El PANI sí es accionista de La Nación… desde 1951

En resumen: Es correcta una información compartida por el exdiputado libertario Otto Guevara en la que indica que el Patronato Nacional de la Infancia (PANI) es accionista del diario La Nación. Sin embargo, esa no es la historia completa. En realidad, el PANI es accionista de La Nación debido a una donación hecha en 1951 […]

En resumen: Es correcta una información compartida por el exdiputado libertario Otto Guevara en la que indica que el Patronato Nacional de la Infancia (PANI) es accionista del diario La Nación.

Sin embargo, esa no es la historia completa. En realidad, el PANI es accionista de La Nación debido a una donación hecha en 1951 por  Amparo López-Calleja (es decir, una donación realizada apenas cinco años después de la fundación del matutino).

El Patronato mantiene sus acciones en La Nación pues, según la institución, esos títulos le permiten tener dividendos cercanos a los ₡252.000 al año. En total, el valor de la inversión del PANI en el periódico por estas acciones es de ¢ 50.402.000.

La donación

Según confirmó Óscar Cascante, del departamento Financiero Contable del PANI, las acciones que tiene la institución son un legado de la filántropa Amparo López-Calleja (quien se identificaba a sí misma coo Amparo de Zeledón), que se hizo vigente en 1951 (un par de décadas después de que el PANI empezara a funcionar).

La donación de López-Calleja proviene de su testamento y fue efectiva en el año 1951. Según el documento, la filántropa dejó “3 centésimas de las acciones para una campaña vigorosa contra el teatro inmoral que tanto daño le ha hecho al país (especialmente al cine nacional)”.

No encontramos información que explique por qué Zeledón habría querido que el PANI usara los fondos de los dividendos en La Nación para “luchar vigorosamente contra el teatro inmoral”. Sin embargo, la tesis El Patronato Nacional de la Infancia: creación y evolución, 1930-1980 de Marta Brenes y Efraín Mejía arroja algunas luces y señala que en 1949 el PANI firmó un convenio con la Asociación Conservatorio Castella para adquirir un cinematógrafo educativo que se dio en arrendamiento al centro educativo.

De hecho, Amparo López-Calleja (cubana de nacimiento) fue miembro de la Junta Directiva del PANI, y sus aportes a la infancia en la época fueron clave. Por ejemplo, López-Calleja presidió La Gota de Leche, una organización que asistía económicamente a niñas y niños pobres y dar asilo a huérfanos.

Según Cascante, del departamento Financiero del PANI, el monto que la institución recibe por el legado de la filántropa es poco significativo.

“Recibimos dividendos de casi ₡252.000 al año, y van en caída”, agregó Cascante. “Para un presupuesto de ₡101 mil millones, que es lo que tiene el PANI eso casi no es nada”, dijo.

Los accionistas

La información de Otto Guevara estaba basada en publicación divulgada en la edición impresa del miércoles 20 de marzo de La Nación. La publicación responde a la ley 6220 que obliga a los medios de difusión (incluidos periódicos, agencias de publicidad y medios de radio y televisión) a publicar sus listas de accionistas. Puede ver el listado de accionistas de La Nación del 2019 en este enlace.

A pesar de la participación accionaria del PANI en La Nación, la entidad asegura que “no participa en las reuniones de accionistas” y su única actividad en el medio es ser “receptora de los dividendos ganados”. Además, la entidad asegura que planea tomar medidas a corto plazo para vender las acciones donadas a la institución.

Aunque la lista de accionistas de La Nación registra 786 personas físicas y jurídicas como accionistas, la empresa está controlada en un 49% por un mismo grupo familiar, según aparece en su sitio web.

Jaime Manuel Jiménez Solera participa en varias sociedades que reúnen una participación total accionaria del 24,15% del grupo. Su primo, Manuel Francisco Jiménez Echeverría participa directa e indirectamente (a través de sociedades) con un 10.41%.

En 1981 Marisia Jiménez Echeverría (hermana de Manuel Francisco) contrajo matrimonio con Pedro Antonio Abreu Mc Donough (hoy divorciados). Él y su hijo controlan también un 14,26% de la participación accionaria. Las relaciones familiares se comprobaron a partir de consultas en el Registro Civil.

Entre otros grupos de accionistas integrados a la lista, se incluye Marín Raventós S. A., en la que Nuria Marín Raventós -esposa del excandidato presidencial Antonio Álvarez- participa en la Junta Directiva como secretaria.

¿Solo Costa Rica quitó el sexo de las cédulas? Casos en tres países lo ponen en duda

En resumen: Puede ser que Costa Rica haya sido el único país que haya eliminado la referencia al género en un documento oficial de identificación, pero está muy lejos de ser el primero en ajustar un documento oficial para que no contradiga la identidad autopercibida de un ciudadano o una ciudadana.

Un video compartido en redes sociales y en mensajes privados de Whatsapp, con el logo de la página de Facebook “Despierta Costa Rica” alega que “prácticamente Costa Rica es el único país que ha eliminado el sexo de su cédula de identidad”. “¿Somos potencia mundial o un ridículo global?” (el video usa música de Réquiem for a Dream. Es toda una joya).

La premisa del video es engañosa. Según un trabajo de periodismo investigativo de National Geographic del 2016, casi un tercio de los países del mundo había adoptado distintas medidas para el cambio de género en documentos oficiales.

En Costa Rica se optó por la eliminación de la referencia al sexo. En otros países se ha optado por medidas que amplían las posibilidades de identificación: permiten el cambio de género entre hombre y mujer, o permiten usar una referencia no binaria.

No encontramos evidencia que refute la afirmación de que Costa Rica sea el único país que ha eliminado el sexo de su cédula de identidad del todo. Eso sí, encontramos casos especiales en Latinoamérica que, al menos, la ponen en entredicho.

Por ejemplo, los documentos de identidad en Uruguay no incluyen el género ni el sexo, pero sí incorporan un dígito en la identificación que determina el género y la condición legal de la persona. El Instituto Nacional Electoral de México decidió en diciembre de 2018 eliminar las referencias al sexo y al domicilio de las personas, para convertirlas en opcionales. En Argentina solo en dos casos particulares se ha omitido el género de las identificaciones, a petición de las personas interesadas.

En resumen: Puede ser que Costa Rica haya sido el único país que haya eliminado la referencia al género en un documento oficial de identificación, pero está muy lejos de ser el primero en ajustar un documento oficial para que no contradiga la identidad autopercibida de un ciudadano o una ciudadana.

Un video compartido en redes sociales y en mensajes privados de Whatsapp, con el logo de la página de Facebook “Despierta Costa Rica” alega que “prácticamente Costa Rica es el único país que ha eliminado el sexo de su cédula de identidad”. “¿Somos potencia mundial o un ridículo global?” (el video usa música de Réquiem for a Dream. Es toda una joya).

La premisa del video es engañosa. Según un trabajo de periodismo investigativo de National Geographic del 2016, casi un tercio de los países del mundo había adoptado distintas medidas para el cambio de género en documentos oficiales.

En Costa Rica se optó por la eliminación de la referencia al sexo. En otros países se ha optado por medidas que amplían las posibilidades de identificación: permiten el cambio de género entre hombre y mujer, o permiten usar una referencia no binaria.

No encontramos evidencia que refute la afirmación de que Costa Rica sea el único país que ha eliminado el sexo de su cédula de identidad del todo. Eso sí, encontramos casos especiales en Latinoamérica que, al menos, la ponen en entredicho.

Por ejemplo, los documentos de identidad en Uruguay no incluyen el género ni el sexo, pero sí incorporan un dígito en la identificación que determina el género y la condición legal de la persona. El Instituto Nacional Electoral de México decidió en diciembre de 2018 eliminar las referencias al sexo y al domicilio de las personas, para convertirlas en opcionales. En Argentina solo en dos casos particulares se ha omitido el género de las identificaciones, a petición de las personas interesadas.

El sexo y el género en el papel

Para este chequeo contactamos al Tribunal Supremo de Elecciones de Costa Rica y a colegas de equipos de verificación de noticias falsas de otros países, como Chequeado, Animal Político, UYCheck, entre otros. También revisamos la legislación de los países citados, e hicimos varias consultas oficiales a países mencionados y otros que no integramos en el artículo.

Identificamos que los documentos de identidad emitidos por la Dirección Nacional de Identificación Civil de Uruguay no incluyen el sexo ni el género de la persona. El dato no aparece explícitamente en las cédulas de los uruguayos, ni de los ciudadanos legales ni de los extranjeros.

Eso sí, aunque no se incluye una designación explícita del género, el séptimo dígito de la identificación se refiere al género de la persona y a su condición legal (hombre o mujer uruguaya, hombre o mujer extranjera etcétera). Así como en Costa Rica tener el numeral 1 supone haber nacido en San José y el numeral 2 supone haber nacido en Alajuela, en Uruguay tener un 4 implica ser una mujer extranjera, y tener un 5 implica ser un hombre ciudadano legal. Para más detalles se puede consultar la ley 14.193.

El 19 de octubre del año pasado Uruguay aprobó también una ley que implica cambios en el sistema estadístico para reconocer la identidad de género e incorporar las categorías de hombre o mujer trans. La discusión se ha extendido, incluso, a menores de edad.

La situación de México también pone en entredicho al video. El 19 de diciembre de 2018 el Instituto Nacional Electoral de México (INE) publicó un comunicado de prensa en el que detalla una actualización de las credenciales para votar. “Como medidas optativas visibles quedarán el sexo de la persona, el domicilio y la leyenda “desde el extranjero”“, señala el comunicado. Eso sí, el dato se integra al código bidimensional QR al reverso de la credencial.

En Argentina el género sí aparece en los documentos de identificación, pero existen excepciones a la regla. La provincia de Mendoza aceptó en noviembre de 2018 que se omitiera el género de dos personas, pues no se identificaban como hombres o mujeres. Argentina también es uno de los pocos países en el globo (cinco, según National Geographic) en donde el cambio legal de género es legal sin restricciones. Así ocurre desde el 2012, tras la aprobación de la Ley de Identidad de Género de Argentina, bajo el número 26.743.

Según una extensa recopilación mundial de aparatos normativos hecha por National Geographic, casi un tercio de los países permite hacer cambios a los documentos de identidad, según el género percibido. La recopilación, hecha en 2016, destaca que en 46 es posible el cambio legal del género. En otra treintena de países eso es solo posible en determinadas regiones, o con algunas restricciones.

En Costa Rica

La decisión del Tribunal Supremo de Elecciones de eliminar el sexo de las cédulas de identidad se basa en la respuesta de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que indicaba que Costa Rica debía garantizar la rectificación del nombre de las personas interesadas en hacerlo.

Aunque el dato del sexo en las cédulas se omita y aunque se puede cambiar el nombre, el dato del sexo continúa apareciendo en los sistemas del Registro Civil. Así lo indicó Andrei Cambronero, letrado del Tribunal Supremo de Elecciones a Doble Check. Según Cambronero, la posibilidad de que el Estado cambie sus registros para que incorporen el género autopercibido, en lugar del sexo, requerirá de un cambio en las leyes.

Coda

Esta publicación del Club Venue es obviamente falsa. El TSE también confirmó oficialmente a Doble Check que no es una comunicación emitida por la institución.

¿Por qué Hacienda le perdonó “₡14 mil millones” a la Standard Fruit Company?

En resumen. Varios memes en redes sociales basados en artículos de Diario Extra sostienen que “Hacienda regaló 14 mil millones por amnistía tributaria en un juicio que tenía ganado”.

Extra también compartió en redes sociales la pregunta “¿Qué opina de que Hacienda perdone 14 mil millones de colones a la multinacional Standart Fruit Company y no siente responsabilidades?”

La información es engañosa. Una parte de la información es cierta: efectivamente, Hacienda perdonó los intereses y un 60% de las sanciones de las deudas del 2006 y 2007 de la Standard Fruit Company.

No podemos saber si se trata de 14 mil millones. El monto que señaló Extra fue un cálculo realizado por el propio periódico y el dato se obtuvo “por fuentes que solicitaron el anonimato”. No podemos confirmarlo (ni saber si es mayor o menor) porque Hacienda alega que la legislación le impide compartir el dato.

Pero esa no es la historia completa. Primero: la condonación de ese dinero se dio durante la aplicación de la amnistía tributaria que la Asamblea Legislativa había aprobado (que se mantiene vigente hasta hoy lunes). Hacienda asegura que el otorgamiento del beneficio de la amnistía se le otorgó a la bananera con fundamento en uno de los incisos que está en la ley.

Segundo: la amnistía no perdona el pago de los impuestos: solo parte de las sanciones e intereses. Según Hacienda, Standart Fruit Company sí pagó los impuestos que debía, además de un 40% de las sanciones y un 100% de los honorarios legales.

¿El aprovechamiento del beneficio de la amnistía fue legítimo por parte de la bananera? La información disponible indica que sí. La compañía se salvó por un pelo, pero sí.

En resumen. Varios memes en redes sociales basados en artículos de Diario Extra sostienen que “Hacienda regaló 14 mil millones por amnistía tributaria en un juicio que tenía ganado”.

Extra también compartió en redes sociales la pregunta “¿Qué opina de que Hacienda perdone 14 mil millones de colones a la multinacional Standart Fruit Company y no siente responsabilidades?” (una publicación compartida casi 1.400 veces).

La información es engañosa. Una parte de la información es cierta: efectivamente, Hacienda perdonó los intereses y un 60% de las sanciones de las deudas del 2006 y 2007 de la Standard Fruit Company.

No podemos saber si se trata de 14 mil millones. El monto que señaló Extra fue un cálculo realizado por el propio periódico y el dato se obtuvo “por fuentes que solicitaron el anonimato”. No podemos confirmarlo (ni saber si es mayor o menor) porque Hacienda alega que la legislación le impide compartir el dato.

Pero esa no es la historia completa. Primero: la condonación de ese dinero se dio durante la aplicación de la amnistía tributaria que la Asamblea Legislativa había aprobado (que se mantiene vigente hasta hoy lunes). Hacienda asegura que el otorgamiento del beneficio de la amnistía se le otorgó a la bananera con fundamento en uno de los incisos que está en la ley.

Segundo: la amnistía no perdona el pago de los impuestos: solo parte de las sanciones e intereses. Según Hacienda, Standart Fruit Company sí pagó los impuestos que debía, además de un 40% de las sanciones y un 100% de los honorarios legales.

¿Hacienda “ya tenía ganado el juicio”? ¿El aprovechamiento del beneficio de la amnistía fue legítimo por parte de la bananera? La información disponible indica que sí. La compañía se salvó por un pelo, pero sí.

¿Por qué Hacienda le perdonó “₡14 mil millones” a la Standard Fruit Company?
¿Por qué Hacienda le perdonó “₡14 mil millones” a la Standard Fruit Company?

La amnistía

Este lunes 4 marzo finaliza el plazo de la amnistía fiscal: un proceso puesto en marcha desde diciembre que está contenido en la ley del plan de reforma tributaria que los diputados aprobaron el año pasado.

Como habíamos explicado antes, son las personas físicas y jurídicas las que deciden acogerse a la amnistía voluntariamente. Esa condonación solo incluye intereses y algunas de las multas. No perdona las deudas.

¿Quiénes se pueden acoger? El transitorio VI de la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas establecía varios posibles casos: los que declaran pero no pagan, los que no declararon ni pagaron, los que rectifican declaraciones, entre otras. Incluso se podían acoger las empresas que estuvieran en un proceso contencioso administrativo, apelando el cobro de Hacienda. Este último caso es especialmente importante para el caso de la compañía bananera.

Las únicas empresas que no se podían acoger son las que están en etapa de cobro judicial con la demanda presentada (el inciso h del transitorio VI de la ley).

¿Hacienda ya tenía “el juicio ganado”?

Responder a esa pregunta torna el tema un poco más complejo. El problema con la Standard Fruit Company es que cumplía al mismo tiempo con dos incisos contradictorios.

Por un lado, la empresa ya estaba en etapa de cobro judicial (lo que le impedía acogerse a la amnistía), pero -al mismo tiempo- había iniciado un proceso contencioso administrativo (lo que le permitía acogerse a la amnistía).

¿Cómo se resolvió esa contradicción? Para eso tenemos que devolvernos poco más de un año atrás.

Según Hacienda, el 21 de setiembre del 2017, el juez otorgó una medida cautelar ordenando “la suspensión de la ejecución del cobro de la deuda tributaria determinada en fiscalización” para el caso de la Standard Fruit Company. Es decir, el juez suspendió la posibilidad de entrar a cobro judicial y autorizó a la empresa para que iniciara un proceso contencioso administrativo acompañado de una medida cautelar.

Sin embargo, dos días después (el 23 de setiembre), Hacienda presentó una demanda para iniciar el cobro judicial. ¿Por qué el Estado empezó este proceso si había una orden del juez que lo impedía? La entidad asegura que, para ese momento, no habían recibido la notificación, y que no podían hacer efectiva la demanda si esa medida cautelar estaba activa.

De hecho, el 6 de noviembre de ese año, el Juez Especializado de Cobro ordenó la suspensión del proceso monitorio (es decir, del cobro judicial) conocido bajo el expediente 17-009060-1764-CJ-7.

Es decir, la Standart Fruit Company estaba dentro del inciso f que acuerda que los contribuyentes sí se pueden acoger a la amnistía tributaria si el cobro se encuentra en discusión en sede contencioso administrativa.

Consultamos al decano de la Facultad de Derecho de la Universidad de Costa Rica, Alfredo Chirino, para validar la explicación dada por Hacienda sobre este tipo de procesos. Para el experto, es altamente probable que Hacienda no hubiera recibido la notificación de la medida cautelar.

“Es muy probable que no se le hubiera notificado al Estado. Lo usual es que en un proceso contencioso administrativo tarden hasta dos meses en notificar”, dijo Chirino a Doble Check.

Según Chirino, una medida cautelar puede proteger a la persona para que no se hagan cobros mientras se dirime la cuestión.

¿Cuánto ha recaudado Hacienda por la amnistía?

Según Hacienda, en los primeros tres meses de la amnistía se han recaudado alrededor de 194.000 millones de colones (un dato cercano al 0,5% del Producto Interno Bruto).

Según dijo hoy la jerarca de Hacienda, Rocío Aguilar, al programa radial Hablando Claro, el monto es insuficiente para solucionar los problemas de la deuda del país.

“En realidad nosotros tenemos un equivalente (de déficit) a casi el 12% o el 13% del Producto Interno Bruto (aparte de todos los vencimientos de la deuda). Digamos que si la amnistía es de un medio (0,5% del PIB), solo alcanza para un veintiseisavo. Tenemos un déficit del orden de los mil millones de colones. Esto seguro alcanza como para una semana”, cerró.

Información sobre beneficiarios

Hacienda negó a Doble Check la información sobre el monto perdonado a la Standard Fruit Company. El ministerio adujo una prohibición legal para compartir esta información.

El diputado del Frente Amplio, José María Villalta, ya ha presentado dos recursos de amparo para que Hacienda para revele información completa sobre quiénes serían los beneficiarios de la amnistía, así como el dinero que el Estado dejaría de percibir por los montos perdonados en multas y sanciones.

El 25 de febrero Hacienda le entregó al diputado la lista de beneficiarios potenciales. Posteriormente, el diputado presentó el segundo recurso para que el ministerio revelara aquellas empresas que efectivamente se hubieran acogido. Este está pendiente de resolución.

Cierto: Costa Rica es de los países más desiguales del mundo, según el Banco Mundial

En resumen: Es correcto indicar que Costa Rica es uno de los países más desiguales del mundo, según el Banco Mundial. La organización emplea el Coeficiente de Gini para comparar la desigualdad económica entre casi una centena de países del globo. De hecho, el país ha venido observando un grave crecimiento en su desigualdad económica especialmente desde la última década.

Una imagen compartida en varias publicaciones en redes sociales, sitúa a Costa Rica como el noveno país más desigual del mundo, acompañado de los casos latinoamericanos de Chile, Panamá, Brasil, Colombia, Honduras y Haití. Aunque no se cita la fuente, los datos que utiliza provienen de un estudio de 2016 del Banco Mundial que emplea información del 2013 para comparar la desigualdad económica en 101 países.

Eso sí, la lista del estudio NO contempla los indicadores de varias decenas de países, entre los que se incluyen naciones como Venezuela, Afganistán, Cuba, Libia, Puerto Rico, Trinidad y Tobago, Suriname o Belice, por lo que no es correcto incluirlos en la comparación.

En resumen: Es correcto indicar que Costa Rica es uno de los países más desiguales del mundo, según el Banco Mundial. La organización emplea el Coeficiente de Gini para comparar la desigualdad económica entre casi una centena de países del globo. De hecho, el país ha venido observando un grave crecimiento en su desigualdad económica especialmente desde la última década.

Una imagen compartida en varias publicaciones en redes sociales, sitúa a Costa Rica como el noveno país más desigual del mundo, acompañado de los casos latinoamericanos de Chile, Panamá, Brasil, Colombia, Honduras y Haití. Aunque no se cita la fuente, los datos que utiliza provienen de un estudio de 2016 del Banco Mundial que emplea información del 2013 para comparar la desigualdad económica en 101 países.

Eso sí, la lista del estudio NO contempla los indicadores de varias decenas de países, entre los que se incluyen naciones como Venezuela, Afganistán, Cuba, Libia, Puerto Rico, Trinidad y Tobago, Suriname o Belice, por lo que no es correcto incluirlos en la comparación.

La lista

Una recopilación de países pone a Costa Rica como el noveno país más desigual del mundo, según el Banco Mundial. La afirmación ha sido reiterada en varias ocasiones en Facebook, en Twitter, e incluso había sido mencionada en el Plenario Legislativo por el diputado de Restauración Nacional,  Eduardo Cruickshank. La imagen fue por primera vez citada en la red de noticias Biobiochile.cl en el artículo “Aparece Chile: estos son los 10 países más desiguales del mundo”.

La afirmación es correcta, y puede revisarse en la página 104 de la publicación Taking on inequality, del Banco Mundial, hecha en el 2016. Esa publicación usa datos de 2013, y se basa en información para 101 países.

“El país más desigual del mundo es Sudáfrica, seguido por Haití, cada uno de los cuales supera en 60 el Índice de Gini. Otro país subsahariano de África (Ruanda) y siete otros países de Latinoamérica y el Caribe (Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Honduras, México y Panamá), conforman el top diez de los países más desiguales del mundo)”, indica la sección.

Qué son el índice y el coeficiente de Gini

El coeficiente de Gini es uno de los indicadores económicos empleados para estimar la desigualdad de ingresos en un país. Se expresa de 0 a 1 (donde 0 representa la extrema igualdad, y 1 representa la extrema desigualdad en un país o un grupo de personas). El índice de Gini procede del mismo cálculo, multiplicado por cien (donde 0 muestra la igualdad más alta posible, y 100 se refiere a la mayor desigualdad posible).

En el mundo el índice de Gini promedio se aproxima a 38. Ese indicador fue de 49,3 para Costa Rica en el 2013, el año del cual se toman los datos para el estudio.

El caso de Costa Rica

En abril de 2018 la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE, un club de —mayoritariamente— países ricos, al que Costa Rica procura entrar) publicó su estudio económico para Costa Rica.

La OCDE resaltó que el país ha tenido un progreso social alto y que los indicadores de pobreza son positivos en comparación con el resto de la región latinoamericana. Sin embargo, la Organización también destacó que la desigualdad en el país es mayor que la del promedio de sus países integrantes, y va en aumento.

La desigualdad crece, la pobreza por ingresos está casi estancada y el ingreso de los trabajadores no mejora para los sectores más vulnerables del país.  De hecho, los niveles de desigualdad en Costa Rica son similares a los de hace cuarenta años. Durante los noventa el país gozaba de niveles de desigualdad menores que los de Estados Unidos y en 1994 alcanzó los mejores datos de equidad de toda la región latinoamericana.

Sin embargo, los avances se empezaron a revertir en el 2006 y se agravaron más durante la crisis económica del 2008. Ya para el 2015 el ingreso promedio del 10% más rico del país era 32 veces superior que el del 10% más pobre (esa relación era de 27 veces en el 2010). En comparación, la diferencia entre el promedio de los países de la OCDE es 9,6 veces.

Otro factor agrava la situación: mientras que Latinoamérica ha observado su desigualdad bajar, Costa Rica la ha mantenido en aumento.

Evolución de la desigualdad en Costa Rica y Latinoamérica

 

¿Qué provoca esa desigualdad?

En síntesis, hay varios elementos, pero parte de los responsables son el alto desempleo, la alta informalidad y las diferencias salariales.

Un estudio de la OCDE para el período 2010-2014 sostiene que uno de los principales disparadores de la desigualdad en el país son los salarios para funcionarios calificados del sector público, especialmente en las instituciones que están fuera del gobierno central.

“Las altas remuneraciones de los empleados públicos resultan de la combinación de numerosos incentivos complementarios que varían de un empleado a otro, así como de una multiplicidad de convenciones colectivas interrelacionadas y leyes que vinculan los aumentos salariales de un grupo a otro. (…) Esto hace que la remuneración de los empleados públicos sea excesivamente compleja, poco clara, no equitativa y difícil de controlar, especialmente ante la falta de una base de datos integrada sobre el empleo público y de un tope al gasto total en salarios del sector público”, señaló también la OCDE.

Hay otros factores relacionados. La última Encuesta Continua de Empleo destaca que la informalidad en el país llegó a un 44,9% en el último trimestre del 2018. Según el Informe del Estado de la Nación y la OCDE, eso representa una “fuente persistente de desigualdades”, además de un obstáculo a la productividad.

Entre toda la lista de malas noticias, hay una buena. La desigualdad en Costa Rica sería mucho mayor de no ser por los servicios de atención médica y de educación, según la OCDE. Aunque Costa Rica tiene un peor coeficiente de Gini que Perú o que México, la organización estima que —al final— la distribución del ingreso es más equitativa en Costa Rica, gracias ese tipo de beneficios.

#Carneconcarne: El caso de Uganda explicado

En resumen: A inicios de esta semana, la exdiputada del partido Restauración Nacional y asesora de la agrupación Nueva República aseguró que Uganda ha tenido gran éxito aplicando políticas públicas sobre la fidelidad y la monogamia para disminuir sus indicadores de VIH. Loría dijo eso en el contexto de una entrevista en el que criticó el énfasis que dan los programas educativos al uso del condón, cuestionando que ese mensaje solo debería estar destinado a  “personas promiscuas”.

La realidad tiene otros matices. Efectivamente Uganda logró reducir drásticamente la cantidad de nuevos casos de transmisiones de VIH durante la década de los noventas, a partir de una política que implicaba abstinencia, fidelidad y uso del condón. Esas políticas, reconocidas como ABC (por sus siglas en inglés), permitieron bajar los casos de transmisión de un 18% de toda la población de Uganda en 1980 a un 6% en el 2003.

Sin embargo, el gobierno empezó a retirar a los condones de su política pública. El observatorio de derechos humanos Human Rights Watch, entre otras organizaciones, alertaron sobre cómo el gobierno consideró que facilitar información sobre “condones y abstinencia a la vez podía confundir a los jóvenes”. También el presidente había condenado públicamente el uso de los condones para los ugandeses.

Justo durante esos años en que el gobierno aplicó políticas contra el condón, Uganda vió crecer de forma dramática sus nuevos casos de transmisiones por VIH.

Por otra parte, es falso sugerir que la política pública de Uganda “no cree en el condón porque a ellos no les gusta carne con carne”. Actualmente una comisión bajo la dirección del presidente de Uganda busca promover el uso del condón a través del sistema educativo, su distribución y su uso consistente y correcto. Así puede verse en las guías para el abordaje multisectorial del SIDA y el VIH en el país.

Loría dió sus declaraciones en un contexto en el que había hablado acerca de las políticas ABC, aplicadas internacionalmente. Sin embargo, para el caso concreto de Uganda, solo se refirió a la abstinencia y la fidelidad: “porque ellos no creen en el condón”.

En resumen: A inicios de esta semana, la exdiputada del partido Restauración Nacional y actual asesora de Nueva República  aseguró que Uganda ha tenido gran éxito aplicando políticas públicas sobre la fidelidad y la monogamia para disminuir sus indicadores de VIH. Loría dijo eso en el contexto de una entrevista en la que criticó el énfasis que dan los programas educativos al uso del condón. Cuestionó que ese mensaje solo debería estar destinado a  “personas promiscuas” (sic).

La realidad tiene otros matices. Efectivamente Uganda logró reducir drásticamente la cantidad de nuevos casos de transmisiones de VIH durante la década de los noventa. Entonces aplicó una política que implicaba abstinencia, fidelidad y uso del condón. Según el gobierno, esas políticas, reconocidas como ABC (por sus siglas en inglés), permitieron bajar los casos de transmisión de un 18% de toda la población de Uganda en 1980 a un 6% en el 2003.

Sin embargo, el gobierno empezó a retirar los condones de su política pública. Human Rights Watch, entre otras organizaciones, alertó en el 2005 sobre cómo el gobierno cambió sus programas educativos. Según el observatorio de derechos humanos, las autoridades consideraron que facilitar información sobre “condones y abstinencia a la vez podía confundir a los jóvenes”. También el presidente había condenado públicamente el uso de los condones para los ugandeses.

Aunque no es posible probar causalidad, Uganda vió crecer de forma dramática sus nuevos casos de transmisiones de VIH en esos años en que el gobierno aplicó políticas contra el condón.

Por otra parte, es falso sugerir que esa sea la realidad al día de hoy. Es incorrecto indicar que la política pública de Uganda “no cree en el condón porque a ellos les gusta carne con carne”. Actualmente una comisión bajo la dirección del presidente de Uganda busca promover el uso del condón a través del sistema educativo, su distribución y su uso consistente y correcto. Así puede verse en las guías para el abordaje multisectorial del SIDA y el VIH en el país.

Loría dió sus declaraciones en un contexto en el que había hablado acerca de las políticas ABC, aplicadas internacionalmente. Sin embargo, para el caso concreto de Uganda, solo se refirió a la abstinencia y la fidelidad: “porque ellos no creen en el condón”. Contactada por Doble Check, ONUSIDA dijo que las políticas ABC no son suficientes para prevenir las transmisiones de VIH, y que desde hace casi dos décadas se opta por políticas más integrales.

La frase de Loría

CRHoy invitó a la asesora y exdiputada Loría para consultar su opinión acerca de las guías de educación sexual que implementa actualmente el Ministerio de Educación. Aunque Loría dice estar a favor del uso del condón, también señala que el gobierno le ha dado un énfasis inadecuado a este tema.

Loría sugirió el empleo de las políticas ABC. En inglés, las siglas significan Abstinence (abstinencia), Be faithful (sé fiel), use a Condom (usa el condón).

“Cuando usted se dirije a una población que no ha iniciado su actividad sexual, usted debe hablar de A: abstinencia (…) La B, que es ser fiel, ellos recomiendan emplearla para una población que ya ha inciado esa situación. Y C es para los que no pueden vivir ni la A, ni la B”.

Dijo también que a un niño de 11 años no se le debería enseñár a ponerse un condón. Más tarde, Loría implicó que la comunicación sobre el uso del condón debería destinarse a personas “promiscuas”.

“El mensaje del condón está para gente que, perdón, pero es básicamente para personas que no quieren vivir en abstinencia ni en fidelidad. Personas promiscuas. Y ese es el mensaje que se le está dando a los niños”, dijo Loría.

En ese contexto, el periodista argumentó a Loría que los casos de enfermedades sexuales también ocurrían entre personas casadas.

Periodista: La realidad aquí en este país es que hay quince casos al año de mujeres en matrimonio que están quedando contagiadas de VIH-SIDA. Y eso se está dando.

Loría: Así es. Así. Es correcto. Estoy 100% de acuerdo con usted. Es porque no hay políticas públicas.

Periodista: Pero es que usted me puede poner una política pública de obligatoriedad a ser fiel y no se va a cumplir…

Loría: Eso es lo que usted cree. En otros países lo han logrado. En Uganda lo han logrado. Con unas estadísticas de VIH espantosas han logrado bajarlas con política pública en la que dicen que la persona debe ser fiel, con una persona monógama y que no… no tener sexo por fuera. ¿Por qué? Básicamente ellos no creen en el condón porque a ellos les gusta carne con carne.

Periodista: A ver, puede haber una ley que diga eso, que la gente no lo va a practicar.

Loría: ¿Entonces por qué en otros… ? ¿Qué tenemos distinto nosotros de los ugandeses?

Doble Check conversó con Alexandra Loría para clarificar sus posiciones al respecto. Loría dijo que nunca habló solo de abstinencia.

“Siempre hablé de abstinencia, fidelidad y de condón. Siempre me referí a ABC. Usted saca una declaración parcial y fuera de contexto. (…) El programa de prevención ABC no es un programa que se base en la moral, sino en los datos científicos sobre cómo prevenir las transmisiones de la mejor manera posible, tal y como queda explicado en el concenso Lancet”, cerró.

El artículo al cual la abogada, publicado por la revista Lancet, hace referencia detalla algunas de las estrategias que pueden emplearse para atender los casos de transmisión de VIH. No obstante, Doble Check encontró información que completa la visión expuesta por la activista.

El caso de Uganda

Es cierto. Uganda logró reducir drásticamente sus indicadores sobre VIH-SIDA. Pero la historia no termina allí.

Échele un vistazo al siguiente gráfico. Muestra cuántas transmisiones nuevas de VIH se reportaron cada año en Uganda, según estimaciones de ONUSIDA. Efectivamente, Uganda logró bajar dramáticamente el porcentaje de su población con VIH durante la década de 1990. Según el gobierno, las políticas ABC permitieron bajar los casos de transmisión de un 18% de toda la población de Uganda en 1980 a un 6% en el 2003.

Nuevas transmisiones de VIH en Uganda por año

Sin embargo, Uganda empezó a experimentar cambios en sus indicadores a inicios de la década del 2000. El país pasó de reportar 66.000 casos nuevos por año en 1998 a más de 100.000 en el 2006. Human Rights Watch alertó en el 2005 que el país empeoró sus indicadores en años en que se extendió una nueva política conservadora y discriminatoria.

Según los informes de la organización, acompañados por otras llamadas de atención de organizaciones similares, Uganda retiró la información crítica sobre el VIH/SIDA del currículo de primaria, que incluía datos sobre la importancia del uso del condón. Incluso “los materiales de secundaria propuestos señalan falsamente que los condones de látex  tienen poros microscópicos por los que puede filtrarse el VIH”. El país optó por eliminar la letra C (condón) de la estrategia, y advirtió que dar información sobre condones y abstinencia al mismo tiempo podía “confundir a los jóvenes”. HRW también alertó de que el Ministerio de Salud había retirado lotes de condones por no “pasar los controles de calidad”, que provocaron escasez del producto en el país a finales de 2004.

Es durante esta época —a inicios de la década del 2000— que el país vuelve a ver crecer sus indicadores de transmisiones de VIH, aunque no puede probarse causalidad.

Sin embargo, existe evidencia científica de que el uso del condón pudo ser determinante para los resultados positivos que alcanzó Uganda durante los años noventa. La revista médica revisada por pares Sexually Transmitted Infections indicó que el porcentaje de mujeres en el país conscientes sobre la existencia del condón pasó de un 22% a un 53% entre 1989 y el año 2000. Entre hombres el cambio fue de un 51% a un 96% entre 1995 y el año 2000. Los hombres que dijeron haber usado un condón pasaron de un 16% en 1995 a un 40% en el año 2000.

Las políticas actuales para el uso del condón en Uganda

A la fecha, oficialmente, el Gobierno de Uganda sí busca promover el uso del condón a través del sistema educativo, su distribución y su uso consistente y correcto. Así puede verse en las guías para el abordaje multisectorial del SIDA y el VIH en el país. De hecho, la estrategia de movilización de recursos para la atención del tema previó duplicar la inversión en condones masculinos y femeninos entre el 2014 y el 2018.

Que Uganda esté logrando disminuir sus indicadores, no quiere decir que no haya conseguido eliminar por completo la discriminación (por ejemplo, la homosexualidad continúa prohibida en el país) o la desinformación. Según han señalado varios expertos, uno de los factores que más afecta a las mujeres es la discriminación para acceder a condones. Incluso se las estigmatiza por no estar casadas antes de tener relaciones sexuales.

Uganda vive hoy una de las peores epidemias mundiales de VIH. Una encuesta oficial del gobierno a nivel nacional publicada en el 2017 reveló que casi el 6% de los adultos de Uganda entre 15 y 45 años vive con VIH. Incluyendo niños, el total de personas que vive con esa enfermedad supera los 1,3 millones. En el caso de las mujeres esa proporción es mayor: de un 7,5%.

Según ha informado The Guardian, el gobierno ha gastado cientos de miles de dólares en condones femeninos que, sin embargo, suelen ser rechazados por las mujeres, especialmente entre las trabajadoras del sexo. Algunas de ellas alegan que esos condones son incómodos, y que sus clientes pagan más si no los utilizan.

El caso de Costa Rica (y porqué ABC no es suficiente)

Para Alicia Sánchez, Oficial de Juventud de ONUSIDA Latina, el abordaje de ABC (abstinencia, fidelidad y condones) no es suficiente para prevenir la transmisión de VIH.

“Desde mediados de los 2000 existe bastante evidencia científica que lo muestra“, dice. “Desde ONUSIDA promovemos el enfoque de Prevención Combinada que consiste en enfocar los esfuerzos de prevención en los lugares clave (con más carga de nuevas infecciones), en las poblaciones clave (poblaciones con mayor prevalencia de casos) y con programas de alto impacto demostrado”.

Sánchez subrayó que los condones, usados correcta y consistentemente, siguen siendo la única herramienta disponible que garantiza la protección triple frente al VIH, otras ITS y el embarazo no deseado. Sin embargo afirmó que no son el único método que se incluye en el paquete de prevención combinada.

También existe el tratamiento como prevención, la profilaxis preexposición al VIH (PrEP), la profilaxis post-exposición al VIH (PEP) y la circuncisión médica masculina voluntaria. Eso no es todo. La promoción también incluye los programas de reducción de daños (programas de intercambio de agujas y jeringuillas y terapia de sustitución de opiáceos para los usuarios de drogas), la educación sexual integral, la comunicación para el cambio de comportamiento, la protección social para las poblaciones más vulnerables y en mayor riesgo ante el VIH, entre otras.

“Los enfoques basados únicamente en abstinencia y fidelidad no están incluídos en el paquete de la prevención combinada porque han demostrado no ser efectivos y menos cuando son planteados como la única estrategia de prevención ante el VIH”, dijo a Doble Check.

Mientras tanto, Costa Rica continúa viendo un aumento en los indicadores de nuevas transmisiones de VIH. Mientras que en 1990 se estimaba una tasa de 6 nuevos casos de VIH por cada cien mil habitantes (220 nuevos por año), en el 2017 se reportaron 19,6 nuevos casos por cada cien mil habitantes (969 por año).

Nuevos casos de VIH en Costa Rica: ONUSIDA Y CCSS.

Nota: Este artículo fue actualizado para corregir que Loría actualmente funge como asesora del partido Nueva República, y no de la agrupación Restauración Nacional.