Publicaciones calificaron falsamente como delito incidente en transporte de tula en Curridabat

¿Una tula abierta en Curridabat antes de las elecciones municipales? Publicaciones calificaron falsamente como delito incidente en transporte de material electoral

Controlaría rechazó los presupuestos de las ‘U’ públicas (pero no por «incumplir la regla fiscal»)

Resumen: Sí. Es cierto que la Controlaría General de la República (CGR) archivó sin trámite los presupuestos presentados por las universidades públicas para el año 2020. Pero no es cierto que hubiera sido por «incumplir la regla fiscal». Así lo indicaron el periódico La Nación, el diario digital CRHoy.com y el semanario Universidad.

El archivo de los cinco presupuestos se debió a que las casas de enseñanza no presentaron una constancia formal de que hubiesen cumplido los límites de la regla fiscal. Sin embargo, la CGR asegura que el problema no es que hubiera existido un incumplimiento, sino que no se pudo constatar.

Medios como Delfino.cr y Amelia Rueda sí publicaron la noticia de forma correcta. Ambos sitios señalaron que el rechazo se debió a problemas de procedimiento, como indicó la Contraloría. Así lo hizo también La Nación en una versión corregida de su nota.

La entidad fiscalizadora comunicó su decisión mediante un comunicado de prensa. «Pese a diversas gestiones al respecto y ante la omisión de la certificación de la Secretaría Técnica de la Autoridad Presupuestaria (STEP) de que las universidades cumplen con la regla fiscal, la Contraloría debe archivar sin trámite el presupuesto inicial de las cinco universidades y del Conare (Consejo Nacional de Rectores) para el año 2020», fue lo que dijo la CGR en su correo electrónico.

Esta decisión obligaría a las cinco universidades públicas y al Conare a trabajar en 2020 con el presupuesto del año en curso.

Resumen: Sí. Es cierto que la Controlaría General de la República (CGR) archivó sin trámite los presupuestos presentados por las universidades públicas para el año 2020. Pero no es cierto que hubiera sido por «incumplir la regla fiscal». Así lo indicaron el periódico La Nación, el diario digital CRHoy.com y el semanario Universidad.

El archivo de los cinco presupuestos se debió a que las casas de enseñanza no presentaron una constancia formal de que hubiesen cumplido los límites de la regla fiscal. Sin embargo, la CGR asegura que el problema no es que hubiera existido un incumplimiento, sino que no se pudo constatar.

Medios como Delfino.cr y Amelia Rueda sí publicaron la noticia de forma correcta. Ambos sitios señalaron que el rechazo se debió a problemas de procedimiento, como indicó la Contraloría. Así lo hizo también La Nación en una versión corregida de su nota.

La entidad fiscalizadora comunicó su decisión mediante un comunicado de prensa. «Pese a diversas gestiones al respecto y ante la omisión de la certificación de la Secretaría Técnica de la Autoridad Presupuestaria (STEP) de que las universidades cumplen con la regla fiscal, la Contraloría debe archivar sin trámite el presupuesto inicial de las cinco universidades y del Conare (Consejo Nacional de Rectores) para el año 2020», fue lo que dijo la CGR en su correo electrónico.

Esta decisión obligaría a las cinco universidades públicas y al Conare a trabajar en 2020 con el presupuesto del año en curso.

¿«Por incumplir la regla fiscal»?

El periódico La Nación, el diario digital CRHoy.com y el semanario Universidad publicaron esta mañana que la Contraloría General de la República (CGR) decidió archivar sin trámite el presupuesto de las cinco universidades públicas del país «por incumplir la regla fiscal».

«Las universidades públicas presentaron un plan de gastos para el 2020 que incumple con la regla fiscal contenida en la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas», escribió La Nación.

«Contraloría ordena a U públicas trabajar 2020 con presupuesto del 2019 por incumplir regla fiscal», tituló CRHoy.

«Ajuste será necesario luego de que la Contraloría General de la República rechazara el presupuesto presentado por las cinco universidades públicas y el Conare por no cumplir con la Regla Fiscal», escribió Universidad.

Estas afirmaciones se difundieron en redes sociales. Allí fueron replicadas por figuras políticas. Entre ellas estuvieron el socialcristiano Pablo Heriberto Abarca y la liberacionista Yorleny León.

¿Y dónde está el error?

La información publicada por los medios partió de una premisa errónea. Los tres dieron por un hecho que las universidades públicas incumplieron la regla fiscal. Sin embargo, ese dato no ha sido comprobado por un ente independiente (y ese es precisamente el problema).

De hecho, la CGR archivó los presupuestos porque no tenía esa constancia. El documento era un requisito formal para darle trámite a la aprobación de todos los planes de gastos.

Según la Contraloría, las universidades debían enviar sus presupuestos antes del 30 de septiembre a la Secretaría Técnica de la Administración Presupuestaria (STAP). Este organismo debía determinar si cumplían o no con la regla fiscal.

La CGR dijo que eso finalmente no ocurrió, pues las universidades decidieron no presentar sus presupuestos a la STAP. Así lo confirmaron las universidades a través del oficio N.° OF-CNR-2015-2019.

Más tarde, en el oficio OF-CNR-312-2019, agregaron que no presentaron sus presupuestos debido a un trámite legal, pues actualmente gestionan una acción de inconstitucionalidad contra varios artículos de la reforma fiscal. Desde el punto de vista universitario, esto suspendía la aplicación de cualquier norma.

Además, señalaron que el procedimiento presupuestario es distinto para las universidades y se basa en artículos constitucionales, por lo que «no puede ser modificado ni condicionado por la Ley N°9635».

Doble Check consultó al rector de la Universidad de Costa Rica (UCR), Henning Jensen, sobre este diferendo. El jerarca indicó que las universidades sí cumplieron la regla fiscal. Eso sí, reconoció que incumplieron normas de procedimiento.

«No certificamos nuestros presupuestos y no lo hicimos porque lo consideramos contrario a la ley», detalló. Según Jensen, la STAP no tiene control sobre las universidades públicas, que están «exentas» de esa autoridad.

La visión de las universidades se contrapone a la de la CGR. La Contraloríaconsidera que el trámite debió realizarse y por eso ni siquiera entró a revisar los planes presupuestarios enviados por las instituciones. Según la CGR, que existan artículos impugnados «no significa que la norma no esté vigente y por tanto debe ser acatada».

¿Y en qué quedamos entonces?

Con o sin diferendos legales, la CGR siempre debe aprobar los presupuestos de las institucionales cada año.

En caso de no contar con ese visto bueno, las instituciones deben afrontar los gastos del año entrante con el mismo plan presupuestario que recibió la aprobación del año en curso. Eso es lo que ocurrirá a partir del 1 de enero con las ‘U’ públicas.

Es incorrecto adelantar criterio y afirmar que las instituciones incumplieron con la regla fiscal, como lo hicieron varios medios. Doble Check se comunicó con los periodistas encargados de esas informaciones.

Luis Valverde, de CRHoy, aclaró que la información sí está completa en el cuerpo de la nota. El periodista alegó escasez de espacio para justificar el titular publicado.

Daniela Cerdas, de La Nación,  dijo que la nota era parte de una información en constante actualización, y solicitó que enviáramos nuestras consultas por correo electrónico.

Monserrat Cordero, de Universidad, reconoció haber cometido un error de redacción, y destacó que posteriormente en la nota aparece la información correctamente. La periodista dijo que corregiría la información.

Nota del editor: Doble Check es una iniciativa creada y financiada desde la Oficina de Divulgación e Información de la Universidad de Costa Rica. El proyecto tiene independencia editorial de la institución, y no se coordinó con sus autoridades para generar este contenido. Sin embargo, reconocemos la existencia de un conflicto de interés de cara a que los presupuestos universitarios financian el proyecto. Lamentamos no haber hecho esta aclaración cuando se publicó esta nota por primera vez.
Este texto se actualizó a las 6:05 p.m., pues inicialmente se afirmó que el rector Henning Jensen seguía siendo presidente de Conare. Jensen dejó ese puesto recién el 10 de diciembre pasado.

Colaboraron Darío Chinchilla y Daniel Salazar.

Ejecutivo sí acreditó 82 personas para la COP25 (pero solo pagó los gastos de 11)

El Gobierno de la República sí acreditó 82 personas para asistir a la cumbre internacional sobre cambio climático, COP25, como publicó el Diario Extra en su portada de este lunes.

Sin embargo, el Ejecutivo solo canceló (total o parcialmente) los gastos de 11 de esas personas. Tres diputados hicieron reproches públicos en sus redes sociales ante la nota informativa.

Esos diputados fueron el fabricista Ignacio Alpízar, la liberacionista Paola Valladares y el socialcristiano Pedro Muñoz. Este último solo hizo una insinuación, pues publicó «¡Continúa la fiesta!», al compartir la noticia en Twitter.

Valladares calificó como «inaudita» la autorización a 82 funcionarios públicos para asistir al mismo evento. El dato está errado, pues de las 82 personas, solo 34 son funcionarios públicos, según datos del Ejecutivo.

Alpízar aseguró que todos los ticos estamos regalándole a 82 personas un viaje a España”. Esa afirmación también está equivocada. Primeramente, solo se acreditaron 34 funcionarios públicos. La participación de ocho de esas personas no implicó gastos de viaje, pues correspondía a funcionarios de la Embajada de Costa Rica en España. Para las 26 acreditaciones restantes, 18 de los viajes fueron financiados, total o parcialmente, por entidades financieras, organizaciones no gubernamentales y cooperantes internacionales. Solo ocho corrieron enteramente a cargo del Estado, y otros tres fueron financiados parcialmente con dinero público.

Resumen: El Gobierno de la República sí acreditó 82 personas para asistir a la cumbre internacional sobre cambio climático, COP25, como publicó el Diario Extra en su portada de este lunes.

Sin embargo, el Ejecutivo solo canceló (total o parcialmente) los gastos de 11 de esas personas. Tres diputados hicieron reproches públicos en sus redes sociales que parten de presunciones equivocadas que no estaban presentes en la nota informativa.

Esos diputados fueron el fabricista Ignacio Alpízar, la liberacionista Paola Valladares y el socialcristiano Pedro Muñoz. Este último solo hizo una insinuación, pues publicó «¡Continúa la fiesta!», al compartir la noticia en Twitter.

Valladares calificó como «inaudita» la autorización a 82 funcionarios públicos para asistir al mismo evento. El dato está errado, pues de las 82 personas, solo 34 son funcionarios públicos, según datos del Ejecutivo.

Alpízar aseguró que todos los ticos estamos regalándole a 82 personas un viaje a España”. Esa afirmación también está equivocada.

Solo se acreditaron 34 funcionarios públicos. Únicamente ocho de las participaciones corrieron enteramente a cargo del Estado, y otras tres fueron financiadas parcialmente con dinero público. La participación de otras ocho personas no implicó gastos de viaje, pues correspondía a funcionarios de la Embajada de Costa Rica en España. El resto de los casos fueron financiados, total o parcialmente, por entidades financieras, organizaciones no gubernamentales y cooperantes internacionales.

Las afirmaciones

Tres diputados reaccionaron indignados ante la portada de Diario Extra. El periódico informó que el Gobierno acreditó a 82 personas para asistir a la cumbre internacional sobre cambio climático, COP25.

Ignacio Alpízar, del bloque Nueva República (BINR), afirmó que “todos los ticos estamos regalándole a 82 personas un viaje a España”.

El PAC armó su paseo de fin de año con su dinero y el mío ¿Dónde quedó el discurso de la contención del gasto? Todo…

Publicado por Ignacio Alpízar – Diputado en Lunes, 9 de diciembre de 2019

Paola Valladares, del Partido Liberación Nacional (PLN), calificó como “inaudito, irresponsable e inmoral” que se use el encuentro en España como un “un “Club de Viajes o el viaje de la Fiesta de la Alegría del Ejecutivo”.

#AMBIENTALISTOSEl COP 25, se convirtió en el viaje de la “Fiesta de la Alegría”Me parece inaudito, irresponsable e…

Publicado por Paola Valladares Diputada 2018 – 2022 en Lunes, 9 de diciembre de 2019

Y Pedro Muñoz, del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), compartió en Twitter la publicación de Diario Extra con un comentario: “¡Continúa la fiesta!” y calificó el viaje como “un relajo”.

De ellos, Valladares además calificó que «no era de recibo que este país haya autorizado a 82 funcionarios públicos a asistir a la COP25 en España».

Las publicaciones de los diputados y la diputada parecen partir de presunciones equivocadas. Los congresistas no tomaron en cuenta que la publicación de Diario Extra fue omisa en varios aspectos. El medio sí informó sobre las 82 acreditaciones; sin embargo, no dijo cuántas personas viajaron desde el país, cuántas participaciones fueron financiadas por el Estado, ni cuántos de los asistentes acreditados eran funcionarios de Gobierno.

Dato por dato

El Poder Ejecutivo explicó a Doble Check que solo pagó totalmente ocho de las 82 participaciones en la COP25.

Ellos fueron el presidente Alvarado; la jefa negociadora alterna para Cambio Climático, Ana Patricia Villalobos; la ministra consejero y cónsul, Giovanna Valverde. Además pagó los gastos de la asesora presidencial Yuliana Ramírez; la asesora de comunicación Noelia Rodríguez; el fotógrafo y productor Ricardo Prado; el funcionario del INA,  Mario Alberto Regidor; y la jefa del departamento de Ambiente y Salud de la Municipalidad de Curridabat, Sofía Pérez.

Además, pagó parcialmente la participación de otros tres funcionarios: la viceministra de Relaciones Exteriores, Lorena Aguilar; la viceministra de Juventud, Margareth Solano; y el jefe de despacho de la vicecanciller, William Calvo.

Otro dato que facilitó el Ejecutivo fue que solo 34 de las 82 personas acreditadas son funcionarios de Gobierno y que, de ellas, ocho ya residen en España como funcionarias de la embajada costarricense en ese país. El resto son representantes de la sociedad civil, miembros del equipo negociador o de la delegación de apoyo.

¿Y qué dijeron los diputados de esto?

Doble Check compartió los datos con los dos diputados y la diputada.

Paola Valladares aclaró que su señalamiento apuntaba al abandono de puestos de trabajo en el país. La diputada opinó que asistieron demasiados jerarcas. Sin embargo, la congresista sí corrigió su publicación en Facebook, en la que inicialmente decía que todos los participantes eran funcionarios del Ejecutivo.

Por su parte, Pedro Muñoz expresó dudas adicionales con respecto a las fuentes de financiamiento externo para los funcionarios. Ignacio Alpízar no respondió oportunamente.

Este medio pidió al Ejecutivo un desglose total de los financiamientos aportados por entidades internacionales y ONG. Sin embrago, no se recibió la respuesta hasta el cierre de esta nota. La información se actualizará oportunamente.

Nota del editor: Esta información fue editada, pues originalmente se consignaba que el Estado había pagado parcialmente los gastos de cuatro funcionarios, cuando en realidad fueron tres.

 

Asociación Bancaria usó dato falso para oponerse a tope del 30% en tasas de interés

Es falso que la propuesta metodológica para regular la usura que se analiza en la Asamblea Legislativa permitiría «cerrar» tarjetas de crédito actuales, como advirtió la Asociación Bancaria Costarricense (ABC).

La entidad realizó la afirmación a través de un campo pagado que se publicó en diarios de circulación nacional.

La Asociación además escribió otro mensaje que es engañoso. La ABC realizó una proyección de exclusión financiera basada en el mismo proyecto. Utilizó los datos de los tarjetahabientes actuales y señaló que todos los que dejarían de ser rentables para los bancos con las nuevas condiciones quedarían fuera de cualquier oferta.

La iniciativa de ley propone un tope de 2,2 veces la tasa de interés activa promedio del sistema financiero para las tasas de interés que se cobran a nivel crediticio. Ello implicaría límites de un 29,1% en colones y de un 15% en dólares, tomando como referencia datos publicados por el Banco Central para la semana del 20 al 26 de noviembre.

Ambos topes entrarían a regular únicamente los nuevos contratos. La aplicación de la nueva ley no podría ser retroactiva.

El propósito del proyecto de ley es establecer un límite a los intereses que cobran entidades financieras y comerciales por las operaciones de crédito. De este modo, se podría castigar el delito de usura. Actualmente no existen parámetros para establecer cuáles tasas del mercado son desproporcionadas.

Resumen: Es falso que la propuesta metodológica para regular la usura que se analiza en la Asamblea Legislativa permitiría «cerrar» tarjetas de crédito actuales, como advirtió la Asociación Bancaria Costarricense (ABC).

La entidad realizó la afirmación a través de un campo pagado que se publicó en diarios de circulación nacional.

La Asociación además escribió otro mensaje que es engañoso. La ABC realizó una proyección de exclusión financiera basada en el mismo proyecto. Utilizó los datos de los tarjetahabientes actuales y señaló que todos los que dejarían de ser rentables para los bancos con las nuevas condiciones quedarían fuera de cualquier oferta.

La iniciativa de ley propone un tope de 2,2 veces la tasa de interés activa promedio del sistema financiero para las tasas de interés que se cobran a nivel crediticio. Ello implicaría límites de un 29,1% en colones y de un 15% en dólares, tomando como referencia datos publicados por el Banco Central para la semana del 20 al 26 de noviembre.

Ambos topes entrarían a regular únicamente los nuevos contratos. La aplicación de la nueva ley no podría ser retroactiva.

El propósito del proyecto de ley es establecer un límite a los intereses que cobran entidades financieras y comerciales por las operaciones de crédito. De este modo, se podría castigar el delito de usura. Actualmente no existen parámetros para establecer cuáles tasas del mercado son desproporcionadas.

El espacio pagado

La Asociación Bancaria Costarricense (ABC) pautó en varios medios de comunicación nacional un campo pagado. La publicación afirma que poner un tope del 30% a las tasas de interés nacionales permitiría «cerrar» tarjetas de crédito. «Si su límite de crédito es menor a $750, le podrían cerrar su tarjeta de crédito», advierte ABC.

Campo pagado en el periódico La Nación del 27 de noviembre de 2019.

Además, el anuncio señaló que con el tope del 30% «más de 727.000 personas se quedarían sin acceso a crédito con las instituciones financieras, lo que equivaldría a más de 20 estadios nacionales llenos».

Una afirmación falsa y otra engañosa

La primera de las afirmaciones realizadas por la ABC es falsa. El proyecto de ley para regular las tasas de usura no plantea la posibilidad de «cerrar» tarjetas de crédito vigentes. Así lo indicaron los propios proponentes del texto, los diputados Welmer Ramos, del Partido Acción Ciudadana (PAC), y David Gourzong, del Partido Liberación Nacional (PLN).

«La ley no es retroactiva. Esto quiere decir que quienes tienen hoy un contrato por cualquier tipo de crédito deberán mantener las condiciones», explicó el liberacionista.

El propio asesor legal de la ABC, Mario Gómez, había afirmado que «la ley no es retroactiva», en medio de una entrevista que sostuvo el 21 de noviembre en el programa Enfoques, de crhoy.com.

Sobre la afirmación de su espacio pagado, la Asociación reconoció a través de un correo electrónico que no existe un efecto retroactivo. No obstante, matizó diciendo que intentó hacer referencia a «los nuevos financiamientos».

ABC también advierte sobre 727.000 personas que supuestamente quedarían excluidas del crédito con instituciones financieras. Cortés indicó que la ABC calculó el efecto que tendría aplicar las nuevas tasas a personas que ya tienen tarjetas de crédito. La supuesta exclusión se refiere a los casos en los que «los costos por colón prestado superaban los ingresos por colón prestado», con las condiciones actuales de las tarjetas.

La afirmación no se puede etiquetar como veraz ni como falsa, pues conjetura sobre comportamientos que están en el futuro. Sí se puede afirmar que el cálculo es engañoso. Oculta las posibilidades de que las mismas personas puedan buscar otras ofertas en mejores condiciones, de que los propios usuarios renuncien a tener una tarjeta de crédito si sus condiciones no se lo permiten o de que los bancos reduzcan sus márgenes de ganancia.

Respuesta desde los proponentes

Los propulsores del texto opinan que realmente no habría exclusión financiera. En la opinión de los diputados, facilitar tarjetas de crédito con tasas de usura a personas pobres más bien es una forma de explotación. Esta es una forma de «aumentar la riqueza (de los prestamistas) con injusticia», dijo el diputado Gourzong.

Asimismo, el diputado Ramos conjetura que un porcentaje de las personas excluidas por unos bancos (especialmente por el sector privado) podría ser acogido por los sectores público y cooperativo, que ya ofrecen mejores condiciones. Esta afirmación tampoco puede ser verificada, pues también se trata de un comportamiento en el futuro.

Datos del Ministerio de Economía señalan que, solo en tarjetas de crédito en colones, el 69,9% de las ofertas cobran tasas que oscilan entre el 40,0% y el 49,9%La gran mayoría de ellas están a cargo de la banca privada y de casas comerciales.Entidades de la banca pública y de cooperativas cobran tasas menores.

«Si los bancos del Estado, las cooperativas y las asociaciones solidaristas están dando tarjetas y crédito a tasas que no llegan al límite de usura, las personas que sean desplazadas pueden ser asumidos por esos otros entes», afirma el legislador.

En cuanto a las tarjetas en dólares, la situación es diferente. La totalidad de los plásticos que están en las calles paga actualmente tasas de entre el 18% y el 38%. El límite propuesto por el proyecto de ley es de 15%, tres puntos porcentuales por debajo de la tasa más baja en el mercado.

El proyecto divide

La iniciativa para imponer un tope a las tasas de interés ofrecidas en el mercado formal sigue en la Comisión de Asuntos Hacendarios de la Asamblea Legislativa. Los diputados apuntan a dictaminar el proyecto, pero primero decidieron pactar una audiencia con el presidente del Banco Central, Rodrigo Cubero.

El Banco Central aboga por imponer una tasa de interés más alta en dólares y en colones. En el segundo caso, habla de un porcentaje cercano al 50%. Su tesis es que sería imposible dar crédito a algunos sectores con las condiciones actuales.

Aparte de las tarjetas de crédito, el proyecto regularía también operaciones crediticias comerciales, como las que ofrecen tiendas por departamento. Datos del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) señalan que una décima parte de los hogares costarricenses reportan utilizar al menos una tarjeta de crédito.

La redacción actual del proyecto, con sus topes del 30% y del 15%, despierta el rechazo de todos estos sectores prestamistas. Ellos argumentan que es necesario aplicar tasas más altas para atender a la población con mayor riesgo de pago, aunque sea a tasas superiores al 30%.

Si el texto es aprobado en comisión (con la redacción actual o una nueva), luego tendría que pasar al Plenario legislativo. Allí, los 57 diputados podrían presentar sus últimas propuestas para modificarlo, de cara a su votación (positiva o negativa) en primer debate.

La desigualdad en los salarios de la UCR, explicada

¿Cómo gasta la Universidad de Costa Rica (UCR) su presupuesto en salarios? Políticos, medios de comunicación y la misma UCR han tratado de responder esta pregunta en las últimas semanas.
Entre todo el mar de información hay un dato en el que pocos han reparado: hay una profunda desigualdad en la distribución de salarios de la UCR. Esta inequidad hace que haya una brecha entre una minoría que recibe lo que normalmente se consideran salarios muy altos, y la gran mayoría de los funcionarios.

En este video, esperamos poder explicarle cómo pesan los incentivos como las anualidades en las brechas salariales de la U.

¿Cómo gasta la Universidad de Costa Rica (UCR) su presupuesto en salarios? Políticos, medios de comunicación y la misma UCR han tratado de responder esta pregunta en las últimas semanas.
Entre todo el mar de información hay un dato en el que pocos han reparado: hay una profunda desigualdad en la distribución de salarios de la UCR. Esta inequidad hace que haya una brecha entre una minoría que recibe lo que normalmente se consideran salarios muy altos, y la gran mayoría de los funcionarios.

En este video, esperamos poder explicarle cómo pesan los incentivos como las anualidades en las brechas salariales de la U.

Fuentes y metodología

Doble Check es un proyecto de la Universidad de Costa Rica financiado por la Oficina de Divulgación e Información de la institución. A pesar de ello, los contenidos de este artículo y este video no fueron coordinados con la Universidad. Sí se compartieron los hallazgos con el vicerrector de Administración, Carlos Araya Leandro, como un ejercicio de balance que realizamos con todas nuestras fuentes aludidas antes de cualquier publicación.

Este análisis emplea bases de datos públicas disponibles en el sitio web de la Universidad de Costa Rica. En particular, se empleó la base de datos de salarios de setiembre de 2019, disponible en este enlace.

El análisis también se basa en los informes El pago del incentivo de anualidades en la Universidad de Costa Rica: análisis y recomendaciones publicado en agosto de 2015 por la Comisión para el Análisis del Sistema de Administración de Salarios, la presentación de la vicerrectoría Financiamiento de las instituciones de educación superior estatal de junio de 2019 y el Informe Final de Investigación del Mercado de Salarios para la Universidad de Costa Rica de febrero de 2015 del Insituto de Investigaciones en Ciencias Económicas.
Por último, se hace mención al informe Desafíos en la creación de valor público de las Universidades Estatales, de la Contraloría General de la República.

La Nación responde

El análisis de Doble Check incluyó una nota publicada el 30 de octubre por La Nación. El diario contrasta otra información que había expuesto la Universidad de Costa Rica algunos días antes con respecto a la distribución de salario de la institución. Dentro de su análisis, el diario publicó incorrectamente el siguiente párrafo:

La información es incorrecta porque en ningún caso hay una «mayoría» de empleados en las condiciones expuestas por La Nación. Los datos correctos son los siguientes:

 

  • La cantidad de personas que ganan menos de un millón y que trabajan menos de un tiempo completo son 3.458. Dentro de este grupo, la cantidad de personas que recibe un salario superior a los ¢663.772 son 460 (13%).
  • La cantidad de personas que ganan menos de un millón (sin importar su tiempo o jornada) son 4.636. Dentro de ese grupo, 1.237 ganan más de  ¢663.772 (27%).
  • La cantidad de personas que trabajan menos de un tiempo completo en la Universidad son 3.757. De ellas, 759 ganan más de  ¢663.772  (20%).

 

Doble Check compartió sus hallazgos con la periodista Daniela Cerdas, de La Nación. La periodista agradeció la observación y comunicó que ya habían enmendado la publicación. El párrafo en cuestión eliminó la referencia a la «mayoría» y lo cambió por «algunos».