¿Cómo leer un gráfico? Pregúntele a Alberto Cairo

¿Cómo interpretar un gráfico? Alberto Cairo es experto en visualización de datos, y nos da algunos consejos para enfrentarnos a este tipo de «argumentos visuales» en los medios (y de cómo estar conscientes de nuestros propios sesgos)

¿Cómo interpretar un gráfico? Alberto Cairo es experto en visualización de datos, y nos da algunos consejos para enfrentarnos a este tipo de «argumentos visuales» en los medios (y de cómo estar conscientes de nuestros propios sesgos)

Reincidencia entre reos con tobilleras electrónicas no es del 20,5%

Un artículo y un editorial de La Nación toman como base un informe del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) para afirmar que el 20,5% de los portadores de tobilleras electrónicas volvieron a delinquir. La aseveración no es correcta.

El informe del OIJ se refiere a la cantidad de personas que fueron reportadas como presuntas responsables de hechos delictivos en “pasadas policiales”. La cifra no se refiere a personas de culpabilidad demostrada por cometer nuevos delitos. El mismo Organismo confirmó a Doble Check que el dato no puede usarse como parámetro de reincidencia.

El dato de reincidencia disponible por el Ministerio de Justicia es diez veces menor (2,1%). A diferencia del OIJ, el Ministerio calcula la reincidencia como la cantidad de revocatorias de la tobillera electrónica ordenadas por un juez. Esta revocatoria se da después de que se hubiera comprobado que las personas con tobillera hubieran cometido un nuevo delito.

Los datos del OIJ y del Ministerio son muy distintos en naturaleza y en alcance. Por ello no son comparables. El Ministerio tiene disponibles los datos de revocatorias por la comisión de nuevos delitos solo para los primeros ocho meses del 2019. El informe del OIJ contempla las «pasadas policiales» entre el 27 de febrero del 2017 y el 18 de julio del 2019.

¿Cuál dato es el más preciso? A la fecha, Doble Check espera los datos concretos del Poder Judicial que permitan asegurar cuántas personas figuran como presuntos responsables tras una pasada, cuántos de ellos tienen una causa abierta, por cuáles delitos y si ya han sido declaradas culpables o no. Doble Check también consultó si el supuesto delito fue cometido mientras las personas se encontraban bajo la modalidad de una tobillera electrónica.  La institución, de momento, no aporta esos datos.

En resumen: Un artículo y un editorial de La Nación toman como base un informe del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) para afirmar que el 20,5% de los portadores de tobilleras electrónicas volvieron a delinquir. La aseveración no es correcta.

El informe del OIJ se refiere a la cantidad de personas que fueron reportadas como presuntas responsables de hechos delictivos en “pasadas policiales”. La cifra no se refiere a personas de culpabilidad demostrada por cometer nuevos delitos. El mismo Organismo confirmó a Doble Check que el dato no puede usarse como parámetro de reincidencia.

El dato de reincidencia disponible por el Ministerio de Justicia es diez veces menor (2,1%). A diferencia del OIJ, el Ministerio calcula la reincidencia como la cantidad de revocatorias de la tobillera electrónica ordenadas por un juez. Esta revocatoria se da después de que se hubiera comprobado que las personas con tobillera hubieran cometido un nuevo delito.

Los datos del OIJ y del Ministerio son muy distintos en naturaleza y en alcance. Por ello no son comparables. El Ministerio tiene disponibles los datos de revocatorias por la comisión de nuevos delitos solo para los primeros ocho meses del 2019. El informe del OIJ contempla las «pasadas policiales» entre el 27 de febrero del 2017 y el 18 de julio del 2019.

¿Cuál dato es el más preciso? A la fecha, Doble Check espera los datos concretos del Poder Judicial que permitan asegurar cuántas personas figuran como presuntos responsables tras una pasada, cuántos de ellos tienen una causa abierta, por cuáles delitos y si ya han sido declaradas culpables o no. Doble Check también consultó si el supuesto delito fue cometido mientras las personas se encontraban bajo la modalidad de una tobillera electrónica.  La institución, de momento, no aporta esos datos.

El informe del OIJ

La Nación basa sus informaciones en un informe de la Unidad de Análisis Criminal dirigido a Fiscalía General. El informe no había sido dado a conocer a los periodistas y, según el OIJ, no se trataba de “un reporte cuyo público meta fuera la ciudadanía”.

Doble Check solicitó este informe pero el Organismo rehusó compartirlo. «Como es un documento que puede desencadenar una investigación, no nos podemos referir sobre el mismo», afirmó su oficina de prensa. La institución accedió posteriormente a responder nuestras consultas, pero sin remitir el informe.

La información del OIJ cruza las listas del Ministerio de Justicia de personas con tobilleras electrónicas con las listas del Organismo de “pasadas policiales”. Una “pasada policial” se refiere a casos en los que una persona es detenida. Sin embargo, este evento no implica la culpabilidad del sujeto detenido.

 

«El reporte de OIJ no se refiere o utiliza el término ‘reincidencia’ que tiene una connotación particular y diferente al reporte de causas abiertas durante periodo de portación de sistemas de control electrónico», indicó el OIJ.

El Ministerio de Justicia también considera inadecuado emplear el dato del OIJ como parámetro de reincidencia. Según el Ministerio, el contar con una tobillera electrónica visible podría ser un motivo de sospecha y detención por parte de la Policía, incluso si no hay delito de por medio.

“Consideramos como «reincidencia» las revocatorias del mecanismo en razón de una nueva causa penal; esto es muy distinto a las «pasadas» que reporta el OIJ, puesto que una pasada no significa la apertura de una nueva causa judicial ni mucho menos una condena. En vista del principio de inocencia, únicamente podemos considerar como «reincidentes» a quienes cometan un nuevo delito y se les revoque la medida en razón de ello”, expresó a través de su oficina de prensa.

¿Qué publicó La Nación?

El diario La Nación dedicó una nota informativa al tema, así como un editorial. En la pieza de opinión declara la importancia de esa medida sustitutiva, pero denuncia su mala implementación. La cifra de personas que habrían vuelto a delinquir «es demasiado alta», dice el diario.

El artículo informativo reporta que, según el informe filtrado, 479 de 2.334 personas registraron pasadas entre el 2017 y el 18 de julio de 2019. El medio indica que 114 de esas personas registran entre dos y ocho pasadas policiales, y 238 de los casos se refieren a robo agravado.

La Nación usó en sus informaciones términos como «volvieron a delinquir» y «reincidió». Doble Check se puso en contacto con la autora de la nota, Eillyn Jiménez, para consultarle sobre el uso de estos términos.

«Según el diccionario de la Real Academia Española (RAE), la reincidencia es la «reiteración de una misma culpa o defecto» o «circunstancia agravante de la responsabilidad criminal, que consiste en haber sido el reo condenado antes por un delito análogo al que se le imputa», respondió.

En su nota, La Nación sí reconoce la diferencia entre los números aportados por el OIJ y por el Ministerio de Justicia. El medio expresó que quiso comparar ambas cifras para períodos idénticos y que para ello solicitó la información al Ministerio. Sin embargo, el medio explicó que no la obtuvo oportunamente.

«El dato contemplado en el informe del OIJ dista del brindado por la ministra de Justicia, Marcia González, ante los diputados de la Comisión de Seguridad y Narcotráfico; sin embargo, esto obedece a que ella utilizó solo los datos de este 2019», afirma La Nación.

La explicación del medio sobre la disparidad en las cifras solamente atiende a uno de los motivos de la diferencia: las fechas. El otro, más determinante aún, es el que ya se ha dicho: que los datos tienen naturalezas muy distintas. El del OIJ se refiere a pasadas policiales por la presunta comisión de delitos y el del Ministerio se refiere a la revocación del beneficio por delitos comprobados.

Los datos del Ministerio de Justicia

El Ministerio de Justicia realiza un cálculo distinto y sus datos solo agrupan los registros desde enero hasta agosto del 2019. El reporte concluye que “la reincidencia en esta modalidad llega apenas a un 2,1%”.

“Las revocatorias por nueva causa durante el 2019 corresponden a 37 personas de 1746 personas que en algún momento estuvieron bajo la modalidad de monitoreo electrónico”.

Justicia aporta también este cuadro:

Mes Nueva causa penal

Enero           2

Febrero           6

Marzo           6

Abril           2

Mayo           4

Junio           3

Julio           5

Agosto           9

Según la cartera, la información se calcula a partir de la cantidad de revocatorias de la tobillera electrónica ordenadas por un juez, después de que las personas cometieran un nuevo delito.

¿Cuáles datos son más precisos?

La información disponible no nos permite acercarnos a los datos más precisos. No existe el detalle de información suficiente (o, al menos, no contamos con él) para poder realizar aseveraciones sobre la reincidencia en casos de personas con monitoreo electrónico con base en el informe del OIJ.

Consultamos al OIJ cuáles de las personas que habían sido detenidas en una «pasada» habían sido declaradas culpables. El Organismo dijo no contar con esa información, y alegó que ese no era el motivo del reporte.

Doble Check solicitó al Organismo el desglose de los casos de pasadas, las fechas en que se realizó la pasada, la fecha en que iniciaba y finalizaba el monitoreo electrónico. También se le consultó si a la persona se le abrió un nuevo expediente en sede penal, el tipo de delito y el estado del expediente a la fecha.

Doble Check además consultó si el Organismo entregó sus números usando el número de nuevas causas o el número de personas (una misma persona puede estar involucrada en varias causas). La solicitud deja explícito que no se solicitan identificaciones ni nombres de las personas en cuestión.

Toda la información se refiere al periodo entre el 27 de febrero de 2017 y el 18 de julio pasado. Haremos una actualización en cuanto recibamos la información.

La Nación exagera en cinco veces la diferencia entre salarios públicos y privados

Un artículo del diario La Nación resaltó que el salario promedio de un funcionario público en Costa Rica es de ₡371.563, mientras que el de uno público es de ₡1.030.200. La relación es de casi tres veces lo que lo que gana uno privado.

La información fue replicada luego por exdiputados o formadores de opinión pública, como Pilar Cisneros. Al presentar esos datos, el diaro exageró en cinco veces la diferencia entre los salarios promedio de ambos tipos de trabajadores.

Aunque los datos que el artículo emplea se calcularon correctamente, su uso no es adecuado. El método del promedio simple no permite comparar dos perfiles de trabajadores tan distintos. Así, La Nación muestra en sus datos una diferencia porcentual de 177%. Doble Check obtuvo una diferencia de un 32%, mediante una regresión lineal.

En este video explicamos porqué las jornadas, la educación, la formalidad y otro tipo de elementos no permiten comparar «a brocha gorda» los salarios de los trabajadores del sector público y del privado, y cómo podemos hacer un cálculo más preciso.

Un artículo del diario La Nación resaltó que el salario promedio de un funcionario privado en Costa Rica es de ₡371.563, mientras que el de uno público es de ₡1.030.200. La relación es de casi tres veces lo que lo que gana uno privado.

La información fue replicada luego por exdiputados o formadores de opinión pública, como Pilar Cisneros. Al presentar esos datos, el diaro exageró en cinco veces la diferencia entre los salarios promedio de ambos tipos de trabajadores.

Aunque los datos que el artículo emplea se calcularon correctamente, su uso no es adecuado. El método del promedio simple no permite comparar dos perfiles de trabajadores tan distintos. Así, La Nación muestra en sus datos una diferencia porcentual de 177%. Doble Check obtuvo una diferencia de un 32%, mediante una regresión lineal.

En este video explicamos porqué las jornadas, la educación, la formalidad y otro tipo de elementos no permiten comparar «a brocha gorda» los salarios de los trabajadores del sector público y del privado, y cómo podemos hacer un cálculo más preciso.

 

La versión de La Nación

El autor de la nota de La Nación fue el periodista Juan Córdoba.  Doble Check compartió sus hallazgos con él. El periodista reconoció que nuestras observaciones son correctas. También dice que él sí advirtió en su artículo que había diferencias entre los dos sectores, como la formalidad y educación. Eso es correcto.

«Los comentarios son importantes; sin embargo, las advertencias que Doble Check realiza se mencionan al lector en la publicación.

«Es correcto que la mayoría de la masa de trabajadores públicos son profesionales, lo que aumenta el costo de la planilla. También es correcto mencionar que en el sector privado la informalidad es alta, cuando en el Gobierno es casi nula. Ambos aspectos marcan una realidad en el sector privado que no puede ser obviada», dijo. 

¿Cómo hicimos nuestros cálculos?

Todos los cálculos acerca de las jornadas, formalidad o estudios para los trabajadores en el sector privado y público son promedios simples calculados empleando los datos del II Trimestre de la Encuesta Continua de Empleo para el 2019 del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC).

Sin embargo, es adecuado contar con promedios condicionados que permitan aislar el efecto de las diferentes variables (formalidad, educación, jornadas, entre otros), hasta encontrar con la verdadera diferencia entre promedios. Es por ello que Doble Check emplea un modelo de regresión lineal.

Doble Check empleó la variable del «Ingreso Bruto Principal», que es la misma empleada por el INEC y por La Nación. Sin embargo, se empleó la variable del ingreso por hora, para evitar cualquier efecto relacionado con las desigualdades en jornadas laborales. Dicha variable solo contempla el ingreso bruto corriente del empleo principal. Se aplicaron filtros para incluir solamente personas ocupadas con ingresos conocidos mayores a cero. No se incluyeron a personas ocupadas no remuneradas.

El estudio empleó también las variables: Sector institucional (para conocer si el trabajador es público o privado), Nivel Educativo, Formalidad, Clasificación de grupo de ocupación, grupo de horas efectivas, tiempo de laborar, especialidad en el área de formación académica, sexo y edad.

Las estimaciones se basan en un modelo de regresión Gaussiana con función de enlace identidad. De acuerdo con los criterios de información de Akaike y Bayesiana, el modelo ajusta de una mejor manera los datos de la ECE que el modelo de regresión Gamma con funciones de enlace identidad o logarítmica.

El modelo muestra un ajuste de la suma de cuadrados de la regresión del 64% .

Dichos cálculos fueron repetidos para las encuestas del tercer trimestre del año 2010 (fecha de inicio de aplicación de la encuesta) y el segundo trimestre del año 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 y 2018. Como puede observarse, los cálculos muestran una tendencia similar a lo largo de las encuestas.

Agradecemos al estadístico y economista Andrés Fernández por su colaboración en la elaboración de esta regresión lineal. 

 

Propuesta de decreto motivó desinformación sobre futuro de recetas médicas

En resumen: Es falso que el Ministerio de Salud pretenda exigir la presentación de una receta para la compra de cualquier tipo de medicamento. El rumor nace de un borrador de decreto que fue propuesto por el Ministerio de Salud. El texto es confuso y contradictorio. Ello provocó desinformación sobre el requisito de una receta […]

En resumen: Es falso que el Ministerio de Salud pretenda exigir la presentación de una receta para la compra de cualquier tipo de medicamento. El rumor nace de un borrador de decreto que fue propuesto por el Ministerio de Salud. El texto es confuso y contradictorio. Ello provocó desinformación sobre el requisito de una receta digital.

El cambio sí pretende obligar el uso de receta digital, pero solo para antimicrobianos. La obligación ya está vigente para el caso de estupefacientes desde hace tres años.

Las recetas digitales (que se usarán para la venta de antimicrobianos) tendrán un costo aproximado de $0,6 para el médico y la farmacia. El Ministerio pretende que el servicio sea gratuito para la Caja Costarricense de Seguro Social (CCCSS).

El decreto (que se encuentra en fase de consulta pública) no dejaba claro ninguno de esos puntos. Los rumores, divulgados en redes sociales a partir de páginas como «No más abuso al pueblo» o del comunicador René Barboza, sugirieron que los costarricenses tendrían que visitar continuamente al médico para comprar medicamentos. También afirmaban que la Caja asumiría los costos de las nuevas recetas. Eso es falso.

El jerarca de salud, Daniel Salas, concedió el error en la precisión del borrador del decreto. El jerarca aseguró a Doble Check que hará las correcciones necesarias. Un acuerdo con el Colegio de Farmacéuticos firmado el 9 de octubre con el Ministerio de Salud indica que el texto en consulta se retirará, y se trabajará en una nueva versión.

Lo que pretende el ministerio

Desde hace casi tres años, cualquier médico que desee recetar psicotrópicos y estupefacientes debe hacerlo a través de una receta electrónica. Esa medida es una de las estrategias que el gobierno implementa para evitar el consumo ilegal de drogas. Así, el paciente recibe un código ligado a su identificación con el que puede retirar sus medicamentos.

Según Daniel Salas, jerarca de la cartera de Salud, el gobierno quiere hacer lo mismo con los antimicrobianos. Eso permitirá controlar si un médico receta antimicrobianos como primera medida de tratamiento cuando debería usarlo como último recurso. La medida no incluye otro tipo de medicamentos como el salbutamol, la Enantyum o los anticonceptivos: únicamente los antimicrobianos. 

«Lo que buscamos, desde un inicio, es proteger la salud pública. Nos estamos quedando progresivamente sin herramientas de combate contra bacterias, virus y hongos. Ya la OMS ha dicho que, en el 2050, si no nos ocupamos de este tema, vamos a tener como primera causa de muerte en el mundo enfermedades e infecciones resistentes a cualquier tipo de antibiótico», dijo.

«Ha habido un uso irresponsable y una falta de continuidad en los tratamientos. Eso es lo que queremos controlar con receta digital», agregó.

Según Salas, la estrategia procuraría extenderse también a productos veterinarios antimicrobianos. A diferencia de los psicotrópicos y estupefacientes, el gobierno se comprometió a no establecer controles de inventario de antimicrobianos.

«Incluso vamos a tener una aplicación disponible para la población, para que, una vez que se prescriba la receta, el paciente reciba notificaciones sobre cuándo debe usar el medicamento. Usted recibe un código, e incluso podrá tener su historial de recetas. Para otros medicamentos no va a ser obligatorio, pero sí va a estar disponible voluntariamente para comodidad del paciente», agregó.

Sí es cierto que las recetas digitales tendrán un costo. Se calcula que el mantenimiento del sistema, administrado por Racsa, tendrá un costo total de $0,6. El monto será cubierto por la farmacia y el médico en partes iguales. Salas dijo que el Ministerio pretende que el sistema sea gratuito para la Caja Costarricense de Seguro Social.

Vacíos legales

¿Por qué el borrador propuesto por el Ministerio de Salud era contradictorio y confuso?

El texto (puede descargarlo aquíno dejaba claro que la propuesta del gobierno se limitaba a antimicrobianos. Tampoco indicaba que la Caja estaría exenta del costo de las recetas digitales.

«Realmente la propuesta es muy confusa. Primero habla de antimicrobianos, luego un listado específico y, ¡claro!, la población entró en un frenesí. Inclusive nosotros nos preocupamos por el acceso (a medicamentos). Nosotros hemos sido vehementes en defender el acceso a los medicamentos», dijo José Gatgens, presidente del Colegio de Farmacéuticos.

La legislación costarricense tiene graves vacíos legales con respecto a este tema. La doctora en farmacia Milania Rocha, del Centro Nacional de Información de Medicamentos (CIMED), explicó que internacionalmente suelen existir tres tipos de figuras legales para medicamentos:

  • OTC (over de counter), o también llamados «de venta libre». Se trata de una lista pequeña de medicamentos definida por el gobierno que son de venta libre y que pueden comprarse en pulperías o supermercados. 
  • BTC (behind the counter): que son objeto de recomendación farmacéutica y no son de venta libre. Solo se venden en una farmacia aunque sin receta médica.
  • Prescription drugs: es decir, los medicamentos que sí requieren receta.

En Costa Rica, sin embargo, no existe lista ni figura legal de BTC. Solo existen los OTC y las medicinas que requieren receta. Eso provoca que haya un vacío legal en la regulación de la venta de cualquier medicamento que no sea OTC (como el salbutamol o algunos antiparasitarios, antifúngicos, antialérgicos o antiespasmódicos, que —en otros países— serían catalogados usualmente como BTC). En la práctica, el farmacéutico es el que decide si su venta requiere o no receta, salvo casos excepcionales, como los antimicrobianos. 

«Nosotros como farmacéuticos estudiamos 5 o 6 años este tema. Por eso somos el profesional instruído para eso. Es una tradición de servicio a la comunicad por casi nueve décadas», dijo Gatgens.

La ausencia de una lista oficial de medicamentos BTC provocó que, cuando el Ejecutivo propuso establecer la receta digital obligatoria para medicamentos que no fueran de venta libre, el gremio de farmacéuticos se preocupara sobre el tema. La gran mayoría de medicamentos que se venden en farmacias no son de venta libre por ley, aunque en la práctica la mayoría se vendan sin receta. 

El Colegio de Farmacéuticos se reunió con el Ministerio de Salud el 9 de octubre del 2019. Ambas entidades acordaron que el decreto en consulta de receta digital se retiraría y que se trabajaría en un nuevo texto. También establecieron que la receta digital quedará obligatoria solo para antimicrobianos. «Para otros productos se podrá usar, si el prescriptor así lo desea».

Nota del editor: Esta nota fue actualizada a las 15:20 horas para dar mejor precisión a la entrada del artículo, de modo que se aclarara que la venta de estupefacientes ya está regulada mediante la receta electrónica desde hace tres años. Además, aclaramos que la receta electrónica estará disponible para todo tipo de medicamentos, aunque solo será obligatoria en el caso de los antimicrobianos y los estupefacientes. Por último, cambiamos el término ‘antibióticos’ por el término más preciso de ‘antimicrobianos’.

Colegio de Periodistas divulga información falsa para defender titulación obligatoria

En resumen: El Colegio de Periodistas de Costa Rica (Colper) divulgó una información falsa acerca de la aprobación de una reforma constitucional en Brasil que obliga a los periodistas a contar con título universitario.

El Colper basa su información en una serie de artículos web del 2012. En ellos  se  informa sobre la aprobación en segundo debate de una iniciativa que obligaría a los periodistas a tener un título universitario para poder ejercer esa profesión.

La información del Colper es engañosa, pues de ella se desprende que la reforma ya está vigente. Por el contrario, los artículos usados indican explícitamente que hacían falta etapas en la discusión legislativa para que la ley se aprobara.

La iniciativa aún se encuentra en la Cámara de Diputados. Doble Check consultó al Senado Brasileño sobre el estado del proyecto, disponible en estos dos enlaces (Cámara de Diputados, Senado Brasileño). El departamento de acceso a la información detalló que el proyecto aún está en discusión.

En resumen: El Colegio de Periodistas de Costa Rica (Colper) divulgó una información falsa acerca de la aprobación de una reforma constitucional en Brasil que obliga a los periodistas a contar con título universitario.

El Colper basa su información en una serie de artículos web del 2012. En ellos  se  informa sobre la aprobación en segundo debate de una iniciativa que obligaría a los periodistas a tener un título universitario para poder ejercer esa profesión.

La información del Colper es engañosa, pues de ella se desprende que la reforma ya está vigente. Por el contrario, los artículos usados indican explícitamente que hacían falta etapas en la discusión legislativa para que la ley se aprobara.

La iniciativa aún se encuentra en la Cámara de Diputados. Doble Check consultó al Senado Brasileño sobre el estado del proyecto, disponible en estos dos enlaces (Cámara de Diputados, Senado Brasileño). El departamento de acceso a la información detalló que el proyecto aún está en discusión.

El comunicado del Colper

La Junta Directiva del Colegio de Periodistas emitió un comunicado titulado «Brasil rectifica y obliga a los periodistas a contar con título universitario». En el texto, publicado el jueves 26 de setiembre, la Junta Directiva del Colegio destaca que la Asamblea Legislativa de Brasil restableció el título de periodista como requisito obligatorio para ejercer esa profesión. Además, el boletín indica que aquel país obligó a «quienes no sean periodistas» a firmar como colaboradores. Agregan que el cambio ocurrió hace siete años, en el 2012.

El comunicado también integra la posición del Colegio a favor de la profesionalización del periodismo. Se infiere que la organización entiende por ella la obtención de un título académico.

 

«Seguiremos luchando por la profesionalización del periodismo. Las causas que parecen perdidas son las únicas por las que vale la pena luchar», sostuvo la Junta Directiva del Colper en el comunicado.

Consultado por Doble Check, el Colper compartió sus fuentes de información. Se trata de seis enlaces: un articulo del blog del CentroKnight para el periodismo en las Américas, un texto del periódico regional argentino El Territorio y un artículo del diario web Perú21 (todos fechados en agosto de 2012).

La organización también compartió un artículo periodístico del 2010 que daba cuenta sobre el avance en la discusión del proyecto de ley en Brasil, y un texto del 2011 sobre la aprobación en primer debate del proyecto.  La última fuente compartida por el Colegio pertenece a una resolución del 2009 de la Sociedad Interamericana de Prensa.

Las propias fuentes compartidas por el Colper permiten interpretar que la ley aún no forma parte del marco legal brasileño. El comunicado no da cuenta de ello de ninguna forma.

Por ejemplo, el artículo del Centro Knight detalla explícitamente «(el proyecto) ahora espera una votación en dos debates en la Cámara de Representantes. Si es modificada, vuelve nuevamente al Senado». El Territorio indica «y pasó a la Cámara de Diputados», y el pie de foto de Perú21 señala «ahora solo falta la votación de la Cámara de Diputados».

El pronunciamiento de la Sociedad Interamericana de Prensa enviado por el Colper como fuente resalta en sus conclusiones que «la obligatoriedad del diploma de periodista para el ejercicio de la profesión no contribuye al disfrute de una plena libertad de expresión».

El proyecto

La iniciativa de reforma a la Constitución de Brasil (conocida bajo el expediente PEC 206/2012) se encuentra actualmente en la Cámara de Diputados en espera de la creación de un Comité Temporal, tras su aprobación en el Senado. Es decir, es cierto que el Senado aprobó dicha reforma, pero aún es necesario el debate en la Cámara de Diputados. La información fue confirmada por vía telefónica por el departamento de acceso a la información del Senado de Brasil.

El proyecto, presentado por el senador Antonio Carlos Valladares, proponía agregar un artículo a la constitución de forma que estableciera que la profesión del periodista requiere contar con un título de Comunicación Social con énfasis en periodismo, reconocido por Ministerio de Educación. La propuesta intentaba neutralizar una decisión del 2009 del Tribunal Federal Supremo de Brasil que revocó el requisito del diploma para ejercer el periodismo en Brasil.

El director del Centro Knight para el Periodismo en las Américas y profesor brasileño Rosental Calmon Alves también confirmó la información a Doble Check.

«La exigencia del diploma fue creada por un decreto en 1969 y anulada por esa decisión de la Corte Suprema hace diez años. Desde entonces hay campaña para que vuelva a exigir diploma, proyectos en congreso, pero sin éxito. Siempre se cita el caso de Costa Rica, como precedente jurídico importante (…) Sigue vigente la norma aprobada por la Corte Suprema», dijo.

¿Por qué Costa Rica no exige la colegiación obligatoria de periodistas?

En 1985 la Corte Interamericana de Derechos Humanos emitió una opinión consultiva para el Estado de Costa Rica en contra del requisito de la colegiación para ejercer el periodismo.

En su opinión, la Corte indicó por unanimidad que «la colegiación obligatoria de periodistas, en cuanto impida el acceso de cualquier persona al uso pleno de los medios de comunicación social como vehículo para expresarse o para transmitir información, es incompatible con el artículo 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos».

Doble Check consultó al relator especial de Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Edison Lanza. El relator aseguró que el requisito de una colegiación o de un grado académico no ocurre, hasta el momento, en países democráticos.

«(Nuestra posición) es, como siempre, alineada con la decisión de la Corte Interamericana, justamente en el caso de la Opinión Consultiva sobre Colegiación Obligatoria en Costa Rica», dijo.

En julio de 2019, el Colegio de Periodistas lanzó una campaña contra las noticias falsas. Entre sus consejos se incluyen consultar diferentes fuentes y fijarse en las fechas «ya que en ocasiones son informaciones viejas que se comparten como recientes».

Nota del editor: Doble Check compartió con el Colper sus hallazgos con respecto a la información que publicaron una vez concluida la investigación. El Colegio solicitó tiempo hasta el lunes 30 de setiembre para incluir su reacción, sin embargo declinamos posponer la publicación por un principio de actualidad noticiosa. Esta nota se editará con las reacciones de la organización en cuanto considere oportuno enviarlas.