborto practicado con consentimiento de la mujer por un médico o por una obstétrica autorizada, cuando no hubiere sido posible la intervención del primero, si se ha hecho con el fin de evitar un peligro para la vida o la salud de la madre y éste no ha podido ser evitado por otros medios».

Lo que dice Ivonne Acuña y su proyecto de ley

El pasado 21 de octubre, la diputada independiente Ivonne Acuña presentó, junto a otros legisladores, el proyecto de ley N.º 21.661 para eliminar de la excepción de impunidad del aborto el peligro para la salud de la mujer.

Según la propuesta, el artículo se limitaría así: «No es punible el aborto practicado por un médico con el consentimiento de la mujer, si se ha hecho con el fin de evitar un peligro grave e inminente para la vida de la madre y este peligro no ha podido ser evitado por otros medios.»

La legisladora afirmó en su perfil de Facebook que «el proyecto tiene la intención de suprimir los conceptos jurídicos indeterminados, por ejemplo de la definición del concepto de la salud». El texto de la iniciativa señala que «el legislador tiene ante la ciudadanía el deber de suprimir los conceptos jurídicos imprecisos».

En un artículo de Noticias Monumental, Acuña justificó que «sacamos el término ‘salud’ bajo el entendido de que la Sala Constitucional ha sido reiterada en decir que la protección de la salud forma parte intrínseca del derecho de la vida. Es decir, al decir que cuando la vida de la mujer peligre, se entiende que es su salud».

De manera similar, el texto del proyecto de ley indica que «nuestra jurisprudencia constitucional ha reconocido la relevancia del derecho a la salud, como parte esencial del derecho a la vida».

Argumento falso e incompleto

Es cierto que la Sala Constitucional ha reconocido que el derecho a la salud se origina del derecho a la vida. Sin embargo, la diputada Acuña omite que ese tribunal advierte que la salud es un derecho autónomo y esencial en sí mismo. Acuña también omite que la Sala Constitucional ha definido el derecho a la salud en su jurisprudencia con base en tratados internacionales suscritos por Costa Rica.

Una de las referencias más recientes es la resolución Nº 05560 – 2019, de marzo pasado, donde se ordenó a la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS) la creación de un sistema de gestión integrado para solventar problemas en las listas de espera.

En los argumentos de esa resolución, el tribunal subraya que «esta Sala Constitucional en múltiples sentencias ha desarrollado el derecho a la salud», y da referencia a distintas sentencias del año 2011 al 2019. La resolución cita textualmente la definición que ha desarrollado en esa jurisprudencia:

«Si bien es cierto que el derecho a la salud ha sido derivado del derecho a la vida y a un ambiente saludable y ecológicamente equilibrado por su interrelación con esos derechos, no podemos dejar de lado que este derecho fundamental es un derecho autónomo y con su propio contenido esencial«, reiteró la Sala en marzo pasado.

El tribunal constitucional basa principalmente su definición sobre el derecho a la salud en el artículo 12 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, firmado en la Asamblea General de la Organización de Naciones Unidas (ONU) en 1976, y donde Costa Rica es firmante.

«En efecto, en dicho instrumento internacional de derechos humanos se establece claramente el derecho de toda persona al disfrutar del más alto nivel posible de salud física y mental, por lo que el Estado y sus instituciones tienen el deber de asegurar la plena efectividad de ese derecho a través de una serie de acciones positivas y del ejercicio de las potestades de regulación, fiscalización y de policía sanitaria», afirma la resolución de la Sala.

De esa manera, la Sala Constitucional advierte que dicho deber significa «la  prevención y el tratamiento efectivo de enfermedades, así como la creación de condiciones que aseguren a todos la asistencia médica y servicios médicos de calidad en caso de enfermedad». Dicho tribunal añade que el derecho a la salud comprende «la disponibilidad de servicios y programas de salud en cantidad suficiente para los usuarios de estos servicios y destinatarios de estos programas».

La Sala Constitucional también recalca que la garantía de accesibilidad a los servicios y programas de salud es parte de ese derecho. Según ese tribunal, la accesibilidad tiene cuatro dimensiones: la no discriminación en el acceso a los servicios de salud, la accesibilidad física, la accesibilidad económica y la accesibilidad a la información.

Como parte del concepto del derecho a la salud, la Sala reconoce que los servicios de salud pública deben ser «respetuosos con la ética médica, culturalmente apropiados, dirigidos a la mejora de la salud de los pacientes, confidenciales» y la calidad de la base científica y médica de los servicios.

La coordinadora de la Maestría de Ciencias Penales de la Universidad de Costa Rica (UCR), Rosaura Chinchilla, aclaró a Doble Check que «en términos generales, si existe una normativa en un tratado, [la salud] deja de ser un concepto jurídico indeterminado porque el contenido lo llena el tratado». Además, Chinchilla recalcó que una definición dada por la Sala Constitucional en su jurisprudencia es vinculante, según el artículo 13 de la Ley de Jurisdicción Constitucional.

Este viernes, Doble Check informó de estos hallazgos a la diputada Ivonne Acuña y solicitó su reacción. Sin embargo, no se obtuvo respuesta oportunamente.

 

 

 

 

 

Reincidencia entre reos con tobilleras electrónicas no es del 20,5%

Un artículo y un editorial de La Nación toman como base un informe del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) para afirmar que el 20,5% de los portadores de tobilleras electrónicas volvieron a delinquir. La aseveración no es correcta.

El informe del OIJ se refiere a la cantidad de personas que fueron reportadas como presuntas responsables de hechos delictivos en “pasadas policiales”. La cifra no se refiere a personas de culpabilidad demostrada por cometer nuevos delitos. El mismo Organismo confirmó a Doble Check que el dato no puede usarse como parámetro de reincidencia.

El dato de reincidencia disponible por el Ministerio de Justicia es diez veces menor (2,1%). A diferencia del OIJ, el Ministerio calcula la reincidencia como la cantidad de revocatorias de la tobillera electrónica ordenadas por un juez. Esta revocatoria se da después de que se hubiera comprobado que las personas con tobillera hubieran cometido un nuevo delito.

Los datos del OIJ y del Ministerio son muy distintos en naturaleza y en alcance. Por ello no son comparables. El Ministerio tiene disponibles los datos de revocatorias por la comisión de nuevos delitos solo para los primeros ocho meses del 2019. El informe del OIJ contempla las «pasadas policiales» entre el 27 de febrero del 2017 y el 18 de julio del 2019.

¿Cuál dato es el más preciso? A la fecha, Doble Check espera los datos concretos del Poder Judicial que permitan asegurar cuántas personas figuran como presuntos responsables tras una pasada, cuántos de ellos tienen una causa abierta, por cuáles delitos y si ya han sido declaradas culpables o no. Doble Check también consultó si el supuesto delito fue cometido mientras las personas se encontraban bajo la modalidad de una tobillera electrónica.  La institución, de momento, no aporta esos datos.

En resumen: Un artículo y un editorial de La Nación toman como base un informe del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) para afirmar que el 20,5% de los portadores de tobilleras electrónicas volvieron a delinquir. La aseveración no es correcta.

El informe del OIJ se refiere a la cantidad de personas que fueron reportadas como presuntas responsables de hechos delictivos en “pasadas policiales”. La cifra no se refiere a personas de culpabilidad demostrada por cometer nuevos delitos. El mismo Organismo confirmó a Doble Check que el dato no puede usarse como parámetro de reincidencia.

El dato de reincidencia disponible por el Ministerio de Justicia es diez veces menor (2,1%). A diferencia del OIJ, el Ministerio calcula la reincidencia como la cantidad de revocatorias de la tobillera electrónica ordenadas por un juez. Esta revocatoria se da después de que se hubiera comprobado que las personas con tobillera hubieran cometido un nuevo delito.

Los datos del OIJ y del Ministerio son muy distintos en naturaleza y en alcance. Por ello no son comparables. El Ministerio tiene disponibles los datos de revocatorias por la comisión de nuevos delitos solo para los primeros ocho meses del 2019. El informe del OIJ contempla las «pasadas policiales» entre el 27 de febrero del 2017 y el 18 de julio del 2019.

¿Cuál dato es el más preciso? A la fecha, Doble Check espera los datos concretos del Poder Judicial que permitan asegurar cuántas personas figuran como presuntos responsables tras una pasada, cuántos de ellos tienen una causa abierta, por cuáles delitos y si ya han sido declaradas culpables o no. Doble Check también consultó si el supuesto delito fue cometido mientras las personas se encontraban bajo la modalidad de una tobillera electrónica.  La institución, de momento, no aporta esos datos.

El informe del OIJ

La Nación basa sus informaciones en un informe de la Unidad de Análisis Criminal dirigido a Fiscalía General. El informe no había sido dado a conocer a los periodistas y, según el OIJ, no se trataba de “un reporte cuyo público meta fuera la ciudadanía”.

Doble Check solicitó este informe pero el Organismo rehusó compartirlo. «Como es un documento que puede desencadenar una investigación, no nos podemos referir sobre el mismo», afirmó su oficina de prensa. La institución accedió posteriormente a responder nuestras consultas, pero sin remitir el informe.

La información del OIJ cruza las listas del Ministerio de Justicia de personas con tobilleras electrónicas con las listas del Organismo de “pasadas policiales”. Una “pasada policial” se refiere a casos en los que una persona es detenida. Sin embargo, este evento no implica la culpabilidad del sujeto detenido.

 

«El reporte de OIJ no se refiere o utiliza el término ‘reincidencia’ que tiene una connotación particular y diferente al reporte de causas abiertas durante periodo de portación de sistemas de control electrónico», indicó el OIJ.

El Ministerio de Justicia también considera inadecuado emplear el dato del OIJ como parámetro de reincidencia. Según el Ministerio, el contar con una tobillera electrónica visible podría ser un motivo de sospecha y detención por parte de la Policía, incluso si no hay delito de por medio.

“Consideramos como «reincidencia» las revocatorias del mecanismo en razón de una nueva causa penal; esto es muy distinto a las «pasadas» que reporta el OIJ, puesto que una pasada no significa la apertura de una nueva causa judicial ni mucho menos una condena. En vista del principio de inocencia, únicamente podemos considerar como «reincidentes» a quienes cometan un nuevo delito y se les revoque la medida en razón de ello”, expresó a través de su oficina de prensa.

¿Qué publicó La Nación?

El diario La Nación dedicó una nota informativa al tema, así como un editorial. En la pieza de opinión declara la importancia de esa medida sustitutiva, pero denuncia su mala implementación. La cifra de personas que habrían vuelto a delinquir «es demasiado alta», dice el diario.

El artículo informativo reporta que, según el informe filtrado, 479 de 2.334 personas registraron pasadas entre el 2017 y el 18 de julio de 2019. El medio indica que 114 de esas personas registran entre dos y ocho pasadas policiales, y 238 de los casos se refieren a robo agravado.

La Nación usó en sus informaciones términos como «volvieron a delinquir» y «reincidió». Doble Check se puso en contacto con la autora de la nota, Eillyn Jiménez, para consultarle sobre el uso de estos términos.

«Según el diccionario de la Real Academia Española (RAE), la reincidencia es la «reiteración de una misma culpa o defecto» o «circunstancia agravante de la responsabilidad criminal, que consiste en haber sido el reo condenado antes por un delito análogo al que se le imputa», respondió.

En su nota, La Nación sí reconoce la diferencia entre los números aportados por el OIJ y por el Ministerio de Justicia. El medio expresó que quiso comparar ambas cifras para períodos idénticos y que para ello solicitó la información al Ministerio. Sin embargo, el medio explicó que no la obtuvo oportunamente.

«El dato contemplado en el informe del OIJ dista del brindado por la ministra de Justicia, Marcia González, ante los diputados de la Comisión de Seguridad y Narcotráfico; sin embargo, esto obedece a que ella utilizó solo los datos de este 2019», afirma La Nación.

La explicación del medio sobre la disparidad en las cifras solamente atiende a uno de los motivos de la diferencia: las fechas. El otro, más determinante aún, es el que ya se ha dicho: que los datos tienen naturalezas muy distintas. El del OIJ se refiere a pasadas policiales por la presunta comisión de delitos y el del Ministerio se refiere a la revocación del beneficio por delitos comprobados.

Los datos del Ministerio de Justicia

El Ministerio de Justicia realiza un cálculo distinto y sus datos solo agrupan los registros desde enero hasta agosto del 2019. El reporte concluye que “la reincidencia en esta modalidad llega apenas a un 2,1%”.

“Las revocatorias por nueva causa durante el 2019 corresponden a 37 personas de 1746 personas que en algún momento estuvieron bajo la modalidad de monitoreo electrónico”.

Justicia aporta también este cuadro:

Mes Nueva causa penal

Enero           2

Febrero           6

Marzo           6

Abril           2

Mayo           4

Junio           3

Julio           5

Agosto           9

Según la cartera, la información se calcula a partir de la cantidad de revocatorias de la tobillera electrónica ordenadas por un juez, después de que las personas cometieran un nuevo delito.

¿Cuáles datos son más precisos?

La información disponible no nos permite acercarnos a los datos más precisos. No existe el detalle de información suficiente (o, al menos, no contamos con él) para poder realizar aseveraciones sobre la reincidencia en casos de personas con monitoreo electrónico con base en el informe del OIJ.

Consultamos al OIJ cuáles de las personas que habían sido detenidas en una «pasada» habían sido declaradas culpables. El Organismo dijo no contar con esa información, y alegó que ese no era el motivo del reporte.

Doble Check solicitó al Organismo el desglose de los casos de pasadas, las fechas en que se realizó la pasada, la fecha en que iniciaba y finalizaba el monitoreo electrónico. También se le consultó si a la persona se le abrió un nuevo expediente en sede penal, el tipo de delito y el estado del expediente a la fecha.

Doble Check además consultó si el Organismo entregó sus números usando el número de nuevas causas o el número de personas (una misma persona puede estar involucrada en varias causas). La solicitud deja explícito que no se solicitan identificaciones ni nombres de las personas en cuestión.

Toda la información se refiere al periodo entre el 27 de febrero de 2017 y el 18 de julio pasado. Haremos una actualización en cuanto recibamos la información.

Escuela de Estadística de la UCR no hizo ni hará encuesta sobre elecciones municipales

En resumen: Es falso que la Escuela de Estadística de la Universidad de Costa Rica (UCR) hubiera realizado encuestas sobre la intención de voto para las elecciones municipales del 2020. Entre este martes y miércoles, un perfil en Facebook que se identifica como un medio de comunicación y noticias de Jacó publicó información falsa atribuida a esa […]

En resumen: Es falso que la Escuela de Estadística de la Universidad de Costa Rica (UCR) hubiera realizado encuestas sobre la intención de voto para las elecciones municipales del 2020.

Entre este martes y miércoles, un perfil en Facebook que se identifica como un medio de comunicación y noticias de Jacó publicó información falsa atribuida a esa escuela universitaria. La publicación afirma que el candidato del Partido Liberación Nacional (PLN) y actual alcalde del cantón de Garabito de Puntarenas, Tobías Murillo, encabeza una encuesta en ese cantón.

Inicialmente, la página difundió que el margen de apoyo al candidato liberacionista es de 85,2% de los votantes. Esa publicación fue borrada y, al día siguiente, el supuesto medio afirmó que el apoyo a ese postulante es de 45%.

El director de la Escuela de Estadística de la UCR, Johnny Madrigal, desmintió las publicaciones. Madrigal aseguró que ese centro de estudios no ha realizado encuestas sobre las elecciones municipales de febrero 2020, y que tampoco tienen prevista alguna investigación de ese tipo para los próximos meses.

Datos sin sentido

El perfil en Facebook que divulgó la información falsa se identifica como un medio de comunicación y noticias de Jacó. Tiene más de 15.000 seguidores. La página publicó que el candidato del Partido Liberación Nacional (PLN) y actual alcalde de Garabito de Puntarenas, Tobías Murillo, encabeza la intención de voto cantonal. Dicho perfil atribuye esa conclusión a una encuesta de la Escuela de Estadística de la UCR.

Publicación difundida el martes 22 de octubre sobre una supuesta encuesta de la UCR.

El pasado martes, el perfil difundió que el porcentaje de apoyo al candidato del PLN era de 85,2%. A Murillo supuestamente lo seguía en preferencia Víctor Ríos, quien es identificado como aspirante del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), con un margen de 78,6%. En el tercer lugar se ubica al candidato del Partido Integración Nacional (PIN), con 76% de la intención de voto. Esos resultados no tienen sentido, pues suman un porcentaje de 239% de población total.

La publicación inicial fue borrada y sustituida el miércoles con resultados distintos. Ahora, el perfil calcula la intención de voto para esos candidatos en 45,5%, 35% y 19,5% respectivamente. Tales datos son atribuidos nuevamente a la Escuela de Estadística de la UCR.

Los resultados de la supuesta encuesta fueron modificados drásticamente el miércoles 23 de octubre.

Ninguna de esas cifras tiene relación con esa unidad académica, confirmó a Doble Check su director, Johnny Madrigal. «No he participado por la Escuela en esa encuesta y no es cierto que fue realizada por la Escuela de Estadística», aseguró.

Madrigal añadió que, actualmente, la Escuela no tiene prevista alguna investigación sobre intención de voto en Garabito de Puntarenas ni en ningún otro cantón para las elecciones municipales del 2020.

Doble Check compartió la explicación de Madrigal con el perfil que publicó los resultados de la supuesta encuesta, pero no se obtuvo respuesta oportunamente.

Esta verificación es una consulta de nuestros lectores de Garabito de Puntarenas. Puede enviarnos sus dudas si alguna publicación sobre la campaña municipal de su cantón le generara desconfianza. Escríbanos a Facebook, Twitter y nuestra plataforma de La Tía de Whatsapp (8521-8137).

 

Propuesta de decreto motivó desinformación sobre futuro de recetas médicas

En resumen: Es falso que el Ministerio de Salud pretenda exigir la presentación de una receta para la compra de cualquier tipo de medicamento. El rumor nace de un borrador de decreto que fue propuesto por el Ministerio de Salud. El texto es confuso y contradictorio. Ello provocó desinformación sobre el requisito de una receta […]

En resumen: Es falso que el Ministerio de Salud pretenda exigir la presentación de una receta para la compra de cualquier tipo de medicamento. El rumor nace de un borrador de decreto que fue propuesto por el Ministerio de Salud. El texto es confuso y contradictorio. Ello provocó desinformación sobre el requisito de una receta digital.

El cambio sí pretende obligar el uso de receta digital, pero solo para antimicrobianos. La obligación ya está vigente para el caso de estupefacientes desde hace tres años.

Las recetas digitales (que se usarán para la venta de antimicrobianos) tendrán un costo aproximado de $0,6 para el médico y la farmacia. El Ministerio pretende que el servicio sea gratuito para la Caja Costarricense de Seguro Social (CCCSS).

El decreto (que se encuentra en fase de consulta pública) no dejaba claro ninguno de esos puntos. Los rumores, divulgados en redes sociales a partir de páginas como «No más abuso al pueblo» o del comunicador René Barboza, sugirieron que los costarricenses tendrían que visitar continuamente al médico para comprar medicamentos. También afirmaban que la Caja asumiría los costos de las nuevas recetas. Eso es falso.

El jerarca de salud, Daniel Salas, concedió el error en la precisión del borrador del decreto. El jerarca aseguró a Doble Check que hará las correcciones necesarias. Un acuerdo con el Colegio de Farmacéuticos firmado el 9 de octubre con el Ministerio de Salud indica que el texto en consulta se retirará, y se trabajará en una nueva versión.

Lo que pretende el ministerio

Desde hace casi tres años, cualquier médico que desee recetar psicotrópicos y estupefacientes debe hacerlo a través de una receta electrónica. Esa medida es una de las estrategias que el gobierno implementa para evitar el consumo ilegal de drogas. Así, el paciente recibe un código ligado a su identificación con el que puede retirar sus medicamentos.

Según Daniel Salas, jerarca de la cartera de Salud, el gobierno quiere hacer lo mismo con los antimicrobianos. Eso permitirá controlar si un médico receta antimicrobianos como primera medida de tratamiento cuando debería usarlo como último recurso. La medida no incluye otro tipo de medicamentos como el salbutamol, la Enantyum o los anticonceptivos: únicamente los antimicrobianos. 

«Lo que buscamos, desde un inicio, es proteger la salud pública. Nos estamos quedando progresivamente sin herramientas de combate contra bacterias, virus y hongos. Ya la OMS ha dicho que, en el 2050, si no nos ocupamos de este tema, vamos a tener como primera causa de muerte en el mundo enfermedades e infecciones resistentes a cualquier tipo de antibiótico», dijo.

«Ha habido un uso irresponsable y una falta de continuidad en los tratamientos. Eso es lo que queremos controlar con receta digital», agregó.

Según Salas, la estrategia procuraría extenderse también a productos veterinarios antimicrobianos. A diferencia de los psicotrópicos y estupefacientes, el gobierno se comprometió a no establecer controles de inventario de antimicrobianos.

«Incluso vamos a tener una aplicación disponible para la población, para que, una vez que se prescriba la receta, el paciente reciba notificaciones sobre cuándo debe usar el medicamento. Usted recibe un código, e incluso podrá tener su historial de recetas. Para otros medicamentos no va a ser obligatorio, pero sí va a estar disponible voluntariamente para comodidad del paciente», agregó.

Sí es cierto que las recetas digitales tendrán un costo. Se calcula que el mantenimiento del sistema, administrado por Racsa, tendrá un costo total de $0,6. El monto será cubierto por la farmacia y el médico en partes iguales. Salas dijo que el Ministerio pretende que el sistema sea gratuito para la Caja Costarricense de Seguro Social.

Vacíos legales

¿Por qué el borrador propuesto por el Ministerio de Salud era contradictorio y confuso?

El texto (puede descargarlo aquíno dejaba claro que la propuesta del gobierno se limitaba a antimicrobianos. Tampoco indicaba que la Caja estaría exenta del costo de las recetas digitales.

«Realmente la propuesta es muy confusa. Primero habla de antimicrobianos, luego un listado específico y, ¡claro!, la población entró en un frenesí. Inclusive nosotros nos preocupamos por el acceso (a medicamentos). Nosotros hemos sido vehementes en defender el acceso a los medicamentos», dijo José Gatgens, presidente del Colegio de Farmacéuticos.

La legislación costarricense tiene graves vacíos legales con respecto a este tema. La doctora en farmacia Milania Rocha, del Centro Nacional de Información de Medicamentos (CIMED), explicó que internacionalmente suelen existir tres tipos de figuras legales para medicamentos:

  • OTC (over de counter), o también llamados «de venta libre». Se trata de una lista pequeña de medicamentos definida por el gobierno que son de venta libre y que pueden comprarse en pulperías o supermercados. 
  • BTC (behind the counter): que son objeto de recomendación farmacéutica y no son de venta libre. Solo se venden en una farmacia aunque sin receta médica.
  • Prescription drugs: es decir, los medicamentos que sí requieren receta.

En Costa Rica, sin embargo, no existe lista ni figura legal de BTC. Solo existen los OTC y las medicinas que requieren receta. Eso provoca que haya un vacío legal en la regulación de la venta de cualquier medicamento que no sea OTC (como el salbutamol o algunos antiparasitarios, antifúngicos, antialérgicos o antiespasmódicos, que —en otros países— serían catalogados usualmente como BTC). En la práctica, el farmacéutico es el que decide si su venta requiere o no receta, salvo casos excepcionales, como los antimicrobianos. 

«Nosotros como farmacéuticos estudiamos 5 o 6 años este tema. Por eso somos el profesional instruído para eso. Es una tradición de servicio a la comunicad por casi nueve décadas», dijo Gatgens.

La ausencia de una lista oficial de medicamentos BTC provocó que, cuando el Ejecutivo propuso establecer la receta digital obligatoria para medicamentos que no fueran de venta libre, el gremio de farmacéuticos se preocupara sobre el tema. La gran mayoría de medicamentos que se venden en farmacias no son de venta libre por ley, aunque en la práctica la mayoría se vendan sin receta. 

El Colegio de Farmacéuticos se reunió con el Ministerio de Salud el 9 de octubre del 2019. Ambas entidades acordaron que el decreto en consulta de receta digital se retiraría y que se trabajaría en un nuevo texto. También establecieron que la receta digital quedará obligatoria solo para antimicrobianos. «Para otros productos se podrá usar, si el prescriptor así lo desea».

Nota del editor: Esta nota fue actualizada a las 15:20 horas para dar mejor precisión a la entrada del artículo, de modo que se aclarara que la venta de estupefacientes ya está regulada mediante la receta electrónica desde hace tres años. Además, aclaramos que la receta electrónica estará disponible para todo tipo de medicamentos, aunque solo será obligatoria en el caso de los antimicrobianos y los estupefacientes. Por último, cambiamos el término ‘antibióticos’ por el término más preciso de ‘antimicrobianos’.

Orden presidencial no causó baja de 10% en tarifas eléctricas del ICE

En resumen: Es falso que una petición presidencial hubiera provocado un rebajo en las tarifas de electricidad del Instituto Costarricense de Electricidad. La disminución tarifaria que anunció la institución la semana pasada por un 10% proviene mayoritariamente de una orden de Aresep y, minoritariamente , por una disminución en el uso de combustibles fósiles para generar energía. Casa Presidencial no aportó pruebas de que la petición del presidente Carlos Alvarado tuviera relación con el rebajo.

El presidente de la República anunció que había pedido al ICE, el 1.º de septiembre, la presentación de una «ruta para bajar tarifas». «Eso ya se materializó con la reducción para abonados del ICE en un 10% promedio», afirmó el presidente en Twitter. Las causas de esa disminución se habían establecido desde antes de la solicitud del mandatario.

Ante consultas de Doble Check, Casa Presidencial y el ICE reconocieron que ese rebajo de 10% se debe a dos razones. La primera parte de la reducción en las tarifas del servicio de electricidad será de 2,8% y regirá a partir de octubre de este año. La rebaja está atribuida a la caída del consumo de respaldo térmico porque «el ICE recurrió menos de lo proyectado a sus plantas de búnker o diésel para satisfacer la demanda del país».

Casa Presidencial no ha facilitado la proyección inicial que tenía el ICE sobre la generación eléctrica por combustibles o la fecha en que esa expectativa cambió.

El segundo tracto de la rebaja anunciada es de 7,4% y comenzará  el 1.º de enero del 2020. El origen de ese margen había sido establecido por la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (Aresep) desde el pasado 22 de marzo, debido al vencimiento del pliego tarifario del 2017.

Casa Presidencial y el ICE omitieron en su anuncio que, en esa misma resolución del 22 de marzo, Aresep había aprobado que las tarifas eléctricas del 2021 aumentarán 3,5% a causa de un nuevo pliego tarifario. Así, la disminución de 7,4% que anunció el gobierno solo aplicará para el año 2020.

En resumen: Es falso que una petición presidencial hubiera provocado un rebajo en las tarifas de electricidad del Instituto Costarricense de Electricidad. La disminución tarifaria que anunció la institución la semana pasada por un 10% proviene mayoritariamente de una orden de Aresep y, minoritariamente , por una disminución en el uso de combustibles fósiles para generar energía. Casa Presidencial no aportó pruebas de que la petición del presidente Carlos Alvarado tuviera relación con el rebajo.

El presidente de la República anunció que había pedido al ICE, el 1.º de septiembre, la presentación de una «ruta para bajar tarifas». «Eso ya se materializó con la reducción para abonados del ICE en un 10% promedio», afirmó el presidente en Twitter. Las causas de esa disminución se habían establecido desde antes de la solicitud del mandatario.

Ante consultas de Doble Check, Casa Presidencial y el ICE reconocieron que ese rebajo de 10% se debe a dos razones. La primera parte de la reducción en las tarifas del servicio de electricidad será de 2,8% y regirá a partir de octubre de este año. La rebaja está atribuida a la caída del consumo de respaldo térmico porque «el ICE recurrió menos de lo proyectado a sus plantas de búnker o diésel para satisfacer la demanda del país».

Casa Presidencial no ha facilitado la proyección inicial que tenía el ICE sobre la generación eléctrica por combustibles o la fecha en que esa expectativa cambió.

El segundo tracto de la rebaja anunciada es de 7,4% y comenzará  el 1.º de enero del 2020. El origen de ese margen había sido establecido por la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (Aresep) desde el pasado 22 de marzo, debido al vencimiento del pliego tarifario del 2017.

Casa Presidencial y el ICE omitieron en su anuncio que, en esa misma resolución del 22 de marzo, Aresep había aprobado que las tarifas eléctricas del 2021 aumentarán 3,5% a causa de un nuevo pliego tarifario. Así, la disminución de 7,4% que anunció el gobierno solo aplicará para el año 2020.

¿Qué dijo Carlos Alvarado?

El presidente de la República, Carlos Alvarado, anunció en redes sociales el pasado 1.º de octubre que las tarifas por el servicio de electricidad del ICE disminuirán 10% gracias a una petición que él hizo a esa institución.

«El 1 de setiembre en cadena pedí al ICE presentar su ruta para bajar tarifas. Eso ya se materializó con la reducción para abonados del ICE en un 10% promedio», dijo el mandatario en su perfil de Twitter.

El día siguiente, Casa Presidencial y el ICE difundieron un comunicado de prensa donde se atribuye tal disminución a la suma de dos razones: una caída en el uso de combustibles para cubrir la demanda eléctrica del país (2,8%) y la liquidación del pliego tarifario del 2017 (7,4%). El gobierno señaló que el rebajo se implementará entre octubre de este año y enero del 2020.

Sin embargo, no es posible afirmar que esas medidas tengan relación con una solicitud que hubiera hecho Carlos Alvarado en septiembre. En la cadena nacional a la que el mandatario hace referencia, él únicamente afirma que «el ICE presentará este año su plan para reducir el costo de la energía». En el mensaje no hace ninguna referencia a una petición personal.

¿De dónde viene la rebaja de 2,8%?

El gobierno anunció que la primera parte de la reducción es de 2,8% y se debe a la caída del uso de combustibles fósiles para la generación de electricidad. El cambio regirá a partir del 1.º de octubre de este año, y se verá reflejado en las tarifas eléctricas en el rubro de Costo Variable del Combustible (CVC).

«Como resultado de la optimización constante de la matriz de generación eléctrica, el ICE recurrió menos de lo proyectado a sus plantas de búnker o diésel para satisfacer la demanda del país», destacaron Casa Presidencial y el ICE en sus comunicados.

Doble Check solicitó la proyección original que tenía el ICE sobre el uso de combustibles para cubrir su demanda y el periodo cubierto en la estimación, con el fin de evaluar la relación entre la petición del presidente Carlos Alvarado y dicha medida. Este lunes, Casa Presidencial solo contestó que «se está solicitando la información respectiva».

«El Mercado Eléctrico Regional (MER) ha permitido optimizar el intercambio de electricidad del país con la región. Esto ha llevado a una administración más eficiente de los recursos de la matriz eléctrica nacional, reduciendo el consumo del respaldo térmico en la época seca, particularmente en un año de condiciones de sequía como el presente», justificó Casa Presidencial.

¿A qué se debe la disminución de 7,4%?

La segunda porción de la rebaja en las tarifas del ICE que anunció el gobierno se basa en la liquidación del pliego tarifario del 2017.

«El segundo de los tractos se aplicará a partir del 1 de enero de 2020. Corresponde a la liquidación del pliego tarifario de 2017, que concluirá el próximo 31 de diciembre. Este porcentaje de rebaja es de 7,4%», divulgó el gobierno la semana pasada.

Tal disminución ya había sido establecida por medio de procesos de solicitud de ajuste tarifario entre el ICE y la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (Aresep) meses antes de que el presidente de la República hiciera su anuncio.

El 3 de diciembre del 2018, la Aresep resolvió una petición del ICE para ajustar sus tarifas de distribución de energía eléctrica del 1.º de enero al 31 de diciembre del 2019. La petición correspondía a la liquidación tarifaria del 2017. El ICE pidió un aumento de casi 13% en el rubro, aunque la autoridad reguladora solo aprobó un cambio de 7,9%.

Días después, el ICE solicitó un aumento adicional de casi 10% en sus tarifas de distribución para el periodo del 1.º de abril del 2019 hasta el 31 de diciembre del 2020. La Aresep aprobó un aumento de solo 4,82% para dicho periodo. Así quedó registrado en la resolución RE-0026-IE-2019.

En la resolución consta que las tarifas para el 2020 son hasta 7,4% menores que los cargos vigentes en el presente año. Esa diferencia se debe al vencimiento del pliego tarifario del 2017. De allí proviene la disminución promocionada por el gobierno recientemente.

El gobierno y el ICE omitieron en sus anuncios que ese mismo pronunciamiento de Aresep estableció un aumento de 3,54% para las tarifas de electricidad a partir del 1.º de enero del 2021 por el ajuste de un nuevo pliego tarifario. De esa manera, el rebajo de 7,4% que promociona el gobierno solo aplicará para los cobros del año 2020.

Ajustes aprobados por Aresep en marzo pasado sobre las tarifas de distribución de electricidad del ICE del 1.º de abril del 2019 hasta el 2021. (Fuente: Aresep).

Casa Presidencial no aportó evidencia de que la petición de septiembre del presidente de la República hubiera ocasionado el rebajo de 10% en las tarifas eléctricas del ICE para el 2020 y lo que resta de este año.

«A la fecha, el ICE trabaja en la contención del gasto, la limitación de inversiones y la renegociación de deudas y de contratos de compra a los generadores privados. El resultado de estos esfuerzos, junto al vencimiento de fideicomisos para construcción de infraestructura, se verá reflejado en la solicitud ordinaria que se presentará en el segundo semestre de 2020», respondió únicamente Casa Presidencial.