Diario Extra basó noticia en “estudio” proarmas de Harvard (que no es estudio, ni es de Harvard)

Diario Extra afirmó que en una nota informativa que “cuantas más armas, menos criminalidad”. La publicación basó su información en un ensayo falsamente atribuido a la Universidad de Harvard que fue ampliamente refutado. El diario además tergiversó un informe de la ONU para apoyar la tesis a favor de la tenencia de armas.

La publicación de Diario Extra es muy confusa. En su entrada dice que el “estudio” “fue realizado el año pasado [2018] por abogados de la Universidad de Harvard”. Más adelante afirma que el ensayo se publicó en el 2007 por primera vez. También dice que la información de ese ensayo se basa en un estudio de la ONU del 2013.

El primer ensayo efectivamente fue publicado en el 2007. Este fue refutado por el director del Centro de Estudios para el Control de Lesiones de la Universidad de Harvard en el 2009. Esta refutación fue resumida por el sitio de verificación de datos estadounidense Snopes en el 2015, luego de que las ideas del ensayo original tuvieran amplia divulgación en el sitio Beliefnet.

El ensayo fue hecho por dos conocidos activistas a favor del derecho a las armas, según encontró Snopes. Es incorrecto identificar el texto como un “estudio” pues no fue revisado por pares ni sometido a ningún escrutinio académico. La publicación que lo divulgó se identificaba como un medio ideológico editado por estudiantes de Harvard.

Diario Extra usa una fuente adicional: el Estudio Mundial sobre el Homicidio (2013), de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito. El periódico escoge pasajes que, sacados de contexto, disminuyen la responsabilidad del uso de armas de fuego en los homicidios. Asimismo, omite pasajes que ponen en entredicho la tesis de su nota.

Doble Check trató de comunicarse con el autor de la nota, Gustavo Retana, así como con Paola Hernández, directora del diario. No hubo respuesta, y Hernández nos bloqueó para contactarla por Whatsapp minutos después de hacerle las consultas.

En resumen: Diario Extra afirmó que en una nota informativa que “cuantas más armas, menos criminalidad”. La publicación basó su información en un ensayo falsamente atribuido a la Universidad de Harvard que fue ampliamente refutado. El diario además tergiversó un informe de la ONU para apoyar la tesis a favor de la tenencia de armas.

La publicación de Diario Extra es muy confusa. En su entrada dice que el “estudio” “fue realizado el año pasado [2018] por abogados de la Universidad de Harvard”. Más adelante afirma que el ensayo se publicó en el 2007 por primera vez. También dice que la información de ese ensayo se basa en un estudio de la ONU del 2013.

El primer ensayo efectivamente fue publicado en el 2007. Este fue refutado por el director del Centro de Estudios para el Control de Lesiones de la Universidad de Harvard en el 2009. Esta refutación fue resumida por el sitio de verificación de datos estadounidense Snopes en el 2015, luego de que las ideas del ensayo original tuvieran amplia divulgación en el sitio Beliefnet.

El ensayo fue hecho por dos conocidos activistas a favor del derecho a las armas, según encontró Snopes. Es incorrecto identificar el texto como un “estudio” pues no fue revisado por pares ni sometido a ningún escrutinio académico. La publicación que lo divulgó se identificaba como un medio ideológico editado por estudiantes de Harvard.

Diario Extra usa una fuente adicional: el Estudio Mundial sobre el Homicidio (2013), de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito. El periódico escoge pasajes que, sacados de contexto, disminuyen la responsabilidad del uso de armas de fuego en los homicidios. Asimismo, omite pasajes que ponen en entredicho la tesis de su nota.

Doble Check trató de comunicarse con el autor de la nota, Gustavo Retana, así como con Paola Hernández, directora del diario. No hubo respuesta, y Hernández nos bloqueó para contactarla por Whatsapp minutos después de hacerle las consultas.

Las citas del “estudio de Harvard”

Para sostener que “cuantas más armas, menos criminalidad”, Diario Extra afirma valerse de dos fuentes. Una es un “estudio” de la Universidad de Harvard ; la otra, el Estudio Mundial sobre el Homicidio, de la ONU. En algún punto la publicación afirma que el primero, un ensayo firmado por Don B. Kates and Dr. Gary Mauser que se publicó en 2007, se basa en datos del informe de la ONU, que se publicó en el 2013. Como diría Ray Tico, eso imposible.

Nota en la versión impresa de Diario Extra.

El diario recoge que las percepciones de las tasas de homicidios en Estados Unidos son producto de una campaña de desinformación de la era de la Guerra Fría. También afirma que países con mayores índices de tenencia de armas presentan una menor tasa de homicidios.

¿Cómo fue que un artículo de una revista estudiantil estadounidense terminó en las páginas de Diario Extra? No sabemos, pero aquí hay una hipótesis. El sitio Beliefnet hizo una nota sobre este ensayo en el 2015. El 29 de noviembre del 2018, el medio español La Tribuna del País Vasco publicó casi una copia al carbón de la nota de Beliefnet en español, debidamente atribuida. No podemos asegurar que Diario Extra extrajera su trabajo de este medio, pero sí tiene una cita con una traducción idéntica. Extra no cita al sitio estadounidense ni al español.

Coincidencias aparte, no parece que el periodista Gustavo Retana hubiera consultado el ensayo original. Las únicas dos citas que aparecen entrecomilladas en la nota y que se atribuyen al trabajo de Kates y Mauser (los autores originales) no aparecen textualmente en su trabajo. Una cita que aparece en la nota atribuida a Mauser, en realidad es parte del texto de la nota de Beliefnet (la otra publicación que parafrasea el ensayo). Una segunda cita usada por Diario Extra es un texto de Beliefnet que el diario español también citó erróneamente como parte del ensayo original.

Las citas de la ONU

Retana también usa como fuente el informe de la ONU. Sin embargo solo usa aquellas citas que apoyan el enfoque de su artículo, y obvia otras que no lo hacen. Por ejemplo, cita que “no todas las zonas con índices de homicidio elevados se asocian con una alta prevalencia de homicidios por arma de fuego”.

También destaca el papel del alcohol y las drogas en conductas homicidas. El autor omite las primeras palabras.

Cita del Estudio Mundial sobre el Homicidio, en la cual Diario Extra eliminó la referencia a la armas.

Por otra parte, el periodista omite referir a una cita que es central en el informe de la ONU:

Conversamos con Randall Brenes, oficial de Desarrollo Humano y Gobernabilidad del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). “Claramente las armas de fuego son un factor de riesgo en el acaecimiento de hechos delictivos y violentos. No solo el informe de UNODC sino los informes del PNUD del 2013 y del 2014 sobre desarrollo humano dan cuenta de la relación que existe entre disponibilidad y proliferación de armas de fuego y violencia armada homicida”, dijo Brenes.

El especialista destacó la importancia de entender el homicidio como un fenómeno multicausal en donde la presencia de armas de fuego es un factor de riesgo. También calificó como “irresponsable” hacer una simplificación de un tema de seguridad pública.

Lo refutado por Snopes

Snopes reacciona en octubre del 2015 ante la publicación de Beliefnet titualda “Estudio de la Universidad de Harvard revela un asombroso vínculo entre armas de fuego, crimen y control de armas” (originalmente en inglés: Harvard University Study Reveals Astonishing Link Between Firearms, Crime and Gun Control), cuyo enfoque es similar al adoptado por Diario Extra.

Lo primero, es que el sitio de verificación de informaciones revela que el estudio de Harvard ni es estudio ni es de Harvard. En realidad, es un ensayo divulgado en una revista estudiantil que se autodenomina como un foro líder en conocimiento legal conservador y libertario.

La publicación también liga a Kates como un entusiasta y cabildero en temas de derecho a las armas, y a Mauser como un investigador en temas de control de armas y autodefensa.

El artículo cita una refutación de los autores divulgada en el 2009 por David Hemenway, director del Centro de Investigación de Lesiones de la Universidad de Harvard. El experto afirma que los autores hacen “demasiadas aseveraciones incorrectas e ilógicas”.

Hemenway apuntó a estudios con variables controladas en Estados Unidos que contradicen las aseveraciones de los autores. En estas investigaciones, “los estados dentro del cuartil más amplio en cuanto a prevalencia de armas de fuego tuvieron tasas de homicidio 114% más altas que los estados en el cuartil más bajo en cuanto a prevalencia de armas”.

El investigador señala la mala representación que hacen los autores de los estudios que citan, así como la pobreza de los datos en otros.

“Una amplia colección de evidencia indica que la disponibilidad de armas es un factor de riesgo para el homicidio, tanto en Estados Unidos como a través de países de altos ingresos”, dice Hemenway.

El investigador también cuestiona la forma simplista y dicotómica como ambos autores entienden la realidad.

“En su mundo, ellos parecen creer que los tipos malos siempre podrán conseguir armas, y que los buenos siempre usarán las armas apropiadamente. Las conclusiones a nivel de política están claras. En un modelo más realista, hay un continuo de personas con buenos y malos comportamientos, y la forma en que ellas se comporten depende de su disposición ese día (por ejemplo, si están cansados, borrachos, asustados) y de la situación”, dice el científico.

Ecos de la información de Diario Extra

La nota de Extra se divulgó por miembros de grupos de Facebook como ProDefensa y Coalición Costa Rica. También fue divulgado en Twitter por la diputada socialcristiana María Inés Solís.

Segunda nota refutada sobre el tema

Esta es la segunda nota que Doble Check refuta a Diario Extra sobre el tema. La primera refutación se publicó el 30 de enero. En ella, también el redactor Gustavo Retana se basó en una nota periodística que omitió citar y extrajo de ella únicamente las citas que calzaban con su enfoque original. También citó falsamente un informe de la Organización de Estados Americanos.

En aquella ocasión, al igual que en esta, ni el redactor ni la directora del diario respondieron las consultas de Doble Check.

Contexto de las publicaciones

El artículo del diario nacional se publicó el 21 de febrero, el mismo día en que se votarían las últimas mociones a la reforma a la ley de armas que se discute en la Asamblea Legislativa. Ese día se votó la moción más polémica del proyecto, la cual pretendía reducir de tres a una la cantidad de armas que podrá inscribir una persona en el país. Esa reforma no prosperó.

Beliefnet fue el medio que divulgó más ampliamente las ideas del ensayo de Kates y Mauser. Esa nota se publicó en octubre del 2015, días después de una masacre en la Universidad de Oregon, Estados Unidos, en el contexto de un nuevo debate para el control de armas en ese país. En la tragedia murieron diez personas, en cuenta el agresor. Ocho más resultaron heridas.

Carolina Hidalgo divulgó información imprecisa sobre rifles de alto calibre

En resumen: La presidenta del Congreso, Carolina Hidalgo, publicó en Twitter información imprecisa sobre la reforma propuesta a la normativa que regula la prohibición de armas de alto calibre en el país.

La diputada escribió : “En Comisión de Seguridad se acaba de aprobar el uso de este tipo de armas. Esta arma causa daño permanente y va más allá del argumento de defensa personal. Cabe mencionar que las dos primeras se utilizan en los tiroteos masivos en Estados Unidos”. [El tuit fue editado por motivos de claridad].

La publicación se acompaña de una imagen con cuatro rifles: dos automáticos y dos semiautomáticos, de las plataformas MR y AK.

La imagen induce a un error pues la reforma a la ley no plantea el levantamiento de la prohibición a armas automáticas. Por otra parte, el texto se presta para errores de interpretación. La Comisión no incorporó una nueva aprobación de uso de los rifles semiautomáticos, pues estos ya son permitidos en la legislación vigente. La interpretación correcta es que los diputados votaron por no incorporar una nueva prohibición legal.

La publicación de Hidalgo se dio luego de que la Comisión se decantara por eliminar un inciso en la reforma de ley de armas que prohibiría una lista de armas que usa municiones de alto calibre. Entre ellas se cuentan aquellas usadas para los fusiles de la gráfica.

Hidalgo afirmó a Doble Check que su intención no fue inducir a error, sino lanzar una alerta. La diputada dijo que ella tomó la imagen de un informe explicativo que había sido presentado por el Ministerio de Seguridad en enero. Por otra parte, expresó que su intención era señalar que eliminar la prohibición propuesta era una aprobación tácita para la legalización de estas armas.

Por último, es correcto que esas armas suelen ser frecuentemente usadas por los civiles que han cometido masacres en Estados Unidos.

En resumen: La presidenta del Congreso, Carolina Hidalgo, publicó en Twitter información imprecisa sobre la reforma propuesta a la normativa que regula la prohibición de armas de alto calibre en el país.

La diputada escribió : “En Comisión de Seguridad se acaba de aprobar el uso de este tipo de armas. Esta arma causa daño permanente y va más allá del argumento de defensa personal. Cabe mencionar que las dos primeras se utilizan en los tiroteos masivos en Estados Unidos”. [El tuit fue editado por motivos de claridad].

La publicación se acompaña de una imagen con cuatro rifles: dos automáticos y dos semiautomáticos, de las plataformas MR y AK.

La imagen induce a un error pues la reforma a la ley no plantea el levantamiento de la prohibición a armas automáticas. Por otra parte, el texto se presta para errores de interpretación. La Comisión no incorporó una nueva aprobación de uso de los rifles semiautomáticos, pues estos ya son permitidos en la legislación vigente. La interpretación correcta es que los diputados votaron por no incorporar una nueva prohibición legal.

La publicación de Hidalgo se dio luego de que la Comisión se decantara por eliminar un inciso en la reforma de ley de armas que prohibiría una lista de armas que usa municiones de alto calibre. Entre ellas se cuentan aquellas usadas para los fusiles de la gráfica.

Hidalgo afirmó a Doble Check que su intención no fue inducir a error, sino lanzar una alerta. La diputada dijo que ella tomó la imagen de un informe explicativo que había sido presentado por el Ministerio de Seguridad en enero. Por otra parte, expresó que su intención era señalar que eliminar la prohibición propuesta era una aprobación tácita para la legalización de estas armas.

Por último, es correcto que esas armas suelen ser frecuentemente usadas por los civiles que han cometido masacres en Estados Unidos.

¿Por qué es importante este tema?

En la Comisión de Seguridad y Narcotráfico de la Asamblea Legislativa se discute un proyecto de reforma a la ley de armas. Hasta la fecha, la propuesta de reforma más controversial ha sido la intención, impulsada por el oficialismo, de limitar la tenencia de armas de tres a una por persona. Finalmente, este cambio no prosperó.

Al margen de esta discusión, el 21 de febrero también hubo un enfrentamiento de criterios entre los diputados que buscaban incluir una prohibición a las armas de alto calibre propuesta en el proyecto de reforma y quienes abogaban por mantener la normativa tal y como está.

La moción para eliminar la prohibición del proyecto triunfó cinco votos contra cuatro.

¿Es legal tener fusiles semiautomáticos en el país?

Sí, pero con limitaciones. La intención del inciso que se excluyó en la Comisión de Seguridad era que esa respuesta fuera un ‘no’ rotundo con rango de ley.

Empecemos por diferenciar entre armas automáticas, semiautomáticas y de repetición.

La ley actual prohíbe las armas automáticas. Estas son aquellas que disparan seguidamente varios proyectiles en secuencia cuando se mantiene oprimido el detonador. Esta prohibición queda intacta en el inciso A del artículo 25 de la reforma a la ley de armas. Por eso, la imagen de Hidalgo inducía a error, pues mezclaba dos automáticas y dos semiautomáticas.

Las armas de repetición son permitidas actualmente. Estas son aquellas en las que el usuario debe accionar un mecanismo para cargar un nuevo proyectil después de disparar. Un revólver es el ejemplo clásico.

Las armas semiautomáticas también son permitidas en Costa Rica. Son aquellas que disparan un solo proyectil al accionar el detonador pero no se debe accionar un mecanismo para cargar un nuevo proyectil. Estas son las de la discordia.

En el caso de los rifles semiautomáticos, como los dos mostrados en la gráfica que publicó Hidalgo, actualmente rige una directriz del Ministerio de Seguridad emitida en el 2014 que los prohíbe como armas para la tenencia civil. No obstante, sí son usados por el Estado y por empresas de seguridad.

La diputada defiende que es necesario que los efectos de esa directriz alcancen jerarquía de ley, ya que un eventual gobierno más permisivo podría eliminarla, y así dejar estos fusiles al alcance de la ciudadanía.

¿Qué replicó Hidalgo?

La presidenta de la Asamblea afirmó que su intención con el tuit fue alertar sobre la alegada peligrosidad de admitir las armas de alto calibre, tanto ante la ciudadanía en general como ante los diputados que no tenían conocimiento sobre el cambio a la norma propuesta.

Hidalgo dijo que la gráfica publicada proviene del ente técnico competente, el Ministerio de Seguridad.

“La imagen tiene a la par (armas) automáticas y semiautomáticas porque la idea era ejemplificar la evolución de esa tecnología, y que la diferenciación visual y de calibres es pequeña y que por eso hay que ser específico en la norma”, dijo Hidalgo.

En cuanto al tuit que afirmaba que la Comisión había aprobado el uso de ese tipo de armas, la legisladora alegó: “Eliminando el inciso K, lo que hacés es permitir (el uso de armas), por default tácitamente. Acordate que lo que no está prohibido en la ley está permitido”.

¿Por qué se quería regular con el criterio de los calibres?

El inciso eliminado del proyecto de ley no hablaba de armas de repetición, semiautomáticas o automáticas. Más bien prohibía: “Toda arma larga, o todo tipo de revólver o pistola que utilicen los calibres: 0.223 – 5.56 – 5.7X28 – 7 – 7.62X25 – 7.62X39 – 7.62X51 y 7.62X57. Salvo aquellas que armas inscritas y empleadas para la práctica de modalidades deportivas debidamente acreditadas”.

La diputada y su colega de la fracción oficialista, Enrique Sánchez, explicaron a Doble Check que plantearon su defensa a esta restricción basados en informes del Ministerio de Seguridad. Su argumento se apoya en que, según el Ministerio, el avance de las armas semiautomáticas ha hecho que cada vez se acerquen más al poder letal de las automáticas. Por ello, la modalidad de disparo deja de ser el criterio relevante y, más bien, privilegiaron el calibre.

“Los calibres son un método objetivo para regular qué tan potencialmente ofensiva o peligrosa puede ser un arma”, dijo la diputada en una larga respuesta enviada a Doble Check. Puede consultar el documento completo aquí.

Del otro lado de la acera está el liberacionista Gustavo Viales, presidente de la Comisión de Seguridad y Narcotráfico. El diputado apoyó la eliminación del inciso, y fue el primero en reaccionar ante las críticas por ello.

El diputado alegó que con la eliminación de la prohibición no se está aprobando ningún armamento nuevo. Agregó que la prohibición de los fusiles semiautomáticos para uso civil ya están regulados por la directriz ministerial.

El diputado justifica su oposición a regular estas armas por ley porque, según afirma, convertiría en ilegal un arsenal que hoy es legal y que está en manos del Estado y de empresas privadas. “¿Qué hace la empresa de seguridad, qué hace el Estado con esas licitaciones que ha adquirido o que está por adquirir con ese tipo de arma?”, dijo Viales.

Armas para masacres

Por último, es correcta la afirmación de Hidalgo cuando dice que las armas semiautomáticas expuestas en la gráfica son las preferidas en los tiroteos masivos que son frecuentes en Estados Unidos, especialmente la AR-15.

Varios medios de Estados Unidos le han dedicado una extensa cobertura a esta arma en particular. Notablemente, lo han hecho la revista Time y el New York Times. De hecho, un artículo de este último llama la atención sobre el hecho de que los fusiles militares son usados por las tropas del ejército en modo semiautomático (tiro a tiro), a pesar de que tienen la posibilidad de ser usadas en modo automático (mediante ráfaga). “Las armas son más precisas de esta forma, y por lo tanto más letales”, destaca el medio.

Contralora divulgó mala interpretación sobre financiamiento del FEES

La contralora Marta Acosta usa datos inadecuados para interpretar ante los diputados que el Gobierno ha tenido que cubrir cada año con deuda pública un mayor porcentaje de los recursos del Fondo Especial para la Educación Superior (FEES).

Acosta repitió su error en una información publicada por La República:“Esa cifra (del nivel de gasto de las universidades) preocupa muchísimo en momentos en que el déficit fiscal es alto y un 75% del presupuesto que se otorga a la educación superior se financia con deuda”.

La jerarca cita datos ciertos del Presupuesto Nacional. Ella dice que el FEES aparece financiado por deuda pública en un 29% en el 2012 y aumentó a más de 76% para el 2019.

Pero hay un pero. La distribución de estos porcentajes fue subjetiva. Sacar los datos de una partida individual y ver cuánto de ella provendrá de deuda no tiene ningún uso. Esas asignaciones son azares contables, según el propio Ministerio de Hacienda. Los datos por partida no reflejan la presión mayor o menor que este o cualquier otro gasto específico ejercen sobre la deuda.

Según Hacienda, con esos datos separados no se puede decir que el FEES se esté financiando cada vez más con deuda. Tampoco pueden usarse como indicadores de la gravedad financiera del país en general.

Contraloría rechaza esta corrección. El autor del informe que presentó la contralora indicó que los datos usados sí están sujetos a la realidad, puesto que son los oficiales de Hacienda. Negó además que la intención de presentar estos datos fuera mostrar la presión que tiene el FEES en la deuda. También dijo que esos datos sí son un indicador de una tendencia de que cada vez hay una mayor presión fiscal en el país y que hay un contexto macroeconómico urgente.

Doble Check disputa el indicador que usó Contraloría, según explicaciones de Hacienda. Sin embargo, el fondo de la advertencia no lo ponemos en controversia. El Presupuesto total financiado con deuda en el 2012 fue de 45% y para el 2019 crecerá a un 53,5%. Hay urgencia fiscal. El problema que señaló la contralora es real. Su error estuvo en los datos que usó para comprobarlo.

En resumen: La contralora Marta Acosta usa datos inadecuados para interpretar ante los diputados que el Gobierno ha tenido que cubrir cada año con deuda pública un mayor porcentaje de los recursos del Fondo Especial para la Educación Superior (FEES).

Acosta repitió su error en una información publicada por La República:“Esa cifra (del nivel de gasto de las universidades) preocupa muchísimo en momentos en que el déficit fiscal es alto y un 75% del presupuesto que se otorga a la educación superior se financia con deuda”.

La jerarca cita datos ciertos del Presupuesto Nacional. Ella dice que el FEES aparece financiado por deuda pública en un 29% en el 2012 y aumentó a más de 76% para el 2019.

Pero hay un pero. La distribución de estos porcentajes fue subjetiva. Sacar los datos de una partida individual y ver cuánto de ella provendrá de deuda no tiene ningún uso. Esas asignaciones son azares contables, según el propio Ministerio de Hacienda. Los datos por partida no reflejan la presión mayor o menor que este o cualquier otro gasto específico ejercen sobre la deuda.

Según Hacienda, con esos datos separados no se puede decir que el FEES se esté financiando cada vez más con deuda. Tampoco pueden usarse como indicadores de la gravedad financiera del país en general.

Contraloría rechaza esta corrección. El autor del informe que presentó la contralora indicó que los datos usados sí están sujetos a la realidad, puesto que son los oficiales de Hacienda. Negó además que la intención de presentar estos datos fuera mostrar la presión que tiene el FEES en la deuda. También dijo que esos datos sí son un indicador de una tendencia de que cada vez hay una mayor presión fiscal en el país y que hay un contexto macroeconómico urgente.

Doble Check disputa el indicador que usó Contraloría, según explicaciones de Hacienda. Sin embargo, el fondo de la advertencia no lo ponemos en controversia. El Presupuesto total financiado con deuda en el 2012 fue de 45% y para el 2019 crecerá a un 53,5%. Hay urgencia fiscal. El problema que señaló la contralora es real. Su error estuvo en los datos que usó para comprobarlo.

De dónde surge el error

La contralora advirtió ante una comisión legislativa que “el Gobierno Central, para hacer frente al compromiso establecido por ley y cumplir con la transferencia del FEES a las universidades y al CONARE, ha tenido que cubrir cada año un mayor porcentaje de dichos recursos con deuda pública”. También hizo una afirmación similar para La República.

Fragmento del informe “Desafíos en la creación de valor público de las universidades estatales”, de la Contraloría General de la República

Desgranemos.

Por ley, los gastos corrientes del Gobierno deben ser financiados con ingresos corrientes del Gobierno, es decir, con impuestos. ¿Qué pasa cuando los impuestos no alcanzan para pagar todos los gastos? Hay déficit fiscal. Entonces, el Gobierno debe financiarse con plata de deuda a pesar de lo que diga la ley.

El Presupuesto Nacional es una proyección a futuro. Se “arma” restándole los gastos proyectados a los ingresos proyectados por impuestos. Cuando el saldo es negativo, Hacienda proyecta un monto de endeudamiento.

Cada partida del Presupuesto debe ir anotada con la fuente de ingreso de donde se tomará la plata para cada partida: si vendrá de impuestos o si vendrá de deuda. Esta anotación es meramente contable, ya que al momento de la ejecución, toda la plata llega a una misma bolsa. ¿Vamos bien hasta aquí? Ok.

Según el subdirector General de Presupuesto Nacional, José Luis Araya, la escogencia de cuál porción de las partidas se anota con una fuente de ingresos u otra obedece a una conveniencia contable. Es decir, los números se distribuyen para hacerle la vida más sencilla a las personas técnicas que arman la proyección. El jerarca explica:

“Cuando estamos cerrando el Presupuesto, una vez que sabemos cuántos son los ingresos determinamos cuánto tiene que ir financiado por colocación de títulos en el mercado financiero. Por ejemplo, si nos quedaron al descubierto gastos e inversiones por cinco mil millones de dólares, entonces nosotros nos preguntamos cuáles partidas de gasto nos suman esos cinco mil millones de dólares y las anotamos ahí”.

Entonces, por ejemplo, la proporción de endeudamiento no se asigna a cuentas pequeñas. Más bien, se identifican obligaciones bultosas para hacer menos anotaciones por este rubro.

¿Esa asignación refleja algo con respecto al comportamiento de las partidas? No.

No hay una relación ni una correlación entre una cosa y la otra. El FEES habría podido ser financiado por deuda en un 30% o un 70%. También podía haber sido cero”, dijo Araya.

Desde el 2012 hasta el 2019, el FEES se ha venido financiando con un mayor porcentaje de deuda. No obstante, esta es una arbitrariedad contable más que un indicador económico.

Este criterio choca con el de Manuel Corrales, el gerente de Área de Servicios Económicos que hizo el informe que presentó la contralora. El funcionario sostiene que los montos reflejados en el Presupuesto asignados a una fuente de financiamiento u otra nos dicen algo significativo sobre la presión fiscal del país si se las compara año con año.

La explicación de Hacienda sobre el proceso de confección del presupuesto lo contradice.

Dónde se dio la afirmación

La contralora General, Marta Acosta, rindió un informe ante los diputados el 4 de febrero titulado Desafíos en la creación de valor público de las universidades estatales. El dato sobre el aumento en la proporción de la deuda pública como fuente de financiamiento del FEES es una referencia lateral en su disertación: en el informe se le dedica solo un párrafo y un gráfico.

El dato fue recogido y divulgado en Twitter por los diputados liberacionistas Roberto Thompson y Wagner Jiménez. Ambos son miembros de la comisión legislativa que estudia el uso de los recursos del FEES.

La afirmación fue objetada en la misma red social por el exviceministro de Ingresos, Fernando Rodríguez, y por el asesor legislativo del Frente Amplio, Jonathan Acuña.

“Los colones no vienen marcados. Cuando yo recaudo impuestos no digo: ‘este colón es para el FEES, este para Seguridad, este para el IMAS’. Como el presupuesto se distribuye por programas entonces ahí se distribuye entre los faltantes. Por eso decía que el dato era engañoso”, explicó Rodríguez consultado por Doble Check.

Conversamos con Manuel Corrales, autor del informe que presentó la contralora. El funcionario dijo que sabe que una cosa es el Presupuesto y otra su ejecución. También dijo que su intención no fue cuestionar por qué Hacienda refleja un financiamiento del FEES con deuda y no con dinero de impuestos.

“Vimos el comportamiento de las fuentes de financiamiento y reflejamos ese comportamiento. Queríamos resaltar varias cosas. Por un lado tenemos un aumento de los ingresos de las universidades de forma sostenida en los últimos años por los traslados que se le han venido haciendo, y también un aumento en los gastos. Entonces hay aumento sostenido de ingresos en un contexto fiscal complejo para el Gobierno, en donde se supone que en el futuro los ingresos aumentan con base en inflación”, dijo Corrales.

En una solicitud posterior hecha por el despacho del diputado José María Villalta al respecto —y de la cual Doble Check tiene copia—, Corrales concedió que un cambio en los porcentajes reflejados en el presupuesto no afecta el monto de emisión de deuda. Sin embargo, defendió que ese no era el punto que quería mostrar en su informe.

Uno de los argumentos del funcionario es que el análisis que elaboró es un “análisis dinámico”. Es decir, “muestra una tendencia en el tiempo, clara, de que hay una incidencia desde el punto de vista de dónde se están obteniendo los recursos que están financiando al FEES”, dijo a Doble Check.

Jonathan Acuña, asesor del diputado Villalta, objeta esta lectura. Él pone como ejemplo los mismos datos expuestos por Contraloría. Según Acuña, entre el 2014 y el 2015, el Presupuesto total pasó de financiarse en un 43% con fuente de deuda a financiarse en un 47% con esa fuente. Es decir, aumentó el porcentaje del presupuesto financiado con deuda. Para esos mismos años, el análisis de Contraloría indica que el FEES pasó de financiarse con un 63% de deuda a un 58%. Es decir, se redujo. Para el economista, esta contradicción es suficiente para probar que el comportamiento histórico del registro de la partida del FEES no tiene relación con el comportamiento del financiamiento general del Presupuesto.

Entre aquellos años también ocurrió el sonado aumento del 14% en el FEES. No obstante, los mismos datos expuestos por Contraloría muestran la disminución en el financiamiento por deuda de la partida.

Conversamos en dos ocasiones con Corrales pero no hubo acuerdo en cuanto a los puntos disputados en este chequeo. El funcionario afirmó que los datos usados provienen del Ministerio de Hacienda. También dijo repetidamente que, la intención del gráfico y el comentario del informe fue mostrar una tendencia creciente de un contexto fiscal apremiante. “En el contexto nuestro puedo reiterarte que ese dato, ese gráfico y el comentario son correctos”, insistió.

Situación urgente

El informe contiene mucho más que la información en controversia. Como se afirmó antes, el objeto de este chequeo es una porción mínima de un informe de 32 páginas.

Corrales afirmó a Doble Check que su intención fue señalar el aporte de las universidades. Asimismo, dijo que el aumento de los ingresos y gastos al ritmo actual pone en peligro ese aporte, pues hará insostenible el nivel de gasto según una proyección realizada al 2025. Este cálculo no se basa en la interpretación en disputa sobre los números del Presupuesto Nacional.

El documento recomienda que las universidades adopten mejores herramientas de reporte de resultados y que la Asamblea Legislativa considere la incorporación a la Universidad Técnica Nacional como beneficiaria del FEES, entre otras sugerencias.

Nota del editor: Doble Check es un proyecto financiado por la Universidad de Costa Rica. Esta institución, a su vez, está financiada mayoritariamente por el FEES. La información en esta nota se trabajó con independencia de esta relación, pero se considera necesario transparentar un potencial conflicto de interés de cara a nuestra audiencia.

La Universidad de Costa Rica publicó un comunicado previo como reacción a la información refutada en este chequeo. Este pronunciamiento fue reportado posteriormente por el Semanario Universidad. La información divulgada por Doble Check se investigó y reportó sin coordinación y con independencia de estas publicaciones.

Cuatro de cada cinco armas identificadas y usadas en homicidios pertenecían a ciudadanos

En resumen: Entre las armas con número de registro legible que fueron usadas en homicidios y recuperadas por las autoridades, una proporción del 78,1% pertenecían a ciudadanos comunes. Así se desprende de un recuento hecho por el Ministerio de Seguridad Pública de 183 armas recuperadas entre el 1.º de enero del 2013 y el 31 de mayo del 2018, solicitado por Doble Check.

El resto de las armas (21,9%) pertenecían a personas jurídicas. Ninguna estaba registrada a nombre del Estado.

Los números no indican que los delitos fueran cometidos por los dueños registrales de las armas. La hipótesis de Seguridad es que la gran mayoría de estas se perdieron, fueron robadas o vendidas.

El ministro de Seguridad, Michael Soto, habló ante la Comisión de Seguridad y Narcotráfico el 14 de enero para defender las reformas a la ley actual de armas y explosivos. Dentro de las cifras que ofreció, Soto dijo que, de un total de 495 armas recuperadas vinculadas a homicidios, 312 (63%) tenían los números de serie limados. El resto, 183 (37%), estaban inscritas a nombre empresas de seguridad o de personas.

Doble Check había reportado sobre estos datos. Varios lectores solicitaron insistentemente desagregar las proporciones de esas armas registradas. Doble Check había solicitado estos datos el 17 de enero y fueron suministrados hoy.

En resumen: Entre las armas con número de registro legible que fueron usadas en homicidios y recuperadas por las autoridades, una proporción del 78,1% pertenecían a ciudadanos comunes. Así se desprende de un recuento hecho por el Ministerio de Seguridad Pública de 183 armas recuperadas entre el 1.º de enero del 2013 y el 31 de mayo del 2018, solicitado por Doble Check.

El resto de las armas (21,9%) pertenecían a personas jurídicas. Ninguna estaba registrada a nombre del Estado.

Los números no indican que los delitos fueran cometidos por los dueños registrales de las armas. La hipótesis de Seguridad es que la gran mayoría de estas se perdieron, fueron robadas o vendidas.

El ministro de Seguridad, Michael Soto, habló ante la Comisión de Seguridad y Narcotráfico el 14 de enero para defender las reformas a la ley actual de armas y explosivos. Dentro de las cifras que ofreció, Soto dijo que, de un total de 495 armas recuperadas vinculadas a homicidios, 312 (63%) tenían los números de serie limados. El resto, 183 (37%), estaban inscritas a nombre empresas de seguridad o de personas.

Doble Check había reportado sobre estos datos. Varios lectores solicitaron insistentemente desagregar las proporciones de esas armas registradas. Doble Check había solicitado estos datos el 17 de enero y fueron suministrados hoy.

Polémica

La incógnita sobre estos números había levantado controversia. La reforma a la actual ley pretende reducir el número de armas que podrá registrar en el futuro una persona: de tres, como estipula la ley actual, a solamente una.

El ministro Soto defendió ante los diputados la reducción del número máximo legal de armas argumentando que el mercado ilegal se alimenta del mercado legal. Según el jerarca, entre menos armas legales haya en el mercado, menos terminarán en manos del hampa producto de una pérdida, un hurto o una venta sin registro.

Muchos de nuestros lectores que reaccionaron a la publicación objetaron los números del ministro. Los más críticos conjeturaron que la mayoría de armas usadas en delitos provenía de empresas de seguridad y del Estado.

Durante su intervención ante los diputados, el ministro Soto dio otro dato adicional con una muestra de armas más amplia. El jerarca dijo que, de 7.830 armas que el Poder Judicial remitió a la Dirección General de Armamento para su custodia por haber sido usadas en delitos (no solo homicidios), se determinó que 2.023 estaban registradas (25,8%). Esta muestra de armas pertenece al periodo entre el 1.º de enero del 2010 al 31 de mayo del 2018.

Doble Check también solicitó la proporción de estas armas que estuvieron registradas a nombre de personas físicas, jurídicas y al Estado, pero anunciaron que esta contabilización será aún más tardada.

Segunda cifra

La nota que Doble Check publicó el 18 de enero era un desmentido sobre datos divulgados por las diputadas Zoila Rosa Volio y María Inés Solís. Las diputadas afirmaron que una insignificante minoría de delitos se cometen con armas registradas.

Solís no suministró datos a Doble Check. Volio sí lo hizo, y se había basado en un informe del Organismo de Investigación Judicial que su despacho interpretó erróneamente. Los datos del OIJ no corresponden a la misma muestra que usó el Ministerio de Seguridad.

El OIJ ofreció datos del período comprendido entre el 2015 y el 2018, cuando el Organismo recuperó 442 armas vinculadas a distintas denuncias. Entre esas armas, 48 estaban registradas a nombre de personas fìsicas o jurídicas.

Doble Check solicitó al OIJ el mismo porcentaje desagregado que pidió al Ministerio de Seguridad, pero el departamento de prensa afirmó que esa información no existía ni era posible generarla.

No obstante, es probable que el recuento de las armas del OIJ que se hubieran usado en homicidios ya estuvieran registradas en el recuento de Seguridad Pública. En una entrevista anterior con el viceministro de Seguridad, Eduardo Solano, el funcionario había referido que la Dirección General de Armamento guarda el acopio oficial de todas las armas recuperadas, incluso por el OIJ.

Nota del redactor: Esta nota fue enmendada para agregar datos que se omitieron originalmente y que restan claridad a la comprensión del tema, específicamente con respecto al número total de armas recuperadas por las autoridades que fueron usadas en distintos tipos de delitos, no solo de homicidios.

Diario Extra inventó estudio de la OEA para cuestionar restricción de armas

En resumen: Diario Extra miente al atribuirle a la Organización de Estados Americanos (OEA) un estudio inexistente en el que basa una información publicada en su portada. El diario tituló el 17 de enero: “Restricción de armas no baja tasa de homicidios“. Nunca cita la fuente original, que no es un estudio científico, sino un artículo periodístico que nada tiene que ver con la OEA. Su nota también está llena de datos desactualizados e imprecisos.

La fuente original es un análisis del 2013 de la fundación Insight Crime. Este artículo es moderado en sus conclusiones, pero Extra usó solo los datos que se alinean con su titular. En ningún sitio afirma que “la restricción de armas no baja tasa de homicidios”, aunque sí dice que, “por sí sola”, haría poco contra el crimen organizado en las zonas más peligrosas de Latinoamérica. Sí conjetura que los límites podrían reducir la delincuencia común y disminuir la violencia ocasional.

El diario nacional no copia esta información. Por el contrario, solo señala la falta de correlación entre la restricción de armas y las tasas de homicidios en seis países de Latinoamérica. Finalmente, cita las opiniones de varios opositores nacionales a la propuesta del Ejecutivo para reducir el número de armas que legalmente puede inscribir una persona.

La nota tampoco buscó el balance con opiniones de las autoridades oficiales.

El viceministro de Seguridad, Eduardo Solano, concedió que no hay datos que muestren una correlación entre políticas de restricción de armas y la baja en los homicidios en Costa Rica. Tanto Solano como un oficial del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo adujeron que señalar esta falta de correlación lleva truco. Ambos dijeron que el aumento o disminución de los homicidios en una sociedad es un fenómeno de muchas causas. La disponibilidad de armas legales es solo un factor.

El jerarca sí destacó la evidencia de que las sociedades en donde hay más armas en circulación es donde hay más homicidios por armas de fuego. Esto tiene sustento.

Doble Check buscó las reacciones de la directora de Diario Extra, Paola Hernández, y del redactor Gustavo Retana, pero no respondieron. Nosotros hicimos un análisis de su nota sección por sección.

En resumen: Diario Extra miente al atribuirle a la Organización de Estados Americanos (OEA) un estudio inexistente en el que basa una información publicada en su portada. El diario tituló el 17 de enero: “Restricción de armas no baja tasa de homicidios“. Nunca cita la fuente original, que no es un estudio científico, sino un artículo periodístico que nada tiene que ver con la OEA. Su nota también está llena de datos desactualizados e imprecisos.

La fuente original es un análisis del 2013 de la fundación Insight Crime. Este artículo es moderado en sus conclusiones, pero Extra usó solo los datos que se alinean con su titular. En ningún sitio afirma que “la restricción de armas no baja tasa de homicidios”, aunque sí dice que, “por sí sola”, haría poco contra el crimen organizado en las zonas más peligrosas de Latinoamérica. Sí conjetura que los límites podrían reducir la delincuencia común y disminuir la violencia ocasional.

El diario nacional no copia esta información. Por el contrario, solo señala la falta de correlación entre la restricción de armas y las tasas de homicidios en seis países de Latinoamérica. Finalmente, cita las opiniones de varios opositores nacionales a la propuesta del Ejecutivo para reducir el número de armas que legalmente puede inscribir una persona.

La nota tampoco buscó el balance con opiniones de las autoridades oficiales.

El viceministro de Seguridad, Eduardo Solano, concedió que no hay datos que muestren una correlación entre políticas de restricción de armas y la baja en los homicidios en Costa Rica. Tanto Solano como un oficial del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo adujeron que señalar esta falta de correlación lleva truco. Ambos dijeron que el aumento o disminución de los homicidios en una sociedad es un fenómeno de muchas causas. La disponibilidad de armas legales es solo un factor.

El jerarca sí destacó la evidencia de que las sociedades en donde hay más armas en circulación es donde hay más homicidios por armas de fuego. Esto tiene sustento.

Doble Check buscó las reacciones de la directora de Diario Extra, Paola Hernández, y del redactor Gustavo Retana, pero no respondieron. Nosotros hicimos un análisis de su nota sección por sección.

Estudio inexistente

El periodista Gustavo Retana cita supuestos datos de la OEA para afirmar que en Latinoamérica es donde existen políticas más estrictas en cuanto a tenencia de armas. Esto es falso, tanto por la afirmación como al aducir que la OEA lo afirme.

La nota cita “expertos internacionales”, pero no los menciona. También dice que estudios hechos en México, Brasil, Venezuela, Honduras, Chile y Uruguay demuestran que no hay correlación entre la disminución de homicidios y la tenencia de armas. Primero, no se han hecho “estudios”, la nota solo se basa en el análisis periodístico hecho por la fundación InSight Crime y firmado por Marguerite Cawley. En segundo lugar, de esta publicación no se podría desprender que la “restricción de armas no baja la tasa de homicidios”. Dice que no se detecta una correlación, lo cual es distinto.

Atribuciones falsas

La nota cita Small Arms Survey, la cual efectivamente es una fuente de consulta para la publicación original que Diario Extra usó como plantilla para la suya. Sin embargo, aunque hay un vocero de la organización en la nota de InSight Crime, Small Arms Survey no ha publicado estudios específicos sobre la relación entre la tenencia legal de armas y los homicidios.

Su memoria anual del 2012 sí se refiere muy tangencialmente el tema. Por ejemplo, cita una experiencia en Brasil en el 2003, y sugiere que el control de armas estatal ayudó a bajar la tasa de homicidios y hospitalizaciones. Igualmente sugiere que una reducción de la inequidad social en Buenos Aires, Argentina, en el 2002, ayudó a bajar los índices de violencia, más que las políticas de control de armas.

Por otra parte, cuando Diario Extra cita: “De los 23 países estudiados, los homicidios superan el 42% del promedio mundial”, esos son datos del 2012 citados por el artículo original en el 2013.

Honduras y Chile

De todos los datos expuestos en la nota de Extra, los de Honduras son los peores, y no necesariamente por Honduras, sino por Extra.

El diario dice que Honduras es el país más peligroso del mundo, según la OEA. Tanto el dato como la atribución son falsos. En los últimos años, Honduras ha bajado a menos de la mitad su tasa de homicidios, pero Extra se quedó con las cifras que publicó InSight Crime en el 2013. Este país hace rato dejó de contar 95 homicidios por cada 100.000 habitantes; el 2018 cerró con una tasa de 42.

La nota de InSight Crime afirmaba también que el país se preparaba para limitar la tenencia civil de armas por persona: de cinco a una. Extra asumió que la limitación se impuso y reportó que se dio “hace pocos años”. La realidad es que la ley se aprobó apenas en setiembre pasado, y la reducción aprobada fue de cinco armas a tres.

Extra también copia el dato de Chile, y afirma que su tasa de homicidios es de 3,3 muertes por cada 100.000 habitantes. El dato correcto es de 2,7 para el 2018.

El diario nacional recoge una supuesta cita del informe de la OEA (recordemos que no hay tal informe) que en realidad es de InSight Crime. En ella se afirma que en Chile se puede tener “una cantidad indeterminada de armas”. Esto es falso, en realidad hay un límite de dos. Si un ciudadano requiriese más hay que inscribirlas como armas deportivas, de cacería o de colección.

México y Brasil

El diario nacional sigue citando a InSight Crime cuando habla de México y Brasil, aunque aquí trató (infructuosamente) de actualizar las cifras.

Para el caso de México, Extra afirma que México registró 15.973 homicidios para una tasa de 11,01 por cada cien mil habitantes en el 2018. Esta fue la cantidad de homicidios únicamente del primer semestre del 2018. En realidad hubo 34.202 personas asesinadas en México en ese año, con una tasa de 23,1.

En Brasil, estos datos también son incorrectos: el diario reportó que la tasa era de 30,3 por cada 100.000 habitantes, cuando en realidad fue de 25, según datos parciales.

Titular no se sostiene

Contrastada contra la información original, y en buena jerga periodística, el titular de Diario Extra se cae.

El análisis de InSight concluye: “Un enfoque regulado probablemente reducirá la posesión de armas y tendrá un impacto en la delincuencia común y la violencia ocasional, pero la legislación de armas, por sí sola, poco hará para controlar a los grupos criminales, responsables de la violencia rampante, en las zonas más peligrosas de la región”.

No entraremos a chequear la última sección de la nota de Diario Extra en donde cita al excandidato presidencial Juan Diego Castro, al activista proarmas Esteban Ruiz y al diputado Gustavo Viales porque todas sus afirmaciones fueron opiniones.

El meollo del asunto

¿Se puede probar una correlación entre los homicidios y las políticas de restricción de armas para la ciudadanía? La respuesta corta es no, pero al limitarnos a este ‘no’ obviamos que la pregunta viene con truco.

El homicidio es un fenómeno multicausal, según Randall Brenes, oficial de Desarrollo Humano y Gobernabilidad del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). Para un estudio es muy difícil establecer una relación directa entre cualquiera de estas causas y las tasas de homicidio.

Es decir, es muy complicado comparar a seis países latinoamericanos solo tomando en cuenta dos variables: tasa de homicidios y leyes de control de armas. La dificultad está en que cada país tiene otras condiciones muy particulares (pobreza, tráfico de drogas, crimen organizado, etc.) que pueden favorecerlos o perjudicarlos.

Brenes solo pudo referir con confianza a un metaanálisis del 2016 publicado en la revista de la Asociación Médica Americana, JAMA Internal Medicine. El estudio sintetiza 34 otras investigaciones científicas que vinculan las variables de homicidios y control de armas en Estados Unidos. La conclusión general es que “la literatura sugiere que las leyes que endurecen la verificación de antecedentes y que requieren de un permiso para comprar un arma de fuego podrían estar entre las estrategias más efectivas (para reducir los homicidios con armas de fuego)”.

El artículo de InSight Crime que Diario Extra usó como plantilla tiene varios argumentos valiosos que el diario nacional decidió obviar. Por ejemplo, un vocero de Small Arms Survey “dijo que la naturaleza altamente concentrada de la violencia armada —en las regiones fronterizas y en los centros de tráfico de drogas, por ejemplo— hace que sea difícil encontrar patrones concluyentes sobre el impacto de la política de control de armas”.

En Costa Rica, el argumento oficial a favor de reducir la cantidad de armas en manos de civiles es que el mercado ilegal se alimenta del mercado legal.

El viceministro de Seguridad, Eduardo Solano, adujo que disminuir la disponibilidad de armas para la ciudadanía reduce un factor de riesgo para la ocurrencia de incidentes violentos. El jerarca adujo que se basan en varios estudios que sí indican una correlación entre sociedades más armadas y mayores tasas de homicidios con armas de fuego. Esta afirmación está sustentada por Small Arms Survey, por ejemplo. Además, afirmó que el proyecto de reforma a la Ley de Armas y Explosivos también incluye mayores controles para las empresas de seguridad.

“Las armas de fuego hay que regularlas y, a nuestro criterio, una persona debe tener el arma de fuego que sea necesaria para su defensa, si opta por esa opción, y nadie necesita más de una”, dijo Solano.

Cifras del Ministerio de Seguridad indican que un 37% de las armas recuperadas desde el 2013 hasta mayo del 2018 y vinculadas a homicidios estuvieron registradas legalmente. No obstante, la mayoría de las armas de fuego recuperadas por las autoridades tienen la serie limada. Por ello no es posible saber si estuvieron registradas en algún momento y en cuál proporción pertenecían al Estado, a empresas de seguridad o a particulares.

Ahí está el talón de Aquiles del Gobierno para abogar por un mayor control para los ciudadanos. Grupos opuestos a la iniciativa de reducir el número de armas que pueda registrar una persona ponen en duda que la respuesta a la violencia sea la reducción de armas para la ciudadanía pues, hasta ahora, el “aporte” de estas armas a los índices de criminalidad es desconocido.

Doble Check ya solicitó los datos a la Dirección de Armamento y está a la espera de los resultados.