Diputada revive datos de encuesta no representativa sobre la huelga del 2018

No hay información que permita relacionar, de manera precisa y representativa, el efecto de la huelga del año pasado con despidos o pérdidas en los comercios de todo el país.

Revivimos este chequeo de noviembre a propósito de una información compartida por la diputada Zoila Rosa Volio la semana pasada. La información se basa en datos que solo se aplican a los comercios miembros de la Cámara de Comercio de Costa Rica.

No hay información que permita relacionar el efecto de la huelga del año pasado con despidos o pérdidas en los comercios de todo el país. Al menos no de manera representativa.

Revivimos este chequeo de noviembre a propósito de una información compartida por la diputada Zoila Rosa Volio la semana pasada. La información se basa en datos que solo se aplican a los comercios miembros de la Cámara de Comercio de Costa Rica.

Dieta de diputados no pagará IVA (si lo hiciera, la pagaría usted)

En resumen: Es engañoso afirmar que Hacienda no cobrará IVA a las dietas de los diputados como una medida para “protegerlos” del pago de impuestos.

Un artículo de El Guardián CR asegura que Hacienda decidió no cobrarle IVA a dietas de los Diputados. La nota agrega que esa medida abre una ventana para que liberales independientes eviten pagar IVA.

Es cierto que las dietas de los diputados no pagan IVA. Sin embargo, el texto parte de una premisa engañosa. Si las dietas de los diputados pagaran IVA, el Estado debería aumentar su presupuesto del rubro de dietas en un 13% para poder costear el pago de ese tributo. Esto sucede porque el IVA lo paga quien contrata el servicio y no quien lo ofrece.

Además, los diputados no prestan un servicio profesional, que es una condición básica para el cobro del impuesto al valor agregado. Esa es la razón por la que las dietas (tanto en el sector público como privado) no están gravadas con ese impuesto.

Eso sí: los diputados sí continúan pagando el impuesto de renta, como lo deja claro El Guardián CR en su artículo.

En resumen: Es engañoso afirmar que Hacienda no cobrará IVA a las dietas de los diputados como una medida para “protegerlos” del pago de impuestos.

Un artículo de El Guardián CR asegura que Hacienda decidió no cobrarle IVA a dietas de los Diputados. La nota agrega que esa medida abre una ventana para que liberales independientes eviten pagar IVA.

Es cierto que las dietas de los diputados no pagan IVA. Sin embargo, el texto parte de una premisa engañosa. Si las dietas de los diputados pagaran IVA, el Estado debería aumentar su presupuesto del rubro de dietas en un 13% para poder costear el pago de ese tributo. Esto sucede porque el IVA lo paga quien contrata el servicio y no quien lo ofrece.

Además, los diputados no prestan un servicio profesional, que es una condición básica para el cobro del impuesto al valor agregado. Esa es la razón por la que las dietas (tanto en el sector público como privado) no están gravadas con ese impuesto.

Eso sí: los diputados sí continúan pagando el impuesto de renta, como lo deja claro El Guardián CR en su artículo.

Las dietas no pagan IVA

La Dirección General de Tributación (DGT) acordó el 20 de agosto pasado que las dietas no están sujetas al impuesto sobre el valor agregado. Las dietas son “entendidas como los servicios de dirección que brindan las personas físicas que son miembros de juntas directivas u órganos de dirección de las personas físicas o jurídicas”.

El pronunciamiento de la DGT surge como respuesta de Hacienda a las consultas de la firma Deloitte.

Según Hacienda, el Impuesto al Valor Agregado grava al comprador final de un servicio o de un bien. El impuesto identifica como recaudadores a los que realizan actividades que implican ordenar factores de producción, materiales humanos, distribuirlos, comercializarlos o venderlos. Para la cartera, las dietas de un miembro de una junta directiva no son un “precio” por la prestación de un producto o servicio.

Según Nogui Acosta, viceministro de Hacienda, existen importantes diferencias entre una persona que cobra dieta y una que realiza un servicio profesional.

“Es muy diferente un profesional que hace sus estudios, su trabajo, a una persona que forma parte de una Junta Directiva. Yo gano una dieta por ir a una sesión de junta. Si no voy no gano dieta. Desde el punto de vista de la prestación de un servicio, en realidad no tengo un contrato, ni un informe que entregar. El nombramiento de junta es una decisión colegiada de la empresa, cosa diferente si me contratan por un servicio profesional para que le presente un informe a la empresa, con una serie de deberes y un plazo”, dijo Acosta.

La posición de Tributación rectifica una interpretación previa dirigida a Radiográfica Costarricense. Aquella disposición indicaba que las dietas no eran salarios y que cualquier pago que no fuera un salario debía pagar IVA.

“La consulta de Radiográfica iba a enfocada para que definieramos si las dietas son remuneración o no. No lo son. Por default, todo lo que no es relación administrativa o laboral —como un salario— tiene que pagar IVA. El análisis fue un poco ligero de tributación, no tomamos en cuenta que el inciso del artículo que exime el pago de remuneraciones señala dos tipos de remuneraciones”, explicó Acosta a Doble Check.

¿Qué pasaría si las dietas de los diputados pagaran IVA?

Fuera de la discusión sobre si los diputados ofrecen o no un servicio profesional, ¿qué pasaría si las dietas de los diputados pagaran IVA, como sugiere El Guardián?

Inicialmente, los diputados habrían tenido que inscribirse ante Tributación como profesionales que realizan una actividad. También tendrían que emitir facturas por sus servicios. El Estado también habría tenido que incrementar su presupuesto destinado a dietas en un 13% para pagarles ese porcentaje de IVA que habrían tenido que retener y trasladar al propio Estado.

“La gente no entiende a veces que el IVA es un impuesto que lo paga el consumidor final”, explicó Acosta a Doble Check.

El Guardián aporta una información similar casi al final de un editorial titulado ¿Y por qué los Diputados no pagan IVA?

“No obstante parece lógico que ellos no paguen, pues con el nuevo sistema uno se convierte en un simple recaudador, por lo cual los Diputados podrían incrementar el gasto al sumar en su factura el Impuesto al Valor Agregado. Y eso lo pagaríamos todos, no ellos, salvo que ellos mismos concientan (sic) deducir de su jugoso salario el IVA”.

Aún así, asegura El Guardián, la medida permitiría la trazabilidad el IVA en las dietas de los diputados. Para Hacienda, la trazabilidad se genera porque se pueden identificar todos los pasos de la cadena de valor, pero en este caso no existe una cadena de valor.

El Guardián CR

El artículo informativo de El Guardián CR también agrega que eximir las dietas del pago del IVA abre otros portillos legales.

“De esta forma se abre una ventana para que liberales independientes eviten pagar el IVA a pesar de prestar básicamente servicios profesionales sin relación laboral, como lo son las Dietas, o para ello deberán integrar una Junta Directiva, de lo contrario pagarán renta e IVA”.

El viceministro Acosta rechazó esa interpretación y resaltó que esa conducta constituiría un fraude. El jerarca afirmó que Hacienda supervisa todas las actividades de los diferentes profesionales sujetos al impuesto.

Doble Check contactó al director del medio, Richard Molina, quien accedió a conversar y ofreció su explicación pero no autorizó su publicación. Después de esta charla, el periodista cambió la redacción del último párrafo de su nota que ahora se pregunta, con ironía:

“De esta forma, nos preguntamos, se abre una ventana para que liberales independientes eviten pagar el IVA a pesar de prestar básicamente servicios profesionales sin relación laboral, como lo son las Dietas, o para ello deberán integrar una Junta Directiva, de lo contrario pagarán renta e IVA. (Ironía). (sic)”

Información inexacta creó rumor de que nueva ley privatizará la CCSS

No hay evidencia de que una reforma a la ley de concesiones vaya a privatizar la Caja Costarricense del Seguro Social. Así se desprende de una revisión de la reforma aprobada en mayo y de la propia Ley General de Concesión de Obras Públicas y Servicios Públicos, que data de 1998. Aclaraciones de la diputada que promovió la reforma y de Casa Presidencial apoyan esa refutación.

Los sindicatos de salud alertan sobre la presunta privatización basados en una lectura inexacta de un artículo periodístico de Sinart Costa Rica Noticias. La noticia está basada en declaraciones del 18 de julio de la diputada liberacionista, Silvia Hernández. La legisladora afirmó que “la reforma habilita que otros tipos de inversión puedan contribuir al desarrollo de una obra pública: hospitales, centros penitenciarios, escuelas, o el mantenimiento de una obra ya construída”.

En mayo se aprobó una reforma a la Ley General de Concesión de Obras Públicas y Servicios Públicos. El gremio Siprocimeca, por ejemplo, advirtió que esa reforma “permitirá también a la empresa privada asumir el mantenimiento y administración de obras como centros penitenciarios, escuelas y hasta hospitales». En otro comunicado, el sindicato añadió que la reforma permitiría la “privatización en la administración de centros de salud en la Caja; aunque ya estén construidos”. El presidente de la Unión Médica Nacional, Edwin Solano, hizo declaraciones similares en varios eventos.

Sin embargo, el artículo 2 de la ley exceptúa explícitamente la concesión de servicios de salud, así como electricidad y telecomunicaciones.

El departamento legal de Casa Presidencial reafirmó a Doble Check que la lectura de los sindicatos es falsa al indicar que el reciente cambio a la legislación dejó intacta las excepciones del artículo 2.

Por su parte, la diputada Hernández también aclaró a Doble Check que la reforma que promovió nunca varió el alcance de la ley de concesiones, pues sigue excluyendo los servicios de salud. La diputada señaló que su afirmación en prensa se refería a temas de desarrollo y mantenimiento de infraestructura en salud, y no a la prestación de los servicios.

En resumen: No hay evidencia de que una reforma a la ley de concesiones vaya a privatizar la Caja Costarricense del Seguro Social. Así se desprende de una revisión de la reforma aprobada en mayo y de la propia Ley General de Concesión de Obras Públicas y Servicios Públicos, que data de 1998. Aclaraciones de la diputada que promovió la reforma y de Casa Presidencial apoyan esa refutación.

Los sindicatos de salud alertan sobre la presunta privatización basados en una lectura inexacta de un artículo periodístico de Sinart Costa Rica Noticias. La noticia está basada en declaraciones del 18 de julio de la diputada liberacionista, Silvia Hernández. La legisladora afirmó que “la reforma habilita que otros tipos de inversión puedan contribuir al desarrollo de una obra pública: hospitales, centros penitenciarios, escuelas, o el mantenimiento de una obra ya construída”.

En mayo se aprobó una reforma a la Ley General de Concesión de Obras Públicas y Servicios Públicos. El gremio Siprocimeca, por ejemplo, advirtió que esa reforma “permitirá también a la empresa privada asumir el mantenimiento y administración de obras como centros penitenciarios, escuelas y hasta hospitales». En otro comunicado, el sindicato añadió que la reforma permitiría la “privatización en la administración de centros de salud en la Caja; aunque ya estén construidos”. El presidente de la Unión Médica Nacional, Edwin Solano, hizo declaraciones similares en varios eventos.

Sin embargo, el artículo 2 de la ley exceptúa explícitamente la concesión de servicios de salud, así como electricidad y telecomunicaciones.

El departamento legal de Casa Presidencial reafirmó a Doble Check que la lectura de los sindicatos es falsa, al indicar que el reciente cambio a la legislación dejó intacta las excepciones del artículo 2.

Por su parte, la diputada Hernández también aclaró a Doble Check que la reforma que promovió nunca varió el alcance de la ley de concesiones, pues sigue excluyendo los servicios de salud. La diputada señaló que su afirmación en prensa se refería a temas de desarrollo y mantenimiento de infraestructura en salud, y no a la prestación de los servicios.

Las afirmaciones sindicales

El sindicato Siprocimeca ha hecho varias publicaciones en donde se afirma una intención gubernamental de privatizar los servicios de la Caja. Un comunicado, titulado «7 razones para ir a huelga», destaca:

“El Gobierno quiere privatizar la Caja Costarricense del Seguro Social, para hacer un negocio millonario con la salud del pueblo. Sabía usted( sic) que se acaba de firmar la reforma de la Ley General de Concesión de Obras Públicas con Servicios Públicos, que permitirá también a la empresa privada asumir el mantenimiento y administración de otras obras como centros penitenciarios, escuelas y hasta hospitales. La Caja es nuestro principal baluarte y le pertenece al

pueblo, luchemos para que esta noble institución no sea privatizada.”

En otra publicación afirman:

“Asimismo, (los diputados) aprobaron una reforma a la Ley General de Concesiones (N°7762) que permite la privatización en la administración de centros de salud en la Caja; aunque ya estén construidos”.

El presidente de la Unión Médica Nacional. Edwin Solano, también hizo declaraciones al respecto:

“Ya los diputados firmaron una reforma a la ley de contratación pública privada en la que dice, en ese mismo lado que la empresa privada puede administrar hospitales. Entonces, debo decirle al señor presidente ejecutivo de la CCSS que nosotros tenemos claro por qué le estamos diciendo al pueblo que se quiere privatizar la institución.”

Solano afirmó también al día siguiente:

“Ya en la Asamblea Legislativa hay proyectos de ley para permitir que la empresa privada administre escuelas, administre cárceles y hospitales. Si eso no es privatizar, que me lo digan. Y le pregunto al señor presidente ejecutivo qué ha querido decir cuando dice que es mentira que se ha querido privatizar la Caja”

Rumor de privatización a partir de reforma legal reciente es falso

La ley 9.701 fue aprobada por la Asamblea Legislativa y firmada por el presidente Carlos Alvarado hace casi un mes. La norma reescribe 5 artículos de la ley de Concesión de Obras Públicas.

Uno de los cambios más importantes es la reforma al primer artículo de la ley. Antes, el gobierno solo tenía dos figuras de concesión: la concesión de obra pública (el Estado decide que una empresa construya y conserve alguna obra), y la concesión de obra con servicio público (el Estado decide que una empresa construya, conserve y además explote la obra durante algún tiempo).

La reforma introduce una tercera modalidad: la optimización de activos de infraestructura. Esta última opción se abre cuando ya existe una obra que se pone en manos de una empresa privada para que pueda operarla, mantenerla y explotarla durante algún tiempo determinado.

La reforma, sin embargo, nunca alteró el artículo dos de la ley de Concesión de Obras Públicas que expresamente decía:

“Toda obra y su explotación son susceptibles de concesión cuando existan razones de interés público, que deberán constar en el expediente mediante acto razonado. Se exceptúan de la aplicación de esta Ley las telecomunicaciones, la electricidad y los servicios de salud

Origen del rumor

¿De dónde surge la premisa sindical sobre la privatización de la CCSS? Marvin Atencio, secretario general de Siprocimeca, compartió con Doble Check el artículo de Costa Rica Noticias titulado «Empresa Privada podrá administrar obras públicas como escuelas o cárceles«.

En él, la diputada proponente del proyecto de ley afirmó: “(Con la reforma) no estamos hablando solo de carreteras. La reforma que yo hago habilita otros tipos de inversión (…) como son pensiones, por ejemplo, puedan contribuir al desarrollo de una obra pública en general: hospitales, centros penitenciarios, escuelas inclusive, o el mantenimiento de una obra ya construida».

Ni la diputada, ni el artículo periodístico aclaran que ella se refería específicamente a la infraestructura cuando hablaba de hospitales. Eso pudo inducir a error a los sindicatos.

Aclaraciones a la noticia

En declaraciones a Doble Check, Hernández afirmó:

“La reforma que presenté no varía el alcance de la ley de concesiones que ya excluye servicios de salud. Sí se puede realizar infraestructura en temas de salud y a eso me referí. Por ejemplo, hacer edificios y adquisición de equipos, para que el personal de salud se concentre en el servicio y no ande tapando goteras”, dijo.

El departamento legal de Casa Presidencial también descartó la lectura sindical y destacó que los proyectos de concesión que se encuentran planteados solo se circunscriben a la infraestructura de transporte:

“Es falso que la ley Nº 9701 privatice servicios de salud. El artículo 2 de la Ley General de Concesiones expresamente exceptúa su aplicación en telecomunicaciones, electricidad y servicios de salud. La reforma a la ley no varía sus alcances ni las restricciones a la figura de la concesión (…) no modificó el tipo de servicios que se pueden dar en concesión. Simplemente estableció que sobre los ya permitidos se pueden concesionar activos que ya existen”.

Doble Check procuró buscó comentarios sobre estas aclaraciones con Marvin Atencio, de Siprocimeca, y con Edwin Solano, de la Unión Médica Nacional. Los líderes sindicales argumentaron no poder dar respuesta, pues se encontraban en negociaciones con la CCSS.

En declaraciones a Doble Check, la periodista de Costa Rica Noticias Melany Corrales explicó que su artículo se basó exclusivamente en las declaraciones de la diputada liberacionista.

¿Y las escuelas y las cárceles?

Doble Check consultó a Casa Presidencial si la reforma a la ley abre la puerta para que el sector privado pueda participar en la administración de escuelas y cárceles, pero aún no ha recibido respuesta.

Al respecto, Hernández afirmó que —teóricamente— sí sería posible ver concesiones en este tipo de obras de infraestructura. Su opinión es que eso sería poco probable, puesto que las obras concesionables que usualmente se han hecho en el país han sido carreteras o infraestructura de transporte.

“¿Podría eventualmente darse? Sí, claro que sí. Pero en la práctica no es atractivo para que un tercero esté interesado”, dijo. “Pero hay que recordar que en el marco de una concesión, el activo siempre es del Estado, nunca lo pierde”, agregó la diputada.

Doble Check tratará de hallar una fuente independiente que brinde un análisis al respecto.

La huelga en salud

Los sindicatos del sector salud se han mantenido en huelga durante toda esta semana. Aunque la privatización ha sido uno de los principales temores externados por los trabajadores, no es el único.

Los gremios han insistido en que la publicación de dos decretos del Ejecutivo violan una serie de acuerdos firmados en febrero. Estos convenios pretendían proteger los derechos adquiridos de los empleados con respecto al pago de anualidades y otros pluses salariales. El Presidente Ejecutivo de la Caja Costarricense de Seguro Social, Román Macaya, concedió hoy en entrevista con Hablando Claro que algunos de los puntos en donde se había llegado a un acuerdo desde febrero, fueron afectados con un decreto posterior que los contradecía. Doble Check está realizando varias consultas sobre este tema a entes oficiales y sindicales para poder realizar nuevas verificaciones.

Medio del presidente de Nueva República había divulgado otros cuatro artículos falsos

En resumen: El sitio web, Diario La Carta, propiedad de Francisco Prendas, presidente del partido Nueva República, había divulgado varios artículos engañosos y falsos desde su lanzamiento, a finales de mayo de 2019.

Desde entonces, el medio destacó que el Gobierno crearía una agencia de empleo sin empleos (a pesar de que el plan de gobierno anunciaba la creación de 3.000 trabajos). Afirmó que la pastilla del día después es abortiva (información desmentida por la OMS y verificada previamente por Doble Check). Publicó que el gobierno estaba endeudando al país por $350 millones y $500 millones más (las operaciones no significaban endeudamiento adicional, sino un cambio en la fuente de financiamiento).

Esas informaciones falsas se suman al artículo ya desmentido por el periodista Cristian Cambronero, Delfino.cr, La Nación, Semanario Universidad, CRHoy, entre otros medios. El Ejecutivo ha rechazado desde este martes en la noche que hubiera tomado la decisión o tenga un plan de aumentar la tasa del impuesto sobre el Valor Agregado de un 13% a un 16%.

El medio no firma sus artículos, y suele replicar información divulgada previamente por otros medios de comunicación. En temas de conflicto, la página suele presentar una sola posición, sin dar balance informativo a sus publicaciones. Algunos pasajes de sus notas son de difícil comprensión, y la mayoría de fuentes políticas en sus artículos son actores del partido Nueva República.

Aunque el sitio no tiene una descripción de sus integrantes ni formas de contacto, su página de Facebook sí incluye un teléfono y un correo electrónico. En su descripción de Facebook se describen como un medio de información “asertiva y colmada de valores positivos.”

Doble Check trató de conversar telefónicamente, sin éxito, con Francisco Prendas la tarde del jueves y la mañana del viernes. También se le envió un mensaje por Whatsapp que quedó sin respuesta.

En resumen: El sitio web, Diario La Carta, propiedad de Francisco Prendas, presidente del partido Nueva República, había divulgado varios artículos engañosos y falsos desde su lanzamiento, a finales de mayo de 2019.

Desde entonces, el medio destacó que el Gobierno crearía una agencia de empleo sin empleos (a pesar de que el plan de gobierno anunciaba la creación de 3.000 trabajos). Afirmó que la pastilla del día después es abortiva (información desmentida por la OMS y verificada previamente por Doble Check). Publicó que el gobierno estaba endeudando al país por $350 millones y $500 millones más (las operaciones no significaban endeudamiento adicional, sino un cambio en la fuente de financiamiento).

Esas informaciones falsas se suman al artículo ya desmentido por el periodista Cristian Cambronero, Delfino.cr, La Nación, Semanario Universidad, CRHoy, entre otros medios. El Ejecutivo ha rechazado desde este martes en la noche que hubiera tomado la decisión o tenga un plan de aumentar la tasa del impuesto sobre el Valor Agregado de un 13% a un 16%.

El medio no firma sus artículos, y suele replicar información divulgada previamente por otros medios de comunicación. En temas de conflicto, la página suele presentar una sola posición, sin dar balance informativo a sus publicaciones. Algunos pasajes de sus notas son de difícil comprensión, y la mayoría de fuentes políticas en sus artículos son actores del partido Nueva República.

Aunque el sitio no tiene una descripción de sus integrantes ni formas de contacto, su página de Facebook sí incluye un teléfono y un correo electrónico. En su descripción de Facebook se describen como un medio de información “asertiva y colmada de valores positivos.”

Doble Check trató de conversar telefónicamente, sin éxito, con Francisco Prendas la tarde del jueves y la mañana del viernes. También se le envió un mensaje por Whatsapp que quedó sin respuesta.

1. Falso: «Gobierno PAC promete agencia de empleos sin empleos»

Un artículo publicado el 11 de junio asegura que el Gobierno promete una “agencia de empleos sin empleos”. El artículo hace referencia a la creación del Sistema Nacional de Empleo (SNE), que articula los servicios de empleo del Gobierno y que contempla la creación de una Agencia Nacional de Empleo, a cargo del Instituto Nacional de Aprendizaje. Según aseguró el presidente Carlos Alvarado, esa propuesta permitiría la creación de alrededor de 3000 empleos, a partir de junio.

¿La propuesta del gobierno funcionará? No lo sabemos, porque no podemos chequear el futuro. Resulta falso, sin embargo, asegurar que la propuesta del Ejecutivo para la Agencia de Empleos no contempla la creación de nuevos trabajos.

El artículo usa como única fuente declaraciones de la legisladora de Nueva República, Carmen Chan.

2. «Falso: Pastilla del día después es abortiva»

Este mito lo hemos desmentido en otras ocasiones. Existe un elevado consenso médico que descarta un efecto abortivo en la “píldora del día después”. Así lo ha ratificado la Organización Mundial de la Salud (OMS) desde hace más de una década.

El artículo de Diario La Carta, cita al médico cirujano Claudio Slon, en declaraciones al programa radial Vecinos, de Fabricio Alvarado, Francisco Prendas y Mónica Araya. El texto indica que “la pastilla interrumpe el proceso hormonal que desata el cuerpo una vez que el óvulo está fecundado y ese efecto en cadena desde la concepción se ve interrumpido cuando el endometrio, en lugar de ser el espacio predilecto para que crezca y se desarrolle el futuro bebé, más bien la pastilla provoca que sea un ambiente hostil y el cuerpo lo desecho”.

En realidad, las píldoras anticonceptivas de emergencia tienen un efecto que se limita al proceso de ovulación y no intervienen después de la fecundación o del embarazo. El consenso descarta el efecto antiimplantatorio. Es decir, no son abortivas. Puede leer más sobre el tema en los artículos:

3. Falso: «Costa Rica se endeuda por $350 millones más»

El artículo del 2 de julio hace referencia a un préstamo de $350 millones firmado entre el gobierno y el Banco Interamericano de Desarrollo.

Es falso indicar que el préstamo constituye un aumento de $350 millones en la deuda del país. En realidad, según indicó la jerarca de Hacienda, la gestión solo provoca un cambio en la fuente de financiamiento.

Según indicó Melvin Quirós, director de crédito público a Doble Check, «estas operaciones no representan un mayor endeudamiento al que ya se encuentra planificado en el Presupuesto Ordinario de la República 2019. Dada la naturaleza de estas operaciones, lo que se pretende es sustituir el financiamiento interno ya aprobado en el Presupuesto 2019 por el financiamiento de las operaciones externas con multilaterales».

4. Falso: «Gobierno logra más deuda para el país»

El artículo del 27 de mayo hace referencia a un crédito de $500 millones del Banco de Desarrollo de América Latina (CAF). Según Hacienda, estos fondos no pueden considerarse nueva deuda para el país, dado que ya se encontraban contemplados en el Presupuesto Nacional. Como se indicó en en el chequeo anterior, estos movimientos sí son operaciones nuevas de Hacienda pero no alteran los números. La deuda permanece tal y como se planificó.

Es engañoso responsabilizar a empleados de Fonabe por aumento en planilla del IMAS

Es engañoso responsabilizar a los empleados del Fondo Nacional de Becas (Fonabe) por forzar un aumento en el personal del IMAS. La negativa de los empleados del Fondo de trasladarse al IMAS fue la explicación que ofreció el ministro de Desarrollo Humano, Juan Luis Bermúdez, ante consultas de La Nación.

El IMAS asumirá el manejo de las becas estudiantiles de Fonabe. Ante ello, se contempló hacer un convenio entre esa institución y el Ministerio de Educación (a cargo de Fonabe) para que los empleados de este Fondo se trasladaran.

Es cierto que los funcionarios de Fonabe tuvieron la oportunidad de manifestar si preferían quedarse en el MEP o participar en el convenio con el IMAS. Solo dos empleados de 69 escogieron la segunda opción.

Sin embargo, la posibilidad de traslado estuvo cargada de faltas de comunicación de parte del MEP. El IMAS, por su parte, no extendió un interés formal para absorber a los empleados de Fonabe.

A los empleados de Fonabe se les dio un plazo de menos de seis horas hábiles para dar una respuesta. No se les dio información sobre dónde podrían trabajar en el IMAS, su ubicación geográfica, condiciones salariales, incentivos, entre otros.

Con respecto a las declaraciones de Bermúdez en La Nación, también es impreciso señalar que el IMAS contratará a “75 personas para tramitar becas ante la negativa de los funcionarios de Fonabe a trasladarse”.

En realidad, la Autoridad Presupuestaria (STAP) autorizó la creación de 111 plazas para el programa “Crecemos”. Este programa recopila casi un 96% de la operación para los subsidios de educación que administraba Fonabe.

En resumen: Es engañoso responsabilizar a los empleados del Fondo Nacional de Becas (Fonabe) por forzar un aumento en el personal del IMAS. La negativa de los empleados del Fondo de trasladarse al IMAS fue la explicación que ofreció el ministro de Desarrollo Humano, Juan Luis Bermúdez, ante consultas de La Nación.

El IMAS asumirá el manejo de las becas estudiantiles de Fonabe. Ante ello, se contempló hacer un convenio entre esa institución y el Ministerio de Educación (a cargo de Fonabe) para que los empleados de este Fondo se trasladaran.

Es cierto que los funcionarios de Fonabe tuvieron la oportunidad de manifestar si preferían quedarse en el MEP o participar en el convenio con el IMAS. Solo dos empleados de 69 escogieron la segunda opción.

Sin embargo, la posibilidad de traslado estuvo cargada de faltas de comunicación de parte del MEP. El IMAS, por su parte, no extendió un interés formal para absorber a los empleados de Fonabe.

A los empleados de Fonabe se les dio un plazo de menos de seis horas hábiles para dar una respuesta. No se les dio información sobre dónde podrían trabajar en el IMAS, su ubicación geográfica, condiciones salariales, incentivos, entre otros.

Con respecto a las declaraciones de Bermúdez en La Nación, también es impreciso señalar que el IMAS contratará a “75 personas para tramitar becas ante la negativa de los funcionarios de Fonabe a trasladarse”.

En realidad, la Autoridad Presupuestaria (STAP) autorizó la creación de 111 plazas para el programa “Crecemos”. Este programa recopila casi un 96% de la operación para los subsidios de educación que administraba Fonabe.

¿Qué dijo el ministro?

En declaraciones a La Nación, el ministro de Desarrollo Humano, Juan Luis Bermúdez,  expresó que «se hizo una consulta a los funcionarios del Fondo para que fueran a trabajar al IMAS pero no quisieron». Alegó que, entre las distintas razones para hacerlo se encontraban el «el lugar de residencia» o «diferencias económicas que no les eran atractivas».

Esos argumentos fueron empleados para justificar la contratación de «75 funcionarios» especializados en áreas sociales, según indicó Bermúdez a La Nación. El dato es impreciso, pues en realidad se trata de 111 plazas.

Daniela Cerdas, periodista del diario, explicó a Doble Check que envió consultas al Ministerio de Educación y al IMAS, sobre este tema. Adujo que no se incluyó la versión de ANEP, puesto que el sindicato no responde las consultas de La Nación, y aclaró que la cifra brindada por el ministro en su entrevista fue de 75 funcionarios, no de 111.

Dijo también que, luego de la entrevista, consultó qué habría ocurrido si todos los funcionarios de Fonabe hubieran aceptado la opión de trasladarse al IMAS. Señaló que,  aún así, el IMAS no habría absorbido a todos los empleados de Fonabe, pues no todos contaban con el perfil profesional que buscaban.

La transformación (y «muerte») de Fonabe

El 18 de febrero del 2019 el Ejecutivo decretó la creación del programa de Transferencias Monetarias Condicionadas para estudios, denominado “Crecemos”. En resumen, el programa concentra alrededor de un 96% de los subsidios estudiantiles que antes gestionaba el Fondo Nacional de Becas (Fonabe).

Los representantes sindicales de los empleados de Fonabe afirman que el cambio no fue comunicado con suficiente transparencia. Rosibeth Méndez Cruz, presidenta de la Seccional Anep-Fonabe, dice que los funcionarios empezaron a recibir rumores sobre un eventual cierre de la entidad en setiembre de 2018. La seccional representa a poco menos de la mitad de los empleados.

En diciembre del 2018, los trabajadores tuvieron acceso al Presupuesto Ordinario del IMAS para el 2019. El documento mencionaba el programa “Crecemos” y hacía referencia al Fonabe como “Antiguo Fonabe”. Según ANEP, esta fue la primera noticia que recibieron los empleados sobre la inminencia del cierre del Fondo. No habían recibido ninguna información formal de su patrono, el MEP.

No fue hasta el 29 de enero que los funcionarios recibieron una primera comunicación formal del ministro de Educación Pública, Édgar Mora, y el ministro de Desarrollo Humano e Inclusión, Juan Luis Bermúdez. La carta indicaba “que cualquier cambio que se genere a raíz de la revisión que actualmente realiza el Gobierno de la República del modelo de trabajo de Fonabe, se realizará con apego al ordenamiento jurídico, por lo que se velará en todo momento por proteger todos sus derechos laborales”.

El 13 de febrero, en reunión con los empleados, se acordó la creación de una comisión conformada por los jerarcas del MEP, IMAS, el Ministerio de Trabajo y la seccional del sindicato ANEP-Fonabe. La comisión atendería los asuntos relacionados con el futuro de los trabajadores.

¿Hubo negativa de los empleados a trasladarse?

Fonabe es un órgano desconcentrado del Ministerio de Educación Pública. Los 69 funcionarios que allí laboran forman parte del régimen del Servicio Civil. Los funcionarios del IMAS —al ser una institución autónoma— no forman parte de ese régimen. Por ello, las plazas no podían trasladarse directamente.

¿Qué podía hacerse? Establecer un convenio entre el IMAS y el MEP. El MEP “prestaría” los empleados al IMAS. Así, el Instituto podría aprovechar la experiencia de los funcionarios de Fonabe para operar los subsidios de Crecemos.

“Se mencionó la posibilidad de un convenio con el IMAS y una vez finalizada la fecha del mismo, el funcionario debía regresar al MEP, bajo tal argumento los salarios de los funcionarios serían asumidos por el MEP durante la duración del convenio”, indica Méndez, de ANEP.

Los principales acuerdos sobre el futuro de los funcionarios del IMAS fueron tomados el 15 de marzo de 2019 en una reunión en la que participaron la exviceministra del MEP, Rosa Adolio Cascante, representantes de Recursos Humanos, cuatro representantes de Fonabe (incluída Anep), y Diego Vicente, en representación del IMAS.

El punto 29 de la minuta indica que la viceministra dijo que todos los funcionarios irían “ubicados al MEP, indistintamente de que quieran ir a otra entidad”. Julio Barrantes, representante de Recursos Humanos del MEP, añadió que en los casos de personas que deseen trasladarse al IMAS primero debían ir al MEP, y luego por convenio trasladarse al IMAS. “Para tal efecto se ha de requerir de dos estudios”, añadió. “También se debe contar inicialmente con una manifestación expresa del IMAS si los puede y los quiere recibir”.

La minuta no registra ninguna objeción del representante del IMAS a estas observaciones.

Una semana después, el miércoles 15 de marzo, los funcionarios de Fonabe recibieron un correo electrónico. En él se les solicitaba marcar una respuesta única: “a cuál de las siguientes opciones tienen anuencia de trasladarse: MEP, Convenio con el IMAS, Otra Institución (régimen de servicio civil), movilidad laboral jubilación adelantada”.

El correo fue enviado a la 1:38 p. m. por la Comisión Técnica ANEP-FONABE y Recursos Humanos del MEP. La carta solicitaba a los funcionarios dar respuesta al día siguiente, antes de las 10:00 a. m.

“Se le trasladó la consulta a los funcionarios, en los términos de un convenio con el IMAS, sin mayor información al respecto. Por tanto no hubo una oposición debido a que no se contó con mayor detalle o una propuesta formal del IMAS. No se conoció mayor detalle del tema del convenio con el IMAS”, comenta Méndez, de ANEP.

Trabajadores de Fonabe confirmaron a Doble Check que tuvieron que tomar la decisión en cuestión de menos de seis horas hábiles, sin tener detalles sobre el convenio con el IMAS.

ANEP alega que los trabajadores nunca recibieron un ofrecimiento directo o propuesta formal del IMAS. A los funcionarios nunca se les indicó nada sobre su ubicación geográfica, sus condiciones salariales, sus incentivos u otros detalles que les permitiera tomar una decisión informada.

Tampoco existieron los estudios y las manifestaciones expresas del IMAS sobre su posibilidad y deseo de recibir a los empleados, según los había solicitado Recursos Humanos del MEP en la reunión.

“El IMAS nunca mencionó la creación de nuevas plazas, ni el interés de tener a todos los funcionarios de Fonabe, pues indicaron que si algún funcionario estaba interesado en convenio con el IMAS, este debía hacer un estudio para determinar si la institución requería de ese funcionario”, dice ANEP.

Al respecto, el IMAS explicó a Doble Check que el proceso de consulta estuvo a cargo de la Comisión Técnica de representantes del MEP y de los empleados y que “no le corresponde al IMAS realizar un ofrecimiento directo o propuesta formal pues no es el patrono, ni participaba de ese espacio de negociación”. “No obstante -agregan-, el IMAS no cerró nunca la posibilidad de que algún/a funcionario/a pudiese incorporarse a nuestra institución”.

El IMAS confirmó que no envió ninguna comunicación expresa al MEP solicitando que la operación de Fonabe pasara al IMAS a través del convenio. “El mecanismo mediante el cual se crea el Programa Crecemos es el Decreto Ejecutivo N° 41.569-MEP-MTSS-MDHIS, siendo innecesario la mediación de un convenio”, adujeron.

El jerarca del IMAS, Juan Luis Bermúdez, que indicó a La Nación que «se hizo una consulta a los funcionarios del Fondo para que fueran a trabajar al IMAS pero no quisieron».

Eso es verdad. Sin embargo, el ministro omite que la oferta se hizo en condiciones apresuradas, de falta de información y con poco acompañamiento institucional.

Bermúdez también señala «distintas razones de rechazo» por parte de los funcionarios. Por ejemplo indicó «el lugar de residencia» o «diferencias económicas que no les eran atractivas». No hay evidencia de ello en los documentos revisados por Doble Check o en las respuestas de la representación laboral.

El MEP alegó a Doble Check que todo se realizó en apego al Decreto Ejecutivo. Agregó  que la responsabilidad laboral corresponde “al MEP como empleador. Por tratarse el IMAS de una Institución que está fuera del régimen del Servicio Civil, no puede asumir al personal con su antigüedad laboral y derechos”.

“El MEP es el patrono de los trabajadores y las trabajadoras de FONABE, debe responsablemente garantizarles sus derechos laborales y ocupa de sus servicios por lo que hará lo posible por retenerlos para aprovechar su experiencia y capacidades en el sector educativo”, expresó la entidad mediante un comunicado enviado a Doble Check.

Las nuevas plazas del IMAS

Esta negativa de los empleados de Fonabe sirve como argumento al IMAS para crear 111 plazas para atender el programa “Crecemos”, para el cual Fonabe empleaba a 69 trabajadores.

La Nación tituló «IMAS contrata a 75 personas para tramitar becas ante negativa de funcionarios de Fonabe a trasladarse». Sin embargo resulta impreciso puesto que el número correcto de plazas es 111, y no 75.

De las 111, 75 plazas corresponden a oficinas locales para la atención directa a los usuarios y usuarias. Las 36 restantes “fortalecen procesos administrativos y financieros sustantivos que se ven impactados por el inicio de esta operación”, dijo el IMAS a Doble Check.

La Secretaría Técnica de la Autoridad Presupuestaria (STAP-0995-2019), cuestionó el aumento de plazas el 31 de mayo.

“La cantidad de plazas solicitadas para el programa Crecemos se incrementa en aproximadamente 60% con respecto a la planilla que actualmente tiene el FONABE para atender entre otras, las funciones que se le están trasladando al IMAS”.

“Llama la atención el incremento de plazas dentro del Sector Público, en cuanto al mantener las plazas del personal de FONABE y crear plazas en el IMAS para atender las funciones que por Decreto Ejecutivo N°41569-MEP-MTSS-MDHIS, se le trasladaron a esta entidad. Hay que tener presente la existencia del personal de FONABE, que tiene la experiencia en el tema y que podría ser destacado en el IMAS”, agregó.

Al respecto, el presidente del IMAS explicó a Doble Check que Fonabe se apoyaba de una red de comités establecidos en los centros educativos del país. “Éstos realizaban la preselección, tramitación y mediación de las solicitudes de beca, y además se contaba con una contratación que de forma externa le brindaba una plataforma de gestión de solicitudes”. Por ello, el jerarca argumenta que no podría decirse que la operación de Fonabe se limitara únicamente a esos 69 funcionarios.

Bermúdez agregó que la creación de estas plazas no impactaría los fondos de becas, pues las fuentes para inversión social y gasto administrativo están diferenciadas.

El futuro de los empleados de Fonabe

¿Qué harán los funcionarios de Fonabe ahora que no administrarán becas? La gran mayoría será distribuida entre distintos programas y unidades administrativas del MEP.

Un total de 17 empleados seguirá laborando en Fonabe, encargándose de la asignación de becas de post secundaria, mérito y emergencia, con el financiamiento del FODESAF.

De dónde surgió este chequeo

Este chequeo surge de varias solicitudes de lectores de Doble Check, y de una revisión de comentarios de funcionarios de Fonabe en medios de comunicación. Puede enviarnos sugerencias de revisiones al 8621-8137.