Diputados gastaron casi ₡415 millones en gasolina durante este período legislativo

En resumen: La enorme mayoría de los legisladores han aprovechado más de la mitad de la gasolina que la Asamblea Legislativa pone a su disposición cada mes.  Este gasto ha representado unos ₡415 millones para la Asamblea Legislativa desde mayo de 2018 hasta octubre del 2020.

Solo dos diputados se han abstenido de usar la gasolina que sus compañeros han usado a discresión. Se trata de los diputados Wagner Jiménez (del Partido Liberación Nacional) y Carolina Hidalgo (del Partido Acción Ciudadana), que reportan un gasto de cero colones por ese concepto.

En el extremo opuesto están Dragos Dolanescu (independiente) y Xiomara Rodríguez (Restauración Nacional), quienes han gastado unos ₡9,5 millones desde mayo del 2018. Ambos encabezan la lista, pero la tendencia generalizada en la Asamblea apunta hacia el aprovechamiento del recurso. Otros trece legisladores superan los 9 millones.

Las personas que ocupan una diputación tienen derecho a un promedio mensual de unos ₡250.000 para gasolina de uso discresional. El monto representa el pago de 500 litros de combustible.

Este artículo es un complemento a la verificación «Beneficio de gasolina para diputados tiene los menores controles entre supremos jerarcas«. Esa publicación compila los lineamientos para el uso de gasolina y vehículos en el Estado costarricense.

En resumen: La enorme mayoría de los legisladores han aprovechado más de la mitad de la gasolina que la Asamblea Legislativa pone a su disposición cada mes.  Este gasto ha representado unos ₡415 millones para desde mayo del 2018 hasta octubre del 2020.

Solo dos diputados se han abstenido de usar la gasolina que sus compañeros han usado a discresión. Se trata de los diputados Wagner Jiménez (del Partido Liberación Nacional) y Carolina Hidalgo (del Partido Acción Ciudadana). Ambos reportan un gasto de cero colones por ese concepto.

En el extremo opuesto están Dragos Dolanescu (independiente) y Xiomara Rodríguez (Restauración Nacional). Ellos han gastado unos ₡9,5 millones desde mayo del 2018. El diputado y la diputada encabezan la lista, pero la tendencia generalizada apunta hacia el aprovechamiento del recurso. Otros trece legisladores superan los 9 millones.

Las personas que ocupan una diputación tienen derecho a un promedio mensual de unos ₡250.000 para gasolina de uso discresional. El monto representa el pago de 500 litros de combustible.

Este artículo es un complemento a la verificación «Beneficio de gasolina para diputados tiene los menores controles entre supremos jerarcas«. Esa publicación compila los lineamientos para el uso de gasolina y vehículos en el Estado costarricense.

Así gastaron los diputados: los que más gastaron

29 diputados y diputadas han gastado más de un 90% de la gasolina que han tenido disponible.

La tendencia no tiene bandera política ni edad: destacan especialmente los casos del independiente Dragos Donalescu (quien «desaprovechó» únicamente ₡423 colones, tras haber gastado ₡9.517.027 desde el 2018) y del legislador del Partido Restauración Nacional Melvin Núñez (que tiene un saldo libre de ₡3.600 colones, tras gastar  ₡9.470.468 por ese concepto).

Donalescu (quien más ha hecho uso del recurso discrecional) afirmó a Doble Check «no ser un diputado de escritorio». El diputado dijo emplear ese dinero para realizar giras por todo el país, especialmente en la provincia de Alajuela.

«Hay meses donde consumo más de los 500 litros que me dan en la Asamblea y para cumplir con el calendario de visitas, y este lo cubro con recursos de mi propio bolsillo. Desde que inicié como diputado, ni una sola vez he utilizado los vehículos ni los choferes de la Asamblea para mis giras. Utilizo mi automóvil», dijo a este medio.

El derecho está contemplado en el artículo 5 de la ley de Remuneración de los Diputados de la Asamblea Legislativa. La normativa establece que los legisladores disponen de una cuota mensual de 500 litros de combustible para uso discrecional en vehículos automotores.

El director ejecutivo del Congreso, Antonio Ayales, afirma que este dinero corresponde a una «ayuda técnica, como las computadoras en una oficina, para que puedan desempeñar su labor». 

«Actualmente hay un sistema de una tarjeta de débito del BCR. Nosotros le depositamos el valor promedio de los 500 litros de gasolina y el diputado paga con la tarjeta, que es exclusivamente para combustible. Hay varios diputados que tienen un montón de millones acumulados. El treinta de abril del 2022, cuando el diputado deja de ser diputado la plata restante pasa a la Caja Única del Estado», dijo Ayales a Doble Check. 

El gasto de ese dinero en gasolina es totalmente discrecional. Cada diputado puede ceder parte de ese dinero a sus asesores y asesoras, u a otras organizaciones que puedan hacer uso de ese combustible.

La Dirección Ejecutiva de la Asamblea remitió a Doble Check el desglose de gastos.

Los que menos gastaron

Solo dos diputados gastaron cero de los casi nueve millones depositados individualmente para gastos en gasolina. Se trata de la oficialista Carolina Hidalgo y el liberacionista Wagner Jiménez.

Hidalgo dice que su decisión de no gastar ese dinero está relacionada con un ahorro de los recursos de la Asamblea Legislativa. También afirma que se debe a que ella acostumbra usar bicicleta o el transporte público para trasladarse. Indicó que el dinero para giras sale de su propio bolsillo.

Doble Check contactó al diputado Jiménez, pero al cierre de edición no se recibió respuesta.

Iniciativas para recortar el gasto

Existen dos iniciativas relacionadas con el recorte o reajuste del gasto de gasolina de parte de los diputados. Así lo informó el Departamento de Servicios Parlamentarios

El expediente 21.891 (Ley para el traslado solidario del combustible de diputados y diputadas para la atención del Covid-19) es una iniciativa de la diputada oficialista Paola Vega. El expediente se encuentra en discusión en  Comisión Permanente Ordinaria de Asuntos Económicos.

La iniciativa de la diputada Vega pretende direccionar el dinero al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. El cambio se mantendría al menos hasta seis meses después de que termine la declaratoria de emergencia nacional por la COVID-19.
«Yo creo que el problema está en que el uso del combustible es discrecional. Si fuera que el uso es para financiar giras y labores de trabajo, sería una tónica distinta. Si no se elimina la gasolina, por lo menos que se establezca algún tipo de control sobre su uso», dijo la diputada.

Vega ha gastado un 84% (ocho millones de colones) de lo que ha recibido por concepto de gasolina desde el 2018. Ella asegura que dona ese dinero.

«En el caso mío lo que hago es donarla, especialmente a la Cruz Roja y a otras organizaciones comunales. Creo que varios compañeros también hacen donaciones, porque además –como es acumulativo– son muchos los litros de gasolina que quedan en la cuenta y que, incluso, pueden perderse al finalizar el período».

La Asamblea también discute el proyecto 22.236 (Ley de contribución solidaria de los diputados y diputadas para la atención de la emergencia sanitaria provocada por la enfermedad COVID-19), de la liberacionista Franggi Nicolás.

El proyecto no se refiere específicamente al gasto del combustible, pero sí establece una reforma a la Ley de Remuneración de los Diputados de la Asamblea para reducir en un 58% la suma devengada por conceptos de gastos de representación, para contribuir con los gastos ocasionados por la pandemia de la COVID-19 en el país.

Empleo para trabajadoras domésticas bajó a la mitad durante la pandemia

En resumen: Los hogares costarricenses dejaron de contratar a casi 63.500 mujeres. Ellas trabajaban en casas de habitación como trabajadoras domésticas, cuidadoras, encargadas de jardinería y otras labores similares brindadas a los hogares. La caída se observa como comparación del segundo trimestre del 2019 y el segundo trimestre del 2020.

En este artículo, originado de una verificación a un texto de La Nación, describimos cuáles son los principales grupos afectados por el desempleo durante la pandemia de la COVID-19 en Costa Rica. Es cierto lo que señala La Nación cuando indica que casi el 60% de las personas desempleadas no terminaron el colegio. Sin embargo, ese dato pierde de vista cuáles son los grupos más golpeados.

En resumen: Los hogares costarricenses dejaron de contratar a casi 63.500 mujeres. Ellas trabajaban en casas de habitación como trabajadoras domésticas, cuidadoras, encargadas de jardinería y otras labores similares brindadas a los hogares. La caída se observa como comparación del segundo trimestre del 2019 y el segundo trimestre del 2020.

En este artículo, originado de una verificación a un texto de La Nación, describimos cuáles son los principales grupos afectados por el desempleo durante la pandemia de la COVID-19 en Costa Rica. Es cierto lo que señala La Nación cuando indica que casi el 60% de las personas desempleadas no terminaron el colegio. Sin embargo, ese dato pierde de vista cuáles son los grupos más golpeados.

Las empleadas domésticas: el grupo más afectado

Las mujeres que hacen trabajo doméstico pertenecen al grupo con mayor afectación. La mitad de ellas perdieron el empleo.  El país perdió 63.500 empleos de trabajadoras domésticas o similares. Ese es el faltante si se compara el segundo trimestre del año pasado con el mismo periodo del 2020, según la Encuesta Continua de Empleo del INEC. El país pasó de tener 139.644 trabajadoras a 76.121.

Esta es la reducción porcentual más importante en cualquier grupo de empleo si vemos los datos para hombre o mujeres. Y golpea principalmente a las mujeres.

La caída es aún más importante si consideramos que, para el 2019, el empleo doméstico era la principal rama de actividad en la que se empleaban las mujeres. Un 16,5% de los empleos se generaba en ese sector.

Se trata de trabajos mayoritariamente informales (la informalidad se mantiene en casi un 90% desde el año pasado). Se localizan en la zona central del país (70% de los empleos para mujeres en esta rama están allí) y relativamente mal pagados. Una empleada doméstica recibiría un equivalente promedio de ₡273.406 por mes, si usamos como base para el cálculo el salario promedio por hora.

Los números de la encuesta no permiten inferir con precisión cuántas mujeres jefas de hogar que se dedicaban a trabajo doméstico perdieron su trabajo entre 2019 y 2020. Sabemos, eso sí, que 35% de las desempleadas que tuvieron como último empleo algún trabajo relacionado con labores domésticas eran jefas de hogar.

“Una gran mayoría de estas trabajadoras son empleadas domésticas pero también hay mujeres que trabajan en manicura o en empleos similares”, explicó a Doble Check María Luz Sanarrusia, coordinadora de la Encuesta Continua de Empleo (ECE), del INEC.

“Esta caída ocurre por varias razones. Por un lado, está la parte de la demanda del trabajo: hay hogares que por la actividad económica ya no están contratando. Por el otro está la oferta de trabajo: podría ser que estas trabajadoras se estén cuidando”, dijo Sanarrusia a Doble Check.

Sanarrusia tiene razón. La crisis económica no solo golpea por el lado del desempleo: también hay muchísimas menos personas buscando trabajar. Tal y como ocurrió con el desempleo, la crisis también recortó la participación en la fuerza laboral en todos los sexos, en todos los grupos de edad.

Para el segundo trimestre del 2019, un 51% de las mujeres en edad de trabajar formaba parte de la fuerza de trabajo. Es decir, la mitad estaba buscando trabajo o estaba desempleada. Hoy ese porcentaje es de un 44%, e implica la salida de 109.789 mujeres del mercado laboral.

Desempleo y secundaria incompleta

La Nación afirmó el 20 de setiembre que un 60% de los desempleados en Costa Rica nunca pasaron por el colegio. La afirmación es correcta, pero hay dos datos de contexto adicionales que deberían agregarse.

En realidad, el fenómeno que La Nación subraya es histórico y replica la misma tendencia que el país viene observando durante los últimos años.  Por ejemplo, hoy el 59% de las personas desempleadas no finalizaron la secundaria. En el 2016 y 2017 ese porcentaje era de casi un 67%.

En segundo lugar, no es preciso indicar que se trata de personas que “no pasaron por el colegio”, sino que “no finalizaron la secundaria”.

Puede leer un artículo con un mayor detalle acerca de estos hallazgos aquí. 

Nota del editor: Esta publicación es un trabajo colaborativo del equipo de Doble Check, del periodista Álvaro Murillo, del Semanario Universidad, y  la periodista Hulda Miranda de Interferencia, de las Radios de la Universidad de Costa Rica. La ilustración para esta nota fue elaborada por Natalia Barquero.

Cierto: Costa Rica no cuenta con suficientes datos públicos para medir la riqueza

En resumen: El Instituto de Investigaciones Sociales (ISS) fue blanco de varias refutaciones. Uno de sus estudios en proceso usó una revista de negocios centroamericana como fuente para calcular la magnitud de las mayores fortunas de Costa Rica. La fuente era falaz y el instituto replicó sus datos sin fundamento.

¿Hay otras formas de acercarnos a los estratos más altos de prosperidad en el país?

La estadística es una forma de aproximación, pero se queda corta. El INEC nos dice que el ingreso promedio mensual del 10% de los hogares más ricos del país es de unos ₡2,4 millones. ¿A cuánto corresponde el ingreso del 0,1% más rico? ¿A dos veces esa cifra? ¿A cien veces? Eso no lo sabemos porque es un estrato que suele escapar al alcance de las encuestas.

¿Qué hay de los aportes a la Caja Costarricense del Seguro Social? Ellos solo indican ingresos formales, y solo son accesibles para salarios públicos. Otro acercamiento podría venir de las declaraciones de impuestos, pero la ley protege su confidencialidad. Otra vía: si supiéramos quiénes son los beneficiarios finales de las empresas más rentables del país también podríamos tener un acceso indirecto a la magnitud de la acumulación de capital. Esa información tampoco está disponible públicamente.

La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) se ha referido al asunto. La organización ha dicho que los pocos datos privados en manos del Estado aún son insuficientes para conocer los volúmenes de la riqueza en el país. También señala que Costa Rica todavía necesita mejoras en las herramientas que permitan identificar quiénes controlan el capital de las personas jurídicas.

El Estado sí tiene una base de datos pormenorizada de los ingresos de cerca de 1,4 millones de hogares en el país, pero no son los hogares más prósperos los que están registrados en el Sinirube. De los hogares más ricos prácticamente no conocemos nada.

En medio de la polémica del IIS, el instituto justificó el uso de la revista de negocios FORBES Centroamérica. Alegó una “opacidad” de otras fuentes de información sobre la acumulación de riqueza en Costa Rica. El instituto se equivocó al confiar en una fuente inadecuada, pero su argumento de fondo es correcto. Costa Rica no tiene suficientes datos públicos para saber cuán ricos son sus ricos.

En resumen: Una investigación en proceso del Instituto de Investigaciones Sociales (ISS) fue blanco de varias refutaciones. El estudio usó una revista de negocios centroamericana como fuente para calcular la magnitud de las mayores fortunas de Costa Rica. La fuente era falaz y el instituto replicó sus datos sin fundamento.

¿Hay otras formas de acercarnos a los estratos más altos de prosperidad en el país?

La estadística es una forma de aproximación, pero se queda corta. El INEC nos dice que el ingreso promedio mensual del 10% de los hogares más ricos del país es de unos ₡2,4 millones. ¿A cuánto corresponde el ingreso del 0,1% más rico? ¿A dos veces esa cifra? ¿A cien veces? Eso no lo sabemos porque es un estrato que suele escapar al alcance de las encuestas.

¿Qué hay de los aportes a la Caja Costarricense del Seguro Social? Ellos solo indican ingresos formales, y solo son accesibles para salarios públicos. Otro acercamiento podría venir de las declaraciones de impuestos, pero la ley protege su confidencialidad. Otra vía: si supiéramos quiénes son los beneficiarios finales de las empresas más rentables del país también podríamos tener un acceso indirecto a la magnitud de la acumulación de capital. Esa información tampoco está disponible públicamente.

La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) se ha referido al asunto. La organización ha dicho que los pocos datos privados en manos del Estado aún son insuficientes para conocer los volúmenes de la riqueza en el país. También señala que Costa Rica todavía necesita mejoras en las herramientas que permitan identificar quiénes controlan el capital de las personas jurídicas.

El Estado sí tiene una base de datos pormenorizada de los ingresos de cerca de 1,4 millones de hogares en el país, pero no son los hogares más prósperos los que están registrados en el Sinirube. De los hogares más ricos prácticamente no conocemos nada.

En medio de la polémica del IIS, el instituto justificó el uso de la revista de negocios FORBES Centroamérica. Alegó una “opacidad” de otras fuentes de información sobre la acumulación de riqueza en Costa Rica. El instituto se equivocó al confiar en una fuente inadecuada, pero su argumento de fondo es correcto. Costa Rica no tiene suficientes datos públicos para saber cuán ricos son sus ricos.

 

¿Qué dijo el ISS con respecto al acceso a datos sobre riqueza?

Un estudio en proceso del IIS fue usado como fuente de varias publicaciones en las que se señalaba el nombre de tres personas como las más adineradas del país. El centro falló al verificar la validez de su fuente original: la revista FORBES Centroamérica. La información no tenía fundamento.

El centro de investigación aseguró en un comunicado que hay “poca o nula información de carácter público sobre la riqueza”. El rector de la Universidad de Costa Rica, Carlos Araya, adujo argumentos similares en una circular.

 

¿Puede el Estado medir la riqueza de una persona?

No es posible medirla con exactitud. Las estimaciones sí pueden ser más certeras cuanto más acceso a información tenga el Estado sobre bienes e ingresos. Así lo expresó el exviceministro de Ingresos, Fernando Rodríguez, aunque apuntó que podría haber limitaciones.

“Por ejemplo, siempre puede haber valores registrados en paraísos fiscales. No es una ciencia exacta”, apuntó.

Costa Rica recibió recomendaciones sobre transparencia fiscal por parte de la OCDE durante más de una década. Su último informe sobre el tema concluyó que el país obtuvo mejoras sustanciales.

Uno de los cambios recientes es el registro centralizado que recopila información sobre los beneficiarios finales del dinero que producen todas las entidades legales. La OCDE aún no revisa su operación. Eso sí, adelantó que tiene varias deficiencias sobre la legalidad del registro y la información disponible en el país.

Doble Check consultó a Zayda Manatta, jefa de la Secretaría del Foro Global de la OCDE sobre Transparencia e Intercambio de Información para propósitos impositivos. Ella resaltó algunas de las deficiencias expresadas en el último informe:

  • La legislación contra el lavado de dinero solamente cubre a las personas frísicas dueñas de acciones. Falla en identificar a los verdaderos dueños o beneficiarios reales del capital de las empresas.
  • La ley contra el fraude fiscal le permite a las entidades legales que no identifiquen a sus dueños legales extranjeros. En su lugar, permite que registren los nombres de sus administradores. En el caso de los fideicomisos, para la OCDE es incierto si esta ley requiere la identificación de cualquier otra persona que ejerza control.

La OCDE también afirmó en su Análisis de la Política Fiscal que la “evasión fiscal en Costa Rica es generalizada. Los ingresos fiscales que se pierden a consecuencia de la evasión fiscal son muy elevados, en particular en el ámbito de las empresas”.

Medidas complementarias

Para el exviceministro Rodríguez, la estructura impositiva en Costa Rica tampoco favorece la identificación de quién está detrás de la riqueza. Más allá del estándar de la OCDE, se necesitaría migrar a un modelo de renta global, indica el economista.

Rodríguez opina que para el Estado no es suficiente contar con información acerca de los accionistas y las sociedades: cualquier persona podría ocultarse detrás de otros sujetos. En su lugar, sugiere que todas las personas físicas reporten sus activos, pasivos e ingresos. Ello permitiría identificar quiénes se benefician de cada bien o capital.

Según el exviceministro, además de ser confidenciales, la declaración de impuestos también son muy escuetas. “Aquí se llena una página, en otros países son nueve o más”.

 

Información accionaria en Costa Rica es confidencial

El registro de accionistas en Costa Rica permitirá al Estado calcular de mejor manera la magnitud de la riqueza personal. Sin embargo, los y las ciudadanas, periodistas, y académicos no tendrán acceso a él.

La publicidad de esta información no es un estándar internacional. Sin embargo, sí hay casos de apertura. Países como como Reino Unido , Bulgaria, Dinamarca o antiguos paraísos fiscales como Luxemburgo, ofrecen información pública y de acceso libre sobre accionistas y beneficiarios finales de las compañías.

Más transparencia, menos corrupción

Una organización como Global Witness impulsa este tipo de conocimiento público. La organización civil internacional argumenta que la información no es solo clave para los ciudadanos, también es vital para los otros gobiernos. La organización dijo a Doble Check por medio de un correo electrónico:

«La transparencia pública y completa acerca de la información de los beneficiarios finales es vital para detener el rol de opacidad entre compañías anónimas involucradas en acciones de lavado de dinero y en corrupción. Desde los Papeles de Panamá hasta otros numerosos escándalos han demostrado cómo los criminales y los corruptos ocultan sus identidades detrás de compañías anónimas para ocultar grandes sumas de riqueza ilegal alrededor del mundo».

El sistema financiero permite con facilidad crear capas de compañías de papel que cruzan fronteras y jurisdicciones. Eso, indica la organización, hace imposible saber quién está detrás del dinero.

«Si logramos sacar esta información de las sombras, el público, los medios de comunicación, la sociedad civil –así como los gobiernos– podremos seguir el dinero y llamar a esas organizaciones a rendir cuentas», indicó la organización a Doble Check.

Ya otras organizaciones han llamado la atención sobre este tema. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos subrayaba en marzo de 2018  que la falta de transparencia facilita la corrupción e impide el control ciudadano. La entidad  recomendaba a los Estados «establecer obligaciones de transparencia activa» en relación con «la identidad de las personas jurídicas y naturales involucradas en la gestión de empresas del sector privado«. El caso Claude Reyes vs otros en Chile de la Corte Interamericana de Derechos Humanos también aborda este problema.

Los estándares de la OCDE no requieren que la información sobre empresas sea accesible al público. Eso sí, la organización tiene claro que los ciudadanos y periodistas pueden contribuir a aumentar la transparencia para asuntos impositivos.

«Permitir al público acceder a alguna información (como los registros acerca de beneficiarios finales sobre empresas o fideicomisos) podría permitir un mayor escrutinio acerca de la precisión de la información (siempre que se provea de datos que se puedan buscar fácilmente y leer desde computadoras sin ningún costo). El acceso abierto a esta información atraerá la atención de académicos, organizaciones civiles y periodistas», sugiere Zayda Manatta, jefa de la Secretaría del Foro Global de la OCDE.

Ese escrutinio puede contribuir a una identificación más activa de los datos inadecuados, dijo Manatta. También permitiría una detección más efectiva de la evasión de impuestos o el lavado de dinero. «En la Unión Europea, los Estados Miembros han decidido dar público acceso a los registros de beneficiarios finales para evitar el lavado de dinero (recital n°30 de la 5th European AML Directive -n°2018/843-)», ejemplifica la experta.  La transparencia de esta información podría tener un costo deseable en la reputación de personas relacionadas con empresas vinculadas al lavado de dinero o el financiamiento del terrorismo.

«Todas esas ventajas deben de pesarse contra el riesgo que algunos beneficiarios finales puedan percibir ante una mayor disponibilidad de la información. Estas personas podrían preferir que no exista tanta información disponible, o tratarían de cambiar su involucramiento a través de estructuras mucho más complejas», dijo.

 

¿A cuál información sí tenemos acceso?

Un ciudadano, periodista o investigador en Costa Rica no puede acceder a la lista de accionistas de una empresa. Mucho menos a sus beneficiarios finales. La única información parcialmente pública está relacionada con las juntas directivas de las compañías. ¿Qué otra información existe?

Encuestas

Hay acceso público a los datos recolectados por el Instituto de Estadística y Censos en la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares, por ejemplo. Con ellos se puede medir el nivel de desigualdad del país. Esa información tiene varias limitaciones: en primer lugar, es  anónima.

Además, un análisis realizado por la Cepal señala un posible sesgo en los datos por la improbabilidad de que los percentiles de hogares más ricos sean seleccionados en una muestra aleatoria. También indican su propensión a rechazar la encuesta y la posibilidad de subregistro en las declaraciones. Ese subregistro podría llevar a subestimaciones en los cálculos sobre la desigualdad.

La Cepal recomienda el uso combinado de la encuesta con datos tributarios obtenidos de las autoridades fiscales. Este método combinado ayudaría a obtener mediciones más precisas sobre la desigualdad y la distribución del ingreso en los hogares más ricos de cada país. Por esta razón, la comisión aconseja a los gobiernos la divulgación de esta información.

Estados financieros

Las empresas que cotizan en la bolsa de valores deben publicar sus balances anuales. Existe una mayor transparencia con este tipo de compañías, como Fifco, pero son una minoría dentro del parque empresarial del país. Se trata de apenas 58 empresas, incluidas entidades estatales.

Esta información también es limitada a la hora de medir riquezas particulares porque los datos públicos no están asociados a los accionistas. Los beneficiarios, además, posiblemente puedan tener inversiones, ingresos o capital de otras fuentes.

Eduardo Rojas, exgerente de negocios del INS Valores Puesto de Bolsa y docente de administración pública en la UCR, agregó otras limitaciones. Por ejemplo, el mercado costarricense no funciona con la misma agresividad que en los países de renta alta. Esos países obtienen una mayor cantidad información financiera de las empresas que participan en la bolsa.

 

¿Favorece el sistema impositivo a los más ricos?

Es difícil responder a esa pregunta tajantemente, pero hay algunas pistas.

Por ejemplo, la OCDE también ha señalado que el sistema impositivo de Costa Rica no favorece a la redistribución de la riqueza. La revisión de políticas tributarias que la organización hizo a Costa Rica en el 2017 concluyó que “el Impuesto de Renta a Personas Físicas no contribuye a reducir la desigualdad entre los ingresos. Aun cuando este impuesto está diseñado como progresivo, en la práctica eleva muy poco los ingresos con influencia en la distribución de los ingresos”.

El principal problema es que la recaudación por renta a personas físicas es baja en comparación con el resto de países de la organización.

El impuesto máximo con el que se gravan las rentas altas (mayores a ₡1,2 millones) es de un 15% en Costa Rica. En el resto de la OCDE es de 43,6% en promedio. En Suecia, por ejemplo, llega a un extremo de 57%.

“(Esa) limitada recaudación que se obtiene es uno de los factores que explican la diferencia tan pequeña entre los coeficientes de Gini antes y después de impuestos y transferencias en Costa Rica, en comparación con otros países”, dice la organización.

Irlanda o Finlandia, por ejemplo, reducen la desigualdad a casi la mitad después de aplicar impuestos y prestaciones. Costa Rica logra efectos mínimos (de apenas un 3,8%), tras hacer lo mismo.

Nota del editor: Doble Check es un proyecto financiado por la Universidad de Costa Rica. El Instituto de Investigaciones Sociales también pertenece a esta casa de enseñanza. La información en esta nota se trabajó con independencia de esta relación, pero se considera necesario transparentar un conflicto de interés de cara a nuestra audiencia.

No es cierto que rebaja a remuneraciones afectará a diputados, como dijo ministra Garrido a #NoComaCuento

La Ministra de Planificación Pilar Garrido afirmó a #NoComaCuento, de La Nación, que el proyecto de ley que el gobierno presentó para reducir las remuneraciones en el sector público sí incluye rebajas a los diputados. La redacción del texto no permite afirmar eso.

Garrido hizo la afirmación como parte de una verificación de #NoComaCuento, que pretendía desmentir a Albino Vargas. El líder sindical había publicado un tuit el 13 de julio que afirmaba que “la rebaja salarial no incluye a los diputados ni a las diputadas”.

¿Por qué el proyecto no incluye a las y los diputados? El texto del Ejecutivo pretende reducir las jornadas de los trabajadores con remuneraciones mayores a ₡1,5 millones. Es decir, el texto no ordena el recorte directo de las remuneraciones o salarios, sino –más bien– la reducción de las jornadas. Ello consecuentemente conlleva a recortar remuneraciones, pero no las de los diputados.

Los congresistas no tienen una jornada definida ni una relación laboral. Así lo explicaron el director ejecutivo de la Asamblea Legislativa, Antonio Ayales, y el exmagistrado de la Sala II Rolando Vega.

No es posible recortar la jornada de los miembros del Congreso porque esa figura no existe para este tipo de servidor público. Un diputado o una diputada no tiene horario, ni cobra horas extra ni puede ser despedido. Tampoco se le puede recortar el tiempo que dedica a sus funciones, pues tiene la obligación legal de atender permanentemente «requerimientos propios de su investidura en cualquier tiempo y lugar».

Doble Check compartió sus hallazgos con Garrido. La ministra insistió en que el proyecto afectaba todas las remuneraciones del sector público, pero no respondió directamente a la imposibilidad de reducir la jornada de los congresistas.

La Ministra de Planificación Pilar Garrido afirmó a #NoComaCuento, de La Nación, que el proyecto de ley que el gobierno presentó para reducir las remuneraciones en el sector público sí incluye rebajas a los diputados. La redacción del texto no permite afirmar eso.

Garrido hizo la afirmación como parte de una verificación de #NoComaCuento, que pretendía desmentir a Albino Vargas. El líder sindical había publicado un tuit el 13 de julio que afirmaba que “la rebaja salarial no incluye a los diputados ni a las diputadas”.

¿Por qué el proyecto no incluye a las y los diputados? El texto del Ejecutivo pretende reducir las jornadas de los trabajadores con remuneraciones mayores a ₡1,5 millones. Es decir, el texto no ordena el recorte directo de las remuneraciones o salarios, sino –más bien– la reducción de las jornadas. Ello consecuentemente conlleva a recortar remuneraciones, pero no las de los diputados.

Los congresistas no tienen una jornada definida ni una relación laboral. Así lo explicaron el director ejecutivo de la Asamblea Legislativa, Antonio Ayales, y el exmagistrado de la Sala II Rolando Vega.

No es posible recortar la jornada de los miembros del Congreso porque esa figura no existe para este tipo de servidor público. Un diputado o una diputada no tiene horario, ni cobra horas extra ni puede ser despedido. Tampoco se le puede recortar el tiempo que dedica a sus funciones, pues tiene la obligación legal de atender permanentemente «requerimientos propios de su investidura en cualquier tiempo y lugar».

Doble Check compartió sus hallazgos con Garrido. La ministra insistió en que el proyecto afectaba todas las remuneraciones del sector público, pero no respondió directamente a la imposibilidad de reducir la jornada de los congresistas.

¿Qué dijeron Albino Vargas, Pilar Garrido y No Coma Cuento?

El 13 de julio, el líder sindical Albino Vargas publicó en twitter :

¡Qué bonito! La rebaja salarial NO INCLUYE A LOS DIPUTADOS NI A LAS DIPUTADAS. Diz que ellos tienen un régimen distinto al cual se llaman «dietas». ¿Será posible tal cinismo político?…

No Coma Cuento publicó una verificación al respecto dos días después titulada “#NoComaCuento: Albino Vargas difunde información falsa sobre proyecto de rebaja salarial a empleados públicos”. En ella, la jerarca de Planificación Pilar Garrido desmiente a Albino Vargas y asegura que el proyecto del Ejecutivo sí impacta a los diputados.

“Todos los poderes de la República y las autoridades somos parte. Están incorporadas todas aquellas personas servidoras públicas que ganan más de ¢1,5 millones”, dijo a La Nación. “Los diputados sí están regulados por la Ley de Salarios de la Administración Pública. Por ende, comprende a los mismos. El rebajo aplica a que se les reduce, al final, el 15% del total de su remuneración bruta”, agrega su cita.

El 20 de julio La Nación publicó un derecho de respuesta a Albino Vargas. El líder sindical se basó en un intercambio de Garrido con el diputado José María Villalta en la Asamblea Legislativa.  «Queda claro que ni la ANEP ni mi persona difundimos información falsa», concluyó el sindicalista.

¿Qué dice el proyecto del Ejecutivo?

La controversia entre Vargas y de Garrido está centrada en el término que se usa para describir las retribuciones económicas de los diputados: dietas, salarios o remuneraciones.

Antes de eso, ¿qué dice el proyecto que el Ejecutivo presentó a la Asamblea Legislativa?

El texto, presentado bajo el expediente 22.081 con el nombre de “Ley de Reducción de Jornadas en el Sector Público” propone en su artículo primero:

“Las instituciones públicas comprendidas en el artículo 26 de la Ley de Salarios de la Administración Pública, Ley No. 2166, de 9 de octubre de 1957, por un plazo improrrogable de doce meses, a partir de la entrada en vigencia de la presente ley, deberán reducir en un quince por ciento (15%), las jornadas de trabajo del personal que reciba una remuneración bruta mensual de al menos un millón quinientos mil colones (¢ 1.500.000) por su jornada ordinaria de trabajo”.

El texto no ordena directamente la reducción de remuneraciones, sino –más bien– de jornadas de los trabajadores públicos.

Los demás artículos se refieren a qué instituciones corresponde aplicar las reducciones y cuáles son las dependencias eximidas de la medida (cuerpos de Policía, Bomberos, Ministerio de Salud, Caja Costarricense de Seguro Social, Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias y centros penitenciarios). No hay ningún artículo que mencione a los diputados.

¿Tienen los diputados jornada?

El Director Ejecutivo de la Asamblea Legislativa, Antonio Ayales, aseguró a Doble Check que el proyecto del gobierno no incluye a los diputados, pues ellos no tienen jornada.

“Los diputados son escogidos por elección popular, por tanto, no son considerados funcionarios públicos, a pesar de trabajar en el primer Poder de la República, no tienen una jornada laboral como sí la tienen el resto de funcionarios públicos que trabajan en la Asamblea, no tienen un salario como el resto de funcionarios, no son parte de la estructura administrativa de la Asamblea ni siquiera están sujetos al Reglamento Autónomo de la institución” dijo a Doble Check.

No se les puede rebajar una jornada que no tienen. Un diputado viene y se va a la hora que quiere, no tiene que rendirle cuentas a nadie en la administración de a qué hora llega o se va de la Asamblea”, concluyó Ayales.

Su criterio coincide con su criterio el exmagistrado de la Sala II Rolando Vega.

Los diputados no están sujetos a una jornada. No tienen un contrato de trabajo ni tienen que cumplir un horario determinado. Tampoco pueden cobrar horas extra, ni tienen un control de supervisión o de fiscalización. No hay una relación laboral, propiamente dicha”.

Aún si la tuvieran, la ley 7352 de Remuneración de Diputados de la Asamblea Legislativa obliga a los diputados a estar disponibles permanentemente para atender sus funciones.

“ Fíjase la remuneración de los diputados a la Asamblea Legislativa, atendiendo los siguientes principios: (…) b- El cumplimiento de sus deberes y obligaciones, como miembros del Poder Legislativo, implica para los diputados la permanente disposición de atender requerimientos propios de su investidura en cualquier tiempo y lugar”.

Doble Check consultó sobre este tema a la jerarca Pilar Garrido, pero no respondió directamente a nuestras preguntas. Sus respuestas completas están disponibles aquí y aquí.

La jerarca declaró su disposición de enmendar eventualmente el texto para que «cumpla con el espíritu de reducir jornadas a los empleados de todo el sector público».

Las dietas, los salarios y las remuneraciones

Vargas argumenta que las razones por las que la rebaja no aplica a los legisladores es porque ellos y ellas tienen dietas, y no salarios. Según Vargas, el proyecto está enfocado en la reducción de salarios y –al no incluir dietas– los congresistas no están incluidos en la iniciativa.

Aunque la crítica de Vargas sí tiene fundamento, sus razones para justificar la denuncia son discutibles.

Por ejemplo, la Procuraduría General de la República había opinado en mayo de 2002 que la retribución que reciben los legisladores no puede considerarse una dieta ni un salario. El término correcto para referirse a las retribuciones de los diputados, según este criterio, es “remuneración”.

Ése es justamente el término que emplea el proyecto del Ejecutivo cuando indica que se deberán reducir “las jornadas de trabajo del personal que reciba una remuneración bruta mensual”.

Tras una consulta de Doble Check, Garrido sí se refirió a las retribuciones de los legisladores como “dietas”, pero aseveró que ese término estaba incluido dentro del término más amplio de “remuneraciones”.

«Las dietas son solamente un componente de lo que se le cancela a los diputados de manera mensual, ese monto total tiene el nombre de ‘remuneración’, según el artículo 1 de la Ley 6961. El artículo 1 del proyecto de ley, menciona que serán las remuneraciones las que deben disminuirse en un 15% de modo que, al recibir los diputados remuneraciones, están comprendidos por ese artículo 1. Remuneración es el género. Salario o dieta son especies de ese mismo género, de tal modo que ambos conceptos caben en dicho género”, afirmó.

A pesar de esta argumentación, Garrido no se refirió a si podía recortarse la jornada de un diputado, a pesar de que no tienen una jornada.

Comisión legislativa del FEES tergiversó hallazgos del Estado de la Educación

En resumen: El informe de mayoría acerca del Fondo Especial para la Educación Superior (FEES)  atribuye al Informe Estado de la Educación aseveraciones que no contiene. El estudio elaborado por el Programa Estado de la Nación no sustenta –y en algunos casos contradice– algunas de las conclusiones del informe preparado por la mayoría de diputados de la Comisión Especial para el FEES.

  • Es falso que la asistencia a las universidades hubiera bajado desde el 2010.
  • No hay datos que sustenten que la inversión en sedes regionales no sea una prioridad.
  • Es engañoso afirmar que la oferta académica sea obsoleta y que está divorciada del sector productivo.

Doble Check conversó con Isabel Román, Valeria Lentini y Marcela Román, del Estado de la Educación, para entender de qué manera el informe legislativo tergiversó algunos hallazgos del equipo de investigación. Marcela Román añadió que los diputados omitieron señalar en su informe una falla evidente en la educación superior pública: la falta de políticas para atender las brechas de género.

El informe legislativo fue aprobado por 31 diputados el 23 de junio. El Estado de la Educación sí coincide con el informe legislativo en la necesidad de apuntalar los programas de diplomado universitario. También concuerdan en que es necesario buscar tácticas para mejorar la relación entre costo y efectividad de la inversión en educación.

En resumen: El informe de mayoría acerca del Fondo Especial para la Educación Superior (FEES)  atribuye al Informe Estado de la Educación aseveraciones que no contiene. El estudio elaborado por el Programa Estado de la Nación no sustenta –y en algunos casos contradice– algunas de las conclusiones del informe preparado por la mayoría de diputados de la Comisión Especial para el FEES.

  • Es falso que la asistencia a las universidades hubiera bajado desde el 2010.
  • No hay datos que sustenten que la inversión en sedes regionales no sea una prioridad.
  • Es engañoso afirmar que la oferta académica sea obsoleta y que está divorciada del sector productivo.

Doble Check conversó con Isabel Román, Valeria Lentini y Marcela Román, del Estado de la Educación, para entender de qué manera el informe legislativo tergiversó algunos hallazgos del equipo de investigación. Marcela Román añadió que los diputados omitieron señalar en su informe una falla evidente en la educación superior pública: la falta de políticas para atender las brechas de género.

El informe legislativo fue aprobado por 31 diputados el 23 de junio. El Estado de la Educación sí coincide con el informe legislativo en la necesidad de apuntalar los programas de diplomado universitario. También concuerdan en que es necesario buscar tácticas para mejorar la relación entre costo y efectividad de la inversión en educación.

Falso: La asistencia a las universidades viene bajando.

El informe de los diputados asegura que “desde el año 2010 viene bajando la asistencia a las universidades tanto públicas como privadas”.

En realidad, el Estado de la Educación separa los datos en dos criterios: matrícula y asistencia.

Miremos primero lamatrícula, medida a partir de los datos del primer ciclo de cada universidad pública. El estudio destaca que la matrícula en universidades públicas subió en más de un 12% entre el 2012 y 2017. Contrario a la observación de los diputados, es en las sedes regionales donde el crecimiento ha sido más significativo (29%).

La asistencia es el otro indicador del Estado de la Educación, y  se calcula de otra forma. Los investigadores miran la cantidad de personas entre 18 y 24 años, y observan qué porcentaje de ellos están estudiando en las universidades, sin importar si son públicas o privadas. Ese porcentaje ha estado estancado (distinto a decir que viene disminuyendo).

¿Por qué estancado? Marcela Román explicó que lograr aumentar la cantidad de estudiantes en las universidades públicas responde más a la educación secundaria y cada vez menos a aumentos en la cantidad de cupos universitarios.

“Probablemente, Costa Rica ha llegado al tope de su cobertura natural (en educación superior) (…) Hay unas  brechas estructurales en la calidad y cobertura secundaria en las regiones que, sin que eso se mejore, no hay manera de traer más gente a la universidad… Solo que les liberáramos el requisito de tener un título de secundaria, y no tiene sentido”, dijo.

Según Román, las universidades ya incorporaron a la población de mayor acceso: jóvenes de área metropolitana, estudiantes de los colegios con mejor formación o personas de alto nivel económico.

Crecer más es difícil: por eso están estancados.  Pero, aún a pesar de todo, hay una población que no está estancada y que sí está aumentando su participación en la educación superior. Se trata de los jóvenes más pobres, los jóvenes de las regiones o los jóvenes de primera generación (es decir, cuando son los primeros en la familia en ir a la universidad). Esa población sí está aumentando.

“Esto tiene sentido porque es en estos sectores donde hay margen para crecer y han sido las universidades públicas las que proporcionalmente han absorbido más a la población pobre en esas edades. También tiene sentido por la mayor presencia en las regiones y por las medidas afirmativas como las becas”, dijeron Isabel Román y Valeria Lentini a Doble Check.

La afirmación del informe de los diputados, entonces, es falsa. La matrícula de las universidades públicas sí ha aumentado en los últimos diez años, especialmente en las regiones. La asistencia se encuentra estancada en todo el indicador de educación superior (pública y privada), pero no cayendo.

El estancamiento se explica por brechas estructurales que van más allá de las universidades públicas. A pesar de eso, está aumentando la participación de los jóvenes más desfavorecidos.

Diputados: la inversión en las regiones no ha sido una prioridad

Los diputados afirman que la inversión en las regiones no ha sido una prioridad. Dicen basarse en el Estado de la Educación. Sin embargo, los investigadores señalan que carecen de datos para sustentar o rechazar esa afirmación.

“Eso no se de dónde lo sacaron, pero desde el Estado de la Nación no fue”, dice Marcela Román.

La investigadora explica que hay costos asociados a las sedes que están registrados en una sola cuenta sin segregar entre sedes centrales y regiones. Román también destaca que el valor de los activos en las sedes no está contabilizado dentro del rubro de inversión.

“Si hablamos de  las fincas que tenemos en todo el territorio nacional valen una fortuna, más todos los equipos, las maquinarias para hacer la agricultura y los laboratorios de veterinaria y los de agua… Tenemos una inversión brutal. No sabemos (a cuánto ascienden). Hay que hacer los números: no es tan sencillo”.

Para el próximo año, el informe del Estado de la Educación pretende hacer una primera aproximación a este tipo de datos. De momento afirman no haber publicado o contar con datos que permitan o no sustentar la afirmación de que “la inversión en las regiones no ha sido una prioridad”.

“Hemos dicho en otros informes que se hace inversión en las regiones, pero que hay estrategias que deberán revisarse para poder tener mejores resultados”, agregaron por correo electrónico Isabel Román y Valeria Lentini, también del Estado de la Educación. “En las regiones se concentra la población con beca de las universidades públicas, por lo tanto, las estrategias a revisar tendrían que ver con más elementos que el apoyo económico”.

Engañoso: La oferta académica está obsoleta y divorciada del sector productivo

El informe de los legisladores acerca de las universidades públicas afirma que  “la oferta académica está obsoleta y divorciada del sector productivo, lo que produce sobreoferta en Ciencias Sociales y un alto déficit en carreras Stem (es decir, carreras de Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas)”. Los diputados dicen basarse en el Estado de la Educación para afirmar eso.

Evaluemos primero la afirmación sobre la obsolescencia. El informe de los diputados usa una cita de la investigadora Valeria Lentini para justificar su título. Lentini dijo en la Comisión:

“Hicimos un ejercicio de análisis, tanto las universidades públicas como privadas, y encontramos que, por ejemplo, en el caso de las universidades privadas más del 60% de las carreras en estas universidades no han actualizado sus programas en los últimos diez años. Y esto es muy importante, porque aquí sale, por ejemplo, en educación, el 70% de las carreras que ofrecen estas universidades no se ha actualizado, siendo que son esas carreras las que gradúan más docentes.”

La cita de Lentini es acerca de las universidades privadas, no acerca de las públicas. Los datos de renovación de las carreras en las universidades públicas son mucho más altos, pero el informe de los diputados los omite.

“Durante la última década, todas las universidades (públicas) realizaron modificaciones curriculares o crearon carreras, aunque a ritmos diferentes. Según los registros, en la UCR el 52% de la oferta es nueva o ha sido renovada; el 54% en el TEC, el 61% en la UNA y 70% en la UNED. En la UTN todavía el conjunto de su oferta tiene diez años o menos de creada”, dijeron Isabel Román y Valeria Lentini a Doble Check.

Román afirma que hay que hacer un cálculos más finos. «Los grandes números no valen así. Hay que partirlos», agrega Marcela Román. Por ejemplo, en Salud, las universidades públicas solo han actualizado un quinto de su oferta (20,5%) en los últimos diez años, pero en las áreas de informática, ingeniería y computación ese porcentaje se triplica, debido a la apertura de nuevas carreras y actualización de planes.

Eso sí: el Estado de la Educación señala que el país no está dando la talla en «innovación». Sus investigadoras consultaron a las propias universidades si creían que estaban siendo innovadores y qué barreras enfrentaban para serlo. Tanto las universidades públicas y privadas admitieron que no.

“En las universidades públicas los procesos de tramitar cosas son sumamente lentos y desmotivan a las unidades académicas para hacer cosas.  Desde el sector privado lo que encontramos es que hay un problema en la regulación del Conesup que los bloquea para ser innovadores”, dice Román.

¿Qué hay de la afirmaicón sobre el supuesto divorcio entre las universidades y el sector productivo. Lo cierto es que no hay datos para afirmarlo categóricamente. Marcela Román señala la necesidad de contar con estudios de prospección laboral, que Costa Rica no tiene.

“El Estado costarricense no hace nada sobre eso. (…) Cinde hace algunas cositas, la Uccaep hace algunas cositas… Todo el mundo  hace algo, pero no es una información desde la que el Estado de la Nación pueda asirse para decir cosas concluyentes. Costa Rica no hace del todo (estudios de prospección laboral)”.

Román subraya que las universidades deberían tener capacidad de prospección laboral en el largo plazo. Pero, considerando los tiempos de planificación y creación de una carrera, eso implica pensar más allá de los próximos cinco o diez años.

Los diputados se basan también en una cita del Estado de la Educación sobre todas las universidades –públicas y privadas– para indicar el déficit en carreras STEM. Omiten decir que  la UCR y el TEC tienen mayor oferta académica en áreas STEM que el resto de universidades públicas y privadas del país. Se trata de carreras que requieren de alta inversión en infraestructura e insumos, por lo que son más caras.

“Este país tiene una deficiencia enorme porque no hace prospección laboral y poner porcentajes graciosos de que necesitamos un 20%, un 30% o un 50% de carreras STEM es una tontería. Eso no tiene robustez académica. No se sostiene porque no están los estudios serios. Hay que hacer los estudios de prospección laboral”, había dicho la misma Román en un foro organizado por estudiantes de la Federación de Estudiantes de la UNA.

Lo que no critican los diputados y que sí cuestiona el Estado de la Educación

El informe del FEES omite también mencionar una deuda que sí ha resaltado el Estado de la Educación reiteradamente: las brechas de género.

“Que es la más grande, porque las mujeres somos la mitad. La población regional no es tanta en el promedio país… ¡Pero es que las mujeres somos la mitad! ¿Cómo se les olvidó mirar eso que es tan crítico?” , dice Marcela Román.

El informe ha resaltado muchas problemáticas relacionadas con ese tema. Por ejemplo, existen amplias brechas para que las mujeres puedan acceder a carreras como las ingenierías, Física o Computación.

“De hecho, las mujeres enfrentan con mucho miedo las pruebas de admisión en general. Hay muchas menos mujeres que aplican al TEC. Y no es casualidad”, agrega Marcela Román.

El informe concluye que los esfuerzos para resolver las brechas de género que vienen desde la secundaria son mínimos en las universidades. Los informes han documentado las problemáticas de acoso y la falta de políticas institucionales que rompas las barreras sociales que tienen las mujeres.

Tener a más mujeres estudiando en las universidades y atreviéndose a cursar carreras ocupadas mayoritariamente por hombres será también vital para el futuro del trabajo en Costa Rica. El Estado de la Nación ha insistido durante varios años en que ampliar la proporción de mujeres ocupadas en el país podría disminuir la pobreza y la desigualdad en el país.

Las coincidencias

Los diputados aseguran en sus conclusiones que las universidades públicas deben “crear y desarrollar más programas de diplomados universitarios, como una herramienta para democratizar la educación superior en las regiones”.

“Eso sí se deriva de nosotros. Hay que revalorizar en el sistema público el nivel de diplomado, que lo tenemos abandonado. Y eso ha generado un escándalo”, dice Marcela Román.

En general, el Informe del Estado de la Educación asegura que los diplomados en el país son mucho menos frecuentes que los bachilleratos y las licenciaturas. Esa carencia es problemática, pero podría ser una oportunidad especial para las regiones, donde la idea de impartir ciertas carreras de sedes centrales puede tener muchos obstáculos.

El Estado de la Educación también coincide con los diputados en que las universidades deben buscar mejores formas de ser costo-efectivas. Cómo abordar esa problemática tiene –sin embargo– una respuesta diferente para las investigadoras. Proponen varias soluciones omitidas por los diputados, por ejemplo, la educación virtual.

Es ridículo seguir gastando dinero en infraestructura, teniendo la tecnología. La UNED ha demostrado en extenso que la gente sí es buena. ¿Por qué no aprovechamos el gran conocimiento que tenemos en ese sistema para extender la oferta de otra manera más inteligente en todo el país?”, dice Román.

Representantes universitarios estudiantiles también mencionaron otra propuesta en la Comisión Especial del FEES. Su sugerencia es evitar la duplicidad de gastos administrativos al permitir que las sedes puedan ser administradas por el Consejo Nacional de Rectores (Conare).

“Yo no haría una lectura inocente de la mala calidad de ese informe, y de las relaciones de causalidad que no existen y que apelan a los datos del Estado de la Educación –que se los agradezco, porque parece que es un criterio de autoridad– para justificar sus posiciones. A pesar de eso, pienso que hay un interés legítimo de muchos legisladores de que mejoremos. (…) Nosotros tenemos que tener la capacidad de responder con propuestas: estas sí, estas no, y estos son los argumentos y la evidencia empírica, no ideología”, cerró Román.

 

Nota del editor: Doble Check es un proyecto financiado por la Universidad de Costa Rica. Esta institución, a su vez, está financiada mayoritariamente por el FEES. La información en esta nota se trabajó con independencia de esta relación, pero se considera necesario transparentar un potencial conflicto de interés de cara a nuestra audiencia.
Esta nota fue corregida. Una versión anterior afirmaba que la propuesta estudiantil de que CONARE administrara las sedes regionales también estaba contenida en el Informe Estado de la Educación, lo cual era incorrecto.