Diputada propone limitar aborto impune con argumento falso e incompleto

En resumen: La diputada independiente del bloque Nueva República, Ivonne Acuña, propone eliminar la posibilidad del aborto en casos de riesgo para la salud de la madre, pues alega que la salud es un «concepto jurídico indeterminado». Eso es falso.

Acuña impulsa un proyecto de ley para que la interrupción del embarazo se permita únicamente para evitar un peligro a la vida de la madre. El Código Penal permite actualmente el aborto cuando peligren tanto la vida como la salud de la mujer y cuando ese método no hubiera podido ser evitado por otros medios.

La legisladora también argumenta que «la protección de la salud forma parte intrínseca del derecho de la vida». Agrega que esa protección ha sido reconocida por la Sala Constitucional. Esa afirmación está incompleta.

La Sala Constitucional sí ha reconocido que el derecho a la salud se deriva del derecho a la vida. Sin embargo, la legisladora omite que el tribunal también considera la salud como un derecho autónomo y con su propio contenido esencial.

Además, el derecho a la salud en Costa Rica es un concepto plenamente definido. Así se desprende tanto de votos vinculantes de la Sala como del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, al que Costa Rica está suscrito.

En resumen: La diputada independiente del bloque Nueva República, Ivonne Acuña, propone eliminar la posibilidad del aborto en casos de riesgo para la salud de la madre, pues alega que la salud es un «concepto jurídico indeterminado». Eso es falso.

Acuña impulsa un proyecto de ley para que la interrupción del embarazo se permita únicamente para evitar un peligro a la vida de la madre. El Código Penal permite actualmente el aborto cuando peligren tanto la vida como la salud de la mujer y cuando ese método no hubiera podido ser evitado por otros medios.

La legisladora también argumenta que «la protección de la salud forma parte intrínseca del derecho de la vida». Agrega que esa protección ha sido reconocida por la Sala Constitucional. Esa afirmación está incompleta.

La Sala Constitucional sí ha reconocido que el derecho a la salud se ha derivado del derecho a la vida. Sin embargo, la legisladora omite que el tribunal también considera la salud como un derecho autónomo y con su propio contenido esencial.

Además, el derecho a la salud en Costa Rica es un concepto plenamente definido. Así se desprende tanto de votos vinculantes de la Sala como del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, al que Costa Rica está suscrito y que la Sala emplea como base para su jurisprudencia.

¿Cuándo se permite el aborto en la ley?

En Costa Rica, el Código Penal de 1970 estableció la figura del aborto impune en su artículo 121:

 

«No es punible el aborto practicado con consentimiento de la mujer por un médico o por una obstétrica autorizada, cuando no hubiere sido posible la intervención del primero, si se ha hecho con el fin de evitar un peligro para la vida o la salud de la madre y éste no ha podido ser evitado por otros medios».

Lo que dice Ivonne Acuña y su proyecto de ley

El pasado 21 de octubre, la diputada independiente Ivonne Acuña presentó, junto a otros legisladores, el proyecto de ley N.º 21.661 para eliminar de la excepción de impunidad del aborto el peligro para la salud de la mujer.

Según la propuesta, el artículo se limitaría así: «No es punible el aborto practicado por un médico con el consentimiento de la mujer, si se ha hecho con el fin de evitar un peligro grave e inminente para la vida de la madre y este peligro no ha podido ser evitado por otros medios.»

La legisladora afirmó en su perfil de Facebook que «el proyecto tiene la intención de suprimir los conceptos jurídicos indeterminados, por ejemplo de la definición del concepto de la salud». El texto de la iniciativa señala que «el legislador tiene ante la ciudadanía el deber de suprimir los conceptos jurídicos imprecisos».

En un artículo de Noticias Monumental, Acuña justificó que «sacamos el término ‘salud’ bajo el entendido de que la Sala Constitucional ha sido reiterada en decir que la protección de la salud forma parte intrínseca del derecho de la vida. Es decir, al decir que cuando la vida de la mujer peligre, se entiende que es su salud».

De manera similar, el texto del proyecto de ley indica que «nuestra jurisprudencia constitucional ha reconocido la relevancia del derecho a la salud, como parte esencial del derecho a la vida».

Argumento falso e incompleto

Es cierto que la Sala Constitucional ha reconocido que el derecho a la salud se origina del derecho a la vida. Sin embargo, la diputada Acuña omite que ese tribunal advierte que la salud es un derecho autónomo y esencial en sí mismo. Acuña también omite que la Sala Constitucional ha definido el derecho a la salud en su jurisprudencia con base en tratados internacionales suscritos por Costa Rica.

Una de las referencias más recientes es la resolución Nº 05560 – 2019, de marzo pasado, donde se ordenó a la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS) la creación de un sistema de gestión integrado para solventar problemas en las listas de espera.

En los argumentos de esa resolución, el tribunal subraya que «esta Sala Constitucional en múltiples sentencias ha desarrollado el derecho a la salud», y da referencia a distintas sentencias del año 2011 al 2019. La resolución cita textualmente la definición que ha desarrollado en esa jurisprudencia:

«Si bien es cierto que el derecho a la salud ha sido derivado del derecho a la vida y a un ambiente saludable y ecológicamente equilibrado por su interrelación con esos derechos, no podemos dejar de lado que este derecho fundamental es un derecho autónomo y con su propio contenido esencial«, reiteró la Sala en marzo pasado.

El tribunal constitucional basa principalmente su definición sobre el derecho a la salud en el artículo 12 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, firmado en la Asamblea General de la Organización de Naciones Unidas (ONU) en 1976, y donde Costa Rica es firmante.

«En efecto, en dicho instrumento internacional de derechos humanos se establece claramente el derecho de toda persona al disfrutar del más alto nivel posible de salud física y mental, por lo que el Estado y sus instituciones tienen el deber de asegurar la plena efectividad de ese derecho a través de una serie de acciones positivas y del ejercicio de las potestades de regulación, fiscalización y de policía sanitaria», afirma la resolución de la Sala.

De esa manera, la Sala Constitucional advierte que dicho deber significa «la  prevención y el tratamiento efectivo de enfermedades, así como la creación de condiciones que aseguren a todos la asistencia médica y servicios médicos de calidad en caso de enfermedad». Dicho tribunal añade que el derecho a la salud comprende «la disponibilidad de servicios y programas de salud en cantidad suficiente para los usuarios de estos servicios y destinatarios de estos programas».

La Sala Constitucional también recalca que la garantía de accesibilidad a los servicios y programas de salud es parte de ese derecho. Según ese tribunal, la accesibilidad tiene cuatro dimensiones: la no discriminación en el acceso a los servicios de salud, la accesibilidad física, la accesibilidad económica y la accesibilidad a la información.

Como parte del concepto del derecho a la salud, la Sala reconoce que los servicios de salud pública deben ser «respetuosos con la ética médica, culturalmente apropiados, dirigidos a la mejora de la salud de los pacientes, confidenciales» y la calidad de la base científica y médica de los servicios.

La coordinadora de la Maestría de Ciencias Penales de la Universidad de Costa Rica (UCR), Rosaura Chinchilla, aclaró a Doble Check que «en términos generales, si existe una normativa en un tratado, [la salud] deja de ser un concepto jurídico indeterminado porque el contenido lo llena el tratado». Además, Chinchilla recalcó que una definición dada por la Sala Constitucional en su jurisprudencia es vinculante, según el artículo 13 de la Ley de Jurisdicción Constitucional.

Este viernes, Doble Check informó de estos hallazgos a la diputada Ivonne Acuña y solicitó su reacción. Sin embargo, no se obtuvo respuesta oportunamente.

 

 

 

 

 

Escuela de Estadística de la UCR no hizo ni hará encuesta sobre elecciones municipales

En resumen: Es falso que la Escuela de Estadística de la Universidad de Costa Rica (UCR) hubiera realizado encuestas sobre la intención de voto para las elecciones municipales del 2020. Entre este martes y miércoles, un perfil en Facebook que se identifica como un medio de comunicación y noticias de Jacó publicó información falsa atribuida a esa […]

En resumen: Es falso que la Escuela de Estadística de la Universidad de Costa Rica (UCR) hubiera realizado encuestas sobre la intención de voto para las elecciones municipales del 2020.

Entre este martes y miércoles, un perfil en Facebook que se identifica como un medio de comunicación y noticias de Jacó publicó información falsa atribuida a esa escuela universitaria. La publicación afirma que el candidato del Partido Liberación Nacional (PLN) y actual alcalde del cantón de Garabito de Puntarenas, Tobías Murillo, encabeza una encuesta en ese cantón.

Inicialmente, la página difundió que el margen de apoyo al candidato liberacionista es de 85,2% de los votantes. Esa publicación fue borrada y, al día siguiente, el supuesto medio afirmó que el apoyo a ese postulante es de 45%.

El director de la Escuela de Estadística de la UCR, Johnny Madrigal, desmintió las publicaciones. Madrigal aseguró que ese centro de estudios no ha realizado encuestas sobre las elecciones municipales de febrero 2020, y que tampoco tienen prevista alguna investigación de ese tipo para los próximos meses.

Datos sin sentido

El perfil en Facebook que divulgó la información falsa se identifica como un medio de comunicación y noticias de Jacó. Tiene más de 15.000 seguidores. La página publicó que el candidato del Partido Liberación Nacional (PLN) y actual alcalde de Garabito de Puntarenas, Tobías Murillo, encabeza la intención de voto cantonal. Dicho perfil atribuye esa conclusión a una encuesta de la Escuela de Estadística de la UCR.

Publicación difundida el martes 22 de octubre sobre una supuesta encuesta de la UCR.

El pasado martes, el perfil difundió que el porcentaje de apoyo al candidato del PLN era de 85,2%. A Murillo supuestamente lo seguía en preferencia Víctor Ríos, quien es identificado como aspirante del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), con un margen de 78,6%. En el tercer lugar se ubica al candidato del Partido Integración Nacional (PIN), con 76% de la intención de voto. Esos resultados no tienen sentido, pues suman un porcentaje de 239% de población total.

La publicación inicial fue borrada y sustituida el miércoles con resultados distintos. Ahora, el perfil calcula la intención de voto para esos candidatos en 45,5%, 35% y 19,5% respectivamente. Tales datos son atribuidos nuevamente a la Escuela de Estadística de la UCR.

Los resultados de la supuesta encuesta fueron modificados drásticamente el miércoles 23 de octubre.

Ninguna de esas cifras tiene relación con esa unidad académica, confirmó a Doble Check su director, Johnny Madrigal. «No he participado por la Escuela en esa encuesta y no es cierto que fue realizada por la Escuela de Estadística», aseguró.

Madrigal añadió que, actualmente, la Escuela no tiene prevista alguna investigación sobre intención de voto en Garabito de Puntarenas ni en ningún otro cantón para las elecciones municipales del 2020.

Doble Check compartió la explicación de Madrigal con el perfil que publicó los resultados de la supuesta encuesta, pero no se obtuvo respuesta oportunamente.

Esta verificación es una consulta de nuestros lectores de Garabito de Puntarenas. Puede enviarnos sus dudas si alguna publicación sobre la campaña municipal de su cantón le generara desconfianza. Escríbanos a Facebook, Twitter y nuestra plataforma de La Tía de Whatsapp (8521-8137).

 

Es falso que solo Costa Rica pague salario durante huelgas, como dijo Telenoticias

En resumen: Es falso que Costa Rica sea el único país del mundo donde se pagan los salarios a trabajadores mientras están en huelga. Así lo divulgó Telenoticias.

A inicios de setiembre pasado, ese noticiero publicó una información titulada como «Estudio: Costa Rica es el único país del mundo que paga salario a trabajadores en huelga». Telenoticias añadió que «en todos los demás países, mientras los trabajadores están en paro, no reciben pago».

El noticiero atribuyó esas afirmaciones a un análisis del director en Costa Rica de la firma de abogados BDS Asesores, Marco Durante.

Sin embargo, Durante advirtió a Doble Check que su análisis solamente incluyó algunos países de Europa Occidental, Centroamérica, México, República Dominicana, Colombia y Perú. Durante aseguró que sus conclusiones no pueden generalizarse a todas las naciones del mundo, tal como hizo Telenoticias.

Existe otro estudio de la Organización Internacional de Empleadores, del 2017. El análisis permite inferir que el pago a los trabajadores durante periodos de huelga sí es inusual en distintos países analizados. Eso sí, ese estudio lanza información contradictoria en al menos dos casos con respecto al análisis de BDS Asesores.

Doble Check sí pudo confirmar la existencia de, al menos, un país latinoamericano cuya legislación también permite que se perciba el salario simultáneamente a la realización de una huelga: Bolivia.

En resumen: Es falso que Costa Rica sea el único país del mundo donde se pagan los salarios a trabajadores mientras están en huelga. Así lo había divulgado Telenoticias.

A inicios de setiembre pasado, ese noticiero publicó una información titulada: «Estudio: Costa Rica es el único país del mundo que paga salario a trabajadores en huelga». Telenoticias añadió que «en todos los demás países, mientras los trabajadores están en paro, no reciben pago».

El noticiario atribuyó esas afirmaciones a un análisis del director en Costa Rica de la firma de abogados BDS Asesores, Marco Durante.

Sin embargo, Durante advirtió a Doble Check que su análisis solamente incluyó algunos países de Europa Occidental, Centroamérica, México, República Dominicana, Colombia y Perú. Durante aseguró que sus conclusiones no pueden generalizarse a todas las naciones del mundo, tal como hizo Telenoticias.

Existe otro estudio de la Organización Internacional de Empleadores, del 2017. El análisis permite inferir que el pago a los trabajadores en periodos de huelga sí es inusual en distintos países analizados. Eso sí, ese estudio lanza información contradictoria en al menos dos casos con respecto al análisis de BDS Asesores.

Doble Check sí pudo confirmar la existencia de, al menos, un país latinoamericano cuya legislación también permite que se perciba el salario simultáneamente a la realización de una huelga desde el primer día de paro: Bolivia.

¿Cómo se regula el salario durante huelgas en Costa Rica?

La Reforma Procesal Laboral del 2016 plasmó en el Código de Trabajo de Costa Rica que «la terminación de los contratos de trabajo o, en su defecto, el rebajo salarial o cualquier tipo de sanción, solo será procedente a partir de la declaratoria de ilegalidad de la huelga», según el artículo 379.

Esa norma se basó en el voto N°10832-2011 de la Sala Constitucional, del año 2011. Así lo refirió a Doble Check el abogado laborista Mauricio Castro. Él participó en la redacción de la Reforma Procesal Laboral y propuso el artículo 379 en el texto.

El Tribunal de Apelaciones de Trabajo del Primer Circuito Judicial emitió una sentencia al respecto a finales del 2018. La resolución sostuvo que esos rebajos salariales no pueden hacerse desde antes de la declaración de ilegalidad de una huelga. La instancia judicial dispuso: «La aplicación de sanciones disciplinarias y rebajos salariales […] no podrán realizarse de forma retroactiva, únicamente a futuro y a partir de la firmeza de esta sentencia, una vez operado el aviso de 24 horas previsto por la legislación procesal para efectos de concertar el reinicio de las actividades».

El 10 de septiembre pasado, un grupo de diputados envió a consulta a la Sala Constitucional el proyecto de Ley para brindar seguridad jurídica sobre la huelga y sus procedimientos. La iniciativa propone la suspensión de salarios desde el momento en que se inicia la huelga.

El proyecto consta en el expediente legislativo número 21.049. La iniciativa fue aprobada en primer debate a inicios de septiembre, cuando Telenoticias publicó su artículo.

Estudio de BDS Asesores no abarca todo el mundo

En su artículo, Telenoticias afirmó que «Costa Rica es el único país del mundo donde no se suspenden los salarios a los trabajadores mientras están en huelga». «En todos los demás países, mientras los trabajadores están en paro, no reciben pago. Así lo asegura un estudio en Derecho Laboral realizado por expertos en esta materia», añadió.

La noticia también afirmó que «sólo en Costa Rica los trabajadores pueden pasar hasta meses en huelga, como la pasada contra el plan fiscal y a nadie se le rebaja el salario, a menos de que la huelga se declare ilegal». El artículo agregó que «mientras tanto, en el resto del mundo lo normal es que al trabajador que se va a huelga se le suspende el salario desde el primer día que no trabaja».

La nota también fue compartida por la Cámara de Industrias de Costa Rica en su perfil de Facebook.

El programa televisivo se basó en un análisis de la firma BDS Asesores. El socio director de la compañía, Marco Durante, presentó el estudio. «Paradójicamente, Costa Rica es la única legislación que se conoce en la que los trabajadores, durante el tiempo de huelga, están percibiendo un salario», afirmó Durante en Telenoticias.

Sin embargo, Durante aclaró a Doble Check que su análisis no incluyó a todos los países del mundo. De Europa, el estudio hacía referencia a Italia, Francia, Alemania, España, Reino Unido, Bélgica, Países Bajos, Suecia y Noruega. Los países americanos que BDS Asesores incluyó en su comparación fueron México, Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Panamá, República Dominicana, Colombia, Chile, y Perú.

«El estudio nuestro se limitó a la legislación comparada más usual a la que nosotros tenemos acceso gracias a la red a la que nosotros pertenecemos. [El análisis] en todo el mundo, eso es imposible«, advirtió Durante a Doble Check.

La nota de Telenoticias menciona a esos países, pero solo como ejemplos. El noticiero omitió que esas eran las únicas naciones a las que podía compararse a Costa Rica, según BDS Asesores.

Doble Check contactó a la redactora del artículo, Yessenia Alvarado. La periodista respondió: «Nos basamos en la información que nos dio el señor Durante, quien nos indicó que había realizado el estudio». El abogado insistió a Doble Check que su estudio no fue mundial.

Otro estudio choca con resultados de BDS Asesores

Doble Check tuvo acceso a otro estudio que comparó la reglamentación de la huelga en 40 países. El documento se llama «Resultados de la encuesta sobre la huelga en los países miembro de la OIE«. La Organización Internacional de Empleadores (OIE), cuya sede está en Suiza, hizo el análisis.

Los gremios de empleadores privados de cada nación suministraron los insumos para el estudio. Por ejemplo, la organización proveedora de datos sobre Costa Rica fue la Unión Costarricense de Cámaras y Asociaciones del Sector Empresarial Privado (UCCAEP).

El estudio concluye que «como norma general, el empleador no paga el salario a los huelguistas durante la acción colectiva». Sin embargo, también recalca que «en algunos países la legislación, la jurisprudencia y la práctica da a los huelguistas derecho a percibir su salario durante la acción colectiva», donde señala los casos de Brasil, Bolivia, Costa Rica, Guatemala, Ecuador, Zambia y México (si el Tribunal del Trabajo determina que la causa de la huelga es la conducta del empleador, pero en ningún caso por huelgas solidarias).

Así, el informe de la OIE parece chocar en los casos de Guatemala y México con la comparación de BDS Asesores.

Marco Durante dijo estar enterado de la existencia de ese informe de la OIE. El abogado opinó que algunos pasajes son confusos en su redacción. Por ejemplo, el estudio ubica a Brasil en la lista de países donde se paga el salario durante la huelga. Sin embargo, también aparece en la recopilación de naciones donde los pagos se suspenden durante los movimientos de paro.

Durante comunicó a Doble Check con el socio de BDS Asesores en Guatemala, Randolf Castellanos. El abogado explicó que la legislación de ese país permite la suspensión de salarios durante la huelga. También permite su devolución a los trabajadores, pero solo si el movimiento es declarado legal y justo.

El abogado Durante reconoció que su comparación no distinguió si los países analizados reconocen la devolución posterior de los salarios en caso de que la legitimidad de la huelga sea reconocida legalmente. Doble Check pidió una versión escrita del análisis de BDS Asesores. Durante contestó que este «no fue plasmado en un documento».

Doble Check también intentó comunicarse con la vocera de la Organización Internacional de Empleadores en Suiza. También envió consultas a la embajada de México en Costa Rica, y a dos abogados laboristas de México. No se obtuvo respuesta oportuna en ninguno de estos casos.

Bolivia permite pago de salario en período de huelga

Doble Check sí pudo confirmar que la legislación de Bolivia —como indica la OIE en su estudio del 2017— permite que las huelgas se realicen con el pago simultáneo de los salarios desde el primer día de huelga. Estas son condiciones similares a las de Costa Rica.

Ese país prevé en su legislación que los trabajadores deben completar un proceso de conciliación y arbitraje antes de convocar a una huelga. Ese es el requisito legal para que se les pague el salario durante el movimiento.

«La Ley General del Trabajo (1942) y su Decreto Reglamentario establecen que una huelga es legal y, por tanto, sin descuentos, cuando fracasaron las gestiones de conciliación y arbitraje en la negociación del pliego de peticiones de los trabajadores. Si la decisión final de este proceso, llamada laudo arbitral, es desfavorable a los trabajadores, entonces, estos pueden declarar la huelga sin la suspensión de sus salarios«, explicó a Doble Check Bruno Rojas, investigador del Centro de Estudios para el Desarrollo Laboral y Agrario (CEDLA) de Bolivia.

El especialista Ricardo Paredes había plasmado una crítica en 1992 a esa disposición en la legislación boliviana. Paredes fue asesor del Instituto de Harvard para el Desarrollo Internacional para la Unidad de Análisis de Políticas Sociales y Económicas (UDAPE) de Bolivia.

«Un problema que existe en la legislación boliviana vigente que agudiza las medidas tomadas por las partes y que reduce la capacidad de la huelga de flexibilizar las posiciones es que los empresarios deben pagar los salarios a los trabajadores durante el período de la misma o declarar el lock-out, que según se entiende, es el cierre total de la empresa. Así, si el empresario no declara el lock-out, al mantenerse el pago de salarios se elimina el incentivo de los trabajadores a flexibilizar sus posiciones durante la huelga», concluyó Paredes.

Sin embargo, el investigador Bruno Rojas advirtió que el proceso de conciliación y arbitraje para iniciar la huelga en Bolivia generalmente es difícil de cumplir. Existen varios obstáculos burocráticos que pueden presentarse, y la huelga podría declararse ilegal sin esos requisitos cumplidos. Rojas recalcó que «generalmente, la huelga en Bolivia es declarada ilegal, dando lugar al descuentos de los salarios» o a la negociación de formas de reponer los días de paro.

Además, el artículo 118 de la Ley General de Trabajo de Bolivia prohíbe «la suspensión del trabajo en los servicios de carácter público». Esta prohibición propicia que movimientos de empleados de administración pública, servicios de agua potable, sanidad y comunicaciones también sean declarados como ilegales, agregó Rojas.

«La radicalidad en los conflictos y lo intrincado de los procesos previos para llegar a la huelga hacen que, en la actualidad, la gran mayoría de las huelgas en Bolivia sean ilegales. No obstante, pasa a ser frecuentemente el mismo Estado quien, con una actitud errática induce al pago de salarios para finalizar el conflicto», señaló el análisis de Paredes y el Instituto de Harvard para el Desarrollo Internacional en la década de 1990.

El periodista boliviano Ronald Catari, miembro de la Red Latinoamericana de Jóvenes Periodistas, también señaló a Doble Check que en las huelgas ilegales en ese país «casi siempre existe un acuerdo en que se debe pagar lo descontado».

El problema con las comparaciones

¿Por qué es inusual entre los países que exista una norma que garantice el pago de salarios hasta que la huelga no sea declarada ilegal? Doble Check le pidió su criterio al abogado laborista Mauricio Castro. Él participó en la redacción de la Reforma Procesal Laboral y fue quien propuso ese artículo en cuestión.

Castro reconoce que es complicado hacer una comparación de normas jurídicas entre países que tienen culturas jurídicas distintas.

En términos laborales, el abogado hace una clasificación gruesa de dos tipos de países. Están aquellos que tienen una cultura jurídica, política y social que entiende el conflicto entre empleadores y trabajadores como un fenómeno ordinario. Por otra parte, están los países que ven el conflicto como algo nocivo. Castro opina que Costa Rica pertenece a esa segunda tradición de países. En estos Estados no hay mecanismos propicios para prevenir y gestionar los conflictos laborales, dice el abogado.

Bajo esta lógica, Castro advierte que sí podría ser excepcional la norma costarricense que garantiza el pago de salarios hasta que una huelga fuera declarada ilegal. Sin embargo, advierte que la norma podría ser inusual porque existe otra amplia tradición de países que legitiman la huelga, la negociación y la resolución de conflictos colectivos. En esos países no sería necesaria la norma porque hay vías más ágiles para solucionar conflictos.

“En todos esos otros países (que legitiman la huelga) no vas a encontrar, y posiblemente no se justifique, una norma que impida el rebajo de salarios hasta que la huelga se declare ilegal porque la huelga normalmente tiene una menor duración y dispara esos mecanismos institucionales de negociación y de solución de conflictos”, dice Castro.

Orden presidencial no causó baja de 10% en tarifas eléctricas del ICE

En resumen: Es falso que una petición presidencial hubiera provocado un rebajo en las tarifas de electricidad del Instituto Costarricense de Electricidad. La disminución tarifaria que anunció la institución la semana pasada por un 10% proviene mayoritariamente de una orden de Aresep y, minoritariamente , por una disminución en el uso de combustibles fósiles para generar energía. Casa Presidencial no aportó pruebas de que la petición del presidente Carlos Alvarado tuviera relación con el rebajo.

El presidente de la República anunció que había pedido al ICE, el 1.º de septiembre, la presentación de una «ruta para bajar tarifas». «Eso ya se materializó con la reducción para abonados del ICE en un 10% promedio», afirmó el presidente en Twitter. Las causas de esa disminución se habían establecido desde antes de la solicitud del mandatario.

Ante consultas de Doble Check, Casa Presidencial y el ICE reconocieron que ese rebajo de 10% se debe a dos razones. La primera parte de la reducción en las tarifas del servicio de electricidad será de 2,8% y regirá a partir de octubre de este año. La rebaja está atribuida a la caída del consumo de respaldo térmico porque «el ICE recurrió menos de lo proyectado a sus plantas de búnker o diésel para satisfacer la demanda del país».

Casa Presidencial no ha facilitado la proyección inicial que tenía el ICE sobre la generación eléctrica por combustibles o la fecha en que esa expectativa cambió.

El segundo tracto de la rebaja anunciada es de 7,4% y comenzará  el 1.º de enero del 2020. El origen de ese margen había sido establecido por la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (Aresep) desde el pasado 22 de marzo, debido al vencimiento del pliego tarifario del 2017.

Casa Presidencial y el ICE omitieron en su anuncio que, en esa misma resolución del 22 de marzo, Aresep había aprobado que las tarifas eléctricas del 2021 aumentarán 3,5% a causa de un nuevo pliego tarifario. Así, la disminución de 7,4% que anunció el gobierno solo aplicará para el año 2020.

En resumen: Es falso que una petición presidencial hubiera provocado un rebajo en las tarifas de electricidad del Instituto Costarricense de Electricidad. La disminución tarifaria que anunció la institución la semana pasada por un 10% proviene mayoritariamente de una orden de Aresep y, minoritariamente , por una disminución en el uso de combustibles fósiles para generar energía. Casa Presidencial no aportó pruebas de que la petición del presidente Carlos Alvarado tuviera relación con el rebajo.

El presidente de la República anunció que había pedido al ICE, el 1.º de septiembre, la presentación de una «ruta para bajar tarifas». «Eso ya se materializó con la reducción para abonados del ICE en un 10% promedio», afirmó el presidente en Twitter. Las causas de esa disminución se habían establecido desde antes de la solicitud del mandatario.

Ante consultas de Doble Check, Casa Presidencial y el ICE reconocieron que ese rebajo de 10% se debe a dos razones. La primera parte de la reducción en las tarifas del servicio de electricidad será de 2,8% y regirá a partir de octubre de este año. La rebaja está atribuida a la caída del consumo de respaldo térmico porque «el ICE recurrió menos de lo proyectado a sus plantas de búnker o diésel para satisfacer la demanda del país».

Casa Presidencial no ha facilitado la proyección inicial que tenía el ICE sobre la generación eléctrica por combustibles o la fecha en que esa expectativa cambió.

El segundo tracto de la rebaja anunciada es de 7,4% y comenzará  el 1.º de enero del 2020. El origen de ese margen había sido establecido por la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (Aresep) desde el pasado 22 de marzo, debido al vencimiento del pliego tarifario del 2017.

Casa Presidencial y el ICE omitieron en su anuncio que, en esa misma resolución del 22 de marzo, Aresep había aprobado que las tarifas eléctricas del 2021 aumentarán 3,5% a causa de un nuevo pliego tarifario. Así, la disminución de 7,4% que anunció el gobierno solo aplicará para el año 2020.

¿Qué dijo Carlos Alvarado?

El presidente de la República, Carlos Alvarado, anunció en redes sociales el pasado 1.º de octubre que las tarifas por el servicio de electricidad del ICE disminuirán 10% gracias a una petición que él hizo a esa institución.

«El 1 de setiembre en cadena pedí al ICE presentar su ruta para bajar tarifas. Eso ya se materializó con la reducción para abonados del ICE en un 10% promedio», dijo el mandatario en su perfil de Twitter.

El día siguiente, Casa Presidencial y el ICE difundieron un comunicado de prensa donde se atribuye tal disminución a la suma de dos razones: una caída en el uso de combustibles para cubrir la demanda eléctrica del país (2,8%) y la liquidación del pliego tarifario del 2017 (7,4%). El gobierno señaló que el rebajo se implementará entre octubre de este año y enero del 2020.

Sin embargo, no es posible afirmar que esas medidas tengan relación con una solicitud que hubiera hecho Carlos Alvarado en septiembre. En la cadena nacional a la que el mandatario hace referencia, él únicamente afirma que «el ICE presentará este año su plan para reducir el costo de la energía». En el mensaje no hace ninguna referencia a una petición personal.

¿De dónde viene la rebaja de 2,8%?

El gobierno anunció que la primera parte de la reducción es de 2,8% y se debe a la caída del uso de combustibles fósiles para la generación de electricidad. El cambio regirá a partir del 1.º de octubre de este año, y se verá reflejado en las tarifas eléctricas en el rubro de Costo Variable del Combustible (CVC).

«Como resultado de la optimización constante de la matriz de generación eléctrica, el ICE recurrió menos de lo proyectado a sus plantas de búnker o diésel para satisfacer la demanda del país», destacaron Casa Presidencial y el ICE en sus comunicados.

Doble Check solicitó la proyección original que tenía el ICE sobre el uso de combustibles para cubrir su demanda y el periodo cubierto en la estimación, con el fin de evaluar la relación entre la petición del presidente Carlos Alvarado y dicha medida. Este lunes, Casa Presidencial solo contestó que «se está solicitando la información respectiva».

«El Mercado Eléctrico Regional (MER) ha permitido optimizar el intercambio de electricidad del país con la región. Esto ha llevado a una administración más eficiente de los recursos de la matriz eléctrica nacional, reduciendo el consumo del respaldo térmico en la época seca, particularmente en un año de condiciones de sequía como el presente», justificó Casa Presidencial.

¿A qué se debe la disminución de 7,4%?

La segunda porción de la rebaja en las tarifas del ICE que anunció el gobierno se basa en la liquidación del pliego tarifario del 2017.

«El segundo de los tractos se aplicará a partir del 1 de enero de 2020. Corresponde a la liquidación del pliego tarifario de 2017, que concluirá el próximo 31 de diciembre. Este porcentaje de rebaja es de 7,4%», divulgó el gobierno la semana pasada.

Tal disminución ya había sido establecida por medio de procesos de solicitud de ajuste tarifario entre el ICE y la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (Aresep) meses antes de que el presidente de la República hiciera su anuncio.

El 3 de diciembre del 2018, la Aresep resolvió una petición del ICE para ajustar sus tarifas de distribución de energía eléctrica del 1.º de enero al 31 de diciembre del 2019. La petición correspondía a la liquidación tarifaria del 2017. El ICE pidió un aumento de casi 13% en el rubro, aunque la autoridad reguladora solo aprobó un cambio de 7,9%.

Días después, el ICE solicitó un aumento adicional de casi 10% en sus tarifas de distribución para el periodo del 1.º de abril del 2019 hasta el 31 de diciembre del 2020. La Aresep aprobó un aumento de solo 4,82% para dicho periodo. Así quedó registrado en la resolución RE-0026-IE-2019.

En la resolución consta que las tarifas para el 2020 son hasta 7,4% menores que los cargos vigentes en el presente año. Esa diferencia se debe al vencimiento del pliego tarifario del 2017. De allí proviene la disminución promocionada por el gobierno recientemente.

El gobierno y el ICE omitieron en sus anuncios que ese mismo pronunciamiento de Aresep estableció un aumento de 3,54% para las tarifas de electricidad a partir del 1.º de enero del 2021 por el ajuste de un nuevo pliego tarifario. De esa manera, el rebajo de 7,4% que promociona el gobierno solo aplicará para los cobros del año 2020.

Ajustes aprobados por Aresep en marzo pasado sobre las tarifas de distribución de electricidad del ICE del 1.º de abril del 2019 hasta el 2021. (Fuente: Aresep).

Casa Presidencial no aportó evidencia de que la petición de septiembre del presidente de la República hubiera ocasionado el rebajo de 10% en las tarifas eléctricas del ICE para el 2020 y lo que resta de este año.

«A la fecha, el ICE trabaja en la contención del gasto, la limitación de inversiones y la renegociación de deudas y de contratos de compra a los generadores privados. El resultado de estos esfuerzos, junto al vencimiento de fideicomisos para construcción de infraestructura, se verá reflejado en la solicitud ordinaria que se presentará en el segundo semestre de 2020», respondió únicamente Casa Presidencial.

 

 

 

 

 

 

Costa Rica no gasta más en seguridad que el resto de Centroamérica junta

En resumen: Es falso que el presupuesto de seguridad pública de Costa Rica sea mayor al del resto de países centroamericanos combinados, como afirmó el programa satírico Suave un Toque.

El pasado 16 de septiembre, Suave un Toque publicó un monólogo en el que afirmó que “para el 2016, Costa Rica gastó $950 millones en seguridad. Eso es más que la suma de los presupuestos del resto de países centroamericanos, que tienen ejército”.

El dato surge de un cálculo inadecuado. Suave un Toque comparó el presupuesto en seguridad pública civil de Costa Rica con los presupuestos militares de otros cuatro países de Centroamérica, pero deja de lado las inversiones en seguridad pública civil de esas naciones. Cuando se compara solamente inversión civil, resulta que la suma de los presupuestos de los cuatro países casi duplican nominalmente al de Costa Rica.

Además, el programa excluye a Panamá del cálculo. Ese es el país que más invierte en seguridad pública en el istmo. Al comparar el gasto en seguridad de los seis países, la porción correspondiente a Costa Rica es casi un cuarto de la inversión total de Centroamérica.

La comparación de Suave un Toque tiene un problema adicional: la hace únicamente sobre montos nominales. El programa no menciona la proporción que el gasto en seguridad representa en el presupuesto o en el porcentaje del producto interno bruto (PIB) de cada país. Ello hubiera resultado en diferencias mucho más moderadas.

En resumen: Es falso que el presupuesto de seguridad pública de Costa Rica sea mayor al del resto de países centroamericanos combinados, como afirmó el programa satírico Suave un Toque.

El pasado 16 de septiembre, Suave un Toque publicó un monólogo en el que afirmó que “para el 2016, Costa Rica gastó $950 millones en seguridad. Eso es más que la suma de los presupuestos del resto de países centroamericanos, que tienen ejército”.

El dato surge de un cálculo inadecuado. Suave un Toque comparó el presupuesto en seguridad pública civil de Costa Rica con los presupuestos militares de otros cuatro países de Centroamérica, pero deja de lado las inversiones en seguridad pública civil de esas naciones. Cuando se compara solamente inversión civil, resulta que la suma de los presupuestos de los cuatro países casi duplican nominalmente al de Costa Rica.

Además, el programa excluye a Panamá del cálculo. Ese es el país que más invierte en seguridad pública en el istmo. Al comparar el gasto en seguridad de los seis países, la porción correspondiente a Costa Rica es casi un cuarto de la inversión total de Centroamérica.

La comparación de Suave un Toque tiene un problema adicional: la hace únicamente sobre montos nominales. El programa no menciona la proporción que el gasto en seguridad representa en el presupuesto o en el porcentaje del producto interno bruto (PIB) de cada país. Ello hubiera resultado en diferencias mucho más moderadas.

¿Qué dijo Suave un Toque?

El programa audiovisual transmitido vía web, Suave un Toque, publicó un monólogo donde criticó los que considera que son varios mitos nacionales. Entre ellos tocó el mito del país pacífico, y para refutarlo mencionó el monto que dedica Costa Rica a la seguridad pública.

“Para el 2016, Costa Rica gastó 950 millones de dólares en seguridad. Eso es más que la suma de los presupuestos del resto de países centroamericanos, que tienen ejército”, afirmó el presentador de ese medio de comunicación.

Simultáneamente a esa afirmación, Suave un Toque mostró un mapa con un billete de  ₡50.000 sobre Costa Rica y monedas de ₡100 sobre el resto de naciones del istmo, excepto Belice. La gráfica incluyó a Panamá, aunque el cálculo presentado por el programa excluyó a ese país.

Datos revueltos

Suave un Toque indicó a Doble Check que la fuente de su afirmación fue el Atlas Comparativo de la Defensa en América Latina y el Caribe del 2016. Ese estudio fue elaborado por la Red de Seguridad y Defensa de América Latina (Resdal).

El informe está enfocado en los gastos de fuerzas militares en la región. Dado que Costa Rica y Panamá carecen de ejército, el informe incluyó a esas naciones por medio de sus presupuestos de seguridad pública. Es decir, principalmente sus cuerpos policiales. Ese mismo estudio omite los montos destinados a los cuerpos policiales de las naciones que sí tienen ejército.

Así, Suave un Toque comparó el presupuesto de seguridad pública de Costa Rica frente a la suma de los recursos destinados a fuerzas militares de Guatemala, El Salvador, Honduras y Nicaragua. El programa no consideró los gastos de seguridad pública civil de cada uno de esos países.

Esos datos de gasto en seguridad civil no están disponibles en el informe del 2016. Para acceder a ellos se debe consultar el Índice de Seguridad Pública de Centroamérica, cuyo último informe se publicó en el 2013.

Doble Check contactó a Suave un Toque para preguntar sobre esta omisión.

«La crítica del monólogo es, precisamente, ¿cómo es posible que un país sin ejército (pacífico, etc…) gaste tanto en su seguridad, incluso que esa cifra supere la suma del presupuesto de los ejércitos del resto de países centroamericanos?», justificó el equipo de Suave un Toque en un mensaje de correo electrónico.

Sin embargo, ese medio no aclaró en su monólogo que ese era el tipo de comparación que pretendía mostrar. La afirmación apuntó explícitamente a «seguridad».

¿Cuál es la diferencia entre los datos de seguridad civil y de defensa?

Cuando se comparan los datos de inversión en seguridad civil y los de defensa se comparan partidas que se destinan a instituciones diferentes.

En el caso de Costa Rica, el presupuesto de seguridad civil incluye a nueve instituciones estatales. La mayoría de los recursos se destina al Ministerio de Seguridad Pública, la administración penitenciaria del Ministerio de Justicia y Paz, el Ministerio Público y el Organismo de Investigación Judicial (OIJ). También se incluyen entidades más pequeñas como la Policía de Tránsito, la Policía de Control Fiscal (Ministerio de Hacienda) y la Defensoría de los Habitantes.

En contraste, los presupuestos de defensa están limitados a las fuerzas militares de cada nación: el Ejército, la Fuerza Aérea y la Fuerza Naval.

Eso sí, el informe del 2016 de la Resdal sobre defensa subraya que las fuerzas armadas de la región también apoyan algunas operaciones de seguridad interna.

En Guatemala, Honduras y El Salvador, el Ejército apoya patrullajes y retenes de seguridad, y custodia en centros penitenciarios. En Nicaragua, el Ejército también brinda protección a la cosecha cafetalera. Las fuerzas militares ejercen actividades de control de armas, antinarcóticos y operaciones contra crimen organizado en todos estos países.

Cifras desmienten a Suave un Toque

La suma de los presupuestos de seguridad pública de Guatemala, El Salvador, Honduras y Nicaragua —los países que consideró Suave un Toque— para el año 2013 casi duplican los recursos que Costa Rica destinó a ese tema. Cuando a estos datos se le suman los gastos en defensa, el presupuesto de esos cuatro países triplican al de Costa Rica.

Así lo revela el informe de seguridad de Resdal del 2013, lo cual refuta el dato de Suave un Toque. La investigación recopila los datos de seguridad civil de las naciones que forman parte del Sistema de la Integración Centroamericana (SICA): Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica y Panamá.

El margen es aún mayor cuando se incluye a Panamá en los cálculos. Entre las seis naciones del SICA, Costa Rica constituyó apenas un cuarto del presupuesto de seguridad pública en el 2013.

El problema de usar montos nominales

Las comparaciones de los presupuestos como porcentajes del Producto Interno Bruto (PIB) o como porcentajes del presupuesto total de cada Estado también muestran que Suave un Toque presentó una imagen distorsionada.

“Decidimos hacer la comparación con los presupuestos porque los gastos totales hechos por Costa Rica en seguridad, independientemente de la producción nacional de cada país, son muy altos; queríamos hacer referencia a la magnitud del monto”, respondió Suave un Toque ante una consulta de Doble Check.

Sin embargo, las comparaciones de esos presupuestos frente al PIB o al gasto total del Estado son referencias que, precisamente, ponen en perspectiva la magnitud de cada cifra.

Veamos el siguiente ejemplo: suponga que, por mes, usted tiene un salario de ₡100.000 y gasta ₡50.000 en comida. Su vecino también gasta ₡50.000 en comida por mes, pero su salario es de ₡1 millón.  Ambos compran comida con un costo de ₡50.000. Sin embargo, ese gasto representa la mitad de su salario, mientras que solo es el 5% de los recursos de su vecino. ¿Sobre quién pesa más el gasto en comida?

El informe de la Resdal del 2013 muestra que el gasto de seguridad pública de Costa Rica fue similar al de El Salvador, seguidos de cerca por Guatemala y Honduras. Así resulta si esos presupuestos se analizaran como porcentajes de la producción interna de cada nación.

Panamá es el país centroamericano que dedica más millones de dólares a la seguridad pública, nominalmente y como porcentaje del PIB.

Por otra parte, Guatemala y El Salvador eran las naciones que en el 2013 dedicaban porcentajes mayores de su presupuesto estatal a seguridad pública (cerca de 10%). Costa Rica y Panamá dedicaron 6,8% y 6,5% de sus recursos en seguridad pública respectivamente.

El propio estudio que empleó Suave un Toque también pone en perspectiva las cifras de seguridad pública de Costa Rica frente a los presupuestos de fuerzas armadas de sus vecinos en la región: los $950 millones que Costa Rica destinó en el 2016 a seguridad pública son similares proporcionalmente a los $332 millones que Honduras dedicó a sus fuerzas militares ese mismo año, pues ambas cifras rondan el 1,6% del PIB de cada país.