Falso: eutanasia en Holanda no está limitada solo para sus ciudadanos

En resumen: es falso que la ley de los Países Bajos restringe la eutanasia solo para ciudadanos de ese país, tal como afirmó la diputada independiente del bloque “Nueva República”, Ivonne Acuña.

La eutanasia y el suicidio asistido fueron despenalizados en Holanda desde el 2002 cuando estos sean facilitados por personal médico.

La ley holandesa solo permite el procedimiento a personas que sufran de un dolor insoportable y cuyo padecimiento sea incurable.  Además, debe haber una autorización expresa y “en conciencia completa” del solicitante.

Contrario a lo afirmado por la diputada Acuña ante el medio de comunicación elmundo.cr, la legislación de los Países Bajos carece de una restricción basada en la ciudadanía o el estado de residencia de la persona que requiera la terminación de su vida.

En su sitio oficial en Internet, el gobierno holandés estipula que el médico tratante debe decidir si es posible ese tipo de procedimientos en casos de personas no residentes que han llegado recientemente a esa nación, con base en un “conocimiento suficiente” del historial médico del solicitante.

En resumen: Es falso que la ley de los Países Bajos restrinja la eutanasia solo para ciudadanos de ese país, tal como afirmó la diputada independiente del bloque “Nueva República”, Ivonne Acuña.

La eutanasia y el suicidio asistido fueron despenalizados en Holanda desde el 2002 cuando estos sean facilitados por personal médico.

La ley holandesa solo permite el procedimiento a personas que sufran de un dolor insoportable y cuyo padecimiento sea incurable.  Además, debe haber una autorización expresa y “en conciencia completa” del solicitante.

Contrario a lo afirmado por la diputada Acuña ante el medio de comunicación elmundo.cr, la legislación de los Países Bajos carece de una restricción basada en la ciudadanía o el estado de residencia de la persona que requiera la terminación de su vida.

En su sitio oficial en Internet, el gobierno holandés estipula que el médico tratante debe decidir si es posible ese tipo de procedimientos en casos de personas no residentes que han llegado recientemente a esa nación. Esa aprobación debe hacerse con base en un “conocimiento suficiente” del historial médico de la persona que la pide.

Acuña aseguró que compartiría con Doble Check su fuente de información, pero no lo ha hecho oportunamente. Se actualizará esta información si fuera necesario.

El comentario de Acuña

Esta semana, el medio digital elmundo.cr divulgó la reacción de la diputada Ivonne Acuña ante el propuesta de una Ley sobre Eutanasia y Muerte Digna, que fue presentado el pasado 1 de mayo por la legisladora del Partido Acción Ciudadana (PAC), Paola Vega.

Según consta en la nota de ese medio, Acuña cuestionó la falta de definiciones de la propuesta, como “el contenido presupuestario, los alcances del proyecto y  a quién está dirigido”.

Como ejemplo, la diputada independiente dijo que “Holanda en su regulación para poder dar el servicio de eutanasia estipula que el servicio es dado solamente a ciudadanos holandeses y precisamente para evitar que otras personas de otros países vengan a hacer uso de ese servicio”.

Captura de pantalla de la nota publicada en elmundo.cr

Por eso, la diputada independiente dijo que, de aprobarse el proyecto en Costa Rica, “vamos a tener turismo homicida y suicida en este país”.

Efectivamente, la iniciativa de ley para permitir la eutanasia en Costa Rica (tramitada bajo el expediente 21.383) carece de una limitación con base en la ciudadanía o el estado de residencia de la persona solicitante, confirmó a Doble Check la diputada Paola Vega.

Los límites que existen en Holanda (y los que no)

A partir del 2002, la legislación de los Países Bajos fue la primera en el mundo que despenalizó la eutanasia y el suicidio asistido.

En su sitio oficial en Internet, el gobierno holandés define que la eutanasia es un procedimiento “realizado por un médico tratante al administrar una dosis fatal de un fármaco apropiado, por solicitud expresa del paciente”. La legislación de ese país considera el suicidio asistido como una situación donde un médico proporciona el fármaco y el paciente se lo administra a sí mismo.

Tales procedimientos son regulados por medio de la Ley de terminación de la vida y suicidio asistido.

Dicha ley estipula una serie de condiciones para que la terminación de la vida por petición sea legal:

  1. Debe ser realizada por un profesional médico. Los médicos no están obligados a realizar el procedimiento.
  2. El médico tratante debe estar convencido de que la solicitud del paciente es voluntaria y bien considerada.
  3. El sufrimiento del paciente ha sido considerado como prolongado e insoportable.
  4. El médico tratante debe informar al paciente de su situación y de sus posibilidades.
  5. El paciente mantiene la convicción de que no hay otra situación razonable para su estado.
  6. El paciente debe ser evaluado por otro médico independiente, quien tiene que revisar por escrito el cumplimiento de las condiciones requeridas.
  7. La eutanasia o el suicidio asistido deben realizarse con un cuidado apropiado.

Además, el médico tratante debe notificar posteriormente la aplicación del procedimiento ante un comité evaluador.

La ley  holandesa establece que la terminación de la vida bajo esos límites puede ser solicitada por personas mayores de 12 años de edad. Sin embargo, el consentimiento de los padres de familia o los guardianes legales es obligatorio hasta los 16 años.

En casos de personas de 16 y 17 años, esa autorización no es obligatoria pero es requerido que la familia o los guardianes estén involucrados en la toma de las decisiones. Después de la mayoría de edad (18 años), las personas pueden solicitar la terminación de la vida sin involucramiento familiar.

La ley que regula la terminación de la vida por petición en Holanda carece de algún estatuto que limite el procedimiento con base en la ciudadanía o el estado de residencia de la persona solicitante.

En su plataforma informativa oficial, el gobierno holandés advierte que los médicos tratantes en casos de eutanasia y suicidio asistido deben tener información suficiente para evaluar la viabilidad del procedimiento en cada caso.

Así, las autoridades de Holanda aseguran que el personal médico puede decidir si facilita o no el procedimiento a personas no residentes que llegaron recientemente al país, con base en un “conocimiento suficiente” del historial médico del solicitante.

5 chequeos al nuevo presidente de la Asamblea Legislativa

Este 2 de mayo, después del informe que dio Carlos Alvarado, sobre su primer año de gobierno, la palabra la tomó el nuevo presidente de la Asamblea Legislativa, Carlos Ricardo Benavides, del Partido Liberación Nacional (PLN).

En Doble Check, hicimos un chequeo en vivo de las afirmaciones hechas por el Presidente de la República. Así, tampoco íbamos a quedarnos con el clavo sobre la precisión del discurso que dio Benavides, que fue recién electo el pasado 1 de mayo para presidir el directorio legislativo durante el periodo 2019-2020.

El resultado: Benavides aportó cinco datos concretos que pueden verificarse, aunque dos de estos son falsos o imprecisos por falta de contexto

El diputado liberacionista y nuevo presidente de la Asamblea Legislativa, Carlos Ricardo Benavides, leyó un discurso como respuesta al informe que dio Carlos Alvarado sobre su primer año de gobierno este 2 de mayo.

En Doble Check, hicimos un chequeo en vivo de las afirmaciones hechas por el Presidente de la República. Así, tampoco íbamos a quedarnos con el clavo sobre la precisión del discurso que dio Benavides, quien fue recién electo el pasado 1 de mayo para presidir el directorio legislativo durante el periodo 2019-2020.

El resultado: Benavides aportó cinco datos concretos que pueden verificarse, aunque dos de estos son falsos o imprecisos por falta de contexto.

“La pérdida del empleo viene dándose desde la administración anterior y en la actual, de junio a diciembre de 2018, según el INEC, más de 88.000 empleos se han perdido”

Chequeo: El dato es falso, pues no se perdieron empleos. De hecho, entre junio y diciembre de 2018 aumentó levemente la cantidad de empleos en el país. Lo correcto habría sido decir que aumentó el desempleo en 88.000 personas (una cifra histórica), pues el mercado laboral no pudo absorber a todas las personas que buscaron empleo en ese período. Es decir, no se perdieron empleos existentes, sino que no se crearon suficientes empleos nuevos.

Usemos una metáfora para entender el fenómeno. Imagine que usted trabaja en una empresa en la que laboran 100 trabajadores. Afuera de la empresa hay 10 personas haciendo fila para ser contratadas. Imagine que la empresa decide contratar a 2 de las personas que estaban haciendo fila. Es decir, ahora hay 102 empleados. Sin embargo, en ese tiempo, la fila se hizo mucho más grande y aumentó a 20 personas.

La pregunta es: ¿se perdieron empleos? No. Más bien ahora hay dos personas más trabajando en la empresa: no han despedido a nadie. ¿Aumentó la fila? Sí.

Sucede lo mismo para Costa Rica. En el período que subraya Benavides (de junio a diciembre de 2018)  la cantidad de personas empleadas pasó de 2.160.036 personas a 2.165.323 trabajadores. La cantidad de empleos aumentó en 5.287 puestos de trabajo. No hay pérdida de empleo.

Eso sí, siguiendo con la metáfora, “la fila se hizo más grande”. Benavides emplea mal el dato pero la cifra es correcta. El número de personas desempleadas aumentó en 88.773. Muchas más personas salieron a buscar empleo del que fue generado.

Ya habíamos publicado un artículo sobre este mismo tema. En el último trimestre del 2018 el país mostró su peor tasa de desempleo desde el 2010. Sin embargo, como acabamos de explicar, eso no implica que se hayan destruído empleos.

“Desde hace varios años, Costa Rica tiene índices de crecimiento económico bastante modestos. Según el Banco Mundial, este año creceremos tan solo un 2,7%”.

Chequeo: La afirmación es cierta. El Banco Mundial proyecta que Costa Rica tendrá un crecimiento económico equivalente a 2,7% del Producto Interno Bruto (PIB) para el año 2019.

Esa institución también proyecta que ese crecimiento será de 2,8% en el 2020 y de 3% en el año siguiente.

En su más reciente informe de Prospectos Económicos Globales, el Banco Mundial señala que “una reciente legislación de reforma fiscal en Costa Rica aumentará los ingresos hacendarios y debería mejorar la motivación de inversión”.

Eso sí, el Banco Central de Costa Rica (BCCR) tiene proyecciones distintas: un crecimiento de la economía costarricense de 3,2% en el 2019 y 3,0% en el 2020. Así lo indica esa entidad en el Programa Macroeconómico  para ese periodo.

El Banco Central reconoce que su proyección para este año es superior al crecimiento del 2018 (2,7%), aunque advierte que esa estimación está por debajo del crecimiento potencial para Costa Rica, que esa institución calculó en 3,5%.

“La ampliación de la carretera San José – San Ramón que envolvió a este país en una discusión nacional, han pasado 6 años desde que se retiró la concesión (…) Parece evidente que este gobierno, logrará, la concreción de 17 obras impostergables lo cual celebramos, pero no se concretará esta ruta”.

Chequeo: Este pronóstico tiene fundamento. No podemos chequear el futuro, pero el Plan Nacional de Desarrollo efectivamente descarta la finalización de la obra San José-San Ramón. En concreto, la meta del gobierno es que al 2022 se logrará un “30% de la ampliación y mejoramiento del Corredor Vial San José – San Ramón”, obra de la que será responsable el Consejo Nacional de Vialidad. El Plan proyecta que en el 2020 la obra tendrá un avance del 5%.

“Actualmente más de 85.000 menores de 24 años se encuentran sin empleo. Ellos componen más del 30% del total de la población desempleada en el país”

Chequeo: El dato es impreciso porque tiene una omisión importante. Según el INEC, ese número representa únicamente a los menores de 24 años sin estudios universitarios. En realidad, las cifras nacionales de desempleo para todos los menores de esa edad son mucho mayores.

En el último trimestre de 2018 se observan 126.100 menores de 24 años desempleados (un promedio de 99.591 en todo el 2018). Ellos representan más del 40% de los desempleados del país, según la Encuesta Continua de Empleo del Instituto Nacional de Estadística y Censos.

El despacho de Benavides dijo a Doble Check que su fuente fue una publicación de La Nación, que contempla los datos del INEC sobre jóvenes sin estudios universitarios. Como indicamos, los datos de desempleo entre todos los jóvenes son mucho mayores.

“Desgraciadamente, la pobreza se elevó hasta el 21,1% en el 2018 y la pobreza extrema pasó del 5,7% al 6,3% en el mismo período. Esto es verdaderamente dramático. Estamos hablando de 50 mil costarricenses más, que se encuentran bajo la línea de pobreza”.

Chequeo: La afirmación es cierta. Tales cifras se desprenden de la Encuesta Nacional de Hogares (ENAHO) del 2018, realizada por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC).

La pobreza en Costa Rica aumentó de 20% de la población en 2017 a 21,1% en el 2018, después de una tendencia a la baja que se registraba desde el 2014.

Ese aumento interanual significó que 49.666 personas más quedaron bajo la línea de pobreza el año pasado, para un total de 1.150.000 personas. El presidente del directorio legislativo redondeó la cifra de personas adicionales en pobreza, pero tiene razón.

Consenso médico descarta efecto abortivo de «píldora del día después»

En resumen:

La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha ratificado desde hace más de una década que las píldoras anticonceptivas de emergencia —conocidas como “píldora del día después”— tienen un efecto que se limita al proceso de ovulación y no intervienen después de la fecundación o del embarazo. Es decir, no son abortivas.

Ese consenso médico es compartido por gremios internacionales de ginecología, obstetricia y planificación familiar, a partir de la evaluación de la evidencia científica disponible.

La Conferencia Episcopal de Costa Rica expresó ayer su oposición a la comercialización del medicamento en el país. Sin especificar la fuente, su comunicado afirmaba que «diversos científicos han afirmado que la misma [la píldora] puede impedir la implantación del cigoto en el endometrio». Ese pronunciamiento concuerda con una nota informativa publicada en el periódico Eco Católico de su edición del 7 de abril. La nota sostiene que el Ministerio de Salud “ignora el efecto abortivo” de ese medicamento, pues apunta que Estados Unidos ha reconocido que el medicamento puede evitar la implantación de un embrión en el útero, paso clave para que suceda un embarazo.

La oposición a la venta de ese anticonceptivo en Costa Rica achaca que, por la alegada presencia de ese efecto, el mecanismo de acción del medicamento es abortivo. Esta posición ha buscado respaldo en la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA, por su nombre en inglés) de Estados Unidos. Desde 1999 esta agencia requiere que las etiquetas de los anticonceptivos de emergencia indiequen que uno de los métodos de acción puede ser impedir la implantación.
Esta posición riñe con el concenso científico basado en las evidencias médicas más recientes. De hecho, una investigación del 2012 de The New York Times reveló que el proceso para incluir esta indicación en las etiquetas de la FDA careció de una discusión de evidencia científica. Asimismo, el artículo indicó que investigaciones posteriores no han encontrado el efecto inhibitorio de la implantación.

El Departamento de Salud y Servicios Humanos —principal rector de salud en Estados Unidos y organismo al que pertenece la FDA— sostiene en su sitio de Internet que el efecto de la píldora anticonceptiva de emergencia está centrado en retrasar la ovulación. La institución no hace atribuciones a efectos en la implantación del óvulo fecundado y cita investigaciones que descartan ese efecto.

En resumen: La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha ratificado desde hace más de una década que las píldoras anticonceptivas de emergencia —conocidas como “píldora del día después”— tienen un efecto que se limita al proceso de ovulación y no intervienen después de la fecundación o del embarazo. Es decir, no son abortivas.

Ese consenso médico es compartido por gremios internacionales de ginecología, obstetricia y planificación familiar, a partir de la evaluación de la evidencia científica disponible.

La Conferencia Episcopal de Costa Rica expresó ayer su oposición a la comercialización del medicamento en el país. Sin especificar la fuente, su comunicado afirmaba que «diversos científicos han afirmado que la misma [la píldora] puede impedir la implantación del cigoto en el endometrio». Ese pronunciamiento concuerda con una nota informativa publicada en el periódico Eco Católico de su edición del 7 de abril. La nota sostiene que el Ministerio de Salud “ignora el efecto abortivo” de ese medicamento, pues apunta que Estados Unidos ha reconocido que el medicamento puede evitar la implantación de un embrión en el útero, paso clave para que suceda un embarazo.


La oposición a la venta de ese anticonceptivo en Costa Rica achaca que, por la alegada presencia de ese efecto, el mecanismo de acción del medicamento es abortivo. Esta posición ha buscado respaldo en la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA, por su nombre en inglés) de Estados Unidos. Desde 1999 esta agencia requiere que las etiquetas de los anticonceptivos de emergencia indiquen que uno de los métodos de acción puede ser impedir la implantación.

Esta posición riñe con el consenso científico basado en las evidencias médicas más recientes. De hecho, una investigación del 2012 de The New York Times reveló que el proceso para incluir esta indicación en las etiquetas de la FDA careció de una discusión de evidencia científica específica sobre ese efecto. Asimismo, el artículo indicó que investigaciones posteriores no han encontrado el efecto inhibitorio de la implantación.

El Departamento de Salud y Servicios Humanos —principal rector de salud en Estados Unidos y organismo al que pertenece la FDA— sostiene en su sitio de Internet que el efecto de la píldora anticonceptiva de emergencia está centrado en retrasar la ovulación. La institución no hace atribuciones a efectos en la implantación del óvulo fecundado y cita investigaciones que descartan ese efecto.

Píldora sin efecto después de la fecundación

Las píldoras anticonceptivas de emergencia no funcionan si una mujer ya está embarazada. Es decir, si el embrión se implantó en el útero. El medicamento tampoco puede impedir la implantación del embrión, según distintos consensos científicos basados en la evidencia disponible.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha ratificado desde hace más de una década que la píldora “del día después” previene o retrasa que un óvulo salga de los ovarios. Así se evita que el óvulo se encuentre con los espermatozoides.

Este medicamento está compuesto por levonorgestrel. Esta es una hormona sintética empleada en píldoras anticonceptivas desde hace más de 30 años. Su uso corresponde a casos de emergencia después de tener relaciones sexuales riesgosas (porque no se empleó protección o porque hubo un fallo en otro anticonceptivo, como la ruptura del condón).

El Ministerio de Salud anunció ayer, jueves, la aprobación del registro del anticonceptivo de emergencia y su venta en el país sin la necesidad de receta médica.

La OMS, principal rectora de salud en el mundo, ha refutado que los anticonceptivos de emergencia tengan efectividad después de que el espermatozoide se une con el óvulo, antes o después de adherirse al útero.

“Existe evidencia sólida para afirmar que el mecanismo de acción de las píldoras anticonceptivas de emergencia es sobre el proceso de ovulación”, respondió a Doble Check la Organización Panamericana de la Salud (OPS), ente regional de la OMS, por medio de su vocera de prensa.

El impedimento a la implantación del óvulo fecundado aparece catalogado como “idea equivocada” sobre los anticonceptivos de emergencia en la edición actualizada de Planificación Familiar del 2018, publicación revisada y editada por la OMS, la Universidad Johns Hopkins y la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID).

A ese consenso científico también se han sumado el Consorcio Internacional sobre Anticoncepción de Emergencia (ICEC) y la Federación Internacional de Ginecología y Obstetricia (FIGO).

Estas dos últimas instituciones también han reconocido que la píldora “podría” afectar la movilidad de los espermatozoides al hacer más espesa la mucosa cervical de las mujeres. Sin embargo, advirtieron posteriormente que la evidencia científica sobre ese efecto aún es contradictoria.

El ministro de Salud, Daniel Salas, también descartó que al medicamento se le puedan atribuir efectos abortivos por su mecanismo de acción. “Lo que [el medicamento] hace es inhibir la ovulación, o bien, retarda o impide el paso del espermatozoide”, dijo el jerarca en conferencia de prensa este jueves.

El jefe de ginecología y obstetricia del Hospital Rafael Ángel Calderón Guardia, Danilo Medina, también coincidió con el criterio de la OMS en entrevista con Doble Check sobre los efectos de ese medicamento.

¿Por qué la FDA mantiene en sus etiquetas una afirmación contraria al consenso internacional?

El anticonceptivo de emergencia que el gobierno costarricense permitió es similar a productos como Plan B y otros genéricos disponibles en Estados Unidos desde 1999. Fue entonces cuando la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) de ese país permitió su venta en su mercado.

Además de autorizar su distribución, la FDA se encargó de dictar la descripción que acompaña al producto en su empaque con base en la información dispuesta por el fabricante de la píldora al momento de registrarla.

Así describe la FDA el mecanismo de acción de la píldora Plan B en su sitio oficial en Internet: “Plan B actúa primariamente al detener la salida del óvulo del ovario. Puede prevenir la unión de la esperma y el óvulo (fertilización). Si la fertilización ocurre, Plan B puede prevenir que un óvulo fertilizado se adhiera al útero (implantación). Si un óvulo fertilizado ha sido implantado antes de tomar Plan B, Plan B no funcionará”.

Entonces, la  FDA requiere desde 1999 que los empaques de las píldoras de levonorgestrel en Estados Unidos indiquen que puede impedir la implantación, a pesar de los criterios actualizados de la OMS que indican lo contrario.

La decisión de esa agencia estadounidense sobresale en los debates alrededor del aborto y la contraconcepción en Estados Unidos y en Latinoamérica, desde grupos y figuras políticas que consideran que impedir la implantación de un óvulo fecundado constituye un aborto.

Precisamente, el Eco Católico afirmó que “en países donde el aborto es legal, como en los Estados Unidos, sí se reconoce el efecto anidatorio o anti-implantatorio de dicho fármaco”.

Nota publicada por el Eco Católico el 7 de abril del 2019.

Sin embargo, hay varios “pero” en esa afirmación.

En el 2012, una investigación de New York Times revisó el proceso de aprobación que hizo la FDA para Plan B en 1999. El periódico estadounidense calificó la descripción propuesta por la FDA como “especulativa”, pues esta afirmó que la píldora “teóricamente podría prevenir el embarazo al interferir con un número de procesos fisiológicos”, donde se incluía la ovulación y la implantación en el útero.

El medio de comunicación indicó que revisó cientos de páginas del proceso llevado por la FDA para aprobar la píldora y no halló que la agencia discutiera evidencia sobre el efecto de implantación en aquel momento. Una especialista de la OMS en esa época añadió al Times que la investigación sobre la píldora en esos años estaba centrada en su eficacia más que en sus métodos de acción.

En el mismo artículo, una representante de la FDA reconoció a New York Times que “los datos emergentes sobre Plan B sugieren que no inhibe la implantación”. Los resultados de ese reportaje motivaron a los Institutos Nacionales de Salud (NIH), órgano gubernamental de investigación médica de ese país, a eliminar de su portal de Internet afirmaciones que relacionaran la píldora con efectos antimplantatorios.

Ante una consulta de Doble Check, esa agencia únicamente contestó que “la FDA revisa y evalúa la literatura científica y los datos proporcionados por los patrocinadores de fármacos o disponibles de otra manera. Si ese proceso fuera a proveer a la FDA con información adicional que garantice un cambio en el etiquetado para los anticonceptivos de emergencia de levonorgestrel, nosotros tomaremos acciones apropiadas en ese momento”.

Doble Check también entrevistó a una exfuncionaria de la FDA en materia de comunicación para comprender el proceso de aprobación de las píldoras de levonorgestrel en ese país.

Tomar una posición definitiva de cara a presiones sociales y con distintas perspectivas científicas de los datos existentes puede ser un reto para la mayoría de organizaciones”, reconoció la exvocera de la FDA, quien añadió que la agencia se enfrentó a “una considerable cantidad de información a considerar” sobre la píldora.

“La determinación regulatoria a la que llegó la FDA con el fabricante refleja la interpretación de la agencia de los datos en aquel momento y su entendimiento sobre cómo el producto trabajaba basado en esa información”, añadió la exfuncionaria de esa agencia bajo la condición de reserva de su nombre.

Otra posición expuesta por el gobierno de Estados Unidos

Otro hecho en contra de la afirmación de la Conferencia Episcopal y del Eco Católico es que la posición de la FDA sobre la píldora anticonceptiva de emergencia no es la única expuesta desde entidades gubernamentales de Estados Unidos.

El Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS por sus siglas en inglés), homólogo de un ministerio de salud pública de Estados Unidos, no incluye algún efecto en la implantación del óvulo fecundado en su descripción de los mecanismos de acción de ese medicamento.

“Investigaciones muestran que las píldoras anticonceptivas de emergencia trabajan mayormente al prevenir o retrasar la ovulación. Menos comúnmente, los anticonceptivos de emergencia pueden prevenir la fecundación si la ovulación ya ha sucedido”, resume la HHS.

La institución no incluye atribuciones sobre impedimentos en la implantación del óvulo fecundado en su descripción del método de acción de la píldora. Para dicha definición, la HHS adjunta dos investigaciones científicas, realizadas en 2013 y 2014, donde se descarta que el levonorgestrel impida la implantación del óvulo fecundado en el útero. Tales investigaciones analizan distintos estudios clínicos donde se evalúa el proceso de fecundación por medio de pruebas in vitro (en ambientes controlados) e in vivo (en organismos).

La HHS respondió a Doble Check, por medio de una representante, que su plataforma “provee información de salud confiable y actualizada a las mujeres”, y que trabajó junto con la FDA para la revisión de ese contenido y que también redirecciona a los usuarios hacia la información de esa agencia.

Nota del editor: Doble Check no usa fuentes anónimas para la verificación de informaciones. En este caso se usó una fuente on background debido a que la información provista por la exfuncionaria no pesó en la verficación o refutación del contradictorio. Su información se usó para la comprensión del modo de trabajo de una agencia extranjera como la FDA.

Píldora “del día después” no pone en riesgo la vida de las mujeres

En resumen: Las píldoras anticonceptivas de emergencia —también llamadas “del día después”— no representan un riesgo para la vida de las mujeres, y sus efectos secundarios son leves y poco frecuentes.

El 28 de marzo pasado, Noticias Repretel divulgó argumentos de personas opuestas a la venta de la píldora anticonceptiva que consideran que el medicamento “podría poner en riesgo la vida de las mujeres” y que es “un daño físico”.

Ambas afirmaciones son falsas: no hay un riesgo conocido para la vida o la salud de las mujeres por emplear anticoncepción de emergencia.

Así lo indican la Organización Mundial de la Salud (OMS) y especialistas en farmacología, obstetricia y ginecología consultados por Doble Check.

En resumen: La píldora anticonceptiva de emergencia —también llamada “del día después”— no representan un riesgo para la vida de las mujeres, y sus efectos secundarios son leves y poco frecuentes.

El 28 de marzo pasado, Noticias Repretel divulgó argumentos de personas opuestas a la venta de la píldora anticonceptiva que consideran que el medicamento “podría poner en riesgo la vida de las mujeres” y que es “un daño físico”.

Ambas afirmaciones son falsas: no hay un riesgo conocido para la vida o la salud de las mujeres por emplear anticoncepción de emergencia.

Así lo indican la Organización Mundial de la Salud (OMS) y especialistas en farmacología, obstetricia y ginecología consultados por Doble Check.

Reacción a posible llegada de la pastilla

El Ministerio de Salud anunció que la empresa farmacéutica Geodon Richter PLC, de Hungría, solicitó el registro para comercializar un anticonceptivo de emergencia conocido como “píldora del día después”, el cual está compuesto por levonorgestrel, una hormona sintética.

Salud evalúa permitir el uso de ese producto con receta médica, y también para casos de violaciones por medio de la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS).

Ante esa noticia, en su edición del pasado 29 de marzo, Noticias Repretel consignó la opinión de personas que están a favor y en contra de la distribución de ese medicamento en el país.

El presentador del noticiero dijo que los opositores “opinan que la posible incorporación de esta píldora a la CCSS, a farmacias y hospitales privados podría poner en riesgo la vida de las mujeres”.

Posteriormente, el noticiero presentó a Grace Mora, que se identificó como “activista pro vida” y que dijo:

“Esa pastilla no debe ser para los costarricenses, porque pienso que la gente se puede aprovechar y puede salir más cara la medicina que la enfermedad, porque eso es un daño moral, espiritual y físico para la mujer”.

Consideramos que las implicaciones morales o espirituales de la pastilla son opiniones. Sin embargo, el riesgo físico para la vida y la salud de las mujeres que la activista le achaca a la pastilla sí es un hecho verificable.

Así, tales afirmaciones son falsas: no se han encontrado efectos adversos por el uso de métodos anticonceptivos de emergencia que representen un riesgo para la vida o la salud de las mujeres. La información de Noticias Repretel solo presenta dos posiciones en el debate sobre su aprobación, pero omite dejar clara la inocuidad del medicamento.

Con base en la revisión de la evidencia científica disponible, la Organización Mundial de la Salud (OMS) ha ratificado la seguridad de la píldora en toda mujer o niña en edad de procrear, pues se ha demostrado que “no tiene ninguna contraindicación médica ni tampoco ningún límite de edad”, indica la OMS en sus documentos oficiales.

Efectos secundarios leves y temporales

Además de la pastilla de levonorgestrel, hay tres tipos más de anticonceptivos de urgencia: píldoras que contienen acetato de ulipistral, dispositivos intrauterinos de cobre, y píldoras anticonceptivas orales combinadas (conocido como método Yuzpe, de acceso en Costa Rica).

Estos métodos pueden aplicarse hasta cinco días después de relaciones sexuales sin protección o cuando los anticonceptivos de rutina fallaron (si el condón se rompió, por ejemplo). La eficacia de las alternativas de emergencia depende del ciclo menstrual de la mujer y de cuán inmediato sea su uso después de la relación sexual riesgosa, según las recomendaciones de la OMS.

Esa institución estipula que los anticonceptivos de emergencia tienen efectos secundarios como náuseas, dolor abdominal, fatiga, dolor de cabeza, sensibilidad en las mamas, mareos y vómito, que pueden presentarse en los días posteriores al uso del medicamento.

Las usuarias de esos métodos también han reportado cambios leves en la regularidad de la menstruación o sangrado irregular durante uno o dos días después de emplear el producto, según indica la edición del 2018 de Planificación Familiar, publicación revisada y editada por la OMS, la Universidad Johns Hopkins y la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID).

Sin embargo, el ente de salud destaca que tales reacciones son leves y se limitan a días posteriores al uso del anticonceptivo, por lo que no se requiere tratamiento adicional. Además, la OMS estima que tales reacciones se presentan en una minoría de casos, con base en la evidencia disponible.

“Las consecuencias físicas por el uso de la píldora son prácticamente nulas y los efectos son iguales o un poco mayores que cualquier anticonceptivo oral: son sumamente pasajeros”, afirmó Danilo Medina, jefe de ginecología y obstetricia del Hospital Rafael Ángel Calderón Guardia.

La OMS recomienda el uso de otros anticonceptivos de emergencia antes que el método Yuzpe, ya que los mareos y el vómito son más comunes con esa alternativa.

“La ingesta de cualquier método anticonceptivo tiene reacciones secundarias por su carga hormonal. Como la dosis es más alta en los métodos de emergencia, el efecto secundario puede ser mayor que con otras pastillas anticonceptivas orales”, explicó Victoria Hall, directora del Centro de Información de Medicamentos (CIMED) de la UCR.

Por eso, la especialista en Farmacia destacó que esos métodos deben emplearse únicamente en casos de urgencia.

La literatura científica disponible también ha descartado que los anticonceptivos de emergencia ocasionen infertilidad o efectos en el feto si el embarazo se da a pesar de aplicar el método.

APSE divulga conclusión falsa sobre opiniones de familias tras huelga

En resumen: La percepción que tenía 21% de los hogares en Costa Rica sobre la educación pública se vio afectada por la participación de los docentes en la huelga de 89 días contra la reforma fiscal el año pasado.

Eso lo indica una encuesta realizada por el Programa del Estado de la Nación (PEN) en febrero del 2019, cuyos resultados fueron publicados esta semana.

Aún así, la Asociación de Profesores de Segunda Enseñanza (APSE) ignoró este hecho y emitió un comunicado de prensa sobre el estudio el jueves pasado, donde celebra que la percepción de los hogares “no se vio afectada”.

Para hacer tal afirmación, el sindicato solo empleó los datos favorecedores de la encuesta: 85% de las familias dijeron que están satisfechas o muy satisfechas con el centro de enseñanza al que envían a sus hijos, y 62% de los hogares dijo que “no cambió” su percepción sobre los docentes o los centros educativos después del paro de labores.

La afirmación es incorrecta: el hecho de que la percepción de un porcentaje mayoritario no haya cambiado es distinto a declarar que esa valoración no cambió del todo.

Además, el PEN advierte que la ausencia de cambio en la valoración del servicio no quiere decir que los hogares estuvieran libres de afectaciones.

Precisamente, la mayoría de familias aseguró que la huelga afectó al menos a uno de sus hijos, y que el grado de afectación fue calificado como “mucho” en mayor parte. Esos datos también fueron ignorados por el APSE en su nota de prensa.

La encuesta también revela que la mayoría de familias está en contra de permitir huelgas en el sector educativo o que las podría tolerar con límites de tiempo.

En resumen: La percepción que tenía 21% de los hogares en Costa Rica sobre la educación pública se vio afectada por la participación de los docentes en la huelga de 89 días contra la reforma fiscal el año pasado.

Eso lo indica una encuesta realizada por el Programa del Estado de la Nación (PEN) en febrero del 2019, cuyos resultados fueron publicados esta semana.

Aún así, la Asociación de Profesores de Segunda Enseñanza (APSE) ignoró este hecho y emitió un comunicado de prensa sobre el estudio el jueves pasado, en el que celebra que la percepción de los hogares “no se vio afectada”.

Para hacer tal afirmación, el sindicato solo empleó los datos favorecedores de la encuesta: 85% de las familias dijeron que están satisfechas o muy satisfechas con el centro de enseñanza al que envían a sus hijos, y 62% de los hogares dijo que “no cambió” su percepción sobre los docentes o los centros educativos después del paro de labores.

La afirmación es incorrecta: el hecho de que la percepción de un porcentaje mayoritario no haya cambiado es distinto a declarar que esa valoración no cambió del todo.

Además, el PEN advierte que la ausencia de cambio en la valoración del servicio no quiere decir que los hogares estuvieran libres de afectaciones.

La mayoría de familias aseguró que la huelga afectó al menos a uno de sus hijos, y que el grado de afectación fue calificado como “mucho” en mayor parte. Esos datos también fueron ignorados por el APSE en su nota de prensa.

La encuesta también revela que la mayoría de familias está en contra de permitir huelgas en el sector educativo o que las podría tolerar con límites de tiempo.

Afectaciones a los hogares

El PEN realizó una encuesta telefónica a una muestra representativa de 719 hogares de todo el país en febrero de este año. Los resultados tienen un nivel de confianza de 95%.

La encuesta investigó tres temas principales: “La valoración de los padres y madres de familia sobre el sistema educativo público;  sus actitudes y percepciones sobre la huelga y los impactos que ésta tuvo en las dinámicas cotidianas de los hogares”, describe el artículo que el PEN publicó esta semana con los resultados.

El PEN concluyó que las personas jefas de hogar tienen una alta apreciación del sistema educativo público. En la mayoría de los casos, esa valoración no cambió a raíz de la huelga.

Sin embargo, eso no significa que la huelga de casi tres meses hubiera pasado desapercibida en esas familias.

En primer lugar, 21% de las familias cambió negativamente la imagen que tenían de la educación pública. Además, 74% de lo hogares reportó que al menos uno de sus hijos resultó afectado por el paro de labores, y esa afectación fue mucha en 58% de los casos.

Además, la mayoría de los encuestados aseguró que sus hijos no pudieron asistir a clases durante la totalidad de la huelga, del 10 de septiembre al 7 de diciembre del año anterior. Eso implicó la interrupción parcial o total de los servicios de alimentación, becas y comedores.

Una cuarta parte de las familias tuvo que incurrir en un gasto adicional de unos ₡49.000 para alimentación debido al cierre de los centros educativos.

Comunicado de prensa del APSE, publicado en Facebook el 28 de marzo.

“Para la gente, el sistema educativo público es importantísimo, y está en alta valoración. Eso no significa que la gente no sintiera un impacto. Claro que lo hubo, y lo señalan”, dijo a Doble Check Isabel Román, coordinadora de la investigación.

Aún así, la APSE se enfocó en los resultados que ubicaban positivamente la imagen de la educación pública, y publicó que la percepción positiva de los hogares «no se vio afectada por la huelga».

¿Por qué prevalece la buena imagen?

El análisis del PEN mantiene la hipótesis de que la alta valoración del servicio educativo registrada en la encuesta puede deberse al acceso que tienen los hogares a esta, independientemente de su nivel socioeconómico.

El nivel educativo de la mayor parte de los entrevistados no supera la secundaria y casi la totalidad (89%) respondió que carece de recursos económicos para enviar a sus hijos a centros de educación privados, y que no invirtió en tutorías durante el paro de labores.

“La suspensión del servicio educativo por la huelga afectó directamente a hogares vulnerables, que no tienen más opción educativa para sus hijos que no sea el sistema educativo público”, concluyó el estudio.

De ese modo, la buena imagen del servicio educativo se mantiene positiva por ser la única opción posible para los hogares, comentó Román.

“Pese a que la huelga tuvo impactos importantes en las familias, la gente sigue valorando el servicio educativo público; es que es lo que tienen”, explicó la investigadora.

Román añadió que el estudio del PEN pretende abrir un debate sobre la imagen de la educación pública, pero advirtió que “tiene que verse la información completa”.

Doble Check solicitó entrevista con la presidenta de la APSE, Mélida Cedeño, quien mostró “satisfacción por los resultados obtenidos” en la encuesta del PEN, según la nota de prensa del sindicato.

Por medio de su encargado de comunicación, Cedeño dijo que se limitará a las declaraciones del comunicado de prensa sobre la encuesta, y que “aún falta que se publique el informe completo” del PEN.

Familias en contra de huelgas

El sindicato de educadores ignoró otro resultado de la encuesta en su comunicado oficial: la mayoría de hogares (61,5%) considera que no deben permitirse huelgas en el sector educativo. Otro 23% de las familias está a favor de las huelgas, pero con un límite de tiempo de una semana a un mes.

Solo 8,2% de las familias en el país apoya que los educadores públicos hagan huelgas sin límite de tiempo, según la medición del PEN.