Es falso que huelga de 69 días motivó la creación del aguinaldo

El derecho a recibir el decimotercer mes de salario en Costa Rica, conocido como aguinaldo, no se creó gracias a una huelga nacional de 69 días en 1954.

Una imagen que se usa para divulgar estas falsedades históricas circula, al menos, desde hace casi un año. Albino Vargas, presidente de la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados, compartió esa imagen el pasado 13 de setiembre. La publicación se acompaña además con una fotografía que parece referir a una huelga en Honduras en 1954.

Aunque los comparte, Vargas no es el autor de la falsa relación. La imagen pertenece originalmente a una publicación hecha hace un año en el perfil de Facebook de una persona privada que parece que reside en Costa Rica. Ella, a su vez, comparte otra imagen que pertenece a otra información viral que se divulgó en redes hondureñas de Facebook sobre la huelga que sí ocurrió en 1954 en ese país.

El derecho al aguinaldo sí se ganó coincidentemente en ese año en Costa Rica mediante la Ley de Pago de Aguinaldo para los Servidores Públicos (Ley 1835). El incentivo no se extendió a los asalariados de la empresa privada hasta octubre de 1959 (Ley 2412).

El historiador Vladimir de la Cruz explicó a Doble Check que ambos progresos en los derechos de las personas trabajadoras se dieron a través de leyes en la Asamblea Legislativa y no mediante protestas ciudadanas para su creación.

De la Cruz agrega que fue el entonces diputado (y luego presidente) Luis Alberto Monge quien tuvo la iniciativa hacer una ley para extender el decimotercer mes a todas las personas asalariadas. El historiador afirma que es común el error de atribuirle el logro al expresidente Mario Echandi, por haberse firmado durante su mandato. Sin embargo, Echandi incluso había vetado la ley. Los diputados resellaron el proyecto cuando el Ejecutivo se los devolvió.

[NOTA ACTUALIZADA]

El derecho a recibir el decimotercer mes de salario en Costa Rica, conocido como aguinaldo, no se creó gracias a una huelga nacional de 69 días en 1954.

Una imagen que se usa para divulgar estas falsedades históricas circula, al menos, desde hace casi un año. Albino Vargas, presidente de la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados, compartió esa imagen el pasado 13 de setiembre. La publicación se acompaña además con una fotografía que parece referir a una huelga en Honduras en 1954.

Aunque los comparte, Vargas no es el autor de la falsa relación. La imagen pertenece originalmente a una publicación hecha hace un año en el perfil de Facebook de una persona privada que parece que reside en Costa Rica. Ella, a su vez, comparte otra imagen que pertenece a otra información viral que se divulgó en redes hondureñas de Facebook sobre la huelga que sí ocurrió en 1954 en ese país.

Esta publicación de Facebook ligó erróneamente una huelga en Honduras con la aprobación del aguinaldo en Costa Rica. Albino Vargas compartió la información errónea en Twitter.

El derecho al aguinaldo sí se ganó coincidentemente en ese año en Costa Rica mediante la Ley de Pago de Aguinaldo para los Servidores Públicos (Ley 1835). El incentivo no se extendió a los asalariados de la empresa privada hasta octubre de 1959 (Ley 2412).

El historiador Vladimir de la Cruz explicó a Doble Check que ambos progresos en los derechos de las personas trabajadoras se dieron a través de leyes en la Asamblea Legislativa y no mediante protestas ciudadanas para su creación.

De la Cruz agrega que fue el entonces diputado (y luego presidente) Luis Alberto Monge quien tuvo la iniciativa hacer una ley para extender el decimotercer mes a todas las personas asalariadas. El historiador afirma que es común el error de atribuirle el logro al expresidente Mario Echandi, por haberse firmado durante su mandato. Sin embargo, Echandi incluso había vetado la ley. Los diputados resellaron el proyecto cuando el Ejecutivo se los devolvió.

La huelga que sí existió

En el país sí se vivió una protesta social para el respeto del derecho al aguinaldo, pero fue en 1959, cuando las leyes ya habían sido aprobadas.

En 1959 hubo una huelga general de trabajadores bananeros contra la United Fruit Company. La compañía frutera se negó a pagar el recién aprobado aguinaldo para las personas asalariadas del sector privado. Esta negativa provocó que sus trabajadores de la Zona Sur mantuvieran el movimiento por 26 días sin salario. (Otra fuente señala que fueron 27 días).

Finalmente, el Estado se hizo cargo del pago del aguinaldo a los trabajadores. La compañía bananera asumió el compromiso laboral hasta cuatro años después, según un recuento del docente universitario Javier Olivares.

Doble Check intentó conversar con Albino Vargas sobre la refutación de la información que compartió. No hubo una respuesta oportuna de su parte tras llamarlo a su teléfono y escribirle por Whatsapp.

Lea más sobre la historia del aguinaldo en este artículo que había publicado Vladimir de la Cruz en La República.

Lea sobre la huelga por el aguinaldo de los trabajadores bananeros en 1959 en este artículo de Javier Olivares.

Lea este artículo de opinión del exlíder sindical Gilbert Brown, en donde recapitula cómo se ganó el derecho al aguinaldo.

Nota del redactor/editor: Un primer enfoque de esta verificación informaba en su titular: «Derecho al aguinaldo no se ganó por la vía de la huelga». Después de justificadas críticas de lectores y lectoras concordamos con que ese título inducía a error.
La frase invitaba a una inferencia excesiva y equivocada: que las huelgas no tuvieron relevancia para cimentar el ejercicio y el respeto del derecho al aguinaldo. Ofrecemos disculpas por ello.
Este segundo enfoque se limita a verificar la existencia de una huelga nacional de 69 días para la creación del aguinaldo en Costa Rica, lo cual es falso según la información recopilada.
Intentaremos ejercer exámenes más cuidadosos en el futuro. Agradecemos a las personas que nos siguen y que se involucran activamente en analizar la información que publicamos.

 

Algunos medios y políticos reportan erróneamente sobre orden de la Contraloría a la CCSS

Varios medios y figuras políticas divulgaron información errónea sobre una orden que extendió hoy la Contraloría General de la República a la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS).

Uno de los errores fue afirmar que la orden se refería a la obligatoriedad de cumplir con la regla fiscal. En esta confusión cayeron la cuenta oficial de la bancada del Partido Unidad Social Cristiana en Twitter, así como informaciones publicadas por Noticias Repretel y Noticias Monumental.

En realidad, la orden de la Contraloría se refiere a un asunto completamente separado: la ilegitimidad de los acuerdos entre la Caja y los sindicatos de salud en temas de incentivos salariales. La regla fiscal es otra cosa. Tiene que ver con un límite a la inversión de las instituciones según el endeudamiento del país. La Sala Constitucional ya había definido que los regímenes que sostienen la CCSS están por encima de esta restricción de la reforma fiscal.

La segunda es una mala interpretación. Varias figuras del Partido Unidad Social Cristiana afirmaron en Twitter que la Contraloría declaró la nulidad de los acuerdos que habían sido tomados por la CCSS y los sindicatos en febrero y agosto.

Es cierto que la CGR emitió su orden a raíz de una solicitud de nulidad presentada por la bancada socialcristiana. Sin embargo, la Contraloría expresamente evita conceder tal nulidad. La institución justifica esta posición en que ni siquiera reconoce los acuerdos entre la Caja y los sindicatos como un “acto administrativo”. Es decir, ni siquiera existía un acto por anular en primer lugar.

Eso sí, para fines prácticos, el resultado parece ser idéntico. La Contraloría le ordena a la Caja obviar los acuerdos hechos con los sindicatos y acatar las disposiciones de empleo público contenidas en la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas. Estas están en un apartado distinto que el de la regla fiscal.

En resumen: Varios medios y figuras políticas divulgaron información errónea sobre una orden que extendió hoy la Contraloría General de la República a la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS).

Uno de los errores fue afirmar que la orden se refería a la obligatoriedad de cumplir con la regla fiscal. En esta confusión cayeron la cuenta oficial de la bancada del Partido Unidad Social Cristiana en Twitter, así como informaciones publicadas por Noticias Repretel y Noticias Monumental.

En realidad, la orden de la Contraloría se refiere a un asunto completamente separado: la ilegitimidad de los acuerdos entre la Caja y los sindicatos de salud en temas de incentivos salariales. La regla fiscal es otra cosa. Tiene que ver con un límite a la inversión de las instituciones según el endeudamiento del país. La Sala Constitucional ya había definido que los regímenes que sostienen la CCSS están por encima de esta restricción de la reforma fiscal.

La segunda es una mala interpretación. Varias figuras del Partido Unidad Social Cristiana afirmaron en Twitter que la Contraloría declaró la nulidad de los acuerdos que habían sido tomados por la CCSS y los sindicatos en febrero y agosto.

Es cierto que la CGR emitió su orden a raíz de una solicitud de nulidad presentada por la bancada socialcristiana. Sin embargo, la Contraloría expresamente evita conceder tal nulidad. La institución justifica esta posición en que ni siquiera reconoce los acuerdos entre la Caja y los sindicatos como un “acto administrativo”. Es decir, ni siquiera existía un acto por anular en primer lugar.

Eso sí, para fines prácticos, el resultado parece ser idéntico. La Contraloría le ordena a la Caja obviar los acuerdos hechos con los sindicatos y acatar las disposiciones de empleo público contenidas en la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas. Estas están en un apartado distinto que el de la regla fiscal.

El conflicto

La Contraloría estudió una denuncia presentada por siete diputados del PUSC el 13 de agosto. Los legisladores buscaban anular dos acuerdos entre el gobierno y los sindicatos de salud.

Un acuerdo había sido tomado en febrero. Su principal punto era que el cálculo de las anualidades se seguiría haciendo con base en un porcentaje y no como un monto nominal para los empleados contratados en la Caja al momento de la entrada en vigencia del plan fiscal. El uso de un monto nominal había sido justamente uno de los cambios dispuestos en la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas.

El otro acuerdo, del 12 de agosto, le había puesto fin a la huelga en este sector. El acuerdo indicaba que los empleados continuarían recibiendo sus incentivos con base en un cálculo porcentual a menos que un tribunal contencioso determinara la invalidez del acuerdo de febrero.

Ese proceso podría tardar años. Por ello, los diputados socialcristianos pidieron la intervención de la Contraloría. Tras la orden emitida hoy por la institución, varias figuras políticas de la Unidad se manifestaron satisfechas. Sin embargo, aunque el resultado fue el deseado, sus manifestaciones son erróneas. La Contraloría no emitió una nulidad.

Quienes erróneamente divulgaron esta interpretación fueron la diputada María Inés Solís, su colega Rodolfo Peña y el analista político Juan Carlos Hidalgo.

Al final, la Contraloría defiende las intenciones originales del plan fiscal en materia de empleo público. En corto, le ordena a la Caja que obvie los acuerdos y que aplique la ley, en cuenta el cálculo de los incentivos como un monto nominal y no como porcentaje para todos sus empleados, nuevos y antiguos.

Lo que dijo la CGR

La Contraloría indicó que los acuerdos no pueden ser considerados como actos administrativos. Las razones expuestas se resumen así:

  1. Los actos administrativos deben ser unilaterales. Los acuerdos fueron multilaterales y no exclusivos de la Administración en ejercicio de sus competencias.
  2. El contenido de los acuerdos es diverso y no indica la normativa que lo sustenta.
  3. La metodología de cálculo para el pago de ciertos incentivos salariales no es en sí misma un derecho adquirido.

La CGR razona que los acuerdos no tienen las características de un “acto administrativo”. Por ello no puede ordenar la nulidad de los acuerdos, ni tampoco la CCSS puede hacer una declaratoria de lesividad (es decir, someter los acuerdos a un proceso contencioso) porque no hay tal acto.

Es decir, la Contraloría dice que todos están hablando en el aire. Lea aquí el oficio completo de la Contraloría.

La regla fiscal no tiene nada que ver

En todo este asunto no entra la regla fiscal. Este es un límite presupuestario que se incluyó en la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas. La regla restringe el gasto corriente en las entidades estatales no financieras en relación con el porcentaje de endeudamiento reflejado en el Presupuesto Nacional.

Una de las polémicas más encendidas durante la discusión del plan fiscal era si la CCSS entraba en esta limitación. El asunto fue resuelto parcialmente por la Sala Constitucional, cuando resolvió que los tres principales regímenes que sustentan a la institución están libres de acatar esa disposición del plan fiscal.

Hacienda, por su parte, anunció que examinará cada año el presupuesto de la Caja. Ello le permitirá diferenciar aquellas partidas que no estén financiadas por esos regímenes. Doble Check está investigando cuál es el porcentaje del presupuesto de la institución que no está financiado por las fuentes exentas de la regla.

La cuenta oficial de la bancada del PUSC confundió los conceptos tratados hoy por la Contraloría, y afirmó en Twitter que se refería a la regla fiscal. Lo mismo sucedió con los medios Noticias Monumental y Noticias Repretel.

Doble Check contactó a Randall Rivera, director de Monumental, y con el periodista de Repretel, Fernando Brenes. Ambos periodistas reconocieron la falla. Rivera atribuyó la información a un error humano y afirmó que habían hecho las correcciones correspondientes, tanto al aire como en su sitio web.

Nota del editor: Una versión anterior de esta nota incluía a la diputada liberacionista Silvia Hernández como una de las personas que habían asumido que la orden de la Contraloría implicaba un mandato de acatar la regla fiscal. La diputada sí se refirió a la regla fiscal pero en un contexto más amplio, que Doble Check no leyó adecuadamente. Por ello se eliminó la referencia a la diputada.

Pluses, exoneraciones y evasión: Refutación de un gráfico engañoso

Con cada nueva discusión sobre pluses en el sector público resucitan memes viejos. Vamos barra por barra con este gráfico y veamos por qué es engañoso.

Con cada nueva discusión sobre pluses en el sector público resucitan memes viejos. Vamos barra por barra con este gráfico y veamos por qué es engañoso.

Es falso que exministro Édgar Mora no tenga maestría de Harvard

Una página de Facebook divulgó falsamente que el exministro Édgar Mora no tiene una maestría en Harvard. La información falsa afirmó el 3 de julio: «El ex funcionario sólo tiene un bachillerato en una universidad privada y llevó un curso en una universidad de EEUU como parte de un programa con las municipalidades. No tiene ni licenciatura, ni maestrías».

Mora sí ganó un título de máster en Administración Pública por la Universidad de Harvard. El exministro estudió allí entre el 2013 y el 2014, con una beca completa del Ash Center for Democratic Governance and Innovation, de la misma universidad.

Doble Check solicitó confirmación al propio Mora y él remitió copia de sus títulos. Entre ellos remitió el de la universidad, el de la Escuela de Gobierno John F. Kennedy, el reconocimiento del Ash Center y los apostillados estatales.

Una página de Facebook divulgó falsamente que el exministro Édgar Mora no tiene una maestría en Harvard. La información falsa afirmó el 3 de julio: «El ex funcionario sólo tiene un bachillerato en una universidad privada y llevó un curso en una universidad de EEUU como parte de un programa con las municipalidades. No tiene ni licenciatura, ni maestrías».

Mora sí ganó un título de máster en Administración Pública por la Universidad de Harvard. El exministro estudió allí entre el 2013 y el 2014, con una beca completa del Ash Center for Democratic Governance and Innovation, de la misma universidad.

Doble Check solicitó confirmación al propio Mora y él remitió copia de sus títulos. Entre ellos remitió el de la universidad, el de la Escuela de Gobierno John F. Kennedy, el reconocimiento del Ash Center y los apostillados estatales.

 

En el 2014, Mora obtuvo el título de máster en Administración Pública de la Universidad de Harvard.

Mora estudió con beca completa

El Ash Center se presenta como un centro para la formación de líderes que promuevan innovación y reformas institucionales. La institución otorga solo una beca completa al año, y Mora fue el elegido en el 2013. Varias publicaciones de este centro también confirman la condición de exbecario de Mora.

Doble Check también hizo una consulta directa a la universidad, pero no ha habido una respuesta oportuna.

El exministro de Educación también es bachiller en Periodismo por la Universidad Latina y tiene un diplomado en Ordenamiento Territorial de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales.

La que parece ser la publicación falsa original fue compartida también por Twitter y Whatsapp.

La información falsa fue divulgada más de 3.000 veces en la que supuestamente es la publicación original, la página «No a la corrupción en Costa Rica».

Doble Check se comunicó con los administradores de la publicación. La persona que respondió eludió ofrecer pruebas de su denuncia y acusó a nuestro proyecto de estar al servicio del Partido Acción Ciudadana. Al consultársele, el interlocutor además mencionó el nombre de tres personas como las administradoras de la página. Sin embargo, la persona no ofreció un medio para poder verificar la certeza de esa información, por lo que no la consignamos.

Respuesta a de la página «No a la corrupción en Costa Rica» ante las consultas sobre su publicación.

Doble Check es un proyecto financiado por la Universidad de Costa Rica. El medio es apartidario e independiente editorialmente de la universidad y de sus medios. Puede encontrar más información aquí.

Varios lectores de Doble Check nos hicieron llegar la consulta sobre la veracidad de la publicación falsa a través de Facebook, Twitter y nuestra plataforma de La Tía de Whatsapp (8521-8137).

 


Nota del redactor: Esta nota fue actualizada después de recibir la respuesta de la página «No a la corrupción en Costa Rica».

No hay sustento en la conjetura de Diario Extra sobre nombramiento de Édgar Mora en embajada

No hay razón para presumir que el exministro de Educación, Édgar Mora, pudiera ser considerado para un puesto en una embajada. Sin embargo, esta suposición sin fundamento fue divulgada por Diario Extra el martes 2 de julio.

La publicación expresa su conjetura basada en una respuesta que ofreció la ministra de Comunicación, Nancy Marín, tras el anuncio de la renuncia de su colega.

La funcionaria se refirió al tema tras una consulta directa del periodista del medio. Marín expresó: “La posibilidad de colocación en algún otro lado para el señor Édgar Mora es potestad del señor presidente y del Consejo de Gobierno, que en su momento si es necesario hará una valoración, pero en este momento no se tiene nada definido”.

El medio atribuye textualmente a “rumores” la posibilidad de que Mora fuera nombrado como embajador. Diario Extra además traza una similitud con el caso de María Fullmen. Tras su renuncia como presidenta del IMAS, a Fullmen se le designó como embajadora en Colombia.

Doble Check solicitó una ampliación a Casa Presidencial sobre este asunto. Desde la Dirección de Comunicación se informó: «La Ministra de Comunicación, Nancy Marín, confirma que el señor exministro, Edgar Mora, no irá para alguna embajada».

Doble Check quiso indagar si Diario Extra contaba con información adicional que no fuera consignada en la nota. Se trató de conversar con el redactor Marco Antonio González, pero no hubo respuesta.

No hay razón para presumir que el exministro de Educación, Edgar Mora, pudiera ser considerado para un puesto en una embajada. Sin embargo, esta suposición sin fundamento fue divulgada por Diario Extra el martes 2 de julio.

El periódico publica su conjetura basado en una respuesta que ofreció la ministra de Comunicación, Nancy Marín, tras el anuncio de la renuncia de su colega.

La funcionaria se refirió al tema tras una consulta directa del periodista del medio. Marín expresó:  «La posibilidad de colocación en algún otro lado para el señor Édgar Mora es potestad del señor presidente y del Consejo de Gobierno, que en su momento si es necesario hará una valoración, pero en este momento no se tiene nada definido».

Diario Extra fundamenta su titular en rumores y en que interpreta que Presidencia no descartó la posibilidad.

El medio atribuye textualmente a «rumores» la posibilidad de que Mora fuera nombrado como embajador. Diario Extra además traza una similitud con el caso de María Fullmen. Tras su renuncia como presidenta del IMAS, a Fullmen se le designó como embajadora en Colombia.

Doble Check solicitó una ampliación a Casa Presidencial sobre este asunto. Desde la Dirección de Comunicación se informó: «La Ministra de Comunicación, Nancy Marín, confirma que el señor exministro, Edgar Mora, no irá para alguna embajada».

Doble Check quiso indagar si Diario Extra contaba con información adicional que no fuera consignada en la nota. Se trató de conversar con el redactor Marco Antonio González pero no hubo respuesta.

Refrito informativo también estira conjeturas

El medio digital Noti Costa Rica publicó un refrito de la nota de Diario Extra. En él tituló: «Edgar Mora iría a una embajada y estudiantes a la cárcel».

Una información de Noti Costa Rica no solo conjetura falsamente sobre el destino de Mora, sino sobre el de detenidos en los bloqueos de vías.

La nota alude a las detenciones de varias personas «por participar en los bloqueos» como medida de presión para pedir la renuncia del ministro Mora.

La información, que no aparece firmada, no da mayores detalles. Noti Costa Rica parece referirse a dos menores de edad que fueron detenidos tras el levantamiento de un bloqueo en Pérez Zeledón en la noche entre el 1.º y el 2 de julio.

«Varias personas que pedían la cabeza del hoy exministro terminarían en la cárcel o condenadas por las autoridades judiciales y Edgar Mora viviendo en el extranjero», concluye la nota.

La nota conjetura tanto sobre el destino del exministro como de los imputados por bloquear vías.

Dos personas menores de edad efectivamente quedaron a la orden de la Fiscalía Adjunta Penal Juvenil, con sede en Pérez Zeledón. A ellas se les imputan los delitos de obstrucción de la vía pública y resistencia.

«A ambos jóvenes, de 17 años, se les tomó los datos de identificación en el transcurso de la mañana y posteriormente, se ordenó su libertad, aunque seguirán siendo investigados bajo el expediente penal 19-94-1124-PJ», informó el Poder Judicial.

La Fiscalía también confirmó la detención otros seis sospechosos mayores de edad en la misma jornada y lugar. Estas personas están en libertad sin medidas cautelares, aunque siguen siendo investigadas.

Nota del redactor: Darío Chinchilla fue compañero universitario y es amigo personal de la ministra de Comunicación Nancy Marín. Los criterios editoriales de Doble Check son independientes de esta relación pero se considera importante divulgar su existencia de cara a la audiencia. No hubo una comunicación directa entre ambos para la elaboración de esta información.