Vacuna contra el papiloma es segura, contrario a lo dicho por grupo conservador

La página Despierta Costa Rica ha compartido información falaz, basada en temores sin fundamento médico, para exponer su oposición a las vacunas contra el virus del papiloma humano (VPH).

La oposición de esa página, con más de 24.000 seguidores en Facebook, se basa en testimonios anecdóticos (sin pruebas científicas) de personas que acusan a la vacuna de ocasionar enfermedades o la muerte.

Sin embargo, con información de ese tipo no es posible determinar una relación de causa y efecto entre la vacuna y tales afecciones.

Lo cierto es que distintas investigaciones independientes de gran escala y rigor metodológico han demostrado lo contrario al reclamo de Despierta Costa Rica: no hay efectos adversos encontrados por la aplicación de la vacuna contra el VPH.

Esa garantía ha sido revisada y ratificada por el Comité Consultivo Mundial sobre Seguridad de las Vacunas, de la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Otro de los esfuerzos de Despierta Costa Rica incluyó la promoción y transmisión de una charla a cargo de la activista argentina, Chinda Brandolino, sobre “vacunación responsable”, el 18 de marzo.

Allí, Brandolino afirmó falsamente que la inoculación contra el papiloma es “causa de lupus, trombosis, vasculitis, parálisis, infertilidad”. Brandolino dijo que Japón ha decretado la veracidad de tales efectos, lo cual también es falso.

Doble Check solicitó conversar con las personas detrás de Despierta Costa Rica. Sin embargo, no hubo respuesta oportuna.

La página Despierta Costa Rica ha compartido información falaz, basada en temores sin fundamento médico, para exponer su oposición a las vacunas contra el virus del papiloma humano (VPH).

La oposición de esa página, con más de 24.000 seguidores en Facebook, se basa en testimonios anecdóticos (sin pruebas científicas) de personas que acusan a la vacuna de ocasionar enfermedades o la muerte.

Sin embargo, con información de ese tipo no es posible determinar una relación de causa y efecto entre la vacuna y tales afecciones.

Lo cierto es que distintas investigaciones independientes de gran escala y rigor metodológico han demostrado lo contrario al reclamo de Despierta Costa Rica: no hay efectos adversos encontrados por la aplicación de la vacuna contra el VPH.

Esa garantía ha sido revisada y ratificada por el Comité Consultivo Mundial sobre Seguridad de las Vacunas, de la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Otro de los esfuerzos de Despierta Costa Rica incluyó la promoción y transmisión de una charla a cargo de la activista argentina Chinda Brandolino sobre “vacunación responsable”, el 18 de marzo.

Allí, Brandolino dijo falsamente que la inoculación contra el papiloma es “causa de lupus, trombosis, vasculitis, parálisis, infertilidad”. Brandolino dijo que Japón ha decretado la veracidad de tales efectos, lo cual también es falso.

Doble Check solicitó conversar con las personas detrás de Despierta Costa Rica. Sin embargo, no hubo respuesta oportuna. Además de este tema sobre la vacunación, la página mantiene posiciones conservadoras contra los derechos de personas sexualmente diversas y contra el aborto.

Primero: qué es el Virus del papiloma humano (VPH)

El VPH es la infección vírica más frecuente del aparato reproductor. El virus es causa de distintas enfermedades, como verrugas genitales y lesiones precancerosas que pueden evolucionar a cáncer, tanto en mujeres y hombres.

Ese virus se propaga por contacto directo con piel y mucosas genitales o líquidos corporales durante las relaciones sexuales, entre ellas las orales. Así lo indica la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Aunque el virus puede ser asintomático y desaparecer en la mayoría de casos, también puede ocasionar lesiones que desembocan en cáncer.  Precisamente, el VPH puede causar cáncer de cérvix, el cuarto más común que afecta a mujeres en el mundo, según la OMS.

Desde el 2006, se han implementado vacunas para prevenir los tipos de VPH de mayor riesgo. A la fecha, en el mundo se han aplicado más de 270 millones de esas inoculaciones.

La vacuna ha sido aplicada en cuatro, dos y una dosis. Al 2017, la inyección había sido introducida en los programas nacionales de inmunización para las niñas en 71 países. De esas naciones, 11 habían implementado la vacuna para los niños también, según el registro de la OMS.

La Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS) anunció la inclusión de esa vacuna en el esquema básico de inmunizaciones de Costa Rica, la cual estará prevista para niñas de 10 años a partir de la segunda mitad del 2019. La aplicación de la vacuna es recomendable antes de que las personas sean sexualmente activas para garantizar su eficacia.

¿La vacuna contra el VPH ha generado “cientos de complicaciones a nivel mundial”?

Distintas investigaciones independientes de gran escala y rigor metodológico no han encontrado efectos adversos graves o permanentes por la aplicación de la vacuna contra el VPH.

Esas investigaciones han sido revisadas y ratificadas adicionalmente por el Comité Consultivo Mundial sobre Seguridad de las Vacunas, de la Organización Mundial de la Salud (OMS).

El grupo Despierta Costa Rica ha compartido publicaciones en redes sociales de personas que alegan que sus familiares padecen parálisis o han muerto a causa de la vacuna contra el VPH, y se oponen a la vacuna por “cientos de complicaciones a nivel mundial” que se achacan a la inyección.

Publicación compartida por Despierta Costa Rica en Facebook para promover la oposición a la vacuna contra el VPH.

No podemos negar que algunos de esos testimonios son trágicos y emotivos. Sin embargo, a partir de casos anecdóticos sin comprobación médica no se pueden establecer relaciones de causa y efecto. Además, tienen el problema de carecer de representatividad estadística y pueden llevar a sesgos.

“En Medicina, cuando hablamos de vacunas, hay que diferenciar causalidad y casualidad”, afirmó Alejandro Calderón, investigador principal del proyecto Estampa (Estudios de Tamizaje del Papiloma) de la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS), y miembro del proyecto de fortalecimiento de la atención integral del cáncer de esa institución.

Para ilustrar esa diferencia, veamos el siguiente ejemplo:

En el 2009, en Estados Unidos se difundió falsamente que 32 mujeres habían muerto debido a la vacuna contra el VPH.

La fuente de esa información es un sistema gubernamental donde las personas pueden reportar presuntos efectos después de vacunarse, llamado VAERS por sus siglas en inglés. En ese entonces, en el VAERS había 32 reportes de mujeres que murieron luego de haberse vacunado contra el VPH.

Aún así, en esos reportes solo hay casualidad: solo se reporta que un evento ocurrió después de otro. No hay manera de atribuirle una enfermedad a una vacuna solo por el hecho de que la afección se presentó después de su aplicación. El VAERS recopila las denuncias en bruto, pero estas deben ser analizadas y comparadas para determinar una relación directa.

El año pasado, una investigación independiente —publicada en la revista Vaccine—  de los datos del VAERS del 2009 al 2015 reafirmó que no hay riesgos de seguridad por la vacunación contra el papiloma, lo cual es congruente con otros estudios clínicos de gran escala producidos desde el 2006, cuando comenzó su distribución.

En cuanto a las muertes reportadas en el VAERS, el estudio concluyó que no hubo un patrón que las asocie por el tipo de diagnóstico, comorbilidad, edad o por el intervalo desde la vacunación hasta la muerte.

Por medio de la revisión de literatura científica, el Comité Consultivo Mundial sobre Seguridad de las Vacunas ha descartado asociaciones de la inoculación contra VPH con enfermedades nerviosas e inmunológicas, síndromes como Guillain-Barré, fallas cardiovasculares o la muerte, entre otras.

La información analizada por ese Comité de la OMS ha provenido de países como Reino Unido, Suecia y Estados Unidos. Por medio de datos recopilados en miles de personas —vacunadas y no vacunadas contra el papiloma— se ha comprobado que la propensión a ese tipo de enfermedades no es mayor entre la población inoculada.

Estudios en miles de mujeres también han descartado que la vacunación ocasione problemas obstétricos, anormalidades en el embarazo, en el parto o en el feto. Una de esas investigaciones, precisamente, analizó datos de miles de mujeres en Costa Rica, con el mismo resultado. Dichos análisis también pasaron por la revisión y aprobación posterior de la OMS.

Efectos secundarios leves y temporales

La OMS ha identificado que las vacunas contra el VPH pueden ocasionar mareos, dolor de cabeza, inflamación o dolor en la zona inyectada, náuseas, dolor abdominal o aumento de la temperatura corporal.

Además, la vacunación también puede ocasionar desvanecimientos, por lo que se recomienda que las personas permanezcan sentadas 15 minutos después de aplicarse la inoculación. La OMS ha establecido que esa reacción puede deberse a ansiedad o estrés de ser inyectado.

Alejandro Calderón, especialista de la CCSS, aclaró que los efectos secundarios de la inyección contra el papiloma son similares al resto de vacunas, y que desaparecen horas después.

¿Un estudio mexicano logró eliminar el VPH con un tratamiento?

En una publicación de febrero, Despierta Costa Rica afirmó que, mientras en México se logró eliminar el VPH con un tratamiento, en Costa Rica se intenta aplicar una vacuna “polémica” a la cual se oponen.

Publicación de Despierta Costa Rica en Facebook.

La referencia es cierta, pero el argumento de Despierta Costa Rica es engañoso.

Es cierto que el Instituto Politécnico Nacional de México (IPN) anunció un estudio piloto donde se eliminó el VPH en 29 mujeres por medio de un tratamiento no invasivo, llamado terapia fotodinámica.

La noticia se divulgó el 3 de febrero de este año en un comunicado de prensa del IPN, aunque no se adjuntó el estudio completo. La nota fue replicada por distintos medios de comunicación de Latinoamérica, como El Universal de México.

Según el comunicado, el equipo —liderado por la científica Eva Ramón Gallegos— logró erradicar el virus en la mayoría de los casos, así como la eliminación de “lesiones premalignas de cáncer de cérvix en una etapa muy inicial”.

La terapia fotodinámica consiste en aplicar un fármaco en el cuello del útero, llamado ácido delta aminolevulínico. Horas después, ese fármaco se transforma en una sustancia química fluorescente “que se acumula en las células dañadas, lo cual permite eliminar con un rayo láser especial únicamente las estructuras impregnadas con ésta”, explica la nota de prensa. El tratamiento se repite 48 horas después.

Con ese método, el IPN anunció la eliminación del VPH en el 100% de las mujeres infectadas que no tenían lesiones cervicales, mientras que el tratamiento fue exitoso en 64% de los casos con lesiones.

En una investigación previa del 2017, el equipo de Gallegos aplicó la terapia fotodinámica en tres ocasiones a 30 mujeres mexicanas. Al revisar un año después, los resultados fueron similares: 80% de eliminación del virus en casos sin lesiones y 83% en mujeres infectadas y con lesiones cervicales.

Ese estudio también registró la regresión de lesiones en 57% de las pacientes, pero se concluyó que tal resultado no era representativo estadísticamente, ya que pudo atribuirse a otras razones.

Argumento engañoso de Despierta Costa Rica

Una vacuna para prevenir el contagio del VPH y un tratamiento para eliminar la infección no son métodos excluyentes, ya que sus propósitos son distintos.

El estudio piloto de México que difundió Despierta Costa Rica propone un tratamiento para eliminar el VPH en mujeres que ya están infectadas con el virus.

En contraste, el propósito de la vacuna del VPH (y las vacunas en general) es evitar que las personas contraigan el virus, para evitar una infección del todo.

“El fin de la vacuna es evitar que más mujeres presenten lesiones precancerosas; el solo hecho de tener que hacer un tratamiento ya es un gasto y un estrés para una mujer, que podemos evitar vacunándolas”, afirmó Alejandro Calderón, investigador del proyecto Estampa.

“Aunque hubiera algo que eliminara el VPH, no tiene sentido que la gente se exponga a una infección que se puede evitar; es mejor la prevención primaria que la atención secundaria”, agregó el especialista

Así, el argumento de Despierta Costa Rica sería similar a decir que los cascos de motociclista son innecesarios porque hay maneras de tratar golpes y fracturas en el cráneo.

Hay que destacar que 90% de las infecciones de VPH desaparecen por sí solas después de 2 años. Así fue comprobado desde el 2007 por medio de una investigación a más de 4.500 mujeres en Estados Unidos y ese es el consenso médico actual.

Sin embargo, las infecciones que persisten tienen un riesgo alto de convertirse en lesiones precancerosas o cancerosas.

Rumor falso sobre Japón

Durante marzo, Despierta Costa Rica promocionó una charla sobre “vacunación responsable”, a cargo de la méica y activista argentina Chinda Brandolino.

Transmisión de charla de Chinda Brandolino sobre “vacunación responsable”, de Despierta Costa Rica

En esa actividad, Brandolino afirmó que las vacunas contra el VPH son “causa de Lupus, trombosis, vasculitis, parálisis, infertilidad”, y agregó que ese diagnóstico “lo decretó Japón”.

Esa afirmación es falsa.

A inicios del 2013, el sistema de salud pública de Japón comenzó un programa de inoculación contra el papiloma, debido al aumento en la incidencia de cáncer de cérvix en ese país.

Sin embargo, meses después, la prensa japonesa comenzó a difundir acusaciones de problemas de movilidad y otras enfermedades en niñas y mujeres debido a dicha vacuna. El gobierno japonés cedió ante la presión mediática y suspendió su campaña de rutinas de vacunación.

El Estado japonés no decretó o reconoció la veracidad de esas acusaciones, sino que optó por abstenerse de recomendar activamente la vacunación “hasta que información apropiada sobre la vacuna del VPH sea facilitada al público”.

Ese cambio en la política japonesa careció de una revisión sistemática de causalidad en las denuncias, y se dio sin la presentación de evidencia científica adecuada. Así lo han señalado estudios sobre los efectos posteriores de esa decisión en la salud pública.

Aunque Japón detuvo su campaña de recomendación desde el 2013, la vacuna es facilitada a quienes la soliciten. Aún así, la cobertura de la vacuna pasó de 70% en ese año a menos de 1% en el 2017.

Desde entonces, la percepción a favor de la inyección contra el papiloma ha aumentado entre los profesionales médicos japoneses, y se ha demostrado que el sistema de vacunación disminuyó la tasa de cáncer cervical en esa nación.

Sobre Japón, la OMS advirtió que “las decisiones políticas basadas en evidencia débil, que llevan al desuso de vacunas seguras y efectivas, pueden resultar en un daño real”.

Fallas, grises y aciertos sobre el aborto en el Eco Católico

Esta es una lista de chequeos a un reportaje que el Eco Católico dedicó el 10 de febrero de este año en contra del derecho al aborto.

El artículo principal se titula “Aborto ‘terapéutico’ es la puerta al aborto libre”. Fue escrito por Karla Chaves Herrera, quien se presenta como “médico y especialista en Pediatría y Hematología Pediátrica”. Chequeamos, y efectivamente Chaves es colegiada del gremio.

El artículo argumenta que la implementación de una norma técnica para el aborto impune en Costa Rica es innecesario. En el texto, la autora expresa que “no quisiera que más mujeres consideren siquiera la posibilidad de un aborto voluntario”.

Otras publicaciones de Chaves han sido compartidas por la “Asociación Médicos por la Vida Costa Rica” y por la Diócesis de Alajuela, donde también ha mostrado su oposición al aborto.

En el texto del Eco Católico, Doble Check revisó una serie de afirmaciones que Chaves hizo sobre el aborto en Costa Rica y en otras zonas del mundo. También analiza las pruebas que ella presenta para sostener que ese procedimiento tiene efectos adversos en la salud mental de las mujeres.

Hallamos aciertos, imágenes incompletas y falsedades. Sobre la tesis principal del artículo, que el aborto terapéutico abre la vía al aborto libre, Doble Check lo considera una opinión, por lo que no entramos a verificarla. Eso sí, no encontramos sustento documental suficiente de la autora para probarlo.

Doble Check le solicitó una entrevista a Karla Chaves, del Eco Católico, por correo electrónico y teléfono celular, para clarificar su artículo. No hubo respuesta.

Esta es una lista de chequeos a un reportaje que el Eco Católico dedicó el 10 de febrero de este año en contra del derecho al aborto.

El artículo principal se titula “Aborto ‘terapéutico’ es la puerta al aborto libre”. Fue escrito por Karla Chaves Herrera, quien se presenta como “médico y especialista en Pediatría y Hematología Pediátrica”. Chequeamos, y efectivamente Chaves es colegiada del gremio.

El artículo argumenta que la implementación de una norma técnica para el aborto impune en Costa Rica es innecesario. En el texto, la autora expresa que “no quisiera que más mujeres consideren siquiera la posibilidad de un aborto voluntario”.

Otras publicaciones de Chaves han sido compartidas por la “Asociación Médicos por la Vida Costa Rica” y por la Diócesis de Alajuela, donde también ha mostrado su oposición al aborto.

En el texto del Eco Católico, Doble Check revisó una serie de afirmaciones que Chaves hizo sobre el aborto en Costa Rica y en otras zonas del mundo. También analiza las pruebas que ella presenta para sostener que ese procedimiento tiene efectos adversos en la salud mental de las mujeres.

Hallamos aciertos, imágenes incompletas y falsedades. Sobre la tesis principal del artículo, que el aborto terapéutico abre la vía al aborto libre, Doble Check lo considera una opinión, por lo que no entramos a verificarla. Eso sí, no encontramos sustento documental suficiente de la autora para probarlo.

Doble Check le solicitó una entrevista a Karla Chaves, del Eco Católico, por correo electrónico y teléfono celular, para clarificar su artículo. No hubo respuesta.

“No es la primera vez que en el mundo, el primer paso para legalizar el aborto libre es el llamado ‘aborto terapéutico’”

Hay varias inconsistencias en esa afirmación que la hacen engañosa. La autora es confusa en su argumentación, cuya base es el caso de Uruguay. Al presentar el aborto terapéutico como un antecedente del aborto libre, Chaves menciona cifras del Ministerio de Salud Pública de ese país. Los números revelan que la gran mayoría de abortos en el 2017 fueron registrados como “propia voluntad” de la mujer. No queda claro si la autora considera que el caso de Uruguay es un ejemplo de aborto terapéutico. Si fuera así, es falso, pues en ese país lo que rige es el aborto libre hasta las 12 semanas de embarazo.

Otra posible lectura del artículo es que la autora considerara que en Uruguay se hubiera instaurado primero una norma de aborto terapéutico antes que el aborto libre (aunque no hace mención de ello). Esto también sería impreciso. Antes de la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) del 2012, el tema era normado únicamente por el Código Penal de 1938. Ese cuerpo de leyes solo incluía “atenuantes y eximientes” para poder realizar un aborto, pero no establecía protocolos.

¿Cómo se norma el aborto libre en Uruguay?

La ley le permite a las mujeres realizar solicitudes de aborto, las cuales son recibidas por un equipo de al menos tres especialistas. Estas personas deben abstenerse de aprobar o rechazar la petición, pero tienen que dar consejería a la mujer sobre otras alternativas antes que el aborto provocado.

Dicho equipo debe estar conformado, como mínimo, por una persona especializada en ginecología, otra en salud psíquica y un especialista “en el área social”, en una institución del Sistema Nacional Integrado de Salud, según el artículo 3 de esa ley.

El aborto es libre hasta las 12 semanas. No hay límite temporal en casos donde haya “grave riesgo” a la salud de la mujer y “cuando se verifique un proceso patológico que provoque malformaciones incompatibles con la vida extrauterina”.

Estadísticas del Ministerio de Salud Pública uruguayo muestran que se ha realizado un promedio de 8.900 abortos anuales desde que se aprobó la ley de IVE en ese país. Casi la totalidad de los procedimientos tienen causales de “voluntad propia”.

“Las mujeres que tuvieron un aborto experimentaron un 81% de aumento en el riesgo de problemas de salud mental. Ningún estudio ha demostrado que el aborto beneficie la salud mental de las mujeres”

La referencia de la autora es una investigación que ha sido refutada porque está basada en estudios que no separan enfermedades mentales diagnosticadas antes o después del aborto.

El Eco Católico cita un estudio publicado en el 2011 en la Revista Británica de Psiquiatría, de la Universidad de Cambridge, escrito por la investigadora social Priscilla K. Coleman. En él se afirma que las mujeres que tienen abortos corren riesgos moderados y altos de padecer enfermedades mentales.

Dicho artículo está basado en una compilación de investigaciones de 1995 al 2009 sobre los efectos emocionales del aborto. Incluye un análisis del 2009 de la misma autora que se publicó en la Revista de Investigación Psiquiátrica, cuya casa de publicación está en Países Bajos.

Ese artículo del 2009 empleaba datos de la Encuesta Nacional de Comorbilidad, de la Universidad de Harvard, recopilados en Estados Unidos. En sus conclusiones, Coleman ligaba el aborto inducido con el aumento en el riesgo de padecer enfermedades mentales como ansiedad, depresión, trastornos de ánimo, ataques de pánico y abuso de drogas, en comparación con mujeres sin historial de aborto.

Sin embargo, estudios posteriores rebatieron los hallazgos de Coleman. La refutación se basó en que ella consideró los problemas mentales diagnosticados en mujeres durante toda su vida, en lugar de analizar las enfermedades mentales detectadas después del aborto.

Coleman admitió en 2012 que incluyó todas las afecciones en la vida de las mujeres analizadas para “captar la mayor cantidad posible de enfermedades mentales”, y defendió esa metodología porque también fue usada en las fuentes de su investigación posterior del 2011, la cual es citada por el Eco Católico.

Por esas razones, el editor en jefe de la Revista de Investigación Psiquiátrica y el coordinador de la Encuesta Nacional de Comorbilidad reconocieron que el análisis de Coleman del 2009 no sustenta su conclusión de que los abortos ocasionan patologías psicológicas.

El estudio posterior de Coleman que usa el Eco Católico también ha sido cuestionado académicamente por deficiencias similares en la metodología.

Otro grupo de investigación empleó en 2011 la misma base de datos de Coleman, pero solo consideraron mujeres con enfermedades mentales diagnosticadas después de abortos. Los datos se compararon con aquellos de mujeres que tuvieron partos vivos.

Ese estudio halló que la relación entre aborto y enfermedades mentales, en realidad, está ligada a una pobre salud mental previa al tratamiento o a situaciones de violencia que han sufrido las mujeres.

Los investigadores advirtieron que, después de aislar distintos factores psicológicos y sociales, solo las mujeres que tienen múltiples abortos se mantienen en un riesgo mayor de abuso de sustancias. Los investigadores reconocieron que no pudieron aislar otros factores asociados que podrían explicar dicha relación.

Para reforzar su tesis, el Eco Católico empleó otra investigación divulgada en el 2017 por la Revista de Psiquiatría de Australia y Nueva Zelanda. Los autores de ese estudio se basaron en la mismas fuentes de información que Coleman en el 2011 y no hallaron evidencia para sugerir que “la cantidad de problemas de salud mental sean bajos en mujeres teniendo abortos, comparados con mujeres que tuvieron embarazos no deseados”.

La misma investigación concluye que no hay pruebas “totalmente consistentes” de que hubiera un mayor rango de problemas de salud mental en mujeres que abortan en comparación con aquellas que tuvieron embarazos no deseados, y que las señales halladas solo son “sugestivas”.

Entonces, ¿hay relación entre aborto y problemas mentales o no?

En 2008, un equipo de la Asociación Americana de Psicología (APA, por sus siglas en inglés), publicó una revisión de todas las investigaciones en revistas colegiadas que, desde 1989, hicieran comparaciones entre la salud mental de mujeres que tuvieran abortos provocados y otros grupos de mujeres que tomaron otras alternativas. Así, el estudio abarcó 50 investigaciones que se publicaron entre 1990 y 2007.

Tal investigación halló que la mayoría de artículos sobre este tema han tenido problemas en la metodología, los cuales hacen que sus resultados no sean completamente confiables. Algunos de estos errores se han dado a la hora de aislar la población de análisis o al seleccionar los grupos de comparación.

Aún así, basados en los datos más fiables que identificaron, el equipo de APA concluyó que “la mejor evidencia científica indica que el riesgo relativo de problemas mentales entre mujeres adultas que tienen embarazos no deseados no es más grande al optar por un aborto en el tercer trimestre, comparado a si llevan el embarazo a parto”.

Tanto el APA como la refutación a Coleman de la Revista de Investigación Psiquiátrica y otra revisión exhaustiva de literatura científica del 2008 coinciden al concluir que la evidencia de efectos adversos del aborto en la salud mental es “mucho menos pronunciada en estudios de alta calidad”, siendo poca o nula, mientras que las indicaciones de mayores efectos negativos del aborto se encuentran en estudios con “la metodología más defectuosa”.

Imagen incompleta sobre el aborto

La doctora Karla Chaves brinda una imagen incompleta sobre la manera en que puede hacerse un aborto.

Chaves adjuntó en su artículo del Eco Católico varias ilustraciones “de los diferentes tipos de aborto según el trimestre del embarazo”. Las imágenes describen los abortos por medio de procedimientos quirúrgicos: el aborto por dilatación y evacuación (en un feto de 23 semanas) y el aborto por succión y curetaje (de un feto de 9 semanas).

“Debemos informarnos de lo que exactamente se está discutiendo o considerando”, añadió Chaves en la presentación de las imágenes.

Sin embargo, Chaves omitió que estos no son los únicos métodos para el aborto. También existe una alternativa no quirúrgica por medio de medicamentos hormonales.

(Doble Check decidió publicar las imágenes por su valor documental para esta verficación, pero lo hizo de manera velada para que sea la persona lectora quien decida si desea mirar el material).

Registros oficiales del Reino Unido muestran que 66% de los abortos realizados en el 2017 (año más reciente) en Inglaterra y Gales se hicieron con medicación. El Sistema Nacional de Salud de ese país ha detectado un aumento del aborto con medicamentos en etapas tempranas del embarazo, ya que es “menos invasivo y no requiere anestésicos”.

En Inglaterra y Gales (zonas que Chaves menciona en el artículo) 9 de cada 10 abortos fueron realizados antes de las 13 semanas de embarazo, y, sobre todo, antes de llegar a la semana 10 (2,3 meses). Así lo indican datos oficiales del Reino Unido.

En contraste, la cirugía por succión fue empleada en 28% de los casos, y una minoría de 6% de los abortos se dio por dilatación y evacuación en esas regiones del Reino Unido.

En Estados Unidos, casi un cuarto de los abortos fue realizado con medicamentos en el 2015, según datos de la CDC. La mayoría de abortos en ese país se realizó con métodos quirúrgicos antes de las 13 semanas de embarazo.

“Ya en países como Colombia y Estados Unidos está aprobado el aborto durante el tercer trimestre del embarazo”

Luego de esa afirmación, la autora describe que, dentro del concepto del aborto provocado, hay subclasificaciones “como el aborto eugenésico, el aborto por razones médicas […] y el llamado aborto libre, en este último solo debe mediar el deseo de la madre”.

La autora omite especificar que no existe el aborto libre en Colombia y Estados Unidos después de los 6 meses de embarazo, por lo que los lectores pueden ser inducidos al error. Al mismo tiempo, los derechos al aborto en ambos países tienen alcances distintos.

Entonces, la afirmación es cierta solo en circunstancias limitadas.

Veamos el caso de Colombia. Una sentencia de la Corte Constitucional del 2006 despenalizó el aborto en tres circunstancias particulares: cuando la continuación del embarazo sea un peligro para la vida o la salud de la mujer; cuando exista grave malformación del feto que haga inviable su vida; y cuando el embarazo sea el resultado de una violación debidamente denunciada o de incesto. Con excepción de esas circunstancias, cualquier otro tipo de aborto es ilegal en Colombia.

La Corte ratificó que solo los médicos tienen poder de decisión sobre esas causales.

A finales del 2018, una magistrada de la Corte planteó que esas causales fueran limitadas hasta las 24 semanas de embarazo (5,5 meses), pero la propuesta fue rechazada.

👉 Los alcances del fallo constitucional colombiano han sido explicados con detalle por medios como Semana y El Espectador.

Veamos ahora el caso de Estados Unidos. En este país, el aborto es un derecho constitucional desde 1973, por una sentencia de la Corte Suprema de Justicia en el caso Roe vs. Wade. En esa sentencia, se estableció el derecho al aborto libre hasta la etapa de viabilidad del feto. Es decir, se prohibe cuando podría haber supervivencia fuera del útero, que es a partir de las 24 semanas de embarazo.

Después de ese periodo, el fallo de la Corte permite que los estados limiten el acceso al aborto. La excepción aumentar el límite de 24 semanas se contempla en casos en los que el criterio médico determine una necesidad para proteger la vida o la salud de la paciente.

“La mujer podrá abortar si aduce problemas de su bienestar” (Una mujer con embarazo de 6 meses o más en Nueva York)

Esto es falso.

La frase aparece en un artículo adjunto (no firmado por Chaves) a la nota principal del Eco Católico, sobre el cambio de legislación que hizo esa región de Estados Unidos.

Nota adjunta en el reportaje del Eco Católico del 10 de febrero. El periódico le dedicó 4 páginas al tema.

La determinación de que un aborto debe realizarse más allá de las 24 semanas de embarazo en Nueva York no depende de la paciente. En realidad, la decisión debe estar a cargo de una persona profesional de salud autorizada y certificada por el estado y dentro del alcance legal de su práctica, indica la ley.

La decisión del personal médico debe estar basada en su criterio profesional y en consideración de los hechos de cada caso.

Previamente, la ley neoyorquina establecía que el aborto después de las 24 semanas podía efectuarse en casos donde solo la vida de la mujer estaba en peligro, según determinación médica.

La nueva legislación de ese estado también permite el procedimiento luego de las 24 semanas en caso de que corra peligro la vida y salud de la madre, así como en casos de “ausencia de viabilidad” del feto.

En Estados Unidos, solo 1% de los abortos son realizados después de las 21 semanas después de la fertilización, indica un informe del 2018 del Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC por sus siglas en inglés) de ese país, que está basado en datos del 2015.

Ese informe añade que, entre el 2006 y el 2015, menos del 9% de los abortos en Estados Unidos se realizaron después de las 13 semanas de embarazo.

Actualmente, 43 de los 51 estados de ese país mantienen restricciones a algunos tipos de aborto en distintas etapas del embarazo, según el Instituto Guttmacher, una organización a favor de los derechos reproductivos (entre ellos, el aborto).

👉 Los alcances de la nueva legislación en Nueva York han sido abarcados por medios de verificación como Snopes, Politifact y Fact Check.

“En Islandia e Inglaterra se hace ‘aborto terapéutico’ a los niños con Síndrome de Down”

Es cierto que el aborto en Islandia y Reino Unido es permitido, como factor médico, si exámenes prenatales identifican Síndrome de Down en el feto. Eso sí, en ninguna ley se identifica textualmente esta posibilidad como “aborto terapéutico”, como lo afirma Chaves.

En Islandia, el aborto puede realizarse antes de la semana 12 del embarazo por razones sociales, médicas, o cuando el embarazo es producto de una violación u otro acto criminal. Cada solicitud de aborto depende de la aprobación en un informe escrito de dos profesionales médicos, o por un profesional médico y un trabajador social.

La ley islandesa toma en cuenta razones sociales cuando la mujer y su familia cercana sean incapaces de lidiar con el embarazo por razones fuera de su control. Se cuentan, por ejemplo: que la mujer hubiera tenido muchos partos en poco tiempo, o que haya pasado poco tiempo desde un parto anterior; que la mujer viviera en un hogar de condiciones precarias por tener una familia con muchos hijos o por la enfermedad grave de otra persona en el núcleo familiar; que la poca edad o la inmadurez de la mujer la hagan incapaz de criar a un hijo adecuadamente; u otra razón equivalente a las anteriores.

En cuanto a las circunstancias médicas, Islandia permite el aborto cuando la salud de la mujer (física y mental) esté en riesgo por el embarazo; cuando el feto corre riesgo de malformación al nacer o de “una enfermedad seria debido a factores genéticos o daño al feto”; y cuando una “enfermedad (física o mental) disminuye seriamente la capacidad de una mujer o un hombre para criar” al niño o niña.

El aborto por circunstancias médicas puede realizarse en Islandia incluso después de la semana 16 del embarazo.

En cuanto a Reino Unido, cuya ley sobre el aborto es de 1967, tal procedimiento es permitido hasta la semana 24 en casos cuando el embarazo pone en riesgo la salud de la mujer o la de sus hijos. Los abortos deben ser aprobados por dos profesionales médicos. De nuevo, la aprobación del aborto no depende de la voluntad de la solicitante.

La ley inglesa permite abortos después de las 24 semanas de embarazo si el feto tiene “anormalidades físicas o mentales que podrían resultar en discapacidad seria”, si hay riesgo de daño permanente en la salud de la mujer, o si la continuación del embarazo amenaza la vida de la paciente.

En ambos países, el Síndrome de Down ha sido considerado entre los factores médicos que justifican la interrupción del embarazo.

En 2017, 98% de los abortos realizados en Inglaterra y Gales fueron por riesgos a la salud de la mujer, sobre todo a la salud mental. El 2% restante (3.314 abortos) debió hacerse por malformaciones congénitas, donde 655 casos fueron identificados con Síndrome de Down, según estadísticas gubernamentales.

Las mujeres en ambas regiones pueden hacerse pruebas prenatales voluntariamente para detectar esa alteración genética en el feto. En caso de presentarse, las pacientes pueden solicitar la evaluación de su caso para abortar, o pueden continuar con el embarazo. En Islandia, por ejemplo, la mayoría de mujeres con detección de Síndrome de Down en dichas pruebas solicita un aborto.

Tal posibilidad no es exclusiva de Islandia e Inglaterra: países como Dinamarca y Estados Unidos también tienen porcentajes mayoritarios de mujeres que solicitan la interrupción de su embarazo con base en los resultados de pruebas prenatales de alteraciones genéticas, según el chequeo de Snopes.

“En Costa Rica, la legislación actual y vigente no permite incluir en el aborto no punible las malformaciones fetales con pronóstico reservado en la vida extrauterina”

Hay distintas interpretaciones actualmente. La posición expresada en el Eco Católico es solo una.

El aborto en Costa Rica es un delito a menos que sea realizado por médicos autorizados “con el fin de evitar un peligro para la vida o la salud de la madre”.

Así lo indica el artículo 121 del Código Penal:

No es punible el aborto practicado con consentimiento de la mujer por un médico o por una obstétrica autorizada, cuando no hubiere sido posible la intervención del primero, si se ha hecho con el fin de evitar un peligro para la vida o la salud de la madre y éste no ha podido ser evitado por otros medios”.

En 2007 y 2012, la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS) negó el procedimiento para Ana y Aurora (nombres ficticios para proteger su identidad), cuyos embarazos tenían malformaciones incompatibles con la vida extrauterina del feto. Ambas presentaron recursos de amparo ante la Sala Constitucional, pero fueron rechazados.

Estas dos mujeres denunciaron al Estado costarricense ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), al alegar daños a su salud por la continuación de embarazos inviables.

La abogada que representa ese caso frente a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Larissa Arroyo, reconoció que la afirmación del Eco Católico “en parte tiene razón”, pero dijo que omite la consideración sobre la salud de las mujeres con ese tipo de embarazos.

Efectivamente, no son causal las malformaciones del feto en el artículo 121. Lo que están omitiendo es que el embarazo de un feto con malformaciones incompatibles con la vida extrauterina afectó la salud física y emocional de ellas [Ana y Aurora], y la salud sí es una causal en ese artículo”, dijo la abogada.

Arroyo también lidera la Asociación Acceder, que realiza activismo “contra la violencia basada en género, orientación e identidad”.

La defensa de Ana y Aurora afirmó que en ambos casos se documentó que las mujeres padecieron depresión aguda, ataques de ansiedad y riesgo de suicidio durante la continuación de sus embarazos, y que posterior al parto han padecido ansiedad e inhibición social. En el caso también se relató que Ana decidió esterilizarse en el 2013 “pues no concibe la idea de quedar embarazada y tener que atravesar circunstancias similares”, afirmó la defensa.

El jefe de ginecología y obstetricia del Hospital Rafael Ángel Calderón Guardia, Danilo Medina, consideró que en el país “puede haber impunidad” en la realización del aborto en casos donde el feto presenta condiciones “totalmente incompatibles con la vida”, al considerar la salud de la mujer embarazada.

Hay una serie de enfermedades del desarrollo de órganos, como el hígado o los pulmones, que al no estar presentes o al tener una deformación muy grande, no permiten la vida del bebé. En esos casos, ¿para qué continuar con un embarazo? Hay una cuestión de salud integral; dentro de esa salud está la salud mental, y eso es parte del artículo. Puede haber impunidad cuando la enfermedad no solo ataca al bebé en cuanto a su formación, pero también a la salud de la madre de forma integral”, explicó el jerarca del Calderón Guardia.

En el 2015, el Estado costarricense llegó a un acuerdo con las denunciantes y la CIDH, donde se comprometió a implementar un reglamento para el aborto impune, para evitar que se repitan casos como los de Ana y Aurora, indicó la abogada Arroyo.

“‘Ana y Aurora’ presentaron ante la Comisión de Derechos Humanos (aclaro comisión, no Corte de Derechos Humanos),  una demanda porque consideraban que se les había negado la realización de un aborto no punible, en el contexto de embarazos donde ambos bebés tenían malformaciones”

Esta afirmación es cierta.

Cualquier persona puede presentar una peticiónante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para denunciar una violación a los derechos humanos en contra de uno o más miembros de la Organización de Estados Americanos (OEA).

La CIDH evalúa la admisibilidad de cada denuncia, recopila información y solicita audiencia a las partes involucradas. Luego puede emitir un informe con recomendaciones para la parte denunciada. Si el Estado acusado desacata esas observaciones, la Comisión puede publicar un informe y enviar el caso a litigio a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), cuyas sentencias son de acatamiento obligatorio.

Ese es el proceso: las personas no pueden acudir directamente a la Corte IDH; primero, deben presentar su denuncia ante la Comisión y completar los requisitos previstos. Eso fue lo que hizo la representación legal de Ana y Aurora.

“De esa denuncia sale una negociación amistosa (no hay un fallo de la Corte aún)”

Cierto.

Cabe destacar que los Estados y los denunciantes pueden llegar a una mediación amistosa durante el proceso de análisis en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Este acuerdo evita que la Comisión haga un pronunciamiento o eleve el caso a la Corte.

Así sucedió en el caso de Ana y Aurora: en el 2015, el Estado costarricense llegó a un entendimiento y se comprometió a implementar un reglamento para el aborto impune. Dicho acuerdo no es un fallo de la Corte, pero era una medida para “pausar” el proceso en la Comisión para que no llegara eventualmente a juicio.

Sin embargo, la abogada Arroyo aclaró que las denunciantes reanudaron la demanda en la CIDH en julio pasado. Ello ocurrió debido a que el presidente Luis Guillermo Solís frenó la implementación de una norma técnica para el aborto impune por “decisión política”.

 

👉El enlace de la versión de Internet del reportaje de Eco Católico dejó de funcionar este 6 de marzo. Puede revisar una copia de la versión impresa aquí.

Tribunal no declaró inocente a Óscar Arias por caso Crucitas, como dijo diputada del PLN

En resumen: Es falso afirmar que los tribunales de justicia hayan señalado la inexistencia de un delito en el proceso contra el expresidente Óscar Arias Sánchez por el caso de la mina Crucitas, tal como publicó la diputada del Partido Liberación Nacional (PLN), Yorleny León.

El Juzgado Penal de Hacienda y de la Función Pública no declaró inocente o culpable al expresidente. En realidad, ese órgano determinó la prescripción de las querellas en contra del exmandatario, por lo que se dictó sobreseimiento definitivo.

La prescripción se dio porque las acciones legales en contra de Arias se presentaron fuera del plazo permitido por la ley: por los cargos de prevaricato, el tribunal indicó que el plazo venció desde el 14 de diciembre del 2016, y la acusación de cohecho prescribió desde el 8 de mayo de ese mismo año.

El tribunal solo se limitó a descartar los procesos por haberse vencido su plazo, y abstuvo de hacer más pronunciamientos sobre Arias Sánchez en la sentencia. En ningún momento el tribunal determinó que el expresidente cometió un delito o no.

La diputada León admitió haberse equivocado al usar “un concepto técnico”.

En resumen: Es falso afirmar que los tribunales de justicia hayan señalado la inexistencia de un delito en el proceso contra el expresidente Óscar Arias Sánchez por el caso de la mina Crucitas, tal como publicó la diputada del Partido Liberación Nacional (PLN), Yorleny León.

El Juzgado Penal de Hacienda y de la Función Pública no declaró inocente o culpable al expresidente. En realidad, ese órgano determinó la prescripción de las querellas en contra del exmandatario, por lo que se dictó sobreseimiento definitivo.

La prescripción se dio porque las acciones legales en contra de Arias se presentaron fuera del plazo permitido por la ley. El tribunal indicó que el plazo venció desde el 14 de diciembre del 2016 para los cargos de prevaricato, y la acusación de cohecho había prescrito desde el 8 de mayo de ese mismo año.

El tribunal solo se limitó a descartar los procesos por haberse vencido su plazo, y se abstuvo de hacer más pronunciamientos sobre Arias Sánchez en la sentencia. En ningún momento el tribunal determinó que el expresidente cometió un delito o no.

La diputada León admitió posteriormente haberse equivocado al usar “un concepto técnico”.

¿Qué es el “caso Crucitas”?

En su segundo mandato, en octubre del 2008, Óscar Arias firmó un decreto que declaró de interés público la operación de la mina de oro Crucitas, en la zona norte del país, a cargo de la empresa canadiense Industrias Infinito.

Dicho decreto, así como permisos de la Secretaría Técnica Nacional (SETENA) sobre impacto ambiental, fueron anulados en el 2010 por el Tribunal Contencioso Administrativo. El tribunal encontró una serie de irregularidades en su implementación, lo cual desplomó el proyecto minero.

En ese momento, el Contencioso remitió su dictamen al Ministerio Público “para que allí se determine seguir una causa penal” en contra de Arias y otros miembros de su gabinete. En 2011, la Sala Primera ratificó la sentencia del Contencioso que anuló la concesión a Industrias Infinito.

Sin embargo, la Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción solicitó desestimar la causa contra el exmandatario en septiembre del 2014, al considerar que no existían pruebas suficientes para una imputación.

Por este caso, el exministro de Ambiente del gabinete de Arias, Roberto Dobles, fue condenado a 3 años de prisión en 2015, por el delito de prevaricato.

Fue a finales de 2018 cuando la Fiscala General, Emilia Navas, acusó penalmente al exmandatario. Los cargos fueron prevaricato y cohecho. El caso estaba en etapa de audiencias para evaluar si era llevado a juicio.

Lo que dijo la diputada

Este viernes, la diputada liberacionista, Yorleny León, retuiteó una noticia del diario La Nación que se titula: “Óscar Arias sobreseído por prescripción en caso Crucitas”.

Le legisladora acompañó la publicación con este comentario: “Los Tribunales de Justicia nuevamente señalan que no hay delito en el proceso contra el expresidente Arias por el caso Crucitas, y dictan el sobreseimiento definitivo. Es una lástima que el Ministerio Público haya gastado tiempo y dinero en una causa que estaba prescrita”.

Aún así, esa afirmación es falsa.

Lo que dice la sentencia realmente

Por solicitud de sus abogados defensores, el tribunal dictó sobreseimiento definitivo a favor de Óscar Arias por los delitos de prevaricato y cohecho porque se vencieron los plazos para investigar tales acusaciones.

Declarar el sobreseimiento de una acusación penal por la prescripción de los hechos imputados no implica que la persona acusada sea inocente o culpable. Con ese dictamen, el tribunal solamente determina que está fuera del plazo para llevar las acusaciones a juicio.

El contenido del dictamen fue divulgado por distintos medios de comunicación y por la defensa legal del exmandatario. Doble Check también tuvo acceso a una copia de la sentencia.

El tribunal indicó que el plazo para llevar a juicio los cargos de prevaricato venció el 14 de diciembre del 2016, pues la pena máxima para ese delito es de seis años, que comenzaron a contar desde el fallo del Contencioso en el 2010.

En cuanto a la acusación de cohecho, la jueza Carla Bonilla Ballestero indicó que prescribió desde el 8 de mayo del 2016. Ese delito también tiene una pena máxima de seis años de cárcel, y se determinó que el plazo para interponer una querella inició el 8 de mayo de 2010, cuando concluyó el mandato de Arias.

Incluso, la sentencia narra que la defensa del exmandatario le solicitó al tribunal un sobreseimiento en razón de que el delito de cohecho no se cometió, alegando que la Fiscalía no había aportado pruebas suficientes desde el 2014.

El juzgado declaró improcedente tal petición, dado que “el hecho de que no se haya logrado contar con la prueba requerida […] es un elemento que dista mucho de pretender alegar que el hecho no se dio o no fue cometido por el encartado”. El tribunal añadió que “se requiere contar con grado de certeza para ello y no nos encontramos ante tal supuesto”.

A partir de la declaración de sobreseimiento, el tribunal se abstuvo de pronunciamientos adicionales sobre Arias. Es decir: la sentencia no entra en la cancha de absolver o culpar al expresidente sobre su rol en el caso de Crucitas.

Diputada rectifica

Horas más tarde del mismo viernes, Yorleny León admitió que se equivocó sobre “un concepto técnico” al decir que el tribunal dictó que “no hubo delito” en el proceso contra Óscar Arias por Crucitas.

Es falso que el gobierno está dando casas a refugiados nicaragüenses

En resumen: Diario Extra indujo al error al titular que “Gobierno garantiza casas para nicas”, tal como lo hizo en un artículo sobre los nicaragüenses que han buscado refugio en Costa Rica por la crisis política en ese país, que inició en abril del 2018.

En realidad, el Gobierno no puede brindar viviendas a las personas nicaragüenses que han buscado refugio en Costa Rica, según los estatutos y registros de distintas instituciones públicas.

La mayoría de recursos para ayudar a solicitantes de refugio nicaragüenses ha provenido del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), pero estos no son parte del presupuesto nacional.

Por otro lado, el Estado puede brindar otros beneficios socioeconómicos a solicitantes de refugio, como asignaciones familiares y becas educativas, solo si en el núcleo familiar hay menores de edad, pues se prima el bienestar del niño antes de su estado migratorio.

Sin embargo, registros facilitados a Doble Check muestran que, a pesar del aumento de solicitudes de refugio, el gasto estatal para la atención de esa población es una fracción ínfima de la ayuda social facilitada durante el 2018.

En resumen: Diario Extra indujo al error al titular que “Gobierno garantiza casas para nicas”, tal como lo hizo en un artículo sobre los nicaragüenses que han buscado refugio en Costa Rica por la crisis política en ese país, que inició en abril del 2018.

En realidad, el Gobierno no puede brindar viviendas a las personas nicaragüenses que han buscado refugio en Costa Rica, según los estatutos y registros de distintas instituciones públicas.

La mayoría de recursos para ayudar a solicitantes nicaragüenses de refugio ha provenido del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur), pero estos no son parte del Presupuesto Nacional.

Por otro lado, el Estado puede brindar otros beneficios socioeconómicos a solicitantes de refugio. Por ejemplo, pueden dar asignaciones familiares y becas educativas solo si en el núcleo familiar hay menores de edad, pues se prima el bienestar del niño antes de su estado migratorio.

Sin embargo, registros facilitados a Doble Check muestran que, a pesar del aumento de solicitudes de refugio, el gasto estatal para la atención de esa población es una fracción ínfima de la ayuda social facilitada durante el 2018.

Titular engañoso

El pasado 4 de febrero, Diario Extra publicó una noticia titulada como “Gobierno garantiza casas para nicas”. El artículo se refería a una declaración del ministro de Seguridad, Michael Soto, sobre la existencia de albergues clandestinos para solicitantes nicaragüenses de refugio.

En uno de sus párrafos, el artículo consigna que el ministro dijo que Seguridad ha identificado varias casas que funcionan como refugios improvisados para migrantes, pero que “no hay ningún indicio de que dichos centros funcionen como estaciones de entrenamiento militar”.

Esa fue la única “garantía” que hay de un jerarca del Gobierno en la nota.

Sin embargo, las reacciones más destacadas de la noticia en Facebook evidencian que el titular indujo al error. El título dio a entender que el Gobierno está dando viviendas a los nicaragüenses que buscan refugio.

Reacciones destacadas de la nota que publicó Diario Extra

Dicha lectura es incorrecta por varias razones.

La primera es que la afirmación del jerarca apunta a una dirección distinta. El ministro confirmó a Doble Check:

En una conferencia [de prensa], lo que indiqué es que hay casas en el país que nicaragüenses las alquilan, las convierten en cuarterías y les dan hospedaje a sus coterráneos, les ayudan con su alimentación mientras se estabilizan. No es una cuestión de que el gobierno está tolerando o facilitando casas para que la gente se hospede o para grupos subversivos; de ninguna manera vamos a permitir eso”.

Reglamento cierra opciones

La segunda razón que refuta la interpretación del titular de Extra la dio el Banco Hipotecario de la Vivienda (BANHVI), encargado del financiamiento de los bonos de vivienda estatales. El reglamento operativo de esa institución no admite a solicitantes de refugio o refugiados.

Hay siete requisitos para acceder a un bono de vivienda. Estas condiciones están relacionadas con las características del núcleo familiar y los recursos económicos de quien solicita el beneficio. Una de esas exigencias es ser costarricense o contar con residencia legalizada y permanente en el país.

“Para acreditar el estatus migratorio, el documento requerido es cédula de residencia” específicamente. Los refugiados y los solicitantes de refugio tienen otro tipo de documento y no pueden optar por el bono. Así lo explicó el BANHVI por medio de su área de Comunicación.

Cabe recordar la diferencia entre una persona migrante y una refugiada. Según la Ley General de Migración y Extranjería:

Se entenderá como refugiado a la persona que:
1) Debido a fundados temores de ser perseguida por motivos de raza, religión, nacionalidad, género, pertenencia a determinado grupo u opiniones políticas, se encuentre fuera del país de su nacionalidad y no pueda o, por causa de dichos temores, no quiera acogerse a la protección de tal país.
2) Al carecer de nacionalidad y por hallarse fuera del país donde antes tenía su residencia habitual, no pueda o, por causa de dichos temores, no quiera regresar a él.

Por otra parte, no existe una definición jurídica uniforme de ‘migrante’. Sin embargo, el Acnur considera que la ‘migración’ implica un proceso voluntario de alguien que cruza una frontera en busca de mejores oportunidades económicas.

Ayuda internacional

Hay que tener claro que solicitar refugio es distinto a ser refugiado.

Una persona puede solicitar refugio en Costa Rica por medio de la Dirección General de Migración y Extranjería, pero cada petición pasa por un proceso de evaluación que puede tardar meses. El solicitante recibe un carné provisional mientras esa evaluación se hace. Si la solicitud fuera aceptada, se convierte en un refugiado con su carné respectivo.

La condición de solicitante de refugio garantiza que la persona no será devuelta o expulsada del país mientras se determina la legitimidad de su petición.

Migración y Extranjería confirmó que más de 26.000 personas solicitaron refugio en Costa Rica desde mediados del 2018, después del estallido de la crisis en Nicaragua. La mayoría de peticiones provino de ciudadanos de ese país (poco más de 23.000), pero solo tres de esas solicitudes fueron aprobadas el año pasado.

El año anterior, la Unidad de Refugio de esa institución recibió $700.000 del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), “para hacer frente al incremento de solicitudes de refugio, que se estaba dando desde el año 2016”, respondió el área de prensa de Migración y Extranjería.

Tales recursos fueron empleados para la apertura de un nuevo edificio para la Unidad de Refugio, para ampliar su capacidad de atención diaria, así como la contratación de 30 profesionales en derecho y personal administrativo, confirmaron ACNUR y Migración.

Aparte de ese financiamiento, “la Unidad de Refugio trabajó con los recursos asignados para su trabajo cotidiano sin recurrir en gastos extraordinarios”, afirmó dicha institución.

En total, Acnur señaló a Doble Check que su marco de cooperación se amplió en Costa Rica con $1 millón para atender la llegada de solicitantes de refugio nicaragüenses. Sumado al apoyo a Migración y Extranjería, los recursos también se emplearon en la apertura de una oficina en Upala para coordinar la asistencia humanitaria en la zona norte del país. También se creó un centro de información para refugiados y solicitantes de refugio.

Además, ACNUR destinó esos fondos a sus agencias socias. Estas ofrecen servicios de apoyo legal y socioeconómico, atención psicológica y capacitaciones para personas que buscan refugio en Costa Rica. “Desde abril de 2018 hasta la fecha, el Acnur y sus agencias socias han registrado a 7.710 nicaragüenses en nuestros programas”, afirmó esa entidad.

Los fondos provienen del presupuesto regular del Acnur; es decir, no son fondos públicos del Gobierno. “El presupuesto regular del Acnur se conforma principalmente de las donaciones de los Estados Miembros de las Naciones Unidas”, añadió la institución”.

Doble Check también solicitó información a la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) sobre recursos asignados para la atención de nicaragüenses, pero no se obtuvo respuesta.

Otros beneficios, pero limitados

El Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS) afirmó a Doble Check que la asignación de beneficios socioeconómicos de esa institución a solicitantes de refugio solo podría darse a familias con menores de edad. Así se hace también con migrantes irregulares.

En general, el IMAS destinó menos de 6% de sus recursos a la atención de 21.101 nicaragüenses el año pasado. De ese total, la mayoría son residentes permanentes, y solo 2.961 personas estaban en la categoría de “persona extranjera”, en la que se incluye a migrantes con estatus irregular o solicitantes de refugio.

Fuente: IMAS.

La mayoría de recursos a nicaragüenses en general se destinaron a asignaciones familiares, becas educativas Avancemos y seguridad alimentaria, según los registros facilitados por el área de prensa del IMAS.

El IMAS también tiene un convenio con Acnur para la atención de refugiados desde el 2017. Por medio de ese acuerdo, 415 nicaragüenses fueron alcanzados el año pasado, pero casi la totalidad de ese grupo ya tenía refugio aprobado o residencia permanente.

Fuente: IMAS.

Por otro lado, Casa Presidencial indicó que no ha destinado recursos directamente para la atención de solicitantes de refugio nicaragüenses.

Hasta la fecha, la Comisión Nacional de Emergencias (CNE) solo ha colaborado con cuatro tiendas de campaña para los Centros de Atención Temporal de Migrantes (Catem), que fueron donadas por los Estados Unidos y que se otorgaron en calidad de préstamo, según el Ministerio de la Presidencia. Esos centros están ubicados en La Cruz (Guanacaste) y en Golfito (Puntarenas), y atienden a migrantes de distintas nacionalidades.

Así, no sobra recomendar que lea más allá del título de las noticias, y si usted es quien los redacta, hágalos con más cuidado.

U Latina no pagó $8 millones de renta de bolsillo propio entre 2014 y 2017

En resumen: La Universidad Latina se atribuyó incorrectamente la transferencia de tributos indirectos, que no provienen de su propio bolsillo, para divulgar que habían pagado $8 millones en impuestos sobre la renta en los años 2014-2017.

La empresa reportó cero utilidades en esos períodos, reveló el Ministerio de Hacienda en diciembre pasado.

Como reacción a ese reporte, el centro educativo publicó en Facebook que “durante el periodo que corresponde al 2014-2017, hemos pagado a la Dirección General de Tributación un monto aproximado de ₡4.605 millones de colones ($8 millones), por concepto de Impuestos sobre la Renta (ISRL)”.

Al ser consultada por Doble Check, la U Latina respondió que la cifra se debe a su responsabilidad legal como agente retenedor de impuestos indirectos de otras personas, como las retenciones al salario de sus empleados o a las remesas al exterior.

Sin embargo, el centro educativo solo retiene y transfiere esos recursos a Hacienda; no son impuestos que provienen del bolsillo propio de la universidad.

La Universidad Latina declinó dar acceso a su información financiera. Las declaraciones tributarias que la empresa hizo a Hacienda en esos años son privadas, por lo que no fue posible constatar el origen específico de los $8 millones.

En resumen: La Universidad Latina se atribuyó incorrectamente la transferencia de tributos indirectos, que no provienen de su propio bolsillo, para divulgar que habían pagado $8 millones en impuestos sobre la renta en los años 2014-2017.

La empresa reportó cero utilidades en esos períodos, reveló el Ministerio de Hacienda en diciembre pasado.

Como reacción a ese reporte, el centro educativo publicó en Facebook que “durante el periodo que corresponde al 2014-2017, hemos pagado a la Dirección General de Tributación un monto aproximado de ₡4.605 millones de colones ($8 millones), por concepto de Impuestos sobre la Renta (ISRL)”.

Al ser consultada por Doble Check, la U Latina respondió que la cifra se debe a su responsabilidad legal como agente retenedor de impuestos indirectos de otras personas, como las retenciones al salario de sus empleados o a las remesas al exterior.

Sin embargo, el centro educativo solo retiene y transfiere esos recursos a Hacienda; no son impuestos que provienen del bolsillo propio de la universidad.

La Universidad Latina declinó dar acceso a su información financiera. Las declaraciones tributarias que la empresa hizo a Hacienda en esos años son privadas, por lo que no fue posible constatar el origen específico de los $8 millones. Es decir, no sabemos a qué corresponde el monto. Sí sabemos a lo que no corresponde: a lo que U Latina afirmó.

Reacción a “la lista”

El 5 de diciembre, el Ministerio de Hacienda publicó una lista de 196 grandes contribuyentes que autoliquidaron cero colones en el impuesto a las utilidades en uno o más períodos entre los años 2008 y 2017.

En la lista estaba Universidad U Latina S. R. L., personería jurídica de la Universidad Latina de Costa Rica, con reportes de cero utilidades entre el 2014 y el 2017.

Ese mismo día, el centro educativo publicó un comunicado de prensa donde afirmaba:

Durante el periodo que corresponde al 2014-2017, hemos pagado a la Dirección General de Tributación un monto aproximado de ₡4.605 millones de colones ($8 millones), por concepto de Impuestos sobre la Renta (ISRL)”.

La publicación del comunicado fue reportada por medios como La República, elperiódicocr, y elmundocr.

Comunicado del 5 de diciembre del 2018 de la U Latina.

El centro de enseñanza repitió la cifra días más tarde, el 7 de diciembre, en un comunicado de prensa más amplio. La empresa omitió en esta versión decir que los $8 millones publicitados fuesen específicamente por pago de impuesto sobre la renta.

La Dirección General de Tributación aclaró a Doble Check que no es posible que un gran contribuyente autoliquide cero en el impuesto sobre las utilidades y que, a la vez, le pague al fisco un monto por concepto de impuesto sobre la renta.

“El contribuyente declara los resultados económicos de su actividad lucrativa y sobre estos resultados debe pagar el impuesto sobre las utilidades. En consecuencia, un contribuyente que autoliquide impuesto 0,  está declarando que no tuvo utilidades en el desarrollo de sus actividades económicas en un periodo fiscal determinado”, explicó Hacienda.

Interpretación imprecisa  

Ante la consulta de Doble Check, la Universidad Latina insistió en que “sí es posible tener cero utilidades y pagar impuestos a la renta por medio de retenciones en la fuente”.

La universidad se explicó así:

La ley del impuesto a la renta contiene varios apartados y conceptos por las diferentes fuentes de donde se pueden originar dichas rentas costarricenses. Una proviene de las utilidades que generan las empresas, pero otras son aquellas de las cuales no somos generadores pero, según lo especifica la misma ley, debemos cumplir con la obligación de retener el impuesto causado. Nos convertimos en responsables solidarios”.

Es cierto que una empresa no solo paga impuestos directos sobre la riqueza que genera. También, actúa como un agente recaudador que custodia y transfiere los impuestos indirectos de otras personas, como sus empleados, o los tributos que son pagados finalmente por sus clientes o consumidores.

La responsabilidad solidaria legal de la empresa sobre los impuestos que retienen no está en discusión. El meollo del asunto es: ¿la empresa pagó los $8 millones o solo sirvió de mediadora entre los contribuyentes y el Estado? Según la información disponible y lo afirmado por la empresa, se infiere lo segundo.

Toda empresa pública o privada  debe actuar como agente de retención o de percepción de impuestos, según el artículo 23 de la Ley del Impuesto sobre la Renta.

“Un ejemplo de retención clásico es la retención cuando se paga salarios. En estos casos, el asalariado es el contribuyente del impuesto y su patrono es el agente de retención.  Como agente de retención, [el patrono] debe declarar y trasladar el impuesto al fisco”, detalló Tributación.

Aparte de los salarios, Hacienda estipula que las retenciones a la fuente por impuesto de renta se aplican a jubilaciones, dietas, remesas, pagarés, valores, remesas al exterior, servicios dados por empresas fuera del país y a los dividendos de los socios.

Así, la afirmación de la U Latina es engañosa.

La Universidad Latina tiene un rol como agente retenedor de impuestos indirectos, pero estos no provienen de su propia riqueza. Otra persona sacó el impuesto de su  bolsillo y el centro educativo se encargó de retenerlo y pasárselo a Hacienda.

Según el director de Tributación Directa, Carlos Vargas, la única manera en que la U Latina podría argumentar que pagó renta de su propio bolsillo por medio de retenciones a la fuente es si pagó impuestos por títulos valores que hubiera adquirido.

Habría que ver si son títulos que le pertenecen a la universidad o si son títulos que emitió la universidad y en los que ellos tuvieron que retener. Por ejemplo, habría que ver si ellos compraron títulos de un banco, o si es que ellos emitieron [títulos de] deuda. Si ellos emiten deuda, en realidad, lo que están haciendo es reteniendo. Si ellos están comprando títulos, a ellos fue a quienes les retuvieron”, explicó Vargas.

No obstante,  en su comunicación con Doble Check, la universidad solo hace referencia a los montos indirectos que esta ha retenido de otros contribuyentes.

A finales del 2018, Doble Check halló un caso similar con Fifco, empresa controladora de Cervecería Costa Rica, que publicó campos pagados donde aseguraba que las compañías de su grupo “pagaron más de 141 mil millones de colones en impuestos en el año 2018”.

El truco estaba en que la compañía incluyó en la misma bolsa los impuestos directos (los que sí provienen de su propia riqueza) y los indirectos (los que vienen del bolsillo de los consumidores). De esa manera, solo una cuarta parte del monto publicitado salió de impuestos al bolsillo propio de la Cervecería.

Respuesta limitada

Además del impuesto a las utilidades, la Universidad Latina debe pagarle a Hacienda con su propio monedero el impuesto a las personas jurídicas y el impuesto de timbre de educación y cultura. “Este último impuesto deben pagarlo las personas jurídicas con base en el monto del capital neto reportado en la declaración del impuesto sobre la renta”, aclaró Tributación.

Desde el pasado 10 de enero, Doble Check solicitó una aclaración a la Universidad Latina sobre la cifra que difundieron en sus comunicados, para aclarar a qué tipo de impuestos se referían.

En dos ocasiones durante enero, la gerente de Comunicación Estratégica y Prensa, Cindy Madrigal, se limitó a contestar que únicamente aquellas notas de prensa eran “la información oficial y formal que estamos facilitando”.

Posteriormente, Doble Check compartió con la empresa que los criterios expuestos por Hacienda chocaban con sus afirmaciones. Se le solicitó una reacción al respecto, la cual no se dio hasta el 7 de febrero.

Cabe destacar que las declaraciones tributarias que la empresa hizo a Hacienda en esos años son privadas. Doble Check le solicitó a la Universidad Latina que compartiera la información financiera que respaldara el monto publicitado, pero el centro educativo no se refirió al respecto. Así, no fue posible constatar el origen específico de los $8 millones.

Puede leer la respuesta completa de la Universidad Latina a Doble Check aquí.