Beneficio de gasolina para diputados tiene los menores controles entre supremos jerarcas

En resumen: La diputada del Partido Acción Ciudadana (PAC), Paola Vega, propuso una reforma de ley para pausar el subsidio de gasolina de uso discrecional a los legisladores. “Los otros Poderes no reciben 500 litros de gasolina gratis por mes”, afirmó Vega a finales de noviembre en Twitter ante la reacción de otros colegas. Eso es cierto, pero obvia gastos por rubros similares en otros poderes.

Revisamos el uso de vehículos y combustibles en el Poder Ejecutivo, Judicial y el Tribunal Supremo de Elecciones. Es correcto que magistrados, ministros y el Presidente de la República no reciben un saldo de unos ₡300.000 por mes para gastarlo libremente en gasolina.

La afirmación de Vega, aunque cierta, omite que esos puestos sí tienen vehículos de uso discrecional con chofer, cuyos gastos por gasolina son cubiertos por sus instituciones.  El subsidio no es tan obsequioso como en el caso de diputados.

El subsidio de gasolina para los diputados es el que tiene menos controles. Los legislaroes pueden usar la gasolina discrecional para distintos vehículos, en diligencias personales o hasta donarla a terceros. Un diputado también podría pagar por otros servicios en la gasolinera sin que el Congreso pueda percatarse.

En resumen: La diputada del Partido Acción Ciudadana (PAC), Paola Vega, propuso una reforma de ley para pausar el beneficio de gasolina de uso discrecional a los legisladores. “Los otros Poderes no reciben 500 litros de gasolina gratis por mes”, afirmó Vega a finales de noviembre en Twitter ante la reacción de otros colegas. Eso es cierto, pero obvia gastos por rubros similares en esos otros poderes.

Revisamos el uso de vehículos y combustibles en el Poder Ejecutivo, Judicial y el Tribunal Supremo de Elecciones. Es correcto que magistrados, ministros y el Presidente de la República no reciben un saldo de unos ₡300.000 por mes para gastarlo libremente en gasolina.

La afirmación de Vega, aunque cierta, omite que esos puestos sí tienen vehículos de uso discrecional con chofer, cuyos gastos por gasolina son cubiertos por sus instituciones.  El beneficio no es tan obsequioso como en el caso de diputados.

La gasolina comprada por diputados con dinero del Estado es la que tiene menos controles. Los legisladores pueden usar la gasolina discrecional para distintos vehículos, en diligencias personales o hasta donarla a terceros. Un diputado también podría pagar por otros servicios en la gasolinera sin que el Congreso pueda percatarse.

Conflicto por proyecto de ley

A finales de marzo pasado, la diputada Paola Vega presentó un proyecto de ley para eliminar temporalmente el beneficio de gasolina de uso discrecional que reciben los 57 congresistas cada mes.

Vega propone que ese beneficio se elimine mientras esté vigente la declaratoria de estado emergencia nacional por la COVID-19, y hasta seis meses después de su derogatoria. La legisladora plantea que el dinero empleado para esa gasolina se destine al programa temporal de personas desempleadas por la pandemia.

Entre el 2018 y el 2020, el Estado ha dedicado poco más de ₡417 millones para ese combustible. Así se desprende de datos de la Asamblea Legislativa.

Vega ha criticado que no existe voluntad política en el Congreso para pausar el beneficio.

La legisladora justificó su propuesta de ley como un gesto simbólico ante la crisis que enfrenta el país por la pandemia. La diputada justificó que el combustible discrecional de los legisladores no es comparable al de otros jerarcas, ya que parte de la función de estos es realizar giras con motivos político-partidarios, mientras que otros jerarcas emplean su transporte para su función pública.

Vega afirmó que “sabe” de jerarcas de otros poderes que “abusan del recurso” de transporte discrecional, pero no señaló casos puntuales.

¿Qué dijo la diputada Vega?

Noticias Monumental difundió el 18 de noviembre que legisladores “condicionan renunciar a combustible gratis a que medida se aplique en otros poderes de la República”. Ante esa noticia, Paola Vega publicó en Twitter que “los otros Poderes no reciben 500 litros de gasolina gratis por mes…”.

Eso es cierto, pero sería incorrecto asumir que el Estado no incurre en ningún gasto.

 

¿Cómo funciona el beneficio de gasolina del Congreso?

Cada una de las personas que ocupan una diputación dispone de 500 litros de gasolina por mes para usarlo a su gusto. La administración del Congreso le deposita a cada diputado el equivalente de ese monto en colones (unos ₡300.000) en una tarjeta de débito del Banco de Costa Rica. Esta tarjeta solo puede usarse en gasolineras.

El director ejecutivo del Congreso, Antonio Ayales, recalcó un criterio de la Procuraduría General de la República del 2012 que describe ese beneficio como una “ayuda técnica” que está “estrechamente vinculada al ejercicio efectivo del cargo de diputado”.

La Asamblea Legislativa carece de un control sobre el uso de todos esos recursos. Los legisladores pueden emplear la gasolina para distintos vehículos, en diligencias personales o hasta donarla a terceros. Un legislador podría pagar por otros servicios en la gasolinera sin que la Asamblea se percate. Así lo reconoció Ayales a Doble Check.

El Congreso también tiene 17 vehículos y diez choferes en su unidad de Transportes. Este recurso es empleado por todos los funcionarios legislativos para distintas labores. Los diputados pueden solicitar ese transporte oficial para giras comunales, pero la gasolina empleada en esos recorridos se descuenta de los 500 litros que reciben cada mes.

Solamente quien ocupa la presidencia del directorio legislativo tiene reservado un vehículo de la Asamblea Legislativa para uso discrecional, con gasolina y chofer incluidos.

¿Otros jerarcas también reciben gasolina discrecional?

Sí, pero las condiciones son diferentes que en la Asamblea Legislativa.

Los otros poderes de la República disponen de vehículos de uso discrecional para sus princiales jerarcas, con choferes y gasolina cubiertos por esas instituciones.

Transporte discrecional en el Poder Judicial

El Poder Judicial asigna vehículos de uso discrecional a los 22 magistrados y magistradas de la Corte Suprema de Justicia y a quien lidere la Fiscalía General. Los carros tienen asignado un chofer con una jornada de trabajo de 12 horas, aunque el automotor en sí carece de horario de uso. Estos tienen placas particulares y carecen de distintivos oficiales.

Los vehículos discrecionales del Poder Judicial incluyen 300 litros de combustible que paga la institución, los cuales solo pueden ser empleados en esos vehículos. Si el jerarca supera ese límite, debe pagar el resto de bolsillo propio. Así lo detalló el Poder Judicial a Doble Check por medio de su área de Comunicación.

El Poder Judicial detalló que ese suministro de combustible se da con una tarjeta prepago vinculada a cada jerarca. El personal de una gasolinera debe verificar el número de placa y la persona debe registrar en el datáfono su clave personal vinculada a la tarjeta.

“Por otra parte, el sistema de control de consumo de combustible lleva un registro de cada compra, tanto en términos monetarios como de cantidad de litros dispensados y kilometraje registrado al momento de la compra”, detalló la institución.

Vehículos discrecionales del Poder Ejecutivo

El Poder Ejecutivo tiene carros de uso discrecional para el presidente y los dos vicepresidentes de la República y para los ministros de gobierno. Casa Presidencial indicó a Doble Check que esos vehículos no tienen restricciones de combustible, horario de uso o recorrido, conforme a la Ley de Tránsito. Esos automotores tampoco tienen distintivos oficiales.

Casa Presidencial recalcó por medio de una respuesta oficial que sus vehículos de uso discrecional tienen el objetivo de “facilitar y mejorar el desempeño de sus funciones”, tal como indica el Reglamento interno sobre el uso de vehículos de la Presidencia de la República y del Ministerio de la Presidencia.

La Unidad de Protección Presidencial coordina los choferes y horarios de esos vehículos. El combustible está asignado a esa unidad por la Dirección de Transportes de Casa Presidencial.

“Dado que no se dispone del mecanismo de cuotas de combustible por jerarca, el gasto se da directamente según las necesidades de traslado que se presenten para el cumplimiento de las funciones de los jerarcas, de acuerdo con la normativa y a la disponibilidad de recursos de la institución”, indicó Casa Presidencial.

El reglamento interno de esa entidad estipula que cada funcionario es responsable de la “custodia, mentenimiento, uso racional y conservación” de su vehículo discrecional. El área de Transportes debe “ejercer controles en cuanto reparación y mantenimiento” de los automotores, así como su debido registro.

La única restricción que determina ese reglamento expresamente para los vehículos discrecionales de los jerarcas del Poder Ejecutivo es que está prohibida su asignación para el uso de familiares de los mandatarios.

¿Y en el Tribunal Supremo de Elecciones?

Los nueve magistrados y magistradas del Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) también cuentan con vehículos con combustible incluido por la institución. Solo los automotores de los tres magistrados propietarios del TSE cuentan con chofer, con un horario de 12 horas.

La unidad de comunicación del TSE respondió a Doble Check que esos vehículos “no están sujetos a las mismas restricciones de los demás vehículos oficiales, en cuanto a combustible, horario de operación ni recorrido, sino que están sujetos al criterio de la persona funcionaria a la que le es asignada la unidad”, justificados en la Ley de Tránsito.

 

Sala IV refuta (otra vez) a Seguridad Pública con voto a favor de comunicadora

En resumen: La Sala Constitucional advierte que «no observó ni pudo tener por probado» que una comunicadora hubiera agredido e insultado a miembros de la Fuerza Pública en octubre pasado. La sentencia publicada hoy contradice nuevamente al Ministerio de Seguridad. El ente gubernamental había afirmado falsamente que la Sala señaló como ciertas las alegadas agresiones […]

En resumen: La Sala Constitucional advierte que «no observó ni pudo tener por probado» que una comunicadora hubiera agredido e insultado a miembros de la Fuerza Pública en octubre pasado. La sentencia publicada hoy contradice nuevamente al Ministerio de Seguridad. El ente gubernamental había afirmado falsamente que la Sala señaló como ciertas las alegadas agresiones de la comunicadora a la Policía.

Doble Check publicó ayer una verificación en donde un vocero de Sala aclaró que esa corte no se había manifestado aún sobre la denuncia policial.  La Sala manifesta hoy en un recurso que la Fuerza Pública no aportó evidencia suficiente para sustentar las acusaciones que llevaron a la detención de la comunicadora.

Los videos revisados por la corte no consiguieron probar que la comunicadora hubiera obstruido la labor policial. Así lo expresó el magistrado Paul Rueda en un comunicado de prensa. «Por el contrario, con el video aportado se evidenció que fueron los oficiales de Policía quienes obstruyeron a la amparada en el ejercicio de su labor periodística”, dijo Rueda.

La desinformación de Seguridad surgió el 11 de noviembre. El ministerio publicó ese día un comunicado en donde hacía una interpretación falsa de otro fallo que la Sala había emitido el día anterior, 10 de noviembre. “Además de la obstrucción a la labor policial, se demostró y se reafirmó como probado que la detenida lanzó golpes y amenazas en contra de los oficiales, hecho señalado como cierto por la Sala Constitucional”, publicó el ministerio.

La sentencia aludida por Seguridad ni siquiera se refería a las labores de la Fuerza Pública en la detenció de Estela Chinchilla. El fallo divulgado hoy, por el contrario, condena al ministerio por violar los derechos de libertad de tránsito y libertad de prensa de dicha comunicadora.

Doble Check contactó al Ministerio de Seguridad para el chequeo de ayer. El ministerio insistió en sostener sus afirmaciones a pesar de que la propia Sala Constitucional las había desmentido.

Los hechos

La comunicadora Estela Chinchilla Mora fue detenida por la Fuerza Pública el pasado 29 de octubre durante una protesta en Ochomogo de Cartago. La manifestación se organizó en oposición a las negociaciones del gobierno con el Fondo Monetario Internacional (FMI). Chinchilla fue aprehendida por el presunto delito de resistencia agravada.

La Fuerza Pública indicó en sus informes que Chinchilla “obstruyó la labor policial, amenaza a los oficiales e incumple la medida sanitaria de la siguiente forma; interpone su cuerpo entre la humanidad de la oficial y un sujeto que se estaba abordando en el momento”.

Chinchilla negó tal acusación, según un reporte del Semanario Universidad. “Yo les dije que soy prensa y ando totalmente identificada, pero me dijeron que me van a pasar a flagrancia por resistirme al arresto y por obstrucción, eso es totalmente falso, la manifestación ni había empezado”, dijo la comunicadora.

La Sala declaró sin lugar un recurso de habeas corpus presentado a favor de Chinchilla en contra del Ministerio de Justicia. Seguridad se valió de ese revés para afirmar falsamente que la corte había señalado como ciertas las acusaciones policiales. La condena de hoy reafirma la falsedad de las manifestaciones gubernamentales.

Según los registros de video disponibles, la Sala Constitucional negó en el voto de este viernes que la actuación de la comunicadora hubiera obstaculizado la labor policial durante la detención de manifestantes.

«Por el contrario, con el video aportado se evidenció que fueron los oficiales de Policía quienes obstruyeron a la amparada en el ejercicio de su labor periodística. La Sala también tuvo por probado que la amparada se identificó como periodista y portaba un gafete con tal indicación», explicó el magistrado Rueda en un comunicado oficial de la Sala.

«Esa obstrucción, según detalla la sentencia, se produjo no solo por la aprehensión injustificada de la afectada, sino también cuando los oficiales de Fuerza Pública dirigieron una luz hacia la cámara de la periodista, afectando, con tal reflejo, la grabación de imagen que intentaba realizar», añade la Sala en dicho comunicado.

El tribunal constitucional también destacó que la autoridad policial «no adjuntó elementos probatorios suficientes como para justificar la aprehensión de la amparada».

 

Seguridad tergiversa voto de Sala IV sobre detención de comunicadora

En resumen: Es falso que la Sala Constitucional «demostró» y «reafirmó» acusaciones que la Fuerza Público había hecho contra una comunicadora detenida el 29 de octubre en Cartago. El Ministerio de Seguridad Pública divulgó esta interpretación falsa el 11 de noviembre en un comunicado.

“Además de la obstrucción a la labor policial, se demostró y se reafirmó como probado que la detenida lanzó golpes y amenazas en contra de los oficiales, hecho señalado como cierto por la Sala Constitucional”, publicó Seguridad Pública. Eso es falso, según confirmó la misma vocería de esa corte.

La Sala únicamente declaró sin lugar un recurso de habeas corpus de la comunicadora Estela Chinchilla Mora contra el Poder Judicial (no contra Seguridad Pública). El esctito presentado alegaba que a la comunicadora no se le permitió comunicarse con su abogada durante su detención.

Ante una consulta de Doble Check, el Ministerio de Seguridad Pública insiste en sostener las afirmaciones hechas a pesar de que la propia Sala Constitucional las desmiente.

En resumen: Es falso que la Sala Constitucional «demostró» y «reafirmó» acusaciones que la Fuerza Público había hecho contra una comunicadora detenida el 29 de octubre en Cartago. El Ministerio de Seguridad Pública divulgó esta interpretación falsa el 11 de noviembre en un comunicado.

“Además de la obstrucción a la labor policial, se demostró y se reafirmó como probado que la detenida lanzó golpes y amenazas en contra de los oficiales, hecho señalado como cierto por la Sala Constitucional”, publicó Seguridad Pública. Eso es falso, según confirmó la misma vocería de esa corte.

La Sala únicamente declaró sin lugar un recurso de habeas corpus de la comunicadora Estela Chinchilla Mora contra el Poder Judicial (no contra Seguridad Pública). El esctito presentado alegaba que a la comunicadora no se le permitió comunicarse con su abogada durante su detención.

Ante una consulta de Doble Check, el Ministerio de Seguridad Pública insiste en sostener las afirmaciones hechas a pesar de que la propia Sala Constitucional las desmiente.

Detención de comunicadora

La comunicadora Estela Chinchilla Mora fue detenida por la Fuerza Pública el pasado 29 de octubre durante una protesta en Ochomogo de Cartago. La manifestación se organizó en oposición a las negociaciones del gobierno con el Fondo Monetario Internacional (FMI). Chinchilla fue aprehendida por el presunto delito de resistencia agravada.

La Fuerza Pública indicó en sus informes que Chinchilla “obstruyó la labor policial, amenaza a los oficiales e incumple la medida sanitaria de la siguiente forma; interpone su cuerpo entre la humanidad de la oficial y un sujeto que se estaba abordando en el momento”.

Chinchilla negó tal acusación, según un reporte del Semanario Universidad. “Yo les dije que soy prensa y ando totalmente identificada, pero me dijeron que me van a pasar a flagrancia por resistirme al arresto y por obstrucción, eso es totalmente falso, la manifestación ni había empezado”, dijo la comunicadora.

Recurso contra Poder Judicial

Una mujer de apellidos Zamora Ruiz interpuso un recurso de habeas corpus a favor de Chinchilla y en contra del Poder Judicial tras su detención. La denunciante afirmó que Chinchilla fue trasladada de la Delegación Policial de Cartago a los Tribunales de Justicia. Agregó que la fiscala de flagrancia no le permitió a su abogada comunicarse con la detenida.

La Sala Constitucional declaró sin lugar ese recurso. La resolución se dio el martes 10 de noviembre para el expediente 20-019900-0007-CO.

“Contrario a lo afirmado por la recurrente, se informa bajo juramento que a partir del inicio de la tramitación en la Fiscalía, se apersonó la Licda. Olga Magdalena Carrillo Bianchi como abogada particular de la persona detenida. La Fiscal encargada, de forma personal, atendió a la defensora, a quien se le garantizó acceso total a su representada. Luego de llevar a cabo la diligencia de toma de datos provisional, la cual se practicó en presencia de la Licda. Carrillo Bianchi en el ejercicio de su defensa técnica, se le dejó en libertad al no recibirse denuncia alguna contra la persona detenida”, detalló la Sala para declarar sin lugar el recurso.

Ministerio de Seguridad tergiversa pronunciamiento

El Ministerio de Seguridad Pública divulgó un comunicado al respecto el miércoles 10 de noviembre. La gacetilla se tituló “Magistrados respaldan detención de mujer que golpeó y amenazó a policías durante bloqueo alegando ser comunicadora”. El mensaje también fue replicado en un video transmitido en el perfil de Facebook del ministerio.

Seguridad afirmó que los magistrados constitucionales “señalaron como hechos probados” los informes realizados por la Fuerza Pública sobre la detención de la comunicadora.

“Además de la obstrucción a la labor policial, se demostró y se reafirmó como probado que la detenida lanzó golpes y amenazas en contra de los oficiales, hecho señalado como cierto por la Sala Constitucional”, agregó.

Ambas afirmaciones del Ministerio de Seguridad son falsas. Así lo señaló la Sala Constitucional a Doble Check por medio de su vocero, Alonso Mata.

 

“La Sala Constitucional no avala el accionar de la Fuerza Pública en la detención de Estela Chinchilla en esa resolución; ni siquiera lo entra a conocer. No da por cierto los hechos que la Policía le atribuye en el informe; solo reconoce que existe ese informe”, advirtió Mata.

El objeto del recurso nunca fue avalar la veracidad de los informes. Las referencias a ellos están diferenciadas como citas textuales con el uso de comillas y letra itálica.

El vocero de la Sala también recalcó que el Poder Judicial era la parte recurrida en el recurso de habeas corpus presentado a favor de Chinchilla. La Fuerza Pública solo fue una entidad consultada.

Mata indicó que hay otros dos recursos presentados por Chinchilla que aún están en trámite.

Seguridad insiste en interpretación falsa

Doble Check informó de la aclaración de la Sala IV al Ministerio de Seguridad Pública para obtener una reacción. La institución mantuvo la interpretación errónea de su comunicado oficial, según se desprende de declaraciones de una vocera.

 

 

 

(Des)empleo en pesca de arrastre: ¿cuán confiables son los datos disponibles?

En resumen: Solo existe un estudio formal que calcula el impacto directo de la pesca de arrastre en el empleo de Puntarenas. Esa investigación de la Universidad Nacional (UNA) estimaba 590 empleos en el 2015. Tiene la limitación de que se calculó dos años después de la prohibición de la actividad, cuando solo quedaban 27 licencias activas.

Durante las discusiones para la aprobación de la ley también se enunciaron cifras contradictorias de beneficiados que rondaban entre las 3.000 y 5.000 empleos. Esas cifras proceden de cálculos informales hechos por el sector camaronero. Las estimaciones se hicieron sin un método replicable por lo que no pudieron ser corroboradas por Doble Check.

La diputada Carmen Chan también indicó erróneamente que la prohibición de la pesca de arrastre en el 2013 había dejado más de «3.000 desempleados». La legisladora hizo una lectura incorrecta de un acta de Incopesca. El documento se basa en el estudio de la UNA, y proyectaba que 3.110 personas era la suma de trabajadores afectados por esa prohibición más sus familiares.

Los cálculos informales «a la alta» fueron usados por políticos y empresarios a favor de la reanudación de la actividad. El cálculo formal del 2015 fue usado por agrupaciones y políticos en contra de la práctica pesquera de arrastre.

La Asamblea Legislativa aprobó con 28 votos a favor el proyecto de ley para revivir esa práctica de pesca en el país. Aquello ocurrió el pasado 22 de octubre. El presidente de la República, Carlos Alvarado, vetó la iniciativa ocho días después.

En resumen: Solo existe un estudio formal que calcula el impacto directo de la pesca de arrastre en el empleo de Puntarenas. Esa investigación de la Universidad Nacional (UNA) estimaba 590 empleos en el 2015. Tiene la limitación de que se calculó dos años después de la prohibición de la actividad, cuando solo quedaban 27 licencias activas.

Durante las discusiones para la aprobación de la ley también se enunciaron cifras contradictorias de beneficiados que rondaban entre las 3.000 y 5.000 empleos. Esas cifras proceden de cálculos informales hechos por el sector camaronero. Las estimaciones se hicieron sin un método replicable por lo que no pudieron ser corroboradas por Doble Check.

La diputada Carmen Chan también indicó erróneamente que la prohibición de la pesca de arrastre en el 2013 había dejado más de «3.000 desempleados». La legisladora hizo una lectura incorrecta de un acta de Incopesca. El documento se basa en el estudio de la UNA, y proyectaba que 3.110 personas era la suma de trabajadores afectados por esa prohibición más sus familiares.

Los cálculos informales «a la alta» fueron usados por políticos y empresarios a favor de la reanudación de la actividad. El cálculo formal del 2015 fue usado por agrupaciones y políticos en contra de la práctica pesquera de arrastre.

La Asamblea Legislativa aprobó con 28 votos a favor el proyecto de ley para revivir esa práctica de pesca en el país. Aquello ocurrió el pasado 22 de octubre. El presidente de la República, Carlos Alvarado, vetó la iniciativa ocho días después.

Único estudio disponible

Un conjunto de 117 asociaciones de pesca artesanal, municipalidades, cámaras de turismo y grupos ambientalistas y comunales publicó en La Nación un campo pagado el pasado 23 de octubre. El mensaje le pedía al Presidente de la República el veto de la ley que pretendía revivir la pesca de arrastre semiindustrial de camarón en Costa Rica.

“Esta actividad beneficiará a un pequeño sector que, según datos de la Universidad Nacional de 2015, generó solamente 590 empleos directos que no son de calidad, perpetuando y feminizando la pobreza”, afirmaba ese grupo de organizaciones en el campo pagado.

Solicitud de veto presidencial publicada en un campo pagado en La Nación el 23 de octubre del 2020.

El estudio mencionado en esa petición es la única investigación disponible que ha medido la fuerza laboral de la pesca de arrastre semiindustrial de camarón en Costa Rica. El análisis fue realizado en el 2015 por la Escuela de Economía de la Universidad Nacional (UNA). Dicho estudio fue editado y publicado por la Fundación MarViva en el 2016. Esa fue una de las organizaciones que solicitó el veto presidencial.

Esa investigación caracterizó las condiciones socioeconómicas de ese sector en la costa del Pacífico de Costa Rica. El estudio concluyó que las 27 licencias activas que operaban en aquel momento generaban 590 empleos directos. El documento puntualiza que “más del 80% [de esos empleos] son de mala calidad, pues no alcanzan el salario mínimo de ley”.

Métodos de cálculo

¿Cómo se calculó esa población? Según el estudio, “se utilizaron datos de la Caja Costarricense del Seguro Social, entrevistas a representantes de Cámaras y Asociaciones de esta pesquería, expertos y expropietarios de embarcaciones, así como datos del Incopesca, Ministerio de Hacienda y del Banco Central”.

Doble Check conversó con el director del estudio, Martín Parada. El economista explicó a Doble Check que el equipo de investigación hizo un mapeo de las zonas donde operaba la flota camaronera y dos talleres con especialistas que integraban la cadena productiva.

“Ahí participaron los mismos camaroneros, porque ellos nos dieron un aproximado de la población, dadas las 27 licencias y las embarcaciones”, afirmó Parada. El economísta era entonces el coordinador del programa de sectores productivos, competitividad y desarrollo de la Escuela de Economía de la UNA.

Parada indicó a Doble Check que la investigación definió como empleo directo de ese tipo de pesca el trabajo de las peladoras de camarones, la tripulación de los barcos (capitán, cocinero y pescadores) y los dueños de las licencias.

“Se hizo un estimado de los trabajadores que participaban en la tripulación y eran 195 en aquel momento. Sobre las peladoras, [los empresarios camaroneros] llegaron a un consenso entre ellos que podían ser unas 400”, detalló Parada.

A partir de ese total, el equipo de la UNA estructuró una encuesta con una muestra de 130 personas del sector. El instrumento examinó características de la cadena productiva como ingresos, nivel educativo y estructura familiar de los participantes.

Limitación del estudio

Dicho estudio tiene una limitación. La Sala Constitucional prohibió la pesca de arrastre de camarón en el 2013. La corte ordenó mantener la restricción mientras no existieran estudios técnicos para validar el reinicio de la actividad y la disminución de capturas incidentales de fauna marina. La prohibición impidió la emisión de licencias de pesca nuevas o la renovación de permisos existentes. El estudio de la UNA del 2015 se hizo cuando solo quedaban 27 licencias vigentes en el país.

Otro informe de MarViva del 2010 indica que en aquel año había 46 licencias activas. Ese informe carece de información sobre la cantidad de empleos generados para entonces. Por ello no hay cálculo de los beneficios en empleo cuando la actividad tenía mayor vigor en el país.

Estimación desde sector camaronero

Uno de los principales promotores del proyecto que busca la reactivación de la pesca de arrastre fue Carlos Ricardo Benavides, diputado del Partido Liberación Nacional (PLN) y expresidente del directorio legislativo. El legislador defendió la aprobación de la iniciativa al afirmar que “las estimaciones más cortas de generación de empleo de esto se ubican entre las 4.000 y 5.000 personas”. Así lo dijo el pasado 27 de octubre en el programa radial Hablando Claro, días después de que la Asamblea Legislativa aprobara la iniciativa con 28 votos a favor.

Esa estimación proviene de un cálculo que carece de un análisis que pueda ser verificado.

Doble Check le solicitó a Benavides la fuente de esa estimación. El diputado remitió atribuciones hechas a la Cámara Puntarenense de Pescadores (CAMAPUN). Una de esas afirmaciones se registró en el informe de una investigación de junio del 2019 titulada “Mujeres vinculadas al sector pesquero en Puntarenas: un caso sobre la feminización de la pobreza”. Fundación Arias para la Paz y Australian Aid publicaron ese informe.

El estudio atribuye la siguiente afirmación a “un representante” de CAMAPUN sin mencionar su nombre:

“El tema del camarón es complicado, se ha dicho que entre 3 mil y 5 mil personas están perdiendo su ingreso para la familia entre empleo directo e indirecto, desde que sale el camaronero, los que trabajan en la ferretería, los que trabajan en verdulería, los que trabajan en mantenimiento, los transportistas, entre otros. Eso es desempleo, es una cadena, en Puntarenas la economía está paralizada”.

Cálculo «a mano alzada»

Doble Check se comunicó con Roy Carranza, presidente de CAMAPUN. El empresario dijo a Doble Check que las estimaciones realizadas por esa cámara sobre el empleo derivado de la pesca de arrastre de camarón han sido “empíricas”, por lo que no pueden ser verificadas. “Ha sido empíricamente porque nosotros no somos estadísticos”, dijo Carranza. Él fue propietario de dos licencias de pesca de arrastre.

Carranza afirmó que esa cámara estimó que el voto de la Sala Constitucional del 2013 afectó a 3.050 personas o empresas que tenían empleos directos e indirectos con la actividad. “Sabemos que, a la fecha, ese cálculo es muchísimo mayor”, opinó.

El director del estudio de la UNA sobre empleos de la flota camaronera, Martín Parada, advirtió que esas estimaciones “son los datos que recibíamos nosotros previamente al estudio”, pero que no hay evidencia para sustentarlos.

“Creo que en esa cifra se está hablando de los servicios de apoyo a la cadena productiva, pero los servicios de apoyo no solo sirven para la flota pesquera. Por ejemplo, una ferretería que le da servicio a la flota pesquera en los materiales que ocupa pero le vende materiales a otra gente. No se le puede atribuir a la flota pesquera esos empleos como directos en Puntarenas”, dijo Parada.

El investigador de la UNA considera que las estimaciones hechas por el sector camaronero sobreestiman el subempleo y los empleos indirectos. “El efecto socioeconómico no ha sido bien valorado [en ese cálculo] y se utilizan datos a mano alzada”, agregó Parada.

Diputada citó dato de Incopesca incorrectamente

La diputada independiente, Carmen Chan, afirmó que el impedimento establecido por la Sala Constitucional a la pesca de arrastre de camarón dejó a “3.000 personas desempleadas en Puntarenas”. Eso lo afirmó el pasado 21 de octubre en el plenario legislativo durante la votación del proyecto de ley que pretendía revivir esa actividad.

La cifra de 3.000 “personas desempleadas” proviene de una lectura incorrecta.

El despacho de Carmen Chan respondió a Doble Check que “el dato de las más de 3.000 personas desempleadas pues dependen de la pesca de camarón” está referido en el acta 46-2017 del Instituto Costarricense de Pesca y Acuicultura (Incopesca). En esa acta, la junta directiva de esa entidad evaluó posibles consideraciones para una reforma legal “para la pesca sostenible del camarón”.

“Se ha logrado establecer la existencia de una situación crítica que enfrentan la pesca de arrastre de camarón, las personas dedicadas a esta actividad y sus familias, lo cual se convierte en una amenaza para su principal medio de vida, ya sea porque trabajan directamente en la pesca de arrastre o son dependientes para la mayoría de sus necesidades de alguien que trabaja en la actividad, llegándose a estimar una población de 3.110 personas que dependen de la pesca del camarón”, indica el acta de Incopesca.

El acta de esa institución no se refiere específicamente a más de 3.000 personas desempleadas. Por el contrario, parece hacer una suma de las personas dedicadas a la actividad y de sus familias. El acta de Incopesca remite ese cálculo a la fuerza laboral identificada por el estudio de la Escuela de Economía de la UNA en el 2015. Esa investigación estimó un promedio de cinco personas por familia entre los trabajadores asociados directamente a la actividad.

Atribución en artículo de AmeliaRueda.com

El diputado Carlos Ricardo Benavides también justificó sus estimaciones de empleos por pesca de arrastre con base en un artículo del medio digital AmeliaRueda.com de finales del 2017.

Ese texto afirma que, según Incopesca, “hay 3.756 personas vinculadas a la actividad a lo largo del Pacífico y Caribe costarricense que quedarían en condición de vulnerabilidad ante una prohibición total de la pesca de arrastre”.

La cifra es similar a la estimación citada en el acta de Incopesca que refirió la diputada Carmen Chan. El cálculo difiere por 646 personas más y no se especifica el tipo de vinculación con la pesca de arrastre.

Doble Check contactó al redactor de ese artículo, Luis Ramírez. El periodista indicó: “En ese tiempo estuve haciendo varias notas sobre la pesca de arrastre y revisé varios informes y estudios de Incopesca”. Agregó que no recordaba la fuente específica.

Doble Check intentó precisar con Incopesca los cálculos indicados en esa nota de prensa que refirió Benavides. También intentó verificar el cálculo en el acta de junta directiva que empleó Carmen Chan. La institución declinó brindar declaraciones por “respeto” al veto presidencial de la ley que pretendía revivir la pesca de arrastre de camarón en el país.

¿Qué sabemos y qué no sabemos de la pesca de arraste en Costa Rica?

La discusión en segundo debate del proyecto para reactivar la pesca de arrastre de camarón está prevista para el lunes 19 de octubre. ¿Qué información hay en Costa Rica sobre esa práctica y qué se desconoce hasta la fecha?

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