Diputados gastaron casi ₡415 millones en gasolina durante este período legislativo

En resumen: La enorme mayoría de los legisladores han aprovechado más de la mitad de la gasolina que la Asamblea Legislativa pone a su disposición cada mes.  Este gasto ha representado unos ₡415 millones para la Asamblea Legislativa desde mayo de 2018 hasta octubre del 2020.

Solo dos diputados se han abstenido de usar la gasolina que sus compañeros han usado a discresión. Se trata de los diputados Wagner Jiménez (del Partido Liberación Nacional) y Carolina Hidalgo (del Partido Acción Ciudadana), que reportan un gasto de cero colones por ese concepto.

En el extremo opuesto están Dragos Dolanescu (independiente) y Xiomara Rodríguez (Restauración Nacional), quienes han gastado unos ₡9,5 millones desde mayo del 2018. Ambos encabezan la lista, pero la tendencia generalizada en la Asamblea apunta hacia el aprovechamiento del recurso. Otros trece legisladores superan los 9 millones.

Las personas que ocupan una diputación tienen derecho a un promedio mensual de unos ₡250.000 para gasolina de uso discresional. El monto representa el pago de 500 litros de combustible.

Este artículo es un complemento a la verificación «Beneficio de gasolina para diputados tiene los menores controles entre supremos jerarcas«. Esa publicación compila los lineamientos para el uso de gasolina y vehículos en el Estado costarricense.

En resumen: La enorme mayoría de los legisladores han aprovechado más de la mitad de la gasolina que la Asamblea Legislativa pone a su disposición cada mes.  Este gasto ha representado unos ₡415 millones para desde mayo del 2018 hasta octubre del 2020.

Solo dos diputados se han abstenido de usar la gasolina que sus compañeros han usado a discresión. Se trata de los diputados Wagner Jiménez (del Partido Liberación Nacional) y Carolina Hidalgo (del Partido Acción Ciudadana). Ambos reportan un gasto de cero colones por ese concepto.

En el extremo opuesto están Dragos Dolanescu (independiente) y Xiomara Rodríguez (Restauración Nacional). Ellos han gastado unos ₡9,5 millones desde mayo del 2018. El diputado y la diputada encabezan la lista, pero la tendencia generalizada apunta hacia el aprovechamiento del recurso. Otros trece legisladores superan los 9 millones.

Las personas que ocupan una diputación tienen derecho a un promedio mensual de unos ₡250.000 para gasolina de uso discresional. El monto representa el pago de 500 litros de combustible.

Este artículo es un complemento a la verificación «Beneficio de gasolina para diputados tiene los menores controles entre supremos jerarcas«. Esa publicación compila los lineamientos para el uso de gasolina y vehículos en el Estado costarricense.

Así gastaron los diputados: los que más gastaron

29 diputados y diputadas han gastado más de un 90% de la gasolina que han tenido disponible.

La tendencia no tiene bandera política ni edad: destacan especialmente los casos del independiente Dragos Donalescu (quien «desaprovechó» únicamente ₡423 colones, tras haber gastado ₡9.517.027 desde el 2018) y del legislador del Partido Restauración Nacional Melvin Núñez (que tiene un saldo libre de ₡3.600 colones, tras gastar  ₡9.470.468 por ese concepto).

Donalescu (quien más ha hecho uso del recurso discrecional) afirmó a Doble Check «no ser un diputado de escritorio». El diputado dijo emplear ese dinero para realizar giras por todo el país, especialmente en la provincia de Alajuela.

«Hay meses donde consumo más de los 500 litros que me dan en la Asamblea y para cumplir con el calendario de visitas, y este lo cubro con recursos de mi propio bolsillo. Desde que inicié como diputado, ni una sola vez he utilizado los vehículos ni los choferes de la Asamblea para mis giras. Utilizo mi automóvil», dijo a este medio.

El derecho está contemplado en el artículo 5 de la ley de Remuneración de los Diputados de la Asamblea Legislativa. La normativa establece que los legisladores disponen de una cuota mensual de 500 litros de combustible para uso discrecional en vehículos automotores.

El director ejecutivo del Congreso, Antonio Ayales, afirma que este dinero corresponde a una «ayuda técnica, como las computadoras en una oficina, para que puedan desempeñar su labor». 

«Actualmente hay un sistema de una tarjeta de débito del BCR. Nosotros le depositamos el valor promedio de los 500 litros de gasolina y el diputado paga con la tarjeta, que es exclusivamente para combustible. Hay varios diputados que tienen un montón de millones acumulados. El treinta de abril del 2022, cuando el diputado deja de ser diputado la plata restante pasa a la Caja Única del Estado», dijo Ayales a Doble Check. 

El gasto de ese dinero en gasolina es totalmente discrecional. Cada diputado puede ceder parte de ese dinero a sus asesores y asesoras, u a otras organizaciones que puedan hacer uso de ese combustible.

La Dirección Ejecutiva de la Asamblea remitió a Doble Check el desglose de gastos.

Los que menos gastaron

Solo dos diputados gastaron cero de los casi nueve millones depositados individualmente para gastos en gasolina. Se trata de la oficialista Carolina Hidalgo y el liberacionista Wagner Jiménez.

Hidalgo dice que su decisión de no gastar ese dinero está relacionada con un ahorro de los recursos de la Asamblea Legislativa. También afirma que se debe a que ella acostumbra usar bicicleta o el transporte público para trasladarse. Indicó que el dinero para giras sale de su propio bolsillo.

Doble Check contactó al diputado Jiménez, pero al cierre de edición no se recibió respuesta.

Iniciativas para recortar el gasto

Existen dos iniciativas relacionadas con el recorte o reajuste del gasto de gasolina de parte de los diputados. Así lo informó el Departamento de Servicios Parlamentarios

El expediente 21.891 (Ley para el traslado solidario del combustible de diputados y diputadas para la atención del Covid-19) es una iniciativa de la diputada oficialista Paola Vega. El expediente se encuentra en discusión en  Comisión Permanente Ordinaria de Asuntos Económicos.

La iniciativa de la diputada Vega pretende direccionar el dinero al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. El cambio se mantendría al menos hasta seis meses después de que termine la declaratoria de emergencia nacional por la COVID-19.
«Yo creo que el problema está en que el uso del combustible es discrecional. Si fuera que el uso es para financiar giras y labores de trabajo, sería una tónica distinta. Si no se elimina la gasolina, por lo menos que se establezca algún tipo de control sobre su uso», dijo la diputada.

Vega ha gastado un 84% (ocho millones de colones) de lo que ha recibido por concepto de gasolina desde el 2018. Ella asegura que dona ese dinero.

«En el caso mío lo que hago es donarla, especialmente a la Cruz Roja y a otras organizaciones comunales. Creo que varios compañeros también hacen donaciones, porque además –como es acumulativo– son muchos los litros de gasolina que quedan en la cuenta y que, incluso, pueden perderse al finalizar el período».

La Asamblea también discute el proyecto 22.236 (Ley de contribución solidaria de los diputados y diputadas para la atención de la emergencia sanitaria provocada por la enfermedad COVID-19), de la liberacionista Franggi Nicolás.

El proyecto no se refiere específicamente al gasto del combustible, pero sí establece una reforma a la Ley de Remuneración de los Diputados de la Asamblea para reducir en un 58% la suma devengada por conceptos de gastos de representación, para contribuir con los gastos ocasionados por la pandemia de la COVID-19 en el país.

Beneficio de gasolina para diputados tiene los menores controles entre supremos jerarcas

En resumen: La diputada del Partido Acción Ciudadana (PAC), Paola Vega, propuso una reforma de ley para pausar el subsidio de gasolina de uso discrecional a los legisladores. “Los otros Poderes no reciben 500 litros de gasolina gratis por mes”, afirmó Vega a finales de noviembre en Twitter ante la reacción de otros colegas. Eso es cierto, pero obvia gastos por rubros similares en otros poderes.

Revisamos el uso de vehículos y combustibles en el Poder Ejecutivo, Judicial y el Tribunal Supremo de Elecciones. Es correcto que magistrados, ministros y el Presidente de la República no reciben un saldo de unos ₡300.000 por mes para gastarlo libremente en gasolina.

La afirmación de Vega, aunque cierta, omite que esos puestos sí tienen vehículos de uso discrecional con chofer, cuyos gastos por gasolina son cubiertos por sus instituciones.  El subsidio no es tan obsequioso como en el caso de diputados.

El subsidio de gasolina para los diputados es el que tiene menos controles. Los legislaroes pueden usar la gasolina discrecional para distintos vehículos, en diligencias personales o hasta donarla a terceros. Un diputado también podría pagar por otros servicios en la gasolinera sin que el Congreso pueda percatarse.

En resumen: La diputada del Partido Acción Ciudadana (PAC), Paola Vega, propuso una reforma de ley para pausar el beneficio de gasolina de uso discrecional a los legisladores. “Los otros Poderes no reciben 500 litros de gasolina gratis por mes”, afirmó Vega a finales de noviembre en Twitter ante la reacción de otros colegas. Eso es cierto, pero obvia gastos por rubros similares en esos otros poderes.

Revisamos el uso de vehículos y combustibles en el Poder Ejecutivo, Judicial y el Tribunal Supremo de Elecciones. Es correcto que magistrados, ministros y el Presidente de la República no reciben un saldo de unos ₡300.000 por mes para gastarlo libremente en gasolina.

La afirmación de Vega, aunque cierta, omite que esos puestos sí tienen vehículos de uso discrecional con chofer, cuyos gastos por gasolina son cubiertos por sus instituciones.  El beneficio no es tan obsequioso como en el caso de diputados.

La gasolina comprada por diputados con dinero del Estado es la que tiene menos controles. Los legisladores pueden usar la gasolina discrecional para distintos vehículos, en diligencias personales o hasta donarla a terceros. Un diputado también podría pagar por otros servicios en la gasolinera sin que el Congreso pueda percatarse.

Conflicto por proyecto de ley

A finales de marzo pasado, la diputada Paola Vega presentó un proyecto de ley para eliminar temporalmente el beneficio de gasolina de uso discrecional que reciben los 57 congresistas cada mes.

Vega propone que ese beneficio se elimine mientras esté vigente la declaratoria de estado emergencia nacional por la COVID-19, y hasta seis meses después de su derogatoria. La legisladora plantea que el dinero empleado para esa gasolina se destine al programa temporal de personas desempleadas por la pandemia.

Entre el 2018 y el 2020, el Estado ha dedicado poco más de ₡417 millones para ese combustible. Así se desprende de datos de la Asamblea Legislativa.

Vega ha criticado que no existe voluntad política en el Congreso para pausar el beneficio.

La legisladora justificó su propuesta de ley como un gesto simbólico ante la crisis que enfrenta el país por la pandemia. La diputada justificó que el combustible discrecional de los legisladores no es comparable al de otros jerarcas, ya que parte de la función de estos es realizar giras con motivos político-partidarios, mientras que otros jerarcas emplean su transporte para su función pública.

Vega afirmó que “sabe” de jerarcas de otros poderes que “abusan del recurso” de transporte discrecional, pero no señaló casos puntuales.

¿Qué dijo la diputada Vega?

Noticias Monumental difundió el 18 de noviembre que legisladores “condicionan renunciar a combustible gratis a que medida se aplique en otros poderes de la República”. Ante esa noticia, Paola Vega publicó en Twitter que “los otros Poderes no reciben 500 litros de gasolina gratis por mes…”.

Eso es cierto, pero sería incorrecto asumir que el Estado no incurre en ningún gasto.

 

¿Cómo funciona el beneficio de gasolina del Congreso?

Cada una de las personas que ocupan una diputación dispone de 500 litros de gasolina por mes para usarlo a su gusto. La administración del Congreso le deposita a cada diputado el equivalente de ese monto en colones (unos ₡300.000) en una tarjeta de débito del Banco de Costa Rica. Esta tarjeta solo puede usarse en gasolineras.

El director ejecutivo del Congreso, Antonio Ayales, recalcó un criterio de la Procuraduría General de la República del 2012 que describe ese beneficio como una “ayuda técnica” que está “estrechamente vinculada al ejercicio efectivo del cargo de diputado”.

La Asamblea Legislativa carece de un control sobre el uso de todos esos recursos. Los legisladores pueden emplear la gasolina para distintos vehículos, en diligencias personales o hasta donarla a terceros. Un legislador podría pagar por otros servicios en la gasolinera sin que la Asamblea se percate. Así lo reconoció Ayales a Doble Check.

El Congreso también tiene 17 vehículos y diez choferes en su unidad de Transportes. Este recurso es empleado por todos los funcionarios legislativos para distintas labores. Los diputados pueden solicitar ese transporte oficial para giras comunales, pero la gasolina empleada en esos recorridos se descuenta de los 500 litros que reciben cada mes.

Solamente quien ocupa la presidencia del directorio legislativo tiene reservado un vehículo de la Asamblea Legislativa para uso discrecional, con gasolina y chofer incluidos.

¿Otros jerarcas también reciben gasolina discrecional?

Sí, pero las condiciones son diferentes que en la Asamblea Legislativa.

Los otros poderes de la República disponen de vehículos de uso discrecional para sus princiales jerarcas, con choferes y gasolina cubiertos por esas instituciones.

Transporte discrecional en el Poder Judicial

El Poder Judicial asigna vehículos de uso discrecional a los 22 magistrados y magistradas de la Corte Suprema de Justicia y a quien lidere la Fiscalía General. Los carros tienen asignado un chofer con una jornada de trabajo de 12 horas, aunque el automotor en sí carece de horario de uso. Estos tienen placas particulares y carecen de distintivos oficiales.

Los vehículos discrecionales del Poder Judicial incluyen 300 litros de combustible que paga la institución, los cuales solo pueden ser empleados en esos vehículos. Si el jerarca supera ese límite, debe pagar el resto de bolsillo propio. Así lo detalló el Poder Judicial a Doble Check por medio de su área de Comunicación.

El Poder Judicial detalló que ese suministro de combustible se da con una tarjeta prepago vinculada a cada jerarca. El personal de una gasolinera debe verificar el número de placa y la persona debe registrar en el datáfono su clave personal vinculada a la tarjeta.

“Por otra parte, el sistema de control de consumo de combustible lleva un registro de cada compra, tanto en términos monetarios como de cantidad de litros dispensados y kilometraje registrado al momento de la compra”, detalló la institución.

Vehículos discrecionales del Poder Ejecutivo

El Poder Ejecutivo tiene carros de uso discrecional para el presidente y los dos vicepresidentes de la República y para los ministros de gobierno. Casa Presidencial indicó a Doble Check que esos vehículos no tienen restricciones de combustible, horario de uso o recorrido, conforme a la Ley de Tránsito. Esos automotores tampoco tienen distintivos oficiales.

Casa Presidencial recalcó por medio de una respuesta oficial que sus vehículos de uso discrecional tienen el objetivo de “facilitar y mejorar el desempeño de sus funciones”, tal como indica el Reglamento interno sobre el uso de vehículos de la Presidencia de la República y del Ministerio de la Presidencia.

La Unidad de Protección Presidencial coordina los choferes y horarios de esos vehículos. El combustible está asignado a esa unidad por la Dirección de Transportes de Casa Presidencial.

“Dado que no se dispone del mecanismo de cuotas de combustible por jerarca, el gasto se da directamente según las necesidades de traslado que se presenten para el cumplimiento de las funciones de los jerarcas, de acuerdo con la normativa y a la disponibilidad de recursos de la institución”, indicó Casa Presidencial.

El reglamento interno de esa entidad estipula que cada funcionario es responsable de la “custodia, mentenimiento, uso racional y conservación” de su vehículo discrecional. El área de Transportes debe “ejercer controles en cuanto reparación y mantenimiento” de los automotores, así como su debido registro.

La única restricción que determina ese reglamento expresamente para los vehículos discrecionales de los jerarcas del Poder Ejecutivo es que está prohibida su asignación para el uso de familiares de los mandatarios.

¿Y en el Tribunal Supremo de Elecciones?

Los nueve magistrados y magistradas del Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) también cuentan con vehículos con combustible incluido por la institución. Solo los automotores de los tres magistrados propietarios del TSE cuentan con chofer, con un horario de 12 horas.

La unidad de comunicación del TSE respondió a Doble Check que esos vehículos “no están sujetos a las mismas restricciones de los demás vehículos oficiales, en cuanto a combustible, horario de operación ni recorrido, sino que están sujetos al criterio de la persona funcionaria a la que le es asignada la unidad”, justificados en la Ley de Tránsito.

 

Verificación a crítica de Pilar Cisneros

En resumen: Pilar Cisneros publicó un video ampliamente divulgado en redes sociales en octubre pasado. Sus comentarios tuvieron un tono de denuncia dirigida a la clase política en el contexto de los apuros financieros del país agravados por la pandemia por la COVID-19.

La periodista se enfocó en temas relacionados con gasto público y recaudación fiscal. El comentario de Cisneros contenía opiniones apoyadas en varios datos. Este chequeo no se ocupa de las primeras, sino de los segundos.

La periodista afirmó que si Costa Rica eliminara las exoneraciones a grupos poderosos podría pagar todo el déficit fiscal. Su afirmación es incorrecta. También destaca dos afirmaciones engañosas: que la inversión de Costa Rica para atender la pobreza no ha permitido reducirla y que los ingresos promedio del sector público son tres veces más altos que en el sector privado.

Doble Check también verificó otras afirmaciones verdaderas de la periodista: es cierto que los sistemas informáticos de Hacienda son antiguos y obsoletos (algo que ha concedido la propia cartera), es cierto que la administración Arias Sánchez desencadenó un gasto público que creció inercialmente hasta la fecha, o que casi la mitad del presupuesto nacional se dedica al pago de deuda.

En resumen: Pilar Cisneros publicó un video ampliamente divulgado en redes sociales en octubre pasado. Sus comentarios tuvieron un tono de denuncia dirigida a la clase política en el contexto de los apuros financieros del país agravados por la pandemia por la COVID-19.

La periodista se enfocó en temas relacionados con gasto público y recaudación fiscal. El comentario de Cisneros contenía opiniones apoyadas en varios datos. Este chequeo no se ocupa de las primeras, sino de los segundos.

La periodista afirmó que si Costa Rica eliminara las exoneraciones a grupos poderosos podría pagar todo el déficit fiscal. Su afirmación es incorrecta. También destaca dos afirmaciones engañosas: que la inversión de Costa Rica para atender la pobreza no ha permitido reducirla y que los ingresos promedio del sector público son tres veces más altos que en el sector privado.

Doble Check también verificó otras afirmaciones verdaderas de la periodista: es cierto que los sistemas informáticos de Hacienda son antiguos y obsoletos (algo que ha concedido la propia cartera), es cierto que la administración Arias Sánchez desencadenó un gasto público que creció inercialmente hasta la fecha, o que casi la mitad del presupuesto nacional se dedica al pago de deuda.

 

Revisemos las exoneraciones

Afirmación: 192 leyes exoneran del pago de tributos a una serie de grupos poderosos. Solo quitar esas exoneraciones, que equivalen a un 5,57% del PIB permitiría pagar el déficit fiscal sin nuevos impuestos.

Falso.  La afirmación es imprecisa y exagerada. Cisneros enreda dos datos sin relación entre sí: las 192 leyes y la magnitud total de las exoneraciones.


Las 192 leyes (en realidad son 193) exoneran impuestos para bienes importados. Esta exoneración no representa ni cerca del 5,57% del PIB. Representaba solo 0,20% del PIB para el 2017. Y decimos “solo” a pesar de que sí, es un montón de dinero.

De esas exoneraciones se benefician el Gobierno, las misiones internacionales y las empresas. Setenta de cada 100 colones exonerados en bienes importados son aprovechados por las empresas. Es decir, la mayoría. Eso representó más de 66.000 millones de colones en exoneraciones a la importación en el 2017. ¿Cuáles fueron las importaciones más beneficiadas con las exenciones? Los insumos que se usan en la agroindustria y la importación de equipo médico.

Entonces sí hay exoneraciones importantes dadas por esas 193 leyes de importación a ciertos sectores, pero tendrían que ser 25 veces más grandes para cubrir nuestro déficit fiscal.

Ahora hablemos de que las exoneraciones representan un 5,57% del PIB. Casi la mitad de esa cifra (2,56%) corresponde a exoneraciones que disfrutamos los hogares en el país. Estos son impuestos que no pagamos por los productos de la canasta básica y que no pagaban los servicios públicos.

Vamos al detalle. Hacienda se refiere a “gasto tributario” cuando habla de la plata que deja de recibir por exoneraciones de impuestos. Así que hablemos con ese término: gasto tributario.

Cisneros se basa en datos del 2018. De ahí sale el dato de que el gasto tributario corresponde al 5,57% del PIB. Ya tenemos por descontado que casi la mitad del gasto tributario proviene de exoneraciones del antiguo impuesto de ventas a productos y servicios consumidos por los hogares. El Ministerio de Hacienda hace la estimación con base en encuestas del INEC. Ojo que la industria hotelera y los restaurantes, por ejemplo, también se benefician por comprar productos de la canasta básica, pero el cálculo de Hacienda no incluye empresas.

Eso nos deja con poco más de la mitad del monto de exoneraciones. La mayoría proviene del Impuesto sobre la Renta. Este gasto tributario representa el 2,44% del PIB. Más de la mitad de esta porción la disfrutan personas jurídicas (1,38% del PIB). La otra gran porción de exoneración en Renta viene de lo que Hacienda llama “Otras rentas cedulares”, con 1,06% del PIB.

Veamos primero las exoneraciones del pago de renta a personas jurídicas. ¿Cuáles están incluidas? El mayor gasto tributario se da en las exoneraciones a las zonas francas, que llega a 1,01% del PIB. Las asociaciones están en un lejano segundo lugar (0,11%), seguidas por las cooperativas (0,06%). Esas tres son las proporciones más importantes de gasto tributario  para personas jurídicas.

¿Cuáles son las rentas cedulares? Buena parte de este rubro se le exime al impuesto sobre la renta a salarios, como el aguinaldo, el salario escolar y pensiones (0,37%). Otra porción se le exime los intereses a ciertos títulos valores del mercado financiero (0,36%).

Es posible que se pueda reducir el déficit fiscal si se redujeran algunas exoneraciones, pero es falso que todas las exoneraciones se otorgan a “grupos poderosos”.

El Programa Estado de la Nación (PEN) ha llamado la atención sobre el desorden que existe en el país en el otorgamiento y vigencia de exoneraciones en el país. Por ejemplo, el Ministerio de Hacienda no tiene un registro oficial de cada una de las exoneraciones fiscales vigentes.

Doble Check preguntó a Pilar Cisneros acerca de esta afirmación. Ella indicó que el dato procede de un artículo publicado por un economista y político en un medio nacional. Doble Check no encontró la referencia.

“Cuando usted debe comprimir el mensaje para que dure solo unos pocos minutos, es difícil o casi imposible incluir detalles que mejorarían mucho la precisión del mensaje general”, contestó, por correo electrónico.

Salarios públicos y privados

Afirmación: «Hoy los ingresos promedio del sector público son tres veces más altos que en el sector privado, una situación que –según la OCDE– hace de Costa Rica uno de los países con mayor desigualdad en el mundo».

El cálculo es engañoso. Es cierto que existe una diferencia, pero el dato que usa Cisneros para explicarla exagera las desigualdades. En realidad, la diferencia está exagerada en cinco veces.

Es correcto que existe una disparidad de tres veces entre el ingreso promedio de los trabajadores públicos y privados. Según los datos del segundo trimestre de la Encuesta Continua de Empleo del INEC, el ingreso mensual promedio para un trabajador público es de ₡1.067.085, mientras que para un trabajador del sector privado es de ₡348.260. Los dos datos deben tomarse con pinzas.

Como ya lo explicó Doble Check el año pasado, hay muchas diferencias entre el perfil de la mayoría de empleados públicos y privados que provocan que un promedio a rajatabla pueda ser sesgado. Esas diferencias ocurren en la jornada laboral, en el nivel educativo, en la informalidad, entre otras variables. Ellas terminan distorsionando los cálculos.

Por ejemplo, la mayoría de trabajadores en el sector público (63%) tiene un título universitario. En el sector privado eso solo ocurre para un 17% de los trabajadores. Eso tiene un efecto en sus salarios y genera que el salario promedio de un trabajador privado sea menor.

La distribución de jornadas también influye. Nueve de cada 10 trabajadores en el sector público reportan jornadas normales de 40 horas o más. En el sector privado esa cifra es más reducida: 74%. Esta diferencia provoca que el promedio salarial del sector privado sea menor, pues considera una buena proporción de los salarios de personas que trabajaron menos de 40 horas.

La informalidad es otro elemento que explica por qué la comparación a rajatabla con promedios no es precisa. Un primer cálculo que nos permitiría comparar las dos poblaciones con mayor precisión sería tomar el salario por hora de un trabajador con título universitario y empleo formal. En el sector público, ese salario por hora sería de ₡8.080, mientras que en el privado sería de ₡4.232. La diferencia se acortó.

Aún así, ese cálculo no resulta suficiente. Hay muchas otras diferencias que deben considerarse.  El año pasado, mediante un método estadístico llamado regresión lineal, mostramos cómo la diferencia salarial entre los empleados públicos y privados no es de tres veces, como repite Pilar Cisneros. La diferencia es de un 32%, y se ha mantenido durante prácticamente la última década. Puede leer más detalles aquí.

Sí es cierto que la OCDE ha señalado que esta desigualdad, en contraste con otros países, el sector público contribuye a la desigualdad de ingresos. Según la OCDE “supone la mayor contribución a la desigualdad de ingresos”.

En una respuesta a Doble Check, Cisneros señaló que no encontró ninguna fuente que le permitiera hacer comparaciones equivalentes. Destacó que, de cualquier manera, la diferencia sigue existiendo.

«Lo que me queda clarísimo es que los salarios del sector público tienden a ser mucho mayores que los del sector privado, no necesariamente por los sueldos base en sí, sino por la enorme distorsión que causan los pluses y recontrapluses aplicados en la administración pública».

Cisneros aportó un dato de la Contraloría General de la República (CGR) que Doble Check ha publicado con anterioridad. Las memorias anuales de la Contraloría suelen incorporar un cálculo sobre cuántas veces se paga más en pluses que en salarios base.

Según el análisis de Presupuestos Públicos de la CGR del 2020, por cada 1.000 colones que se pagan en salarios base en el sector público, se pagan otros 1.080 en incentivos. Pero en instituciones descentralizadas como la Junta de Protección Social se pagan 2.160 en incentivos.

Esas afirmaciones son correctas: la principal fuente de desigualdad en salarios dentro del sector público son los distintos esquemas de pluses salariales.

¿Costa Rica no logra reducir su pobreza?

Afirmación: ¿Por qué, aunque invertimos un 2,8% del PIB para reducir la pobreza, no logramos reducirla? 

Pilar Cisneros reitera una afirmación popular entre políticos, medios de comunicación y círculos académicos. Esta es engañosa si no la ubicamos en el tiempo. Contrario a lo dicho por Cisneros, Costa Rica sí ha visto reducciones en la pobreza y la pobreza extrema.

Nos basamos en el estudio La tendencia de largo plazo de la pobreza en Costa Rica: 1987-2017, de los economistas Andrés Fernández y Ronulfo Jimenez. Entre el 2006 y 2017 sí hubo una tendencia de reducción de la pobreza. La afirmación de Cisneros acerca de un estancamiento en la pobreza es cierta únicamente para algunos períodos: 1987-1992 y 1994-2006. También lo es para el 2010-2017.

Cisneros omitió señalar algún periodo en particular. ¿Por qué es necesario hacerlo?

Las mediciones históricas del INEC sobre pobreza no pueden cotejarse entre sí. El propio instituto ha advertido acerca de la no comparabilidad de esta medición para períodos largos.

El estudio de Academia de Centroamérica enlista una serie de inconvenientes al comparar todos los datos históricos oficiales del INEC. Durante las últimas décadas, las metodologías han cambiado profundamente: la canasta básica que se usa para definir la línea de pobreza y las estimaciones para saber cuántos ingresos subdeclaraban los hogares en las entrevistas cambiaron a través de varias metodologías. Además, en algunos años, el INEC descartó en sus mediciones a los hogares que no declaraban sus ingresos, algo que ya no ocurre.

Para poder tener una serie comparable, los economistas trabajaron con ocho tipos de metodologías que permitieran mostrar cómo han variado los niveles de pobreza en Costa Rica. En todos se observó una caída en la pobreza entre el 2006 y 2017, aunque sí hubo un estancamiento desde el 2010.

Pilar Cisneros nos dijo que sí estaba consciente sobre los cambios en la metodología. Dijo que para ella es suficiente usar como parámetro los últimos diez años en donde la variación ha sido nula –según sus palabras–. También mostró preocupación por el crecimiento de la pobreza por efecto del COVID-19.

El estudio de Fernández y Jiménez explora a mayor profundidad una de esas series por ser la que más se asemeja a las prácticas estadísticas del INEC de la actualidad. Con ella, concluye que en el 2017 Costa Rica tenía un nivel de pobreza 48% menor al que se tenía en 1987.

Hoy el país es un 30% menos pobre que hace veintitrés años (1994). Pero sin lugar a dudas, este logro es de mayor importancia cuando se toma en cuenta que son los hogares en la peor condición de pobreza, la extrema, los que más se han reducido, ya que en el año 2017 representaban menos de la mitad de lo que fueron en el año 1987”, concluye el estudio.

Sistemas en Hacienda

Afirmación: El Ministerio de Hacienda tiene más de 50 sistemas de cómputo obsoletos y pocos auditores para controlar a los grandes evasores. 

Cierto.

El 2 de junio de 2020 el Ministro de Hacienda Elián Villegas presentó a la Asamblea Legislativa un proyecto de ley para financiar un préstamo que permitiría el desarrollo de la “Hacienda Digital para el Bicentenario” (expediente 22016).

En el texto el Ejecutivo reconoce que sus 59 sistemas “no están integrados, obsoletos y requieren un importante trabajo adicional para la consolidación de datos, complicando y entorpeciendo el intercambio de información entre las aplicaciones y dificultando la formación de una vista integrada de los datos de los contribuyentes e identificación de los riesgos”.

Según el proyecto de ley, los principales sistemas de información tienen una edad promedio de 19 años. Uno de los más importantes, el Sistema de la Administración Tributaria, tiene 26 años. Otros, como el Sistema Integrado de Gestión de la Administración Financiera,  implementado en el año 2003, con una edad de 17 años.

La Contraloría General de la República afirmó en septiembre del 2020 que el Ministerio de Hacienda dispone de 10 herramientas dispersas y de escaso uso. “Por ejemplo, las herramientas Matriz de Riesgo Tributario y TIMON no reportan consultas para el período que se tiene disponibilidad de datos, así como el Cubo de control extensivo el cual solo ha sido utilizado por un usuario”.

La alternativa, sugiere el gobierno, es el reemplazo de los sistemas actuales, para lo que sugiere la aprobación del proyecto de ley en el Congreso.  Según la CGR, su tiempo estimado de implementación será de 5 o 6 años.

La deuda y el presupuesto

Afirmación: Casi la mitad del presupuesto es solo para pagar las deudas. 

Cierto. El Servicio de la Deuda Pública corresponde a un 42,3% del presupuesto del Gobierno de la República en discusión para el 2021. En el 2020 representó un 38,2%.

 

Desempleo durante pandemia

Afirmación: El virus dejó a 1 de cada 4 costarricenses sin empleo. 

Cierto.  La tasa de desempleo en Costa Rica es de un 24% según la Encuesta Continua de Empleo del INEC para el II Trimestre de 2020. El dato es de un 23,2% para el último trimestre móvil disponible (de Julio a Agosto de 2020).

Arias Sánchez y el déficit del 2010

Afirmación:  Óscar Arias logró un superávit fiscal en sus dos últimos años, pero como -según él- había que poner a Costa Rica a caminar de nuevo tras la crisis mundial del 2008, Arias disparó el gasto público y cerró el 2010 con el superávit más alto de América latina (5,5% del PIB) . La cantidad de empleos públicos subió un 20%.

Es cierto que el Gobierno Central de Costa Rica tuvo el déficit fiscal más alto de América Latina en el 2010, motivado por un incremento en el gasto público. Las estadísticas compiladas por la CEPAL de déficit fiscal pueden consultarse aquí.

El Informe del Estado de la Nación del 2011 indica que en el 2010 los gastos del Gobierno Central crecieron en un 26,8%. ¿Cuáles? Principalmente remuneraciones y pensiones. Al mismo tiempo, los ingresos solo crecieron en un 15,5%.

Según el informe, el rubro de remuneraciones y pensiones explica más de la mitad (53%) del aumento en los gastos corrientes del Gobierno Central en el 2009 y 2010. El informe llamó la atención sobre la gravedad de esos aumentos. Ellos constituían un crecimiento en el gasto inercial del sector público.

“En el caso de las remuneraciones el impulso provino de un aumento en la planilla y los salarios,  cuyo principal factor explicativo es el reciente ciclo político-electoral. (…)  Casi el 40% de los empleos que se crearon en esta categoría en el 2009 correspondió al sector público. El aumento que experimentó el empleo público en 2009 y 2010 se dio sobre todo en la educación. Le sigue el sector salud, donde la CCSS da cuenta del 81,5% de la expansión registrada”.

En sus informes, el PEN también señala la responsabilidad del Poder Legislativo en el otorgamiento de estos beneficios. Su Informe Estado de la Nación 2018 indica:

“Hasta abril de 2018 existían 1.339 exoneraciones vigentes, de las cuales un 46% se consideran indefinidas, porque en la norma respectiva no se especifica el impuesto afectado. Además, el 59% no tiene mecanismos de control y el 78% no tiene plazo de vigencia, lo cual infringe el Código de Procedimientos Parlamentarios”.

Líderes de Nueva República auspician divulgación de farsas sobre elección en EE. UU.

Líderes del partido Nueva República ofrecieron su espacio en radio para divulgar conspiraciones sin fundamento sobre fraude en las elecciones de los Estados Unidos.

La desinformación vino de boca de un autor y polemista argentino que fue invitado al programa de radio Vecinos el 9 de noviembre. Los políticos costarricenses Francisco Prendas, presidente de Nueva República, y Fabricio Alvarado, secretario general del partido, condujeron el espacio sin contradecir las afirmaciones sin fundamento.

Vecinos divulgó conspiraciones sobre “muertos que votaron”, un salto supuestamente inexplicable de 140.000 votos a favor de Biden en el Estado de Michigan y grandes aumentos de votos para el candidato demócrata que ocurrieron durante la madrugada posterior a las elecciones. También alertó sobre la supuesta denuncia de observadores electorales a los que no se les permitió fiscalizar.

  • Los alegatos de “muertos que votan” han sido casos individuales de malos registros en fechas de nacimiento en padrones electorales o confusión de personas homónimas. También provienen de alegatos viejos sobre supuestos padrones desactualizados que no han podido sostenerse en una corte de justicia. En ningún caso se han detectado más votos de la cuenta para ningún candidato por estos hechos.
  • Un salto de casi 140.000 votos a favor de Joe Biden en Michigan se dio por un error de digitación que fue rápidamente corregido y explicado.
  • Grandes aumentos de votos se dieron durante la madrugada debido al conteo de papeletas provenientes de distritos mayoritariamente demócratas o republicanos. Este tipo de cambio se dio en ambas tendencias. En el caso de los demócratas, hubo mayor participación a través del voto por correo. Por ello, el conteo de este tipo de papeletas vio un aumento para Biden. Trump también superó a Biden en la noche de elecciones en un Estado que mostraban primeramente una tendencia favorable para el candidato demócrata.
  • Los alegatos sobre observadores a quienes se les prohibió fiscalizar procesos incluso han sido desestimados en tribunales de justicia.

Doble Check trató de comunicarse con Alvarado y Prendas. No hubo respuesta oportuna.

Líderes del partido Nueva República ofrecieron su espacio en radio para divulgar conspiraciones sin fundamento sobre fraude en las elecciones de los Estados Unidos.

La desinformación vino de boca de un autor y polemista argentino que fue invitado al programa de radio Vecinos el 9 de noviembre. Los políticos costarricenses Francisco Prendas, presidente de Nueva República, y Fabricio Alvarado, secretario general del partido, condujeron el espacio sin contradecir las afirmaciones sin fundamento.

Vecinos divulgó conspiraciones sobre “muertos que votaron”, un salto supuestamente inexplicable de 140.000 votos a favor de Biden en el Estado de Michigan y grandes aumentos de votos para el candidato demócrata que ocurrieron durante la madrugada posterior a las elecciones. También alertó sobre la supuesta denuncia de observadores electorales a los que no se les permitió fiscalizar.

  • Los alegatos de “muertos que votan” han sido casos individuales de malos registros en fechas de nacimiento en padrones electorales o confusión de personas homónimas. También provienen de alegatos viejos sobre supuestos padrones desactualizados que no han podido sostenerse en una corte de justicia. En ningún caso se han detectado más votos de la cuenta para ningún candidato por estos hechos.
  • Un salto de casi 140.000 votos a favor de Joe Biden en Michigan se dio por un error de digitación que fue rápidamente corregido y explicado.
  • Grandes aumentos de votos se dieron durante la madrugada debido al conteo de papeletas provenientes de distritos mayoritariamente demócratas o republicanos. Este tipo de cambio se dio en ambas tendencias. En el caso de los demócratas, hubo mayor participación a través del voto por correo. Por ello, el conteo de este tipo de papeletas vio un aumento para Biden. Trump también superó a Biden en la noche de elecciones en un Estado que mostraba primeramente una tendencia favorable para el candidato demócrata.
  • Los alegatos sobre observadores a quienes se les prohibió fiscalizar procesos incluso han sido desestimados en tribunales de justicia.

Doble Check trató de comunicarse con Alvarado y Prendas. No hubo respuesta oportuna.

¿Cómo se dio la desinformación?

Fabricio Alvarado y Francisco Prendas invitaron a su programa, el 9 de noviembre, a un autor y polemista argentino llamado Agustín Laje. El invitado denunció supuestas irregularidades electorales en Estados Unidos durante la hora de programa.

Todas ellas son conocidas desinformaciones repetidas por burbujas de extrema derecha en Internet y por medios estadounidenses que no suelen basarse en evidencia. No ha ayudado que propios miembros de campaña y el mismo presidente de los Estados Unidos han replicado esta desinformación.

“Todo indica que las elecciones en los Estados Unidos han sido, por lo menos, sustancialmente irregulares”, dijo el invitado.

El autor argentino enmarcó sus denuncias en un supuesto gran esquema de conspiración. En él habrían participado los conglomerados mediáticos, las compañías de redes sociales y las empresas encuestadoras para fabricar un resultado antes de que se dieran las elecciones. El invitado no dio evidencia de ello más allá de su “libertad de dudar”.

Prendas y Alvarado anticiparon en su programa que probablemente su contenido sería verificado por otros medios.

“Esperamos que los medios tradicionales salgan con alguna nota tratando de deslegitimar lo que aquí se dijo, pero la gente tiene que escuchar todos las argumentos y todas las aristas para ver la historia”, dijo Alvarado. El político no contestó oportunamente una consulta de Doble Check.

Prendas se había visto envuelto en una sonada polémica a mediados del 2019 por mantener un medio de divulgación de noticias falsas.

140.000 votos para Biden

El invitado de Vecinos dijo: “Empezamos a ver que en ciertos conteos de votos en algunos de estos Estados, de un instante a otro se le había adicionado 140.000 votos a Joe Biden, cero a Donald Trump”.

Es incorrecto pluralizar cuando se refiere a “ciertos conteos de votos”. En realidad, el suceso que reporta el autor se dio solo en un condado de Michigan.

Un error de digitación provocó el rumor de fraude a favor de Biden, aunque fue reconocido y corregido fácilmente. La falla fue cometida por Caroline Wilson, secretaria del condado de Shiawassee. El espacio donde deben ingresar los números de votos tiene por defecto el número cero en su pantalla. El número se debe borrar antes de ingresar la cifra de votos.

“Debí haber tenido el cursor a la izquierda del cero. Ni siquiera lo vi, así que digité 15.371”, declaró Wilson al programa This American Life. También reveló al programa que ella es republicana y que votó por el presidente Trump.

Con el cero mal puesto, la cifra terminó siendo 153.710. La diferencia entre esa cifra inflada por error y la cifra original son los misteriosos 140.000 que el invitado a Vecinos recogió del ecosistema de desinformación electoral estadounidense (en realidad son 138.339 votos).

Varios medios y servicios de verificación han reportado sobre este tema: Politifact, Reuters, Factcheck.org, The Washington Post, y The New York Times.

Muertos que votaron

El invitado a Vecinos dijo: “Después empezamos a darnos con que en Estados clave como Michigan o como Pennsylvania hasta los muertos habían votado. Y esto no obedecía a denuncias en el aire sino que estaba registrado estas personas en las propias bases de datos de los Estados en cuestión. Los Estados tienen bases de datos públicas de los votantes registrados y había personas registradas que habían emitido incluso su voto que hoy tendrían 120 años”.

El supuesto caso de “los muertos que votaron” es un poco más complejo porque viene de distintas fuentes.

¿Hubo personas que votaron y que supuestamente habrían tenido 120 años de edad? No. El New York Times y CNN reportan sobre el origen de este rumor. Algunos sistemas estatales de registro de votantes ponen una fecha tentativa en los casos en donde no se cuenta inmediatamente con la fecha de nacimiento de una persona que vota. En algunos casos, el sistema pone por defecto el 1.º de enero de 1900.

Otra denuncia fue el caso de un votante muerto que aparecía registrado ejerciendo su derecho en Michigan. El error surgió porque los funcionarios electorales registraron la recepción de una papeleta enviada por correo a nombre de William Bradley, quien había muerto en 1984. La papeleta en realidad pertenecía a su hijo, quien tiene el mismo nombre y cuya dirección es igual a la del difunto. Solo se contó como un voto, a pesar de la confusión. Las autoridades electorales reconocieron públicamente el error. Así lo reportaron la DW y Snopes.

Este último servicio de verificación también refutó otra afirmación repetida por el invitado a Vecinos: que el difunto boxeador Joe Frazier había votado en estas elecciones. Ninguno de los registros de los distintos Joseph Frazier que votaron en el Estado de Pennsylvania correspondió al pugilista, que murió en el 2011. Su regristro como votante aparece cancelado desde el 2012.

Esos fueron sonados casos individuales. También hubo un rumor muy divulgado sobre 21.000 personas muertas que habrían votado en Pennsylvania. La cifra surgió de un pleito legal fallido.

Este rumor salió de una demanda de octubre. El reclamo era contra el secretario de Estado de Pennsylvania. Una fundación conservadora había acusado al funcionario de haber incluido 21.206 nombres de supuestas personas muertas en el padrón electoral.

Un miembro del grupo demandante le dijo al New York Times que tenía evidencia de aquella inclusión para las elecciones del 2016 y del 2018, aunque no la mostró al medio. La fiscalía aseguró al Times que la corte no había encontrado deficiencias en los padrones del Estado. “Actualmente no se ha provisto de ninguna prueba de que una persona muerta hubiera votado en la elección del 2020”, le informaron al diario.

El rumor falso se extendió luego de que los demandantes hicieran una modificación a su reclamo, días después de las elecciones. La acción propició una publicación sin fundamento del sitio de extrema derecha Breitbart. El abogado de Donald Trump, Rudi Giuliani, repitió la falsedad.

Una cuenta detallada de esta verificación fue hecha por el sitio FactCheck.org, y un artículo explicativo de AP enumera cuáles son los errores comunes de por qué a veces pueden aparecer votantes que parecen demasiado viejos para poder votar.

Agustín Laje había divulgado información falsa sobre muertos que votaron en Estados Unidos
Las falsedades divulgadas en Vecinos ya habían sido repetidas por el invitado en un video que había colgado en YouTube unos días antes.

De rojo a azul (y viceversa)

El invitado a Vecinos dijo: “Siempre los cambios en las tendencias, que fueron cambios pornográficos, fueron cambios poco creíbles, se dieron en la madrugada, se dieron cuando todo el mundo se fue a dormir. Este es el abecé de la corrupción”.

No hay motivo para vincular los picos de aumento en el conteo de votos con el fraude electoral. Estos cambios se explican habitualmente cuando los Estados liberan grandes lotes de información de una sola vez. No es cierto que todos estos cambios abruptos en la tendencia hubieran sido siempre favorables para Biden.

¿Cómo se explica el repunte demócrata en algunos Estados clave? Una buena parte de votos que provenían de áreas demócratas fuertes en Pennsylvania todavía estaban pendientes de conteo en horas de la madrugada después de las elecciones. Lo mismo ocurrió en Wisconsin, Michigan y Georgia. Así explica Politifact las ganancias de Biden en estos estados durante esa madrugada.

Carolina del Norte fue el caso contrario. Biden llevaba la delantera cuando se había contado el 80% de los votos, pero después Trump asumió la delantera, informa el sitio de verificación.

Este y otros medios han explicado también cómo hubo una tendencia partidaria en la forma en que se ejerció el voto. Los republicanos se apoyaron en menor medida en el voto por correo debido a denuncias sin fundamento elevadas por el presidente Trump. El candidato dijo que los demócratas pretendían “robarse la elección” por medio de esta práctica.

En octubre se reportó que la cantidad de votantes republicanos que planeaban enviar su voto por correo era tan solo de la mitad de los demócratas que pretendía hacer lo mismo. Esta tendencia reafirma la suposición de que, cuando una jurisdicción empezaba a contar sus votos por correo, estos fueran mayoritariamente para Biden.

Esta tendencia se había pronosticado desde meses antes de las elecciones. El invitado a Vecinos afirmó que estos pronósticos formaban parte de una conspiración. No proveyó sustento a sus suspicacias.

¿Observadores que no pudieron observar? Falso

El autor invitado a Vecinos también dijo que “ha habido confesión de observadores de los demócratas que admitieron que no les permitían observar, y de los republicanos también”. El mismo Trump divulgó que a observadores en Pennsylvania y Michigan no se les permitió fiscalizar el conteo.

Esto es falso. Varios servicios de chequeo de información han hallado sin fundamento estas acusaciones.

Veamos un ejemplo. La presidenta del Partido Republicano en Michigan, Laura Cox, publicó un tuit la tarde del día después de las elecciones. La política denunció que a observadores republicanos se les estaba bloqueando la entrada al sitio en donde se contaban los votos por correo.

El sitio Politico reportó que una gran cantidad de representantes republicanos monitoreaba el conteo de votos en el mismo momento en que Cox divulgaba la desinformación. Para ese momento, la cantidad de observadores incluso ya había sobrepasado el límite legal de 134 para los republicanos, por lo que los encargados cerraron el recinto para evitar el desbordamiento de gente.

El equipo legal de la campaña de Donald Trump ha tratado de levantar casos en los tribunales de justicia con este y otro tipo de denuncias para poner en duda la limpieza del proceso electoral. Ninguna de sus denuncias ha prosperado. Ello no ha persuadido al presidente estadounidense de seguir repitiendo sin fundamento que hubo fraude.

Es falso que jirafas ticas aporten a preservación de especie en peligro

En resumen: No existe base científica para sugerir que la crianza de jirafas en Costa Rica ayude a su conservación biológica. Esta idea equivocada la había promovido el empresario David Patey y fue replicada por el medio AM Prensa en septiembre pasado. Patey es administrador del zoológico Ponderosa Adventure Park, en Guanacaste. El empresario hizo […]

En resumen: No existe base científica para sugerir que la crianza de jirafas en Costa Rica ayude a su conservación biológica. Esta idea equivocada la había promovido el empresario David Patey y fue replicada por el medio AM Prensa en septiembre pasado.

Patey es administrador del zoológico Ponderosa Adventure Park, en Guanacaste. El empresario hizo una denuncia pública en redes sociales a finales de septiembre. En el video acusó a las autoridades ambientales de ordenar la castración o separación de sus jirafas y otros animales.

En el video aseguró que el zoológico “estaba en línea con la ley de vida silvestre”, lo cual ha sido puesto en controversia. Patey sugirió que reproducir a sus jirafas beneficiaba a la especie, pues está en peligro de extinción. También dijo que incluso le “han dicho” que pueden mandar jirafas de vuelta a la vida silvestre. No hay sustento para estas afirmaciones.

Tras la denuncia, el medio de comunicación AM Prensa afirmó que (1) el zoológico Ponderosa Adventure Park ayudaba a preservar una especie de jirafa en peligro de extinción, (2) que contaba con un banco genético y (3) que esta población cohabitaba con el resto de animales “como lo harían en África”.

Ninguna de las afirmaciones tienen sustento:

(1) Personas expertas en conservación consultadas por Doble Check aseguran que las jirafas en exhibición no aportan a la conservación de la especie. El reducido tamaño de su población y el contacto de los animales con humanos imposibilita el regreso a su hábitat natural.

(2) El Colegio de Biólogos no tiene registro de que Ponderosa cuente con un laboratorio de tejidos y óvulos. Tampoco tiene trazabilidad genética de sus especímenes ni supervisores genetistas. Por ello, no se puede decir que este establecimiento turístico tenga un banco genético.

(3) La principal fundación para la conservación de las jirafas en el mundo descartó la utilidad de cualquier programa de recuperación de especies fuera del continente africano. “Las jirafas necesitan ser salvadas en África”, dijo su directora.

Doble Check trató de conversar con David Patey, pero su encargado de prensa informó que se encuentra fuera del país. El empresario no respondió oportunamente las consultas que se le enviaron por correo electrónico. Doble Check también trató de comunicarse sin éxito con AM Prensa.

¿Cuál es la polémica?

A finales de septiembre el administrador del zoológico Ponderosa Adventure Park, David Patey, denunció en redes sociales que la autoridades ambientales solicitaron la castración o separación de sus animales para evitar su reproducción. Dijo que, de lo contrario, serían “liquidadas”.

Ponderosa es un parque con atracciones turísticas acuáticas, aéreas y terrestres ubicado en Liberia, Guanacaste. Entre sus atracciones está un zoológico con alrededor de 300 animales de 11 especies exóticas distintas. Hay avestruces, cebras y jirafas que cohabitan en 70 hectáreas con una libertad limitada.

Patey hace énfasis en las jirafas del zoológico en su denuncia. El empresario dijo que la muerte o castración de estas jirafas sería una gran pérdida. Aseguró que le “han dicho que podemos mandar animales de vuelta a la vida silvestre”.

«Me van a destruir el negocio. Si yo castro, los animales tienen 15 años (…). Si los pongo en jaulas, eso sería triste», dijo el empresario.

Según una nota de AM Prensa, Ponderosa tiene 15 jirafas reticuladas de las cuales 4 nacieron en Costa Rica. La Coordinadora de Vida Silvestre del Sinac, Angie Sánchez, dijo que a Costa Rica ingresaron solo cinco jirafas y una murió. El resto nacieron en Costa Rica reproduciéndose entre sí. Se trató de confirmar con David Patey la precisión de estos datos, pero no contestó oportunamente.

AM Prensa también aseguró, sin atribuir fuentes, que el zoológico Ponderosa Adventure Park ayudaba a preservar una especie de jirafa en peligro de extinción por medio de un banco genético. El medio agregó que las jirafas cohabitan con el resto de animales “como lo harían en África”.

Las afirmaciones fueron hechas sin atribuirse a una fuente en una nota de setiembre del 2020 y otra de junio del 2019, enlazada a la primera como lectura recomendada.

Ninguna de las afirmaciones tiene respaldo.

¿De dónde nace la denuncia?

La orden a la que hace referencia Patey está estipulada en el Reglamento a la Ley de Conservación de la Vida Silvestre, aprobado en el 2017.

El administrador de Ponderosa aseguró que la norma es viciosa. Añade que las autoridades no  tomaron en cuenta las observaciones realizadas por los expertos, como las “24 páginas” de observaciones del Colegio de Biólogos.

El Colegio en efecto reportó que, a su criterio, el reglamento tiene 60 errores.

Eso sí, el señalamiento de Patey al reglamento es engañoso. Las observaciones del colegio no están relacionadas con los requerimientos pedidos a Ponderosa. Así lo confirmó la presidenta de ese ente, Anny Chaves. Ella aclaró que los señalamientos se refieren al papel de los regentes y el Colegio de Biólogos.

Ponderosa y la ley

Patey también aseguró en su denuncia que el zoológico estaba en regla con la Ley de Conservación de la Vida Silvestre. Doble Check  encontró controversia con esta afirmación. La coordinadora de Vida Silvestre del Sistema Nacional de Áreas de Conservación (Sinac), Angie Sánchez, considera lo contrario: el zoológico no está al día con la ley.

Ponderosa Adventure Park es un zoológico. Esta condición obliga a la empresa a cumplir lineamientos legales para este tipo de centros, como la prohibición de reproducir sus especímenes contenida en el reglamento que Patey objeta. De ahí nace la orden del Estado.

Sánchez sostiene que es incorrecto decir que el problema es del reglamento. El ordenamiento solicitado a Ponderosa está respaldado por la ley en su propia definición de zoológico.

“Por principio de legalidad, el reglamento ordena solo lo que está expresamente autorizado en la norma”, apuntó Sánchez.

La reproducción sin planificación ni estudios no aporta

Los esfuerzos en conservación y preservación de una especie requieren de investigación y planificación. Ponderosa Adventure Park no forma parte de ningún programa de este tipo. Tampoco cuenta con biólogos  que le den trazabilidad al aporte genético de sus animales.

El término “preservación” tiene como objetivo la protección de los animales en su condición natural. Así lo apuntó Anny Chaves, presidenta del Colegio de Biólogos. Por ello es incorrecto utilizarlo en un contexto de cautiverio como el de Ponderosa.

El contacto de jirafas con humanos es un obstáculo para su reinserción en la naturaleza. Imagen de Ponderosa Adventure Park capturada en setiembre del 2016, cortesía de La Voz de Guanacaste.

Los animales que nacen y crecen en un zoológico están “biológicamente muertos”. Así lo afirmó Eduardo Carillo, del Instituto de Conservación y Manejo de Vida Silvestre (Icomvis).  El biólogo aseguró que el aporte de estos animales a la conservación y preservación de especies es prácticamente nulo.

Carrillo aseguró que es necesario formar parte de un programa de conservación para participar en la conservación de una especie. Ese programa le da trazabilidad y estudio al acervo genético de los animales.

Patey confirmó al medio de comunicación Ameliarueda.com que no formaba parte de ninguno.

Tener jirafas no es sinónimo de tener un banco genético

AM Prensa aseguró que Ponderosa tenía un valioso banco genético. Esta afirmación se ha hecho en el pasado por otros medios de comunicación como Repretel y Teletica.

Anny Chaves, presidenta del Colegio de Biólogos, dijo que hay dos formas de respaldar esa afirmación. Una es la apertura de un laboratorio de genética dentro de las instalaciones en el que se almacene tejido y óvulos de los animales. Otra es por medio de estudios de trazabilidad y análisis de laboratorios.

“En ese caso se necesita saber el número de jirafas y de dónde vinieron. También se necesita a genetistas, va más allá de un biólogo regente y no me ha tocado ver un biólogo genetista; solo [ha habido] regentes ahí”, agregó Chaves.

La trazabilidad genética de las jirafas es particularmente complicada porque es difícil delimitar dónde empieza y termina una subespecie para identificar su aporte genético. Así lo  explicó Laura Porras, bióloga y experta en conservación del Icomvis.

Chaves y Porras coincidieron en que la población de jirafas de Ponderosa es pequeña para ser considerada un banco genético.

“Cuando son pocos individuos que se reproducen entre ellos mismos se pierde la calidad.  Así no funcionan para un programa de conservación porque son más propensos a enfermedades y las mutaciones se dejan ver más fácil”, explicó Porras.

El Laboratorio de Genética de la Conservación UCR (Labgecon) también advirtió sobre las “graves consecuencias” que puede tener la reproducción de animales emparentados, como los de Ponderosa.

Ponderosa es un zoológico

En Costa Rica está prohibido que los zoológicos reproduzcan a sus animales en exhibición. La Fiscalía ordenó que ya no podrán haber más nacimientos en Ponderosa o en cualquier otro sitio de manejo no autorizado para este fin a partir de abril del 2021.

Ponderosa tiene varias opciones: castrar sus jirafas, separarlas, someterlas a tratamientos hormonales para evitar embarazos o inscribirse como un zoocriadero.

Si otros sitios de manejo sí tienen posibilidad, ¿por qué los zoológicos no?

“Porque tienen una función educativa, esa es la única justificación y por eso una correcta alimentación, la prohibición de selfies e incluso la reproducción debería usarse para educar a las personas”, explicó la presidenta del Colegio de Biólogos, Anny Chaves.

Los zoológicos están típicamente conformados por animales que no pueden volver a su hábitat natural y que son comprados para exhibición.

¿Qué es un zoocriadero?

Los zoocriaderos pueden ser comerciales o no comerciales. Eso sí, ninguno puede recibir visitación.

Por ejemplo, algunos mariposarios son zoocriaderos que reproducen animales de forma comercial para exportación. Otros zoocriaderos, como el de lapas rojas, reproducen a las aves sin fines comerciales con el propósito de liberación.

Una de las razones por las que los animales se mantienen aislados es para evitar la transmisión de enfermedades del animal a los humanos y viceversa. Por la misma razón el reglamento le solicita a los zoológicos crear rutas que eviten el contacto de los visitantes con animales.

“La Ponderosa no tiene un permiso para reproducir; tampoco es rentable”, dijo Angie Sánchez, del Sinac.

Chaves apuntó la posibilidad de que Ponderosa reprodujera jirafas para intercambiar con otros zoológicos. “Sin embargo hay una línea muy delgada entre el tráfico de especies y esos intercambios, entonces tienen que estar muy controlados”.

…y en África no están esperando las jirafas de Ponderosa

En África no están en búsqueda de genes de jirafa o animales que nacieron en cautiverio. Así lo aseguraron Laura Porras, bióloga del Icomvis, y Anny Chaves, presidenta del Colegio de Biólogos.

Doble Check se puso en contacto con Stephanie Fennessy. Ella es la directora y fundadora de la Fundación de Conservación de Jirafas (GCF por sus siglas en inglés).

GCF es la única organización que se concentra exclusivamente en la conservación y manejo de jirafas salvajes en África. Opera en 16 países del continente.

Fennessy confirmó que su fundación no tiene interés en traer jirafas criadas en cautiverio en Costa Rica.

“Con respecto a traer jirafas de un zoológico a África, en este momento no consideramos esa como una opción posible. Las jirafas necesitan ser salvadas en África y no estamos en una situación en la que sea necesario ese tipo de operación”, explicó Fennessy.

Las condiciones en las que crecen las jirafas en un zoológico no son las mismas que en África y esto influye en su comportamiento sexual y habilidades de sobrevivencia. Esa es la principal razón por la que la GCF no tiene interés en estos animales, contrario a lo afirmado en la nota de AMPrensa.

Las jirafas que crecieron en cautiverio no pueden sobrevivir en las sabanas africanas porque no saben conseguir su propia comida. Crecieron dependiendo de la intervención humana.

“Estas jirafas, cuando estén en la naturaleza, se van a acercar a las personas porque los consideran amigas y en África esas personas podrían ser un cazador”, apuntó Chaves.

También afirmó que cabe la posibilidad de que los especímenes mueran de camino por el estrés que les ocasiona el viaje.

Fennessy sugiere, en su lugar, dos formas en las que cualquier persona puede apoyar la conservación de las jirafas. Una es apoyar económicamente a las organizaciones que trabajan directamente en los países africanos. Otra es ayudarles a crear conciencia sobre la problemática de conservación.

La Lista Roja de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN) incluye estrategias que benefician la conservación de las poblaciones vulnerables de jirafas.

La estrategia puede variar entre especie y subespecie, pero todas se llevan a cabo en su hábitat natural en África.

Las jirafas sí pertenecen a una especie vulnerable

Las jirafas tienen una alta probabilidad de convertirse en una especie en peligro de extinción. La Lista Roja de la UICN considera a esta especie nativa de África (Giraffa camelopardalis) como una especie vulnerable.

“Algunas poblaciones de jirafas se mantienen estables o aumentan, mientras que otras están disminuyendo, y cada población está sujeta a la presión de amenazas específicas de su país o región local, pero la tendencia a nivel de especie revela una gran disminución general en el número en toda su área de distribución en África”, apunta la UICN en su Lista Roja.

La UICN calcula un declive de la Giraffa camelopardalis de un 36-40% en el número de jirafas adultas entre 1985 y el 2015. La población pasó de alrededor de 110 mil jirafas a 68 mil.

David Patey está en lo correcto cuando afirma que la jirafa reticulada (Giraffa reticulata) es una de sus subespecies en peligro de extinción. Se estima que su población pasó de alrededor de 36.000 o 47.000 mil individuos en 1990 a 8.600 en el 2016. Es decir, hubo una reducción de alrededor de un 80%.

En el 2016 Julian Fennessy, un especialista en jirafas de la UICN, dijo que las jirafas sufrían una “extinción silenciosa”. ¿Por qué? Pertenecen a una especie que comúnmente se ve en los zoológicos y por esta razón las personas consideran que es una población saludable.

La invisibilización de esta problemática se refleja en la poca investigación y esfuerzos de conservación de la especie. Aunque esta situación ha mejorado los últimos cinco años la tendencia en la población de la jirafa reticulada se mantiene decreciente.

Nota del editor: Las fotos de esta nota fueron tomadas por David Bolaños, y son usadas por cortesía de La Voz de Guanacaste.