Cierto: Costa Rica no cuenta con suficientes datos públicos para medir la riqueza

En resumen: El Instituto de Investigaciones Sociales (ISS) fue blanco de varias refutaciones. Uno de sus estudios en proceso usó una revista de negocios centroamericana como fuente para calcular la magnitud de las mayores fortunas de Costa Rica. La fuente era falaz y el instituto replicó sus datos sin fundamento.

¿Hay otras formas de acercarnos a los estratos más altos de prosperidad en el país?

La estadística es una forma de aproximación, pero se queda corta. El INEC nos dice que el ingreso promedio mensual del 10% de los hogares más ricos del país es de unos ₡2,4 millones. ¿A cuánto corresponde el ingreso del 0,1% más rico? ¿A dos veces esa cifra? ¿A cien veces? Eso no lo sabemos porque es un estrato que suele escapar al alcance de las encuestas.

¿Qué hay de los aportes a la Caja Costarricense del Seguro Social? Ellos solo indican ingresos formales, y solo son accesibles para salarios públicos. Otro acercamiento podría venir de las declaraciones de impuestos, pero la ley protege su confidencialidad. Otra vía: si supiéramos quiénes son los beneficiarios finales de las empresas más rentables del país también podríamos tener un acceso indirecto a la magnitud de la acumulación de capital. Esa información tampoco está disponible públicamente.

La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) se ha referido al asunto. La organización ha dicho que los pocos datos privados en manos del Estado aún son insuficientes para conocer los volúmenes de la riqueza en el país. También señala que Costa Rica todavía necesita mejoras en las herramientas que permitan identificar quiénes controlan el capital de las personas jurídicas.

El Estado sí tiene una base de datos pormenorizada de los ingresos de cerca de 1,4 millones de hogares en el país, pero no son los hogares más prósperos los que están registrados en el Sinirube. De los hogares más ricos prácticamente no conocemos nada.

En medio de la polémica del IIS, el instituto justificó el uso de la revista de negocios FORBES Centroamérica. Alegó una “opacidad” de otras fuentes de información sobre la acumulación de riqueza en Costa Rica. El instituto se equivocó al confiar en una fuente inadecuada, pero su argumento de fondo es correcto. Costa Rica no tiene suficientes datos públicos para saber cuán ricos son sus ricos.

En resumen: Una investigación en proceso del Instituto de Investigaciones Sociales (ISS) fue blanco de varias refutaciones. El estudio usó una revista de negocios centroamericana como fuente para calcular la magnitud de las mayores fortunas de Costa Rica. La fuente era falaz y el instituto replicó sus datos sin fundamento.

¿Hay otras formas de acercarnos a los estratos más altos de prosperidad en el país?

La estadística es una forma de aproximación, pero se queda corta. El INEC nos dice que el ingreso promedio mensual del 10% de los hogares más ricos del país es de unos ₡2,4 millones. ¿A cuánto corresponde el ingreso del 0,1% más rico? ¿A dos veces esa cifra? ¿A cien veces? Eso no lo sabemos porque es un estrato que suele escapar al alcance de las encuestas.

¿Qué hay de los aportes a la Caja Costarricense del Seguro Social? Ellos solo indican ingresos formales, y solo son accesibles para salarios públicos. Otro acercamiento podría venir de las declaraciones de impuestos, pero la ley protege su confidencialidad. Otra vía: si supiéramos quiénes son los beneficiarios finales de las empresas más rentables del país también podríamos tener un acceso indirecto a la magnitud de la acumulación de capital. Esa información tampoco está disponible públicamente.

La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) se ha referido al asunto. La organización ha dicho que los pocos datos privados en manos del Estado aún son insuficientes para conocer los volúmenes de la riqueza en el país. También señala que Costa Rica todavía necesita mejoras en las herramientas que permitan identificar quiénes controlan el capital de las personas jurídicas.

El Estado sí tiene una base de datos pormenorizada de los ingresos de cerca de 1,4 millones de hogares en el país, pero no son los hogares más prósperos los que están registrados en el Sinirube. De los hogares más ricos prácticamente no conocemos nada.

En medio de la polémica del IIS, el instituto justificó el uso de la revista de negocios FORBES Centroamérica. Alegó una “opacidad” de otras fuentes de información sobre la acumulación de riqueza en Costa Rica. El instituto se equivocó al confiar en una fuente inadecuada, pero su argumento de fondo es correcto. Costa Rica no tiene suficientes datos públicos para saber cuán ricos son sus ricos.

 

¿Qué dijo el ISS con respecto al acceso a datos sobre riqueza?

Un estudio en proceso del IIS fue usado como fuente de varias publicaciones en las que se señalaba el nombre de tres personas como las más adineradas del país. El centro falló al verificar la validez de su fuente original: la revista FORBES Centroamérica. La información no tenía fundamento.

El centro de investigación aseguró en un comunicado que hay “poca o nula información de carácter público sobre la riqueza”. El rector de la Universidad de Costa Rica, Carlos Araya, adujo argumentos similares en una circular.

 

¿Puede el Estado medir la riqueza de una persona?

No es posible medirla con exactitud. Las estimaciones sí pueden ser más certeras cuanto más acceso a información tenga el Estado sobre bienes e ingresos. Así lo expresó el exviceministro de Ingresos, Fernando Rodríguez, aunque apuntó que podría haber limitaciones.

“Por ejemplo, siempre puede haber valores registrados en paraísos fiscales. No es una ciencia exacta”, apuntó.

Costa Rica recibió recomendaciones sobre transparencia fiscal por parte de la OCDE durante más de una década. Su último informe sobre el tema concluyó que el país obtuvo mejoras sustanciales.

Uno de los cambios recientes es el registro centralizado que recopila información sobre los beneficiarios finales del dinero que producen todas las entidades legales. La OCDE aún no revisa su operación. Eso sí, adelantó que tiene varias deficiencias sobre la legalidad del registro y la información disponible en el país.

Doble Check consultó a Zayda Manatta, jefa de la Secretaría del Foro Global de la OCDE sobre Transparencia e Intercambio de Información para propósitos impositivos. Ella resaltó algunas de las deficiencias expresadas en el último informe:

  • La legislación contra el lavado de dinero solamente cubre a las personas frísicas dueñas de acciones. Falla en identificar a los verdaderos dueños o beneficiarios reales del capital de las empresas.
  • La ley contra el fraude fiscal le permite a las entidades legales que no identifiquen a sus dueños legales extranjeros. En su lugar, permite que registren los nombres de sus administradores. En el caso de los fideicomisos, para la OCDE es incierto si esta ley requiere la identificación de cualquier otra persona que ejerza control.

La OCDE también afirmó en su Análisis de la Política Fiscal que la “evasión fiscal en Costa Rica es generalizada. Los ingresos fiscales que se pierden a consecuencia de la evasión fiscal son muy elevados, en particular en el ámbito de las empresas”.

Medidas complementarias

Para el exviceministro Rodríguez, la estructura impositiva en Costa Rica tampoco favorece la identificación de quién está detrás de la riqueza. Más allá del estándar de la OCDE, se necesitaría migrar a un modelo de renta global, indica el economista.

Rodríguez opina que para el Estado no es suficiente contar con información acerca de los accionistas y las sociedades: cualquier persona podría ocultarse detrás de otros sujetos. En su lugar, sugiere que todas las personas físicas reporten sus activos, pasivos e ingresos. Ello permitiría identificar quiénes se benefician de cada bien o capital.

Según el exviceministro, además de ser confidenciales, la declaración de impuestos también son muy escuetas. “Aquí se llena una página, en otros países son nueve o más”.

 

Información accionaria en Costa Rica es confidencial

El registro de accionistas en Costa Rica permitirá al Estado calcular de mejor manera la magnitud de la riqueza personal. Sin embargo, los y las ciudadanas, periodistas, y académicos no tendrán acceso a él.

La publicidad de esta información no es un estándar internacional. Sin embargo, sí hay casos de apertura. Países como como Reino Unido , Bulgaria, Dinamarca o antiguos paraísos fiscales como Luxemburgo, ofrecen información pública y de acceso libre sobre accionistas y beneficiarios finales de las compañías.

Más transparencia, menos corrupción

Una organización como Global Witness impulsa este tipo de conocimiento público. La organización civil internacional argumenta que la información no es solo clave para los ciudadanos, también es vital para los otros gobiernos. La organización dijo a Doble Check por medio de un correo electrónico:

«La transparencia pública y completa acerca de la información de los beneficiarios finales es vital para detener el rol de opacidad entre compañías anónimas involucradas en acciones de lavado de dinero y en corrupción. Desde los Papeles de Panamá hasta otros numerosos escándalos han demostrado cómo los criminales y los corruptos ocultan sus identidades detrás de compañías anónimas para ocultar grandes sumas de riqueza ilegal alrededor del mundo».

El sistema financiero permite con facilidad crear capas de compañías de papel que cruzan fronteras y jurisdicciones. Eso, indica la organización, hace imposible saber quién está detrás del dinero.

«Si logramos sacar esta información de las sombras, el público, los medios de comunicación, la sociedad civil –así como los gobiernos– podremos seguir el dinero y llamar a esas organizaciones a rendir cuentas», indicó la organización a Doble Check.

Ya otras organizaciones han llamado la atención sobre este tema. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos subrayaba en marzo de 2018  que la falta de transparencia facilita la corrupción e impide el control ciudadano. La entidad  recomendaba a los Estados «establecer obligaciones de transparencia activa» en relación con «la identidad de las personas jurídicas y naturales involucradas en la gestión de empresas del sector privado«. El caso Claude Reyes vs otros en Chile de la Corte Interamericana de Derechos Humanos también aborda este problema.

Los estándares de la OCDE no requieren que la información sobre empresas sea accesible al público. Eso sí, la organización tiene claro que los ciudadanos y periodistas pueden contribuir a aumentar la transparencia para asuntos impositivos.

«Permitir al público acceder a alguna información (como los registros acerca de beneficiarios finales sobre empresas o fideicomisos) podría permitir un mayor escrutinio acerca de la precisión de la información (siempre que se provea de datos que se puedan buscar fácilmente y leer desde computadoras sin ningún costo). El acceso abierto a esta información atraerá la atención de académicos, organizaciones civiles y periodistas», sugiere Zayda Manatta, jefa de la Secretaría del Foro Global de la OCDE.

Ese escrutinio puede contribuir a una identificación más activa de los datos inadecuados, dijo Manatta. También permitiría una detección más efectiva de la evasión de impuestos o el lavado de dinero. «En la Unión Europea, los Estados Miembros han decidido dar público acceso a los registros de beneficiarios finales para evitar el lavado de dinero (recital n°30 de la 5th European AML Directive -n°2018/843-)», ejemplifica la experta.  La transparencia de esta información podría tener un costo deseable en la reputación de personas relacionadas con empresas vinculadas al lavado de dinero o el financiamiento del terrorismo.

«Todas esas ventajas deben de pesarse contra el riesgo que algunos beneficiarios finales puedan percibir ante una mayor disponibilidad de la información. Estas personas podrían preferir que no exista tanta información disponible, o tratarían de cambiar su involucramiento a través de estructuras mucho más complejas», dijo.

 

¿A cuál información sí tenemos acceso?

Un ciudadano, periodista o investigador en Costa Rica no puede acceder a la lista de accionistas de una empresa. Mucho menos a sus beneficiarios finales. La única información parcialmente pública está relacionada con las juntas directivas de las compañías. ¿Qué otra información existe?

Encuestas

Hay acceso público a los datos recolectados por el Instituto de Estadística y Censos en la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares, por ejemplo. Con ellos se puede medir el nivel de desigualdad del país. Esa información tiene varias limitaciones: en primer lugar, es  anónima.

Además, un análisis realizado por la Cepal señala un posible sesgo en los datos por la improbabilidad de que los percentiles de hogares más ricos sean seleccionados en una muestra aleatoria. También indican su propensión a rechazar la encuesta y la posibilidad de subregistro en las declaraciones. Ese subregistro podría llevar a subestimaciones en los cálculos sobre la desigualdad.

La Cepal recomienda el uso combinado de la encuesta con datos tributarios obtenidos de las autoridades fiscales. Este método combinado ayudaría a obtener mediciones más precisas sobre la desigualdad y la distribución del ingreso en los hogares más ricos de cada país. Por esta razón, la comisión aconseja a los gobiernos la divulgación de esta información.

Estados financieros

Las empresas que cotizan en la bolsa de valores deben publicar sus balances anuales. Existe una mayor transparencia con este tipo de compañías, como Fifco, pero son una minoría dentro del parque empresarial del país. Se trata de apenas 58 empresas, incluidas entidades estatales.

Esta información también es limitada a la hora de medir riquezas particulares porque los datos públicos no están asociados a los accionistas. Los beneficiarios, además, posiblemente puedan tener inversiones, ingresos o capital de otras fuentes.

Eduardo Rojas, exgerente de negocios del INS Valores Puesto de Bolsa y docente de administración pública en la UCR, agregó otras limitaciones. Por ejemplo, el mercado costarricense no funciona con la misma agresividad que en los países de renta alta. Esos países obtienen una mayor cantidad información financiera de las empresas que participan en la bolsa.

 

¿Favorece el sistema impositivo a los más ricos?

Es difícil responder a esa pregunta tajantemente, pero hay algunas pistas.

Por ejemplo, la OCDE también ha señalado que el sistema impositivo de Costa Rica no favorece a la redistribución de la riqueza. La revisión de políticas tributarias que la organización hizo a Costa Rica en el 2017 concluyó que “el Impuesto de Renta a Personas Físicas no contribuye a reducir la desigualdad entre los ingresos. Aun cuando este impuesto está diseñado como progresivo, en la práctica eleva muy poco los ingresos con influencia en la distribución de los ingresos”.

El principal problema es que la recaudación por renta a personas físicas es baja en comparación con el resto de países de la organización.

El impuesto máximo con el que se gravan las rentas altas (mayores a ₡1,2 millones) es de un 15% en Costa Rica. En el resto de la OCDE es de 43,6% en promedio. En Suecia, por ejemplo, llega a un extremo de 57%.

“(Esa) limitada recaudación que se obtiene es uno de los factores que explican la diferencia tan pequeña entre los coeficientes de Gini antes y después de impuestos y transferencias en Costa Rica, en comparación con otros países”, dice la organización.

Irlanda o Finlandia, por ejemplo, reducen la desigualdad a casi la mitad después de aplicar impuestos y prestaciones. Costa Rica logra efectos mínimos (de apenas un 3,8%), tras hacer lo mismo.

Nota del editor: Doble Check es un proyecto financiado por la Universidad de Costa Rica. El Instituto de Investigaciones Sociales también pertenece a esta casa de enseñanza. La información en esta nota se trabajó con independencia de esta relación, pero se considera necesario transparentar un conflicto de interés de cara a nuestra audiencia.

No es cierto que rebaja a remuneraciones afectará a diputados, como dijo ministra Garrido a #NoComaCuento

La Ministra de Planificación Pilar Garrido afirmó a #NoComaCuento, de La Nación, que el proyecto de ley que el gobierno presentó para reducir las remuneraciones en el sector público sí incluye rebajas a los diputados. La redacción del texto no permite afirmar eso.

Garrido hizo la afirmación como parte de una verificación de #NoComaCuento, que pretendía desmentir a Albino Vargas. El líder sindical había publicado un tuit el 13 de julio que afirmaba que “la rebaja salarial no incluye a los diputados ni a las diputadas”.

¿Por qué el proyecto no incluye a las y los diputados? El texto del Ejecutivo pretende reducir las jornadas de los trabajadores con remuneraciones mayores a ₡1,5 millones. Es decir, el texto no ordena el recorte directo de las remuneraciones o salarios, sino –más bien– la reducción de las jornadas. Ello consecuentemente conlleva a recortar remuneraciones, pero no las de los diputados.

Los congresistas no tienen una jornada definida ni una relación laboral. Así lo explicaron el director ejecutivo de la Asamblea Legislativa, Antonio Ayales, y el exmagistrado de la Sala II Rolando Vega.

No es posible recortar la jornada de los miembros del Congreso porque esa figura no existe para este tipo de servidor público. Un diputado o una diputada no tiene horario, ni cobra horas extra ni puede ser despedido. Tampoco se le puede recortar el tiempo que dedica a sus funciones, pues tiene la obligación legal de atender permanentemente «requerimientos propios de su investidura en cualquier tiempo y lugar».

Doble Check compartió sus hallazgos con Garrido. La ministra insistió en que el proyecto afectaba todas las remuneraciones del sector público, pero no respondió directamente a la imposibilidad de reducir la jornada de los congresistas.

La Ministra de Planificación Pilar Garrido afirmó a #NoComaCuento, de La Nación, que el proyecto de ley que el gobierno presentó para reducir las remuneraciones en el sector público sí incluye rebajas a los diputados. La redacción del texto no permite afirmar eso.

Garrido hizo la afirmación como parte de una verificación de #NoComaCuento, que pretendía desmentir a Albino Vargas. El líder sindical había publicado un tuit el 13 de julio que afirmaba que “la rebaja salarial no incluye a los diputados ni a las diputadas”.

¿Por qué el proyecto no incluye a las y los diputados? El texto del Ejecutivo pretende reducir las jornadas de los trabajadores con remuneraciones mayores a ₡1,5 millones. Es decir, el texto no ordena el recorte directo de las remuneraciones o salarios, sino –más bien– la reducción de las jornadas. Ello consecuentemente conlleva a recortar remuneraciones, pero no las de los diputados.

Los congresistas no tienen una jornada definida ni una relación laboral. Así lo explicaron el director ejecutivo de la Asamblea Legislativa, Antonio Ayales, y el exmagistrado de la Sala II Rolando Vega.

No es posible recortar la jornada de los miembros del Congreso porque esa figura no existe para este tipo de servidor público. Un diputado o una diputada no tiene horario, ni cobra horas extra ni puede ser despedido. Tampoco se le puede recortar el tiempo que dedica a sus funciones, pues tiene la obligación legal de atender permanentemente «requerimientos propios de su investidura en cualquier tiempo y lugar».

Doble Check compartió sus hallazgos con Garrido. La ministra insistió en que el proyecto afectaba todas las remuneraciones del sector público, pero no respondió directamente a la imposibilidad de reducir la jornada de los congresistas.

¿Qué dijeron Albino Vargas, Pilar Garrido y No Coma Cuento?

El 13 de julio, el líder sindical Albino Vargas publicó en twitter :

¡Qué bonito! La rebaja salarial NO INCLUYE A LOS DIPUTADOS NI A LAS DIPUTADAS. Diz que ellos tienen un régimen distinto al cual se llaman «dietas». ¿Será posible tal cinismo político?…

No Coma Cuento publicó una verificación al respecto dos días después titulada “#NoComaCuento: Albino Vargas difunde información falsa sobre proyecto de rebaja salarial a empleados públicos”. En ella, la jerarca de Planificación Pilar Garrido desmiente a Albino Vargas y asegura que el proyecto del Ejecutivo sí impacta a los diputados.

“Todos los poderes de la República y las autoridades somos parte. Están incorporadas todas aquellas personas servidoras públicas que ganan más de ¢1,5 millones”, dijo a La Nación. “Los diputados sí están regulados por la Ley de Salarios de la Administración Pública. Por ende, comprende a los mismos. El rebajo aplica a que se les reduce, al final, el 15% del total de su remuneración bruta”, agrega su cita.

El 20 de julio La Nación publicó un derecho de respuesta a Albino Vargas. El líder sindical se basó en un intercambio de Garrido con el diputado José María Villalta en la Asamblea Legislativa.  «Queda claro que ni la ANEP ni mi persona difundimos información falsa», concluyó el sindicalista.

¿Qué dice el proyecto del Ejecutivo?

La controversia entre Vargas y de Garrido está centrada en el término que se usa para describir las retribuciones económicas de los diputados: dietas, salarios o remuneraciones.

Antes de eso, ¿qué dice el proyecto que el Ejecutivo presentó a la Asamblea Legislativa?

El texto, presentado bajo el expediente 22.081 con el nombre de “Ley de Reducción de Jornadas en el Sector Público” propone en su artículo primero:

“Las instituciones públicas comprendidas en el artículo 26 de la Ley de Salarios de la Administración Pública, Ley No. 2166, de 9 de octubre de 1957, por un plazo improrrogable de doce meses, a partir de la entrada en vigencia de la presente ley, deberán reducir en un quince por ciento (15%), las jornadas de trabajo del personal que reciba una remuneración bruta mensual de al menos un millón quinientos mil colones (¢ 1.500.000) por su jornada ordinaria de trabajo”.

El texto no ordena directamente la reducción de remuneraciones, sino –más bien– de jornadas de los trabajadores públicos.

Los demás artículos se refieren a qué instituciones corresponde aplicar las reducciones y cuáles son las dependencias eximidas de la medida (cuerpos de Policía, Bomberos, Ministerio de Salud, Caja Costarricense de Seguro Social, Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias y centros penitenciarios). No hay ningún artículo que mencione a los diputados.

¿Tienen los diputados jornada?

El Director Ejecutivo de la Asamblea Legislativa, Antonio Ayales, aseguró a Doble Check que el proyecto del gobierno no incluye a los diputados, pues ellos no tienen jornada.

“Los diputados son escogidos por elección popular, por tanto, no son considerados funcionarios públicos, a pesar de trabajar en el primer Poder de la República, no tienen una jornada laboral como sí la tienen el resto de funcionarios públicos que trabajan en la Asamblea, no tienen un salario como el resto de funcionarios, no son parte de la estructura administrativa de la Asamblea ni siquiera están sujetos al Reglamento Autónomo de la institución” dijo a Doble Check.

No se les puede rebajar una jornada que no tienen. Un diputado viene y se va a la hora que quiere, no tiene que rendirle cuentas a nadie en la administración de a qué hora llega o se va de la Asamblea”, concluyó Ayales.

Su criterio coincide con su criterio el exmagistrado de la Sala II Rolando Vega.

Los diputados no están sujetos a una jornada. No tienen un contrato de trabajo ni tienen que cumplir un horario determinado. Tampoco pueden cobrar horas extra, ni tienen un control de supervisión o de fiscalización. No hay una relación laboral, propiamente dicha”.

Aún si la tuvieran, la ley 7352 de Remuneración de Diputados de la Asamblea Legislativa obliga a los diputados a estar disponibles permanentemente para atender sus funciones.

“ Fíjase la remuneración de los diputados a la Asamblea Legislativa, atendiendo los siguientes principios: (…) b- El cumplimiento de sus deberes y obligaciones, como miembros del Poder Legislativo, implica para los diputados la permanente disposición de atender requerimientos propios de su investidura en cualquier tiempo y lugar”.

Doble Check consultó sobre este tema a la jerarca Pilar Garrido, pero no respondió directamente a nuestras preguntas. Sus respuestas completas están disponibles aquí y aquí.

La jerarca declaró su disposición de enmendar eventualmente el texto para que «cumpla con el espíritu de reducir jornadas a los empleados de todo el sector público».

Las dietas, los salarios y las remuneraciones

Vargas argumenta que las razones por las que la rebaja no aplica a los legisladores es porque ellos y ellas tienen dietas, y no salarios. Según Vargas, el proyecto está enfocado en la reducción de salarios y –al no incluir dietas– los congresistas no están incluidos en la iniciativa.

Aunque la crítica de Vargas sí tiene fundamento, sus razones para justificar la denuncia son discutibles.

Por ejemplo, la Procuraduría General de la República había opinado en mayo de 2002 que la retribución que reciben los legisladores no puede considerarse una dieta ni un salario. El término correcto para referirse a las retribuciones de los diputados, según este criterio, es “remuneración”.

Ése es justamente el término que emplea el proyecto del Ejecutivo cuando indica que se deberán reducir “las jornadas de trabajo del personal que reciba una remuneración bruta mensual”.

Tras una consulta de Doble Check, Garrido sí se refirió a las retribuciones de los legisladores como “dietas”, pero aseveró que ese término estaba incluido dentro del término más amplio de “remuneraciones”.

«Las dietas son solamente un componente de lo que se le cancela a los diputados de manera mensual, ese monto total tiene el nombre de ‘remuneración’, según el artículo 1 de la Ley 6961. El artículo 1 del proyecto de ley, menciona que serán las remuneraciones las que deben disminuirse en un 15% de modo que, al recibir los diputados remuneraciones, están comprendidos por ese artículo 1. Remuneración es el género. Salario o dieta son especies de ese mismo género, de tal modo que ambos conceptos caben en dicho género”, afirmó.

A pesar de esta argumentación, Garrido no se refirió a si podía recortarse la jornada de un diputado, a pesar de que no tienen una jornada.

Comisión legislativa del FEES tergiversó hallazgos del Estado de la Educación

En resumen: El informe de mayoría acerca del Fondo Especial para la Educación Superior (FEES)  atribuye al Informe Estado de la Educación aseveraciones que no contiene. El estudio elaborado por el Programa Estado de la Nación no sustenta –y en algunos casos contradice– algunas de las conclusiones del informe preparado por la mayoría de diputados de la Comisión Especial para el FEES.

  • Es falso que la asistencia a las universidades hubiera bajado desde el 2010.
  • No hay datos que sustenten que la inversión en sedes regionales no sea una prioridad.
  • Es engañoso afirmar que la oferta académica sea obsoleta y que está divorciada del sector productivo.

Doble Check conversó con Isabel Román, Valeria Lentini y Marcela Román, del Estado de la Educación, para entender de qué manera el informe legislativo tergiversó algunos hallazgos del equipo de investigación. Marcela Román añadió que los diputados omitieron señalar en su informe una falla evidente en la educación superior pública: la falta de políticas para atender las brechas de género.

El informe legislativo fue aprobado por 31 diputados el 23 de junio. El Estado de la Educación sí coincide con el informe legislativo en la necesidad de apuntalar los programas de diplomado universitario. También concuerdan en que es necesario buscar tácticas para mejorar la relación entre costo y efectividad de la inversión en educación.

En resumen: El informe de mayoría acerca del Fondo Especial para la Educación Superior (FEES)  atribuye al Informe Estado de la Educación aseveraciones que no contiene. El estudio elaborado por el Programa Estado de la Nación no sustenta –y en algunos casos contradice– algunas de las conclusiones del informe preparado por la mayoría de diputados de la Comisión Especial para el FEES.

  • Es falso que la asistencia a las universidades hubiera bajado desde el 2010.
  • No hay datos que sustenten que la inversión en sedes regionales no sea una prioridad.
  • Es engañoso afirmar que la oferta académica sea obsoleta y que está divorciada del sector productivo.

Doble Check conversó con Isabel Román, Valeria Lentini y Marcela Román, del Estado de la Educación, para entender de qué manera el informe legislativo tergiversó algunos hallazgos del equipo de investigación. Marcela Román añadió que los diputados omitieron señalar en su informe una falla evidente en la educación superior pública: la falta de políticas para atender las brechas de género.

El informe legislativo fue aprobado por 31 diputados el 23 de junio. El Estado de la Educación sí coincide con el informe legislativo en la necesidad de apuntalar los programas de diplomado universitario. También concuerdan en que es necesario buscar tácticas para mejorar la relación entre costo y efectividad de la inversión en educación.

Falso: La asistencia a las universidades viene bajando.

El informe de los diputados asegura que “desde el año 2010 viene bajando la asistencia a las universidades tanto públicas como privadas”.

En realidad, el Estado de la Educación separa los datos en dos criterios: matrícula y asistencia.

Miremos primero lamatrícula, medida a partir de los datos del primer ciclo de cada universidad pública. El estudio destaca que la matrícula en universidades públicas subió en más de un 12% entre el 2012 y 2017. Contrario a la observación de los diputados, es en las sedes regionales donde el crecimiento ha sido más significativo (29%).

La asistencia es el otro indicador del Estado de la Educación, y  se calcula de otra forma. Los investigadores miran la cantidad de personas entre 18 y 24 años, y observan qué porcentaje de ellos están estudiando en las universidades, sin importar si son públicas o privadas. Ese porcentaje ha estado estancado (distinto a decir que viene disminuyendo).

¿Por qué estancado? Marcela Román explicó que lograr aumentar la cantidad de estudiantes en las universidades públicas responde más a la educación secundaria y cada vez menos a aumentos en la cantidad de cupos universitarios.

“Probablemente, Costa Rica ha llegado al tope de su cobertura natural (en educación superior) (…) Hay unas  brechas estructurales en la calidad y cobertura secundaria en las regiones que, sin que eso se mejore, no hay manera de traer más gente a la universidad… Solo que les liberáramos el requisito de tener un título de secundaria, y no tiene sentido”, dijo.

Según Román, las universidades ya incorporaron a la población de mayor acceso: jóvenes de área metropolitana, estudiantes de los colegios con mejor formación o personas de alto nivel económico.

Crecer más es difícil: por eso están estancados.  Pero, aún a pesar de todo, hay una población que no está estancada y que sí está aumentando su participación en la educación superior. Se trata de los jóvenes más pobres, los jóvenes de las regiones o los jóvenes de primera generación (es decir, cuando son los primeros en la familia en ir a la universidad). Esa población sí está aumentando.

“Esto tiene sentido porque es en estos sectores donde hay margen para crecer y han sido las universidades públicas las que proporcionalmente han absorbido más a la población pobre en esas edades. También tiene sentido por la mayor presencia en las regiones y por las medidas afirmativas como las becas”, dijeron Isabel Román y Valeria Lentini a Doble Check.

La afirmación del informe de los diputados, entonces, es falsa. La matrícula de las universidades públicas sí ha aumentado en los últimos diez años, especialmente en las regiones. La asistencia se encuentra estancada en todo el indicador de educación superior (pública y privada), pero no cayendo.

El estancamiento se explica por brechas estructurales que van más allá de las universidades públicas. A pesar de eso, está aumentando la participación de los jóvenes más desfavorecidos.

Diputados: la inversión en las regiones no ha sido una prioridad

Los diputados afirman que la inversión en las regiones no ha sido una prioridad. Dicen basarse en el Estado de la Educación. Sin embargo, los investigadores señalan que carecen de datos para sustentar o rechazar esa afirmación.

“Eso no se de dónde lo sacaron, pero desde el Estado de la Nación no fue”, dice Marcela Román.

La investigadora explica que hay costos asociados a las sedes que están registrados en una sola cuenta sin segregar entre sedes centrales y regiones. Román también destaca que el valor de los activos en las sedes no está contabilizado dentro del rubro de inversión.

“Si hablamos de  las fincas que tenemos en todo el territorio nacional valen una fortuna, más todos los equipos, las maquinarias para hacer la agricultura y los laboratorios de veterinaria y los de agua… Tenemos una inversión brutal. No sabemos (a cuánto ascienden). Hay que hacer los números: no es tan sencillo”.

Para el próximo año, el informe del Estado de la Educación pretende hacer una primera aproximación a este tipo de datos. De momento afirman no haber publicado o contar con datos que permitan o no sustentar la afirmación de que “la inversión en las regiones no ha sido una prioridad”.

“Hemos dicho en otros informes que se hace inversión en las regiones, pero que hay estrategias que deberán revisarse para poder tener mejores resultados”, agregaron por correo electrónico Isabel Román y Valeria Lentini, también del Estado de la Educación. “En las regiones se concentra la población con beca de las universidades públicas, por lo tanto, las estrategias a revisar tendrían que ver con más elementos que el apoyo económico”.

Engañoso: La oferta académica está obsoleta y divorciada del sector productivo

El informe de los legisladores acerca de las universidades públicas afirma que  “la oferta académica está obsoleta y divorciada del sector productivo, lo que produce sobreoferta en Ciencias Sociales y un alto déficit en carreras Stem (es decir, carreras de Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas)”. Los diputados dicen basarse en el Estado de la Educación para afirmar eso.

Evaluemos primero la afirmación sobre la obsolescencia. El informe de los diputados usa una cita de la investigadora Valeria Lentini para justificar su título. Lentini dijo en la Comisión:

“Hicimos un ejercicio de análisis, tanto las universidades públicas como privadas, y encontramos que, por ejemplo, en el caso de las universidades privadas más del 60% de las carreras en estas universidades no han actualizado sus programas en los últimos diez años. Y esto es muy importante, porque aquí sale, por ejemplo, en educación, el 70% de las carreras que ofrecen estas universidades no se ha actualizado, siendo que son esas carreras las que gradúan más docentes.”

La cita de Lentini es acerca de las universidades privadas, no acerca de las públicas. Los datos de renovación de las carreras en las universidades públicas son mucho más altos, pero el informe de los diputados los omite.

“Durante la última década, todas las universidades (públicas) realizaron modificaciones curriculares o crearon carreras, aunque a ritmos diferentes. Según los registros, en la UCR el 52% de la oferta es nueva o ha sido renovada; el 54% en el TEC, el 61% en la UNA y 70% en la UNED. En la UTN todavía el conjunto de su oferta tiene diez años o menos de creada”, dijeron Isabel Román y Valeria Lentini a Doble Check.

Román afirma que hay que hacer un cálculos más finos. «Los grandes números no valen así. Hay que partirlos», agrega Marcela Román. Por ejemplo, en Salud, las universidades públicas solo han actualizado un quinto de su oferta (20,5%) en los últimos diez años, pero en las áreas de informática, ingeniería y computación ese porcentaje se triplica, debido a la apertura de nuevas carreras y actualización de planes.

Eso sí: el Estado de la Educación señala que el país no está dando la talla en «innovación». Sus investigadoras consultaron a las propias universidades si creían que estaban siendo innovadores y qué barreras enfrentaban para serlo. Tanto las universidades públicas y privadas admitieron que no.

“En las universidades públicas los procesos de tramitar cosas son sumamente lentos y desmotivan a las unidades académicas para hacer cosas.  Desde el sector privado lo que encontramos es que hay un problema en la regulación del Conesup que los bloquea para ser innovadores”, dice Román.

¿Qué hay de la afirmaicón sobre el supuesto divorcio entre las universidades y el sector productivo. Lo cierto es que no hay datos para afirmarlo categóricamente. Marcela Román señala la necesidad de contar con estudios de prospección laboral, que Costa Rica no tiene.

“El Estado costarricense no hace nada sobre eso. (…) Cinde hace algunas cositas, la Uccaep hace algunas cositas… Todo el mundo  hace algo, pero no es una información desde la que el Estado de la Nación pueda asirse para decir cosas concluyentes. Costa Rica no hace del todo (estudios de prospección laboral)”.

Román subraya que las universidades deberían tener capacidad de prospección laboral en el largo plazo. Pero, considerando los tiempos de planificación y creación de una carrera, eso implica pensar más allá de los próximos cinco o diez años.

Los diputados se basan también en una cita del Estado de la Educación sobre todas las universidades –públicas y privadas– para indicar el déficit en carreras STEM. Omiten decir que  la UCR y el TEC tienen mayor oferta académica en áreas STEM que el resto de universidades públicas y privadas del país. Se trata de carreras que requieren de alta inversión en infraestructura e insumos, por lo que son más caras.

“Este país tiene una deficiencia enorme porque no hace prospección laboral y poner porcentajes graciosos de que necesitamos un 20%, un 30% o un 50% de carreras STEM es una tontería. Eso no tiene robustez académica. No se sostiene porque no están los estudios serios. Hay que hacer los estudios de prospección laboral”, había dicho la misma Román en un foro organizado por estudiantes de la Federación de Estudiantes de la UNA.

Lo que no critican los diputados y que sí cuestiona el Estado de la Educación

El informe del FEES omite también mencionar una deuda que sí ha resaltado el Estado de la Educación reiteradamente: las brechas de género.

“Que es la más grande, porque las mujeres somos la mitad. La población regional no es tanta en el promedio país… ¡Pero es que las mujeres somos la mitad! ¿Cómo se les olvidó mirar eso que es tan crítico?” , dice Marcela Román.

El informe ha resaltado muchas problemáticas relacionadas con ese tema. Por ejemplo, existen amplias brechas para que las mujeres puedan acceder a carreras como las ingenierías, Física o Computación.

“De hecho, las mujeres enfrentan con mucho miedo las pruebas de admisión en general. Hay muchas menos mujeres que aplican al TEC. Y no es casualidad”, agrega Marcela Román.

El informe concluye que los esfuerzos para resolver las brechas de género que vienen desde la secundaria son mínimos en las universidades. Los informes han documentado las problemáticas de acoso y la falta de políticas institucionales que rompas las barreras sociales que tienen las mujeres.

Tener a más mujeres estudiando en las universidades y atreviéndose a cursar carreras ocupadas mayoritariamente por hombres será también vital para el futuro del trabajo en Costa Rica. El Estado de la Nación ha insistido durante varios años en que ampliar la proporción de mujeres ocupadas en el país podría disminuir la pobreza y la desigualdad en el país.

Las coincidencias

Los diputados aseguran en sus conclusiones que las universidades públicas deben “crear y desarrollar más programas de diplomados universitarios, como una herramienta para democratizar la educación superior en las regiones”.

“Eso sí se deriva de nosotros. Hay que revalorizar en el sistema público el nivel de diplomado, que lo tenemos abandonado. Y eso ha generado un escándalo”, dice Marcela Román.

En general, el Informe del Estado de la Educación asegura que los diplomados en el país son mucho menos frecuentes que los bachilleratos y las licenciaturas. Esa carencia es problemática, pero podría ser una oportunidad especial para las regiones, donde la idea de impartir ciertas carreras de sedes centrales puede tener muchos obstáculos.

El Estado de la Educación también coincide con los diputados en que las universidades deben buscar mejores formas de ser costo-efectivas. Cómo abordar esa problemática tiene –sin embargo– una respuesta diferente para las investigadoras. Proponen varias soluciones omitidas por los diputados, por ejemplo, la educación virtual.

Es ridículo seguir gastando dinero en infraestructura, teniendo la tecnología. La UNED ha demostrado en extenso que la gente sí es buena. ¿Por qué no aprovechamos el gran conocimiento que tenemos en ese sistema para extender la oferta de otra manera más inteligente en todo el país?”, dice Román.

Representantes universitarios estudiantiles también mencionaron otra propuesta en la Comisión Especial del FEES. Su sugerencia es evitar la duplicidad de gastos administrativos al permitir que las sedes puedan ser administradas por el Consejo Nacional de Rectores (Conare).

“Yo no haría una lectura inocente de la mala calidad de ese informe, y de las relaciones de causalidad que no existen y que apelan a los datos del Estado de la Educación –que se los agradezco, porque parece que es un criterio de autoridad– para justificar sus posiciones. A pesar de eso, pienso que hay un interés legítimo de muchos legisladores de que mejoremos. (…) Nosotros tenemos que tener la capacidad de responder con propuestas: estas sí, estas no, y estos son los argumentos y la evidencia empírica, no ideología”, cerró Román.

 

Nota del editor: Doble Check es un proyecto financiado por la Universidad de Costa Rica. Esta institución, a su vez, está financiada mayoritariamente por el FEES. La información en esta nota se trabajó con independencia de esta relación, pero se considera necesario transparentar un potencial conflicto de interés de cara a nuestra audiencia.
Esta nota fue corregida. Una versión anterior afirmaba que la propuesta estudiantil de que CONARE administrara las sedes regionales también estaba contenida en el Informe Estado de la Educación, lo cual era incorrecto.

 

 

 

 

 

Alerta de estafa: Presidente Alvarado nunca sugirió invertir en Bitcoin System

Un sitio web en Internet suplanta el estilo gráfico del medio crhoy.com para divulgar una estafa disfrazada de noticia. La publicación asegura que el presidente Carlos Alvarado usa un programa llamado «Bitcoin System» para realizar transacciones automáticas con criptomonedas. La nota atribuye las declaraciones al programa de Canal UCR Sobre La Mesa.

La conductora del programa Marcela Piedra, el productor Roberto Jaén y la directora Argentina Artavia publicaron este viernes un comunicado en el que subrayan que: (el Presidente Alvarado) «no ha participado de nuestro programa desde Mayo de 2019» y que las aseveraciones de la noticia son completamente falsas.

El sitio web emplea opera igual que otras plataformas de estafa: usa nombres de personas famosas como expresidentes, presentadores de televisión o multimillonarios que afirman usar supuestos servicios de adminsitración de criptomonedas para hacer dinero. En realidad, la página pretende la recopilación de información personal.

Casa Presidencial confirmó a Doble Check que el único ingreso del presidente Alvarado es su salario.

En resumen: Un sitio web en Internet suplanta el estilo gráfico del medio crhoy.com para divulgar una estafa disfrazada de noticia. La publicación asegura que el presidente Carlos Alvarado usa un programa llamado «Bitcoin System» para realizar transacciones automáticas con criptomonedas. La nota atribuye las declaraciones al programa de Canal UCR Sobre La Mesa.

La conductora del programa Marcela Piedra, el productor Roberto Jaén y la directora Argentina Artavia publicaron este viernes un comunicado en el que subrayan que: (el Presidente Alvarado) «no ha participado de nuestro programa desde Mayo de 2019» y que las aseveraciones de la noticia son completamente falsas.

El sitio web emplea opera igual que otras plataformas de estafa: usa nombres de personas famosas como expresidentes, presentadores de televisión o multimillonarios que afirman usar supuestos servicios de adminsitración de criptomonedas para hacer dinero. En realidad, la página pretende la recopilación de información personal.

Casa Presidencial confirmó a Doble Check que el único ingreso del presidente Alvarado es su salario.

La publicación falsa

El sitio busca emitir una noticia falsa y usarla como un anzuelo para posibles estafas. El texto se titula «Informe confidencial: el último método de inversión de Carlos Alvarado dejó a los expertos boquiabiertos y a los grandes bancos aterrorizados«.

Hay varios detalles que deberían permitirle identificar que se trata de una noticia falsa. En primer lugar, utiliza un link distinto al de crhoy.com (en su lugar, emplea el link o url world-finance-news.club), también incluye textos en inglés y publicidad de una plataforma administradora de criptomonedas.

La redacción de la nota es descuidada. Más adelante, el artículo pretende hacerse pasar como un texto de un medio distinto: el diario La Nación. También incluye links directos para «acceder al sistema 100% gratis».

Por último, el vínculo asegura que el presidente Alvarado «la semana pasada estuvo en Sobre la Mesa (…) anunció una nueva laguna que –según él– puede hacer que cualquier persona sea millonaria en 3-4 meses».

«Y en este momento mi método #1 para hacer dinero es un nuevo programa que hace transacciones automáticas con criptomonedas llamado Bitcoin System. En toda mi vida no había visto una oportunidad tan increíble como esta», dicen las declaraciones falsas.

Según DomainTools, el sitio web falso fue creado el 22 de abril de 2020. No es posible observar los datos de la organización o persona que lo registró.

Programa Sobre la Mesa desmiente publicación

La conductora del programa Sobre la Mesa, Marcela Piedra, el productor Roberto Jaén y la directora Argentina Artavia desmintieron también la noticia.

«Aclaramos a la opinión púiblica que el Presidente Alvarado no ha participado de nuestro programa desde mayo de 2019, programa en que realizó una evaluación de su primer año de gobierno, disponible en nuestro canal de Youtube, desde entonces no lo hemos entrevistado de ninguna manera, ni remota, ni en estudio» , señala el comunicado.

Puede ver la entrevista a la que hace mención el comunicado a continuación:

El mismo modus operandi: declaraciones falsas de famosos

La suplantación de declaraciones de personas famosas y de sitios web de noticias de alto tráfico es común para realizar estafas. Textos casi idénticos al de la noticia falsa de Alvarado se han usado en otras ocasiones para suplantar a otros políticos, personajes famosos, presentadores de televisión y millonarios.

Por ejemplo, el 24 de enero circuló en Ecuador una noticia con un texto similar que involucraba al empresario Álvaro Noboa y al expresidente Rafael Correa. La información fue desmentida por Ecuador Chequea.  El sitio español de verificación de noticias Maldita.es también ha desmentido informaciones similares que involucran al periodista y presentador español Jordi Évole o Antonio García.

Doble Check también encontró otros textos similares que suplantan declaraciones de otros personajes famosos en Colombia y en México.

¿Cómo no caer en este tipo de noticias?

  1. Revise la dirección URL. Asegúrese de que la dirección URL del medio de comunicación que visita sea la correcta En este caso, por ejemplo, el enlace es world-finance-news.club, en lugar de www.crhoy.com. Revise también que sea idéntico: por ejemplo, un sitio de estafas podría usar el link www.crhhoy.com (con dos letras «h») para estafarlo o hacerle caer en una noticia falsa.
  2. Desconfíe si le piden visitar otro sitio web o compartir su información personal. Muchos de estos sitios pretenden llevarlo a otros sitios web donde le solicitarán información personal o descargar un programa. Un sitio confiable de noticias rara vez le pediría hacer eso.
  3. Revise los comentarios. Usualmente estos sitios contienen comentarios falsos: la mayoría suelen hacer comentarios positivos sobre la plataforma anunciada. Mire por ejemplo los comentarios de esta noticia sobre Carlos Alvarado que estamos desmintiendo:
  4.  Busque en Google. Probablemente algunas citas o párrafos de estos sitios ya se hayan publicado antes. Eso le permitirá tener más contexto sobre la supuesta noticia que está leyendo, o ver verificaciones de sitios de verificación.

 

Diputado Pablo Abarca exagera monto sobre recortes posibles al gasto público

En resumen: El diputado socialcristiano Pablo Heriberto Abarca asegura que el gobierno es capaz de recortar 1,5 billones de colones en el gasto público a través de varias partidas. La cifra es engañosa y está inflada.

Por ejemplo, cortar las partidas más importantes que enlista Abarca supondría eliminar todas las horas extra en la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS). También afectaría el pago por el transporte de combustibles de Recope entre planteles. Contempla los pagos de comisiones de los bancos nacionales por el uso de marcas de tarjetas de crédito. La cifra también engloba los fideicomisos del ICE con plantas hidroeléctricas como Garabito y Reventazón, según consultas de Doble Check a las instituciones potencialmente afectadas.

Solo 7,5% de los recortes propuestos por el legislador provienen del Gobierno Central. Más de la mitad de los recortes  proceden de seis instituciones financieras e instituciones autónomas: la CCSS (19%), el Banco Nacional (9,5%), el Banco de Costa Rica (8%), el INS (7,6%), el Banco Popular (5,5%) y Recope (3,8%). En estas instituciones la injerencia directa del Poder Ejecutivo para la toma de decisiones es limitada.

La cifra ha sido usada por Abarca en redes sociales, en medios de comunicación y en el Congreso. Rodolfo Peña, jefe de Fracción de la Unidad Socialcristiana, también dijo el 11 e junio que su fracción había presentado «una propuesta de recortes de gastos por ₡1,5 billones (…) sin rebajar los salarios de ningún funcionario público y sin afectar la prestación de servicios públicos». Eso es engañoso. Eliminar la totalidad de los ₡1,5 billones sí supondría impactos en el funcionamiento de las instituciones.

Abarca afirmó a Doble Check que nunca ha sugerido recortar la totalidad de los ₡1,5 billones que conforman las partidas que menciona, sino que solo propone revisarlas. También dijo que en algunas de sus publicaciones explicitó que no pretende recortar esas partidas por completo.

Eso es cierto, sin embargo, todas las intervenciones del diputado usan la cifra engañosa de referencia de ₡1,5 billones.  El diputado concedió que desconoce en qué porcentaje se puede disminuir el gasto para todas esas partidas. Adujo que la información precisa solamente la maneja Hacienda.

En resumen: El diputado socialcristiano Pablo Heriberto Abarca asegura que el gobierno es capaz de recortar 1,5 billones de colones en el gasto público a través de varias partidas. La cifra es engañosa y está inflada.

Por ejemplo, cortar las partidas más importantes que enlista Abarca supondría eliminar todas las horas extra en la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS). También afectaría el pago por el transporte de combustibles de Recope entre planteles. Contempla los pagos de comisiones de los bancos nacionales por el uso de marcas de tarjetas de crédito. La cifra también engloba los fideicomisos del ICE con plantas hidroeléctricas como Garabito y Reventazón, según consultas de Doble Check a las instituciones potencialmente afectadas.

Solo 7,5% de los recortes propuestos por el legislador provienen del Gobierno Central. Más de la mitad de los recortes  proceden de seis instituciones financieras e instituciones autónomas: la CCSS (19%), el Banco Nacional (9,5%), el Banco de Costa Rica (8%), el INS (7,6%), el Banco Popular (5,5%) y Recope (3,8%). En estas instituciones la injerencia directa del Poder Ejecutivo para la toma de decisiones es limitada.

La cifra ha sido usada por Abarca en redes sociales, en medios de comunicación y en el Congreso. Rodolfo Peña, jefe de Fracción de la Unidad Socialcristiana, también dijo el 11 e junio que su fracción había presentado «una propuesta de recortes de gastos por ₡1,5 billones (…) sin rebajar los salarios de ningún funcionario público y sin afectar la prestación de servicios públicos». Eso es engañoso. Eliminar la totalidad de los ₡1,5 billones sí supondría impactos en el funcionamiento de las instituciones.

Abarca afirmó a Doble Check que nunca ha sugerido recortar la totalidad de los ₡1,5 billones que conforman las partidas que menciona, sino que solo propone revisarlas. También dijo que en algunas de sus publicaciones explicitó que no pretende recortar esas partidas por completo.

Eso es cierto, sin embargo, todas las intervenciones del diputado usan la cifra engañosa de referencia de ₡1,5 billones.  El diputado concedió que desconoce en qué porcentaje se puede disminuir el gasto para todas esas partidas. Adujo que la información precisa solamente la maneja Hacienda.

Los cálculos de Doble Check

Este chequeo se limitó a revisar la factibilidad de un recorte de las magnitudes sugeridas por el diputado Abarca. Se priorizaron los impactos más voluminosos. Estos montos suman un 61% de la cifra propuesta por el legislador. El señalamiento en la exageración dicha por Abarca no pretende afirmar la tesis extrema contraria: que no es posible recortar en nada estas partidas.

Lo que dijeron los diputados Pablo Abarca y Rodolfo Peña

El diputado Abarca afirmó en plenario de la Asamblea Legislativa «que hay 1,5 billones de colones que (el gobierno) puede recortar» a través de diferentes partidas.  Adujo que el periódico La Nación “ignoró” su propuesta como legislador porque  «quiere manipular y disimular que el gobierno no está comprometido con el recorte al gasto».

Recorte al Gasto Público

Desde hace meses venimos insistiendo en una recorte verdadero del gasto público y reforma del Estado. Pero nacion.com, para disimular la irresponsabilidad fiscal del Gobierno quiere desviar la atención con este proyecto que es ínfimo, comparado con las partidas que hemos puesto sobre la mesa.

Estamos de acuerdo con el proyecto. Lo que hemos señalado es que el Gobierno le apunta a una partida muy pequeña y que debe hacer la tarea con seriedad.

Publicado por Pablo Heriberto Abarca Mora en Martes, 2 de junio de 2020

CRHoy.com repitió la cifra del congresista: «Gobierno puede ahorrar 1,5 billones en lugar de pedir más impuestos«. Abarca también ha repetido el dato en varias publicaciones de Twitter. El jefe de Fracción del PUSC –Rodolfo Peña– ha asegurado que su fracción presentó una «propuesta de recortes de gastos por ₡1,5 billones sin afectar el funcionamiento de las instituciones».

¿En qué consiste el recorte de Abarca? Una publicación en Twitter desglosa cómo se calculan las partidas a través de las que se llega a la cifra total de recortes.

Un resumen de los recortes

Doble Check solicitó a Abarca los datos empleados para hacer su análisis. El legislador se basa en los datos del informe Presupuestos Públicos 2020: Situación y Perspectivas, de la Contraloría General de la República.  En específico, usa la base de datos de ingresos y gastos del sector público contenida en esa publicación.

Abarca sugiere recortar partidas que suman ₡1.536.338 millones (las cifras de Doble Check varían en ₡3 millones por redondeos del diputado). Casi la mitad (48%) de esos recortes se refieren a tres partidas: «Comisiones y gastos por servicios financieros y comerciales», «Tiempo Extraordinario» (horas extra) y Otros Servicios de Gestión y Apoyo”.

También podemos analizar los recortes de Abarca según institución. 54% de sus recortes impactan a cinco instituciones:  un 19,2% de su recorte sería a la CCSS. Le siguen el Banco Nacional (9,47%), el BCR (8%), el INS (7,57%), el Banco Popular (5,53%) y Recope (3,8%).

Únicamente 7,5% de sus recortes están orientados hacia el Gobierno Central. Casi la mitad (44%) de ellos son en alquileres, concentrados especialmente en el Poder Judicial, el Ministerio de Hacienda, el Ministerio de Educación Pública (MEP), la Asamblea Legislativa y el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE).

Otro 6,2% de su recorte proviene de varios fideicomisos. La gran mayoría de esos dineros son sumas libres sin asignación presupuestaria en los proyectos hidroeléctricos de Garabito, Reventazón y Toro III.  Todas estas instituciones suman casi dos tercios de la propuesta de recorte del diputado.

Recortes a la Caja y a instituciones financieras

Abarca publicó en su cuenta de Twitter una tabla que incluye los ₡1,5 billones de recortes desglosados por institución. La tabla aclara que su recorte se reduciría a ₡1,2 billones si no se incluyera a la CCSS, el Ministerio de Salud y el Ministerio de Seguridad Pública.

A pesar de la aclaración, el diputado del PUSC y su jefe de fracción usan la cifra de ₡1,5 billones en todas sus intervenciones. ¿Qué supondrían los recortes a la CCSS?

La CCSS es la principal institución que recibiría los recortes según la cifra de ₡1,5 billones. Casi un quinto de la cifra total de ₡1,5 billones la afecta directamente: en especial a todas sus horas extra.

Si se aplicaran las medidas de Abarca en su totalidad se impactarían ₡295.488 millones de colones: ₡191.015 de ellos (casi dos tercios) se refieren a todas las horas extra de la institución.

Otros rubros de recorte impactan el transporte de pacientes a centros de salud, alquileres de espacios de trabajo, la revisión de los vehículos o la fumigación y el  bombeo de combustible en edificios de la Caja.

«No es viable el recorte total de esas subpartidas, pues afectaría la prestación adecuada y oportuna de los servicios a las personas. Muchos de esos rubros están sustentados en contratos ya establecidos con proveedores, cuya obligación debe honrarse», dijo Luis Diego Calderón Villalobos, gerente financiero de la CCSS a Doble Check.

El Banco Nacional, el Banco de Costa Rica, el Instituto Nacional de Seguros y el Banco Popular suman casi un tercio (₡469.692 millones)  de los recortes propuestos por Abarca. La mayoría de ellos (₡244.790 millones) se refieren a “Comisiones y gastos por servicios financieros y comerciales”.

Luis Fernando Monge, Subgerente del INS explicó a Doble Check en qué consiste esa partida para su institución. En el INS esa partida (de ₡90.223 millones) está compuesta por varios rubros: el principal de ellos son las comisiones por intermediación de seguros.

“Nos referimos a las corredurías de seguros (empresas que pueden colocar pólizas), agencias exclusivas del INS, los agentes individuales y las operadoras de seguros autoexpedibles. A esos intermediarios se les paga una comisión por el nivel de sus ventas”, dijo.

Según Monge, ese canal define por completo el ingreso del INS por venta de seguros.

“Nuestros intermediarios de seguros son nuestro principal canal de colocación de pólizas. Representan aproximadamente el 87% de la venta de pólizas que realizamos”, fundamentó.

El Banco Nacional indicó que no le es posible emitir criterio sobre una propuesta legislativa que no conocen. A pesar de ello, explicaron en qué consiste la partida de “Otros Gastos y Servicios Financieros y Contables” por ₡101.485 millones.

“Esta partida se refiere a diversos gastos, principalmente pagos de comisiones a las marcas de tarjetas de crédito (el rubro principal), pérdidas por bienes adjudicados en remate judicial, y comisiones de Sinpe. (…) Se trata de servicios esenciales para el negocio bancario en algunos casos, y en otros porque son gastos propios del negocio bancario, como es el caso de pérdidas por bienes adjudicados”, dijo su departamento de prensa.

Los recortes propuestos a fideicomisos y a Recope

La propuesta del diputado incluye otros ₡94.647 millones que  impactan diferentes partidas de 26 fideicomisos. Esos fideicomisos constituyen un 6% de la cifra de ₡1,5 billones que propone recortar Abarca. La mayoría de ese dinero se reserva para los proyectos hidroeléctricos Garabito, Reventazón y Toro III.

Juan Carlos Pacheco, gerente de Finanzas del ICE, explicó que el instituto paga el fideicomiso de Garabito por concepto de arrendamiento y que vencerá en el 2022. En el caso de Reventazón, deben pagar intereses, costos operativos y amortización del proyecto.

“Estos costos son obligaciones que no se pueden recortar fácilmente, ya que el ICE requiere de la electricidad que producen ambas plantas y, además, existe el compromiso legal de pago de las cuotas por varios años. Los fideicomisos, por su parte, deben honrar las deudas que mantienen con los financiadores de las plantas, que por lo general son bancos o inversionistas”, dijo Pacheco.

La propuesta de Abarca aplicada como fue propuesta por su jefe de fracción también podría impactar actividades sustantivas de Recope. El legislador propone recortar ₡55.158 millones en la partida de transporte de bienes para todo el sector público, que está incluída dentro de la partida de Servicios Comerciales y Financieros. De ellos, ₡50.107 millones pertenecen a Recope.

Esos recursos se refieren a los fletes de importación de materia prima, de producto terminado, los servicios portuarios en Moín y Caldera, y al transporte de productos entre planteles, según explicó la oficina de prensa de Recope a Doble Check.

Los recortes propuestos al Poder Judicial y al MEP

Los recortes al Gobierno Central son de un 7,5%, y la mayoría de ellos están concentrados en el Poder Judicial, el Ministerio de Hacienda y el MEP.

En el Poder Judicial, por ejemplo, se propone recortar ₡22.874 millones. Casi la mitad de este dinero se usa para gastos en alquileres.

“Un rebajo de esta magnitud en la subpartida de Alquileres implicaría el cierre de oficinas judiciales en todo el país donde se brinda el servicio en locales alquilados”, dijo la  Dirección Ejecutiva del Poder Judicial a Doble Check.

En el Ministerio de Educación Pública se recortarían ₡18.913 millones: la mayoría en alquileres (₡5.636 millones), y en las partidas de viáticos y transporte dentro del país (₡5.739 millones).

En el caso del MEP, la partida por alquileres incluye el pago de los alquileres de los edificios Raventós, Rofas, Antiguo Comex y Ebbalar.

“Claramente, el recorte total del pago de alquileres significaría la paralización del Ministerio dado que no existiría el metraje suficiente para albergar a todos los funcionarios y usuarios”, dijo la Dirección de Servicios Generales del MEP.

Doble Check también dirigió consultas sobre este tema al Ministerio de Hacienda pero no recibió respuesta al cierre de edición.

Abarca: «Esos rubros pueden ser revisados. ¿En qué porcentaje? No lo sé»

Al consultarle sobre este tema, Abarca adujo que nunca ha sugerido recortar por completo las partidas que sugiere, sino solo revisarlas.

«Si nos vamos a concentrar en un tema semántico ese no es el tema. Ni usted ni yo tenemos acceso a la totalidad del desglose de las partidas. Solo lo tiene Hacienda. Yo lo único que he dicho es que deben revisarse esas partidas. Yo entiendo si lo que usted quiere es desacreditarme. Uno no puede matar de machete todas esas partidas, pero  la oficina de este diputado sí sacó un tiempo para decir qué rubros pueden ser revisados. ¿En qué porcentaje? No lo sé”, explicó.

A Abarca también se le detallaron qué significarían esos recortes para algunas de las principales instituciones afectadas.

“Es que ninguna (institución) te va a decir que le recorten. Pero en una situación como la que estamos no podemos seguir igual. Yo no estoy dando una orden de que se rebaje eso, lo que he estado tratando es que se revise. Usted lo puede manipular como usted quiera porque lo que quieren es desacreditarme. Lo que estoy diciendo es que puede haber revisión. Claramente es una decisión política”, dijo.

Durante la entrevista Abarca aseguró que su monto de ₡1,5 billones no incluye a la Caja Costarricense de Seguro Social. Esto es falso: Doble Check le resaltó que sí lo incluía. Minutos después Abarca compartió una publicación en la que aparece el monto total de ₡1,5 billones –en donde se incluye a la Caja– y de ₡1,2 billones, donde se descarta la Caja. Según el diputado, no existe desinformación porque “el mismo cuadro tiene una columna que los excluye”.

¿Qué han recortado y qué pueden recortar las instituciones?

La mayoría de las instituciones consultadas por Doble Check dijeron que sí podrían considerar algunos recortes dentro o fuera de estas partidas, pero que debe pensarse primero en asegurar los servicios que brindan.

En el caso de la Caja, el gerente financiero  Luis Diego Calderón Villalobos afirma que ya tomaron medidas de recorte. El 30 de marzo, la institución acordó suspender la compra de bienes y suministros no indispensables y no iniciar la contratación de bienes o servicios no esenciales. Según la Gerencia Financiera de la Caja  se pueden implementar medidas adicionales de contención si los ingresos se ven drásticamente disminuidos.

En Recope se giraron instrucciones a nivel gerencial para que analizaran dónde se podrían realizar recortes sin afectar las metas del Plan Operativo. A la fecha, la institución afirmó a Doble Check que se han realizado recortes que “superan el orden de los 7 mil millones de colones”.

Según el INS, se están tomando medidas para reducir algunos de los gastos en alquileres y otra subpartidas. Según el Poder Judicial (dentro del marco de la crisis sanitaria) se hicieron rebajos en un presupuesto extraordinario que impactaron a los viáticos, al transporte dentro y fuera del país y otros recortes cercanos a los ₡1.700 millones.