Hueco fiscal: Director de Crédito sí había pedido presupuesto extraordinario, contrario a lo dicho por Paola Vega

La diputada oficialista, Paola Vega, insinuó falsamente que la Dirección de Crédito Público no le había advertido a ninguna persona con autoridad jerárquica sobre la necesidad de que el gobierno presentara un presupuesto extraordinario en el 2018.

En realidad, el director de esa unidad, Melvin Quirós, había solicitado un presupuesto de este tipo desde el 10 de mayo de ese año. Él dirigió su comunicación a la directora de Presupuesto Nacional y a la Tesorera Nacional, y está copiado el viceministro de Egresos.

Vega sí tiene razón cuando dice que no hay evidencia de que Quirós hubiera advertido sobre la inminencia de pagos ilegales de deuda para junio y julio del 2018. Así se desprende de los informes de minoría y mayoría del Congreso sobre el faltante presupuestario dejado por la administración Solís Rivera.

Vega no rebatió el error señalado por Doble Check. Eso sí, opinó que ella hubiera esperado más proactividad por parte de Quirós en su solicitud del presupuesto extraordinario.

Por otra parte, Vega cometió otro error en su intervención. La diputada dijo que la Contraloría y el Banco Central habían certificado que el presupuesto que se presentó en el 2017 era “adecuado para cubrir todo”. En realidad, la intervención de ambas instituciones en el proyecto de ley del presupuesto no tiene que ver con los manejos de la deuda del país, que era el tema en discusión. La Contraloría solo certifica los ingresos; el Banco solo se refiere a la capacidad de endeudamiento del Estado.

Sobre este tema, Vega aclaró que su intención era decir que las instituciones no habían hecho ningún señalamiento al presupuesto, tomado en cuenta que el plan se ajustaba a los pronósticos económicos de ese momento.

La diputada oficialista, Paola Vega, insinuó falsamente que la Dirección de Crédito Público no le había advertido a ninguna persona con autoridad jerárquica sobre la necesidad de que el gobierno presentara un presupuesto extraordinario en el 2018.

En realidad, el director de esa unidad, Melvin Quirós, había solicitado un presupuesto de este tipo desde el 10 de mayo de ese año. Él dirigió su comunicación a la directora de Presupuesto Nacional y a la Tesorera Nacional, y está copiado el viceministro de Egresos.

Vega sí tiene razón cuando dice que no hay evidencia de que Quirós hubiera advertido sobre la inminencia de pagos ilegales de deuda para junio y julio del 2018. Así se desprende de los informes de minoría y mayoría del Congreso sobre el faltante presupuestario dejado por la administración Solís Rivera.

Vega no rebatió el error señalado por Doble Check. Eso sí, opinó que ella hubiera esperado más proactividad por parte de Quirós en su solicitud del presupuesto extraordinario.

Por otra parte, Vega cometió otro error en su intervención. La diputada dijo que la Contraloría y el Banco Central habían certificado que el presupuesto que se presentó en el 2017 era “adecuado para cubrir todo”. En realidad, la intervención de ambas instituciones en el proyecto de ley del presupuesto no tiene que ver con los manejos de la deuda del país, que era el tema en discusión. La Contraloría solo certifica los ingresos; el Banco solo se refiere a la capacidad de endeudamiento del Estado.

Sobre este tema, Vega aclaró que su intención era decir que las instituciones no habían hecho ningún señalamiento al presupuesto, tomado en cuenta que el plan se ajustaba a los pronósticos económicos de ese momento.

¿Qué dijo la diputada?

Paola Vega dio sus declaraciones durante una discusión en el plenario legislativo para acoger o rechazar las recomendaciones de un informe de mayoría emitido por la Comisión de Ingreso y Gasto Público con respecto al faltante presupuestario dejado por la administración Solís Rivera.

Uno de los principales puntos del debate ha sido la velocidad con que actuó la administración Alvarado Quesada ante la urgencia de financiamiento. Sus críticos han dicho que fueron lentos. Ha habido gran controversia con respecto a la comunicación entre los funcionarios técnicos y los políticos en el Ministerio de Hacienda. ¿Comunicó oportunamente la Dirección General de Presupuesto la urgencia a sus superiores?

Vega presentó un informe de minoría en donde sostiene que no. Durante su declaración ante sus compañeros dijo:

Es la Dirección de Crédito Público quien debe advertir a sus superiores, y esto va en escalada jerárquica, que hay un problema, que no hay dinero para pagar un contenido y que debe hacerse un presupuesto extraordinario.

Ni antes, ni cuando ya se estaban haciendo pagos de deuda con contenido presupuestario se advirtió a ninguna persona, y en esto quiero ser clara. Yo he aportado en mi informe, porque no me bastó solamente las audiencias que tuvimos, sino que pedí un intercambio de correspondencia con el Ministerio de Hacienda para que me certificara correos electrónicos y múltiples comunicaciones que constan en mi informe de minoría, y no hay un solo correo, una sola minuta de reunión, una sola nota verbal, ninguna comunicación donde la Dirección de Crédito Público advierta a ninguna persona con autoridad jerárquica sobre este tema”.

¿Qué quiso decir la diputada?

La frase de Vega es ambigua. Por ello se le pidió clarificar a qué se refería. ¿De qué está hablando cuando se refirió a “este tema”?

La diputada dijo que se refería a dos asuntos.

  • Punto uno. El director de Crédito Público, Melvin Quirós, debió haber solicitado la presentación de un presupuesto extraordinario a sus superiores.
  • Punto dos. El funcionario debió haber advertido que se acercaba el plazo para hacer pagos que no hubieran sido programados. El hacer pagos que no fueron presupuestados es ilegal, pues las erogaciones del Estado deben haber pasado por la Asamblea Legislativa para su aprobación.

El punto uno es falso: el presupuesto sí fue pedido

El director de Crédito Público, Melvin Quirós, sí había solicitado la elaboración de un presupuesto el 10 de mayo del 2018, poco antes de asumir funciones en su cargo. El funcionario envió un correo electrónico a la directora del Presupuesto Nacional, Marjorie Morera, a la Tesorera Nacional, Martha Cubillo, y copió al viceministro de Egresos, Rodolfo Cordero.

Quirós advierte de un faltante presupuestario que, para ese momento, se calculaba en ₡800.000 millones. Ello, según sus palabras, hacía “ineludible la solicitud de recursos extraordinarios”. Para entonces, acababan de ocupar su cargo los nuevos jerarcas del Ministerio de Hacienda. Quirós escribe:

“A pesar de que la DCP informó de esta situación a nuestros superiores, no se tuvo respuesta a la solicitud de un presupuesto extraordinario para estos fines, por lo que resulta de vital importancia poner a las nuevas autoridades al tanto de esta situación y tomar decisiones al respecto”, escribe el funcionario.

El mensaje está adjuntado al informe de minoría que presentó la misma diputada Vega. Esta comunicación deja sin fundamento su primer crítica. El presupuesto sí se solicitó.

Correo electrónico en donde Melvin Quirós advierte sobre la necesidad de un presupuesto extraordinario.

A pesar de esa solicitud, no fue hasta el periodo entre el 29 de junio y el 2 de julio que ocurre una comunicación entre Quirós y la ministra de Hacienda Rocío Aguilar. Entonces, la jerarca ordenó la confección del presupuesto, según comunicaciones que también están en el informe de Vega.

Doble Check le informó a la diputada sobre su error. La diputada no objetó los señalamientos. “Yo lo que sí hubiera esperado es un poco más de vehemencia en la petición de don Melvin”, afirmó.

La diputada además afirmó que Quirós hubiera podido avanzar en la realización de un presupuesto por iniciativa propia, sin necesidad de una aprobación superior. Doble Check no verificó esta afirmación debido a que se aleja del reclamo de la legisladora en el plenario.

El segundo punto es veraz

Según aclaración de Vega, su acusación en la Asamblea también tuvo que ver con la falta de advertencias en cuanto a la inminencia de pagos ilegales por parte de Hacienda.

Estos pagos se hacen con un sistema automático. Según la información recabada en ambos informes, no hubo advertencias de que esos pagos sin autorización se estuvieran haciendo.

En los informes queda abierta la controversia sobre la responsabilidad de ese control: si era asunto de la Tesorería Nacional o de la Dirección de Crédito Público.

La alerta con respecto a ellos no se dio hasta el 6 de agosto del 2018, cuando el viceministro de Egresos, Rodolfo Cordero, le preguntó a Melvin Quirós si se estaba pagando deuda sin contenido presupuestario. Quirós le contestó que sí: se habían pagado ₡28.000 millones para junio y ₡152.000 millones para julio. Esta comunicación está en el informe de minoría de Vega.

Es decir, según la evidencia disponible, tiene razón la diputada en que no hubo ninguna advertencia previa sobre estos pagos ilegales antes de la consulta del viceministro.

El viceministro de ingresos Rodolfo Cordero le confirma a Vega que no recibió advertencia del pago de deuda sin contenido presupuestario.

Un error adicional

La diputada cometió un segundo error en su intervención en el plenario cuando defendió la idoneidad del presupuesto del 2017, al decir que este venía respaldado por el Banco Central y la Contraloría. La diputada dijo:

“Cuando se planificó el presupuesto que con las condiciones económicas del momento decía que iba a ser suficiente para cubrir la deuda, la Contraloría no advirtió de ningún riesgo presupuestario. Y esa es la tarea de la Contraloría.

”La Contraloría y el Banco Central hicieron check en los datos y dijeron: las condiciones económicas de este momento justifican el presupuesto que se está presentando a corriente legislativa y es el adecuado para cubrir todo. ¿Por qué?, porque no se sabía cómo iban a cambiar abruptamente las condiciones económicas”.

Aquí hay una falla. Ni el Banco Central ni la Contraloría evalúan pagos de deuda durante la elaboración de los proyectos de ley de presupuesto. Con respecto a las advertencias, Contraloría sostiene que sí hizo varias generales y específicas.

Por ejemplo, la Contraloría advirtió en su Informe Técnico al Presupuesto que el proyecto no tenía los cálculos suficientes para estimar los montos que se destinarían al pago de deuda.

La Contraloría advirtió:

(El presupuesto) carece de las cuantificaciones necesarias de variables como el stock de deuda interna y externa, la composición del portafolio, los vencimientos programados para el 2018, el detalle de los supuestos macroeconómicos esperados de tasas de interés, tipo de cambio, inflación, unidades de desarrollo, curva soberana, necesidades de financiamiento según flujo de caja y las deudas de instituciones públicas asumidas por el Estado; información que, según la exposición de motivos, constituye la base en el proceso de estimación y, por consiguiente, es fundamental para poder comprender la temática del endeudamiento y las obligaciones que pesan sobre las finanzas públicas que implican erogaciones para el año 2018.

Además, la Contraloría sostiene que también hizo un señalamiento posterior, en un informe sobre la ejecución de los presupuestos al primer trimestre. Entonces dijo: «Las partidas presupuestarias destinadas a la amortización de títulos de la deuda interna no alcanzarían para cubrir las erogaciones por ese concepto que el Gobierno debe realizar en el año 2018; incluso al momento de emitir el presente informe, el Gobierno ya ha hecho pagos en exceso de las sumas autorizadas en el presupuesto, lo cual es un reflejo de la sumamente estrecha situación financiera que atraviesa, y que ha llegado a manifestarse en escasez de liquidez reconocida por las autoridades del Poder Ejecutivo».

Ahora bien, con respecto al supuesto aval de la Contraloría al proyecto de ley del presupuesto, la Contraloría confirmó que su responsabilidad se limita a certificar la efectividad fiscal de los ingresos, mientras que al BCCR le corresponde certificar la capacidad de endeudamiento. El control de los pagos de deuda es responsabilidad del Poder Ejecutivo.

“La certificación a cargo de la CGR corresponde a un elemento por el lado de los ingresos del presupuesto; las estimaciones de los pagos de amortización de la deuda, por su parte, corresponden a un elemento por el lado de los egresos del presupuesto, que es responsabilidad del Poder Ejecutivo, en concordancia con disposiciones de la misma naturaleza”, aclaró la institución.

El faltante presupuestario

La Asamblea Legislativa ha discutido ampliamente sobre un faltante presupuestario que dejó la administración Solís Rivera. Esta tuvo consecuencias urgentes a mediados del 2018, cuando la administración Alvarado Quesada ya estaba en el poder, y tuvo que presentar dos presupuestos extraordinarios. Además, se conoció que el gobierno hizo pagos sin que hubieran sido presupuestados, lo cual es ilegal.

El desajuste ascendió a ₡900.000 millones.

El lunes 20 de mayo, 40 diputados votaron a favor de las recomendaciones de un informe de mayoría de la Comisión para el Control del Ingreso y el Gasto Público, entre las cuales está una solicitud para investigar penalmente al expresidente Solís.

La diputada Paola Vega presentó un informe de minoría. En él, relevó de responsabilidad a los jerarcas y señaló a los cargos medios como responsables del faltante fiscal. Uno de sus principales argumentos fue justamente la falta de comunicación oportuna.

 

Nota del editor: Esta nota fue actualizada para agregar información adicional que no había podido ser verificada con Contraloría a la hora de la publicación. Se agregó la advertencia sobre falta de información en el presupuesto para calcular las partidas de pago de deuda.

Diputado Gustavo Viales critica postergación de meta fiscal aunque él tiene parte de la responsabilidad

El diputado Gustavo Viales, de Liberación Nacional, cuestionó que el presidente Carlos Alvarado presentara proyecciones de déficit fiscal menos alentadoras a las comunicadas meses antes por el Ministerio de Hacienda. Sin embargo, el diputado omite un dato clave. Cambios apoyados por él mismo son responsables, en parte, de que surgiera esa incongruencia.

El diputado publicó un meme en Twitter el 6 de mayo. La publicación afirmaba que la ministra había pronosticado en junio del 2018 que, de aprobarse el plan fiscal, el déficit primario para el 2020 sería de 0,4%. Viales comparó que Alvarado dijo en su informe del 2 de mayo que ese déficit sería de 1,1% para ese mismo año. (El déficit primario es el porcentaje de exceso de gastos sobre los ingresos del Estado).

Viales no menciona que, entre junio y mayo, el plan fiscal que se discutía en la Asamblea se recortó y, por tanto, redujo su potencial de recaudación. El plan original del gobierno pretendía percibir 1,72% del Producto Interno Bruto (PIB) en impuestos, mientras que la versión aprobada quedó en 1,29%. Buena parte de las reformas que debilitaron la recaudación fueron apoyadas por el diputado en la comisión que discutió la reforma.

Además, hubo aspectos internos y externos que incidieron en el cambio del pronóstico de déficit, según el Ministerio de Hacienda. Primero, el crecimiento económico del país fue menor al esperado debido a factores internacionales; y segundo, hubo una recaudación de impuestos más baja debido a ese bajo crecimiento.

Consultado al respecto, el diputado afirmó que su mensaje pretende ser una llamada de atención contra el gobierno, no por el tema de la reducción en los ingresos, sino por lo que considera una falta de señales en cuanto al recorte del gasto. Este reclamo no fue explícito en su mensaje en redes.

El meme publicado por Viales tiene además una imprecisión y una inferencia vacía. Por un lado, dice que la ministra había anunciado que para el año 2021 ya no habría déficit. En realidad, la ministra lo había pronosticado para el 2022. Asimismo, el presidente Alvarado nunca hizo mención al año 2021 en su informe. Por ello, traer a colación el 2021 no venía al caso.

En resumen: El diputado Gustavo Viales, de Liberación Nacional, cuestionó que el presidente Carlos Alvarado presentara proyecciones de déficit fiscal menos alentadoras a las comunicadas meses antes por el Ministerio de Hacienda. El cambio que señala es cierto, pero el diputado omite un dato clave. Cambios apoyados por él mismo son responsables, en parte, de que surgiera esa incongruencia.

El diputado publicó un meme en Twitter el 6 de mayo. La publicación afirmaba que la ministra había pronosticado en junio del 2018 que, de aprobarse el plan fiscal, el déficit primario para el 2020 sería de 0,4%. Viales comparó que Alvarado dijo en su informe del 2 de mayo que ese déficit sería de 1,1% para ese mismo año. (El déficit primario es el porcentaje de exceso de gastos sobre los ingresos del Estado).

Viales no menciona que, entre junio y mayo, el plan fiscal que se discutía en la Asamblea se recortó y, por tanto, redujo su potencial de recaudación. El plan original del gobierno pretendía percibir 1,72% del Producto Interno Bruto (PIB) en impuestos, mientras que la versión aprobada quedó en 1,29%. Buena parte de las reformas que debilitaron la recaudación fueron apoyadas por el diputado en la comisión que discutió la reforma.

Además, hubo aspectos internos y externos que incidieron en el cambio del pronóstico de déficit, según el Ministerio de Hacienda. Primero, el crecimiento económico del país fue menor al esperado debido a factores internacionales; y segundo, hubo una recaudación de impuestos más baja debido a ese bajo crecimiento.

Consultado al respecto, el diputado afirmó que su mensaje pretende ser una llamada de atención contra el gobierno, no por el tema de la reducción en los ingresos, sino por lo que considera una falta de señales en cuanto al recorte del gasto. Este reclamo no fue explícito en su mensaje en redes.

El meme publicado por Viales tiene además una imprecisión y una inferencia vacía. Por un lado, dice que la ministra había anunciado que para el año 2021 ya no habría déficit. En realidad, la ministra lo había pronosticado para el 2022. Asimismo, el presidente Alvarado nunca hizo mención al año 2021 en su informe. Por ello, traer a colación el 2021 no venía al caso.

¿Cómo surgió la polémica?

El presidente Carlos Alvarado presentó su informe a la Asamblea Legislativa el pasado 2 de mayo. En él, expuso los pronósticos de déficit según los datos del Programa Macroeconómico 2019-2020, del Banco Central. Para el 2020, Alvarado dijo que el gobierno espera un déficit de 1,1% del Producto Interno Bruto (PIB).

Días después, el diputado liberacionista Gustavo Viales publicó una imagen en Twitter en donde denunciaba una incongruencia entre lo expresado por Alvarado y datos que habían sido expuestos por la ministra Rocío Aguilar en un oficio de junio del 2018 para la Asamblea Legislativa.En aquel documento de junio, la ministra pronosticaba que el déficit bajaría a 0,4% para el 2020 si se aprobaba la legislación. Según dijo Viales a Doble Check, la información de Hacienda serviría de insumo para que los diputados tomaran decisiones sobre posibles modificaciones al plan fiscal que se discutía entonces.

 

Imagen publicada por el diputado Gustavo Viales el 6 de mayo como respuesta al informe presidencial ante la Asamblea Legislativa.

El plan fiscal fue la principal medida económica impulsada en el primer año de gobierno de Carlos Alvarado, y fue aprobada con modificaciones sustantivas el 3 de diciembre.

Viales reclama que la promesa era eliminar el déficit para el 2021. En realidad, Aguilar proyectaba una eliminación del déficit para el 2022, y no como afirmó el diputado. Por ello hay una imprecisión en su mensaje.

Proyección del déficit por Hacienda con y sin plan fiscal, según el oficio enviado a la Asamblea Legislativa en junio pasado.

Además, en su informe del 2 de mayo, el presidente Alvarado no se refirió a la meta para el 2021 o el 2022, sino que se limitó al 2020. El diputado lo interpreta como una omisión intencional para no reconocer que no se cumplirá la meta planteada originalmente, según dijo a Doble Check.

Aparte de estas incongruencias, el reclamo principal de Viales es que la proyección de Hacienda en junio del 2018 es de siete décimas inferior a la anunciada ahora por Alvarado. ¿Por qué el diputado es en parte responsable por el pronóstico modificado?

¿Cómo cambió el plan fiscal?

Las proyecciones de cuánto percibirá el Estado de más o de menos por impuestos dependen de la producción del país o, mejor dicho, de cuánto se pronostica que producirá el país. Este número se expresa en las proyecciones del Producto Interno Bruto (PIB). En el contexto del plan fiscal, el monto esperado de ingresos por impuestos también varió con respecto a los cambios que los diputados hicieran.

Hacienda siguió el rastreo de cambios que provocaron los impactos más importantes en la recaudación proyectada según el plan fiscal. Por ejemplo, la reducción del impuesto a canasta básica tributaria; se eliminó el impuesto a las utilidades de las cooperativas; se ajustó el tributo a las tasas para asociaciones solidaristas, cooperativas, mutuales y remesas al exterior; la educación privada quedó exenta y se modificaron las imposiciones a los medicamentos.

Modificaciones al plan fiscal hechas por la Asamblea Legislativa, según el recuento del Ministerio de Hacienda.

Los cambios representaron una reducción de 0,43 puntos porcentuales del PIB en la recaudación esperada. Como parte de la comisión del plan fiscal, Viales fue uno de los diputados con cuyo aval se hizo esa reducción en casi todas las mociones. La única excepción fue el impuesto a la educación privada, que fue promovido desde la representación de la Unidad Social Cristiana.

Los cambios en la legislación fueron uno de los factores por los que las proyecciones dadas por la ministra en junio del 2018 son distintos a los expuestos por Carlos Alvarado en mayo pasado, según explicó el ministerio. Doble Check compartió la explicación de Hacienda con el investigador en temas económicos, Rudolf Lucke, y con el viceministro de Ingresos, Fernando Rodríguez. Ambos la encuentran satisfactoria.

¿Qué dice el diputado?

En entrevista con Doble Check, Viales dijo percibir que los diputados han entregado herramientas adecuadas para que el Estado perciba más ingresos. Sin embargo, él estima que no han existido señales claras de recorte en el gasto del Estado por parte del gobierno. Dice que de ahí se deriva el interés de su publicación, aunque no fue explícito en aquel momento.

«Yo creo que el porqué de que no se vaya a cumplir la expectativa tiene más que ver con las medidas de recorte de gasto», dice el diputado.

Se le consultó al diputado si su despacho ha hecho los cálculos de cuánto ha sido el impacto de estas medidas que afirma que no se han implementado. Viales reconoció que no, pero al mismo tiempo afirmó que «es evidente (el impacto)». «El (proyecto para la reforma al) empleo público no lo enviaron (a la Asamblea) en enero, y obviamente se va a retrasar», ejemplificó.

El viceministro de Ingresos, Fernando Rodríguez, difiere del impacto que los recortes en gastos puedan tener en el corto plazo. Consultado por Doble Check, el economista afirmó que los controles de gastos como los propuestos en empleo público no tendrían un impacto significativo a dos o tres años, sino a unos 20, cuando se vea un cambio generacional en las planillas estatales. Es decir, no afectarían las proyecciones en el déficit al 2021.

En cuanto a los ingresos, Viales reconoce que el plan fiscal fue disminuido en su capacidad de recaudación. Sin embargo, también afirma que la Asamblea aprobó fondos que no estaban contemplados en el plan inicial de Hacienda, como la norma de subcapitalización y la amnistía tributaria. A criterio de Viales, ahí existió una compensación con lo recortado.

Rodríguez coincide en que la amnistía sí provee recursos frescos. No obstante, advierte que el fisco solo recibe el dinero una vez, por lo que no compensa un recorte en los impuestos propuestos. Si se baja el porcentaje de impuestos en un plan, ese representará un dinero que el Estado deja de percibir periódicamente. Con respecto a la norma de subcapitalización, el economista calcula que los fondos percibidos no serán tan significativos.

Crecimiento y recaudación

¿Fueron los cambios en el plan fiscal los únicos que incidieron en el cambio de las proyecciones fiscales? Para nada.

Lo primero que hay que saber sobre las proyecciones del Producto Interno Bruto (sobre las cuales se hacen las proyecciones de déficit) es que estas se actualizan periódicamente con base en los cambios de las realidades económicas. Estos reajustes son habituales en la evaluación macroeconómica, explicó Rudolf Lucke, del Instituto de Investigaciones en Ciencias Económicas de la Universidad de Costa Rica. Es decir, ya de cajón existen cambios en las proyecciones aunque no hubieran factores internos o externos inesperados.

Ahora, además de los reajustes, sí hubo factores inesperados que operaron en la economía costarricense del último año.

Además de los cambios al plan fiscal, hubo una reducción en el optimismo macroeconómico entre el momento en que la ministra de Hacienda presentó su plan a los diputados y el informe presidencial ante la Asamble Legislativa. De hecho, Fernando Rodríguez opina que los pronósticos de Hacienda fueron demasiado optimistas.

Información enviada por Hacienda, sostiene que hubo eventos internos y externos que afectaron los pronósticos. Por un lado, la huelga del sector público del 2018 habría disminuido en 0,4 puntos porcentuales el crecimiento económico del país, que para ese año alcanzó 2,7%, según datos del Programa Macroeconómico 2019-2020, del Banco Central.

¿Cuáles fueron los motivos externos de esta falta de crecimiento? El Banco menciona una cinco: a) aumento de las tasas de interés internacionales; b) aversión al riesgo de inversionistas que provocó la salida de capitales desde mercados emergentes; c) las tensiones comerciales entre Estados Unidos y otras grandes economías; d) la crisis sociopolítica en Nicaragua; e) y el aumento en precios de materias primas, lo que presionaría la inflación en Costa Rica.

El resultado directo de esa falta de crecimiento se expresó en el país en una baja en la recaudación de impuestos, según Hacienda. Esta recaudación menor es de aproximadamente 1% del PIB (₡300.000 millones), lo que finalmente terminó cambiando las proyecciones iniciales publicadas por el ministerio.

El discurso de Carlos Alvarado verificado por Doble Check

Verificamos 12 de las afirmaciones del presidente Carlos Alvarado: algunas son falsas, otras son medias verdades, y otras son aciertos. Léalas aquí.

Doble Check verificó las afirmaciones del presidente Carlos Alvarado en su discurso ante la Asamblea Legislativa. Este es el resultado.

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«Según los datos del Banco Central, el déficit primario -indicador que expresa el balance entre ingresos y los gastos del sector público- alcanzó un 3% del PIB en 2017, pero a partir de 2018 ha seguido una trayectoria a la baja, llegando a 2,4% del PIB el año anterior, y se proyecta que bajaría a 2,1% este año y 1,2% el año siguiente».

Chequeo: La afirmación es cierta, pero el presidente omitió una alerta del Banco Central de Costa Rica (BCCR) sobre el aumento en el endeudamiento del Estado.

El déficit primario es un indicador que excluye el gasto en intereses del Gobierno Central, por lo que provee “un mejor indicador del esfuerzo del ajuste fiscal”, según el BCCR. Ese indicador descendió en el último año. El BCCR atribuye la disminución en el déficit primario a medidas de contención del gasto tomadas por el Ministerio de Hacienda a mediados del 2018, así como a los rendimientos de la amnistía tributaria que abrió la ley de reforma fiscal. Además, la institución prevé que “el déficit primario seguiría cayendo” con las magnitudes que cita Alvarado. La información está disponible en el Programa Macroeconómico 2019-2020 del BCCR.

Eso sí, tal proyección depende de la aplicación de medidas que incluyen la reforma fiscal, y supone que, entre el 2019 y el 2020, el Gobierno podrá colocar bonos de deuda en los mercados internacionales hasta por $1.500 millones cada año.

A pesar del resultado positivo en cuanto a déficit primario, el BCCR advierte que la razón de la deuda del Gobierno respecto al Producto Interno Bruto (PIB) pasó de 48,7% en 2017 a 53,6% el año pasado. Con respecto a este tema, el mandatario únicamente expresó su preocupación por los altos intereses que paga el Estado por la deuda.

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«La región (Pacífico Central) presenta una tasa de desempleo con alta concentración en mujeres».

Chequeo: El dato es cierto. El presidente omite mencionar la tendencia creciente de desempleo del Pacífico Central, que hoy reporta un porcentaje de 16,6%.  Hoy, esa tasa de desempleo es la mayor entre todas las regiones.

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«Parte de las mejoras de gestión institucional se enmarcan en el proceso de ingreso de Costa Rica a la OCDE. A hoy el país ha logrado avanzar con la aprobación de 13 comités. El más recientemente aprobado fue el 17 de abril».

Chequeo: El logro es engañoso, pues se presenta el número acumlado. El país sí lleva aprobados 13 comités de ingreso a la OCDE, pero solo uno de ellos (el de Gobernanza Pública) fue logrado en el primer año de la administración Alvarado.

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«En turismo, Costa Rica fue capaz de superar por primera vez los 3 millones de llegadas internacionales en 2018, y el crecimiento de la actividad se ha fortalecido en estos doce meses al lograr 62.000 nuevos asientos a través de 6 líneas aéreas».

Chequeo: Es falso que el crecimiento de las llegadas internacionales se hubieran fortalecido. En realidad, el período 2017-2018 registra la cuarta menor variación en la cantidad de visitas internacionales desde el 2000 (un aumento de 1,92%). La cifra es mucho menor al crecimiento promedio del 6% que el país ha presentado desde el 2000. Es decir, en 15 de los últimos 18 años hemos visto mayores aumentos en la entrada de visitas internacionales.

En los años 2003, 2004, 2005, 2007 y 2016, Costa Rica experimentó aumentos en la cantidad de visitas internacionales superiores al 10%. El crecimiento en el periodo 2017-2018 es de los peores observados: solo superado por el del 2017 (1,18%), 2002 (-1,6%) y 2008 (-8%).

Cabe rescatar que el Instituto Costarricense de Turismo no reporta datos de turistas, sino de llegadas internacionales.

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«Este año, el MEP ha entregado 21 centros educativos nuevos y 81 proyectos de mejora de instalaciones que van desde la construcción de aulas, bibliotecas, pabellones o sustitución de techos. También se creó un sistema de atención de órdenes sanitarias abordando a la fecha 199 de ellas».

Chequeo: El dato es correcto según lo confirma la Dirección de Infraestructura y Equipamiento Educativo (DIEE). Estos proyectos han beneficiado a 31.500 estudiantes y representan una inversión de ¢22.580 millones. Por su parte, las 199 órdenes sanitarias abordadas generaron una inversión de ¢76,2 millones. También, por primera vez, se ha creado un sistema de categorización de órdenes sanitarias para atenderlas de acuerdo a su gravedad.

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«Parar lograr la conectividad que requiere la educación moderna nos hemos comprometido a formar la Red Educativa del Bicentenario. Su objetivo es conectar los 4.659 centros educativos públicos del país y las oficinas del MEP en una única red de banda ancha, mediante fibra óptica de alta velocidad, creando un ambiente digital para la educación. La meta es cumplir este año con la conexión de los primeros 600 centros y antes de concluir el gobierno tener la red completa».

Chequeo: Esta es una proyección y aún no tiene ejecución. Según indicó el Ministerio de Educación a Doble Check, el Ministerio de Ciencia y Tecnología y la Fundación Omar Dengo realizaron la contratación del diseño de la Red Educativa del Bicentenario. Sin embargo, aún no se ha realizado la conexión de ningún centro educativo en el país.

 

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«En 2017, la exclusión en secundaria fue de 7,2% y en primaria de 0,7%. Tras las acciones tomadas durante el último trimestre del curso lectivo 2018, incluso en un contexto de huelga, la exclusión escolar fue de 3,5% en secundaria y 0,2% en primaria, lo cual representa una reducción a la mitad».

Chequeo: La afirmación es cierta según los datos del Ministerio de Educación Pública. Sin embargo, aunque se evidencia una tendencia a la baja, la exclusión en las escuelas nocturnas sigue siendo elevada, pues se ubica en 14,1%, mientras que en los colegios nocturnos alcanza el 13,2%.

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«Luego de estos casi 365 días de dirigir el país, hay tareas pendientes en materia de saneamiento de las finanzas públicas y la eficiencia del Estado, pero podemos decir que Costa Rica fue capaz de estabilizar su economía y lograr mayor confianza y tranquilidad».

Chequeo: La afirmación es discutible. El pesimismo ha retrocedido, pero sigue habiendo mucha desconfianza en la economía. En noviembre pasado, el Índice de Confianza de los Consumidores (ICC) fue de 28,2 puntos (en una escala de cero a 100) y se convirtió en el más bajo encontrado desde el año 2002 (fecha de la primera encuesta). Tres meses después, en febrero del 2019, el ICC evidencia una recuperación, pues aumentó a 34,8 puntos (6,6 puntos de aumento). Este repunte de la confianza, y el nivel alcanzado, significa que los consumidores perciben menos pesimismo hacia la economía nacional, aunque su magnitud todavía está lejos de reflejar optimismo.

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El presidente Carlos Alvarado Quesada afirmó que la desaceleración económica se ha reducido. En realidad, esto es parcialmente cierto. Fotografía: Laura Rodríguez.

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«Los últimos datos del Índice Mensual de Actividad Económica indican que el proceso de desaceleración que afectó a la economía en el segundo semestre del 2018 se ha detenido, mostrando una leve recuperación en la actividad económica».

Chequeo: Esta afirmación es parcialmente correcta. Al analizar el nivel de actividad económica vista por la tasa de crecimiento interanual del (IMAE) por industria al mes de enero, se observa que efectivamente en los últimos dos meses del año las tasas de aceleración del indicador han sido positivas, sin embargo únicamente en el sector financiero registra una mejoría considerable con respecto a los doce meses anteriores; no obstante la gran mayoría de los sectores de la economía registran al mes de enero tasas de crecimiento interanuales inferiores al 3%.

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«En materia de homicidios, Costa Rica logró bajar la tasa en 2018 con relación al año 2017. La reducción que inició en junio anterior nos llevó a cerrar el año 2018 con una tasa de homicidios de 11,7 por cada 100.000 habitantes, frente a 12,1 en el año anterior, quebrando una tendencia al alza que venía desde el año 2014. En el presente año continúa la tendencia a la baja, al 29 de abril tenemos 44 homicidios menos que en el mismo periodo del año anterior».

Chequeo: La afirmación es cierta. La tasa registrada en el 2018 es de 11,7 por cada 100.000 habitantes. Eso sí, el logro significa regresar a una tasa similar a la de 2015 (11,5) o 2016 (11,8), la cual es calificada como violencia endémica por la Organización Mundial de la Salud (con niveles superiores a 10 homicidios por cada 100.000 habitantes).

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«En cuanto a los delitos contra la propiedad, mientras que en el primer trimestre del 2018 se registraron 14.729 denuncias, en el mismo periodo de 2019 se tenían 13.526, lo que implica en una disminución de 8,2% en delitos tales como hurtos, tacha de vehículos, asaltos y robos a viviendas».

Chequeo: La información es cierta, pero esconde un número negativo. El presidente agrupa los datos de los delitos contra la propiedad. Ello oculta que la tasa de asaltos viene en aumento. Doble Check estimó la tasa de asaltos, hurtos y robos por cada 100.000 habitantes acumulada de mayo a abril, y encontró una tendencia al alza en la cantidad de asaltos.

Entre mayo de 2017 y abril de 2018 la tasa de asaltos era de 629. Entre mayo de 2018 y abril de 2019 subió a 660.

El investigador del Centro de Investigación y Estudios Políticos de la UCR, Jesús Guzmán, pone en contexto: «En cuanto a los delitos, las estadísticas del Poder Judicial indican que en el primer trimestre de 2018 (01 de enero al 31 de marzo) ocurrieron 14.607 delitos contra la propiedad (robo, hurto, tacha de vehículos, asalto y robo de vehículos) y en el primer trimestre 13.729 delitos contra la propiedad. Esto implica una reducción de 878 delitos, es decir un 6.01% menos entre ambos periodos».

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Asamblea Legislativa indujo a error a medios en información sobre expresidente Solís

Varios medios digitales y páginas de Facebook replicaron una información errónea divulgada originalmente por las cuentas oficiales de la Asamblea Legislativa.

Publicaciones en Facebook y YouTube del Congreso afirmaron erróneamente ayer que el expresidente Luis Guillermo Solís (entre otros exfunconarios de su administración) habían sido inhabilitados para ejercer puestos públicos por una mayoría de diputados de la Comisión de Ingreso y Gasto Público.

Varios medios digitales y páginas de Facebook replicaron una información errónea divulgada originalmente por las cuentas oficiales de la Asamblea Legislativa.

Publicaciones en Facebook y YouTube del Congreso afirmaron erróneamente ayer que el expresidente Luis Guillermo Solís (entre otros exfunconarios de su administración) habían sido inhabilitados para ejercer puestos públicos por una mayoría de diputados de la Comisión de Ingreso y Gasto Público.

Publicación de Facebook errónea de la Asamblea Legislativa. Cortesía del periodista David Barrientos

En realidad, la Comisión únicamente tiene potestad para expresar una recomendación a la Contraloría General de la República. La solicitud de los diputados se dio a raíz de los ₡600.000 millones que el gobierno de Solís no presupuestó para pagar deuda pública en el 2018.

El error fue replicado por ElGuardian.cr , y la página profesional de su director Richard Molina, Costa Rica Noticias, BruncaTV Online, la página Radioperiódicos (no confundir con “Reloj”), la página CR506 y la página Titulares Nacionales.

Las cuentas de la Asamblea reconocieron el error y ofrecieron disculpas esta mañana.

Doble Check supo de este caso tras una consulta al respecto del periodista David Barrientos, de La Hora Tica, a la cuenta de la Asamblea en Twitter. Tras la pregunta del periodista, las cuentas de la Asamblea hicieron la enmienda.

Chequeo en desarrollo: Al momento de la publicación extendimos la consulta a CGR para conocer cuál es el proceso que seguirá la recomendación de los diputados.

No hay evidencia de una brecha salarial entre hombres y mujeres en puestos iguales, como se dijo en la Asamblea

No existe una medición que respalde la afirmación de que las mujeres reciben menos salario por ocupar el mismo puesto que los hombres en Costa Rica. Tres diputadas, un diputado y el Semanario Universidad hicieron esa afirmación sin prueba estadística. Aquí, las palabras clave son “por un mismo puesto”: los datos disponibles solo permiten ver […]

No existe una medición que respalde la afirmación de que las mujeres reciben menos salario por ocupar el mismo puesto que los hombres en Costa Rica. Tres diputadas, un diputado y el Semanario Universidad hicieron esa afirmación sin prueba estadística.

Aquí, las palabras clave son “por un mismo puesto”: los datos disponibles solo permiten ver brechas más generales entre promedios de hombres y mujeres, en lugar de un escenario tan específico. También muestran otros tipos de desigualdad laboral que sí perjudican significativamente más a las mujeres, según confirmaron especialistas en este tipo de mediciones.

Por ejemplo, sí existe una diferencia en el ingreso del promedio total de la población ocupada. Por cada ₡100 que reciben mensualmente en promedio los hombres en Costa Rica, las mujeres reciben ₡13 menos, según el INEC. Este es un cálculo que no compara ingresos dentro de un mismo puesto. Además, esta brecha desaparece del todo cuando se calcula el ingreso por hora, según un análisis del último informe Estado de la Nación.

Eso sí, el Programa Estado de la Nación argumenta que las mujeres deberían mostrar mejores promedios de ingreso por hora que los hombres en el país. Es decir, las mujeres están mejor calificadas y se las discrimina porque se les paga menos de lo que valen en el mercado de trabajo.

Otros números muestran una desigualdad marcada. Solo una de cada tres personas ocupadas es una mujer. El desempleo de las mujeres en el país es un 50% superior al de los hombres. Además, las mujeres están perjudicadas el doble por el subempleo (cuando una persona trabaja menos horas de las que querría). En el hogar, las mujeres además dedican más del doble de su tiempo al trabajo doméstico sin paga en comparación con los varones.

¿Qué se dijo en el Congreso?

En la sesión de Plenario del lunes 18 de marzo se aprobó unánimemente un proyecto de ley para proteger la igualdad salarial entre hombres y mujeres. La ley contempla la creación de un indicador de igualdad salarial a cargo del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC).

Durante la discusión por el fondo del proyecto, la diputada Paola Vega, del Partido Acción Ciudadana, dijo: “Cuando vemos los números de pobreza en Costa Rica, vemos que la pobreza tiene un rostro de mujer más marcado que un rostro de hombre. Esto se debe finalmente al hecho de que no se respeta la igualdad salarial, en el sector privado principalmente”.

Su compañera de partido, Nielsen Pérez, afirmó que la reforma ayudaría “a cerrar la brecha salarial entre hombres y mujeres. Para el sector público es de 10% y 27% para lo privado”.

El frenteamplista José María Villalta dijo: “Las mujeres ganan en Costa Rica menos salario que los hombres aunque realicen exactamente las mismas tareas, con las mismas responsabilidades y con las mismas capacidades”.

La diputada Franggi Nicolás, del PLN, dijo: “Las mujeres en este país siguen recibiendo un 27% menos de salario que los varones al hacer exactamente las mismas labores, y eso no lo podemos permitir”.

Antes que estas declaraciones, el Semanario Universidad había afirmado en su edición del 5 de marzo que “disparidad salarial en un mismo puesto e iguales labores entre hombres y mujeres es del 27%”. La periodista María José Núñez afirmó que el dato provino de Patricia Mora, ministra de la Condición de la Mujer. Su encargada de prensa lo confirmó.

Se les consultó a todas las fuentes sobre el origen de sus datos. Ninguno de los documentos provistos expone datos actuales que respalden las afirmaciones de que mujeres y hombres en Costa Rica reciben menos salario por realizar la misma labor.

Afinemos cuáles son los datos disponibles. Todos los estudios provienen de distintas encuestas del INEC. Los datos solo pueden indagar en aspectos bastante más generales que la especificidad de un puesto. Por ejemplo, se pregunta si la persona trabaja en el sector privado o público, en cuál rama de actividad, su nivel de estudios y otros datos demográficos.

Las encuestas sí arrojan cuáles son las diferencias generales entre los ingresos de hombres y mujeres.

Según la última Encuesta Continua de Empleo, la brecha general de ingreso es del 13,3% en perjuicio de las mujeres. Contrario a lo dicho por la diputada Pérez, esta diferencia es pequeña para el sector público (0,9%), aunque en el sector privado excede por poco el porcentaje alertado: 28,3%.

Cálculos finos y gruesos

¿Por qué no existe una medición que revele la diferencia de salarios entre hombres y mujeres que ocupen exactamente un mismo puesto? Porque para hacerlo se necesitan los datos de las planillas en el país, y estos no están disponibles públicamente.

Con esta limitación, los análisis parten de las encuestas del INEC. Lo más común ha sido hacer una comparación gruesa entre los distintos promedios. Por ejemplo, el promedio de los salarios de los trabajadores varones de la rama de construcción con las mujeres en la misma rama. Esa rama podría incluir, por ejemplo, peones de construcción y asistentes administrativas, lo cual hace imposible decir que se está haciendo una comparación entre personas con el mismo puesto. Sin embargo, hay formas de afinar la lupa.

Los cálculos más gruesos únicamente permiten medir las diferencias entre rama de actividad. La estructura de trabajo hace que el tipo de puesto en cada rama sea muy variada, por lo que no se puede tomar como un cálculo puesto por puesto.

La última medición más pormenorizada sobre este tema la publicó el informe Estado de la Nación. El documento se basa en datos de las encuestas de hogares del 2018. El Programa Estado de la Nación (PEN) usó un modelo matemático que, en simple, le permitió hacer comparaciones entre hombres y mujeres que compartieran las mismas características generales en la encuesta. Es decir, se contraponen personas que no solo compartieran la rama de actividad, sino también el nivel educativo, la experiencia, el lugar de residencia, etc. No es un análisis entre puestos, pero es más fino que un análisis de promedios generales porque además hace el cálculo con ingresos por horas, no con ingresos mensuales. El estudio no encontró brechas significativas entre los salarios de hombres y mujeres.

El PEN determinó que alrededor de la mitad de las diferencias de salario entre hombres y mujeres pudieron explicarse. Una explicación sería, por ejemplo, cuando una persona tiene más educación que otra y por ello gana más. Sin embargo, en la otra mitad de los casos no hubo explicación, y ahí es donde el PEN detecta juego sucio contra las mujeres.

“La brecha debería ser más positiva en favor de las mujeres, y no lo es porque hay un componente de discriminación”, explica Natalia Morales, encargada del capítulo de Equidad e Integración Social.

En otras palabras, según el PEN, hay una aparente igualdad de ingresos, pero las mujeres en realidad no están percibiendo lo que valen en el mercado laboral. Deberían ganar más porque están mejor calificadas.

Es común la práctica de confundir la brecha por ingresos mensuales promedio y la brecha salarial de género entre puestos iguales. El medio de verificación de datos Politifact tiene un documento disponible para explicar los errores comunes al confundir ambos conceptos, que se asemejan mucho a los tratados en este chequeo.

Desigualdad y exclusión femenina

¿Es válido seguir señalando la brecha total de ingreso mensual entre hombres y mujeres del 13% cuando existe un análisis aparentemente más fino por horas de trabajo y entre personas con mayores similitudes como el del Estado de la Nación?

Pilar Ramos, coordinadora de Información del INEC, considera que sí. Según la funcionaria, el mantener la comparación de ingresos por mes revela otras condiciones de exclusión y desigualdad que sufren las mujeres.

“Esto es porque, en efecto, las mujeres son más afectadas por el subempleo. En general las mujeres desean trabajar más horas de lo que están pudiendo trabajar pero no consiguen esas horas adicionales”.

De hecho, el porcentaje de subempleo ente mujeres dobla al de los varones. La funcionaria destaca que incluso el subempleo podría estar subestimado. Ramos dice que, al contestar la encuesta, hay mujeres que podrían no estar afirmando que desearían trabajar más horas debido a que su día ya está copado con trabajo no remunerado en el hogar.

Este tipo de trabajo también muestra una gran desigualdad en el país. La Encuesta Nacional de Uso del Tiempo, del 2017, arrojó que las mujeres dedican poco más del 21% de su tiempo en labores del hogar no remuneradas, mientras que los varones dedican un 9,4%.

La funcionaria además llama la atención sobre un sesgo que no es cuantificable en las encuestas, y que podría manifestarse más en los cálculos hechos con salarios por hora. Las personas que normalmente responden los instrumentos del INEC son mujeres. Ellas, según Ramos, suelen reportar fielmente las horas laboradas por ellas mismas, pero tienden a sobreestimar las horas trabajadas por sus parejas, pues, por ejemplo, incluyen los tiempos de traslado en la estimación. Esta sobredimensión podría afectar el cálculo cuando el ingreso de los hombres se traslada a horas. Ramos tiene la hipótesis no comprobada de que ello hace que las horas de los varones resulten subvaloradas.

En resumen, ¿cuál cálculo es mejor? Un modelo matemático como el del PEN permite comparar (lo más cercanamente posible con los datos disponibles) peras con peras y manzanas con manzanas. Una comparación más gruesa (como las que se hacen más habitualmente) permite ver tendencias más generales en temas de inclusión.

Costa Rica está mal en índice del Foro Económico Mundial

Existe al menos otra medición en la que Costa Rica no ha sido bien calificada en igual equidad salarial, aunque esta no mide una brecha como tal.

El país aparece bastante mal parado en el índice de equidad de salario por trabajo similar, del Foro Económico Mundial. El país obtiene un 0,555 cuando un país con una paridad absoluta debería aparecer con 1.

La medición se hace con criterios bastante distintos de los expuestos anteriormente. El índice tampoco calcula salarios para igual trabajo. El indicador se construye con otros datos como la brecha promedio, el monto del Producto Interno Bruto en dólares, la tasa de ocupación de hombres y mujeres y los salarios nominales promedio. También toma en cuenta los datos de una encuesta propia hecha entre personas en la dirección ejecutiva de empresas.

La medición sirve para colocar a los países en un escalafón mundial. Costa Rica aparece muy bien ubicado en el índice global de equidad de género: en el puesto 22. Sin embargo, es justamente el tema de participación económica y oportunidades en donde puntúa mal. En este subíndice, el país aparece en el puesto 105 de 149 países.

Otras desigualdades

Más allá del tema del salario, hay otros indicadores que muestran cómo las mujeres tienen mayores barreras para disfrutar de sus derechos económicos.

  • La tasa nacional de ocupación masculina es de 67,9%, mientras que la femenina es de 42,7%, según datos de la última Encuesta Continua de Empleo.
  • Esta barrera para las mujeres es especialmente notoria en las zonas rurales, donde alcanza apenas 35,64% para las mujeres.
  • El desempleo en hombres es del 10%, mientras que en las mujeres alcanza el 14,9%.
  • El subempleo (que cuantifica la proporción de personas que trabajan pero que querrían trabajar más horas) en hombres es del 6,7%, mientras que en mujeres es del 12,7%.
  • Una de cada tres mujeres tienen educación superior, en comparación con solo 21% de los hombres, pero este perfil no se transforma en mejores oportunidades para ellas, según el PEN.
  • Una simulación, hecha por el PEN, muestra que si las mujeres desocupadas o fuera de la fuerza de trabajo se incorporaran, la pobreza en Costa Rica se reduciría a la mitad.